Conciliación en infracciones de tránsito

Lunes, 29 de diciembre de 2014

Conciliación en infracciones de tránsito

 

Autor: Ab. Daniel Andrés Pérez Y.

Con el anuncio del Consejo de la Judicatura acerca de la expedición de un reglamento para la conciliación en asuntos relacionados con infracciones de tránsito, el titular del organismo mencionó que el objetivo de este documento es lograr una ejecución efectiva de las sanciones previstas para este tipo de casos, sin embargo este anuncio abre una interrogante ¿Cuáles son los efectos reales de la conciliación en materia de tránsito? Para responder esta pregunta es necesario analizar la realidad de la materia de tránsito antes y después del COIP.

Con la Ley de Tránsito, la conciliación en ese entonces conocida como acuerdo reparatorio, se establecían claramente los parámetros legales en los cuales se podía basar este acuerdo,  el art. 170 de la LOTTTSV (derogado por el COIP) manifestaba: ?El desistimiento de la parte afectada, el abandono de la acusación particular, o el arreglo judicial o extrajudicial entre los implicados de un accidente de tránsito, no extingue la acción penal, salvo en los delitos en que solo hubiesen daños materiales y/o lesiones que produzcan incapacidad física de hasta 90 días.? En este sentido quiero ser claro en manifestar que los acuerdos extrajudiciales en caso de muerte no impedían la prosecución del juicio y la imposición de las correspondientes sanciones al infractor, sin embargo,  es importante destacar que con la LOTTTSV los acuerdos preparatorios servían como atenuante a favor del procesado.

En cuanto a los efectos administrativos, el artículo 171 de la prenombrada ley (también derogado por el COIP) disponía: ?Los acuerdos reparatorios a los que hubieren llegado las partes, serán aceptados por el juez en sentencia. Su alcance, no afectará la pérdida de puntos u otras  sanciones de carácter administrativo. En caso de que el acuerdo no se cumpliere el afectado podrá escoger entre las opciones de hacer cumplir el acuerdo contenido ya en sentencia ejecutoriada o continuar la acción penal.? Esta disposición hace clara referencia a los casos de muerte y de heridas de más de 90 días de incapacidad, si bien la acción no se extingue estos acuerdos permitían al juzgador dictar una sentencia basado tanto en las atenuantes, como en las agravantes y en las pruebas presentadas en el proceso.

El código de procedimiento penal (derogado) disponía en su artículo 37.1: ?Acuerdos de Reparación.- Excepto en los delitos en los que no cabe conversión según el artículo anterior, el procesado y el ofendido, podrán convenir acuerdos de reparación, para lo cual presentarán conjuntamente ante el fiscal la petición escrita que contenga el acuerdo y, sin más trámite, se remitirá al juez de garantías penales quien lo aprobará en audiencia pública, oral y contradictoria, si verificare que el delito en cuestión es de aquellos a los que se refiere este inciso y que los suscriptores del acuerdo lo han hecho en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos. A esta audiencia deberán ser convocados el fiscal y el defensor, cuya comparecencia será obligatoria. (?.)En la resolución en que se apruebe el acuerdo reparatorio se ordenará el archivo temporal de la causa. El archivo definitivo solo procederá cuando el juez de garantías penales conozca del cumplimiento íntegro del mismo. (?.)?.  Este artículo permitía el archivo de la causa una vez cumplido el acuerdo reparatorio y a su vez extinta la acción penal de acuerdo con la Ley de Tránsito.

En contraste el COIP dedica un capítulo entero a la conciliación, específicamente el artículo 663 dispone: ?Conciliación.- La conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos: 1. Delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años. 2. Delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte. 3. Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general. Se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.? En  esta nueva realidad procesal la conciliación se niega totalmente para delitos cuyo resultado sea la muerte de una persona, debemos entender que la conciliación en este tipo de infracciones ni siquiera puede tomarse como un atenuante, como ocurría con la LOTTTSV, por consiguiente en la actualizad está taxativamente prohibido llegar a una conciliación en un accidente de tránsito cuyo resultado sea la muerte.

¿Cuándo la conciliación extingue la acción penal?

Con la LOTTTSV los acuerdos reparatorios extinguían la acción penal en el caso de lesiones menores a 90 días y daños materiales, de igual forma ocurre con la conciliación en el COIP, el artículo 665 del mencionado cuerpo legal, en su numeral 5 claramente establece: ?Cumplido el acuerdo, la o el juzgador declarará la extinción del ejercicio de la acción penal.?.

¿Qué consecuencias tiene la extinción de la acción penal mediante conciliación o acuerdo reparatorio?

Cuando se llega a un acuerdo reparatorio o a una conciliación, se extingue la acción penal, es decir, en términos más simples, el delito desaparece, no hay nada que perseguir y por lo mismo la causa se archiva, no se dictan sanciones, y en caso de que existan medidas cautelares, estas se levantan.

En cuanto a la reducción de puntos y la imposición de multas, las mismas quedan sin efecto por causa de la extinción de la acción penal, es por esta realidad que la conciliación propende una solución alternativa al conflicto, ya que estas consecuencias encausan a la conciliación como un medio para resarcir el daño causado, evitando una innecesaria persecución penal en delitos en los cuales es posible transigir.

Recordemos que los puntos de la licencia no se pueden recuperar, a diferencia de la generalizada creencia de que los cursos de recuperación ayudan a los infractores, la realidad es que una vez perdidos los 30 puntos en la licencia, se debe seguir el curso de recuperación, no antes, ya que no es posible, es decir, si una persona ha perdido 3, 6, 9 puntos de su licencia, no puede hacer el curso de recuperación sino hasta haber perdido la totalidad de sus puntos, y una vez llegado el caso la nueva licencia, solamente contendrá 20 puntos, por consiguiente, evitar la pérdida de puntos y la imposición de multas reparando el daño causado a las víctimas, puede considerarse como un acuerdo que beneficia a ambas partes y a su vez no afecta los interese del Estado.

Lo que pretende la resolución del consejo de la Judicatura, es que las sanciones se mantengan pese a la conciliación, o para ser más específicos, que la conciliación no impida que se persiga el delito, se impongan multas y se reduzcan puntos en la licencia, esto se aplica inequívocamente en los casos de muerte, donde el bien jurídico protegido, es decir la vida de las víctimas, no se puede reponer o reparar, en este caso la intervención penal se convierte en una herramienta necesaria para perseguir el ilícito cuyos resultados son irremediables, aplicar las sanciones correspondientes es necesario en casos de la gravedad que estamos tratando y por consiguiente la conciliación haría el papel de un paliativo, pero no podría constituirse en una solución definitiva al conflicto.

Sin embargo, en los casos de lesiones menores a 90 días, y daños materiales, la extinción de la acción no conlleva ningún perjuicio al estado, por cuanto las lesiones y los daños al ser indemnizados solventan el derecho de particulares, si bien estos delitos pueden ser perseguidos por el Estado, actualmente el COIP entra en armonía con la realizad y los ha convertido en delitos de acción privada (exceptuando las lesiones mayores de 30 días que siguen siendo de acción pública), por consiguiente no cabría seguir con sanciones administrativas como multas y reducción de puntos cuando el Estado no ha sufrido ningún perjuicio, y los daños a las víctimas han sido subsanados, las sanciones en estos casos no son de orden público, ya que el derecho afectado corresponde exclusivamente a particulares.

Es bastante erróneo pensar que una conciliación afecta el derecho de terceros, y sobre todo considerar a la comunidad como un tercero afectado por una acción privada, de igual forma es incorrecto suponer que una sociedad va a cambiar su mentalidad o sus costumbres simplemente por aumentar las sanciones o aplicarlas en todos los casos, la ley penal no debe tomarse como un medio preventivo del delito, sino como un medio punitivo de última ratio, en caso de que un ciudadano cometa un ilícito.

La Constitución y las leyes de la República consagran al Ecuador como un país que propende una cultura de paz, sobre la base de esta cultura, están los principios de mínima intervención penal y las soluciones alternativas al conflicto penal; una de estas soluciones alternativas es la conciliación, por consiguiente la intervención en materia penal no debe verse como la panacea del derecho sino como el último recurso para persecución y sanción de ilícitos, así como el medio para precautelar la restitución de los derechos de las víctimas.

En tal sentido en materia de tránsito, es positivo propender conciliación en infracciones que puedan ser subsanadas, de igual forma es sensato continuar con el proceso penal en delitos cuyo resultado sea la muerte de una persona, puesto que la inviolabilidad de la vida es un derecho que debe ser defendido como prioridad por el Estado.

El hecho de que conciliación extingue la acción penal a través de un medio alternativo a la solución de conflictos, denota que el procedimiento penal está orientado a cumplir con las garantías constitucionales, en especial la del artículo 190 de la Carta Magna que manifiesta: ?Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. (?)?, al poder transigir para indemnizar una incapacidad menor a 90 días o en el caso de daños materiales, la conciliación en tránsito no solo debe respetarse, sino que los operadores de justica deben propender este medio de solución al conflicto, el cual por su voluntariedad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad se constituye en una herramienta jurídica eficaz y que garantiza el Buen Vivir de los ecuatorianos.

 

 

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