Durante más de un siglo, la academia y los tribunales de América Latina han padecido un complejo de inferioridad jurídica, mirando hacia Europa en busca de respuestas doctrinales. Sin embargo, un análisis profundo de nuestra historia jurídica revela una verdad incómoda para el viejo continente: nuestros códigos civiles, forjados como una primera ola romana tras la independencia, son estructuralmente más sólidos, plurales y sofisticados que sus pares europeos.

El derecho a la identidad constituye uno de los pilares fundamentales del Estado constitucional de derechos y justicia, en tanto garantiza el reconocimiento jurídico de la persona en su dimensión individual y social.

En la era digital, destruir la reputación de una persona o empresa toma apenas unos segundos. Sin embargo, frente a la despenalización de ciertas injurias, el sistema civil ecuatoriano enfrenta el colosal reto de sancionar la difamación sin asfixiar la libertad de expresión, navegando en un marco normativo que aún carece de límites precisos.

El principio de favorabilidad, dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano se constituye como una garantía básica del debido proceso, establecido así en el artículo 76 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador.

A grandes rasgos se puede afirmar que las Administraciones públicas llevan a cabo las misiones encomendadas por la Constitución a través de la expedición de reglamentos y actos administrativos.