Derecho Internacional - Derecho Ecuador

“La extradición se concede, no se impone”.

La prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y la civilización

El control de convencionalidad se entiende como la herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno

Los pronunciamientos sobre el control de convencionalidad en 28 sentencias, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha construido un importante conjunto de criterios interpretativos respecto de dicha figura jurídica

Se ejerce entre las normas del derecho interno y la Convención, toda vez que el control vincula al juez y a los demás funcionarios de los países suscriptores de la Convención en la tarea de limitar el poder político y defender los derechos humanos.

En esta entrega se revisa la integración bursátil en la Alianza del Pacífico y su potencial impacto en economías como la ecuatoriana. El análisis explora los mecanismos del Mercado Integrado Latinoamericano y su relevancia para canalizar el ahorro hacia…

La nota desarrolla los fundamentos del modelo de demanda ante la Corte Interamericana, analizando aspectos procesales y sustantivos de la petición internacional por violación de derechos humanos, con base en el Pacto de San José

El control de convencionalidad nace como la búsqueda de coherencia entre la legislación interna de un país y los tratados o convenios internacionales que éste ha ratificado

Tratado es: “Toda concordancia de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional destinada a producir efectos jurídicos; es decir, a crear, modificar o extinguir un derecho”.

La justicia es la reina de las virtudes republicanas, y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”.

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El debido proceso trasciende la categoría de una simple garantía formal para consolidarse como un derecho fundamental sustancial.

La institucionalidad de la administración de justicia y del activismo judicial de nuestros juzgadores, atraviesa tiempos de retos y desafíos; atraviesa un momento de desestabilización proveniente del exacerbado intervencionismo político e intromisión de poderes ajenos al de la función judicial.

La acción de protección se configura como un mecanismo de tutela constitucional cuya finalidad es proteger derechos constitucionales frente a actos u omisiones que generen su vulneración, en consecuencia, su procedencia exige la existencia de una afectación real y directa a un derecho constitucional

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