Derecho Administrativo en Ecuador: Doctrinas y Análisis | Derecho Ecuador

En ningún caso se impondrá una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento

La actividad que realiza el Estado, se la conoce como: atribuciones, funciones, facultades, cometidos, servicios públicos, prerrogativas

Es un modo de extinción del acto administrativo en razón del incumplimiento por el interesado de las obligaciones que aquél le impone

El Código Orgánico Administrativo, entre sus regulaciones, señala siete formas de terminación del procedimiento administrativo

El silencio positivo es la figura jurídica por la cual la falta de pronunciamiento de parte de la autoridad, dentro del tiempo que tiene para hacerlo, provoca la aceptación de la petición del administrado.

En el Ecuador el silencio administrativo, produce efectos positivos, es decir en aceptación de la petición, a través de un acto administrativo presunto

El derecho de petición es el derecho de toda persona de solicitar, reclamar, recurrir, consultar o quejarse ante autoridad administrativa competente y obtener de ésta la correspondiente respuesta.

La fenomenología de la corrupción es quizás uno de los temas más relevantes de estudio por las diferentes ramas del conocimiento.

Como es de conocimiento general, y conforme lo trato en el tomo segundo de la obra:

La carga procesal de la prueba recae por lo general en el particular, ya que rige el principio de la oficialidad e instrucción, lo que impone esta carga a la administración y, de tal modo, se concreta la función de cooperación de la administración hacia el administrado.

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Dentro del marco jurídico ecuatoriano, tenemos que la acción de habeas corpus es el mecanismo jurídico por el cual una persona que se considere en ilegal, arbitraria e ilegítima manera detenida, pueda ejercer la acción respectiva, con la finalidad de recobrar su libertad.

El Dr. Mariño Bustamante analiza el Art. 162 COIP (secuestro extorsivo). Explica que la conjunción disyuntiva "u" ("...otra infracción u obtener dinero...") demuestra dogmáticamente que el delito tiene dos propósitos alternativos, no acumulativos.

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