Derecho Administrativo en Ecuador: Doctrinas y Análisis | Derecho Ecuador

¿Se pueden limitar los derechos de los servidores públicos?

La corrupción es un mal que afecta de manera directa al conglomerado común.

el Silencio Administrativo es una institución creada para evitar los efectos paralizantes de la inactividad administrativa

Determinación del tiempo de inicio en los procedimientos administrativos sancionadores

Para el presente análisis hay que partir, que de conformidad al numeral 3 del artículo 132 de la Constitución de la República del Ecuador la Asamblea Nacional en su facultad legislativa tiene la atribución de “crear, modificar o suprimir tributos

El derecho a impugnar es un medio para obtener la corrección de los errores que perjudican al recurrente, en donde sin lugar a dudas el acto administrativo que se impugna se convierte para cada caso en una decisión, o resultado de un razonamiento en donde existen premisas para poder llegar a la conclusión

El acto administrativo es la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o deseo realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria

La Seguridad Jurídica brinda la confianza al ciudadano, al tener los mecanismos frente al poder y demás individuos en sus relaciones privadas

El sumario administrativo se aplica a los servidores públicos que prestan sus servicios lícitos y personales en la Administración Pública, cuando éstos cometen infracciones, que hacen presumir graves indicios de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.

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Dentro del marco jurídico ecuatoriano, tenemos que la acción de habeas corpus es el mecanismo jurídico por el cual una persona que se considere en ilegal, arbitraria e ilegítima manera detenida, pueda ejercer la acción respectiva, con la finalidad de recobrar su libertad.

El Dr. Mariño Bustamante analiza el Art. 162 COIP (secuestro extorsivo). Explica que la conjunción disyuntiva "u" ("...otra infracción u obtener dinero...") demuestra dogmáticamente que el delito tiene dos propósitos alternativos, no acumulativos.

Este tema es de vital relevancia para fortalecer la confianza pública en el sistema judicial, ya que permite distinguir entre la legítima discrepancia jurídica y aquellas actuaciones que ameritan una sanción disciplinaria, pues, busca equilibrar la independencia judicial con la responsabilidad de quienes imparten justicia en el país.

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