ANÁLISIS DEL DELITO DE PREVARICATO

Lunes, 14 de septiembre de 2015

ANÁLISIS DEL DELITO DE PREVARICATO

 

Autor: Abg. José Sebastián Cornejo Aguiar.

 

 

Introducción

Previo al desarrollo de este tema, es de suma importancia mencionar, que si rastreamos los orígenes del prevaricato tenemos que ir al derecho romano que conoció la acción de perduelito frente a la violación de un deber por el magistrado y en la Lex Cornelio se incluyó el castigo al pretor que se apartara de la correcta aplicación de las leyes.

La prevaricación está también en el Digesto, el Fuero Real y las Partidas. Sin embargo no era sólo un delito de magistrados, sino también lo constituía la infidelidad de los defensores con sus defendidos, por eso que el abogado que asesora a las partes en conflicto se le denomina patrocinio infiel o prevaricación abogadil y también el delito de prevaricación administrativa de funcionarios públicos.

El delito de prevaricato sanciona a funcionario judicial o administrativo que dicta resoluciones contrarias al texto de la ley o la funda en hechos falsos.

Esa es la línea conceptual de este delito, con las variantes en cuanto a los abogados, ya que el prevaricato no sanciona el yerro sino el abuso del derecho.

Es por lo tanto el prevaricato, un delito doloso, intencional, que tiene por objeto cometer una injusticia aprovechándose del cargo en que ha sido investido.

Entendiéndose entonces, que da el traspié y comete prevaricato para el Derecho Penal, el funcionario público en ejercicio de sus funciones y en el ámbito de su competencia, que dicte sentencias o resoluciones injustas, ex profeso.

Mientras tanto nuestro Código Orgánico Integral Penal, determina dos tipos de prevaricato, que son los siguientes.

1.- Prevaricato de las o los jueces o árbitros.-

El artículo 268 del COIP indica que ?Las o los miembros de la carrera judicial jurisdiccional; las o los árbitros en derecho que fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de las causas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogadas o abogados, procuradoras o procuradores, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Se impondrá además la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por seis meses.

2.- Prevaricato de las o los abogados.-

El artículo 269 del COIP indica que ?La o el abogado, defensor o procurador que en juicio revele los secretos de su persona defendida a la parte contraria o que después de haber defendido a una parte y enterándose de sus medios de defensa, la abandone y defienda a la otra, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.?.

De estos dos tipos de prevaricato establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, es necesario analizar lo siguiente:

El sujeto activo de la infracción sólo puede ser un funcionario judicial, abogado o administrativo.

Puntualizando, que el Código Orgánico Integral Penal no define ni el concepto de funcionario judicial ni el de funcionario administrativo, lo cual convierte el tipo penal en un tipo penal en blanco cuyo contenido debe de ser suplido por otras disposiciones legales extrapenales.

Con referencia al tipo subjetivo, el prevaricato, desde el punto de vista subjetivo es un delito esencialmente doloso que requiere el conocimiento de que la manifestación de voluntad estatal emitida por el agente, es contraria ostensiblemente al ordenamiento legal o a alguno de sus preceptos específicos; también exige la conducción voluntaria de su actuar en dirección a la plena realización de dicha acción.

Podríamos mencionar, que este delito de consumación y concurso, se trata de un delito formal, siendo el acto consumativo la acción de dictar la resolución.

Y el efecto logrado es indiferente, debido a que el delito queda consumado cuando en las condiciones del tipo se dicta la resolución. Por lo general no se admite la posibilidad de imputar a título de tentativa.

Con respecto al bien jurídico genérico que se tutela, se puede mencionar que es el correcto funcionamiento de la Administración Pública.

Ya que estos delitos impiden o perturban la organización y el desarrollo normal de las actividades de los órganos públicos en el ejercicio de sus funciones,  todo lo que signifique menoscabo grave a la imparcialidad transparencia y eficacia de la administración debe ser conjurado por el derecho penal.

En cuanto a una expresión concreta de esa administración pública es el correcto funcionamiento de la administración de justicia de allí que la prevaricación judicial y fiscal afecta a este bien jurídico específico.

Por otro lado se considera que el comportamiento prevaricador involucra un gravísimo menoscabo a la confianza pública en el ejercicio de la potestad judicial.

Ya que lo que se castiga en vía penal, son los incumplimientos más graves de los deberes jurisdiccionales de los jueces y fiscales. En cuanto a los hechos no punibles que puedan cometer, responden también en vía civil y disciplinaria.

Para Sebastián Soler ?el delito de prevaricato tutela, si bien genéricamente la administración de justicia, también la rectitud, la legalidad y la honestidad en el cumplimiento de los actos en que consiste la actividad de administrar justicia.? (SOLER, 1940).

RENDÓN GAVIRIA por su parte, indica que no es fácil dar una definición jurídica completa del delito de prevaricato, ?pero en sentido general puede decirse que es toda actuación del funcionario público contraria al derecho positivo (material o formal), en cuya ejecución el agente obra con conciencia plena de la ilicitud de su conducta?. (RENDÓN GAVIRIA, 1973).

Con respecto a la tipicidad objetiva, debemos tomar en cuenta que el agente es el Juez, o Fiscal que dicta resolución o dictamen. También es de considerar que pueden ser agentes los magistrados del Tribunal Constitucional toda vez que ellos están en la cúspide de la jurisdicción constitucional, ya que estos pueden llegar a desarrollar varias conductas como dictar resoluciones o dictámenes contrarios al texto expreso y claro de la ley; aplicar leyes supuestas o derogadas, o invocar hechos falsos.

Es por ello que para ilustrarnos respecto de los agentes del delito de prevaricato, como sujeto especial podríamos decir, que no existe delito de prevaricato denegación y retardo de justicia, si el sujeto  denunciado no es miembro del Poder Judicial, del Ministerio Publico o de la Defensa.

Abg. José Sebastián Cornejo Aguiar.

Correo: scor1719 @hotmail.com

 

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