Dr. Bayardo Moreno Piedrahita
MOVIMIENTO ACADÉMCO DE ABOGADOS PROGRESISTAS
U N ESCALOFRIO LETAL corroe a cada Fiscal cargado con más de 600 denuncias, según la unidad del delito y Distrito al que pertenezca. Los delincuentes se pasean libres y campantes. Un peligro mortal asecha a la vida y los bienes de la gente como una bomba de tiempo, a punto de explosionar y acabar con todo. La indagación previa está muerta. Si 10 denuncias han llegado a la etapa intermedia, sin acusación del Fiscal ni huellas de haberse investigado, es demasiado. El país vive un infierno, mientras las Fiscalías «No saben que hacer ni como investigar. 300 mil causas penales duermen abarrotadas en los Juzgados de lo penal desde el mes de julio del 2001, en las Fiscalías sin ninguna solución, como si el Ministerio Público no existiese, y la seguridad hubiese muerto, nadie cree en la justicia, ni respeta a la policía; y, lo que es mas, las víctimas ni siquiera pueden acusar, por mas que existan muertos mientras el Fiscal no emita su dictamen.
Crisis en la Administración de Justicia
La Administración de Justicia atraviesa la mayor crisis que se recuerda, agravada por los juzgados corporativos, la debacle y el descalabro, que obedecen a estas causas:
1.- Desproporción abismal que existe entre 274 Fiscales en funciones y las montañas de denuncias.
2.- Improvisación del personal en la mecánica de la indagación.
3.- Desconocimiento teórico y práctico por falta de claridad de la ley o Código del Procedimiento Penal por parte de los Fiscales, Jueces y Abogados; y,
4.- Falta de infraestructura por el mal uso de los fondos internos y externos. No existen los empleados suficientes para cada Fiscalía ni el espacio físico adecuado y funcional. No disponen de bienes muebles ni materiales de oficina. No cuentan con máquinas de escribir, computadoras ni archivadores, etc.
El Fiscal atiende al público con sus propios medios. Recibe las denuncias después del sorteo, pone la fe de presentación, reconoce la denuncia y se ordena a sí mismo la investigación previa, recibe la versión del denunciante, denunciado y testigos, suplica al juez diligencias y ordena otras a la policía judicial; se convierte en taquígrafo, digitador o mecanógrafo, recepcionista y hasta en anfitrión del odio y la venganza de perjudicados y delincuentes, sin tiempo para cumplir la investigación en los plazos de Ley. Y, como premio a todo ese maltrato, se lo acusa de incultura jurídica penal, falta de experiencia y apasionado y de aplicar mal la Ley.
En la ciudad de Guayaquil existe orden de prisión contra 2 Fiscales mujeres. Se rumora que en la ciudad de Quito unos Fiscales trabajan sólo medio tiempo y otros se hacen los enfermos para descansar. En definitiva el sistema Procesal Penal actual, sólo ha dado resultados funestos. La indagación no funciona y el Ministerio Público está en el limbo. La gente honesta desprotegida y los Abogados en desocupación.
Se pudo prevenir el mal
Desde el 13 de enero del año 2000 hasta el 13 de julio del 2001 existió el tiempo suficiente para ensayar con los Fiscales en uno o dos Juzgados Pilotos para no lanzarnos a ciegas a esta aventura fatal. Claro que la culpa es de todos por habernos convertido en espectadores cuando pudimos hacer algo; pero la mayor responsabilidad es del Ministerio Público, el Congreso Nacional y sus legisladores, sin cultura ni capacidad jurídica, contaminados en la corrupción del pago de millones de dólares por ante proyectos de ley plagiados y ajenos a nuestra realidad.
Los problemas ocasionados por el auge delincuencial pudo controlarse la con una ley procesal de utilidad social que impida la impunidad del delito que la misma Constitución Política consagra en favor del ejército de antisociales nacionales y extranjeros. ¡Qué irresponsabilidad!.
Se legisló desde la luna para matar. Ninguna ley protege a la gente honesta, ¡Qué barbaridad! ¿hasta cuando el poder Político del Estado incentiva y ampara sobre todo a la delincuencia bancaria de cuello blanco?. No hay duda que el Ministerio Público se ha convertido en el «Muro de las Lamentaciones» y en el disfraz viviente de la «Morgue» para los habitantes del Ecuador, aún de los propios Fiscales. Es que un solo secretario para cada unidad del delito, con 5 o 6 Fiscales, es insuficiente. En esas condiciones el Fiscal es inoperante, pesquisa desarmado, sin autoridad ni libertad, sumiso a la presión de superiores y políticos; pero contradictoriamente de él dependen la vida y la seguridad de la gente.
Por esta razón, con valentía y decisión, una vez más el Movimiento Académico de Abogados Progresistas denuncia al pueblo del Ecuador, Ministra Fiscal del Estado, Defensor del Pueblo, Corte Suprema y Congreso Nacional, que la indagación e Instrucción Fiscal previa no funciona y la sanción para los delincuentes no existe; que el papel de los Fiscales es un desastre por falta de infraestructura y seguridad; y, a la vez propone buscar en forma inmedaita una solución a este conflicto jurídico social, instituyendo de verdad un proceso ágil y eficaz que garantice la vida y los bienes de los habitantes del País; pero no a puerta cerrada, sino con la presencia de los abogados en primer lugar, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, Función Judicial y Policía Nacional, para trabajar juntos en procura de una legislación práctica y moderna, porque los profesionales del Derecho no somos incapaces para que se actúe sin el Abogado y contra el Abogado en la elaboración de la Ley.
Caminemos con optimismo y solucionemos los problemas con decisión, integrándonos en comisiones de trabajo transparentes y patrióticas.
Propuestas
1. Reforma urgente del Código de Procedimiento Penal.
2. Crear infraestructura para cada Agente Fiscal con personal y medios suficientes, igual que los juzgados penales, por lo menos.
3. Difundir el alcance del nuevo Código de Procedimiento Penal a Fiscales, Jueces, Curiales y Abogados.
4. Incluir al abogado como parte integrante de la indagación previa; no como simple observador, sino como protagonista activo, admitiendo su iniciativa y sus recursos.
INGENIEROS.