La indemnización económica en los delitos contra la vida

Autor: Francel Adriana Vásquez Salas Universidad San Francisco de Quito

El sistema penal ecuatoriano reconoce la reparación integral como un derecho fundamental de las víctimas de infracciones penales. Una de sus modalidades es la indemnización económica, la cual está destinada a otorgar una suma monetaria por los daños materiales e inmateriales sufridos. Sin embargo, cuando se trata de delitos contra la vida, surge una grave problemática: la normativa carece de estándares o lineamientos claros que orienten a los jueces en la determinación de esta indemnización.

Esta omisión normativa dificulta la uniformidad en las sentencias y afecta directamente el establecimiento de una compensación adecuada para quienes han perdido a un ser querido. Ante la imposibilidad fáctica de devolver la vida (o lograr una restitutio in integrum), la indemnización económica adquiere un rol fundamental que requiere criterios estructurados para evitar la arbitrariedad judicial, mitigar los efectos del daño y satisfacer las verdaderas necesidades de las víctimas.

El rol de la víctima (directa e indirecta)

Históricamente, el sistema penal se ha centrado en castigar al delincuente bajo un modelo retributivo, relegando a la víctima a un papel secundario. No obstante, con el avance de la justicia restaurativa y del derecho internacional de los derechos humanos, la víctima ha recuperado protagonismo, consolidándose su derecho a ser reparada de manera proporcional a la gravedad del daño.

En los delitos contra la vida, el concepto de víctima se extiende obligatoriamente  más  allá  de  la  persona  fallecida.  Las  víctimas indirectas —como el cónyuge, familiares cercanos o personas a cargo—sufren un impacto emocional y económico devastador. Aunque el Código Orgánico Integral Penal (COIP) limita este concepto a ciertos grados de  consanguinidad y afinidad, los estándares internacionales señalan que el daño trasciende barreras formales, exigiendo atención y compensación especial para quienes experimentan el trauma de la pérdida e interrupción abrupta de sus vidas.

Daño emergente, lucro cesante y el cálculo actuarial

El daño material derivado de la pérdida de una vida se divide en dos rubros principales:

• Daño emergente: Comprende el empobrecimiento directo y los gastos en los que incurren los familiares (ej. costos funerarios o gestiones legales), cuya demostración documental es objetiva y
• Lucro cesante: Representa la ganancia lícita que la víctima dejó de percibir y el apoyo económico que brindaba a sus dependientes. Su estimación es sumamente compleja por ser una proyección futura.

Para evitar fijaciones subjetivas en el lucro cesante, es fundamental recurrir a herramientas técnicas como el cálculo actuarial. Este método emplea factores demográficos y económicos, tales como la edad, la esperanza de vida (mediante tablas de mortalidad), el historial de ingresos mensuales, así como tasas de inflación y descuento. Adicionalmente, exige realizar una deducción por los gastos personales que la víctima habría consumido en sí misma (que la Corte Interamericana estima habitualmente en un 25%) y aplicar una correcta indexación monetaria.

La complejidad del daño inmaterial

El daño inmaterial incluye afectaciones profundas como el daño moral (pretium doloris o el sufrimiento experimentado) y el daño al proyecto de vida, entendido este último como la frustración drástica de las aspiraciones y el desarrollo personal y familiar.

La valoración de este daño es abstracta porque no existe una cifra que borre el dolor. Dada su naturaleza intrínseca, rige el principio in re ipsa, el cual dicta que el sufrimiento intenso ante la pérdida de un ser querido se presume y no requiere de prueba material directa.

A pesar de esto, la falta de parámetros en el COIP genera que los jueces cuantifiquen el daño inmaterial basándose puramente en su “sentido de justicia” o empatía, lo que desemboca en inseguridad jurídica y desproporción. Un ejemplo evidente de esta deficiencia ocurrió en el caso “Fybeca”, donde la Corte Nacional de Justicia calculó las indemnizaciones utilizando multiplicadores básicos del salario mínimo, ignorando la diferencia técnica entre daño material e inmaterial y sin adaptar el monto a la realidad específica de las víctimas.

Ante estos vacíos, tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) o la Corte Constitucional del Ecuador suelen acudir al principio de equidad para fijar montos o establecer medidas “paliativas”. Estas compensaciones paliativas (como el financiamiento de becas de estudio) no pretenden medir el dolor con dinero, sino facilitar a la familia afectada el acceso a recursos que promuevan su reconstrucción vital y brinden consuelo.

Conclusiones

La ausencia de directrices legales explícitas en el Ecuador para calcular la indemnización económica en delitos contra la vida vulnera el derecho a  una  reparación  integral.  El  sistema  actual  delega  a  la mera discrecionalidad de los jueces penales una tarea técnica de índole reparatoria para la cual no existen guías normativas, generando una falta de uniformidad inaceptable.

Resulta indispensable una reforma al COIP que incorpore parámetros claros, orientados por los principios de equidad y proporcionalidad. Para el daño material, debe institucionalizarse la presentación de peritajes contables y el uso del cálculo actuarial. Para el daño inmaterial, la adopción de baremos indicativos (basados en jurisprudencia internacional) y medidas compensatorias de carácter paliativo evitará la disparidad en las resoluciones, garantizando que el sistema judicial ofrezca respuestas económicas que verdaderamente dignifiquen y amparen a las víctimas tras su pérdida irreparable[cite: 8].

Referencias y fuentes

• Vásquez Salas, F. A. (2025). “La indemnización económica como parte de la reparación integral en los delitos contra la vida”. USFQ Law Review, vol. 12, n°. 1. DOI: https://doi.org/10.18272/d7cwd055[cite: 8].

Artículo original: https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/lawreview/article/view/3754/4518