TEORIA DEL DELITO EN EL COIP

Martes, 21 de octubre de 2014

TEORIA DEL DELITO EN EL COIP[i]

 

Autor: Aleyda Ulloa Ulloa [ii]

 

1.      FUNCIÓN DE LOS PENALISTAS

 

La función de los penalistas consiste en  decidir si en la colisión de derechos entre ciudadanos, se ha cometido una infracción penal, por lo cual la actividad de los operadores jurídicos  radica en la resolución de los casos, objeto de su conocimiento, de forma técnica y racional, sobre la base de las disposiciones legales vigentes en el Estado al momento de la realización de la conducta punible. Para lo cual se valen de la dogmática como método expositivo encargado de la construcción sistemática del delito a partir de la norma vigente en el Estado, orientado a servir de herramienta útil a los jueces y operadores jurídico-penales, que suministre sencillez a la aplicación de la ley,  permita la consistencia de las decisiones, evitando las decisiones contradictorias, y constituya una garantía de los principios-derechos a la igualdad y seguridad jurídica de los ciudadanos, al brindarles pautas racionales que permitan la calculabilidad de las decisiones, el conocimiento de las razones (motivación) que llevan a la decisión de los casos penales, y el cumplimiento de la  función pedagógica que encierra el principio-derecho de publicidad de las decisiones penales, de comunicarle a las partes en conflicto la solución de su caso y a la sociedad en general, cómo se resuelven los casos penales, de tal manera que puedan esperar confiadamente que casos similares se resuelvan de la misma forma y posean certeza de lo que se encuentra prohibido y los criterios empleados para administrar justicia.

 

2.     RAZONABILIDAD DE LAS DECISIONES JUDICIALES

 

Control de razonabilidad de las decisiones judiciales de imperioso mandato constitucional recogido en el art. 76 literal l al establecer que ?No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho?,  carencia de motivación que acarrea como consecuencias importantes: (i) la nulidad de la resolución y, (ii) la sanción del servidor público; y que encuentra reflejo en el mandato legal del COIP al establecer en su artículo 5.- Principios procesales: ?18. Motivación: la o el juzgador fundamentará sus decisiones, en particular, se pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los sujetos procesales durante el proceso? y el artículo 621.- Sentencia: ?Luego de haber pronunciado su decisión en forma oral, el tribunal reducirá a escrito la sentencia la que deberá incluir una motivación completa y suficiente tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal como con la determinación de la pena y la reparación integral a la víctima o la desestimación de estos aspectos?.

 En tal virtud es claro que acorde con la importancia derivada de la consecuencia de la infracción penal del delito, consistente en la privación de la libertad de la persona, valor constitucional de gran importancia, se exige que el operador judicial al momento de realizar su afectación,  realice un ?test fuerte o estricto de razonabilidad? en el caso concreto, relacionado con la responsabilidad penal y la determinación de la pena, que cumpla con las reglas de la racionalidad, especialmente, la de saturación, al estar obligado a esgrimir la totalidad de los argumentos  que lo llevaron a la conclusión de que el sujeto es penalmente responsable y merecedor de pena, al igual que, de la individualización en concreto de la pena  ?necesaria y proporcional? a su acto.

 

3.     ESQUEMA DEL DELITO EN EL COIP Y DETERMINACIÓN DE LA PENA

 

El COIP, en su artículo 18, establece el concepto genérico de Infracción penal, para la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en dicho Código, conductas que según el artículo 19, se clasifican en delitos y contravenciones, dependiendo de la consecuencia establecida por el legislador, de tal manera que será delito ?la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a treinta días? y contravención ?la infracción penal sancionada con pena no privativa de libertad o privativa de libertad de hasta treinta días?.

Acorde con la anterior definición, el juzgador al dar cumplimiento al mandato legal y constitucional de motivar su decisión en torno a si el sujeto procesado es penalmente responsable, deberá analizar de forma metódica, sistemática  y racional cada uno de los elementos establecidos por el COIP como conformantes del delito: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, y sus diversos componentes, regulados en los artículos 22 a 43, los cuales se pueden representar en el siguiente esquema del delito:

 

Esquema del cual se deriva el siguiente método «básico» para el  análisis de casos penales, y realizar la motivación (argumentos explicativos y justificativos) que relacione los hechos jurídicamente relevantes objeto de conocimiento, con las normas vigentes al momento de la realización de la conducta, al cabo del cual, la respuesta dada a los interrogantes, fundamentará la conclusión de si hay o no delito, es decir, si el sujeto es o no, penalmente responsable y dé respuesta a los dos niveles de imputación: el del ilícito y el de la culpabilidad:

SISTEMÁTICA DEL ANÁLISIS DE CASOS PENALES:

1.       ¿Existe una conducta relevante penalmente? Para lo cual se debe constatar:

i)       Si  la acción u omisión del sujeto puso en peligro o lesionó un bien jurídico tutelado.

ii)    Si existió voluntariedad, lo que conlleva la realización de un juicio de constatación negativo consistente en la verificación de que no existió fuerza física irresistible, ni movimientos reflejos, ni estado de inconciencia plena que excluyan la conducta del sujeto.

 

2.      ¿La conducta está descrita en la ley penal?, ¿existe adecuación típica de la conducta del sujeto?, es decir, analizar si la conducta se adecúa perfectamente  a la totalidad de los elementos objetivos (sujetos, objeto, acción, resultado, verbo rector, nexo de causalidad e imputación objetiva, bien jurídico, medios, momento, lugar, objeto de la acción, y otros componentes objetivos contenidos en la descripción típica) y elementos subjetivos del tipo penal (dolo, culpa, preterintención y otros elementos subjetivos del tipo).

 

3.      ¿La amenaza o lesión fue injusta?, ¿Existió alguna causal de justificación en el obrar?

 

4.      ¿El sujeto es imputable?, ¿Era capaz de obrar con culpabilidad?, ¿Actuó con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta?, ¿Es reprochable su conducta?

 

Cuestionamiento cuya motivación derivará en la conclusión de si existió delito, en cuyo caso positivo, se debe proceder a motivar la determinación de la pena, para lo cual primero se debe establecer el ámbito de movilidad punitiva dentro del cual el juzgador individualizará la pena en el caso concreto. Para este primer paso el legislador establece como reglas a seguir en los artículos 44 y 53, que:

  1. No constituyen circunstancias atenuantes ni agravantes los elementos que integran la respectiva figura delictiva.
  2. Si existen al menos dos circunstancias atenuantes de la pena se impondrá el mínimo previsto en el tipo penal, reducido en un tercio, siempre que no existan agravantes no constitutivas o modificatorias de la infracción.
  3. Si existe al menos una circunstancia agravante no constitutivas o modificatorias de la infracción, se impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal, aumentada en un tercio.
  4. No se impondrán penas más severas que las determinadas en los tipos penales.
  5. El tiempo de duración de la pena debe ser determinado. Quedan proscritas las penas indefinidas.

 

 

Establecido el ámbito de movilidad punitiva (mínimo y máximo de pena) dentro del cual el juez debe individualizar concretamente la pena del individuo, la decisión de la pena no puede estar librada al arbitrio o intuición del juzgador, pues éste deberá motivar su decisión de forma amplia y suficiente, teniendo en cuenta los siguientes parámetros señalados en el artículo 54:

 

  1. Las circunstancias del hecho punible, atenuantes y agravantes.
  2.  Las necesidades y condiciones especiales o particulares de la víctima y la gravedad de la lesión a sus derechos.
  3. El grado de participación y todas las circunstancias que limiten la responsabilidad penal.

Motivación en la que, la comprensión de estas causales deberá obedecer a criterios objetivos y  atender a la filosofía del COIP, reflejada en la voluntad del legislador de establecer como finalidad del derecho penal la protección de personas, al establecer en el artículo 3 que: ?La  intervención penal está legitimada siempre y cuando sea  estrictamente necesaria para la protección de las personas. Constituye el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales?, del cual se deriva el principio de que la pena a su vez debe ser necesaria, es decir, debe ser aquella con la cual se cumplan las finalidades que el legislador a establecido para ella, y fueron descritas en el artículo 52, al señalar:  ?Los fines de la pena son la prevención general para la comisión de delitos y el  desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena así como la reparación del derecho de  la víctima.  En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales? y en el artículo 1: ?Este Código tiene como finalidad? promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas?, así como también debe respetar el principio de proporcionalidad de la pena, como derivación del mandato constitucional recogido en el artículo 76, tal como el legislador lo señala en las consideraciones del Código[iii].

 

 

 

 

 

 

 

 



[i] Resumen de la ponencia de la Dra. Aleyda Ulloa Ulloa titulada la Teoría del delito en el COIP, presentada en la Universidad Católica del Ecuador en el marco del I Seminario Internacional ?Derecho penal, procesal penal. Los cambios del sistema penal ecuatoriano y criminología? realizado por la UNAP, en la ciudad de  Quito, del 15 al 17 de octubre de 2014.

[ii] Abogada especialista en Sociología Jurídica de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Instituciones Jurídico Penales de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia y doctorando en Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

[iii] BIBLIOGRAFÍA:

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR

BACIGALUPO, Enrique. Derecho Penal. Parte general. Perú: Ara editores. 2004.

NAUCKE, Wolfgang. Derecho penal. Buenos Aires: Astrea. 2006.

ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte General. Tomo I. Madrid. 1997.

ULLOA ULLOA, Aleyda. Motivación de las resoluciones de los poderes públicos y debido proceso. (Comentario al art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador). 2013. En: Revista Judicial: Derecho Ecuador.

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