Los jueces deben motivar sus resoluciones conforme a la Constitución, analizando los hechos, las pruebas y las normas aplicables, pues la falta de motivación genera nulidad y afecta la correcta administración de justicia.
El artículo analiza el deber de motivación como garantía del debido proceso, conforme a la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, y las sanciones por resoluciones inmotivadas.






