Sudamérica termina conflictos

Autor: Oscar Valenzuela Morales

El fallo dictado por la Corte Internacional de
Justicia que fuera leído en La Haya el pasado 27 de enero y su aceptación inmediata
por parte de Chile y Perú permiten hacer algunas reflexiones.

Trascendencia
de los tratados internacionales

La primera es que los tratados internacionales de
ninguna manera están burilados en piedra, tal como lo habíamos señalado en otro
artículo, pues en este caso el Tribunal con la altura y el peso mundial que tiene
la Corte Internacional de Justicia, al fijar la línea media entre Chile y Perú
a partir de las 80 millas náuticas medidas desde la costa, modificó la
Declaración de Santiago de 1952 y la Convención sobre Zona Especial Marítima de
1954.

En efecto, la Declaración de Santiago de 1952 precisa
en su artículo I) que ?la soberanía y
jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde (Chile, Ecuador y
Perú) sobre el mar que baña sus respectivos países hasta una distancia mínima
de 200 millas marinas desde las referidas costas?. En tanto, la Convención
de Lima de 1954 en su artículo Primero señala que ?establécese una Zona Especial, a partir de las 12 millas marinas de la
costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el
límite marítimo entre los dos países?.

En el artículo de mi autoría ?Fallo de La Haya
Discrepancias Perú-Chile?, publicado en esta Revista el 21 de enero pasado
pronostiqué que ?tal vez podría considerar el fallo otras opciones a partir de
las 12 millas marinas de mar territorial?, porque estimaba que si bien es cierto la Corte de ninguna manera iba a
desconocer los tratados de 1952 y 1954, tampoco lo haría respecto de la línea
paralela que marca el límite marítimo peruano-chileno hasta las 12 millas de
mar territorial, señalado como norma jurídica universal en el Art. 3 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La pesca pesó en
la sentencia

Si bien es cierto que la Corte Internacional de
Justicia reconoció el carácter de
Tratados a los instrumentos internacionales citados que fijan los límites
marítimos entre Chile y Perú, el Tribunal
consideró que de ninguna manera esos límites se extienden por la línea del
paralelo hasta más allá de las 80 millas náuticas medidas desde la más baja marea
de la costa chilena.

La decisión para iniciar la línea equidistante entre
los dos Estados a partir de la milla indicada se basó en que hasta esa
distancia los chilenos realizan labores sustantivas de pesca de la riqueza
ictiológica existente en esa parte del mar.

Por falta de elementos suficientes de análisis
relacionados con la riqueza ictiología que se encuentra en el mar que baña a
Chile y Perú, fundamentalmente atunes, barriletes y anchovetas que se capturan
entre las 20 y 80 millas náuticas, nunca me imaginé que la Corte marcaría el
inicio de la línea equidistante hasta las 200 millas a partir del límite de la
pesca señalada.

Sobre esa decisión del Tribunal, que por lo demás
considero absolutamente justa, me llamaron la atención algunos artículos escritos
en la prensa chilena, en los cuales se resalta que naves de guerra peruana se
ubicarían frente a sus costas a 80 millas de distancia, pero metidas 130
kilómetros del límite marítimo de la paralela, y que Chile, a partir del fallo
de La Haya, ya no tendría acceso directo a la alta mar.

Foto1: Nuevo Límite marítimo entre Chile y Perú.

Me parece que esas dos apreciaciones carecen de
fundamento, porque, de acuerdo con el nuevo derecho reflejado en la
Constitución de los Mares, la CONVEMAR, todos los Estados, ribereños o sin
litoral, gozan de las libertades de navegación y sobrevuelo, tendido de cables
y tendidos submarinos, además de ?de otros usos del mar internacionalmente
legítimos relacionados con dichas libertades? (Art. 58 de la CONVEMAR).

Por lo demás, es cierto que el Estado ribereño tiene
en la Zona Económica Exclusiva algunas atribuciones de pesca que contribuyen a
su propio beneficio, como por ejemplo, está facultado para determinar la captura
permisible de los recursos ictiológicos en esa área y para realizar de manera
excluyente algunas obras de infraestructura, como islas artificiales, instalaciones
y otras.

En tal virtud, los temores de algunos analistas
chilenos quedan desvanecidos con el estudio de la CONVEMAR, por lo cual tampoco
es acertado afirmar que Chile quedará sin salida directa hacia alta mar, porque
sus naves, incluidas las de guerra, pueden navegar libremente en la Zona
Económica Exclusiva de otro Estado.

Lo que falta, y se nota demasiado, es que Perú
suscriba la CONVEMAR, tal como lo hizo Chile, Ecuador y una abrumadora mayoría
de Estados del mundo. Si el Estado peruano sigue sin adherirse a la Convención
de los Mares, de todas maneras sus disposiciones le son aplicables, porque
tienen el carácter de universal, las cuales se encuentran en un nivel
jerárquico muy superior a la tesis que esgrimen respecto del llamado Mar de
Grau, al cual en el Perú se le atribuye mar de soberanía territorial hasta las
200 millas náuticas, hecho que ha sido descartado por el instrumento internacional
al que he hecho referencia.

Respecto del Hito 1, en el artículo de marras señalé que ?otro punto que podría considerar el fallo de
La Haya sería la reubicación del Hito 1 exactamente a orillas del mar, en el
punto ?Concordia?, esta vez sí debidamente protegido de la corrosión de las
aguas salinas y del furioso océano?. La
Corte mantuvo el Hito 1 alejado de la costa, en la misma posición en que se
encuentra ahora, porque Perú lo ha reconocido en parte de su legislación
nacional como el lugar exacto desde donde parte la línea paralela que delimita
su frontera marítima con Chile.

Hoy, después del fallo, nos encontramos
ante una situación sui géneris, pues
la frontera terrestre entre Perú y Chile termina en el punto ?Concordia?,
distante a 216,25 metros al Sur de donde comienza la línea del paralelo que
fija el límite marítimo entre ambos países.

Como consecuencia de haber dejado intacta
la ubicación del Hito 1, quedó idéntico el triángulo de tierra de un poco más
de tres hectáreas y media formado por los puntos ?Concordia?, Hito 1 y el punto
donde llega al mar la línea paralela, hecho por el cual seguirá siendo tierra
de nadie el área resultante.

Por este hecho podrían presentarse
altercados y confrontaciones si dentro de esas tres hectáreas y media se
introducen fuerzas militares de alguno de los dos países o algún grupo de
civiles, como alguna vez quisieron hacerlo diputados chilenos para reivindicar
soberanía sobre ese pedazo de tierra (por suerte fueron disuadidos de su
intento). Por tal motivo, todavía sigo sosteniendo que lo mejor hubiese sido
que la Corte dispusiera la colocación del Hito 1 en el punto exacto denominado
?Concordia?, por un lado, para evitar posibles enfrentamientos entre peruanos y
chilenos, y, por el otro, para que las fronteras marítimas y terrestres nazcan
en un mismo punto geográfico.

Ecuador
en el contexto de la demanda

Ante la demanda presentada por Perú en
contra de Chile, a preocupación fundamental del Ecuador fue salvar cualquier posibilidad
de verse involucrado directamente en ella, pues junto con los otros dos países
fue suscriptor de los Tratados de 1952 y 1954.

Por tal razón, y como ya lo dijimos en
otro artículo, Ecuador y Perú intercambiaron notas reversales el 2 de mayo de
2011 en la cual fijaron sus límites marítimos, tal como el primer país lo había
proclamado desde los años 50 del siglo pasado, que comienza en el paralelo
geográfico 03°23?33.96??S, en el punto donde se encuentra con el meridiano 80°19?16.31??W.

En las mismas cartas reversales se indica
que la línea paralela se extiende hasta una distancia de 200 millas marinas,
contadas a partir del punto del inicio del límite marítimo indicado.

En consecuencia, estimo que Perú de
ninguna manera intentará modificar ante la Corte Internacional de Justicia el
tratado de límites marítimos suscrito con Ecuador en mayo del 2011, basándose
en la sentencia dictada en la demanda que había presentado en contra de Chile.

En tal virtud, todas las evidencias
indican que entre Ecuador y Perú las aguas continuarán calmadas en cuanto a los
límites terrestres y marítimos se refiere, los cuales fueron definitivamente
fijados, el primero por el acta de Brasilia suscrita el 26 de octubre de 1998,
y el segundo el 2 de mayo de 2011.

Acta de Charaña.- Precedente entre Perú
y Chile

La
segunda reflexión que dejó el fallo de la Corte es que me parece mucho más
adecuada la negociación directa entre dos Estados para solucionar problemas que
los distancian, antes que entablar acciones legales, también perfectamente
legítimas y que se encuentran en la Carta de Naciones Unidas (Art. 33).

Sobre
este tema, sostengo que si Chile hubiese reconocido la existencia del diferendo
marítimo planteado por Perú en 1986, el que luego fuera reiterado durante la
primera década del presente siglo, y se hubiese sentado a conversar primero, a
intercambiar posiciones luego y finalmente a negociar con Perú, es casi seguro
que habríamos tenido un desenlace favorable para ambos Estados, sin haber
concurrido a la Corte Internacional de Justicia.

Ahora,
Chile está en el mismo dilema con Bolivia, país que lo demandó ante la Corte
Internacional de Justicia el 24 de abril de 2013, para obligar a su contraparte
a negociar una salida soberana al mar para el actual Estado mediterráneo.

Existe
un antecedente fundamental sobre negociación directa entre Bolivia y Chile para
entregar un mar soberano al Estado altiplánico. En efecto, el 8 de abril de
1975 los dictadores, generales Augusto Pinochet, de Chile, y Hugo Banzer, de
Bolivia, luego de estrecharse en un fraternal y simbólico abrazo, suscribieron el
Acta de Charaña (el nombre del pueblo fronterizo boliviano donde se produjo el
encuentro), del cual surgió una propuesta para otorgar a Bolivia una salida al
mar, que había perdido durante la Guerra del Pacífico (1879-1873).

Foto 2: Abrazo de Charaña

Foto 3: Bolivia marítimo hasta
antes de la Guerra del Pacífico (1879-1883)

La alternativa
cocinada en ese encuentro consistió en que Chile entregaría a cambio de
territorio (un canje) un corredor de soberanía boliviana de aproximadamente 10
kilómetros de ancho que se extendía desde la frontera de ambos países hasta el
mar, desde el Norte de la ciudad de Arica hasta la línea fronteriza terrestre
de Chile con Perú.

Sin
embargo, como el Artículo Primero del Protocolo Complementario del Tratado de
1929 suscrito entre Perú y Chile manifiesta que ?los Gobiernos de Chile
y del Perú no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera
potencia la totalidad o parte de los territorios que, en conformidad al Tratado
de esta misma fecha, quedan bajo sus respectivas soberanías, ni podrán, sin ese
requisito, construir, al través de ellos, nuevas líneas férreas internacionales?,
el Estado peruano fue consultado sobre el corredor ofrecido a Bolivia.

Menos
de un año después, Perú respondió con algo que ni Bolivia ni Chile se
esperaban, que el corredor fuera de soberanía tripartita entre los países
involucrados, razón por la cual los gobiernos chileno y boliviano rechazaron al
unísono la propuesta peruana y hasta ese punto llegaron las conversaciones
chileno-bolivianas, las que se enfriaron nuevamente en 1978 con una nueva y ya casi
eterna ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países que dura hasta la
actualidad.

Fracaso del Acta de Charaña.

Nuevas negociaciones entre Bolivia y
Chile

Según
el diplomático boliviano Jorge Siles Salinas, quien fue Cónsul General de su
país en Chile entre 1986 y 1987, la propuesta de Charaña fracasó
fundamentalmente por la participación negativa de Perú, país que se encerró
en su propuesta de soberanía tripartita
en el corredor ofrecido por Chile, y porque Bolivia se mostró intransigente con
la exigencia de Chile del canje territorial, pues se dijo en su Estado que
Chile exigiría zonas ricas en minerales y agua, algo que no era evidente.

Entonces,
ante la disyuntiva del juicio que deberá ventilarse en la Corte Internacional
de Justicia lo más adecuado sería, según mi modesto criterio, que se inicien
negociaciones directas entre ambos países para terminar con el enclaustramiento
boliviano. Si dos dictadores de la envergadura de Pinochet y Banzer pudieron
afrontar el tema cediendo territorios de parte y parte, áreas que los militares
de cualquier país prometen defender incluso a costa de su propia vida, y si
fueron capaces de sentarse alrededor de una mesa para encontrar una solución al
problema marítimo boliviano, resulta incomprensible que gobiernos civiles no
puedan ser sensibles y escuchar las demandas del otro lado.

Sin
embargo, hay que tener conciencia que
gobiernos civiles podrían asumir una actitud mucho más cautelosa para
afrontar temas de entrega territorial, pues existiría una crítica de la opinión
pública que pudiera afectar la imagen de aquellos, cosa que no existe en los
gobiernos de facto.

Sobre
el tema, el ex Cónsul Siles Salinas, en una entrevista reciente al diario paceño
La Razón, recordó sus conversaciones con dirigentes del Partido Demócrata
Cristiano chileno, quienes le advirtieron que debía acelerar un acuerdo con
Chile, pues, caso contrario, en un gobierno democrático posterior a Pinochet
sería muy difícil de alcanzarlo.

Ahora
es una realidad que las conversaciones están estancadas entre ambos países, por
lo cual, si no se cambia de actitud, el desenlace final del diferendo que Bolivia
mantiene con Chile comenzaría a resolverse cuando la Corte disponga el inicio
de negociaciones directas entre ambos países.

Pero
todavía nada está dicho como última palabra, pues a nivel informal se ha
avanzado y existe presión interna en ambos países para que acerquen posiciones.
Entre esas presiones se encuentra la reunión de expertos internacionalistas de
Bolivia, Chile y Perú realizada entre el 9 al 14 de septiembre del 2006 en la
Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, cuyo objetivo fue buscar
alternativas a la mediterraneidad del país altiplánico.

En
ese encuentro, los 12 académicos (cuatro por país) que firmaron el Acta de
Lovaina concluyeron en tres alternativas con algunas inclusiones adicionales para
otorgar a Bolivia una salida soberana al mar. La primera tesis fue la
?integración de un corredor y un espacio trinacional?, que es una síntesis de la propuesta
chileno-boliviana de Charaña de 1975 y la contrapropuesta peruana de un año
después, la cual incluía el uso de caminos para robustecer los espacios
costeros y amazónicos de los países, propuesta orientada a beneficiar la
producción agrícola campesina y otros recursos económicos de la zona. La segunda
fue establecer un ?enclave boliviano soberano en la región de Antofagasta?,
específicamente a través de la construcción de un polo de desarrollo en el
ahora desaparecido y ruinoso puerto de Cobija
(antiguo puerto boliviano donde, entre paréntesis, vivió parte de su exilio el
ex Presidente ecuatoriano el general José María Urbina), lo cual permitiría el
libre acceso de ciudadanos bolivianos a través de territorio chileno para
llegar a Cobija. La tercera opción fue el corredor boliviano que refleja la
propuesta de Charaña.

Como
se observa, para terminar con el enclaustramiento de Bolivia en el altiplano hay
varias opciones posibles que se podrían auscultar antes de la iniciación del
juicio de La Haya.

América del Sur: continente pacífico de
soluciones

El
fallo de La Haya dejó en evidencia que en América del Sur se acabó el tiempo de
los halcones, que son aquellos sujetos que tienen una mentalidad guerrerista
para solucionar los problemas entre los países, a los que se suman muchas veces
voces de militares que hacen declaraciones imprudentes que calientan el
ambiente entre los Estados.

En
el caso de la demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia fuimos
testigos como algunos almirantes chilenos y peruanos se mostraban los dientes
de lado y lado, exacerbando ánimos a ambos lados de la frontera.

Hoy
otras son las realidades sudamericanas, que evidentemente son muy distintas a
las de los siglos XIX y XX , cuando países llegaron al enfrentamiento armado
por problemas territoriales, mientras otros estuvieron muy cerca de solucionar
sus temas mediante el uso de la fuerza militar.

Estimamos
que con el fallo de La Haya se acabó el tiempo de los nacionalistas que pululan
en todos los países, especialmente en el Perú, el país que fue el más golpeado
por la Guerra del Pacífico, como es el caso del propio Presidente peruano
Ollanta Huamala, reconocido etnocacerista (en memoria del general peruano
Andrés Avelino Cáceres, quien durante la Guerra del Pacífico fue la piedra del
zapato de los soldados chilenos) que representaba el ala dura en la demanda en
contra de Chile, pero a la hora de juntarse con su homólogo del Sur mostró
ecuanimidad y altura, portándose como un verdadero estadista.

Conclusiones

En
América del Sur todavía algunos países deben afrontar algunas demandas
presentadas ante la Corte Internacional de Justicia, como la nueva presentada
por Nicaragua en contra de Colombia.

Chile
tiene la posibilidad histórica de afrontar una encuentro bilateral con Bolivia
o trilateral que incluiría a Perú, para solucionar la mediterraneidad
boliviana, a través de una negociación justa para las partes.

Es
imposible consolidar los procesos ineludibles de integración económica,
política y social que estamos viviendo en Sudamérica, si existen países, como
Bolivia y Chile, que permanecen por años (la última desde 1978) con sus
relaciones diplomáticas rotas.

Perú
debe adherirse a la CONVEMAR, más aun cuando fue uno de los Estados que impulsó
las 200 millas de mar soberano desde 1947, que se reflejó en los Tratados de
1952 y 1954 y en las Conferencias que concluyeron con la suscripción de la
Constitución del Mar.

Entre
Ecuador y Perú ya no existen problemas por resolver en materia fronteriza, por
lo cual sus procesos de acercamiento deben continuar profundizándose, tal como
lo están haciendo Chile y Perú después del fallo dictado por la Corte
Internacional de Justicia.

Oscar Valenzuela Morales

Abogado, Magister (c) en
Ciencias Internacionales, Universidad Central del Ecuador. Secretario Ejecutivo
del Instituto Ecuatoriano de Estudios Internacionales.