Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Miércoles 12 de agosto de 2020 (R.O.877, 12– agosto -2020) Edición Especial

SUMARIO:
Págs.
UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL
RESOLUCIONES:
URS-DEJ-2020-0001-R Refórmese la Resolución N° URS- DEJ-2019-0001-R de 10 de julio de 2019
URS-DEJ-2020-0002-R Créase el Comité de Seguridad de la Información (CSI
URS-DEJ-2020-0004-R Expídese el Reglamento de Funcionamiento del Comité de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional
URS-DEJ-2020-0005-R Desígnese a la Esp. María Antonieta Naranjo Borja, Coordinadora General Técnica, subrogue las funciones y atribuciones otorgadas a la máxima autoridad de la URS
URS-DEJ-2020-0007-R Expídese el Instructivo para el Funcionamiento de la Comisión Técnica encargada de estructurar una base de datos emergente de registros administrativos2
Resolución Nro. URS-DEJ-2020-0001-R
Quito, D.M., 20 de enero de 2020
UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL
ECO. FABRICIO ALEJANDRO VALLEJO MANCERO DIRECTOR EJECUTIVO
CONSIDERANDO:
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. «;
Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.»;
Que el artículo 233 de la Constitución de la República, establece que: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (…)»;
Que el Código Orgánico Administrativo, señala en su artículo 7 lo siguiente: «La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas.»;
Que el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, indica que: «La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley.»;
Que el artículo 68 del Código Orgánico Administrativo, expresa que: «La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, (…) cuando se efectúen en los términos previstos en la ley.»;
Que el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, señala que; «Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes (…) 3. Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan (…). La delegación de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia. «;
Que el artículo 70 del Código Orgánico Administrativo, establece que: «La delegación contendrá: 1. La especificación del delegado. 2. La especificación del órgano delegante y la atribución para delegar dicha competencia. 3. Las competencias que son objeto de delegación o los actos que el delegado debe ejercer para el cumplimiento de las mismas. 4. El plazo o condición, cuando sean necesarios. 5. El acto del que conste la delegación expresará además lugar, fecha y número. 6. Las decisiones que pueden adoptarse por delegación.
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La delegación de competencias y su revocación se publicarán por el órgano delegante, a través de los medios de difusión institucional.»;
Que el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, señala que: «Son efectos de la delegación: 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda.»;
Que el artículo 73 del Código Orgánico Administrativo, ordena que: «El cambio de titular del órgano delegante o delegado no extingue la delegación de la competencia, pero obliga, al titular que permanece en el cargo, a informar al nuevo titular dentro los tres días siguientes a la posesión de su cargo, bajo prevenciones de responsabilidad administrativa, las competencias que ha ejercido por delegación y las actuaciones realizadas en virtud de la misma. En los casos de ausencia temporal del titular del órgano competente, el ejercicio defunciones, por quien asuma la titularidad por suplencia, comprende las competencias que le hayan sido delegadas.»;
Que el literal e) del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, determina: «Los Ministros de Estado y las máximas autoridades de las instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad. Además, se establecen las siguientes atribuciones y obligaciones específicas: (…) e) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones (…)»;
Que el artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público señala los deberes y responsabilidades de los servidores públicos, respecto al cumplimiento de la Constitución de la República, leyes, reglamentos y demás disposiciones expedidas de acuerdo con la ley;
Que el inciso primero del artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, respecto a la delegación de atribuciones, dispone que: «Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial.»;
Que el artículo 56 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, dispone que: «Salvo autorización expresa no podrán delegarse las competencias que a su vez se ejerzan por delegación.»;
Que el artículo 59 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, dispone que: «Cuando las resoluciones administrativas se adopten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por la autoridad delegante, siendo la responsabilidad del delegado que actúa.»
Que en el Acuerdo No 039 de la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento 87 de 14 de diciembre de 2009, se expidió las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, cuya norma 200-05 señala en su parte pertinente: «(…) La delegación defunciones o tareas debe conllevar, no sólo la exigencia de la responsabilidad por el cumplimiento de los procesos y actividades correspondientes, sino también la asignación de la autoridad necesaria, a fin de que los servidores puedan emprender las acciones más oportunas para ejecutar su cometido de manera expedita y eficaz. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación serán consideradas como dictadas por la autoridad delegante. El delegado será personalmente responsable de las decisiones y omisiones con relación al cumplimiento de la delegación»;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 712 de 11 de abril de 2019, el Presidente de la República dispuso: «Artículo 5.- Créase la Unidad del Registro Social, como un organismo de derecho publico, adscrito a la entidad rectora de la administración pública, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, con sede en la ciudad de Quito, con facultades de coordinación, gestión, seguimiento y evaluación. Será la entidad encargada de la administración y mantenimiento de los sistemas que
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permitan la gestión del Registro Social, y de la administración, el mantenimiento, la actualización y difusión de la información de la base de datos del mismo.»;
Que así mismo el Artículo 6 de la norma ibídem determina que: «La Unidad del Comité Interinstitucional del Registro Social estará representada legal, judicial y extrajudicialmente por un director que será de libre nombramiento y remoción, designado por el Comité de una terna presentada por quien lo preside»;
Que mediante Resolución del 30 de abril de 2019, el Comité Interinstitucional del Registro Social, designó al Economista Fabricio Alejandro Vallejo Mancero como máxima autoridad de la Unidad del Registro Social para que ejerza dichas funciones a partir del 6 de mayo de 2019;
Que mediante Resolución No. 003-2019-URS de 01 de julio de 2019, se aprobó el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Unidad del Registro Social; cuyo Artículo 10, sobre las atribuciones y responsabilidades del Director/a Ejecutivo señala: «(…) 1.1.1.2 Atribuciones y Responsabilidades: (…) o) Delegar sus facultades y atribuciones al personal institucional, cuando lo considere necesario y legalmente factible (…)»; y,
Que mediante Resolución No. URS-DEJ-2019-0001-R de 10 de julio de 2019, el Director Ejecutivo de la Unidad del Registro Social resolvió expedir delegaciones de facultades y atribuciones para la Gestión Institucional de la Unidad del Registro Social;
Que mediante Resolución No. URS-DEJ-2019-0003-R de 18 de julio de 2019, el Director Ejecutivo de la Unidad del Registro Social resolvió reformar la Resolución No. URS-DEJ-2019-0001-R de 10 de julio de 2019;
Que mediante Resolución No. URS-DEJ-2019-0007-R de 23 de octubre de 2019, el Director Ejecutivo de la Unidad del Registro Social resolvió reformar la Resolución No. URS-DEJ-2019-0001-R de 10 de julio de 2019;
Que mediante Resolución No. URS-DEJ-2019-0010-R de 16 de diciembre de 2019, el Director Ejecutivo de la Unidad del Registro Social resolvió reformar la Resolución No. URS-DEJ-2019-0001-R de 10 de julio de 2019;
En ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, el artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 712 de 11 de abril de 2019, publicado en el Registro Oficial 480 de 02 de mayo de 2019.
RESUELVE:
Artículo 1.- Refórmese la Resolución No. URS-DEJ-2019-0001-R de 10 de julio de 2019, de la siguiente manera:
1. Elimínese el artículo 5 de la Resolución Nro. URS-DJ-2019-001-R de 10 de julio de 2019;
2. Agréguese antes del literal a) del artículo 6 como atribución de el/la Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a, en calidad de literal a.1) lo siguiente:
«a.1) Aprobar mediante Resolución, la Programación Anual de la Política Pública para el ejercicio del año fiscal correspondiente, sus reformas y modificaciones, previo informe motivado de la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica; y disponer su implementación y difusión;»
3. Elimínese el literal d) del artículo 19, de la referida Resolución.
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DISPOSICIÓN GENERAL
ÚNICA.- La reforma incorporada sólo modifica el texto señalado en este instrumento, en lo demás se atenderá a lo dispuesto en la Resolución No. URS-DEJ-2019-0001-R de 10 de julio de 2019.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.-De la aplicación inmediata y obligatoria de la presente Resolución encárguese a la Coordinación General Administrativa Financiera y a la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica.
SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
Documento firmado electrónicamente
Econ. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero
DIRECTOR EJECUTIVO

RAZÓN: A solicitud del Ing. Sebastián Montalvo, conforme Memorando Nro. URS-CGAF-DA-2020-0490-M en su calidad de DIRECTOR ADMINISTRATIVO y de conformidad a la delegación establecida en Resolución No. 002-2019-URS de 28 de junio de 2019, siento como tal que el documento que antecede en 4 hojas útiles, que fue generado a través del Sistema de Gestión Documental Quipux y que corresponde a la Resolución URS-DEJ-2020-0001-R del 20 de enero de 2020.
Quito, 24 de junio de 2020.

6 – Miércoles 12 de agosto de 2020 Edición Especial N° 877 – Registro Oficial
Resolución Nro. URS-DEJ-2020-0002-R Quito, D.M., 07 de febrero de 2020
UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL
Econ. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSIDERANDO:
Que, los numerales 1 y 2 del artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: «Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información»;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. «;
Que, el artículo 227, de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.»;
Que, el inciso segundo del artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.»;
Que, el artículo 67 del Código Orgánico Administrativo, dispone: «El ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades administrativos incluye, no solo lo expresamente definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.»;
Que, el artículo 90 del Código ibídem, establece: «Gobierno electrónico. Las actividades a cargo de las administraciones pueden ser ejecutadas mediante el uso de nuevas tecnologías y medios electrónicos, en la medida en que se respeten los principios señalados en este Código, se precautelen la inalterabilidad e integridad de las actuaciones y se garanticen los derechos de las personas. «;
Que, el artículo 130 del referido Código señala: «Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, (…)»;
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, determina: «Las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, actuarán con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en esta ley.»;
Que, el artículo 140 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, dispone: «Rectoría del sector.- El Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es el órgano rector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información, informática, tecnologías de la información y las comunicaciones y de la seguridad de la información. A dicho órgano le corresponde el establecimiento de
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políticas, directrices y planes aplicables en tales áreas para el desarrollo de la sociedad de la información, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento General y los planes de desarrollo que se establezcan a nivel nacional.»;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 712, de 11 de abril de 2019, el presidente Constitucional de la República del Ecuador, creó la Unidad del Registro Social, como un organismo de derecho público, adscrito a la entidad rectora de la administración pública, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, con sede en la ciudad de Quito, con facultades de coordinación, gestión, seguimiento y evaluación, como la entidad encargada de la administración y el mantenimiento de los sistemas que permitan la gestión del Registro Social, y de la administración, el mantenimiento, la actualización y difusión de la información de la base de datos del mismo, determinándose para el efecto la transferencia de derechos y obligaciones relacionados con la administración, mantenimiento y actualización del Registro Social a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo;
Que, el artículo 6 del citado Decreto Ejecutivo establece: «La Unidad del Comité Interinstitucional del Registro Social estará representada legal, judicial y extrajudicialmente por un director, quien será de libre de nombramiento y remoción, designado por el Comité de una terna presentada por quien lo preside.»;
Que, a través del Acuerdo No. 011-2018 de 08 de agosto de 2018, el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, expidió el Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2018-2021, disponiendo el desarrollo, implementación y operación de los proyectos establecidos en este plan a todas las entidades de la Administración Pública Central;
Que, mediante Acuerdo No. 025-2019 de 20 de septiembre de 2019, el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, expidió el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información – EGSI, basado en las normas técnicas ecuatorianas «INEN ISO/EC27000», para la Gestión de la Seguridad de la Información, normativa de acatamiento e implementación obligatoria en todas las Instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva;
Que, el artículo 5 del referido Acuerdo Ministerial dispone: «La máxima autoridad designará al interior de su Institución, un Comité de Seguridad de la Información (CSI), que estará integrado por los responsables de las siguientes áreas o quienes hagan sus veces: Talento Humano, Administrativa, Planificación y Gestión Estratégica, Comunicación Social, Tecnologías de la Información, Unidades Agregadores de Valor y el Área Jurídica participará como asesor.»;
Que, mediante Resolución del 30 de abril de 2019, el Comité Interinstitucional del Registro Social, en su artículo 2, designó al Economista Fabricio Alejandro Vallejo Mancero, como máxima autoridad de la Unidad del Registro Social para que ejerza dichas funciones a partir del 06 de mayo de 2019;
Que, el artículo 2 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Unidad del Registro Social, expedido mediante Resolución No. 003-2019-URS, de 01 de julio de 2019, establece los principios y valores de la Unidad del Registro Social;
Que, el literal p), numeral 1.1.1.2 del artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la URS, establece como una de las atribuciones del Director Ejecutivo el de: «Dirigir las labores y aprobar los instrumentos necesarios para el correcto funcionamiento de la Unidad del Registro Social»;
Que, mediante memorando Nro. URS-CGT-DSI-2020-0018-M, de 27 de enero de 2020, el Director de Sistemas de Información remitió a la Coordinadora General Técnica, el Informe Técnico en el cual se recomienda la Conformación del Comité de Seguridad de la Información de la Unidad del Registro Social;
Que, con memorando Nro. URS-CGT-2020-0187-M de 28 de enero de 2020, la Coordinadora General Técnica, comunicó al Director Ejecutivo de la URS, la disposición realizada en el Oficio Nro. MINTEL-SEGE-2020-0007 de 27 de enero de 2020, por el Subsecretario de Gobierno Electrónico, mediante el

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cual dispone la obligatoriedad de todas las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional que dependen de la Función Ejecutiva, implementar el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información -EGSI;
Que, mediante memorando Nro. URS-DEJ-2020-0016-M, de 31 de enero de 2020, el Director Ejecutivo de la URS, solicitó a la Directora Jurídica la elaboración de la Resolución para la conformación del Comité de Seguridad de la Información de la Unidad del Registro Social; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo; el artículo 7 numeral 6 del Decreto Ejecutivo Nro. 712; y, el literal p) numeral 1.1.1.2. Gestión Ejecutiva del artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Unidad del Registro Social.
RESUELVE:
Artículo 1.- Crear el COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (CSI) DE LA UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL, como instancia que se incorpora en la gestión institucional, a efecto de garantizar y facilitar la implementación de políticas y normativas relativas a la seguridad de la información, utilizando como guía las Normas Técnicas Ecuatorianas NTEINEN-ISO/IEC 27000.
Artículo 2.- El Comité de Seguridad de la Información de la Unidad del Registro Social estará integrado de la siguiente manera:
1. El/La Coordinador/a General Técnico/a, quien lo presidirá
2. El/La Directora/a de Talento Humano;
3. El/La Directora/a Administrativo/a;
4. El/La Directora/a de Planificación y Gestión Estratégica;
5. El/La Responsable de la Unidad de Comunicación Social;
6. El/la Director/a de Sistemas de la Información;
7. El/La Directora/a de Registro Interconectado de Programas Sociales;
8. El/la Director/a de Operaciones;
9. El/la Director/a de Investigación y Análisis de la Información; 10. El/La Directora/a Jurídico/a, que participará como asesor/a.
Artículo 3.- El Comité de Seguridad de la Información tendrá las siguientes responsabilidades:
a. Gestionar la aprobación de la política y normas institucionales en materia de seguridad de la información, por parte de la máxima autoridad de la Institución.
b. Realizar el seguimiento de los cambios significativos de los riesgos que afectan a los recursos de información frente a las amenazas más importantes.
c. Tomar conocimiento y supervisar la investigación y monitoreo de los incidentes relativos a la seguridad de la información, con nivel de impacto alto.
d. Coordinar la implementación de controles específicos de seguridad de la información para nuevos sistemas o servicios, en base al EGSI.
e. Promover la difusión de la seguridad de la información dentro de la institución.
f. Coordinar el proceso de gestión de la continuidad de la operación de los servicios y sistemas de información de la institución frente a incidentes de seguridad imprevistos,
g. El comité deberá convocarse bimensualmente o cuando las circunstancias lo ameriten, se deberá llevar registros y actas de las reuniones.
h. Informar a la máxima autoridad los avances de la implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI).
i. Reportar a la máxima autoridad las alertas que impidan la implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI).

Registro Oficial – Edición Especial N° 877 Miércoles 12 de agosto de 2020 – 9
j. Recomendar a la máxima autoridad mecanismos que viabilicen la implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI).
Artículo 4.- El Comité tendrá a su cargo la designación del Oficial de Seguridad de la Información de la Unidad del Registro Social, quien será el responsable de coordinar las acciones con el Comité, a fin de promover la implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información – EGSI, en la institución.
Para la designación del Oficial de Seguridad de la Información, el Comité deberá tener en cuenta el perfil profesional del funcionario quien deberá tener conocimientos en Seguridad de la Información y Gestión de Proyectos; y no pertenecer a las áreas administrativas de tecnologías o sistemas de la Información de la institución, a efecto de observar en forma independiente las necesidades de seguridad entre la estrategia de la Unidad del Registro Social y la tecnología.
DISPOSICIÓN GENERAL
ÚNICA.- En todo lo no previsto en la presente Resolución, el Comité se sujetará a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 025-2019, de 20 de septiembre de 2019, mediante el cual el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información expidió el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información – EGSI; y, demás disposiciones conexas emitidas por la autoridad competente.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA.- El Comité de Seguridad de la Información de la Unidad del Registro Social, en Primera Convocatoria designará al Oficial de Seguridad de la Información y definirá su agenda y Reglamento Interno.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Encárguese de la implementación de la presente Resolución a todos los miembros del Comité de Seguridad de la Información de la Unidad del Registro Social.
SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y Publíquese.-
Documento firmado electrónicamente

Econ. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero
DIRECTOR EJECUTIVO

10 – Miércoles 12 de agosto de 2020 Edición Especial N° 877 – Registro Oficial
RAZÓN: A solicitud del Ing. Sebastián Montalvo, conforme Memorando Nro. URS-CGAF-DA-2020-0490-M en su calidad de DIRECTOR ADMINISTRATIVO y de conformidad a la delegación establecida en Resolución No. 002-2019-URS de 28 de junio de 2019, siento como tal que el documento que antecede en 5 hojas útiles, que fue generado a través del Sistema de Gestión Documental Quipux y que corresponde a la Resolución URS-DEJ-2020-0002-R del 07 de febrero de 2020.
Quito, 24 de junio de 2020.

Registro Oficial – Edición Especial N° 877 Miércoles 12 de agosto de 2020 – 11
Resolución Nro. URS-DEJ-2020-0004-R
Quito, D.M., 27 de febrero de 2020
UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL

Econ. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 5 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que son deberes primordiales del Estado, entre otros: «Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.»;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. «;
Que, el artículo 227, de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.»;
Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece como atribuciones de los Ministros de Estado y de las máximas autoridades de las instituciones del Estado, entre otras: «(…) e) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de las instituciones (…)»;
Que, el artículo 67 del Código Orgánico Administrativo, dispone que: «El ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades administrativos incluye, no solo lo expresamente definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.»;
Que, el artículo 130 del Código ibídem señala: «Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, (…)»;
Que, el artículo 130 de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina que: «El Ministerio del Trabajo emitirá las normas técnicas para la certificación de calidad del servicio, para los organismos, instituciones y entidades que se encuentran dentro del ámbito de la presente Ley. (…) La certificación de la calidad de servicios permitirá que los servidores que laboran en
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una institución, organismo o entidad certificada, tengan derecho a percibir las remuneraciones variables establecidas en la presente Ley»l3Á
Que, el artículo 138 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, dispone: «En las instituciones establecidas en el artículo 3 de la LOSEP, se integrará el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional que tendrá la responsabilidad de proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional. (…)»;
Que, en el inciso primero del artículo 280 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público define al Sistema de Control y Certificación de Servicio como: «(…) conjunto de políticas, normas, procedimientos e instrumentos de carácter técnico y operativo que garantiza la efectividad y productividad en la prestación de productos y servicios por parte de las instituciones establecidas en el artículo 3 de la LOSEP, a sus usuarios externos, de acuerdo a los estándares de calidad establecidos en la normativa técnica que emita para el efecto el Ministerio de Relaciones Laborales (…)»;
Que, el artículo 5 del Decreto Ejecutivo Nro. 712, de 11 de abril de 2019, dispone: «Créase la Unidad del Registro Social como un organismo de derecho público, adscrito a la entidad rectora de la administración pública, adscrito a la entidad rectora de la administración pública, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, con sede en la ciudad de Quito, con facultades de coordinación, gestión, seguimiento y evaluación. Entidad encargada de la administración y el mantenimiento de los sistemas que permiten la gestión del Registro Social, y déla administración, el mantenimiento, la actualización y difusión de la información de la base de datos del mismo. «;
Que, el artículo 6 del referido Decreto Ejecutivo establece: «La Unidad del Comité Interinstitucional del Registro Social estará representada legal, judicial y extrajudicialmente por un director, quien será de libre de nombramiento y remoción, designado por el Comité de una terna presentada por quien lo preside. «;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00001573 de 04 de abril de 2016, la extinta Secretaría Nacional de Administración Pública, expidió Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por Procesos, normativa de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las entidades de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva;
Que, el artículo 6 de la Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por Procesos, señala los principios generales de la prestación de servicios y administración por procesos siendo entre otros los de mejora continua, eficiencia, eficacia, simplicidad, sostenibilidad y transparencia;
Que, el artículo 28 de la Norma Técnica, antes referida dispone: «Las instituciones deberán priorizar y seleccionar los procesos a mejorar dando así inicio al ciclo de mejora continua. Las variables de priorización y selección deben ser determinadas sobre a base de la
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metodología provista por la Secretaría Nacional de la Administración Pública.»;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0081 de 25 de abril de 2018, publicado en Registro Oficial 245 de 21 de mayo de 2018, el Ministro del Trabajo expidió la Norma Técnica para la Evaluación y Certificación de la Calidad del Servicio Público, de aplicación y cumplimiento obligatorio para las instituciones del Estado;
Que, el artículo 1 de la precitada Norma Técnica, establece: «La presente Norma Técnica tiene como objeto establecer los lineamientos, políticas, normas y procedimientos de carácter técnico y operativo para evaluación, certificación y mejora de la calidad de los servicios públicos en las instituciones del Estado.»;
Que, los literales a) y b) del artículo 6, de la Norma Técnica de la referencia establece que la máxima autoridad institucional o su delegado, Actuará como el patrocinador general para la mejora de la gestión y calidad de los servicios, y será responsable de: a) Conformar el Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional; b) Aprobar la planificación de las autoevaluaciones, remitido por el Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional (…) «;
Que, el artículo 7 de la Norma Técnica para la Evaluación y Certificación de la Calidad del Servicio Público, dispone que el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional: «Actuará de manera permanente y estará integrado de conformidad a lo establecido en el artículo 138 del Reglamento General a la LOSEP. Estará presidido por la máxima autoridad institucional o su delegado. Actuará en calidad de Secretario el Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica o quien hiciera sus veces. El Comité actuará como el dinamizador en la institución, para la implementación de esta normativa y del Programa Nacional de Excelencia – PROEXCE. (…)»;
Que, a través de Acuerdo Ministerial No. MDT-2019-235 de 09 de septiembre de 2019, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 45 de 23 de septiembre de 2019, el Ministro de Trabajo, emitió la Norma Técnica de Mecanismos de Calificación de Servicios, la misma que tiene por objeto establecer los mecanismos y metodologías que deben implementar las entidades para que los usuarios califiquen la atención brindada por parte de los servidores públicos y la satisfacción de la calidad del servicio;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2019-236 de 09 de septiembre de 2019, publicado en Registro Oficial Suplemento No. 45 de 23 de septiembre de 2019 el Ministro del Trabajo, expidió la Norma Técnica para la Definición de Metas e Indicadores para el Seguimiento de Simplificación de Trámites, normativa de aplicación obligatoria a todos los trámites administrativos que se gestionen en los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, Transparencia y Control Social, en la Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional;
Que, mediante Resolución del 30 de abril de 2019, el Comité Interinstitucional del Registro Social, en su artículo 2, designó al Economista Fabricio Alejandro Vallejo Mancero, como
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máxima autoridad de la Unidad del Registro Social para que ejerza dichas funciones a partir del 06 de mayo de 2019;
Que, el artículo 2 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Unidad del Registro Social, expedida mediante Resolución No. 003-2019-URS, de 01 de julio de 2019, establece los principios y valores de la Unidad del Registro Social;
Que, el artículo 5, Capítulo II, del Estatuto Orgánico ibídem señala como parte de la Unidad del Registro Social al Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional que tendrá la responsabilidad de proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional;
Que, el literal p), numeral 1.1.1.2 del artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la URS, como una de las atribuciones y responsabilidades del Director Ejecutivo señala: «Dirigir las labores y aprobar los instrumentos necesarios para el correcto funcionamiento de la Unidad del Registro Social»;
Que, mediante memorando Nro. URS-CGAF-2019-0089-M de 30 de octubre de 2019 la Coordinadora General Administrativa Financiera de la URS, solicitó al Director Ejecutivo: «(…) se sirva disponer la conformación del Comité de Calidad y el Desarrollo Institucional y las acciones vinculadas inherentes necesarias para el efecto.»;
Que, es necesario fortalecer los mecanismos de comunicación interna, que permitan establecer espacios de articulación y coordinación para la toma estratégica de decisiones, la priorización de planes, programas, proyectos, procesos y servicios; así como el seguimiento, control y evaluación de su ejecución, mediante la aplicación de nuevas técnicas de gestión organizacional, por lo tanto es necesario conformar el Comité de Gestión de Calidad del Servicio y el Desarrollo Institucional conforme a la estructura organizacional de la Unidad del Registro Social; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 67 y 130 del Código Orgánico Administrativo; el artículo 22 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; el artículo 7 numeral 6 del Decreto Ejecutivo Nro. 712; y, el literal p) numeral 1.1.1.2. Gestión Ejecutiva del artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Unidad del Registro Social.
RESUELVE:
EXPEDIR EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE
LA UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL
CAPÍTULO I OBJETO, ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Registro Oficial – Edición Especial N° 877 Miércoles 12 de agosto de 2020 – 15
Artículo 1.- Objeto.- El presente Reglamento norma la estructuración y define el funcionamiento del Comité de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional de la Unidad de registro Social, quien tendrá como objetivo establecer espacios permanentes de coordinación y articulación institucional, y se determina sus atribuciones, responsabilidades y facultades.
Artículo 2.- Alcance.- El presente Reglamento de Funcionamiento tiene por finalidad regular la integración, funcionamiento, responsabilidades y atribuciones del Comité de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional de la Unidad del Registro Social.
Artículo 3.- Ámbito de Aplicación.- El presente Reglamento de Funcionamiento del Comité será de aplicación interna y las decisiones adoptadas por este Comité serán de aplicación obligatoria para todas las unidades administrativas, técnicas de la Unidad de Registro Social.
CAPÍTULO II
DEFINICIÓN Y CONFORMACIÓN
Artículo 4.- Definición. El Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional de la Unidad del Registro Social (en adelante Comité), es la instancia de gestión institucional encargada de proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia de la Unidad del Registro Social, enfocado a brindar una atención de calidad, eficiente y eficaz.
Artículo 5.- Conformación.- El Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional de la Unidad de Registro Social estará integrado de la siguiente manera:
1. El/La Director/a Ejecutivo/a, o su delegado, quién lo presidirá;
2. El/La Director/a de Planificación y Gestión Estratégica o su delegado;
3. El/La Coordinador/a General Técnico/a o su delegado;
4. El/La Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a, o su delegado;
5. El/La Director/a de Operaciones, o su delegado;
6. El/La Director/a de Investigación y Análisis de la Información, o su delegado;
7. El/La Director/a de Registro Interconectado de Programas Sociales, o su delegado;
8. El/La Director/a de Sistemas de la Información, o su delegado;
9. El/La Director/a Financiero/a, o su delegado

10. El/La Director/a Administrativo/a o su delegado;
11. El/La Director/a de Talento Humano, o su delegado;
12. El/La Director/a Jurídico/a, o su delegado;
13. El/La Responsable de la Unidad de Comunicación Social, o su delegado
14. El/La Responsable de la Unidad de Gestión de Cooperación Internacional, o su delegado.

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El/La Director/a de Planificación y Gestión Estratégica, actuará como Secretario/a del Comité; el mismo que tendrá voz pero no voto.
CAPÍTULO III
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ
Artículo 6.- El Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional de la Unidad de Registro Social tendrá las siguientes atribuciones:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos, instructivos, estatuto por procesos, políticas, directrices y normas dictadas por la Unidad del Registro Social;
2. Articular acciones en función de la misión y visión institucionales para el cabal cumplimiento de sus metas y objetivos;
3. Establecer lincamientos estratégicos para la coordinación, participación e información en las diferentes líneas de acción que se deben desarrollar a través de las unidades administrativas de la Unidad del Registro Social;
4. Proponer la conformación de los equipos de trabajo necesarios para el logro de los objetivos de la Unidad del Registro Social;
5. Aprobar y remitir a la máxima autoridad institucional, o su delegado, la planificación de las autoevaluaciones, elaborada por la unidad de planificación y gestión estratégica o quien hiciere sus veces;
6. Promover el desarrollo de las autoevaluaciones de la institución, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía Metodológica de Aplicación del Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia;
7. Definir el alcance de la autoevaluación;
8. Aprobar la conformación del equipo de proceso de mejora continua, que incluirá a los autoevaluadores;
9. Conocer y analizar los resultados de las autoevaluaciones y difundirlos;
10. Conocer y analizar el informe de evaluación externa enviado por el Ministerio del Trabajo;
11. Garantizar el avance de la implementación del plan para la mejora de la gestión;
12. Coordinar con los órganos rectores en el ámbito de su competencia la implementación del plan para la mejora a la gestión;
13. Cumplir y hacer cumplir lo contemplado en la normativa emitida para la gestión por procesos, calidad y servicios;
14. Velar para mantener la calidad de los servicios institucionales y la mejora continua de los procesos;
15. Establecer el compromiso institucional con la administración por procesos y con el cumplimiento de la normativa relacionada para el desarrollo de la gestión por procesos, calidad y servicios;
16. Aprobar la estrategia para la mejora de la candad de los servicios que presta la institución. La estrategia deberá definir el portafolio de servicios, el catálogo de servicios,

Registro Oficial – Edición Especial N° 877 Miércoles 12 de agosto de 2020 – 17
los macro procesos asociados al servicio, todas las herramientas necesarias para la prestación del servicio. Se identificarán los servicios críticos para los usuarios, así como priorización en la planificación institucional;
17. Conocer el estado y los resultados de los proyectos de mejora sobre Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional presentados por el/ la Director/a de Planificación y Gestión Estratégica;
18. Sugerir los cambios necesarios relativos a los servicios y procesos de la Unidad del Registro Social; y,
19. Todas las demás que establezca la Ley y demás normativa aplicable, y lo que le sea delegado por la Máxima Autoridad.
Artículo 7.- Atribuciones del/a Presidente/a del Comité.- Son atribuciones de el/la Presidente/a del Comité, las siguientes:
1. Presidir el Comité y dirimir las votaciones en caso de empate;
2. Proponer el orden del día de las sesiones;
3. Convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias;
4. Instalar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones;
5. Dirigir las intervenciones de los miembros del Comité;
6. Suscribir las actas de las sesiones, conjuntamente con el Secretario;
7. Designar al Secretario Ad hoc, de ser necesario;
8. Cumplir y hacer cumplir las decisiones aprobadas por el Comité;
9. Nombrar comisiones para el tratamiento de temas específicos;

10. Disponer que se ejecuten mecanismos de coordinación, corresponsabilidad y diálogo permanente; y,
11. Todas las demás que se deriven de la naturaleza de su cargo o las que le sean conferidas legalmente.
Artículo 8.- Atribuciones de el/la Secretario/a del Comité.- Son atribuciones de el/la Secretario/a del Comité, las siguientes:
1. Elaborar las convocatorias a sesión del Comité, por disposición de el/la Presidente/a, mismas que contendrán fecha, hora, orden del día, lugar y documentación de los temas a tratarse;
2. Constatar el quórum en cada sesión e informar a el/la Presidente/a del Comité;
3. Elaborar las actas de las sesiones;
4. Elaborar las actas de las sesiones dando fe de su veracidad y contenido con el visto bueno de el/la Presidente/a y los miembros del Comité;
5. Suscribir conjuntamente con el/la Presidente/a las actas de las sesiones;
6. Notificar a los miembros del Comité con las decisiones alcanzadas;
7. Cumplir con las actividades inherentes a su función;
8. Gestionar con el fedatario institucional las copias certificadas que se requieran;
9. Conservar y resguardar los expedientes del Comité que contendrán las actas de sesiones debidamente codificadas, convocatorias, listado de asistencias, órdenes del día, informes

18 – Miércoles 12 de agosto de 2020 Edición Especial N° 877 – Registro Oficial
y otros documentos relacionados a la gestión del Comité;
10. Asesorar al Comité dentro del ámbito de sus competencias; y.
11. Todas las demás que se deriven de la naturaleza de su cargo, aquellas asignadas por el/la Presidente/a del Comité o las que le sean conferidas legalmente.
Sin perjuicio de las atribuciones determinadas como Secretario del Comité, al/la Directora/a de Planificación y Gestión Estratégica le corresponderá cumplir con las disposiciones determinadas en el artículo 8 de la Norma Técnica para la Evaluación y Certificación de la Calidad del Servicio Público.
CAPÍTULO IV
DE LAS CONVOCATORIAS Y SESIONES
Artículo 9.- Convocatorias.- El/la Presidente/a del Comité convocará a sesiones ordinarias o extraordinarias, mediante memorando y/o por correo electrónico institucional, señalando el orden del día, fecha, hora y lugar donde se efectuará la sesión, y adjuntando la documentación de los asuntos a tratarse, de ser el caso.
Artículo 10.- Sesiones.- El comité se reunirá para efectos de supervisar, monitorear y evaluar sus actividades en sesiones ordinarias y extraordinarias:
Las sesiones ordinarias se efectuarán, por lo menos una vez cada tres meses con al menos tres (3) días hábiles de anticipación.
En las sesiones ordinarias se tratarán los asuntos que consten en el orden del día pudiendo incorporase otros puntos a pedido de cualquier de los miembros presentes en la sesión, siempre y cuando se cuente con el apoyo de los otros miembros del Comité y el tema a tratar no requiera informe o documentación previa.
Las sesiones extraordinarias se celebrarán por disposición de el/ la Presidente/a del Comité, o por pedido de por lo menos las dos terceras partes de sus miembros que tengan voz y voto.
Las sesiones extraordinarias serán convocadas con al menos un (1) día hábil de anticipación.
En las sesiones extraordinarias se tratarán únicamente los asuntos que consten en el orden del día.
Toda sesión del Comité iniciará a la hora determinada en la convocatoria, de agotarse el tiempo para el tratamiento del orden del día, el/ la Presidente/a podrá suspender la sesión y convocarla para un nuevo día, para su continuación.
En caso de que, por asuntos relativos a las actividades propias de la gestión, no sea posible la realización o culminación de una sesión, previa convocatoria de el/la Presidente/a, se la efectuará o reanudará en un plazo máximo de diez (10) días hábiles.

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Artículo 11.- Asistencia.- La asistencia de los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias tendrá el carácter de obligatorio.
Para la asistencia de los delegados de los miembros del Comité a las sesiones, las delegaciones deberán ser notificadas por escrito al/la Presidente/a del Comité, con copia al Secretario/a, con anticipación a la realización de la sesión ordinaria o extraordinaria a través de cualquier medio que asegure la constancia de su recepción. Las decisiones adoptadas por los delegados/as de los miembros del Comité tendrán el mismo valor como si hubieren sido tomadas por su titular.
Artículo 12.- Instalación de Sesiones.- El quórum para instalar las sesiones ordinarias o extraordinarias del Comité se constituirá con la presencia física y/o virtual de al menos la mitad más uno de sus miembros.
De no contar con el quorum reglamentario a la hora señalada, por disposición del Presidente se esperará hasta un periodo máximo de treinta (30) minutos, luego del cual se instalará con los miembros presentes, dejando constancia de dicho particular en el acta respectiva.
No podrá instalarse la sesión sin la presencia de quien ejerza la Presidencia.
Artículo 13.- Invitados.- Los miembros del Comité podrán invitar a participar en sus sesiones a autoridades y servidores/as de la Unidad del Registro Social, así como servidores/as de entidades externas, que creyeren conveniente conozcan y aporten sobre aspectos relativos a los temas a tratarse, quienes actuarán con voz pero sin voto.
Artículo 14.- Actas de las Sesiones.- Los resultados de cada sesión se registrarán en la denominada «Acta de Sesión», que será llevada por el/la Secretario/a del Comité, que contendrá al menos:
1. Lugar, fecha y hora de inicio y finalización de cada sesión;
2. Nombres y apellidos de los asistentes;
3. Orden del día;
4. Temas tratados y decisiones adoptadas; y,
5. Firma del/la Presidente/a y Secretario/a del Comité.
Las actas de las sesiones llevarán una numeración en orden cronológico y se mantendrán en el archivo de la Secretaría del Comité.
Artículo 15.- Ausencias.- En caso de impedimento para asistir a las reuniones, el o los miembros del Comité justificarán su ausencia antes de la sesión, mediante memorando dirigido a el/la Presidente/a del Comité.
Artículo 16.- Resoluciones.- Las resoluciones del Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional de la Unidad del Registro Social, serán tomadas por mayoría simple,

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entendiéndose como tal la mitad más uno de los miembros presentes en cada sesión.
DISPOSICIÓN GENERAL
ÚNICA.- En todo lo no contemplado en el presente Reglamento, el Comité se sujetará a lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General, la Norma Técnica para la Evaluación y Certificación de la Calidad del Servicio Público y demás disposiciones conexas emitidas por la autoridad competente.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Encárguese de la implementación y difusión de la presente Resolución a la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica de la URS; y, remítase todos sus miembros el contenido de la presente, con el fin de dar a conocer lo dispuesto en el presente instrumento.
SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-
Documento firmado electrónicamente
Econ. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero DIRECTOR EJECUTIVO

RAZÓN: A solicitud del Ing. Sebastián Montalvo, conforme Memorando Nro. URS-CGAF-DA-2020-0490-M en su calidad de DIRECTOR ADMINISTRATIVO y de conformidad a la delegación establecida en Resolución No. 002-2019-URS de 28 de junio de 2019, siento como tal que el documento que antecede en 10 hojas útiles, que fue generado a través del Sistema de Gestión Documental Quipux y que corresponde a la Resolución URS-DEJ-2020-0004-R del 27 de febrero de 2020.
Quito, 24 de junio de 2020.

Registro Oficial – Edición Especial N° 877 Miércoles 12 de agosto de 2020 – 21
Resolución Nro. URS-DEJ-2020-0005-R Quito, D.M., 03 de marzo de 2020
UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL

Econ. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero
DIRECTOR EJECUTIVO
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece el principio de legalidad, según el cual: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;
Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador determina: «Ninguna servidora ni servidor público está exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos»;
Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, respecto a la representación legal de las administraciones públicas determina: «La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley»;
Que, el artículo 82 del Código Orgánico Administrativo con relación a la subrogación determina: «Las competencias de un órgano administrativo pueden ser ejercidas por el jerárquico inferior en caso de ausencia del jerárquico superior. La subrogación únicamente se aplicará en los casos previstos en la ley.»;
Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, otorga atribuciones a los Ministros de Estado y a las máximas autoridades de las instituciones del Estado, entre ellas, la señalada en su literal e): «Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamientos de las instituciones (…)»;
Que, la Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 22 señala los deberes y responsabilidades de los servidores públicos, respecto al cumplimiento de la Constitución de la República del Ecuador, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley;
Que, el literal g del artículo 23 expresa lo siguiente: «Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo prescrito en esta Ley»;
Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica del Servicio Público indica: «Toda servidora o servidor público tendrá derecho a disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas después de once

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meses de servicio continuo. Este derecho no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de cesación de funciones en que se liquidarán las vacaciones no gozadas de acuerdo al valor percibido o que debió percibir por su última vacación. Las vacaciones podrán ser acumuladas hasta por sesenta días»;
Que, la Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 126, establece: «De la Subrogación.-Cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin perjuicio del derecho del titular.»;
Que, el inciso primero del artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva -ERJAFE-, dispone: «Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. (…)»;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 5 de 24 de mayo de 2017, el Presidente de la República del Ecuador en el literal f del numeral 1 del artículo 2 atribuye a la Secretaría General de la Presidencia de la República lo siguiente: «Expedir acuerdos de autorización de vacaciones, licencias con y sin remuneración, permisos y demás autorizaciones para autoridades de la Función Ejecutiva comprendidas en el grado ocho de la escala del nivel jerárquico superior»;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 712 de 11 de abril de 2019, el Presidente de la República dispuso: «Artículo 5.- Créase la Unidad del Registro Social, como un organismo de derecho público, adscrito a la entidad rectora de la administración pública, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, con sede en la ciudad de Quito, con facultades de coordinación, gestión, seguimiento y evaluación. Será la entidad encargada de la administración y mantenimiento de los sistemas que permitan la gestión del Registro Social, y de la administración, el mantenimiento, la actualización y difusión de la información de la base de datos del mismo»;
Que, así mismo el artículo 6 del Decreto Ejecutivo Nro. 712 determina que: «La Unidad del Comité Interinstitucional del Registro Social estará representada legal, judicial y extrajudicialmente por un director que será de libre nombramiento y remoción, designado por el Comité de una terna presentada por quien lo preside «;
Que, mediante Resolución del 30 de abril de 2019, el Comité Interinstitucional del Registro Social, designó al Economista Fabricio Alejandro Vallejo Mancero como máxima autoridad de la Unidad del Registro Social para que ejerza dichas funciones a partir del 6 de mayo de 2019;
Que, mediante oficio Nro. URS-DEJ-2020-0045-O de 21 de febrero de 2020, el Econ. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero Director Ejecutivo, solicita a la Secretaria General de la Presidencia, Encargada, autorización del uso de mis vacaciones durante el período del 09 al 16 de marzo del presente año;
Que, mediante Acuerdo Nro. 0061, de 27 febrero de 2020, suscrito por la Secretaria General de la

Registro Oficial – Edición Especial N° 877 Miércoles 12 de agosto de 2020 – 23
Presidencia, Encargada de la Presidencia de la República dentro de su artículo primero manifiesta: «Otorgar a Fabricio Vallejo Mancero, Director Ejecutivo de la Unidad de Registro Social permiso con cargo a vacaciones, desde el 09 hasta el 16 de marzo de 2020»;
Que, en el artículo 2 del Acuerdo Nro. 0061, manifiesta: «Durante el período que dure el permiso con cargo a vacaciones del Director, le subrogará María Antonieta Naranjo, Coordinadora General Técnica»;
Que, con oficio Nro. PR-SGPR-2020-0559-O, de 28 de febrero de 2020, la Secretaria General de la Presidencia, Encargada manifiesta: » (…) La Secretaría General de la Presidencia de la República expedirá acuerdos de autorización de vacaciones, licencia con y sin remuneración, permisos y demás autorizaciones de la Función Ejecutiva comprendidas en el grado 8 de la escala del nivel jerárquico superior», y con los antecedentes expuestos, me permito poner en su conocimiento el Acuerdo Nro. 0061, de 27 de febrero de 2020 (…)», consta la sumilla inserta en el referido documento mediante el cual, el Director Ejecutivo solicita a la Directora Jurídica lo siguiente: «Para su conocimiento y elaboración del instrumento normativo que corresponda para la subrogación de la Dirección Ejecutiva»;
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo el artículo 82 del Código Orgánico Administrativo, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y, el artículo 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público.
RESUELVE:
Artículo único.- DESIGNAR a la Esp. María Antonieta Naranjo Borja, Coordinadora General Técnica, para que subrogue las funciones y atribuciones otorgadas a la máxima autoridad de la Unidad del Registro Social, por el período comprendido entre el lunes 09 de marzo de 2020 hasta el lunes 16 de marzo de 2020.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- La funcionaría designada será responsable del cumplimiento de las competencias, atribuciones y deberes inherentes a la máxima autoridad de la Unidad del Registro Social durante el período que dure la presente subrogación.
SEGUNDA.- La funcionaría designada, en todo acto o resolución que ejecute o adopte en el marco de la presente subrogación, hará constar expresamente esta circunstancia y deberá observar las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, siendo responsable por cualquier acción u omisión en el ejercicio de la misma.
TERCERA.- Se dispone a la Directora de Talento Humano y a la Coordinadora General Administrativa Financiera de esta Unidad realizar todas las gestiones necesarias a fin de cumplir con lo dispuesto en la presente Resolución.

24 – Miércoles 12 de agosto de 2020 Edición Especial N° 877 – Registro Oficial
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- De la ejecución del presente Acuerdo, encárguese a Esp. María Antonieta Naranjo Borja, Coordinadora General Técnica, a la Coordinadora General Administrativa Financiera; y, a la Directora de Talento Humano de la Unidad del Registro Social.
SEGUNDA.- El presente instrumento entrará en vigencia a partir de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-
Documento firmado electrónicamente

Econ. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero
DIRECTOR EJECUTIVO

RAZÓN: A solicitud del Ing. Sebastián Montalvo, conforme Memorando Nro. URS-CGAF-DA-2020-0490-M en su calidad de DIRECTOR ADMINISTRATIVO y de conformidad a la delegación establecida en Resolución No. 002-2019-URS de 28 de junio de 2019, siento como tal que el documento que antecede en 5 hojas útiles, que fue generado a través del Sistema de Gestión Documental Quipux y que corresponde a la Resolución URS-DEJ-2020-0005-R del 03 de marzo de 2020.
Quito, 24 de junio de 2020.

Registro Oficial – Edición Especial N° 877 Miércoles 12 de agosto de 2020 – 25
Resolución Nro. URS-DEJ-2020-0007-R Quito, D.M., 24 de abril de 2020
UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL

Econ. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero
DIRECTOR EJECUTIVO URS
Considerando:
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;
Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 227 determina que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
Que, el inciso primero del artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «Ninguna servidora ni servidor publica estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos»;
Que, el artículo 28 del Código Orgánico Administrativo, indica: «Principio de colaboración. Las administraciones trabajarán de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio mutuo. Acordarán mecanismos de coordinación para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos.»;
Que, el artículo 53 del Código Orgánico Administrativo, señala: «Los órganos colegiados se sujetan a lo dispuesto en su regulación específica y este Código «;
Que, el artículo 1 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, establece: «Finalidad y Objeto.- La presente ley crea y regula el sistema de registro de datos públicos y su acceso, en entidades públicas o privadas que administren dichas bases o registros. El objeto de la ley es: garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e interconectar la información, así como: la eficacia y eficiencia de su manejo, su publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías»;
Que, el artículo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, prescribe: «La presente Ley rige para las instituciones del sector público y privado que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, sobre las personas naturales o jurídicas, ¡sus bienes o patrimonio y para las usuarias o usuarios de los registros públicos»;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 712, de 11 de abril de 2019, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 480 de 2 de mayo de 2019, el señor presidente Constitucional de la República, creó la Unidad del Registro Social, como un organismo de derecho público, adscrito a la entidad rectora de la administración pública, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y

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financiera, con sede en la ciudad de Quito, con facultades de coordinación, gestión, seguimiento y evaluación, como la entidad encargada de la administración y el mantenimiento de los sistemas que permitan la gestión del Registro Social, y de la administración, el mantenimiento, la actualización y difusión de la información de la base de datos del mismo, determinándose para el efecto la transferencia de derechos y obligaciones relacionados con la administración, mantenimiento y actualización del Registro Social a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo;
Que, el artículo 1 del mencionado Decreto Ejecutivo 712 dispone: Establézcase el Registro Social como el conjunto de instrumentos, normas y procesos que permiten: «1. Consolidar y actualizar la base de datos que comprende la información social, económica y demográfica individualizada a nivel de núcleos familiares, a través del Registro Único de Beneficiarios; 2. Determinar el índice de registro social que permite estimar los niveles de bienestar de los núcleos familiares, como insumo para la aplicación de políticas y programas de protección social y subsidios estatales; 3. Contribuir con la convergencia de servicios, programas y subsidios que comprende la integralidad de la atención a través del sistema de integración de bases de datos o Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS); y, 4. Apoyar en el monitoreo de la convergencia de servicios, programas y subsidios estatales»;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, se declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la presencia del virus COVID-19 en Ecuador;
Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 4 del Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, se suspendió el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión, con la finalidad específica de mantener una cuarentena comunitaria obligatoria en las áreas de alerta sanitaria determinadas por la Autoridad Nacional de Salud para contener el contagio de la enfermedad, cuando ya existan casos confirmados en dicha área, y en todo el territorio nacional, para prevenir la generación de nuevos contagios en el desarrollo de actividades habituales;
Que, de conformidad con lo ordenado en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, en relación a la ciudadanía en general, se establece que deberá permanecer en cuarentena comunitaria obligatoria en los términos que disponga el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional, y en los que se establezca respecto de todos los eventos de afluencia y congregación masiva;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1022 de 27 de marzo de 2020 se creó el Bono de Protección Familiar por Emergencia por la presencia del COVID-19 en Ecuador, consistente en una transferencia monetaria única de ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América (USD 120,00) pagaderos en dos partes iguales de sesenta dólares cada una (USD 60,00) durante los meses de abril y mayo de 2020;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1026 de 24 de abril de 2020, el señor Presidente Constitucional de la República, estableció la segunda fase del Bono de Protección Familiar por Emergencia por la presencia del COVID-19 en el Ecuador;
Que, el artículo 3 del referido Decreto Ejecutivo Nro. 1026. de 24 de abril de 2020, dispone la creación de una Comisión Técnica encargada de estructurar una base de datos emergente de registros administrativos que proporcionen información social, económica y demográfica de la población vulnerable que habita en el territorio ecuatoriano que no conste en la base de datos del Registro Social;
Que, el artículo 6, del Decreto Ejecutivo Nro. 1026. de 24 de abril de 2020, determina las

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responsabilidades de la Unidad del Registro Social señalando en el numeral 5 lo siguiente: «Generar los instrumentos necesarios para el funcionamiento de la Comisión Técnica»;
Que, mediante Resolución del 30 de abril de 2019, el Comité Interinstitucional del Registro Social, designó al Economista Fabricio Alejandro Vallejo Mancero como máxima autoridad de la Unidad del Registro Social para que ejerza dichas funciones a partir del 6 de mayo de 2019;
En ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 712 de 11 de abril de 2019, publicado en el Registro Oficial 480 de 02 de mayo de 2019 y el Decreto Ejecutivo Nro.1026. de 24 de abril de 2020.
RESUELVE:
Expedir el INSTRUCTIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN TÉCNICA ENCARGADA DE ESTRUCTURAR UNA BASE DE DATOS EMERGENTE DE REGISTROS
ADMINISTRATIVOS.

CAPÍTULO I
ÁMBITO Y OBJETIVO
Artículo 1.- Ámbito.- El presente instructivo será de cumplimiento obligatorio para los miembros de la Comisión Técnica y de quienes participen en este organismo.
Artículo 2.- Objeto.- El objeto del presente instructivo es regular el funcionamiento de la Comisión Técnica creada mediante Decreto Ejecutivo Nro.1026 de 24 de abril de 2020, la que tiene la misión de estructurar una base de datos emergente de registros administrativos que contengan información social, económica, y demográfica de la población vulnerable que habita el territorio ecuatoriano.
CAPÍTULO II
DE LA COMISIÓN TÉCNICA
Artículo 3.- Conformación.- La Comisión Técnica estará integrada de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo Nro. 1026. de 24 de abril de 2020 por:
1. El/la la titular de la Unidad del Registro Social o su delegado/a, quién la presidirá;
2. El/la titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos o su delegado/a;
3. El/la titular de la Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador o su delegado/a;
4. El/la titular del Ministerio de Economía y Finanzas o su delegado/a;
5. El/la titular del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias o su delegado/a, y;
6. El/la titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social o su delegado/a.
La Unidad del Registro Social en caso de ser necesaria, podrá solicitar la participación de cualquier otra institución en la Comisión Técnica.
Actuará como Secretario/a de la Comisión Técnica el/la Director/a Jurídico/a de la Unidad del Registro Social.

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CAPÍTULO III
ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA
Artículo 4.- Atribuciones.- La Comisión Técnica tendrá las siguientes atribuciones:
1. Establecer criterios e identificar las bases de datos existentes en diferentes entidades con información económica, social o demográfica para consolidar la información;
2. Definir los criterios técnicos y metodológicos para la estructuración y consolidación de la base de datos emergente de registros administrativos;
3. Establecer metodologías para el control de calidad de la información, uso, manejo y codificación de la base de datos emergente, y;
4. Remitir a la Unidad del Registro Social las metodologías y criterios para utilización de la base de datos emergente.
Artículo 5.- La Comisión Técnica, para el cumplimiento de sus objetivos, podrá formar equipos técnicos de trabajo los cuales tendrán tareas definidas, con procedimientos explícitos y con interdependencia con otros equipos técnicos.

CAPÍTULO IV
RESPONSABILIDADES DEL PRESIDENTE, SECRETARIO Y MIEMBROS DE LA
COMISIÓN TÉCNICA
Artículo 6.- De las responsabilidades del Presidente/a de la Comisión Técnica.- El/la Presidente/a de la referida Comisión Técnica, tendrá entre sus obligaciones:
1. Convocar a sus miembros a las sesiones permanentes;
2. Disponer el orden del día para las convocatorias y la constatación del quorum;
3. Dirigir los debates precisando el asunto propuesto y ordenar que el/la Secretario/a tome votación y se realicen las rectificaciones a petición de algún miembro;
4. Otorgar el voto de dirimente en caso de empate en las decisiones tomadas por la Comisión; y;
5. Todas las responsabilidades que implique el cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nro.1026. de 24 de abril de 2020.
Artículo 7.- De las responsabilidades del Secretario/a de la Comisión Técnica.-El/la Secretario/a de la referida Comisión, actuará únicamente con voz y tendrá como responsabilidades las siguientes:
1. Realizar las convocatorias a sesiones permanentes dispuestas por el/la Presidente/a de la Comisión;
2. Constatar el quórum de asistencia a las sesiones permanentes con el orden del día correspondiente, por disposición del Presidente/a;
3. Levantar las actas de las sesiones permanentes;
4. Levantar las resoluciones que emita la Comisión Técnica;
5. Difundir las comunicaciones necesarias dispuestas por la Comisión Técnica y/o el/la Presidente/a de la misma Contabilizar los votos emitidos por los miembros de la Comisión Técnica y llevar un registro electrónico de los mismos;

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6. Mantener el archivo de lo actuado por la Comisión Técnica desde su inicio, hasta el cierre de sus funciones;
7. Grabar las sesiones de la Comisión Técnica y mantener el respectivo respaldo magnético o digital de las mismas, y;
8. Las demás determinadas por la Comisión Técnica y/o el/la Presidente/a de la misma de ser el caso.
Artículo 8.- De las responsabilidades de los miembros de la Comisión Técnica.- Los miembros que conforman la referida Comisión tendrán entre sus responsabilidades las siguientes:
1. Asistir a todas las sesiones permanentes convocadas por el presidente de la Comisión Técnica;
2. Nombrar formalmente un delegado/a ante su imposibilidad de asistencia el cual tendrá voz y voto en la o las sesiones a las que sea convocado/a y no asista el titular de la entidad a la que representa;
3. Emitir su voto o abstención durante la sesión; y,
4. Todas las demás responsabilidades que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto del Decreto Ejecutivo Nro.1026. de 24 de abril de 2020.

CAPÍTULO V
DE LAS SESIONES PERMANENTES
Artículo 9.- Sesiones permanentes.- Los miembros de la Comisión Técnica o sus delegados sesionarán de manera permanente en forma presencial, por video conferencia o cualquier otro medio electrónico con niveles apropiados de seguridad que permitan a todos sus miembros participar de forma efectiva en la sesión, adoptar decisiones en forma inequívoca y votar con claridad dejando constancia de la decisión tomada, por las características que tiene la misma dentro del marco del estado de excepción adoptadas por la emergencia sanitaria derivada de la presencia del COVID-19.
Artículo 10.- Convocatorias.- Conforme se indica en el artículo precedente, la Comisión Técnica, sesionará de forma permanente; sin embargo, en cualquier caso, las convocatorias a petición del Presidente/a la realizará el/la Secretario/a, a través de correo electrónico en el cual se incluirá obligatoriamente lo siguiente:
a.- Lugar, fecha y hora de sesión, y; b.- Orden del día.
Artículo 11.- Del quórum.- El quórum mínimo para la instalación de la sesión convocada será con la asistencia de la mitad más uno de los miembros o sus delegados/as (4), debiendo estar presente en todas las sesiones el/la Presidente/a/a; quien una vez comprobado el quórum declarará instalada la sesión.
En el caso de que a la hora señalada en la convocatoria, no se cuente con el quórum reglamentario, la sesión se instalará válidamente media hora después con los miembros presentes. Las decisiones que se tomen en el seno de la Comisión causarán ejecutoria y serán de aplicación obligatoria e inmediata por parte de todos los miembros y o sus delegados/as, incluso para los que no hubiesen asistido.
Artículo. 12.- Decisiones y resoluciones adoptadas por la Comisión Técnica.- Las decisiones y resoluciones de la Comisión Técnica, son de cumplimiento obligatorio y serán adoptados por mayoría simple de votos de sus miembros.
Al final de cada sesión, se dará lectura a las decisiones y resoluciones aprobadas.

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Las resoluciones y decisiones de la Comisión Técnica serán firmadas por el/la Presidente/ay Secretario/a.
Artículo 13.- Actas.- El registro de lo sesionado se levantará en actas las mismas que contendrán al menos lo siguiente:
1. Lugar, fecha y hora de inicio y término de la sesión;
2. Constatación del quórum de instalación;
3. Nómina de asistentes a la sesión;
4. Orden del día y su respectiva aprobación;
5. Resumen de las exposiciones, aspectos principales de los debates y deliberaciones;
6. Decisiones adoptadas; y,
7. Firmas del/la Presidente/a y Secretario/a.
Una vez elaboradas las actas de las sesiones de la Comisión Técnica, el/la Secretario/a remitirá las mismas a través de correo electrónico a los miembros de la Comisión para su revisión y aprobación en el plazo de veinte y cuatro (24) horas, de no recibir respuesta alguna por parte de los miembros en el plazo establecido para dicho efecto, se entenderá su conformidad y aprobación al texto propuesto.
Artículo 14.- Respaldo de las Actas.- Las sesiones de los miembros de la Comisión Técnica serán grabadas en formato digital.
Será obligación del o de la Secretario/a mantener grabaciones en formato digital, cuyo acceso se permitirá a los miembros bajo requerimiento formal.
DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA
El presente instructivo será puesto en conocimiento de todos sus miembros y aplicado de manera inmediata.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente instructivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Documento firmado electrónicamente

Econ. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero
DIRECTOR EJECUTIVO

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RAZÓN: A solicitud del Ing. Sebastián Montalvo, conforme Memorando Nro. URS-CGAF-DA-2020-0490-M en su calidad de DIRECTOR ADMINISTRATIVO y de conformidad a la delegación establecida en Resolución No. 002-2019-URS de 28 de junio de 2019, siento como tal que el documento que antecede en 7 hojas útiles, que fue generado a través del Sistema de Gestión Documental Quipux y que corresponde a la Resolución URS-DEJ-2020-0007-R del 24 de abril de 2020.
Quito, 24 de junio de 2020.