Registro Oficial No.830- Viernes 22 de Marzo de 2019 Edición Especial - Derecho Ecuador
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Registro Oficial No.830- Viernes 22 de Marzo de 2019 Edición Especial

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Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Viernes 22 de marzo de 2019 (R. O.830, 22 –marzo -2019) Edición Especial

Año II – Nº 830

Quito, viernes 22 de marzo de 2019

SUMARIO:

Págs.

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

ORDENANZAS MUNICIPALES:

-…………. Cantón Latacunga: Que fija las tasas y regula la ocupación y funcionamiento del centro comercial popular ubicado en el sector de El Salto

GADMC-MANTA No. 058 Cantón Manta: Que reforma a la Ordenanza reformatoria a la Ordenanza que regula la utilización, aprovechamiento y explotación del espacio público para la instalación de postes, tendido y despliegues de redes de servicios aéreos y soterradas, construcción e instalación de infraestructuras necesarias para la prestación de servicios eléctricos y telecomunicaciones, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 214 del jueves 27 de noviembre de 2014

-…………. Cantón Salcedo: Que expide el Reglamento de funcionamiento interno del mercado municipal La Tebaida

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: El estudio aborda la validez de pactar cláusulas penales acumulativas a la indemnización de daños y perjuicios, examinando las restricciones dogmáticas que históricamente se han aplicado en el país.

Hoy, en Ecuador, el estudio jurídico que liderará la próxima década no será el que tenga el edificio más lujoso, sino aquel cuyos abogados aprendan a dictarle a las máquinas cómo hacer el trabajo pesado, liberando la mente humana para lo que realmente importa: la estrategia, la argumentación y la justicia.

El debido proceso trasciende la categoría de una simple garantía formal para consolidarse como un derecho fundamental sustancial.

La institucionalidad de la administración de justicia y del activismo judicial de nuestros juzgadores, atraviesa tiempos de retos y desafíos; atraviesa un momento de desestabilización proveniente del exacerbado intervencionismo político e intromisión de poderes ajenos al de la función judicial.

La acción de protección se configura como un mecanismo de tutela constitucional cuya finalidad es proteger derechos constitucionales frente a actos u omisiones que generen su vulneración, en consecuencia, su procedencia exige la existencia de una afectación real y directa a un derecho constitucional

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