Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Viernes 23 de noviembre de 2018 (R. O.640, 23 -noviembre -2018) Edición Especial

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ACUERDO MINISTERIAL

N° 109

REFÓRMESE EL

ACUERDO MINISTERIAL

N° 061, PUBLICADO EN

LA EDICIÓN ESPECIAL

DEL REGISTRO OFICIAL

N° 316 DE 4 DE MAYO DE

2015

2 – Viernes 23 de noviembre de 2018 Edición Especial N° 640 – Registro Oficial

ACUERDO No.109

Humberto Cholango Tipanluisa Ministro del Ambiente (E)

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 1 del artículo 154, faculta a las Ministras y Ministros de Estado, a ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su gestión;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 227 la Constitución de la República del Ecuador dispone que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 395 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce como principio ambiental que las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional;

Que, el artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles;

Que, el artículo 398 de la Constitución de la República del Ecuador señala que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente;

Que, el artículo 78 de la Ley de Minería determina que el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, será dictado por el ministerio del ramo y establecerá los requisitos y procedimientos para la aplicación del referido artículo;

Que, el artículo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

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señala: «Los actos normativos podrán ser derogados, o reformados por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere conveniente. Se entenderá reformado tácitamente un acto normativo en la medida en que uno expedido con posterioridad contenga disposiciones contradictorias o diferentes al anterior. (…)»

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 02 de 31 de marzo de 2003, se expidió el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente;

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 849, publicado en el Registro Oficial No. 522 de 29 de agosto 2011, faculta al Ministerio del Ambiente, que por tratarse de su ámbito de gestión, a expedir mediante Acuerdo Ministerial, las normas que estime pertinentes para sustituir el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en la Edición Especial No. 02 del Registro Oficial de 31 de marzo de 2003;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 037 publicado en el Registro Oficial No. 123 de 27 de marzo de 2014, se expidió la reforma del Reglamento Ambiental de Actividades, el cual ha sido reformado por los Acuerdos Ministeriales No. 244, publicado en el Registro Oficial No. 336 de 18 de septiembre de 2014, Acuerdo Ministerial No. 080, publicado en el Registro Oficial No. 520 de 11 junio de 2015; y Acuerdo Ministerial No. 69, publicado en el Registro Oficial No. 795 de 12 de julio de 2016;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo de 2015, se reformó el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente;

Que, mediante oficio dirigido a la Ministra del Ambiente No. T1.C1-SGJ-14-226, el Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, manifiesta que el «artículo 78 de la Ley de Minería, reformada mediante ley publicada en el Registro Oficial Suplemento 37 del 16 de julio del 2013 establece que corresponde al ministerio del ramo, esto es, el Ministerio del Ambiente, expedir el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras»;

Que, mediante memorando Nro. MAE-CGJ-2018-0108-M de 11 de enero de 2018, la Coordinación General Jurídica puso en su conocimiento de las Direcciones Provinciales del Ambiente que esta Cartera de Estado se encuentra en proceso de reforma del Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo de 2015; en este sentido y a fin de contar con los aportes de las mismas se convocó a una reunión (modalidad videoconferencia) para el día lunes 15 de enero de 2018;

Que, mediante memorando No. MAE-SCA-2018-0037-M de 18 de enero de 2018, la Subsecretaría de Calidad Ambiental remitió a la Coordinación General Jurídica el informe técnico No. 0012-18-ULA-SCA-MAde 17 de enero de 2018, mediante el cual se concluye que sobre la base de las justificaciones técnicas establecidas para cada reforma del articulado del Acuerdo Ministerial No. 061, constantes en las tablas 1 y 2 del referido informe técnico es necesario realizar las modificaciones evidenciadas en el nuevo texto propuesto; y, recomienda a la Coordinación General Jurídica realice las modificaciones y reformas necesarias al mencionado Acuerdo;

Que, mediante memorando Nro. MAE-CGAF-2018-0036-M de 18 de enero de 2018, la Coordinación General Administrativa Financiera solicita a esta Coordinación considerar para reforma del Acuerdo Ministerial Nro. 061 suscrito el 07 de abril de 2015, lo concerniente a las pólizas, considerando que mediante Memorando Nro. MAE-CGAF-2017-0757-M, de fecha 20 de diciembre de 2017, se evidenció el estado

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de varias pólizas y/o garantías bancarias de Planes de Manejo Ambiental, con el fft de que se realicen las acciones legales pertinentes;

Que, mediante oficio No. MAE-CGJ-2018-0084-O de 30 de enero de 2018, la Coordinación General Jurídica remitió al Ministerio de Minería la propuesta de reforma del Acuerdo Ministerial No. 061 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en el Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo del 2015; solicitando remitir su conformidad con el mismo y de esta forma continuar con el proceso de reforma; al respecto dicha Cartera de Estado, manifiesta su conformidad a través de los Oficios No. MM-CGJ-2018-0023-OF de 05 de febrero de 2018 y No. MM-CGJ-2018-0031-OF de 28 de febrero de 2018;

Que, mediante Oficio Nro. MAE-CGJ-2018-0087-O de 30 de enero de 2018, la Coordinación General Jurídica remitió a los Ministerios de Hidrocarburos y Electricidad la propuesta de reforma del Acuerdo Ministerial No. 061 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en el Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo del 2015, a fin de que los mismos emitan sus observaciones; las cuales fueron remitidas a esta Cartera de Estado mediante Oficio Nro. MH-SGPSH-2018-0021-OF de 14 de febrero de 2018 y Nro. MINTEL-CGJ-2018-0007-O de 01 de marzo de 2018; respectivamente;

Que, mediante memorando Nro. MAE-CGJ-2018-1671-M de 06 de junio de 2018, la Coordinación General Jurídica del Ministerio del Ambiente informó a la Subsecretaría de Calidad Ambiental que por cuanto con fecha 13 de abril de 2018 entró en vigencia el Código Orgánico del Ambiente se deberá considerar este nuevo marco normativo en el proceso de reforma del Acuerdo Ministerial No. 061;

Que, mediante memorando Nro. MAE-CGJ-2018-2015-M de 05 de julio de 2018, la Coordinación General Jurídica del Ministerio del Ambiente, solicitó a la Subsecretaría de Calidad Ambiental el Informe Técnico referente a la reforma del Acuerdo Ministerial No. 061;

Que, mediante memorando Nro. MAE-CGJ-2018-2139-M de 17 de julio de 2018, la Coordinación General Jurídica del Ministerio del Ambiente remitió a todas las Subsecretarías de esta Cartera de Estado la propuesta de Reforma del Acuerdo Ministerial No. 061, a fin de que sea revisado y observado;

Que, mediante memorando No. MAE-SCA-2018-0546-M de 09 de agosto de 2018, la Subsecretaría de Calidad Ambiental remitió a la Coordinación General Jurídica el Informe Técnico No. 0013-18-ULA-SCA-MA de 07 de agosto de 2018, con la propuesta de las Reformas al Acuerdo Ministerial No. 061, en concordancia a los nuevos lineamientos del Código Orgánico del Ambiente;

Que, mediante memorando Nro. MAE-SGMC-2018-0784-M de 09 de agosto de 2018, la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera de esta Cartera de Estado, remitió el borrador del Acuerdo Ministerial Nro. 061 con las observaciones realizadas por la misma:

Que, mediante Memorando Nro. MAE-DNF-2018-4598-M de 17 de agosto de 2018, la Dirección Nacional Forestal remitió el borrador del Acuerdo Ministerial Nro. 061 con las observaciones realizadas por la misma;

Que, mediante memorandos No. MAE-SCA-2018-0627-M de 17 de septiembre de 2018 y No. MAE-SCA-2018-0631-M, de 20 de septiembre de 2018, la Subsecretaría de Calidad Ambiental realizó alcances al Informe Técnico No. 0013-18-ULA-SCA-MA de 07 de agosto de 2018;

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Que, mediante Oficio Nro. MAE-MAE-2018-1715-O de 19 de septiembre de 2018, la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 439 de 6 de julio de 2018, remite para conocimiento del Ministro Consejero, el proyecto de reforma del Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en el Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo de 2015 (LIBRO VI DEL TULSMA);

Que, mediante Oficio Nro. MERNNR-2018-0078-OF de 21 de septiembre de 2018, el Ministerio Consejero, remite las observaciones a la propuesta de reforma del Acuerdo Ministerial No. 061;

Que, mediante actas de reunión de los días 25 y 26 de septiembre de 2018, se dejó constancia del consenso alcanzado entre el Ministerio Ambiente y el Ministerio de Energía, Recursos Naturales No Renovables, respecto de la propuesta de reforma; y,

En uso de las facultades que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador;

ACUERDA:

Artículo 1.- Reformar el Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo de 2015; mediante el cual se expidió la reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente; de conformidad con las disposiciones del presente instrumento.

Art. 2.- Sustitúyase el contenido de los artículos 18 y 19, por el siguiente:

«Modificación del proyecto, obra o actividad.- Para efectos de lo previsto en el artículo 176 del Código Orgánico del Ambiente, en sus numerales 1, 2 y 3, el nuevo proceso de regularización ambiental al que se refiere el mencionado artículo culminará con la expedición de una nueva autorización administrativa, la cual extinguirá la autorización administrativa anterior; para lo cual, el operador deberá encontrarse al día en la presentación de las obligaciones derivadas de la autorización administrativa vigente, así como las dispuestas por la Autoridad Ambiental Competente.

Para efectos de lo previsto en el penúltimo inciso del artículo 176 del Código Orgánico del Ambiente, la inclusión de las modificaciones o ampliaciones se hará mediante pronunciamiento de la Autoridad Ambiental Competente; el acto administrativo que se expida para el efecto modificará el instrumento legal mediante el que se regularizó la actividad, incorporándose al mismo los derechos, obligaciones y provisiones que sean del caso.

Para efectos de lo previsto en el inciso final del artículo 176 del Código Orgánico del Ambiente, el operador deberá realizar una actualización del Plan de Manejo Ambiental, la cual será aprobada por la Autoridad Ambiental Competente.

Previo al pronunciamiento respecto de la generación de actividades adicionales de mediano o alto impacto, o de la generación de actividades adicionales de bajo impacto del proyecto, obra o actividad ambiental que ya cuenta con una autorización administrativa, la Autoridad Ambiental Competente, podrá ejecutar una inspección a fin de determinar la magnitud del impacto generado por la modificación, ampliación o adición de actividades.

Una vez definida la magnitud del impacto, la Autoridad Ambiental Competente, en el plazo máximo de un (1) mes, emitirá el pronunciamiento que disponga el procedimiento que deberá seguir el operador.

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Cuando el proyecto, obra o actividad requiera desplazarse a otro lugar dentro del área licenciada, de forma previa, el operador deberá comunicar sobre dicho desplazamiento a la Autoridad Ambiental Competente, para obtener el pronunciamiento correspondiente.

Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una normativa ambiental específica, se regirán bajo la misma y de manera complementaria con el presente Libro».

Art. 3.- Incorpórese un artículo posterior al artículo 19, con el siguiente contenido:

«Regularización en caso de varias fases de gestión de sustancias químicas peligrosas, residuos y desechos peligrosos y/o especiales.- Las personas naturales o jurídicas cuyo proyecto, obra o actividad involucre la prestación de servicios que incluya varias fases de la gestión de sustancias químicas peligrosas, residuos y desechos peligrosos y/o especiales, deberán regularizar su actividad a través de una sola autorización administrativa, según lo determine la Autoridad Ambiental Nacional, cumpliendo con la normativa aplicable».

Art. 4.- Incorpórese un artículo posterior al artículo 20, con el siguiente contenido:

«Del cambio de operador del proyecto, obra o actividad durante el proceso de regularización ambiental.- Durante el trámite para el otorgamiento de la autorización administrativa ambiental, mediante petición escrita del operador y adjuntando la justificación técnica y legal correspondiente, se podrá realizar el cambio de operador; lo cual no afectará la tramitación del proceso de regularización ambiental ante la Autoridad Ambiental Competente.

El cambio de operador no altera los plazos administrativos del proceso de regularización ambiental».

Art. 5.- Sustitúyase el contenido el artículo 23, por el siguiente:

«Certificado Ambiental.- En los casos de proyectos, obras o actividades con impacto ambiental no significativo, mismos que no conllevan la obligación de regularizarse, la Autoridad Ambiental Competente emitirá un certificado ambiental. Los operadores de las actividades con impacto ambiental no significativo, observarán, las guías de buenas prácticas ambientales que la Autoridad Ambiental Nacional emita según el sector o la actividad; en lo que fuere aplicable,

Para su obtención el operador ingresará la información que se solicite a través del Sistema Único de Información Ambiental y las coordenadas de ubicación del proyecto, obra o actividad para obtener el certificado de intersección. Este proceso determinará la necesidad de obtener la viabilidad técnica por parte de la Subsecretaría de Patrimonio Natural o las unidades de Patrimonio Natural de las Direcciones Provinciales del Ambiente, según corresponda.

La obtención del Certificado Ambiental culminará con la descarga de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, correspondiente a la actividad seleccionada, misma que deberá ser implementada por el operador, en lo que fuere aplicable; sin perjuicio de que como todo operador de un proyecto, para o actividad, deba conocer y observar la integridad de la normativa ambiental aplicable”.

Art. 6.- Sustitúyase el contenido el artículo 24, por el siguiente:

«Registro ambiental.- La Autoridad Ambiental Competente, a través del Sistema Único de Información Ambiental, otorgará la autorización administrativa ambiental para obras, proyectos o actividades con bajo impacto ambiental, denominada Registro Ambiental.

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Los operadores de proyectos, obras o actividades, deberán cumplir con las obligaciones que se deriven del registro ambiental, además de lo dispuesto en la normativa aplicable.

Para la obtención del registro ambiental no es obligatoria la contratación de un consultor acreditado».

Art. 7.- Inclúyase los siguientes artículos, posteriores al artículo 24:

«Art. (…).- Proceso de obtención de registro ambiental.- Para la obtención del registro ambiental, el operador deberá:

1. Registrar en el Sistema Único de Información Ambiental el proyecto, obra o actividad a regularizarse;
2. Obtener el certificado de intersección; del cual se determinará la necesidad de obtener la viabilidad técnica por parte de la Subsecretaría de Patrimonio Natural o las unidades de Patrimonio Natural de las Direcciones Provinciales del Ambiente, según corresponda.
3. Ingresar la información requerida en el formulario de registro ambiental, a través del Sistema Único de Información Ambiental;
4. Descargar los formatos para la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana;
5. Realizar los procesos de participación ciudadana, de acuerdo a lo establecido en el presente instrumento;
6. Subir el informe de sistematización del proceso de participación ciudadana al Sistema Único de Información Ambiental;
7. Elaborar la matriz de observaciones recogidas durante el proceso de participación ciudadana, en la cual se detalle las que fueron acogidas y la justificación de las que no fueron incorporadas;
8. Realizar los pagos por servicios administrativos en los lugares indicados por la Autoridad Ambiental Competente.

Una vez cumplido el procedimiento contemplado en el presente artículo, el registro ambiental será emitido y publicado por la Autoridad Ambiental Competente a través del Sistema Único de Información Ambiental».

«Art. (…).- Actualización del registro ambiental. – Los operadores cuyos proyectos, obras o actividades, se encuentren regularizados mediante registro ambiental y requieran la ejecución de actividades complementarias, solicitarán a la Autoridad Ambiental Competente, mediante el Sistema Único de Información Ambiental, la actualización del registro ambiental para lo cual deberán adjuntar la correspondiente ficha de registro y su plan de manejo ambiental.

La actualización del registro procederá siempre que la inclusión de las actividades complementarias no conlleve la necesidad de obtener una licencia ambiental».

Art. 8.- Incorpórese un artículo posterior al artículo 25, con el siguiente contenido:

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«Art. (…).- Inicio del proceso de licenciamiento ambiental. – Para obtener la licencia ambiental, el operador iniciará el proceso de regularización ambiental a través del Sistema

Único de Información Ambiental, donde ingresará:

a. Información detallada del proyecto, obra o actividad;

b. El estudio de impacto ambiental; y

c. Los demás requisitos exigidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable».

«Art. (…).- Requisitos de la licencia ambiental. – Para la emisión de la licencia ambiental, se requerirá, al menos, la presentación de los siguientes documentos:

1. Certificado de intersección; del cual se determinará la necesidad de obtener la viabilidad técnica por parte de la Subsecretaría de Patrimonio Natural o las unidades de Patrimonio Natural de las Direcciones Provinciales del Ambiente, según corresponda;
2. Términos de referencia, de ser aplicable;
3. Estudio de impacto ambiental;
4. Proceso de Participación Ciudadana;
5. Pago por servicios administrativos; y,
6. Póliza o garantía respectiva.

Art. 9.- Incorpórese los siguientes artículos posteriores al artículo 29, con el siguiente contenido:

«Art. (…).- Estudio de impacto ambiental. – Es un documento que proporciona información técnica necesaria para la predicción, identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales y socio ambientales derivados de un proyecto, obra o actividad. El estudio de impacto ambiental contendrá la descripción de las medidas específicas para prevenir, mitigar y controlar las alteraciones ambientales resultantes de su implementación.

Los operadores elaborarán los estudios de impacto ambiental con base en los formatos y requisitos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional. «

«Art. (…).- Contenido de los estudios de impacto ambiental.- Los estudios de impacto ambiental se elaborarán por consultores acreditados ante la entidad nacional de acreditación conforme los parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional y deberán contener al menos los siguientes elementos:

a) Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto y las actividades a realizarse con la identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas;

b) Análisis de alternativas de las actividades del proyecto;

c) Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las respectivas autorizaciones administrativas para la utilización de dichos recursos;

d) Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de los componentes físicos, bióticos y los análisis socioeconómicos y culturales;

e) Inventario forestal, de ser aplicable;

f) Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles;

g) Análisis de riesgos

h) Evaluación de impactos ambientales y socioambientales;

i) Plan de manejo ambiental y sus respectivos subplanes; y

j) Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional”.

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El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las opiniones y observaciones que sean técnica y económicamente viables, generadas en la fase informativa del proceso de participación ciudadana.

De igual forma se anexará al estudio de impacto ambiental toda la documentación que respalde lo detallado en el mismo»

«Art. (…).- Revisión preliminar.- Es el proceso realizado por la Autoridad Ambiental Competente, para los proyectos, obras o actividades del sector hidrocarburífero, en el cual se define si los Estudios de Impacto Ambiental, los Estudios Complementarios y Reevaluaciones contienen la información requerida respecto al alcance técnico y conceptual, a fin de iniciarla fase informativa del proceso de participación ciudadana. En el caso de que el referido estudio no contenga la información requerida será observado por una sola ocasión, a través del instrumento correspondiente; de no ser absueltas las observaciones por el operador, se archivará el proceso de regularización ambientar

«Art. (…).- Análisis del estudio de impacto ambiental.- La Autoridad Ambiental Competente analizará y evaluará el estudio de impacto ambiental presentado, verificando su cumplimiento con los requisitos establecidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable. La Autoridad Ambiental Competente tendrá un plazo máximo de cuatro (4) meses para emitir el pronunciamiento correspondiente. La Autoridad Ambiental Competente podrá realizar inspecciones in situ al lugar del proyecto, obra o actividad con la finalidad de comprobar la veracidad de la información proporcionada.

La Autoridad Ambiental Competente notificará al operador las observaciones realizadas al estudio de impacto ambiental y de ser el caso, requerirá información o documentación adicional al operador. En caso de no existir observaciones la Autoridad Ambiental Competente iniciará el proceso de participación ciudadana».

«Art. (…).- Reunión Aclaratoria.- Una vez notificadas las observaciones por parte de la Autoridad Ambiental Competente, el operador dispondrá de un término de diez (10) días para solicitar una reunión aclaratoria con la Autoridad Ambiental Competente.

En esta reunión se aclararán las dudas del operador a las observaciones realizadas por la Autoridad Ambiental Competente. En caso de que el operador no solicite a la Autoridad Ambiental Competente la realización de dicha reunión, se continuará con el proceso de regularización ambiental.

La Autoridad Ambiental Competente deberá fijar fecha y hora para la realización de la reunión, misma que no podrá exceder del término de quince (15) días contados desde la fecha de presentación de la solicitud por parte del operador. La reunión aclaratoria se podrá realizar únicamente en esta etapa y por una sola vez durante el proceso de regularización ambiental.

A la reunión deberá asistir el operador o representante legal en caso de ser persona jurídica, o su delegado debidamente autorizado, y el consultor a cargo del proceso. Por parte de la Autoridad Ambiental Competente deberán asistirlos funcionarios encargados del proceso de regularización».

«Art. (…).- Subsanación de observaciones- El operador contará con el término de 30 días improrrogables, contados desde la fecha de la reunión aclaratoria, para solventar las observaciones del estudio de impacto ambiental y entregar la información requerida por la Autoridad Ambiental Competente. En caso de no haber solicitado la reunión informativa, el

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término para subsanarlas observaciones correrá desde el vencimiento del plazo para solici dicha reunión.

Si el operador no remitiere la información requerida en los términos establecidos, la Autoridad Ambiental Competente ordenará el archivo del proceso.

La Autoridad Ambiental Ambiental Competente se pronunciará en un plazo máximo de 30 días, respecto de las respuestas a las observaciones ingresadas por el operador. «.

«Art. (…).- Proceso de participación ciudadana.- Una vez solventadas las observaciones al estudio de impacto ambiental o realizada la revisión preliminar y cumplidos los requerimientos solicitados por la Autoridad Ambiental Competente se iniciará el proceso de participación ciudadana según el procedimiento establecido para el efecto.

Una vez cumplida la fase informativa del proceso de participación ciudadana, la Autoridad Ambiental Competente en el término de diez (10) días, notificará al operador sobre la finalización de dicha fase y dispondrá la inclusión, en el Estudio de Impacto Ambiental, de las opiniones u observaciones que sean técnica y económicamente viables en el término de quince (15) días.

Concluido este término el operador deberá presentar a la Autoridad Ambiental Competente la inclusión de las opiniones u observaciones generadas. La Autoridad Ambiental Competente en el plazo de un (1) mes se pronunciará sobre su cumplimiento y dará paso a la etapa consultiva del proceso de participación ciudadana.

De verificarse que no fueron incluidas las observaciones u opiniones técnica y económicamente viables recogidas en la etapa informativa o que no se presentó la debida justificación de la no incorporación de las mismas; la Autoridad Ambiental Competente, solicitará al operador, la inclusión o justificación correspondiente por una sola ocasión, para el efecto el operador contará con el término de 5 días. De reiterarse el incumplimiento se procederá con el archivo del proceso de regularización ambiental.

Para los procesos de participación ciudadana del sector hidrocarburífero, se aplicará lo ciclos de revisión del estudio ambiental.

«Art. (…).- Pronunciamiento favorable – Una vez finalizada y aprobada la fase informativa del proceso de participación ciudadana y verificada la incorporación de las observaciones técnica y económicamente viables, se emitirá el pronunciamiento favorable del estudio de impacto ambiental y se iniciará la fase consultiva del proceso de participación ciudadana, conforme el procedimiento establecido para el efecto».

“Art. (…).- Pronunciamiento del Proceso de Participación Ciudadana.- Una vez realizada la fase consultiva y cerrado el proceso de participación ciudadana o emitida la resolución a la que se refiere el inciso segundo del artículo 184 del Código Orgánico del Ambiente, el operador deberá presentarla póliza de responsabilidad ambiental y los comprobantes de pago por servicios administrativos en el término de treinta (30) días. En caso de no presentar estos documentos, la Autoridad Ambiental Competente archivará el proceso.

Una vez presentados los documentos señalados en el inciso precedente, la Autoridad Ambiental Competente emitirá la licencia ambiental en un término de diez (10) días».

«Art. (…).- Resolución administrativa.- La Autoridad Ambiental Competente notificará al operador del proyecto, obra o actividad con la resolución de la licencia ambiental, en la que se detallará las condiciones y obligaciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad.

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Dicha resolución deberá contener:

1. Las consideraciones legales y técnicas que sirvieron de base para el pronunciamiento y aprobación del estudio de impacto ambiental;
2. Las consideraciones legales y técnicas sobre el proceso de participación ciudadana, conforme la normativa ambiental aplicable;
3. La aprobación del estudio de impacto ambiental y el otorgamiento de la licencia ambiental;
4. Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra o actividad; y,

e) Otras que la Autoridad Ambiental Competente considere pertinente, en función de la naturaleza o impacto del proyecto, obra o actividad».

«Art. (…).- Estudios Complementarios.- Para el caso de estudios complementarios se atenderá al procedimiento descrito para la aprobación de estudios de impacto ambiental, en lo que fuere aplicable».

Art. 10.- Sustitúyase el contenido del artículo 36, por el siguiente:

«De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión de información dentro del proceso de regularización ambiental, la Autoridad Ambiental Competente podrá solicitar entre otros, los siguientes requisitos:

1. Modificación del proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo las correspondientes alternativas;
2. Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el estudio ambiental, siempre y cuando éstas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto, obra o actividad;
3. Realización de correcciones a la información presentada en el estudio ambiental;
4. Realización de análisis complementarios o nuevos.

La Autoridad Ambiental Competente revisará la información, emitirá observaciones por una vez, notificará al operador para que las acoja y sobre estas respuestas, podrá requerir al operador información adicional para su aprobación final. Si estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado».

Art. 11.- Elimínese el artículo 37.

Art. 12.- Inclúyase un inciso al final del artículo 38, con el siguiente contenido:

«Para los proyectos, obras o actividades, que no mantengan vigente la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, se procederá con la inmediata suspensión de la Licencia Ambiental y en consecuencia del proyecto, obra o actividad, hasta que la misma sea renovada.

Las unidades administrativas financieras o las que hicieran sus veces de la Autoridad Ambiental Competente deberán reportar de manera semestral la vigencia de las pólizas o garantías de fiel

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cumplimiento o cuando la referida Autoridad lo requiera, a las unidades jurídicas a fin de c$e se inicien las acciones administrativas correspondientes.»

Art. 13.- Inclúyase lo siguientes artículos posteriores al artículo 40, con el siguiente contenido:

«Arí. (…).- De las obligaciones en los permisos ambientales.- Las licencias ambientales serán emitidas por la Autoridad Ambiental Competente únicamente cuando el estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental cumplan con todos los requerimientos técnicos en relación a los componentes físicos, bióticos, forestales y sociales.

En la licencia ambiental no podrán establecerse como obligaciones, la presentación de información complementaria que forme parte de los estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental.»

«Art. (…).- Extinción de la autorización administrativa ambiental. – La extinción de la autorización administrativa ambiental procederá de oficio o a petición del operador, una vez cumplidas las obligaciones que se hayan derivado hasta la fecha de inicio del procedimiento por parte de la autoridad o hasta la fecha de presentación de la solicitud por parte del operador; respectivamente.

De ser el caso, previo a la extinción de la autorización administrativa ambiental, el operador debe presentar y cumplir en su totalidad el plan de cierre y abandono correspondiente.

El acto administrativo extinguirá las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas ambientales concedidas sobre el proyecto, obra o actividad en cuestión, sin perjuicio de las obligaciones de reparación integral que puedan subsistir.»

«Art. (…).- Duplicidad de permisos. – Ningún operador podrá ostentar más de un permiso ambiental sobre la misma fase o etapa de una obra, proyecto o actividad’.

«Art. {…).- Unificación de autorizaciones administrativas ambientales. – La Autoridad Ambiental Competente podrá emitir, de oficio o a petición de parte, mediante el correspondiente acto administrativo, la unificación de autorizaciones administrativas ambientales de proyectos, obras o actividades, cuando el operador y el objeto de los proyectos a integrarse sean los mismos, y conforme se haya determinado mediante un informe técnico motivado de factibilidad».

«Art. (…).- Prohibición de obtención de permisos de menor categoría. – Los operadores de obras, proyectos o actividades, no podrán fraccionar, subdividir, segmentar, parcelar, seccionar o separarlas actividades a su cargo, con la finalidad de obtener permisos ambientales de inferior categoría a las requeridas por el tipo de impacto ambiental.

De verificarse que el operador ha incurrido en la prohibición antes descrita se iniciarán las acciones administrativas correspondientes, de conformidad con lo previsto en el Título IV, Capítulo I de las Infracciones Administrativas Ambientales del Código Orgánico del Ambiente; sin perjuicio de las demás acciones legales a las que hubiere lugar. ”

“Art. (…).- Prevalencia de autorizaciones. – En caso de existir diferentes actividades asociadas al mismo proyecto, obra o actividad, el operador deberá obtener el permiso ambiental referente a la actividad que genere mayor impacto ambiental, debiendo extinguirse cualquier otro permiso que existiese una vez emitida la nueva autorización administrativa ambiental.

La presente disposición será aplicable en aquellos casos que no incurran en lo previsto en el artículo 2 de la presente reforma, referente a la modificación del proyecto, obra o activida»

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«Art. (…).- Fraccionamiento de un área. – El operador del proyecto, obra emotividad, que cuente con la autorización administrativa ambiental y «decida fraccionar su área de intervención, deberá actualizar el plan de manejo ambiental y su póliza de responsabilidad ambiental, a fin de que sean acordes a lo modificado por dicho fraccionamiento.

Los operadores de proyectos, obras o actividades que se encuentren realizando dicho procedimiento podrán continuar ejecutando sus actividades, bajo las mismas condiciones que regían la autorización administrativa original, hasta que se modifique o reforme la referida autorización administrativa ambiental, siempre y cuando sea el mismo operador.

Los operadores a los que se les atribuya el área de intervención que se fracciona del área principal deberán iniciar un nuevo proceso de regularización ambiental»

Art. 14.- Elimínese el artículo 41.

Art.15.- Sustitúyase el contenido del artículo 43, por el siguiente:

«Plan de cierre y abandono.- El operador de los proyectos, obras o actividades, regularizados y no regularizados que requieran el cierre y abandono, deberá presentar el correspondiente plan o su actualización, de ser el caso, con la documentación de respaldo correspondiente.

El operador no podrá iniciar la ejecución del plan de cierre y abandono sin contar con la aprobación del mismo por parte de la Autoridad Ambiental Competente.

El plan de cierre y abandono deberá incluir, como mínimo:

1. La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de la fase de cierre y abandono;
2. Las medidas de manejo del área, las actividades de restauración final y demás acciones pertinentes;
3. Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de cierre y abandono;

y,

d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos y la presentación de los documentos que demuestren el cumplimiento de las mismas, de ser el caso.

La Autoridad Ambiental Competente deberá aprobar, observar o rechazar la solicitud en el plazo máximo de un (1) mes, previo a la realización de una inspección in situ para determinar el estado del proyecto y elaborar las observaciones pertinentes.

Una vez cumplido este procedimiento, el operador deberá presentar un informe o auditoría, según corresponda al tipo de autorización administrativa ambiental, de las actividades realizadas, lo cual deberá ser verificado por la Autoridad Ambiental Competente mediante una Inspección in situ.

Una vez presentadas las obligaciones indicadas la Autoridad Ambiental Competente, deberá, mediante acto administrativo, extinguir la autorización administrativa ambiental del operador, de ser aplicable.

Para el caso de los proyectos, obras o actividades no regularizados, se aplicarán las sanciones correspondientes».

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Art. 16.- Sustitúyase el capítulo V de La Participación Social, por el siguiente:

CAPÍTULO V

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA REGULARIZARON

AMBIENTAL

CONSIDERACIONES GENERALES

Art. (…).- DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE REGULARIZARON AMBIENTAL.- La participación ciudadana en los procesos de regularización ambiental de proyectos, obras o actividades que puedan causar impactos socioambientales se regirá por los principios de oportunidad, interculturalidad, buena fe, legitimidad y representatividad, y se define como un esfuerzo de deliberación pública entre el Estado, la población que podría ser directamente afectada y el operador, de forma previa al otorgamiento de las autorizaciones administrativas ambientales correspondientes.

Art. (…).- OBJETO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL.- La participación ciudadana en la regularización ambiental tiene por objeto dar a conocer los posibles impactos socioambientales de un proyecto, obra o actividad así como recoger las opiniones y observaciones de la población que habita en el área de influencia directa social correspondiente, para cumplir con los derechos de participación y el deber de informar y consultar.

Art. (…).-ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- El Proceso de Participación Ciudadana (PPC) se realizará de manera obligatoria para la regularización ambiental de todos los proyectos, obras o actividades de bajo, mediano y alto impacto ambiental.

Art. (…).- MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- Los procesos de participación ciudadana se realizarán de manera previa al otorgamiento de las autorizaciones administrativas ambientales correspondientes.

Art. (…).- AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.- Tanto la Autoridad Ambiental Nacional como los Gobiernos Autónomos Descentralizados acreditados ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, podrán actuar como Autoridad Ambiental Competente, dependiendo del caso y en el marco de sus competencias; misma que se encargará del control y administración institucional de los Procesos de Participación Ciudadana (PPC).

Art. (…).- DEL FINANCIAMIENTO: Los costos para cubrir los procesos de participación ciudadana serán asumidos por el operador.

Art. (…).- SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL: Los procesos de participación ciudadana en la regularización ambiental se aplicarán respecto de la población que podría verse afectada de manera directa por posibles impactos socioambientales generados por un proyecto, obra o actividad que se encuentre

Art. (…).- ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOCIAL.- Es aquella que se encuentre ubicada en el espacio que resulte de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social y ambiental donde se derrollará.

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La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se produce en unidades individuales, tales como fincas, viviendas, predios o territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral; y organizaciones sociales de primer y segundo orden, tales como comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y comunidades.

En el caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del proyecto estuviera sujeta a factores externos a los considerados en el estudio u otros aspectos técnicos y/o ambientales posteriores, se deberá presentar las justificaciones del caso debidamente sustentadas para evaluación y validación de la Autoridad Ambiental Competente; para lo cual la determinación del área de influencia directa se hará a las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos titulares de derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador.

Art. (…).- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en la ley, se establecen como mecanismos de participación ciudadana en la regularización ambiental, los siguientes:

1. Asamblea de presentación pública.- Acto que convoca a la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, en el que se presenta de manera didáctica y adaptada a las condiciones socio-culturales locales, el Estudio Ambiental del proyecto, obra o actividad por parte del operador. En la asamblea se genera un espacio de diálogo donde se responden inquietudes sobre el proyecto, obra o actividad y se receptan observaciones y opiniones de los participantes en el ámbito socioambiental. En esta asamblea deberá estar presente el operador, el facilitador designado y el/los responsables del levantamiento del Estudio Ambiental.
2. Talleres de socialización ambiental.- Se podrán realizar talleres que permitan al operador conocer las percepciones de la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad para insertar medidas mitigadoras y/o compensatorias en su Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a la realidad del entorno donde se propone el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
3. Taller Informativo.- Mecanismo a través del cual se reforzará la presentación del Estudio Ambiental que cuenta con pronunciamiento favorable por parte de la Autoridad Ambiental Competente a los habitantes del área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad.
4. Reparto de documentación informativa sobre el proyecto.
5. Página web: Mecanismo a través del cual todo interesado pueda acceder a la información del proyecto, obra o actividad, en línea a través del Sistema Único de Información Ambiental, así como otros medios en línea que establecerá oportunamente la Autoridad Ambiental Competente.
6. Centro de Información Pública: En el Centro de Información Pública se pondrá a disposición de la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, el Estudio Ambiental, así como documentación que contenga la descripción del proyecto, obra o actividad y el Plan de Manejo correspondiente; mismo que estará ubicado en un lugar de fácil acceso, y podrá ser fijo o itinerante, y donde deberá estar presente un representante del operador y el/los responsables del levantamiento del Estudio Ambiental. La información deberá ser presentada de una forma didáctica y clara, y como mínimo, contener la descripción del

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proyecto, mapas de ubicación de las actividades e infraestructura del proyecto, comunidades y predios, g) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.

Sin perjuicio de las disposiciones previstas en este reglamento, la Autoridad Ambiental Competente, dentro del ámbito de sus competencias, pueden incorporar particularidades a los mecanismos de participación ciudadana para la gestión ambiental, con el objeto de permitir su aplicabilidad, lo cual deberá ser debidamente justificado.

Art. (…).- MEDIOS DE CONVOCATORIA.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley, se establecen como medios de convocatoria para la participación ciudadana en la regularización ambiental, los siguientes:

1. Publicación en un medio de difusión masiva con cobertura en las áreas de influencia del proyecto, obra o actividad, tales como prensa, radio, o televisión, entre otros.
2. Carteles informativos ubicados en el lugar de implantación del proyecto, obra o actividad en las carteleras de los gobiernos seccionales, en los lugares de mayor afluencia pública del área de influencia directa social, entre otros, según lo establecido en virtud de la visita previa del facilitador ambiental.
3. Comunicaciones escritas a las que se adjuntará el resumen ejecutivo del Estudio Ambiental, en un formato didáctico y accesible, aplicando los principios de legitimidad y representatividad. Para la emisión de dichas comunicaciones, entre otros, se tomará en cuenta a:

1. Las personas que habiten en el área de influencia directa social, donde se llevará a cabo el proyecto, obra o actividad que implique impacto ambiental.
2. Los miembros de organizaciones comunitarias, indígenas, afroecuatorianas, montubias, de género, otras legalmente existentes o de hecho y debidamente representadas; y,
3. Autoridades del gobierno central y de los gobiernos seccionales relacionados con el proyecto, obra o actividad;

La comunicación incluirá un extracto del proyecto, obra o actividad y la dirección de la Página Web donde se encontrará publicado el Estudio Ambiental y su resumen ejecutivo, en un formato didáctico y accesible.

Art. (…).- USO DE LENGUAS PROPIAS.- En caso de proyectos, obras o actividades que se desarrollen en zonas donde exista presencia de comunidades de pueblos y nacionalidades indígenas, las convocatorias al Proceso de Participación Ciudadana deberán hacerse en castellano y en las lenguas propias del área de influencia directa del proyecto, obra o actividad.

El Centro de Información Pública deberá contar con al menos un extracto del proyecto, obra o actividad traducido a la lengua de las nacionalidades locales. Además, el operador de! proyecto deberá asegurar la presencia de un traductor lingüístico para la presentación del Estudio Ambiental y el diálogo social que se genera durante el desarrollo de la Asamblea de Presentación Pública o su equivalente.

Art. (…).- RECEPCIÓN DE OPINIONES Y OBSERVACIONES: Las opiniones y observaciones al Estudio de Impacto Ambiental proporcionadas por la población que podría

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ser afectada de manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o actividades podrán recopilarse a través de los siguientes medios:

1. Actas de asambleas públicas;
2. Registro de opiniones y observaciones;
3. Recepción de criterios por correo tradicional;
4. Recepción de criterios por correo electrónico; y,
5. Los demás medios que se consideren convenientes, dependiendo de la zona y las características socio culturales de la comunidad.

De considerarlo necesario la Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer la utilización de otros medios que permitan recopilar las opiniones u observaciones al estudio de impacto ambiental.

En el evento de que los habitantes del área de influencia directa social no ejerzan su derecho a participar habiendo sido debidamente convocados o se opongan a su realización, éste hecho no constituirá causal de nulidad del proceso de participación ciudadana y no suspenderá la continuación del mismo.

Art. (…).- DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL OPERADOR- El

operador es responsable de la entrega de la documentación que respalde el cumplimiento de sus actividades y responsabilidades en cada una de las fases del proceso de participación ciudadana, dentro del plazo de 48 horas una vez finalizada cada una de las actividades que sean de su responsabilidad.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL PARA PROYECTOS, OBRAS O

ACTIVIDADES DE IMPACTO BAJO

Art. (…).- PROCESO INFORMATIVO.- Para las obras, proyectos o actividades de bajo impacto ambiental, se realizará un proceso informativo, que permita a la población que habita en el área de influencia directa social, conocer los posibles impactos socioambientales y la pertinencia de las acciones a tomar, así como plantear sus opiniones y observaciones a la Autoridad Ambiental Competente.

Art. (…).- MECANISMOS DEL PROCESO INFORMATIVO.- Para el caso de Registros Ambientales se aplicará al menos uno de los siguientes mecanismos:

1. Asamblea de presentación pública, misma que será de obligatorio cumplimiento para los registros ambientales de proyectos, obras o actividades de sectores estratégicos.
2. Centro de información pública.

En todos los casos, el operador deberá establecer un mecanismo de recepción de observaciones de parte de la población del área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, las mismas que podrán ser recopiladas a través de: actas de reunión informativa, correo electrónico, correo tradicional, registros, etc.

Art. (…).- CONVOCATORIA.- La convocatoria al proceso se realizará a través de los siguientes medios:

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a) Medios de comunicación de amplia difusión pública: radio, prensa o televisión, condal menos cinco (5) días de anticipación, para los registros ambientales de proyectos, obras o actividades de sectores estratégicos.

2. Carteles ubicados en el lugar de la reunión informativa, el centro de información pública y sitios públicos con mayor afluencia con al menos cinco (5) días de anticipación; y,
3. Comunicaciones personales entregadas por lo menos con cinco días de anticipación a los habitantes del área de influencia directa social, así como a los miembros de organizaciones comunitarias, indígenas, afroecuatorianas, montubias, de género, otras legalmente existentes o de hecho y debidamente representadas: y autoridades del gobierno central y de los gobiernos seccionales relacionados con el proyecto, obra o actividad.

Art. (…).- INFORME DE SISTEMATIZACIÓN.- Previa a la emisión del registro, el operador del proyecto deberá subir en la plataforma electrónica del SUIA un informe que detalle las actividades de Participación Ciudadana con los respaldos que permitan verificar la aplicación de los mecanismos establecidos.

Art. (…).- FACILITADOR AMBIENTAL.- En el caso de que la Autoridad Ambiental Competente determine que el proceso informativo requiere ser desarrollado con la presencia de un facilitador ambiental, dispondrá la presencia del mismo, para lo cual el operador realizará los pagos correspondientes.

De igual forma en el caso de que el operador requiera desarrollar el proceso informativo con la presencia de un facilitador ambiental, solicitará a la Autoridad Ambiental Competente la designación del mismo y realizará los pagos correspondientes.

Art. (…).- VERIFICACIÓN.- En la etapa de seguimiento y control se revisará el cumplimiento de la ejecución del proceso de participación ciudadana del registro ambiental, de verificarse el incumplimiento de la misma se procederá con el inicio de las acciones legales correspondientes.

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE MEDIANO Y

ALTO IMPACTO

Art. (…).- FACILITADORES AMBIENTALES.- Para la organización, conducción, registro, sistematización, manejo de información, análisis e interpretación del proceso de participación ciudadana, la Autoridad Ambiental Nacional, establecerá una base de datos de facilitadores ambientales.

El facilitador ambiental mantendrá independencia e imparcialidad con el consultor y operador del proyecto durante el Proceso de Participación Ciudadana. Por tanto, para que un facilitador ambiental pueda ser designado para un Proceso de Participación Ciudadana no tendrá que haber sido parte del equipo multidisciplinario que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental motivo del Proceso de Participación Ciudadana.

En caso de que la Autoridad Ambiental Competente determine que el facilitador ambiental ha incurrido en la prohibición antes descrita, suspenderá el proceso de participación ciudadana y procederá a solicitar a la Autoridad Ambiental Nacional la designación de un nuevo facilitador ambiental a fin de continuar con el referido proceso; sin perjuicio de las acciones administrativas que se deriven del caso.

Registro Oficial – Edición Especial N° 640 Viernes 23 de noviembre de 2018 – 19

Art. (…).- DESIGNACIÓN DE FACILITADOR.- El facilitador ambiental será desuñado por la Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de Información Ambiental, previo al ingreso de la siguiente documentación por parte del operador:

1. Documento emitido por la Autoridad Ambiental Competente, mediante el cual se indica al operador que el Estudio de Impacto Ambiental fue revisado y se encuentra apto para ser socializado.
2. Factura del pago realizado a la Autoridad Ambiental Nacional por los servicios del facilitador ambiental.

La Autoridad Ambiental Competente, de considerarlo pertinente, con base en criterios de extensión geográfica del proyecto, obra o actividad, u otros criterios aplicables, podrá disponer la asignación de uno o más facilitadores adicionales para el desarrollo del proceso de participación ciudadana, para lo cual requerirá al operador del proyecto, obra o actividad el pago de los valores respectivos.

El facilitador ambiental podrá aceptar o rechazar el proceso de participación ciudadana en el término de tres (3) días contados a partir de su designación. En el caso de rechazar el proceso, el facilitador deberá señalar la justificación correspondiente, la cual será verificada por la Autoridad Ambiental Competente.

La falta de pronunciamiento por parte del facilitador ambiental será considerado como rechazo de la designación sin la justificación correspondiente, lo cual dará paso a las acciones legales pertinentes.

De no existir pronunciamiento por parte del facilitador ambiental en el término antes descrito, el SUIA de manera automática procederá con la designación de un nuevo facilitador.

SECCIÓN I

FASE INFORMATIVA

Art. (…).- MOMENTO DE LA FASE INFORMATIVA.- La fase informativa se realizará luego de la revisión de los estudios ambientales o de la revisión preliminar en el caso de proyectos, obras o actividades del sector hidrocarburífero, por parte de la Autoridad Ambiental Competente.

Art. (…).- VISITA PREVIA.- Para la organización de la fase informativa del Proceso de Participación Ciudadana (PPC), el facilitador ambiental designado, realizará de manera obligatoria una visita previa al área de influencia del proyecto, obra o actividad, para lo cual tendrá (8) días término contados a partir de la aceptación del proceso de participación ciudadana, con la finalidad de identificar los medios de convocatoria correspondientes y establecer los Mecanismos de Participación Ciudadana más adecuados, en función de las características sociales locales, de manera que la convocatoria sea amplia y oportuna, y que la información transmitida sea adecuada.

De ser necesario, antes de la visita previa el facilitador podrá coordinar con el operador la logística para el desarrollo de las actividades en campo.

En la visita previa el facilitador deberá:

1. Presentarse ante la Autoridad Ambiental Competente que se encuentre en la jurisdicción donde se llevará a cabo la fase informativa con el cronograma de

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actividades planificadas para la visita previa y a su vez solicitar información sobre conflictos socioambientales existentes o potenciales, relacionados a la actividad a regularizarse.

2. Verificar en campo la lista de personas que habitan en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad definida en el Estudio Ambiental.
3. Identificar e incluir en el listado de actores, a los representantes de instituciones, gobiernos locales y organizaciones sociales, incluyendo a las organizaciones de género y de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, si habitaren en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad.
4. Identificar las temáticas, problemáticas y conflictos Socio-ambientales que podrían ser motivo de análisis durante el proceso.
5. Determinar los medios de convocatoria para la fase informativa y los medios de comunicación correspondientes para la difusión del Estudio Ambiental.
6. Programar, en coordinación con los representantes y/o líderes comunitarios y autoridades locales del área de influencia directa del proyecto, obra o actividad, el lugar, fecha y hora tentativas para la ejecución de la fase informativa del proceso de participación ciudadana. Se debe asegurar que el lugar, fecha y hora de la asamblea de presentación pública o su mecanismo de participación ciudadana equivalente, responda al principio de libre accesibilidad. Sin perjuicio de que las entrevistas se realicen a la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, las mismas deberán dirigirse de manera obligatoria a líderes y/o representantes de la población, autoridades locales y representantes de las organizaciones sociales localizadas en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad. En caso de que la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, se conforme por comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios se deberá aplicar mecanismos de participación adaptados a su cultura y forma de organización.

La visita previa se realizará en ausencia del operador, de ser necesario el operador podrá proporcionar los medios de movilización local al facilitador.

La movilización antes descrita no incluye la dotación de pasajes aéreos adicionales a los que ya se cubren en la tasa por servicio de facilitación; de verificarse este particular, se tomarán las acciones administrativas que correspondan en contra del facilitador ambiental.

Art. (…).- INFORME DE VISITA PREVIA.- Finalizada la visita previa, en el término de tres (3) días, el Facilitador ambiental designado presentará un informe técnico con los debidos medios de verificación, tales como fotos, mapas, encuestas, entrevistas, material de audio o video, etc.; mismo que será revisado y aprobado por la Autoridad Ambiental Competente, previo informe técnico del funcionario a cargo del proceso. En caso de existir observaciones, la Autoridad Ambiental Competente concederá el término de tres (3) días para ser subsanadas. Podrá existir un segundo ciclo de observaciones que tendrá el mismo término para ser subsanadas, caso contrario se procederá a la designación inmediata de otro facilitador, a quien le corresponderá el pago por los servicios de facilitación.

Los informes técnicos antes descritos serán el marco de referencia para el desarrollo de la fase informativa y la aplicación de los mecanismos correspondientes.

Si luego de la visita previa, el Facilitador ambiental recomienda en su informe que el contexto social del proyecto demanda la intervención de uno o más Facilitadores adicionales, la Autoridad Ambiental Competente evaluará esta recomendación, y de considerarlo pertinente podrá designar el/los Facilitadores adicionales para la ejecución de la fase informativa, y solicitará al operador el pago por los servicios de facilitación de acuerdo al número de Facilitadores ambientales adicionales requeidos.

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En caso de añadir más de un facilitador para la ejecución de la fase informativa, el facilitador que inicialmente realizó la visita previa ejercerá el rol de coordinador del grupo de facilitación y será la única persona facultada a subir el informe correspondiente, que contendrá las firmas de responsabilidad de él o los facilitadores ambientales designados.

El informe de visita previa deberá estar incluido en el informe final del Proceso de Participación Ciudadana.

Art. (…).- CONVOCATORIA.- La convocatoria para la fase informativa se realizará a través de uno o varios medios de comunicación de amplia difusión pública accesibles en el área de influencia directa del proyecto, obra o actividad, tales como: radio, prensa, televisión y otros mecanismos complementarios de información y comunicación. La Autoridad Ambiental Competente determinará los medios de comunicación que serán utilizados, con base en las particularidades del área de influencia directa del proyecto, obra o actividad. La convocatoria se realizará con un mínimo de tres (3) días antes de la apertura del Centro de Información Pública, como primer mecanismo de participación ciudadana.

Para asegurar los principios de información y libre accesibilidad para la fase informativa, en las convocatorias e invitaciones, se especificará y precisará:

1. Fechas y lugares donde funcionarán el/los Centros de Información Pública, donde estará disponible el Estudio de Impacto Ambiental;
2. La página web del Sistema Único de Información Ambiental donde estará disponible la versión digital del Estudio de Impacto Ambiental, y donde se recibirán las opiniones y observaciones al documento; así como otros medios en línea que establecerá oportunamente la Autoridad Ambiental Competente. De contar con un portal web, el operador deberá incluir el enlace donde estará publicado el estudio de impacto ambiental;
3. El cronograma de la fase informativa en el que se especificarán los mecanismos seleccionados, así como su lugar y fecha de aplicación; y,
4. La fecha límite de recepción de opiniones y observaciones.

Art. (…).- DEL TEXTO DE LA CONVOCATORIA.- El texto y formato de la convocatoria deberá contar con la aprobación previa de la respectiva Autoridad Ambiental Competente. La publicación de las convocatorias, entrega de invitaciones, instalación de los mecanismos de información, y presentación pública del Estudio de Impacto Ambiental, son de responsabilidad del operador del proyecto, en coordinación con el o los facilitadores asignados.

Las invitaciones serán suscritas por la Autoridad Ambiental Competente.

Art. (…).- APERTURA DE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN PÚBLICA.- Una vez realizada la publicación de las convocatorias, el operador deberá mantener disponible el Estudio Ambiental en él o los Centros de Información Pública durante un plazo no menor a cinco (5) días antes de la realización de la Asamblea de Presentación Pública o el mecanismo equivalente, para la revisión de la población que habite en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad.

Durante este período, la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer adicionalmente la apertura de centros de información itinerantes y desarrollo de talleres de información en el Área de Influencia directa del proyecto, obra o actividad.

Art. (…).- ASAMBLEA DE PRESENTACIÓN PÚBLICA- El facilitador ambiental en la fecha y hora señalada en la convocatoria pública, efectuará la Asamblea de Presentación Pública o

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su equivalente en presencia del operador y la población directamente afectada debidamente convocada, donde se hará la presentación del Estudio Ambiental por parte del operador y consultor del proyecto, obra o actividad. Posteriormente, se abrirá el foro de diálogo dentro del cual la población directamente afectada emitirá sus opiniones y observaciones con respecto al Estudio de Impacto Ambiental, mismas que serán receptadas a través de los mecanismos establecidos para el efecto por el facilitador ambiental.

Art. (…).- HABILITACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN PÚBLICA.- Luego de la realización de la Asamblea de Presentación Pública o su equivalente, el Centro de Información Pública deberá estar habilitado durante el plazo de cinco (5) días adicionales, más con el propósito de receptar los criterios de los habitantes del área de influencia directa social, sobre el Estudio de Impacto Ambiental y contar con la presencia de personal familiarizado con el proyecto, obra o actividad.

Art. (…).- MECANISMOS COMPLEMENTARIOS PARA LA FASE INFORMATIVA.- De ser necesario, una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones del operador, y en función de la evaluación técnica correspondiente, la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer la aplicación de mecanismos de refuerzo, complemento y/o ampliación, para la difusión del Estudio de Impacto Ambiental y la recolección de opiniones u observaciones al mismo.

La aplicación de estos mecanismos no servirá para subsanar incumplimientos a obligaciones del operador durante el desarrollo de la fase informativa del proceso de participación ciudadana. En caso de que se determinaran incumplimientos por parte del operador, la Autoridad Ambiental Competente aplicará la sanción respectiva de conformidad con la presente norma.

Si uno de los mecanismos de refuerzo, complemento y/o ampliación consistiera en una asamblea de presentación pública o su equivalente, es obligación del facilitador ambiental asistir y conducir la misma, así como registrar y sistematizar las opiniones y observaciones generadas en dicha asamblea o su equivalente en el Informe de Sistematización de la fase informativa.

Art. (…).- INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DE LA FASE INFORMATIVA.- Una vez culminada la fase informativa, el facilitador ambiental tendrá cuatro (4) días término para la entrega del Informe de Sistematización del Proceso de Participación Ciudadana correspondiente a la fase informativa a la Autoridad Ambiental Competente, mismo que contendrá por lo menos la siguiente información:

a. Datos generales;

b. Antecedentes;

c. Descripción del desarrollo del proceso aplicado, indicando los mecanismos de participación ciudadana ejecutados;

d. Transcripción textual de las intervenciones que se den en los mecanismos de participación ciudadana ejecutados;

e. La sistematización de las opiniones y observaciones recopiladas durante la fase informativa;

f. Identificación de posibles conflictos socioambientales;

g. Conclusiones y recomendaciones;

h. Los medios de verificación de lo actuado durante la fase informativa; y,

i. La firma de responsabilidad. a. Datos generales;

En caso de existir observaciones, la Autoridad Ambiental Competente concederá el término de tres (3) días para ser subsanadas. Podrá existir un segundo ciclo de observaciones que tendrá el mismo término para ser solventadas, caso contrario se procederá a la designación

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inmediata de otro facilitador, a quien le corresponderá el pago por los servicios prestados ©n el proceso de participación ciudadana.

Art. (…).- CIERRE DE LA FASE INFORMATIVA.- Una vez que la Autoridad Ambiental Competente verifique el cumplimiento de lo establecido para la fase informativa, concluirá dicha fase, lo cual será comunicado al operador mediante el instrumento correspondiente previo informe técnico.

Art. (…).- INCORPORACIÓN DE OPINIONES Y OBSERVACIONES.- El operador deberá incluir en el Estudio Ambiental las opiniones y observaciones generadas por la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, siempre y cuando sean técnica y económicamente viables, en el término de cinco (5) días contados luego de la notificación realizada por la Autoridad Ambiental Competente respecto a la conclusión de la fase informativa.

SECCIÓN II FASE DE CONSULTA AMBIENTAL

Art. (…).- DE LA CONSULTA AMBIENTAL.- Una vez que la Autoridad Ambiental Competente haya verificado la inclusión de las opiniones y observaciones técnica y económicamente viables en el Estudio Ambiental por parte del operador, a través de un pronunciamiento favorable, dispondrá se realice la fase consultiva a la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad.

El facilitador ambiental, en el término de tres (3) días contados a partir de la emisión del pronunciamiento favorable correspondiente, presentará un informe que contendrá los mecanismos de convocatoria a la Asamblea de Consulta con su respectivo cronograma de ejecución, así como los mecanismos seleccionados para la realización de la consulta a la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad. En caso de existir observaciones, la Autoridad Ambiental Competente concederá el término de tres (3) días para ser subsanadas. Podrá existir un segundo ciclo de observaciones que tendrá el mismo término para ser subsanadas, caso contrario se procederá a la designación inmediata de otro facilitador, a quien le corresponderá el pago por los servicios de facilitación.

En caso de que la Autoridad Ambiental Competente apruebe el informe del facilitador ambiental, se procederá a la ejecución del proceso de consulta.

Art. (…).- DE LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DE CONSULTA AMBIENTAL.- La convocatoria se realizará con por lo menos siete (7) días término de anticipación a la realización de la Asamblea de Consulta, para lo cual se podrá utilizar uno o varios medios de convocatoria aprobados en el informe para el inicio de la fase consultiva, lo cual será determinado en función de la evaluación técnica respectiva. Los costos de la convocatoria serán asumidos por el operador.

Art. (…).- HABILITACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN-.- Durante el término previsto entre la convocatoria y la realización de la Asamblea de Consulta, se habilitará un centro de información en el cual se pondrá a disposición de la población que habita en el área de influencia social del proyecto, obra o actividad, el Estudio de Impacto Ambiental con las opiniones y observaciones acogidas y la justificación de aquellas que no fueron incluidas.

Durante la habilitación del Centro de Información, se podrá disponer la realización de un taller informativo con la finalidad de reforzar la presentación del Estudio Ambiental que cuenta con pronunciamiento favorable a los habitantes del área de influencia directa social.

24 – Viernes 23 de noviembre de 2018 Edición Especial N° 640 – Registro Oficial

Art. (…).-ASAMBLEA DE CONSULTA.- La Asamblea tiene como objetivo analizar fy aclarar las opiniones y observaciones, recogidas en la fase informativa; así como el detalle de la inclusión de las mismas en los Estudios Ambientales.

Además, se buscará, identificar las alternativas para la construcción continua del diálogo entre el operador y los habitantes del área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad.

Art. (…).- PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA.- La consulta se realizará a través de una asamblea, la cual contará con la presencia del facilitador ambiental y un representante de la Autoridad Ambiental Competente.

La Asamblea de Consulta seguirá el siguiente procedimiento:

1. Registro e ingreso de la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad a la asamblea de consulta;
2. Instalación de la Asamblea;
3. Presentación del Estudio Ambiental con la incorporación de las observaciones y opiniones recogidas en la fase anterior; así como el análisis de alternativas para la construcción continua del diálogo social;
4. Identificación de la percepción comunitaria;
5. Lectura y firma del acta de la asamblea en presencia de un representante de la autoridad ambiental competente, del facilitador ambiental y de representantes de la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad.

Art. (…).- CONSIDERACIONES PARA LA DEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS DE CONSULTA.- Los mecanismos de consulta que se apliquen en esta fase deberán observar y respetar las formas de organización y toma de decisiones de la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad.

Art. (…).- INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- Una vez finalizado el proceso de participación ciudadana, el facilitador ambiental iniciará la elaboración del Informe de Sistematización del Proceso de Participación Ciudadana, mismo que se entregará a la Autoridad Ambiental competente en un plazo máximo de cinco (5) días después del cierre de la fase consultiva del proceso de Participación Ciudadana. En caso de existir observaciones al informe de sistematización por parte de la Autoridad Ambiental Competente, éstas deberán ser subsanadas en un término no mayor a cinco (5) días. Podrá existir un segundo ciclo de observaciones que tendrá el mismo término descrito anteriormente para ser subsanadas. En caso de no haber subsanado las observaciones se procederá a sancionar al facilitador de acuerdo a lo previsto en la presente norma.

Con base en este informe, la Autoridad Ambiental Competente determinará si el Proceso de Participación Ciudadana cumple con lo establecido en la normativa aplicable, previo el análisis técnico, en cuyo caso se procederá a su aprobación a través del acto administrativo correspondiente.

En caso de determinarse que el proceso de Participación Ciudadana no cumple con lo establecido en la normativa aplicable, se deberá llevar a cabo un nuevo proceso de participación ciudadana para continuar con el proceso de regularización ambiental.

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Art. (…).- CONTENIDO DEL INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DEPARTICIPACIÓN CIUDADANA.- El Informe de Participación ciudadana deberá contener como mínimo los siguientes parámetros:

1. Datos Generales (Ficha Técnica);
2. Antecedentes del Proceso de Participación Ciudadana;
3. Informe de visita previa.
4. Informe de sistematización de la fase informativa;
5. Sistematización de la fase consultiva;
6. Conclusiones;
7. Recomendaciones; y

h) Firma de responsabilidad del/los facilitador/es. i) Anexos

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

Art. (…).- INCUMPLIMIENTOS DEL OPERADOR.- En el caso de que la Autoridad Ambiental Competente, llegase a determinar incumplimiento de las actividades y responsabilidades del operador del proyecto, obra o actividad de forma que afectaran el desarrollo del proceso, se dispondrá al operador la realización de un nuevo Proceso de Participación Ciudadana, y el pago del servicio de facilitación correspondiente.

De incurrir por segunda ocasión en este incumplimiento, se procederá con el archivo del proceso de regularización ambiental.

La presente disposición también será aplicable en el caso de que el operador no entregue al facilitador la información que respalde el cumplimiento de sus obligaciones dentro del proceso de participación ciudadana.

Art. (…).- INASISTENCIA DEL FACILITADOR.- En caso de inasistencia del Facilitador ambiental asignado a la Asamblea de Presentación Pública o su equivalente o a la Asamblea de Consulta, la Autoridad Ambiental competente presente en el acto recogerá las opiniones y observaciones de los asistentes y presentará un informe técnico que permitirá evaluar y validar el Proceso de Participación Ciudadana; sin perjuicio de las sanciones que correspondan en contra del facilitador por la inasistencia.

Art. (…).- SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- En el caso de requerirse la suspensión del proceso de participación ciudadana por parte del operador por causas debidamente justificadas, la Autoridad Ambiental Competente, luego del análisis correspondiente podrá conceder dicha suspensión; sin perjuicio de que se haya ejecutado cualquiera de la fases o de las actividades contempladas en el proceso de participación ciudadana, en cuyo caso se deberán cancelar los valores por servicios de facilitación de conformidad con la normativa establecida para el efecto.

Para iniciar nuevamente el Proceso de Participación Ciudadana, el operador del proyecto, obra o actividad deberá realizar un nuevo pago por concepto de servicio de facilitación.

La suspensión no podrá exceder los plazos establecidos en la normativa aplicable para el archivo de los procesos de regularización ambiental.

Art. (…).- ABANDONO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- Cuando el Facilitador ambiental abandone en cualquiera de sus fases el Proceso de Participación Ciudadana, no tendrá derecho al pago del servicio de facilitación. La Autoridad Ambiental

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competente asignará un nuevo Facilitador para el Proceso de Participación Ciudadana, sin que esto implique un pago adicional por parte del operador del proyecto y se procederá con la respectiva suspensión en el Registro de Facilitadores por un periodo de cuatro (4) meses.

Se considerará que el Facilitador Ambiental ha abandonado el proceso de participación ciudadana cuando:

1.- No asista a los mecanismos de participación ciudadana, en los cuales es obligatoria su presencia; y,

2.- Si luego de vencido el término o plazo concedido para la entrega de información han transcurrido 15 días sin respuesta por parte del facilitador ambiental.

Art. (…).- SUSPENSIÓN DEL FACILITADOR AMBIENTAL.- El Facilitador ambiental será suspendido en caso de incumplimiento de una o más obligaciones establecidas en el presente instrumento; sin perjuicio de lo cual, se podrán considerar las siguientes causales:

1. Retrasos en tiempos de entrega de informes, información complementaria y contestación oportuna y adecuada a observaciones.
2. Incumplimiento en la organización, conducción, registro, sistematización, análisis e interpretación de los Procesos de Participación Ciudadana, o ausencia de los medios de verificación de esas acciones.
3. Solicitud de doble pago por un mismo proceso de participación ciudadana

El Facilitador ambiental será suspendido durante un periodo de cuatro (4) meses, tiempo durante el cual no se le asignará ningún Proceso de Participación Ciudadana. En caso de reincidencia, el facilitador será definitivamente eliminado del registro de Facilitadores ambientales.

En el numeral 2 del presente artículo adicionalmente la Autoridad Ambiental Competente determinará si es procedente el pago por el servicio de facilitación prestado.

Art. (…).- ELIMINACIÓN DEL FACILITADOR AMBIENTAL DE LA BASE DE DATOS DE FACILITADORES AMBIENTALES.- Serán causales para la eliminación definitiva de la base de datos de Facilitadores ambientales del Ministerio del Ambiente las siguientes:

1. La negativa injustificada o falta de contestación para la coordinación de Procesos de Participación Ciudadana por dos ocasiones en el periodo de un año;
2. La presentación de información errónea dentro de los informes presentados a la Autoridad Ambiental competente;
3. Retardar o negar información respecto del proyecto, obra o actividad a los actores involucrados^–
4. Favorecer de cualquier modo intereses particulares ajenos a los del alcance del PPC;
5. Falta de profesionalismo o capacidad técnica para cumplir con el objetivo del Proceso de Participación Ciudadana, previamente determinada por la respectiva Comisión; y
6. Reincidencia en la solicitud de doble pago por un mismo proceso de participación ciudadana

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Una vez que el facilitador haya sido eliminado de la Base de datos dé facilitadores ambientales, no podrá volver a calificarse dentro de los dos años siguientes a la eliminación.

Art. (…).- PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE FACILITADORES.- El procedimiento sancionatorio empieza por cualquiera de las siguientes formas:

1. Denuncia verbal o escrita de cualquier persona natural o jurídica. No se requerirá de la firma de abogado para presentar la denuncia; o,
2. De oficio.

Se citará al presunto infractor concediéndole el término de cinco (5) días para que conteste los cargos existentes en su contra. Se abrirá la causa a prueba por el término de cuatro días, y expirado éste, se dictará la resolución dentro de cuarenta y ocho horas.

El recurso de apelación se podrá interponer ante la Máxima Autoridad Ambiental Nacional, o quien hiciere sus veces, en el término de diez (10) días posteriores a la notificación de la resolución. El recurso será resuelto en el término de treinta (30) días posteriores a la recepción del expediente, en mérito de los autos; sin perjuicio de que se dispongan las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Art. (…).-REMISIÓN DE INFORMACIÓN.- La Autoridad Ambiental Competente que verifique que el facilitador ambiental incurra en las causales antes descritas, remitirá la información correspondiente a la Dirección Provincial del Ambiente donde se ubique el proyecto, obra o actividad del cual haya llevado a cabo el proceso de participación ciudadana, para su conocimiento y trámite respectivo.

De lo actuado se informará al Comité de Evaluación y Calificación de Facilitadores Ambientales.

Art. 17.- Sustitúyase el contenido del literal e) del artículo 83, por el siguiente:

«Eliminación»

Art.-18.- Sustitúyase el contenido del literal b) del artículo 88, por el siguiente:

«b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de residuos y desechos peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional, la cual establecerá los procedimientos aprobatorios respectivos mediante Acuerdo Ministerial, de conformidad con las disposiciones de este Capítulo. El registro será emitido por proyecto, obra o actividad sujeta a regularización ambiental.

La Autoridad Ambiental Nacional podrá emitir un solo Registro de Generador para varias actividades sujetas a regularización ambiental correspondientes a un mismo operador y de la misma índole, considerando aspectos cómo: cantidades mínimas de generación, igual tipo de residuos o desechos peligrosos o especiales generados, jurisdicción (ubicación geográfica) para fines de control y seguimiento.

El operador de un proyecto, obra o actividad, que cuente con la autorización ambiental administrativa respectiva, será responsable de los residuos y desechos peligrosos o especiales generados en sus instalaciones, incluso si éstos son generados por otros operadores que legalmente desarrollen actividades en sus instalaciones por lo tanto, es de

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responsabilidad del operador la obtención del Registro de generador de residuos y desechas peligrosos y/o especiales»

Art. 19.- Incorpórese tres incisos posteriores al literal c) del artículo 88, con el siguiente contenido:

» Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de residuos o desechos peligrosos y/o especiales, para lo cual presentarán el Plan de Minimización de Residuos o Desechos Peligrosos o Especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional para su respectiva aprobación, en el plazo de 90 días, una vez emitido el respectivo registro de generador. Sólo en casos técnicamente justificados, en los cuales el operador demuestre que no existen alternativas para minimizar la generación de todos los residuos o desechos peligrosos y/o especiales declarados en el Registro de Generador la Autoridad Ambiental Nacional, luego del análisis correspondiente, podrá eximir al generador de la presentación del plan de minimización.

La aprobación del plan de minimización tendrá una vigencia de 5 años, luego de lo cual, el operador deberá proceder a la actualización del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, el plan podrá también ser actualizado a solicitud del operador o por disposición de la Autoridad Ambiental Nacional.

Una vez aprobado el plan de minimización, el operador deberá presentar el informe de resultados de su implementación en conjunto con la declaración anual de residuos y desechos peligrosos».

Art. 20.- Sustitúyase el contenido el literal n) del artículo 88, por el siguiente:

«n) Los operadores que cuenten con la autorización administrativa ambiental correspondiente, que como consecuencia de su actividad generen residuos o desechos peligrosos y/o especiales, que tengan la capacidad de gestionarlos en las fases de eliminación y disposición final en las instalaciones donde se ejecuta su actividad, cuando dicha gestión no haya sido considerada para la obtención de la mencionada autorización administrativa ambiental: deberán realizar previamente un estudio complementario o actualización de plan de manejo ambiental, conforme a la norma técnica correspondiente, para poder ejecutar la mencionada gestión.

Los operadores que cuenten con la autorización administrativa ambiental correspondiente, que como consecuencia de su actividad generen residuos o desechos peligrosos o especiales, y que tengan la capacidad de gestionarlos en la fase de transporte, con el fin de entregarlos para su almacenamiento, eliminación o disposición final en sitios autorizados, cuando dicha gestión no haya sido considerada para la obtención de la mencionada autorización administrativa ambiental: deberán previamente obtener la autorización administrativa respectiva, conforme a la norma técnica correspondiente, para poder realizar el transporte.

Los generadores que realicen la gestión propia de sus residuos o desechos peligrosos o especiales en cualquiera de sus fases, deberán cumplir con todas las disposiciones establecidas para el efecto en la presente normativa, misma que en caso de ser necesario, se complementará con las normas internacionales aplicables’’.

Art. 21.- Sustitúyase el contenido del artículo 123, por el siguiente:

«La eliminación constituye la fase de la gestión de residuos y desechos peligrosos y/o especiales que abarca él o los tratamientos físico químicos o biológicos que dan como resultado la reducción o modificación del contendido de sustancias químicas y/o biológicas de

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los residuos y desechos peligrosos o especiales con el fin de de eliminar su peligrosidad conduciendo o no a la recuperación de materiales o energía, reciclaje, regeneración o reutilización de los mismos.

Los procesos de eliminación de residuos y desechos peligrosos y/o especiales, deberán considerar:

1. Cualquier tecnología o procedimiento de eliminación de residuos y desechos peligrosos o especiales deben ser autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional.
2. Toda instalación de eliminación de residuos y desechos peligrosos y/o especiales deberá contar con la respectiva Autorización Administrativa Ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental Nacional. En la Autorización Administrativa Ambiental se especificará el tipo de residuo o desecho que podrá eliminar y el tipo de sistema de eliminación que será implementado.
3. Los operadores de instalaciones de eliminación de residuos y desechos peligrosos y/o especiales, serán responsables de todos los daños y/o afectaciones producidas por su inadecuado manejo u operación.
4. Los efluentes, líquidos, lodos, sólidos y gases que resulten de la operación de sistemas de eliminación de residuos y desechos peligrosos y/o especiales, también serán considerados como peligrosos salvo que en las caracterizaciones respectivas, demuestren lo contrario. Los efluentes líquidos provenientes del tratamiento de residuos o desechos líquidos, sólidos y gaseosos peligrosos o especiales, deben cumplir además de lo establecido en la presente normativa, con otras disposiciones que sobre este tema expida la Autoridad Ambiental Nacional.
5. Las instalaciones de eliminación de residuos y desechos peligrosos y/o especiales deben cumplir los siguientes lineamientos básicos de ubicación:

1. No debe ubicarse en zonas donde existan fallas geológicas activas o que estén expuestas a deslizamientos o derrumbes de terrenos o estén afectadas por actividad volcánica;
2. No debe ser construida en zonas con riesgo de inundación;
3. No debe estar ubicado dentro del suelo urbano, a menos que la zonificación u otro instrumento de ordenamiento territorial lo permita;
4. No deben estar ubicados en sitios que puedan afectar aguas superficiales y/o subterráneas; esta condición será determinada en base al análisis de riesgo desarrollado como parte del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente.
5. No deben ubicarse en suelos saturados, tales como riberas húmedas o el borde costero, a menos que el proyecto contemple un adecuado sistema de impermeabilización y una modificación permanente del flujo subterráneo que asegure que su nivel se mantendrá bajo 3 metros del sistema de impermeabilización;
6. Cumplir con las normativas ambientales y de uso y ocupación del suelo emitidas a nivel seccional.

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f) Las instalaciones de eliminación de residuos y desechos peligrosos o especiales deben tener acceso restringido. Solo podrán ingresar personas debidamente autorizadas por el responsable de la instalación.

g) La operación de toda instalación de eliminación de residuos y desechos peligrosos y/ o especiales debe cumplir con las siguientes obligaciones:

1. La recepción de los residuos y desechos solo podrá hacerse cuando se asegure que los mismos pueden ser manejados en la instalación, de acuerdo al alcance definido en la Autorización Administrativa Ambiental otorgada;
2. Mantener un registro del movimientos de los residuos y desechos ingresados, en el que debe constar al menos: i) identificación del generador; ii) identificación del residuo y desecho peligroso o especial; iii) cantidad de residuo o desecho; iv) fechas de ingreso y eliminación; v) características de peligrosidad del desecho; vi) ubicación del sitio de almacenamiento; vii) identificación del sistema de eliminación aplicado; viii) cantidades y disposición de residuos y desechos procedentes de la eliminación y su transferencia a otra instalación de eliminación de ser el caso;
3. En el caso de que en la instalación receptora se rechace un cargamento de residuos o desechos peligrosos o especiales, sea porque el transportista no porte el manifiesto único, porque la información contenida en dicho documento no corresponda con los residuos o desechos transportados, o cualquier otra causa, se debe dar aviso inmediato a la Autoridad Ambiental Nacional a fin de iniciar las acciones legales a las que haya lugar. La Autoridad Ambiental Nacional verificará que los residuos y desechos peligrosos o especiales sean devueltos con custodia y de manera segura al generador titular de los mismos o a quien haya contratado los servicios de transporte; quien a su vez deberá justificar ante la autoridad el destino que se les dará a los mismos. El mecanismo de notificación y verificación para dar cumplimiento a esta disposición será definido por la Autoridad Ambiental Nacional;
4. Recibir residuos y desechos peligrosos y/o especiales de transportistas que cuenten con el manifiesto único correspondiente así como con la Autorización Administrativa Ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Nacional;
5. Recibir residuos y desechos peligrosos o especiales directamente de generadores, bajo las disposiciones de la Autoridad Ambiental Nacional en el marco de la normativa ambiental;
6. Presentar la declaración anual a la Autoridad Ambiental Nacional sobre las cantidades de residuos y desechos que han sido objeto de los sistemas de eliminación conforme el alcance de la Autorización Administrativa Ambiental, así como de los residuos o desechos producidos como consecuencia de la operación de eliminación y su gestión. La Autoridad Ambiental Nacional emitirá los procedimientos para realizar la declaración anual de gestión;

7. Cumplir con la normativa ambiental aplicable;
8. Las instalaciones de eliminación de residuos y desechos peligrosos y/o especiales que operen a partir de la vigencia de esta normativa, deberán contar con una franja de amortiguamiento alrededor de la instalación cuyo límite se establecerá con base en su análisis de riesgo en el respectivo Estudio Ambiental, una vez que se haya

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establecido la metodología de estimación en normativa técnica por parte de la Autoridad Ambiental Nacional, quien adicionalmente establecerá los plazos para el cumplimiento correspondiente por parte de los operadores. Aquellas instalaciones que se encuentren en operación antes de la vigencia de esta normativa y no hayan previsto una franja de amortiguamiento, dentro de su plan de manejo ambiental deberán establecer las medidas necesarias para cumplir este requerimiento.

h) El reúso de residuos peligrosos y/o especiales como insumo en cualquier actividad, debe ser informado previamente a la Autoridad Ambiental Nacional para su aprobación.

i) Receptar los residuos o desechos clasificados, envasados, embalados y etiquetados bajo las normas técnicas aplicables que sobre el tema emita la Autoridad Ambiental Nacional o el INEN; en caso de ser necesario se complementará con normativa internacionalmente aceptada.

j) Las instalaciones de eliminación dispondrán de todas las facilidades necesarias para garantizar un manejo ambientalmente racional de los residuos y desechos peligrosos o especiales, dispondrán de la infraestructura técnica necesaria, y cumplirán con todas las normas y reglamentos ambientales, en relación a los desechos que eliminan.

Art. 22.- Incorpórese un inciso al final del artículo 155, con el siguiente contenido:

«El importador o fabricante de una sustancia química peligrosa, en cualquier presentación, es responsable de identificarla a través de la respectiva etiqueta en idioma español donde se informe la peligrosidad de la misma».

Art. 23.- Sustitúyase el literal d) del artículo 163 por el siguiente:

«Obtener el registro de sustancias químicas peligrosas bajo los procedimientos que la Autoridad Ambiental Nacional establezca para el efecto. Los proyectos, obras o actividades que cuentan con la Autorización Administrativa Ambiental respectiva, y que utilicen sustancias químicas peligrosas iniciarán el proceso para la obtención del Registro de Sustancias Químicas Peligrosas, en el término perentorio de treinta (30) días contados a partir de la publicación de la presente normativa en el Registro Oficial. Únicamente en los casos de proyectos en funcionamiento que se encuentren en proceso de regularización ambiental para la obtención de una licencia ambiental, podrán obtener de manera paralela el registro de sustancias químicas peligrosas. Para fines de aplicación del presente literal, se entenderá como «en proceso de regularización ambiental» cuando el proyecto, obra o actividad al menos ha presentado el estudio de impacto ambiental».

Art. 24.- Incorpórese un inciso al final del art. 255, con el siguiente contenido:

«Una vez presentado el monitoreo por parte del operador, la Autoridad Ambiental Competente contará con un término de 60 días para aceptarlo, observarlo o rechazarlo».

Art. 25.- Incorpórese un artículo posterior al art. 262, con el siguiente contenido:

«Art. (…).- Revisión de informes ambientales de cumplimiento.- Una vez analizada la documentación e información remitida por el operador, la Autoridad Ambiental Competente deberá aprobar, observar o rechazar el informe ambiental de cumplimiento en un término de 60 días.

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En caso de que existan observaciones al informe ambiental de cumplimiento, éstas deberán ser notificadas al operador, quien deberá absolverlas en el término máximo de quince (15) días contados a partir de la fecha de notificación. La Autoridad Ambiental Competente dispondrá de un plazo de un (1) mes adicional para pronunciarse sobre la respuesta presentada por el operador.

En caso de que las observaciones no sean absueltas o presentadas en el tiempo determinado, la Autoridad Ambiental Competente archivará el expediente, sin perjuicio de las no conformidades derivadas del análisis del informe ambiental de cumplimiento. La no absolución se considerará como una no conformidad menor.

Cuando el informe ambiental de cumplimiento contenga inconsistencias metodológicas, técnicas o legales, que deslegitimen los resultados del mismo y que no sean susceptibles de subsanación, se procederá al archivo del expediente y se la calificará como una no conformidad menor.

El archivo del expediente, y la determinación de las no conformidades, se realizarán mediante acto administrativo motivado. Cuando se archive el expediente el operador deberá presentar un nuevo informe ambiental de cumplimiento, en un término de 15 días, con el respectivo pago de tasas, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes».

Art. 26.- Sustitúyase el contenido del artículo 263 por el siguiente:

De la periodicidad y revisión.- Los proyectos, obras o actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente un informe ambiental de cumplimiento una vez transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y, posteriormente, cada dos (2) años.

Los operadores deberán presentar el informe ambiental de cumplimiento en el plazo máximo de un (1) mes, una vez cumplido el periodo evaluado.

Sin perjuicio de lo anterior, la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer al operador la presentación de un informe ambiental de cumplimiento cuando se determine dicha necesidad mediante un informe técnico debidamente motivado.

Los informes ambientales de cumplimiento podrán incluir la actualización del plan de manejo ambiental, de así requerirlo.

Los Sujetos de Control deberán remitir las facturas por pronunciamiento, respecto a informes ambientales de cumplimiento y pagos por control y seguimiento, dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente, según lo establecido en la normativa para el efecto, en conjunto con el informe ambiental de cumplimiento.»

Art. 27.- Sustitúyase el inciso segundo del artículo 264, por el siguiente:

“Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por empresas consultoras o consultores Individuales acreditados, en base a los respectivos términos de referencia aprobados según el tipo de auditoría.

Además de la prohibición determinada en el artículo 206 del Código Orgánico del Ambiente, las auditorías no podrán ser realizadas por el mismo operador, sus contratistas, subcontratistas o personal que se encuentre bajo relación de dependencia».

Art.28.- Incorpórese un artículo posterior al artículo 267, con el siguiente contenido:

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«Art. (…).- Revisión de Términos de referencia.-Una vez analizada la documentación de información remitida por el operador la Autoridad Ambiental Competente deberá aprobar, observar o rechazar en un término máximo de cuarenta y cinco (45) días.

Posterior al ingreso de las respuestas a las observaciones por parte del operador, la Autoridad Ambiental Competente contará con un término de treinta (30) días adicionales para pronunciarse sobre la respuesta presentada por el operador.

En caso de que las observaciones no sean absueltas o presentadas en el tiempo determinado, la Autoridad Ambiental Competente archivará el expediente y dispondrá que el operador presente nuevos términos de referencia, en un término de 15 días, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

Art. 29.- Incorpórese un artículo posterior al artículo 268, con el siguiente contenido:

Art. (…) Revisión de la Auditoría Ambiental.- Una vez analizada la documentación e información remitida por el operador la Autoridad Ambiental Competente, deberá aprobar, observar o rechazar la auditoría ambiental de cumplimiento en un término máximo de noventa (90) días.

La Autoridad Ambiental Competente dispondrá de un término de treinta (30) días para pronunciarse sobre las respuestas presentadas por el operador.

En caso de que las observaciones no sean absueltas por el operador por segunda ocasión y en adelante, la Autoridad Ambiental Competente aplicará nuevamente el cobro de tasas por servicio de gestión y calidad ambiental para pronunciamientos de Auditorías Ambientales.

En caso de aprobación de la auditoría ambiental, el operador cumplirá las medidas ambientales que se encuentran incluidas en el cronograma de implementación del Plan de Manejo Ambiental actualizado, y el plan de acción, de ser el caso. El operador deberá actualizar la póliza de responsabilidad ambiental, de ser aplicable.

La Autoridad Ambiental Competente podrá aplicar otros mecanismos de seguimiento y control para verificar los resultados del informe de auditoría ambiental, la correcta identificación y determinación de los hallazgos y la pertinencia del plan de acción establecido».

Art. 30.- Sustitúyase el inciso final del artículo 271, por el siguiente:

«Los operadores deberán remitir las facturas por pronunciamiento, respecto de auditorías ambientales y pagos por control y seguimiento dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente, en la aprobación de los términos de referencia y según lo previsto en la normativa aplicable, en conjunto con el informe de auditoría respectiva».

Art. 31.- Incorpórese un artículo posterior al artículo 271, con el siguiente contenido:

«Art. (…) Auditorías de conjunción. – La Autoridad Ambiental Competente de oficio o a petición de parte y por una sola ocasión podrá autorizar la unificación de los periodos consecutivos de las auditorías que devengan del seguimiento a una misma licencia ambiental y que son responsabilidad de los operadores de proyectos, obras o actividades. Este proceso se ejecutará mediante un acto administrativo motivado, sin perjuicio de las sanciones civiles, administrativas o penales a las que hubiere lugar.

La revisión y aprobación de este tipo de auditorías se someterán a los términos y plazos previstos para la Auditorías Ambientales de cumplimiento.

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La presente disposición no es aplicable para aquellas auditorías que ya se encuentran en revisión de la Autoridad Ambiental Competente».

Art. 32.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 281, por el siguiente:

«De la suspensión de la Autorización Ambiental Administrativa.- En el caso de que los mecanismos de control y seguimiento determinen que en dos ocasiones existe una misma No Conformidad Mayor (NC+) que implique el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y otras obligaciones previstas en la Autorización Ambiental Administrativa o la normativa ambiental vigente, que no hubiere sido mitigada ni subsanada por el operador y comprobada mediante los mecanismos de control y seguimiento; la Autoridad Ambiental Competente suspenderá mediante Resolución motivada, la Autorización Ambiental Administrativa hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados en los plazos que la Autoridad Ambiental Competente, establezca. La suspensión de la Autorización Ambiental Administrativa interrumpirá la ejecución del proyecto, obra o actividad bajo responsabilidad del operador, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal correspondiente».

Art. 33.- Inclúyase el siguiente articulado posterior al artículo 283:

«Art. (…).-Suspensión de la presentación de las Obligaciones Derivadas del permiso Ambiental.- El operador podrá solicitar la suspensión de la presentación de las obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental que se le haya otorgado, cuando:

1. Una vez otorgada la autorización administrativa ambiental los operadores no inicien sus actividades; y,
2. Cuando exista paralización de la totalidad del proyecto, obra o actividad en su fase de construcción u operación, siempre que se encuentre en cumplimiento de la normativa vigente y de las obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental.

Una vez presentada la solicitud, la Autoridad Ambiental Competente emitirá el pronunciamiento respectivo, en un término máximo de un (1) mes, previo a lo cual realizará una inspección in situ a fin de verificar el estado de la actividad.

«Art. (…).- Autorización de suspensión de la presentación de las Obligaciones Derivadas del permiso Ambiental.- La Autoridad Ambiental Competente, autorizará la suspensión de la presentación de las Obligaciones Derivadas del permiso Ambiental, mediante acto administrativo motivado, que determinará:

1) Tiempo máximo que dure la suspensión de las obligaciones, mismo que no podrá exceder del plazo de un (1) año; y,

2) Obligación de informar trimestralmente y por escrito a la Autoridad Ambiental Competente sobre el estado de la actividad suspendida

En caso de que las condiciones de la suspensión se mantengan, el operador en el plazo máximo de un (1) mes, previo al vencimiento de la suspensión, podrá solicitar, por una sola vez, la ampliación del plazo de suspensión de obligaciones por un plazo de un (1) año adicional, mismo que deberá ser aprobado por la Autoridad Ambiental Competente.

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Los operadores que soliciten la suspensión de las obligaciones deberán mantener vigente la póliza de responsabilidad ambiental durante el tiempo que dure la suspensión».

«Art. (…).-Reinicio de actividades.- El operador deberá notificar a la Autoridad Ambiental Competente, con un (1) mes de anticipación, sobre el inicio o continuación de su actividad, a fin de que la misma determine las medidas que deban adoptarse por parte del operador».

Art. 34.-inclúyase las siguientes disposiciones generales:

Los proyectos, obras o actividades en funcionamiento, que se encuentren en proceso de regularización ambiental para la obtención de una licencia ambiental; así como los nuevos, que generen desechos peligrosos y/o especiales deberán obtener el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales de forma paralela con el permiso ambiental.

En el caso de los proyectos, obras o actividades nuevas, que ya hayan obtenido el registro generador de desechos peligrosos y/o especiales, no podrán iniciar sus actividades sin contar con la licencia ambiental respectiva.

En el caso de los proyectos, obras o actividades regulados a través de un registro ambiental deberán iniciar el proceso de obtención del registro generador de desechos peligroso y/o especiales en el término de 30 días posteriores a la obtención de la referida Autorización Administrativa Ambiental».

«Por excepcionalidad y bajo Autorización de la Autoridad Ambiental Nacional, en caso de no contar con uno de los módulos del SUIA para regularización habilitado, la Autoridad Ambiental competente continuará el proceso de regularización de manera externa al sistema, a fin de no suspender el servicio y únicamente hasta contar con dicho modulo habilitado. Una vez subsanado dicho inconveniente, la Autoridad Ambiental competente facilitará al usuario subir dicha información al sistema»

» Todos los proyectos, obras o actividades de bajo impacto ambiental, que hayan concluido con el registro de la información en el SUIA, y que no hayan realizado el pago correspondiente para obtener la autorización administrativa ambiental en el término de treinta (30) días, serán archivados automáticamente».

«La Autoridad Ambiental Nacional, en el marco de sus competencias, expedirá las normas técnicas necesarias. En caso de no existir normas a escala nacional podrán adoptarse normas internacionales o aquellas emitidas por organismos de control de otros países, las cuales deben ser aceptadas por la Autoridad Ambiental Nacional».

«Los proyectos, obras o actividades complementarias a aquellos que ya cuenten con licencia ambiental, en proceso de obtención de la autorización respectiva, quedarán archivados, de no ser impulsados por el operador en noventa (90) días desde el último requerimiento realizado por la Autoridad Ambiental Competente.

Esta disposición será aplicable únicamente en los casos en los cuales no existan disposiciones con términos y plazos específicos para que proceda el archivo del proceso de regularización ambiental.»

Art. 35.- Sustitúyase el contenido de la disposición transitoria cuarta, por el siguiente contenido:

«Los proyectos nuevos que generen desechos peligros y/o especiales, una vez regularizada la actividad bajo los procedimientos establecidos, iniciarán el proceso para obtener el registro

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de desechos peligrosos y/o especiales, en el término perentorio de sesenta (60) días a paffir de la obtención de la licencia ambiental».

Arí. 36.- Incorpórese un inciso al final de la Disposición Transitoria Quinta, con el siguiente contenido:

«La presente disposición será aplicable únicamente en los casos en los cuales no existan disposiciones con términos y plazos específicos para que proceda el archivo del proceso de regularización ambiental.»

Art. 37.- Elimínese la siguiente frase de la Disposición Transitoria Sexta:

«(…) así como cualquier otro acto de actualización de la información que se considere pertinente»

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.-A partir de la suscripción del presente Acuerdo Ministerial todos los proyectos, obras o actividades, que se encuentren en proceso de regularización ambiental, se someterán a lo establecido en el artículo 36 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente que mediante el presente instrumento se reforma.

SEGUNDA.- En el caso de las autorizaciones administrativas ambientales otorgadas por la Autoridad Ambiental Nacional y que fueron transferidas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados por ser de su competencia exclusiva o por el ejercicio concurrente de la misma, de las cuales se requiera su extinción, modificación o reforma, el proceso deberá ser realizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado correspondiente.

TERCERA.- Para todos los demás mecanismos de control la autoridad ambiental competente contará con un plazo máximo de 2 meses para emitir el pronunciamiento respectivo.

CUARTA.- Los proyectos, obras o actividades que cuenten con Licencias Ambientales y que con la expedición del Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo de 2015, hayan sido re categorizados y requieran acogerse al nuevo permiso ambiental, de manera previa y obligatoria deberán solicitar la extinción del permiso ambiental vigente, conforme el procedimiento previsto en la presente reforma.

QUINTA.- Aquellos proyectos, obras o actividades que iniciaron el proceso de regularización ambiental a partir de la entrada en vigencia del Código Orgánico del Ambiente deberán sujetarse a los procedimientos establecidos en la presente norma para la ejecución del proceso de participación ciudadana.

SEXTA.- Si como consecuencia de los estudios complementarios, alcances o adendums y reevaluaciones se amplía el área de influencia social, determinada en la evaluación del instrumento técnico que motivó la expedición de la autorización administrativa ambiental se deberá realizar el proceso de participación ciudadana en sus dos fases; caso contrario solo procederá con la fase informativa del referido proceso.

Cuando las actividades regularizadas mediante estudios complementarios, alcances o adendums y reevaluaciones se desarrollen dentro del área que fue intervenida o autorizada en el proyecto, obra o actividad que cuenta con una autorización administrativa ambiental, solo se ejecutará la fase informativa del Proceso de Participación Ciudadana.

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SÉPTIMA.- Las actualizaciones del plan de manejo ambiental no requerirán la ejecución del proceso de participación ciudadana; las actividades de difusión necesarias para la información a la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad se incluirán en el respectivo Plan de Manejo Ambiental.

OCTAVA.- En el caso de proyectos, obras o actividades que incurran en lo previsto la disposición transitoria primera de la presente reforma se aplicará el proceso de participación ciudadana, descrito en el presente instrumento.

NOVENA.- Se entenderá como Estudios Ambientales para el proceso de regularización ambiental a los estudios de impacto ambiental, a los estudios de impacto ambiental ex post, a los estudios complementarios y reevaluaciones.

DÉCIMA.- Solo en casos de fuerza mayor o caso fortuito, se suspenderán los términos y plazos para el archivo de los procesos.

UNDÉCIMA.- Las tasas y valores por servicios administrativos que constan en el Libro IX del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente estarán vigentes mientras no se contraponga con lo establecido en el Código Orgánico del Ambiente.

DUODÉCIMA.- La Gerencia del Sistema Único de Información Ambiental en coordinación con las Unidades competentes deberá realizar las adecuaciones necesarias en el sistema para la implementación de la presente reforma.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los proyectos, obras o actividades en construcción o funcionamiento que requieran una autorización administrativa ambiental de conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el proceso de regularización ambiental en el plazo máximo de un año, contado desde la suscripción del presente instrumento; sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiere lugar.

Vencido el plazo antes descrito la Autoridad Ambiental Competente procederá con la inmediata suspensión del proyecto, obra o actividad.

Para el efecto los operadores deberán realizar el respectivo Estudio de Impacto Ambiental Ex post.

SEGUNDA.- Por el tiempo que dure la emergencia administrativa declarada mediante Acuerdo Ministerial No. 085 de 13 de agosto de 2018, y en el caso de requerirse, los procesos de licenciamiento ambiental podrán ser tramitados de manera física, para posteriormente ser incorporados en el Sistema Único de Información Ambiental.

TERCERA.- En el término de 30 días contados a partir de la suscripción del presente Acuerdo Ministerial la Subsecretaría de Calidad Ambiental deberá realizar las acciones necesarias para la expedición de las reformas normativas necesarias para la implementación del presente instrumento.

CUARTA.- En el plazo de un año, contado a partir de la publicación del presente acuerdo la Autoridad Ambiental Nacional deberá coordinar con el Sistema Nacional de Acreditación Ecuatoriano el proceso de acreditación de consultores ambientales.

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QUINTA.- Durante el plazo que tome la reglamentación de la garantía de responsabilidad ambiental a la que hace referencia el artículo 187 del Código Orgánico del Ambiente, los operadores que requieran regularizar un proyecto obra o actividad previo al otorgamiento de la autorización administrativa ambiental deberán otorgar la garantía de fiel cumplimiento del plan de manejo ambiental.

SEXTA.- La información generada y presentada por el facilitador ambiental y por el operador, en los distintos documentos e informes que les corresponde generar y presentar, será de su exclusiva responsabilidad.

SÉPTIMA.- Para las actividades, obras o proyectos de eliminación de desechos peligrosos o especiales, que al momento de la entrada en vigencia del presente instrumento, se encuentren en proceso de regularización ambiental y estén ubicados dentro del suelo urbano y no exista zonificación u otro instrumento de ordenamiento territorial que lo permita, la Autoridad Ambiental Nacional analizará la pertinencia de aceptar su permanencia dentro del mismo.

OCTAVA.- En el término máximo de 20 días, posteriores a la expedición del presente Acuerdo Ministerial, la Autoridad Ambiental Nacional elaborará el instructivo para la medición de la percepción de la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, en coordinación con los Ministerios sectoriales respectivos.

NOVENA.- En el término de 30 días, las Subsecretarías del Ministerio del Ambiente, deberán levantar la información respecto de las tasas o valores por servicios administrativos que no contrapongan lo dispuesto en el Código Orgánico del Ambiente, así como aquellas que requieren la expedición o modificación de la normativa pertinente.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.- Deróguese el requisito referente al permiso de uso de suelo contenido en el Anexo A «PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS» del Acuerdo Ministerial No. 026 publicado en el Registro Oficial No. 334 del 12 de mayo de 2008.

SEGUNDA.- Deróguese los siguientes artículos: Art. 18 del Acuerdo Ministerial No. 37, publicado en el Registro Oficial No. 213 de 27 de marzo de 2014; Art. 21 del Acuerdo Ministerial No. 37, publicado en el Registro Oficial No. 213 de 27 de marzo de 2014 y reformado por artículo 11 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial No. 520 de 11 de Junio del 2015; Art. 24 expedido en el Acuerdo Ministerial No. 37, publicado en el Registro Oficial No. 213 de 27 de marzo de 2014; 31 del Acuerdo Ministerial No. 37 publicado en el Registro Oficial No. 213 de 27 de marzo de 2014; y reformado por artículo 14 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial No. 520 de 11 de Junio del 2015; y, artículo innumerado posterior al artículo 10 del Acuerdo Ministerial No. 37, publicado en el Registro Oficial No. 213 de 27 de marzo de 2014, agregado por el artículo 4 del Acuerdo Ministerial No. 69 publicado en el Registro Oficial No. 795 de 12 de julio de 2016

De la implementación del presente Acuerdo Ministerial encárguese la Subsecretaría de Calidad Ambiental, la Subsecretaría de Patrimonio Natural, la Coordinación General Administrativa Financiera, la Gerencia del Sistema Único de Información Ambiental y las Direcciones Provinciales del Ambiente.

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El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partirle su suscripción; sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en D.M. Quito, a 02 OCT 2018 Comuníquese y Notifíquese.-

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