Registro Oficial No.625- Miércoles 03 de junio del 2020 Edición Especial

junio 3, 2020

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés Presidente Constitucional de la República del Ecuador Miércoles 03 de junio de 2020 (R. 625, 03– junio -2020)EDICIÓN ESPECIAL Págs. PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO RESOLUCIONES: 043 Suspéndense los plazos y términos que se encuentren discurriendo dentro de todos los procedimientos administrativos en trámite, al amparo del Código Orgánico […]

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Miércoles 03 de junio de 2020 (R. 625, 03– junio -2020)EDICIÓN ESPECIAL

Págs.

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

RESOLUCIONES:

043 Suspéndense los plazos y términos que se encuentren discurriendo dentro de todos los procedimientos administrativos en trámite, al amparo del Código Orgánico Administrativo

044 Suspéndense los plazos y términos que se encuentren discurriendo dentro de los procedimientos administrativos en trámite, así como aquellos que determinan la prescripción del ejercicio de la acción

045 Expídese el procedimiento previo para la interposición de acciones de nulidad de laudos arbitrales y acciones extraordinarias de protección derivadas de éstos, que plantee la PGE

046 Apruébese el Plan de Manejo de la Emergencia Sanitaria Nacional de la PGE, mismo que está orientado a prever las condiciones necesarias para una progresiva y efectiva gestión de las labores misionales y de apoyo de la entidad, optimizando el uso de medios tecnológicos que aseguren la e eficiencia en la gestión institucional y precautelen la salud de todos sus servidores y trabajadores

Resolución No. 043

Dr. Iñigo Salvador Crespo PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

Considerando:

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), con fecha 11 de marzo de 2020, declaró el brote de Coronavirus como pandemia global, y solicitó a los Estados tomar todas las medidas y acciones respectivas para mitigar su propagación;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 160 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública declaró el estado de emergencia sanitaria para evitar la propagación del COVID-19;

Que el Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenin Moreno Garcés, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, declaró el Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por lo que, entre otras disposiciones, se restringe la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional con determinadas excepciones; se suspende la jornada presencial de trabajo comprendida entre el 17 y el 24 de marzo de 2020, para todos los trabajadores y empleados del sector público y del sector privado; y, se dispone que todas las funciones del Estado y otros organismos establecidos en la Constitución de la República emitan las resoluciones que se consideren necesarias para que proceda la suspensión de términos y plazos a las que haya lugar, en procesos judiciales y administrativos, a fin de precautelar la seguridad en el marco de las garantías del debido proceso, ante la presente calamidad pública;

Que el artículo 3 2 de la Constitución de la República determina que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir;

Que el Estado garantizara este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales;

Que, según los numerales 1 y 7 del artículo 83 de la Constitución de la República, en su orden, son deberes y responsabilidades de las y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente; y, promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir;

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Que el artículo 389 de la Constitución de la República dispone que el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que el artículo 76 de la Constitución de la República establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá, como una de las garantías básicas, el cumplimiento de las, normas y derechos de las partes;

Que el artículo 162 numeral 5 del Código Orgánico Administrativo preceptúa que los términos y plazos previstos en un procedimiento se suspenden, únicamente, por el tiempo inicialmente concedido para la actuación, en el supuesto de que medie caso fortuito o fuerza mayor;

Que los artículos 237 de la Constitución de la República y 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, establecen las funciones del Procurador General del Estado;

En uso de las atribuciones contenidas en la letra k) del artículo 3 de la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, y atendiendo a la situación de fuerza mayor en que se encuentra la República del Ecuador,

RESUELVE:

Artículo 1.- Suspender todos los plazos y términos que se encuentren discurriendo dentro de todos los procedimientos administrativos en trámite en la Procuraduría General del Estado, al amparo del Código Orgánico Administrativo.

Artículo 2.- Suspender todos los términos que se encuentren discurriendo en los pedidos de información realizados al amparo de la letra g) del artículo 5 de la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado.

Artículo 3.- Suspender todos los términos que se encuentren discurriendo de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, y en la Resolución No. 24 emitida por esta Institución y publicada en el Registro Oficial No. 532 de 17 de julio de 2019.

Artículo 4.- Suspender todos los plazos y términos que se encuentren discurriendo dentro de los procedimientos de contratación pública iniciados por la Procuraduría General del

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Estado, al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en cualquiera de sus fases.

Artículo 5.- Suspender el plazo para atender las solicitudes de acceso a la información pública, previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información.

Artículo 6.- Disponer que las Direcciones Nacionales de Asuntos Internacionales y Arbitraje y de Derechos Humanos interpongan, ante las instancias nacionales o internacionales en las que se encuentren tramitando procesos en los que intervenga la Procuraduría General del Estado, las acciones correspondientes, a fin de no incurrir en incumplimientos por efecto de la situación de emergencia nacional y mundial

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: La suspensión de los términos y plazos contemplados en la presente resolución rige a partir del día martes 17 de marzo de 2020 hasta que culmine el estado de excepción declarado por el Gobierno Nacional.

SEGUNDA: Del cumplimiento de esta resolución encárguense cada una de las Direcciones involucradas.

TERCERA: La Secretaría General encárguese de la publicación y de disponer la difusión de esta resolución.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en Quito D.M., a los 19 días del mes de marzo de 2020.

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RAZÓN: Con fundamento a lo preceptuado en el artículo 6 del Reglamento de Concesión de Copias Certificadas y Certificaciones de Documentos por Parte de la Procuraduría General del Estado, siento por tal, que las TRES (3) páginas que anteceden son iguales a los documentos que reposan en el archivo de la Secretaría General de la Procuraduría General del Estado, los mismos que corresponden a la Resolución 043 de 19 de marzo de 2020, atinente a la suspensión de todos los plazos y términos en todos los trámites de la institución, y que previo al proceso de digitalización se constató y verificó con los documentos físicos, en el estado que fue transferido y al cual me remito en caso necesario.

LO CERTIFICO.

OBSERVACIONES:

Este documento está firmado electrónicamente, en consecuencia, tiene igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita, conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.
El documento que antecede, tiene la validez y eficacia de un documento físico original, en armonía a lo prescrito en los artículos 202 del Código Orgánico General de Procesos; 147 del Código Orgánico de la Función Judicial; 2, 51 y 52 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.
Esta información, se fundamenta en los principios de confidencialidad y de reserva, previstos en el artículo 5 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, y su incumplimiento será sancionado conforme a lo dispuesto en la ley.
La Secretaría General de la Procuraduría General del Estado, no se responsabiliza por la veracidad y estado de los documentos presentados para la concesión de copias certificadas y certificaciones por parte de las unidades que los custodian y que pueden conducir a error o equivocación. Así como tampoco su difusión, uso doloso o fraudulento que se pueda hacer délos documentos certificados.

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RESOLUCIÓN No. 044

Dr. Iñigo Salvador Crespo PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

CONSIDERANDO:

Que el artículo 32 de la Constitución de la República determina que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir;

Que el Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales;

Que, según los numerales 1 y 7 del artículo 83 de la Constitución de la República, en su orden, son deberes y responsabilidades de las y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley, acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente; y, promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir,

Que el artículo 389 de la Constitución de la República dispone que el Estado protegerá a los personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de los condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad;

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Que los artículos 237 de la Constitución de la República y 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, establecen las funciones del Procurador General del Estado;

RESUELVE:

Artículo 1.- Suspender todos los plazos y términos que se encuentren discurriendo dentro de los procedimientos administrativos que en trámite en la Procuraduría General del Estado; así como aquellos que determinan la prescripción del ejercicio déla acción.

Artículo 4.- Suspender el plazo para atender las solicitudes de acceso ala información pública, previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 5.- Suspender todos los plazos y términos que se encuentren discurriendo, en relación al tiempo de atención de los trámites que se llevan en cada una de las unidades

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administrativas de la institución, establecidos en normativa interna dictada para asegurar la eficacia y eficiencia del trabajo en la Procuraduría General del Estado.

Artículo 6.- Disponer que las Directoras Nacionales de Asuntos Internacionales y Arbitraje y de Derechos Humanos interpongan, las acciones correspondientes ante las instancias nacionales o internacionales en las que se encuentren tramitando procesos en los que intervenga la Procuraduría General del Estado, a fin de no incurrir en incumplimientos por efecto de la situación de emergencia nacional y mundial.

Artículo 7.- Disponer a los jefes de cada una de las unidades administrativas de la institución que se encuentren en el caso descrito en el artículo 5, que sienten la razón correspondiente en cada uno de los trámites, a fin de dejar constancia del nuevo cómputo de términos y plazos.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Déjese sin efecto la Resolución No. 043 de 19 de marzo de 2020.

SEGUNDA: La suspensión de los plazos y términos contemplados en esta resolución rige desde el día martes 17 de marzo de 2020 hasta que culmine el estado de excepción declarado por el Gobierno Nacional.

TERCERA: Del cumplimiento de esta resolución encárguese cada una de las direcciones a que corresponda.

CUARTA: La Secretaría General encárguese de la publicación y de disponer la difusión de esta resolución.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en Quito D.M., a los 20 días del mes de marzo de 2020.

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RAZÓN: Con fundamento a lo preceptuado en el artículo 6 del Regla mentó de Concesión de Copias Certificadas y Certificaciones de Documentos por Parte de la Procuraduría General del Estado, siento por tal, que las TRES (3) páginas que anteceden son iguales a los documentos que reposan en el archivo de la Secretaría General de la Procuraduría General del Estado, los mismos que corresponden a la Resolución 044 de 20 de marzo de 2020, atinente a la suspensión de todos los plazos y términos en todos los trámites de la institución, misma que deja sin efecto la resolución 043, y que previo al proceso de digitalización se constató y verificó con los documentos físicos, en el estado que fue transferido y al cual me remito en caso necesario.

LO CERTIFICO.

OBSERVACIONES:

Este documento está firmado electrónicamente, en consecuencia, tiene igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita, conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.
El documento que antecede, tiene la validez y eficacia de un documento físico original, en armonía a lo prescrito en los artículos 202 del Código Orgánico General de Procesos; 147 del Código Orgánico de la Función Judicial; 2, 51 y 52 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.
Esta información, se fundamenta en los principios de confidencialidad y de reserva, previstos en el artículo 5 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, y su incumplimiento será sancionado conforme a lo dispuesto en la ley.
La Secretaría General de la Procuraduría General del Estado, no se responsabiliza por la veracidad y estado de los documentos presentados para la concesión de copias certificadas y certificaciones por parte de las unidades que los custodian y que pueden conducir a error o equivocación. Así como tampoco su difusión, uso doloso o fraudulento que se pueda hacer délos documentos certificados.

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RESOLUCIÓN No. 045

Dr. Iñigo Salvador Crespo

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

CONSIDERANDO:

Que el artículo 226 de la Constitución de la República prescribe que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley,

Que, de acuerdo con el artículo 237 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, la representación judicial y patrocinio del Estado y de sus instituciones le corresponden al Procurador General del Estado;

Que el artículo 5 literal a) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, en concordancia con el artículo 3 numeral 2 del Reglamento Orgánico Funcional, facultan al Procurador General del Estado para que, en ejercicio del patrocinio del Estado, proponga acciones legales en defensa del patrimonio nacional y del interés público;

Que, por disposición del artículo 7 de la Ley Orgánica del Procuraduría General del Estado el patrocinio de las entidades con personería jurídica y entidades autónomas incumbe a sus representantes legales, síndicos, directores, asesores jurídicos o procuradores judiciales, quienes serán civil, administrativa y penalmente responsables del cumplimiento de esta obligación, en las acciones u omisiones en las que incurrieren en el ejercicio de su función;

Que el artículo 26 del Reglamento Orgánico Funcional Institucional, establece que el Director Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje es delegado del Procurador General del Estado para el ejercicio del patrocinio judicial del Estado en los arbitrajes nacionales en los que deba intervenir la Procuraduría General del Estado;

Que el artículo 56 numeral 5 del Reglamento Orgánico Funcional Institucional faculta a los Directores Regionales como delegados del Procurador General del Estado para presentar y contestar demandas, intervenir en juntas o audiencias de conciliación; y, en general, comparecer a las diligencias o actuaciones constitucionales, judiciales, administrativas o las que correspondan a los medios alternativos de solución de conflictos, que sean necesarias en defensa de los intereses y derechos de las entidades, organismos o dependencias del sector público;

Que el artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación establece las causales por las cuales cualquiera de las partes puede intentar la acción de nulidad de un laudo arbitral;

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Que el artículo 94 de la Constitución de la República del Ecuador, preceptúa que la acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado, por acción u omisión, derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional;

Que el artículo 58 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que la acción extraordinaria de protección, tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado, por acción u omisión, derechos reconocidos en la Constitución;

Que la sentencia dictada por el Pleno de la Corte Constitucional en el Caso No. 323-13-EP/19 el 19 de noviembre de 2019, analiza la falta de agotamiento de la acción de nulidad de laudos arbitrales previo al planteamiento de acciones extraordinarias de protección, y establece la necesidad de agotar ese mecanismo impugnativo cuando el fundamento de la acción extraordinaria de protección se encasille en las causales del artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación, que son de carácter taxativo;

Que es necesario expedir el procedimiento que la Procuraduría General del Estado debe aplicar para interponer las acciones de nulidad de laudos arbitrales y acciones extraordinarias de protección derivadas de aquellos;

En ejercicio de las atribuciones previstas en las letras k) y 1) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado,

Resuelve:

Expedir el Procedimiento previo para la interposición de acciones de nulidad de laudos arbitrales y acciones extraordinarias de protección derivadas de éstos, que plantee la Procuraduría General del Estado.

Artículo 1.- Será obligación de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje Nacional dar aviso al Procurador General del Estado sobre todos los laudos emitidos por tribunales arbitrales nacionales, que sean desfavorables a los intereses del Estado.

Dicho aviso deberá ser presentado dentro del término de tres días de haber sido efectivamente notificado el laudo.

Artículo 2.- El aviso al que se refiere el artículo anterior, se lo hará por escrito y acompañado de un informe que contendrá los puntos principales sobre los que se trabó la litis y sobre los cuales se pronunció el tribunal arbitral en su laudo; además deberá incluirse un breve análisis sobre la posibilidad y pertinencia de presentar una acción de nulidad de laudo arbitral, a la vez de la legislación vigente y de los precedentes jurisprudenciales relevantes.

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Artículo 3.- El despacho del Procurador General del Estado, en el término de 3 días luego de recibido el informe, emitirá una disposición por escrito respecto de la procedencia o improcedencia de interponer la acción de nulidad del laudo arbitral

Artículo 4.- El mismo procedimiento establecido en los artículos precedentes deberá observarse en los casos en los que, del laudo arbitral desfavorable a los intereses del Estado, pueda proponerse únicamente acción extraordinaria de protección.

Artículo 5.- En los casos que, como consecuencia de la acción de nulidad del laudo arbitral interpuesta, se obtenga una sentencia desfavorable al interés estatal, deberá igualmente remitirse el informe de que trata el artículo 2 de esta Resolución, a fin de que el despacho del Procurador General del Estado, en el término de tres días, emita su disposición escrita respecto de la pertinencia o impertinencia de presentar una acción extraordinaria de protección.

Artículo 6.- Este procedimiento regirá también para el caso de las Direcciones Regionales de la Procuraduría General del Estado que tengan arbitrajes nacionales a su cargo.

Artículo 7.- En los casos que la Procuraduría General del Estado sea citada o notificada con acciones de nulidad de laudos arbitrales y acciones extraordinarias de protección derivadas de éstos, interpuestas por las contrapartes en razón de laudos o sentencias de nulidad favorables a los intereses del Estado, la contestación de dichas acciones no requerirá de la disposición por escrito respecto de la procedencia o improcedencia para intervenir. En tal sentido, el Procurador General del Estado conferirá las respectivas delegaciones para que los abogados designados comparezcan e intervengan en las audiencias que correspondan.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en e 1 Registro Oficial y será obligatoria mientras la ley no disponga lo contrario.

Comuníquese y publíquese.

Dado y firmado en Quito D.M., a los 23 días del mes de marzo de 2020.

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RAZÓN: Con fundamento a lo preceptuado en el artículo 6 del Regla mentó de Concesión de Copias Certificadas y Certificaciones de Documentos por Parte de la Procuraduría General del Estado, siento por tal, que las TRES (3) páginas que anteceden son iguales a los documentos que reposan en el archivo de la Secretaría General de la Procuraduría General del Estado, los mismos que corresponden a la Resolución 045 de 23 de marzo de 2020, atinente al procedimiento previo para la interposición de acciones de nulidad de laudos arbitrales y acciones extraordinarias de protección derivadas de éstos, que plantee la Procuraduría General del Estado, y que previo al proceso de digitalización se constató y verificó con los documentos físicos, en el estado que fue transferido y al cual me remito en caso necesario.

LO CERTIFICO.

OBSERVACIONES:

Este documento está firmado electrónicamente, en consecuencia, tiene igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita, conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.
El documento que antecede, tiene la validez y eficacia de un documento físico original, en armonía a lo prescrito en los artículos 202 del Código Orgánico General de Procesos; 147 del Código Orgánico de la Función Judicial; 2, 51 y 52 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.
Esta información, se fundamenta en los principios de confidencialidad y de reserva, previstos en el artículo 5 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, y su incumplimiento será sancionado conforme a lo dispuesto en la ley.
La Secretaría General de la Procuraduría General del Estado, no se responsabiliza por la veracidad y estado de los documentos presentados para la concesión de copias certificadas y certificaciones por parte de las unidades que los custodian y que pueden conducir a error o equivocación. Así como tampoco su difusión, uso doloso o fraudulento que se pueda hacer délos documentos certificados.

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Resolución No. 046

Dr. Iñigo Salvador Crespo PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

Considerando:

Que el literal a) del artículo 6 del mencionado Decreto Ejecutivo dispone que el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional, una vez evaluado el estado de la situación, podrá prorrogar los días de suspensión de la jornada presencial de trabajo;

Que el artículo 32 de la Constitución de la República determina que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir;

Que el Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, según lo establecido en el segundo inciso del artículo citado en el párrafo anterior;

Que, según los numerales 1 y 7 del artículo 83 de la Constitución de la República, en su orden, son deberes y responsabilidades de todos los ecuatorianos, acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente; y, promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir;

Que el artículo 389 de la Constitución de la República dispone que «el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad»;

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Que el artículo 227 de la Constitución de la República establece que «la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, mediante Acuerdo MDT-076 de 12 de marzo de 2020 el Ministerio del Trabajo emitió las directrices para la aplicación del teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria;

Que el artículo 90 del Código Orgánico Administrativo dispone que las actividades a cargo de las administraciones pueden ser ejecutadas mediante el uso de nuevas tecnologías y medios electrónicos, en la medida en que se respeten los principios señalados en dicho Código, se precautelen la inalterabilidad e integridad de las actuaciones y se garanticen los derechos de las personas;

Que el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos dispone que «la firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba enjuicio «;

Que, mediante Resolución No. 042-2020, del 16 de marzo del 2020, la Procuraduría General del Estado resolvió cumplir las tareas institucionales a través del mecanismo de teletrabajo, y suspendió la atención al público en sus diferentes oficinas a nivel nacional;

Que es necesario emitir disposiciones para asegurar la eficiencia de la gestión institucional y para precautelar la salud de los servidores y funcionarios de la Procuraduría General del Estado;

En uso de las atribuciones contenidas en la letra k) del articulo 3 de la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, y en atención a la situación de fuerza mayor en que se encuentra la República del Ecuador,

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan de Manejo de la Emergencia Sanitaria Nacional de la Procuraduría General del Estado, mismo que está orientado a prever las condiciones necesarias para una progresiva y efectiva gestión de las labores misionales y de apoyo de la entidad, optimizando el uso de medios tecnológicos que aseguren la eficiencia en la gestión institucional y precautelen la salud de todos sus servidores y trabajadores.

Artículo 2.- El Plan de Manejo de la Emergencia Sanitaria Nacional de la Procuraduría General del Estado, aplica a todos los servidores y trabajadores de la institución.

Artículo 3.- La Procuraduría General del Estado, en atención a las políticas de gobierno electrónico, optimización de trámites y uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs),, implementará hasta el 30 de abril de 2020, como herramienta de soporte en sus actividades, la opción de que se incorpore la firma electrónica en los

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documentos que sean emitidos por las coordinaciones y direcciones que forman parte dé la institución. Para el efecto, se dotará a los coordinadores y directores del acceso tecnológico correspondiente, que será gestionado por la Secretaría General y la Coordinación Nacional Administrativa Financiera.

Artículo 4.- La Procuraduría General de Estado, en cumplimiento de las nuevas modalidades de trabajo previstas por las autoridades de control del ramo, y mientras dure la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud Pública, establecerá jornadas de trabajo presenciales ordinarias o especiales, de teletrabajo emergente, o mixtas, que se deberán ser cumplidas dentro de las ocho horas diarias, de lunes a viernes, o, según las disposiciones que el Ministerio del Trabajo emita.

A efectos de lo anterior, los coordinadores y directores de las unidades administrativas remitirán a la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano, o a la Subdirección Regional Administrativa Financiera y de Administración del Talento Humano, según corresponda, dentro de los cinco últimos días del mes inmediato anterior, el listado de los servidores y trabajadores que se acogerán a las modalidades referidas en el inciso anterior, así como el horario a cumplir, observando los principios de continuidad, equidad y optimización de los servicios.

El personal de la institución que pertenece a los grupos de atención prioritaria, en los términos del artículo 35 de la Constitución de la República, registrados como tal en la Dirección de Administración del Talento Humano o en la Sub Dirección Regional Administrativa Financiera y de Administración del Talento Humano, realizarán sus actividades, prioritariamente, mediante teletrabajo emergente.

Artículo 5.- Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Coordinación Nacional Administrativa Financiera mediante la reforma al Reglamento Orgánico Funcional y Estatuto Orgánico por Procesos de la Institución, para lo cual la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional con el apoyo de la Coordinación Nacional Administrativa Financiera y de la Dirección Nacional de Talento Humano, realizará la propuesta de reforma pertinente, para aprobación del Procurador General del Estado.

Artículo 6.- Las Coordinaciones Nacionales Administrativa Financiera y de Planificación, realizarán las modificaciones al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Inversión, a efectos de priorizar y reprogramar los gastos e inversiones de la Procuraduría General del Estado correspondientes al ejercicio económico 2020, a fin de atender las nuevas necesidades institucionales.

Artículo 7.- El Equipo de Gestión del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado (PROFIP), que se ejecuta como componente 3 del Programa de Modernización de la Administración Financiera financiado con el préstamo EC-L1249 concedido por el Banco interamericano de Desarrollo (BID), identificará e

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impulsará hasta el mes de diciembre de 2020, la adopción de mecanismos de reducción y optimización de trámites institucionales, para lo cual coordinará con dicho organismo financiero el apoyo y asistencia técnica pertinentes.

Asimismo, mediante la ejecución de la consultoría para el desarrollo del modelo de gestión de la Procuraduría General del Estado, se identificarán los mecanismos de optimización de los procesos de la institución, en el corto plazo.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Del cumplimiento de esta resolución encárguense la Coordinación Nacional Administrativa Financiera, Coordinación Nacional de Planificación, Coordinación del EDG PGE PROFIP, Secretaría General, Dirección Nacional de Administración de Talento Humano, Dirección Nacional de Consultoría y Dirección Regional 1.

SEGUNDA: La Secretaria General encárguese de la publicación y de disponer la difusión de esta resolución.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial

Comuníquese y publíquese.- Dado en el Distrito Metropolitano de Quito al 21 de abril de 2020.

18 – Miércoles 3 de junio de 2020 Edición Especial Nº 625 – Registro Oficial

RAZÓN: Con fundamento a lo preceptuado en el artículo 6 del Reglamento de Concesión de Copias Certificadas y Certificaciones de Documentos por Parte de la Procuraduría General del Estado, siento por tal, que las CUATRO (4) páginas que anteceden son iguales a los documentos que reposan en el archivo de la Secretaría General de la Procuraduría General del Estado, los mismos que corresponden a la Resolución 046 de 21 de abril de 2020, atinente a la aprobación del Plan de Manejo de la Emergencia Sanitaria Nacional de la Procuraduría General del Estado, y que previo al proceso de digitalización se constató y verificó con los documentos físicos, en el estado que fue transferido y al cual me remito en caso necesario.

LO CERTIFICO.

OBSERVACIONES:

Este documento está firmado electrónicamente, en consecuencia, tiene igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita, conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.
El documento que antecede, tiene la validez y eficacia de un documento físico original, en armonía a lo prescrito en los artículos 202 del Código Orgánico General de Procesos; 147 del Código Orgánico de la Función Judicial; 2, 51 y 52 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.
Esta información, se fundamenta en los principios de confidencialidad y de reserva, previstos en el artículo 5 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, y su incumplimiento será sancionado conforme a lo dispuesto en la ley.
La Secretaría General de la Procuraduría General del Estado, no se responsabiliza por la veracidad y estado de los documentos presentados para la concesión de copias certificadas y certificaciones por parte de las unidades que los custodian y que pueden conducir a error o equivocación. Así como tampoco su difusión, uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.