Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 27 de mayo de 2020 (R.O 604- 27–mayo -2020) EDICIÓN ESPECIAL

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

ORDENANZA METROPOLITANA

Nº 010 – 2020

REFORMATORIA AL CÓDIGO

MUNICIPAL PARA EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, QUE

INCORPORA EL LIBRO V «DEL EJE

PARA HACER FRENTE A LA CRISIS

SANITARIA, SOCIAL Y ECONÓMICA

GENERADA POR EL CORONAVIRUS

SARS-COV-2 CAUSANTE DE LA

ENFERMEDAD COVID-19″

– Miércoles 27 de mayo de 2020 Edición Especial N° 603 – Registro Oficial

ORDENANZA METROPOLITANA No. 010-2020

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 30 enero del 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud («QMS») declaró que el brote de la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 («COVID-19») es una emergencia de salud pública de importancia internacional («ESPII»), de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional del 2005 («RSI») y de acuerdo con la opinión del Comité de Emergencias del RSI.

El RSI establece la figura de ESPII ante eventos extraordinarios que se determine que constituyen un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad y que podrían exigir una respuesta internacional coordinada. En efecto, una emergencia internacional se declara en casos de una enfermedad «grave, repentina, inusual o inesperada», que tiene implicaciones para la salud pública más allá del Estado afectado, y puede requerir una acción internacional inmediata.

El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró al brote de COVID-19 como pandemia ante el incremento de casos a nivel mundial. La OMS ha declarado en varios documentos de trabajo que, sobre la base de las pruebas disponibles en la actualidad, el COVID-19 es una enfermedad vírica respiratoria aguda que afecta, primordialmente, a los pulmones. Se trasmite entre personas mediante gotículas, fómites y contacto directo. Es un virus nuevo cuyo origen y evolución aún se encuentra en investigación. Por tanto, es recomendable adoptar una visión precautoria hasta que se conozca mayor información y se disponga de tratamientos y vacunas efectivas. En particular, la OMS ha recomendado la utilización de varias medidas de higiene respiratoria, entre otras: (i) los pacientes infectados o con sospecha deben cubrirse la nariz y la boca con mascarillas o cubre boca y; (ii) el uso de mascarillas médicas a los pacientes que se encuentran en zonas públicas, salas de espera o de cohortes. Además, ha considerado el distanciamiento social como una medida relevante para evitar la propagación del virus.

Con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión del COVID-19, en casos en los que se ha confirmado o se sospecha una infección se debe restringir la movilidad de esas personas, salvo que requieran atención médica. Si el paciente debe ser trasladado con ese fin, se requiere utilizar vías que minimicen la exposición de familiares, acompañantes y público general. En estos casos, es indispensable acatar el confinamiento médico para evitar la propagación del virus.

En el documento «Advice on the use of masks in the context of COVID-19. Interim Guidance», de 6 de abril de 2020, la OMS recomendó aplicar precauciones, entre otras, relativas al contacto y las gotículas respiratorias en todos los casos de infección o sospecha por COVD-19. En este sentido, la información epidemiológica disponible sugiere que las dos rutas principales de contagio del virus COVID-19 son las gotículas respiratorias y el contacto. Las gotículas se generan cuando

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ORDENANZA METROPOLITANA No. 010 – 2020

una persona infectada tose o estornuda. Cualquier persona que esté en contacto cercano con alguien que tenga síntomas respiratorios está en riesgo de exponerse a gotículas respiratorias potencialmente infecciosas. Las gotículas también pueden aterrizar en superficies donde el virus podría permanecer viable; por lo tanto, el entorno inmediato de un individuo infectado puede servir como fuente de transmisión (transmisión de contacto).En el criterio de la OMS, la evidencia actual sugiere que el período de incubación de COVID-19 (período de tiempo desde la exposición al virus y el inicio de sus síntomas), es, en promedio, de 5 a 6 días, pero puede durar hasta 14 días. Durante este período, denominado «pre-sintomático», algunas personas infectadas pueden ser contagiosas y, por lo tanto, transmitir el virus a otros. Por lo tanto, es posible que las personas infectadas con COVID-19 puedan transmitir el virus, por las vías señaladas, antes de que se desarrollen los síntomas.

Por ende, la OMS sostiene que usar una mascarilla es una de las medidas de prevención que pueden limitar la propagación del COVID-19. Asimismo, reconoce que el uso de una mascarilla requiere la adaptación de otras medidas complementarias, como la higiene de manos para prevenir la transmisión. En cualquier caso, las mascarillas médicas Certificado N95 (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos) deben priorizarse para el personal de servicios salud.

Finalmente, la OMS ha manifestado que las ventajas potenciales del uso de la mascarilla por parte de personas sanas en el entorno comunitario incluyen la reducción del riesgo potencial de exposición de la persona infectada durante el período «pre-sintomático» y la estigmatización de las personas que usan la máscara para el control de la fuente (infectados confirmados).

En el ámbito local, la transmisión acelerada del COVID-19, generó la reacción de varios niveles de gobierno para adoptar medidas excepcionales y urgentes. Estas medidas se orientaron a atender, en general, las necesidades surgidas con motivo de la pandemia y, en este contexto, a garantizar el derecho a la salud, el bienestar de los ciudadanos y prevenir y controlar la propagación del virus.

Principalmente, el Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, declaró el estado de excepción, limitó ejercicio de varios derechos, delegó al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional («COEN») la determinación: (i) de mecanismos de restricción; (ii) de los horarios de restricción de libertad de tránsito y asociaciones; (iii) de las condiciones y términos del toque de queda; y, (iv) de la limitación del ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión.

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito (el «GAP DMQ»), de forma adecuada y oportuna, ha adoptado varias medidas coordinadas con el COEN. Estas

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medidas complementarias, dentro de las competencias del GAD, se han enfocado en coadyuvar en el aislamiento social, la restricción de la movilidad y el apoyo y asistencia a todos los ciudadanos, con especial atención a los grupos vulnerables

Particularmente, las medidas se han recogido en las resoluciones del Alcalde Metropolitano que contienen medidas urgentes y transitorias para atender la emergencia: (i) A-020, de 12 de marzo de 2020, por la que se declara el estado de emergencia grave en todo el territorio del Distrito Metropolitano de Quito; (ii) A-022, de 16 de marzo de 2020, que restringe el uso de ciertos bienes de dominio y uso público en la ciudad y suspendió temporalmente, con ciertas excepciones, la vigencia de las licencias metropolitanas únicas para el ejercicio de actividades económicas y permisos únicos de comercio autónomo otorgadas, reformada por la A-028, de 31 de marzo de 2020; (iii) A-023, que delega la atribución para declarar en situación de emergencia de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública a varios órganos del GAD-DMQ, (iv) A-027, de 31 de marzo de 2020, que autorizó traspasos presupuestarios necesarios para atender la emergencia; (v) A-029, de 3 de abril de 2020, que habilita a la Secretaría de Salud a realizar las contrataciones que se quieran para atender las necesidades de la emergencia; (vi) A-030, de 7 de abril de 2020, que establece restricciones adicionales al uso de ciertos bienes de dominio y uso público, previamente instaurada por medio de la resolución A-022; (vii) A-031, de 8 de abril de 2020, que instaura provisionalmente el plan de restricción vehicular «Hoy Circula» en complemento de las disposiciones del COEN; y, resolución A-038, de 3 de mayo de 2020, en relación con las indicaciones de los órganos competentes de la Administración Pública Central sobre el denominado «distanciamiento».

Por su parte, el COEN, en sesión permanente de 6 de abril de 2020, resolvió, entre otros, disponer a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, dentro del marco de sus competencias, emitir y aprobar una resolución u ordenanza que regule el uso de mascarillas o tapabocas en espacios públicos.

En este sentido, en las circunstancias de emergencia evidenciadas, es necesario continuar con la adopción e implementación de medidas y acciones que permitan gestionar la emergencia de forma pertinente y oportuna. La Ordenanza Metropolitana (la «Ordenanza») que se propone tiene el objetivo de garantizar el derecho a la salud, el bienestar de los ciudadanos y contener la propagación del SARS-COV-2 (COVID 19)», en cumplimiento de la disposición del COEN y como medida permanente que sustituya aquella transitoria dictada por el Alcalde Metropolitano.

La Ordenanza, en síntesis: (i) establece requisitos específicos, en los términos señalados por la Administración Pública Central, para el uso de los bienes de dominio público del GAD DMQ y el espacio público en el Distrito Metropolitano de Quito; (ii) dispone la vigilancia debida en

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relación al cerco epidemiológico para personas diagnosticadas con COVID 19; (iii) establece obligaciones para quienes están sujeto al régimen de licenciamiento en la ciudad; y, (iv) determina infracciones y un régimen sancionador en caso de incumplimientos, en función de la gravedad de la situación.

De conformidad con el Dictamen Nro. 1-20-EE/20 de la Corte Constitucional, esta Ordenanza, (i) se fundamenta en el interés general que supone atender las circunstancias de salud pública, sociales y económicas excepcionales derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19; (ii) es acorde al principio de proporcionalidad al contener regulaciones necesarias para lograr el objeto de garantizar el bienestar de los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito; (iii) se ajusta al principio de seguridad jurídica al ser consistente con normas previas, claras y públicas contenidas en la Constitución, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito y el resto del régimen jurídico aplicable; y, (iv) en relación con el principio de eficiencia, no impone carga administrativa que no se encuentre justificada y resulte mínima y, en todo caso, proporcionada, en relación con la situación existente.

Desde la acción del gobierno central, en general, y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos en particular, es una prioridad inmediata desarrollar, actualizar, preparar y aplicar planes que deben tener como objetivo reducir la transmisión del COVID-19, en particular: contribuyendo a que la población comprenda la enfermedad, sus síntomas y las conductas apropiadas; y, determinando medidas que prevengan la propagación del virus.

El GAD DMQ ha tenido una respuesta eficaz y oportuna frente a la Emergencia Sanitaria, la cual requiere de la adopción de medidas rápidas, basadas en evidencia real y articulada con los demás componentes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, en búsqueda del bienestar de su población. Sin embargo, es necesario adoptar nuevas medidas que, dentro del ámbito de su competencia, hagan más eficaz las políticas que eviten la propagación del virus a nivel comunitario, considerando las realidades particulares del Distrito Metropolitano de Quito.

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EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Visto el Informe No. IC-CUS-CPP-CSA-2020-001 de 29 de abril de 2020 y el Informe No. IC-CUS-CPP-CSA-2020-002 de 14 de mayo de 2020, emitidos en sesión conjunta por las Comisiones de Uso de Suelo, Propiedad y Espacio Público, y Salud.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el núm. 1 del art. 3 de la Constitución de la República («Constitución») establece que es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes;

Que, el art. 30 de la Constitución determina que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable. En concordancia con ello, el art. 32 ibídem, establece que la salud es un derecho que debe garantizar el Estado mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales;

Que, el art. 32 de la Constitución establece que la salud es un derecho que debe garantizar el Estado mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales;

Que, de conformidad con el art. 76, núm. 3 y 6, de la Constitución entre las garantías básicas del debido proceso, se prevén, respectivamente, los principios de tipicidad y proporcionalidad de las infracciones administrativas y su sanción correspondiente;

Que, el art. 82 de la Constitución establece que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes;

Que, de conformidad con el art. 83 de la Constitución son deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente;

Que, el art. 226 de la Constitución dispone que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

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Que, según lo dispuesto por el art. 266, en concordancia con el art. 264, núm. 2, de la Constitución, es competencia de los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos regular y controlar el uso y la ocupación del suelo urbano y rural en su jurisdicción;

Que, la Constitución, en el art. 240, establece que los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tienen facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;

Que, el art. 326, numeral 5 de la Constitución establece que el derecho al trabajo supone desarrollar las labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar;

Que, de con el art. 359 de la Constitución, el sistema nacional de salud (i) comprende las instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; (ii) abarca todas las dimensiones del derecho a la salud; (iii) garantiza la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y (iv) propicia la participación ciudadana y el control social;

Que, el artículo 389 de la Constitución determina que es obligación del Estado proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad; y, que el Estado ejercerá la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos a través del organismo técnico establecido en la ley;

Que, el art. 4, letra f), del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización («COOTAD») determina como fin de los gobiernos autónomos descentralizados, la obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos;

Que, de acuerdo con el art. 87, letra a), del COOTAD es competencia del Concejo Metropolitano, ejercer la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado mediante la expedición de ordenanzas metropolitana, acuerdos y resoluciones;

Que, según los arts. 415 y 417 del COOTAD los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejerce dominio sobre los bienes de uso público: a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación; b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y promoción turística; c) Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás elementos y superficies accesorios de las vías decomunicación

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o espacios públicos a que se refieren los literales a) y b); d) Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas acústicas y otros de análoga función de servicio comunitario; y, e) Los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplen una función semejante a los citados en los literales precedentes, y los demás de dominio del GAD DMQ;

Que, la Ley Orgánica de Régimen Para el Distrito Metropolitano de Quito, establece, en el art. 8, que le corresponde al Concejo Metropolitano, entre otros: (i) decidir, mediante Ordenanza, sobre los asuntos de interés general, relativos al desarrollo integral y a la ordenación urbanística del Distrito; (ii) establecer normas generales para la regulación del uso y aprovechamiento del suelo; (iii) dictar las ordenanzas necesarias para establecer el régimen de sanciones administrativas aplicables al personal de la propia administración y de multas a los ciudadanos, en caso de infracciones a las normas distritales; y, (iv) reglamentar el uso de los bienes de dominio público, el transporte público y privado, el uso de las vías y la circulación en calles, caminos y paseos;

Que, la letra d) del artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado («LSPE») establece que la prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales, y la rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos;

Que, el artículo 35 de la Ley Orgánica de Salud («LOS») señala que la autoridad sanitaria nacional colaborará con los gobiernos seccionales y con los organismos competentes para integrar en el respectivo plan vigente el componente de salud en gestión de riesgos en emergencias y desastres, para prevenir, reducir y controlar los efectos de los desastres y fenómenos naturales y antrópicos;

Que, la LOS en su artículo 37 prevé que todas las instituciones y establecimientos públicos y privados de cualquier naturaleza, deberán contar con un plan de emergencias, mitigación y atención en casos de desastres, en concordancia con el plan formulado para el efecto;

Que, el artículo 24 del Reglamento a la LSPE instituye a los Comités de Operaciones de Emergencia («COEs») como instancias interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones tendientes a la reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación en situaciones de emergencia y desastre. Los COES operarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implica la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico, como lo establece el artículo 390 de la Constitución de la República;

Que, El Reglamento de Establecimientos Servicios Funerarios y Manejo Cadáveres y el Anexo I Disposición de Cadáveres de Acuerdo a Clasificación de Patologías, emitido mediante Acuerdo Ministerial 192, del Ministerio de Salud Pública, publicado en el Registro Oficial 226

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de 20 de abril del 2018, establece los términos y condiciones para la prestación de servicios funerarios;

Que, el artículo 165 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que los GADS, en el ámbito de sus competencias podrán establecer limitaciones al uso o circulación de peatones, vehículos y animales o al estacionamiento vehicular;

Que, el artículo 236 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece la obligatoriedad de portar la cédula de identidad y ciudadanía y presentarla a los agentes de control cuando fueren requeridos;

Que, el art. II.1.4 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito (el «Código Municipal»), establece que el GAD DMQ promoverá las condiciones sociales que contribuyan y permitan garantizar a todos los ciudadanos que habitan en el territorio del Distrito, sin discriminación alguna, la plena vigencia y el efectivo goce del derecho a la salud y demás derechos relacionados;

Que, de acuerdo con el art. II.1.9 del Código Municipal, se implementarán programas y proyectos orientados a la prevención de enfermedades y problemas prioritarios de salud pública en el Distrito Metropolitano de Quito, considerando el ciclo de vida. Se priorizará el desarrollo de programas y proyectos de prevención y difusión de información en los problemas de salud de los grupos de atención prioritaria;

Que, en virtud de la disposición del Art. IV.3.100 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, el GAD DMQ a través de las entidades competentes que designe para el efecto, sancionará a los infractores en general, y tomará todas las medidas necesarias para mejorar el aseo, y limpieza de la ciudad, más aún en el contexto de una emergencia sanitaria;

Que, el art. III.6.1, sobre las Licencias Metropolitanas establece: 1. Las Licencias Metropolitanas son herramientas de gestión administrativa, por las que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en tutela de los bienes jurídicos respecto de los que ejerce competencia, autoriza actuaciones de los administrados. 2. Para efectos del Régimen Administrativo de Licencias Metropolitanas, se entiende por actuación todo obrar del administrado sujeto a regulación y control por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 3. Para efectos del Régimen Administrativo de Licencias Metropolitanas, se entiende por administrado toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o comunidad, sujeta al ejercicio de las potestades públicas a cargo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito;

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Que, según el art. III.6.23 del Código Municipal, la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas es el acto administrativo con el que el GAD DMQ autoriza el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento ubicado en la circunscripción territorial del Distrito Metropolitano de Quito;

Que, el art. IV.6.95 del Código Municipal determina que el espacio público, constituye el espacio físico aéreo, en superficie o subsuelo que constituye el escenario de la interacción social cotidiana y en cuyo contexto los ciudadanos ejercen su derecho a la ciudad. Incorporará elementos urbanísticos, arquitectónicos, paisajísticos y naturales, y permitirá la relación e integración de las áreas, y equipamientos del Distrito Metropolitano de Quito; y, en concordancia, el art. IV.6.96 ibídem establece los componentes del espacio público;

Que, de conformidad con el art. IV.8.60 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, el uso de espacio público sin la correspondiente autorización, o que incurra en las prohibiciones contenidas en las normas, será sancionado con una multa de cien dólares, que se duplicará en caso de reincidencia;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020, de 12 de marzo de 2020, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 160, el Ministerio de Salud Pública declaró el estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, como consecuencia de la pandemia de SARS-COV-2 (COVID 19);

Que, el Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo No.1017, de 16 de marzo de 2020 (el «Decreto»), declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud;

Que, el 19 de marzo de 2020, la Corte Constitucional emitió el Dictamen Nro. 1-20-EE/20, en relación con la constitucionalidad del Decreto y determinó, en lo relevante, que los diferentes gobiernos autónomos descentralizados y demás autoridades seccionales están facultadas a emitir medidas complementarias a las del Comité de Operaciones de Emergencia nacional;

Que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos («CJDH»), en la Resolución Nro. 01/2020, titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas 1, proporciona recomendaciones específicas que los Estados deben tomar en cuenta para la mejor protección de derechos de las personas bajo su jurisdicción durante esta emergencia sanitaria. En el tema específico de personas trabajadoras, señala que muchas se encuentran en especial situación de riesgo y, por lo tanto, los Estados deben brindar garantías específicas para la protección de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales;

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Que, el COEN, en sesión permanente efectuada el lunes 6 de abril de 2020, por unanimidad de sus miembros plenos, resolvió que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, dentro del marco de sus competencias, emitan y aprueben una Resolución u Ordenanza Municipal que regule el uso de mascarillas y/o tapabocas en espacios públicos, y que en la misma, se prohibirá: (i) el uso de las mascarillas N-95 o de uso quirúrgico; y, (ii) la libre circulación de las personas que hayan sido diagnosticados por COVID-19, recordando la obligación de guardar el aislamiento, hasta cumplir con su periodo de recuperación;

Que, el COEN, en sesión permanente efectuada el martes 7 de abril de 2020, por unanimidad de sus miembros plenos, resolvió que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, dentro del marco de sus competencias, que emitan y aprueben una Resolución u Ordenanza Municipal que regule el uso de mascarillas, en la que se deberá regular el uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas a nivel comunitario a fin de reducir la transmisión del virus, y, se restringirá: (i) el uso de las mascarillas tipo respirador N-95 a nivel comunitario; y, (ii) la libre circulación de las personas que hayan sido diagnosticados por COVID-19, recordando la obligación de guardar el aislamiento, hasta cumplir con su periodo de recuperación. Además de ello, se dispuso que se proceda a la retención del vehículo cuyo conductor incumpla el Toque de Queda, o la restricción de circulación según el último dígito de la placa y aquellos que hagan mal uso o uso fraudulento del salvoconducto.;

Que, el 25 de marzo de 2020, el COE Provincial de Pichincha resolvió: «Trabajar de manera conjunta con el personal de los GAD’S para el control del cerco epidemiológico, de acuerdo con los protocolos que establezca el Ministerio de Salud Pública, así como para el análisis de los casos de contagio en la Provincia de Pichincha, precautelando la confidencialidad de la información»; y,

Que, el COE Provincial de Pichincha, en sesión efectuada el 03 de abril del 2020, resolvió «Informar a la ciudadanía que los gobiernos autónomos descentralizados municipales, a través de los Comités Cantonales de Emergencia, realizarán el control estricto del cerco epidemiológico alrededor de los casos confirmados».

En ejercicio de las atribuciones que confieren los artículos 87 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, artículo 8 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito:

EXPIDE LA SIGUIENTE:

ORDENANZA METROPOLITANA REFORMATORIA AL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, QUE INCORPORA EL LIBRO V «DEL EJE PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA, SOCIAL Y ECONÓMICA GENERADA POR EL CORONA VIRUS SARS-CoV-2 CAUSANTE DE LA ENFERMEDAD COVID-19».

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Art. 1.- Incorpórese a continuación Libro IV.8 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, el siguiente libro:

LIBRO V

«DEL EJE PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA, SOCIAL Y ECONÓMICA

GENERADA POR EL CORONA VIRUS SARS-CoV-2 CAUSANTE DE LA ENFERMEDAD

COVID-19″

LIBRO V. 1

«DE LAS NORMAS RELACIONADAS CON LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 CAUSANTE DE LA ENFERMEDAD

COVID-19″

“TÍTULO I

REGLAS DE CONDUCTA, PROHIBICIONES Y SANCIONES”

CAPÍTULO I

DEL OBJETO, ÁMBITO Y TEMPORALIDAD DE LAS MEDIDAS

«Art. […].- Objeto.- Esta Ordenanza tiene por objeto establecer normas para mitigar el riesgo de propagación del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, preservando como lugares de convivencia saludable, los bienes de dominio y uso público y espacio público, así como los bienes afectados al servicio público.

A los efectos expresados (i) determina una serie de medidas encaminadas específicamente al fomento y a la promoción de la convivencia debida; y, (ii) establece infracciones y sanciones administrativas.

Art. […].- Ámbito de aplicación.- En el aspecto objetivo, la Ordenanza se aplica en todo el territorio del Distrito, particularmente en (i) bienes enlistados en los artículos 417 y 418 del COOTAD del GAD DMQ y de espacio público; y, (ii) bienes privados de particulares, especialmente, los de acceso común para realización de actividades económicas, esparcimiento o de ocio.

En el aspecto subjetivo, la Ordenanza se aplica a todas las personas, naturales o jurídicas, que se hallen en el Distrito, sea cual sea su situación jurídica concreta. Art. […].- Temporalidad.- La Ordenanza tiene una vigencia limitada en el tiempo, permanecerá vigente hasta que el Concejo Metropolitano lo determine de acuerdo con el régimen jurídico aplicable.

Registro Oficial – Edición Especial N° 603 Miércoles 27 de mayo de 2020 – 13

CAPÍTULO II

NORMAS PARA EL USO DE BIENES DE DOMINIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE

QUITO

SECCIÓN I NORMAS DE CONDUCTA OBLIGATORIAS

Art.- […].- Reglas de conducta y sanciones respecto del uso de bienes de dominio público del GAD DMQ y espacio público.- Para mitigar el riesgo de propagación del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito:

1. Toda persona que se ubique, transite o efectúe actividades de cualquier tipo en los bienes de dominio público enlistados en los artículos 417 y 418 del COOTAD y el espacio público, obligatoriamente usará debidamente mascarilla que proteja su nariz y boca de la exposición al ambiente. La mascarilla observará las especificaciones que se establezcan en el Protocolo a expedirse por la Secretaría de Salud del GAD DMQ;

Las personas deberán evitar el uso de mascarillas N-95 con la finalidad de preservar su disponibilidad para el personal que, por su función o situación de salud, lo requiera;

2. Toda persona que se ubique, transite o efectúe actividades de cualquier tipo en los bienes de dominio público enlistados en los artículos 417 y 418 del COOTAD y el espacio público, obligatoriamente:

1. Guardará una distancia de al menos de dos metros entre persona y persona; y,
2. Portará cédula de ciudadanía, identidad u otro documento oficial que permita acreditar la identidad, conforme lo dispone el artículo 236 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y el régimen jurídico aplicable.

3. Toda persona que se ubique, transite o efectúe actividades de cualquier tipo en bienes de dominio público o privado y lugares de uso público o privado, de manera obligatoria, mantendrá el orden necesario que garantice el cumplimiento de las disposiciones del COE Nacional en sesión del 15 de marzo

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del 2020, que establece un distanciamiento de mínimo dos metros. A tal efecto, observarán el Protocolo a expedirse por la Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda del GAD DMQ para la colocación de señalética vertical y horizontal; y, del cumplimiento de la disposición de concentraciones establecidos en el Protocolo a expedirse por la Secretaría de Salud del GAD DMQ;

4. Toda persona que realice actividad al aire libre utilizará mascarilla que proteja su nariz y boca de la exposición al ambiente de manera permanente, manteniendo las medidas que se determinen en el Protocolo expedido por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del GAD DMQ;
5. Toda persona conductor o pasajero que circule a bordo de vehículos motorizados y no motorizados, usará mascarilla que proteja su nariz y boca de la exposición al ambiente.

La persona que no acate las disposiciones contenidas en este artículo y efectúe o realice, indistintamente, cualquiera de las actividades mencionadas en los numerales precedentes, será sancionada con una multa equivalente al veinticinco por ciento (25%) de un salario básico unificado y en caso de reincidencia, será sancionada con una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) de un salario básico unificado. En el caso de menores de edad serán responsables sus padres o representantes legales por el incumplimiento de esta disposición.

La sanción indicada se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles por daños a la Municipalidad o a terceros y las penales que puedan corresponder, de conformidad con el régimen jurídico aplicable.

Para efectos de la aplicación del art. 245 del Código Orgánico Administrativo, se considerará que la infracción administrativa que se sanciona en esta norma es de categoría leve.

La obligación de usar mascarillas que proteja su nariz y boca de la exposición al ambiente establecida en el numeral 1 de este artículo, se dicta sin perjuicio de otras que pudiera ordenar la autoridad sanitaria como medidas de prevención del contagio del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19.

Art.- […].- Dotación de mascarillas que proteja nariz y boca de la exposición del ambiente.- El GAD DMQ, distribuirá en forma gratuita a los grupos de atención prioritaria, en la medida de sus posibilidades económicas y operativas, de mascarillas que protejan nariz y boca de la exposición al ambiente. La distribución se efectuará conjuntamente con kits de alimentos, gestionados por la municipalidad, garantizando

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su reemplazo una vez que haya cumplido su tiempo de uso. La mascarilla observará las especificaciones que se establezcan en el Protocolo a expedirse por la Secretaría de Salud del GAD DMQ.

Art.- […].- Dotación de implementos de protección a personal en primera línea de atención de la emergencia.- El GAD DMQ, directamente o a través de sus empresas metropolitanas y/o entidades adscritas, garantizará la dotación suficiente de mascarillas que protejan nariz y boca de la exposición al ambientes, gafas de protección, trajes de bioseguridad y demás material de protección necesario, al personal que se encuentra cumpliendo funciones de atención de la emergencia sanitaria, previniendo al máximo su exposición y posible contagio durante el cumplimiento de sus actividades.

SECCIÓN II

RESTRICCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON LA ENFERMEDAD COVID-19

Art. […].- Restricciones de uso de bienes de dominio público del GAD DMQ y espacio público a personas diagnosticadas con la enfermedad COVID-19 o en aislamiento obligatorio.- Para mitigar el riesgo de propagación del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, las personas que hayan sido diagnosticadas con la enfermedad COVID-19 o se encuentren en aislamiento obligatorio por la autoridad sanitaria nacional, no podrán utilizar los bienes de uso público enlistados en el art. 417 del COOTAD del GAD DMQ. Únicamente estarán habilitados para el traslado vehicular, prioritariamente en vehículos de emergencia, con las debidas protecciones que disminuyan el contacto con otras personas y el riesgo de contagio, exclusivamente para recibir atención médica y de ser posible en compañía de personal médico.

En consecuencia, las personas diagnosticadas mantendrán aislamiento que deberán cumplirlo en sus domicilios, lugares de hospedaje medicalizados tales como hoteles, hostales o similares, casas de salud públicos o privados o en centros de internamiento temporal públicos o privados, dicho asilamiento culminará con el certificado de haber sido dado el alta epidemiológica, por consiguiente, que su libre movilidad no entraña riesgo de contagio al resto de la población.

El certificado de alta epidemiológica, habilitará a las personas diagnosticadas con la enfermedad COVID-19 a la circulación en los bienes de dominio y uso público, sujeta al cumplimiento de las restricciones contenidas en el artículo precedente.

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La persona que incurra en la prohibición contenida en este artículo será sancionada con una multa equivalente a un salario y medio básico unificado. En caso de reincidencia, se aplicará una multa equivalente a tres salarios básicos unificados.

La sanción indicada se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles por daños a la Municipalidad o a terceros y las penales que puedan corresponder, de conformidad con el régimen jurídico aplicable.

Para efectos de la aplicación del art. 245 del Código Orgánico Administrativo, se considerará que la infracción administrativa que se sanciona en esta norma es de categoría grave.

Cualquier servidor o trabajador público que conozca sobre la comisión de presuntas infracciones, flagrantes o no, referentes a la violación de las medidas de aislamiento, presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado y coordinará con la unidad de asesoría jurídica del órgano o ente al que pertenece para el impulso en la investigación; y, de ser el caso, las unidades de asesoría jurídica coordinarán con la Procuraduría Metropolitana, la intervención de la Municipalidad.

Las actuaciones de los servidores municipales se realizarán sin perjuicio de los derechos que asisten a terceros que pudieran resultar afectados por delitos contra la vida o la integridad personal.

Art. […]- Vigilancia epidemiológica para la enfermedad COVID-19.- En virtud del ejercicio de la competencia del control estricto del cerco epidemiológico resuelto por el Comité de Operaciones de Emergencia – Provincia de Pichincha, cuya responsabilidad en cada cantón de la provincia de Pichincha, es de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, para hacer el seguimiento a la persona portadora del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 y su entorno se utilizarán los datos entregados por la autoridad sanitaria nacional de casos de personas diagnosticadas con la enfermedad COVID-19 o en aislamiento obligatorio de conformidad con el régimen jurídico aplicable. Los datos permitirán la implementación de un cerco epidemiológico para:

1. Efectuar monitoreo permanente de las personas diagnosticadas con la enfermedad, garantizando el derecho a la intimidad y la confidencialidad de los datos entregados por la autoridad sanitaria nacional;
2. Verificar la debida utilización de los bienes de dominio público del GAD DMQ y espacio público;

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3. Entregar ayuda mediante la entrega de kits de alimentos en el caso que sean necesarios;
4. Facilitar el contacto y comunicación con el personal de salud correspondiente para informar sobre su progreso y el desarrollo de su sintomatología;
5. Brindar asistencia y atención médica y psicológica por medios telemáticos; y,
6. Habilitar el uso de los bienes públicos a las personas diagnosticadas una vez que hayan recibido el alta epidemiológica.

En todos los casos el manejo y gestión de datos por parte de los órganos competentes del GAD DMQ deberán observar y garantizar los derechos constitucionales y legales de las personas diagnosticadas con la enfermedad COVID-19, especialmente, los derechos a la intimidad personal y familiar y la privacidad.

La información proporcionada por los ciudadanos portadores de la enfermedad, por contener datos personales, será reservada y no estará a disposición de la ciudadanía, por tanto, la municipalidad, guardará absoluta reserva de los datos consignados.

Una vez confirmado mediante el alta epidemiológica que la persona portadora ha superado la enfermedad, y, por tanto, no es un factor de contagio, se solicitará a la autoridad competente la eliminación de la base de datos de contagiados.

CAPÍTULO III

MEDIDAS TEMPORALES PARA EL RETORNO A LOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LICENCIAMIENTO

Art. […]-Obligación de los administrados en la contención de la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19.- Es obligación de los administrados sujetos a Licencias Únicas de Actividades Económicas, correspondientes al sector privado aplicar las medidas de prevención del contagio del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, constantes en el PLAN PARA EL RETORNO PAULATINO AL TRABAJO, emitido por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; y, Ministerio de Trabajo, que a su vez contiene la GUÍA GENERAL PARA EL RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES EN EL SECTOR PRIVADO, u otro que emitan las entidades u órganos competentes, en especial en lo referente a adoptar las medidas de salud sanitarias necesarias y prever la movilidad de los trabajadores, así como la logística requerida que permitan a sus trabajadores cumplir sus jornadas presenciales

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teniendo como prioridad la prevención de la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19.

Art. […1- Obligaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, en referencia al reinicio de actividades presenciales de la institución.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, se sujetará a las disposiciones del Ministerio del Trabajo, especialmente en lo referente a:

1. Implementar un plan que permita el retorno progresivo al trabajo;
2. Jornada especial de trabajo;
3. Mantenimiento del teletrabajo emergente para actividades que permitan dicha modalidad y obligatoria para grupos de atención prioritaria;
4. Jornadas Especiales por efecto de exposición a riesgos del trabajo;
5. En caso de trabajo presencial se deberá asegurar que en las áreas comunes se cumplan los protocolos de distanciamiento establecidos;
6. Monitoreo constante de los síntomas de los servidores municipales y de las empresas públicas y entidades adscritas a fin de controlar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19; y, en caso de que un servidor municipal y de las empresas públicas y entidades adscritas presente sintomatología, se observará como mínimo lo siguiente:

a. Se realizará la prueba COVID-19, a costa del empleador.

b. Se enviará al servidor a aislamiento obligatorio hasta la obtención de
los resultados.

c. Se realizará el seguimiento de los casos que haya resultados positivos.

7. Cumplir los protocolos de higiene emitidos por la Autoridad Sanitaria
Nacional.

Art. […I-Obligaciones para los administrados sometidos al régimen de licenciamiento.- Para mitigar el riesgo de propagación del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, los administrados que por sus actividades económicas se encontraren sometidos al régimen de licenciamiento previsto en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, particularmente a la Licencia Única de Actividas

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Económicas («LUAE»), obligatoriamente, cumplirán con las siguientes reglas de conducta:

1. Dotarán permanentemente y garantizarán la utilización de mascarillas que protejan la nariz y boca de sus trabajadores, conforme al Protocolo a expedirse por la Secretaría de Salud del GAD DMQ;
2. Aplicarán las medidas de desinfección y sanitarias establecidas en el Protocolo a expedirse por la Secretaría de Salud del GAD DMQ, para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19;
3. Establecerán, conforme al Protocolo a expedirse por la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda del GAD DMQ, mecanismos que permitan a sus trabajadores y demás personas vinculadas con la actividad específica, guardar una distancia interpersonal de al menos dos metros; y,
4. Realizarán, conforme al Protocolo a expedirse por la Secretaría de Salud del GAD DMQ, controles de temperatura por medios tecnológicos que garanticen una variación máxima de más menos 0,3 grados, de manera diaria a sus trabajadores y dependientes. En consecuencia, en el evento de que una persona presente una temperatura superior a 37.5 grados centígrados será enviada a su hogar a guardar reposo.

La persona que incumpla cualquiera de las reglas de conducta contenidas en este artículo será sancionada con una multa equivalente a dos salarios básicos unificados. En caso de reincidencia, se aplicará una multa equivalente a cuatro salarios básicos unificados sin perjuicio de la revocatoria de la licencia metropolitana respectiva.

La sanción indicada se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles por daños a la Municipalidad o a terceros y las penales que puedan corresponder, de conformidad con el régimen jurídico aplicable.

Para efectos de la aplicación del art. 245 del Código Orgánico Administrativo, se considerará que la infracción administrativa que se sanciona en esta norma es de categoría grave.

Art. […]- Regla sobre la Licencia Única de Actividades Económicas servicios exequiales en la crisis del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19.- Las personas naturales o jurídicas que, en general, presten servicios exequiales o funerarios, deberán obligatoriamente tener al día su LUAE y cumplir con lo

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dispuesto en el Reglamento para la gestión de cadáveres, mortinatos, piezas anatómicas, osamentas humanas y regulación del funcionamiento de los establecimientos que prestan servicios funerarios y en el Anexo I Disposición de Cadáveres de Acuerdo a Clasificación de Patologías, emitido mediante Acuerdo Ministerial 192, del Ministerio de Salud Pública, publicado en el Registro Oficial 226 de 20 de abril del 2018, especialmente en lo concerniente al manejo de cadáveres y la disponibilidad del 3% de su área total de inhumación, tumbas o nichos individuales, para la disposición de cadáveres, piezas anatómicas u osamentas de personas no identificadas e identificadas no retiradas.

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE

PREVENCIÓN DE PROPAGACIÓN DEL SARS-CoV-2 CAUSANTE DE LA

ENFERMEDAD COVID-19

Art. […]- Potestad sancionadora.- El ejercicio de la potestad sancionadora respecto a los artículos precedentes de este título, le corresponde a la Agencia Metropolitana de Control. A tal efecto, se sujetará al procedimiento administrativo sancionador regulado en el Código Orgánico Administrativo. Tratándose de infracciones administrativas flagrantes, el servidor público correspondiente:

1. Informará verbalmente a la persona sobre la infracción;
2. Recogerá evidencia física y/o fotográfica;
3. Verificará reincidencia por medio de consulta en línea de la base de datos correspondiente; y,
4. Notificará al presunto infractor el acto de inicio del procedimiento sancionador contenido en el formulario generado para el efecto.

La notificación del acto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se podrá adherir al portón o fachada del domicilio, o en su defecto, de contar con el correo electrónico en el registro correspondiente, se remita dicho acto y otros documentos que se deriven mediante ese medio, con la finalidad de evitar exposición o contacto con la persona portadora del SAR-COV-2 causante de la enfermedad COVID-19.

Art. […]- Incumplimiento de las medidas de restricción de la circulación vehicular.-Para mitigar el riesgo de propagación del SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, los conductores que

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circulen (i) en vehículos públicos o privados en los días de restricción a la circulación vehicular no correspondiente a su placa; o, (ii) en los días de restricción total de circulación vehicular según las disposiciones de la autoridad competente, sin portar el salvoconducto vigente y otorgado por la instancia correspondiente o que hagan un uso indebido del mismo; serán sancionados con una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) de un salario básico unificado, el retiro y retención del vehículo a costa del propietario hasta que culmine la emergencia sanitaria, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa o penal a que hubiere lugar.

Art. […]- Imposición de multas referentes a las medidas de restricción de circulación vehicular. La multa determinada en esta ordenanza referente a las medidas de restricción vehicular serán impuestas a los infractores por la Agencia Metropolitana de Tránsito; y, para su ejecución contará con la asistencia de los Agentes Civiles de Tránsito y de ser necesario, con el auxilio de la Fuerza Pública y/o la ejecución de la facultad coactiva.

Art. […]- Corresponsabilidad.- Las personas naturales o jurídicas, incluyendo sus representantes legales, que permitan, promuevan, faciliten o provoquen de cualquier modo la comisión de cualquiera de las infracciones establecidos en esta sección serán corresponsables por la infracción administrativa correspondiente.

Art. […]- Trabajo comunitario.- Las sanciones pecuniarias previstas en esta ordenanza podrán ser compensadas, en todo o en parte, mediante trabajo comunitario a razón de dos dólares de los Estados Unidos de América por cada hora de trabajo comunitario, en tareas relacionadas con la limpieza y desinfección de los bienes de dominio público del GAD DMQ y el espacio público o las que determine la autoridad correspondiente. En el caso que la persona sancionada sea diagnosticada con la enfermedad COVID-19, el trabajo comunitario deberá cumplirlo una vez que haya recibido el certificado de alta epidemiológica».

Disposición General Primera.- Encárguese a la Secretaría de Comunicación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el desarrollo de una campaña de difusión, a través de los medios de comunicación convencionales y digitales, que informe el contenido de esta Ordenanza, particularmente, el buen uso de la mascarilla, el distanciamiento de seguridad interpersonal y las medidas de prevención del contagio del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, con el fin de concientizar y educar a la ciudadanía.

Disposición General Segunda.- Encárguese al Alcalde Metropolitano para que, por medio de los entes y órganos competentes, emita los Protocolos e instale la infraestructura necesaria para la correcta aplicación de la presente ordenanza.

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Estos instrumentos se emitirán en el término de cinco días contados desde la vigencia de la presente ordenanza.

Disposición General Tercera.- Encárguese al Alcalde Metropolitano, establecer las disposiciones necesarias para la optimización y simplificación de los trámites administrativos de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con el régimen jurídico aplicable, en especial, cuando fuere posible, para procurar la implementación de licenciamiento con control posterior en aras de generar fomento en la actividad productiva y reactivación económica.

Disposición General Cuarta.- Encárguese al Alcalde Metropolitano, establecer las medidas de restricción y circulación vehicular que se justifiquen en función de las circunstancias derivadas de la pandemia, dentro del territorio del Distrito Metropolitano de Quito.

Disposición General Quinta.- Encárguese a la Secretaria General del Concejo Metropolitano la publicación de esta Ordenanza en el Registro Oficial.

Disposición Final.- Esta Ordenanza Metropolitana entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. Quedan insubsistentes los instrumentos jurídicos de menor o igual jerarquía que se contrapongan a la presente ordenanza.

Dada en la sesión virtual del Concejo Metropolitano de Quito, el 19 de mayo de 2020.

Abg. Damaris Ortiz Pasuy

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO (E)

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN

La Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito (E), certifica que la presente ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en sesiones de 05 de mayo de 2020; y 19 de mayo de 2020. Quito, 19 de mayo de 2020.

Abg. Damaris Ortiz Pasuy

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO (E)

Registro Oficial – Edición Especial Nº 603 Miércoles 27 de mayo de 2020 – 23

Alcaldía del Distrito Metropolitano.- Distrito Metropolitano de Quito, 19 de mayo de 2020.

EJECÚTESE:

CERTIFICO, que la presente ordenanza fue sancionada por el Dr. Jorge Yunda Machado, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 19 de mayo de 2020. Distrito Metropolitano de Quito, 19 de mayo de 2020.

EDICIÓN ESPECIAL

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

RESOLUCIÓN PLE-CNE-1-21-5-2020

APRUÉBESE LA

RECONSIDERACIÓN DE

LA RESOLUCIÓN N° PLE-

CNE-1-14-5-2020, DE 14 DE

MAYO DE 2020, MEDIANTE

LA CUAL SE APROBÓ EL

REGLAMENTO PARA CAMBIOS

DE DOMICILIO ELECTORAL Y

FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS

DE ATENCIÓN

– Miércoles 27 de mayo de 2020 Edición Especial N° 604 – Registro Oficial

RESOLUCIÓN PLE-CNE-1-21-5-2020

EL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CONSIDERANDO:

Que el artículo 217 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Consejo Nacional Electoral, al formar parte de la Función Electoral, es un órgano con autonomía administrativa, financiera y organizativa y personería jurídica propia que se regirá por principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad;

Que el artículo 219, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, concordante con el artículo 25, numeral 9 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, otorga al Consejo Nacional Electoral la potestad para reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia;

Que el artículo 25, numeral 1 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, establece como una función del Consejo Nacional Electoral la de Organizar dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente y eficaz los procesos electorales;

Que el artículo 30, de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, establece que las resoluciones del Consejo Nacional Electoral se ejecutarán una vez aprobadas y constarán en el acta respectiva, salvo el caso de que hayan sido impugnadas. Las reconsideraciones necesitan del voto favorable de tres consejeras y consejeros y se las puede proponer en la misma sesión o en la siguiente;

Que el Secretario General del Consejo Nacional Electoral, en la Sesión Extraordinaria de jueves 21 de mayo de 2020, dentro del primer punto del orden del día, ha puesto en consideración del Pleno del Consejo Nacional Electoral el Acta Resolutiva No. 05-PLE-CNE-2020 de la sesión extraordinaria de jueves 14 de mayo de 2020, mediante la que, entre otros, con Resolución PLE-CNE-1-14-5-2020 se aprobó el ‘REGLAMENTO PARA CAMBIOS DE DOMICILIO ELECTORAL Y FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE ATENCIÓN»;

Que el ingeniero José Cabrera Zurita, Consejero del Organismo, solicita la reconsideración de la Resolución PLE-CNE-1-14-5-2020, por cuanto, en el artículo 5, literal d) del Reglamento para Cambios de Domicilio

Registro Oficial – Edición Especial N° 604 Miércoles 27 de mayo de 2020 – 3

Electoral y Funcionamiento de Puntos de Atención, donde dice: «definitiva», debe decir: «permanente», moción que es respaldada por la ingeniera Esthela Acero Lanchimba, Consejera;

Que el REGLAMENTO PARA CAMBIOS DE DOMICILIO ELECTORAL Y FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE ATENCIÓN, aprobado mediante Resolución Nro. PLE-CNE-1-14-5-2020, se encuentra publicado en el Registro Oficial Edición Especial N° 593 de jueves 21 de mayo de 2020;

Que los debates y los argumentos que motivan la votación de las Consejeras y Consejeros al tratar este punto del orden del día constan en el acta íntegra de la presente sesión; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la reconsideración de la Resolución Nro. PLE-CNE-1-14-5-2020; de 14 de mayo de 2020, mediante la cual se aprobó el Reglamento para Cambios de Domicilio Electoral y Funcionamiento de Puntos de Atención, el mismo que se encuentra publicado en el Registro Oficial Edición Especial N° 593, de jueves 21 de mayo de 2020, en el texto del literal d) del artículo 5 del Reglamento Ibídem, sustituyendo la palabra «definitiva» por «permanente», por tanto su texto final es el siguiente:

«Artículo 5.- Requisitos para solicitar cambios de domicilio electoral.-

(…)

d. Las y los ciudadanos que soliciten cambiar su domicilio electoral a la provincia de Galápagos, a más de los requisitos exigidos en el presente artículo, deberán presentar el carné de residencia temporal o permanente otorgado por la autoridad competente y que se encuentre vigente a la fecha del cambio de domicilio electoral.»

Artículo 2.- Disponer al señor Secretario General solicite la publicación de la presente resolución en el Registro Oficial; y, al Coordinador Nacional de Desarrollo de Productos y Servicios Informativos Electorales, la publicación en la página web institucional.

DISPOSICIÓN FINAL

El señor Secretario General notificará la presente resolución a los Coordinadores Nacionales, Directores Nacionales, Delegaciones Provinciales Electorales, Organizaciones Políticas Nacionales y al Tribunal Contencioso Electoral, para trámites de ley.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, y aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, a los veinte y un días del mes de mayo del año dos mil veinte.- Lo Certifico.

4 – Miércoles 27 de mayo de 2020 Edición Especial N° 604 – Registro Oficial

RAZÓN: Siento por tal que la presente reconsideración del Reglamento para Cambios de Domicilio Electoral y Funcionamiento de Puntos de Atención, ante la declaratoria del estado de excepción vigente en el territorio nacional, que antecede, fue discutido y aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en la sesión extraordinaria No. 06-PLE-CNE-2020-EXT, celebrado el jueves 21 de mayo de 2020, a través de medios electrónicos.-Lo certifico.

RAZÓN: En mi calidad de Secretario General del Consejo Nacional Electoral, CERTIFICO que el ejemplar que antecede es fiel copia del original que reposa en la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral y que fue discutido y aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en sesión extraordinaria No. 06-PLE-CNE-2020-EXT, celebrado el jueves 21 de mayo de 2020, a través de medios electrónicos.- Lo certifico.