Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 02 de octubre de 2019 (R. O52, 2–octubre -2019)

Año I – Nº 52

Quito, miércoles 2 de octubre de 2019

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE DESARROLLO

URBANO Y VIVIENDA:

011-19… Deléguese a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, como la Unidad Administrativa competente, para realizar el seguimiento de las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado

MINISTERIO DE INCLUSIÓN

ECONÓMICA Y SOCIAL:

132…….. Refórmese el Acuerdo Ministerial No. 0120 de 17 de julio de 2019

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:

00042-2019 Deléguese al/la Director/a Nacional de Centros Especializados, para que se encargue del procedimiento de adquisición del medicamento INCRELEX

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PÚBLICAS:

031 2019 Desígnese a la Dirección General de Aviación Civil como la Organización Responsable de la Gestión de la Seguridad Operacional del Ecuador

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DEL AMBIENTE:

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL:

063…….. Apruébese la reevaluación del diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental de los campos Víctor Hugo Rúales (VHR), Sansahuari y Cuyabeno, ubicados en el cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos

AGENCIA DE REGULACIÓN

Y CONTROL MINERO – ARCOM:

ARCOM-ARCOM-2019-0046-RES Dispónese que para el cumplimiento del «Reglamento para el control de las exportaciones de minerales», solo podrán ser designados los organismos de inspección y/o laboratorios de ensayos que cuenten con la autorización o calificación emitida por la ARCOM

2 – Miércoles 2 de octubre de 2019 Registro Oficial N° 52

Págs.

CONSEJO NACIONAL PARA LA

IGUALDAD DE MOVILIDAD HUMANA:

004-ST-CNIMH-2019 Expídese la política institucional para el correcto uso y manejo de los archivos

SERVICIO DE GESTIÓN

INMOBILIARIA DEL SECTOR

PÚBLICO – INMOBILIAR:

INMOBILIAR-SGLB-2019-0080 Refórmese la Resolución N° INMOBILIAR- SGDTB-2015-0167, de 25 de noviembre del 2015

INMOBILIAR-SGLB-2019-0082 Transfiérese un inmueble, de propiedad del MIES a favor de INMOBILIAR

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS:

Califíquense como peritos valuadores y auditor interno a las siguientes personas:

SB-DTL-2019-907 Ingeniero automotriz Ricardo Gabriel Guaita Miño

SB-DTL-2019-908 Arquitecta María Isabel Aguirre Ramírez

SB-DTL-2019-0926 Doctor en Contabilidad y Auditoría Manuel Guillermo Nazati Yetacama

SB-DTL-2019-935 Señor Juan Diego Ponce Machado

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL

DEL PODER DE MERCADO:

SCPM-DS-2019-34 Expídese el Instructivo de convenios

SCPM-DS-2019-35 Deróguese la Resolución No. SCPM-DS-027-2016 de 25 de abril de 2016

SCPM-DS-2019-36 Refórmese la Resolución No. SCPM-2013-027, de 30 de abril de 2013

SCPM-DS-2019-38 Expídese el Instructivo para el otorgamiento de beneficios de exención o reducción del importe de la multa

No. 011-19

Arquitecto Guido Esteban Macchiavello Almeida

MINISTRO DE DESARROLLO

URBANO Y VIVIENDA

Considerando:

Que, el artículo 154 número 1 de la Constitución de la República, dispone que dentro de las atribuciones de los Ministros de Estado se encuentra la siguiente: «(…) Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera».

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, dispone que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución».

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación».

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo COA dispone que: «La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley».

Que, el artículo 69 del referido Código establece: «DELEGACIÓN DE COMPETENCIA.- Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias incluida a la de gestión, en: 1.- otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente competentes. (….) la delegación de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia. «.

Que, el Código Orgánico Administrativo en el artículo 70 dispone: «Contenido de la delegación. La delegación contendrá: 1. La especificación del delegado; 2. La especificación del órgano delegante y la atribución para delegar dicha competencia; 3. Las competencias que son objeto de delegación o los actos que el delegado debe ejercer para el cumplimiento de las mismas; 4. El plazo o condición, cuando sean necesarios; 5. El acto del que conste la delegación expresará además lugar, fecha y número; 6. Las decisiones que pueden adoptarse por delegación. La delegación de competencias y su revocación se publicarán por el órgano delegante, a través de los medios de difusión institucional».

Registro Oficial N° 52 Miércoles 2 de octubre de 2019 – 3

Que, el artículo 77 de la Ley de la Contraloría General del Estado, señala: «Los Ministros del Estado y las máximas autoridades de las instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad. Además se establecen las siguientes atribuciones y obligaciones específicas: I. Titular de la entidad: a) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, ambientales y más sistemas administrativos: (…)».

Que, el artículo 92 de la Ley Ibídem, dispone: «Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado «.

Que, el artículo 12 del Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece: «La respectiva entidad y organismo del sector público que controla la Contraloría serán responsables de instalar, mantener y perfeccionar el sistema de control interno. Se aplicaran los componentes del control interno que incluirán el ambiente de control, la evaluación de los riesgos de control, las actividades de control, el sistema de información y comunicación y las actividades de monitoreo y supervisión de control interno. Igualmente se aplicarán las normas técnicas de control interno específicas para la contabilidad, el presupuesto, la tesorería, la gestión de bienes, la deuda pública, el recurso humano, el procesamiento automático de datos, las inversiones en proyectos y programas y el mejoramiento continuo de la organización institucional»;

Que, las Normas de Control Interno emitida por la Contraloría General del Estado para las entidades, organismos y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, mediante Acuerdo de la Contraloría General del Estado expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 039 publicado en el Registro Oficial Suplemento 87 de 14 de diciembre de 2009, en su norma 200-04 Estructura Organizativa dispone: «(….) La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes.

Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de organización actualizado en el cual se deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer los niveles jerárquicos y junciones para cada uno de sus servidoras y servidores. «

Que, el Acuerdo de la Contraloría General del Estado expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 039 publicado en el Registro Oficial Suplemento 87 de 14 de diciembre de 2009, en su norma 200-05 Delegación de autoridad, establece: «La asignación de responsabilidad,

la delegación de autoridad y el establecimiento de políticas conexas, ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, objetivos, funciones operativas requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre los sistemas de información y autorizaciones para efectuar cambios. La delegación de funciones o tareas debe conllevar, no sólo la exigencia de la responsabilidad por el cumplimiento de los procesos y actividades correspondientes, sino también la asignación de la autoridad necesaria, a fin de que los servidores puedan emprender las acciones más oportunas para ejecutar su cometido de manera expedita y eficaz. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación serán consideradas como dictadas por la autoridad delegante. El delegado será personalmente responsable de las decisiones y omisiones con relación al cumplimiento de la delegación».

Que, la Norma 400 del Acuerdo de la Contraloría General del Estado No. 39, relacionada a la actividad de control, dispone: «La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y servidores responsables del control interno de acuerdo a sus competencias, establecerán políticas y procedimientos para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos institucionales, proteger y conservar los activos y establecer los controles de acceso a los sistemas de información. Las actividades de control se dan en toda la organización, en todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen una diversidad de acciones de control de detección y prevención, tales como: separación de funciones incompatibles, procedimientos de aprobación y autorización, verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y archivos, revisión del desempeño de operaciones, segregación de responsabilidades de autorización, ejecución, registro y comprobación de transacciones, revisión de procesos y acciones correctivas cuando se detectan desviaciones e incumplimientos «;

Que, el artículo 5 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, dispone: «Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades y órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o Decreto «;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en su artículo 17 determina que: «(…) Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales (…).»

Que, el Estatuto Orgánico por procesos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda expedido mediante Acuerdo No. 051-15 de 27 de noviembre del 2015, publicado en la Edición Especial No.515 del Registro Oficial del 25 de febrero del 2016, reformado mediante Acuerdo Ministerial No. 020-18 de 27 de septiembre de 2018, en el artículo 10 atribuciones y responsabilidades del Ministro dispone: «(…) c) definir y emitir las políticas y el marco normativo regulador del desarrollo urbano y vivienda que

4 – Miércoles 2 de octubre de 2019 Registro Oficial N° 52

garantice un adecuado desarrollo del sector y controlar su cumplimiento. (…) g) Expedir conforme la ley acuerdos, resoluciones, reglamentos y más disposiciones requeridas para la adecuada conducción de la gestión institucional. (…) w) Dirigir la gestión de los modelos integrales: Técnicos, económicos, financieros y de calidad que permitan el fortalecimiento institucional, garantizando el mejoramiento continuo del sector de hábitat, vivienda y asentamientos humanos».

Que, el Estatuto Orgánico por procesos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda expedido mediante Acuerdo No. 051-15 de 27 de noviembre del 2015, publicado en la Edición Especial No.515 del Registro Oficial del 25 de febrero del 2016, reformado mediante Acuerdo Ministerial No. 020-18 de 27 de septiembre de 2018, en el artículo 3.5, establece como misión de la Gestión de Planificación: «Dirigir, administrar y articular los procesos relacionados con la planificación estratégica y operativa institucional, los programas, proyectos y estudios de inversión a través de las diferentes herramientas de gestión, en el marco de la normativa vigente, los convenios de cooperación internacional y los sistema de información, alineados al Plan Nacional de Desarrollo, a fin de proporcionar bienes y servicios de calidad al ciudadano «.

Que, en el mencionado Estatuto Orgánico por procesos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, corresponde a la Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica: «Atribuciones y responsabilidades:

a.- Coordinar los procesos de planificación e inversión, seguimiento y evaluación, tecnologías de la información y la gestión por procesos en la institución. (…)

c.- Controlar el sistema de planificación y seguimiento institucional para mejorar la gestión de recursos. (…)

k.- Coordinar los procesos de seguimiento y evaluación al cumplimiento de la planificación institucional, la ejecución presupuestaria, la gestión de gobierno por resultado, los compromisos presidenciales, gabinetes itinerantes, disposiciones internas e instrumentos.

n.- Impulsar, proponer e implemento los procesos institucionales para que promuevan la calidad y eficiencia de la gestión pública institucional.

3.1.2.- Gestión de Seguimiento y Evaluación de Planes, Programas, Proyectos e Intervenciones:

Misión: Realizar el monitoreo y evaluación de los planes, programas y proyectos acorde con la política sectorial e institucional, a través de instrumentos técnicos, administrativos y tecnológicos, para proveer información que facilite retroalimentarla planificación y la toma de decisiones de la organización».

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 020-18 de 27 de septiembre de 2018, se reforma el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda expedido mediante Acuerdo No. 051-15 de 27 de noviembre del 2015.

Que, con Decreto Ejecutivo No. 818 de fecha 3 de julio del 2019, se designa al señor Arquitecto Guido Esteban Macchiavello Almeida, como Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda.

En uso de las facultades previstas en los artículos 154 de la Constitución de la República, artículo 69 del Código Administrativo Financiero y artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

Acuerda:

Artículo 1.- Delegar a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, como la Unidad Administrativa competente, para realizar el seguimiento de las recomendaciones que constan en los Informes de Auditorías o Exámenes Especiales practicados al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por la Contraloría General del Estado, directamente o a través de las Unidades de Auditoría Interna; administrará el correspondiente registro y comunicarán las recomendaciones a los funcionarios que deban cumplirlas o implementarlas; así mismo los funcionarios comunicarán a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, el avance del cumplimiento.

El seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones que expedida la Contraloría General del Estado, se realizará tanto en Planta Central, Coordinaciones Zonales, Direcciones de Oficina Técnica a nivel nacional.

Artículo 2.- La Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, realizará el seguimiento de las recomendaciones que constan en los Informes de Auditorías o Exámenes Especiales practicados al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por la Contraloría General del Estado, directamente o a través de las Unidades de Auditoría Interna, que hayan sido expedidos en los últimos 7 años, contados a partir de la expedición de la presente Delegación.

Artículo 3.- La Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, como Autoridad Delegada, se encargará de coordinar, recabar y entregar la información que solicite la Contraloría General del Estado, y/o Auditoría Interna, dentro de los Exámenes Especiales que éstos realicen, y contestar los requerimientos de información que sean formulados por el Órgano de Control.

Artículo 4.- La Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, en ejercicio de esta delegación informará mensualmente a la Máxima Autoridad del avance del cumplimiento de las recomendaciones que se expidan a la gestión de esta Cartera de Estado.

Artículo 5.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, encárguese a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.

Registro Oficial N° 52 Miércoles 2 de octubre de 2019 – 5

El presente Acuerdo Ministerial, se encontrará vigente desde su suscripción, sin perjuicio de su publicación en los medios de difusión institucional de esta Cartera de Estado.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, 12 de septiembre de 2019.

f.) Arquitecto Guido Esteban Macchiavello Almeida, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda.

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.- Certifico que este documento es fiel copia del original.- 17 de septiembre de 2019.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

No. 132

Lourdes Berenice Cordero Molina

MINISTRA DE INCLUSIÓN

ECONÓMICA Y SOCIAL

Considerando:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.

Que, el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, faculta a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

Que, el artículo 233 de la Carta Magna, expresa que ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio

de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.

Que, el Código Orgánico Administrativo, se publicó en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 31 de fecha 7 de julio de 2017; norma que, entró en plena vigencia a partir del 7 de julio de 2018.

Que, el Código Orgánico Administrativo, respecto a la delegación de competencias, su contenido, efectos, prohibición y extinción establece que:

«Art. 69.- Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en:

1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes.

(…) 5. Sujetos de derecho privado, conforme con la ley de la materia.

Art. 71.- Efectos de la delegación. Son efectos de la delegación:

1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante.
2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 242, de 13 de diciembre de 2017, el Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, designó como Ministra de Inclusión Económica y Social a la señora Lourdes Berenice Cordero Molina.

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 000080, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 329 de 19 de junio del 2015, se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MIES, define como la misión de la Gestión de Asesoría Jurídica: «Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar los procedimientos de carácter administrativo interno de la Coordinación, así como la gestión de patrocinio, supervisión y control de organizaciones de derecho privado, asesoría jurídica y desarrollo normativo institucional, tanto a nivel central como desconcentrado».

Que, el referido Estatuto en el numeral 3.1.2 se establece como responsabilidades de la Coordinación General de Asesoría Jurídica: «d. Proponer políticas, estrategias, directrices, lineamientos, normas, modelos de gestión, instrumentación técnica y jurídica, que permitan alcanzar los objetivos establecidos en el ámbito de su competencia; f. Coordinar la asesoría institucional en materia jurídica para la emisión de los instrumentos legales correspondientes dentro del marco normativo aplicable».

6 – Miércoles 2 de octubre de 2019 Registro Oficial N° 52

Que, el subnumeral 3.1.2.1 del prenombrado Estatuto, correspondiente a la Dirección de Asesoría Jurídica, establece como su atribución: «f. Participar en la elaboración y actualización de la normativa legal que regula la gestión de la institución, en el ámbito de su competencia».

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 000024 de 14 de agosto de 2014 se expidieron las normas para delegar las atribuciones en el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 020 de 2 de abril 2018, se reformó y codificó el Acuerdo Ministerial Nro. 0024 y su reformas correspondientes a las delegaciones de las siguientes atribuciones en el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 120 de 17 de julio de 2019, se reformó y codificó el Acuerdo Ministerial 020 del 2 de abril de 2018 y sus reformas correspondientes a la Delegaciones de las siguientes atribuciones en el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador.

Acuerda:

REFORMAR EL ACUERDO MINISTERIAL

No. 0120 DE 17 DE JULIO DE 2019,

OTORGANDO LA SIGUIENTE DELEGACIÓN

A/EL/LA COORDINADOR/A GENERAL

ADMINISTRATIVO/A FINANCIERO/A EN EL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y

SOCIAL – MIES

Artículo. 1.- En el artículo 3, refórmese y agréguese lo siguiente:

Refórmese el literal a), por el siguiente texto:

a) La suscripción y expedición de todos los actos administrativos, de simple administración correspondientes a Planta Central; así como la suscripción de contratos derivados de la aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General de Aplicación, el Código del Trabajo y demás actos normativos expedidos por el Ministerio del Trabajo y el MIES, financiados con gasto corriente o de inversión, referente a los subsistemas de planificación, selección, capacitación y evaluación del desempeño del Talento Humano; de igual forma, previa autorización de la máxima autoridad la suscripción de acciones de personal de vacaciones del nivel jerárquico superior. Se exceptúan los traspasos de puestos; comisiones de servicios de las EOD; nombramientos regulares y de libre remoción.

Para el caso del subsistema de selección en lo referente a la contratación del personal de Planta Central se deberá contar con la validación técnica del perfil del servidor o servidora por parte de la Dirección Nacional de Administración de Recursos Humanos.

La iniciación y tramitación de Sumarios Administrativos y Vistos Buenos en apego a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público -LOSEP-, su Reglamento, el Código del Trabajo y demás normativa expedida por el Ministerio de Trabajo; debiendo realizar y expedir la respectiva resolución y notificación en el caso de sanción.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las funciones y atribuciones delegadas mediante este acuerdo, no podrán ser nuevamente delegadas; sin embargo, aquellas funciones y atribuciones directamente asignadas de conformidad al Estatuto Orgánico por Procesos a los órganos administrativos y servidores del Ministerio de Inclusión Económica y Social, podrán ser delegadas de conformidad a la ley, desde niveles orgánicos superiores a los niveles inferiores.

SEGUNDA.- Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal por infracciones al ordenamiento jurídico, el funcionario delegado responderá de sus actuaciones ante la autoridad delegante.

TERCERA.- De la ejecución del presente Acuerdo, encárguese a la Coordinación General Administrativa Financiera del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

CUARTA.- A partir de la vigencia del presente Acuerdo Ministerial, se dejan sin efecto todas las disposiciones que dupliquen o se contrapongan al contenido de este instrumento jurídico.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, 04 de septiembre de 2019.

f) Lourdes Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión Económica y Social.

MIES.- MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.- Secretaría General.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Ilegible.

Registro Oficial N° 52 Miércoles 2 de octubre de 2019 –

No. 00042-2019

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA,

ENCARGADA

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 154, numeral 1, dispone que corresponde a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 361 de la Norma Suprema establece que el Estado ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Salud a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, que será la responsable de formular la política nacional de salud, y de normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector;

Que, la referida Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 363 prevé que el Estado será responsable de: «(…) 7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. (…). «;

Que, la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 4, preceptúa: «La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. «;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en el artículo 17, dispone: «(…) Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. (…). «;

Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo manda: «Son efectos de la delegación: 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda. «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 818 de 03 de julio de 2019, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 534 de 19 de julio del mismo año, el Presidente

Constitucional de la República del Ecuador, designó a la magister Catalina de Lourdes Andramuño Zeballos, Ministra de Salud Pública, Encargada;

Que, a través de memorando No. MSP-CGAJ-2019-0369-M de 5 de agosto de 2019, el Coordinador General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública, remitió a la Directora Nacional de Centros Especializados el informe respecto a la «Adquisición del medicamento Increlex (Mecasermina) 10mg/ml, solución inyectable para pacientes diagnosticados con síndrome de Larón «, en cuyo numeral 4, respecto a las «Recomendaciones» determina: «4.1. Realizar la adquisición directa del fármaco INCRELEX considerando lo establecido en el Art. 154 de la Ley Orgánica de Salud, a través del procedimiento establecido en los apartados 2 y 4 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con el objeto de cumplir de forma total y definitiva lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia No. 074-2016-SIS-CC de 12 de diciembre de 2016. «; y,

Que, mediante memorando No. MSP-VAIS-2019-0709-M de 4 de septiembre de 2019, el Viceministro de Atención Integral en Salud solicitó al Coordinador General de Asesoría que, a fin de dar cumplimiento a la sentencia No. 074-16-SIS-CC, se elabore el instrumento que corresponda para que la Dirección Nacional de Centros Especializados se encargue del procedimiento de adquisición del medicamento Increlex.

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva

Acuerda:

Art. 1.- Delegar al/la Director/a Nacional de Centros Especializados, para que se encargue del procedimiento de adquisición del medicamento INCRELEX, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia No. 074-2016-SIS-CC de 12 de diciembre de 2016.

Art. 2.- El/la delegado/a será responsable directamente de sus actuaciones u omisiones, conforme lo previsto en el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo.

Art. 3.- El/la delegado/a deberá reportar mensualmente al Viceministerio de Atención Integral en Salud las acciones tomadas en el ejercicio de la presente delegación.

Art. 4.- El/la Director/a Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud será el/la encargado/a de realizar el seguimiento y control de los pacientes a los que se suministrará el medicamento INCRELEX.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Ofcial.

8 – Miércoles 2 de octubre de 2019 Registro Oficial N° 52

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 11 de septiembre de 2019.

f.) Mgs. Catalina Andramuño Zeballos, Ministra de Salud Pública, Encargada.

Es fiel copia del documento que consta en el Archivo de la Dirección Nacional de Secretaría General, al que me remito en caso necesario.- Lo certifico en Quito a, 16 de septiembre de 2019.- f.) Director(a) Nacional de Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.

No. 031 2019

Mgs. José Gabriel Martínez Castro

MINISTRO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PÚBLICAS

Considerando:

Que, el artículo 154 numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que a los Ministros de Estado les corresponde: «(…) ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…) «;

Que, el artículo 226, de la norma ibídem manifiesta: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, de conformidad con el numeral 10 del artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: el Estado central tendrá competencia exclusiva sobre puertos y aeropuertos;

Que, el artículo 314 de la norma ibídem establece como competencia del Estado: «(…) la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley (…) «;

Que, el artículo 394 de la norma ibídem consagra que: (…) El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias;

Que, la República del Ecuador es Estado signatario del Convenio de Aviación Civil Internacional suscrito en la ciudad de Chicago, Illinois, de los Estados Unidos de América, el 7 de diciembre de 1944, y como tal, miembro de

la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), mediante el cual se compromete a dar cumplimiento a las normas y métodos recomendados, contenidos en los Anexos y documentos complementarios;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Convenio de Aviación Civil Internacional, la OACI adoptó el Anexo 19 designado como «Gestión de la Seguridad Operacional» que contiene las Normas y Métodos recomendados «SARPS» relacionados con las responsabilidades y procesos que subyacen a la gestión de la seguridad operacional por parte de los Estados;

Que, la OACI publicó el Documento 9859 «Manual de Gestión de la Seguridad Operacional» (SMM), que en su cuarta edición, describe al SSP como un conjunto integrado de regulaciones y actividades destinadas a mejorar la seguridad. Y que el SSP tiene como objetivos: a) garantizar que el Estado cuente con un marco legislativo efectivo que respalde reglamentos operativos específicos; b) garantizar la coordinación y la sinergia de la gestión de la seguridad operacional y la gestión de riesgos de seguridad entre las autoridades estatales de aviación relevantes; c) apoyar la implementación efectiva y la interacción adecuada con los SMS de los proveedores de servicios; d) facilitar el monitoreo y la medición del desempeño de seguridad operacional de la industria de aviación del estado; y e) mantener y/o mejorar continuamente el desempeño general del Estado;

Que, en ese contexto, el Ecuador tiene el compromiso de establecer un Programa de Seguridad Operacional del Estado (SSP), para lograr un nivel aceptable del rendimiento en materia de seguridad operacional en la aviación civil, con arreglo a las SARPS que figuran en los Anexos 1; 6; 8; 11; 13; 14 y 19 de la OACI y que éste se constituya en política de Estado;

Que, la finalidad de las normas y métodos recomendados (SARPS) del Anexo 19 y del Documento 9859 es ayudar a los Estados a gestionar los riesgos de seguridad operacional de la aviación. En virtud de la creciente complejidad del sistema mundial de transporte aéreo y de la interrelación de sus actividades de aviación necesarias para garantizar la operación segura de las aeronaves, este Programa sirve de apoyo a la evolución continua de una estrategia preventiva que permita mejorar el rendimiento en materia de seguridad operacional;

Que, en concordancia con los requerimientos establecidos en el Anexo 19, Gestión de la Seguridad Operacional, y en el Documento 9859, Manual de Gestión de la Seguridad Operacional de la OACI, es necesario el establecimiento de la organización apoderada de la Gestión de la Seguridad Operacional del Ecuador y de su Ejecutivo Responsable;

Que, el segundo inciso del mismo artículo 5 de la Codificación de la Ley de Aviación Civil señala: «(…) El Director General de Aviación Civil es la máxima autoridad de la Entidad (…); y en su inciso final, establece: «(…) que es el responsable por el cumplimiento de las obligaciones de la Dirección General de Aviación Civil (…) «;

Registro Oficial N° 52 Miércoles 2 de octubre de 2019 – 9

Que, la misma disposición legal en su artículo 6, literal b), numeral 1, determina que es atribución del Director General de Aviación Civil: «Velar por el cumplimiento estricto de las convenciones internacionales (…) «

Que, de acuerdo con el artículo 6, numeral 3, literal a) de la citada Codificación, se establece también como atribución del Director General: «Dictar, reformar, derogar regulaciones técnicas, órdenes, reglamentos internos y disposiciones complementarias de la aviación civil, de conformidad con la presente Ley, el Código Aeronáutico, el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y las que sean necesarias para la seguridad de vuelo y la protección de la seguridad del transporte aéreo «;

Que, la misma disposición legal en el numeral 3, literal c) de la referida Codificación, le atribuye al Director General de Aviación Civil la facultad de «Adoptar las medidas de carácter precautelatorio en beneficio de la seguridad de las operaciones aéreas y de seguridad aeroportuaria, sin perjuicio de la acción legal que corresponda «;

Que, a partir de la expedición del Decreto Ejecutivo No. 156 de 20 de noviembre de 2013, la rectoría de la política aeronáutica, pasó a ser de competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 860 de 21 de agosto de 2019, el Licenciado Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República, designa al suscrito, como máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y, como tal máxima autoridad Institucional;

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo establece: «(…) La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley»;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que: «(…) Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República (…) «;

Que, el artículo 2 del Reglamento Orgánico por Procesos, Dirección de Aviación Civil, dice: «Objetivos estratégicos.-De acuerdo a la misión de la Dirección General de Aviación Civil se definen los siguientes objetivos: 1.- Desarrollar infraestructura aeroportuaria, construir pistas, plataformas, edificios terminales: optimizar zona aeronáutica y anexos. 2.- Implementar, optimizar y mantener equipos de ayudas para la navegación aérea. 3.- Controlar, cumplir y garantizar la seguridad operacional aeronáutica. 4.- Aplicar, administrar y mantener sistemas con tecnologías de información y comunicación aeronáutica y satelital. 5.- Integrar y desarrollar sistemas para procesamiento automático de datos y comunicación administrativa. 6.- Establecer e implementar normativa aeronáutica nacional

e internacional. 7.- Formular, optimizar, administrar y aplicar la racionalización del recurso humano a nivel nacional;

Que, de conformidad con el análisis legal realizado por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Aviación Civil mediante Memorando Nro. DGAC-AE-2019-0758-M de 15 de mayo de 2019, concluye y recomienda que, «En función de lo expuesto, desde el punto de vista legal, observando lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y bajo los lineamientos emanados por la OACI, el proyecto de resolución que busca identificar a la Dirección General de Aviación Civil como la Organización Responsable de la Gestión de la Seguridad Operacional del Ecuador, para establecer, implantar y operar el «Programa estatal de seguridad operacional (SSP)», así como, designar como «Ejecutivo Responsable » del programa estatal de seguridad operacional (SSP), al Director General de Aviación Civil, es viable y puede ser remitido al Ministerio de Transporte y Obras Públicas»;

Que, mediante el informe No. MTOP-STA-2019-012, de 21 de julio de 2019, el ingeniero Pablo Galindo, Subsecretario de Transporte Aéreo, recomienda al señor Gonzalo Altamirano Sánchez, Director de Inspección y Certificación Aeronáutica, en virtud de que la Dirección General de Aviación Civil es la institución técnica que garantiza la seguridad operacional y la seguridad de la aviación, conforme sus atribuciones y a su naturaleza jurídica; y como tal, es el ente competente para dar cumplimiento al Anexo 19 y al Documento 9859 «Manual de Gestión de la Seguridad Operacional»;

Que, mediante memorando Nro. MTOP-STA-2019-146-ME de 20 de agosto de 2019, suscrito por el ingeniero Pablo Galindo Moreno, Subsecretario de Transporte Aéreo, remite al doctor Pablo José Cevallos Palomeque, Coordinador General de Asesoría Jurídica, el proyecto de Acuerdo Ministerial que designa la entidad apoderada y al ejecutivo responsable del programa estatal de seguridad operacional del Ecuador, a fin de que se sirva efectuar el análisis correspondiente, previa suscripción de la Máxima Autoridad;

Que, desde la perspectiva jurídica y acorde a los lineamientos establecidos por la OACI, esta norma busca, determinar a la organización apoderada y al Ejecutivo responsable del Programa SSP, promoviendo las condiciones necesarias que permitan la eficiente y efectiva implementación del mismo; y,

En ejercicio de las atribuciones y obligaciones que me concede el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República; el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo; y, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Artículo 1.- Designar a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) como la Organización Responsable de

10 – Miércoles 2 de octubre de 2019 Registro Oficial N° 52

la Gestión de la Seguridad Operacional del Ecuador, para establecer, implantar y operar el «Programa estatal de seguridad operacional (SSP)», de conformidad con lo establecido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el Convenio de Chicago, su Anexo 19 y Documento 9859.

Artículo 2.- Designar como «Ejecutivo Responsable» del Programa estatal de seguridad operacional (SSP), al Director General de Aviación Civil, quien será la autoridad responsable de:

a. La implementación, operación, mantenimiento y administración del SSP en todo su sistema de aviación, con la excepción de la organización de investigación de accidentes del Estado;

b. Gestionar los recursos financieros relacionados con la organización apoderada del SSP;

c. La designación de los equipos de trabajo necesarios y de los funcionarios responsables del proceso;

d. Emitir y aprobar la reglamentación o documentación requerida con el objeto de implementar y operar el «Programa estatal de seguridad operacional (SSP)», en concordancia con los lineamientos de la OACI; y

e. Emitir la certificación del proveedor de servicios y la vigilancia de la seguridad operacional mediante la organización apoderada del SSP.

Artículo 3.- Encargar a la Dirección General de Aviación Civil DGAC, a través de sus dependencias competentes, la ejecución y cumplimiento del presente Acuerdo Ministerial.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 06 de septiembre de 2019.

Comuníquese y Publíquese.

f.) Mgs. José Gabriel Martínez Castro, Ministro de Transporte y Obras Públicas.

No. 063

Abg. Mariuxi Josephie Thompson Guzmán

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL

MINISTERIO DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de la población a vivir

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;

Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador señala como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividad el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;

Que, el Código Orgánico Ambiental, se emitió el 12 de abril de 2017 mediante Registro Oficial Suplemento No. 983, mismo que rige con fecha desde el 13 de abril del 2018, en su Disposición Transitoria Primera expresa que los procedimientos administrativos y demás trámites de regularización que a la vigencia de este Código se hayan iniciado o se encuentren en proceso, deberán cumplir y concluir, de conformidad con las leyes y normas aplicables vigentes a la fecha de inicio del trámite;

Que, el Decreto Ejecutivo No. 1215, publicado en el Registro Oficial No. 265 del 13 de febrero de 2001 expidió el reglamento sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador;

Que, el artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 de 08 de mayo de 2008, que expide el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social, señala que «la participación social tiene por objeto el conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental;

Que, mediante Acuerdo Ministerial 067 publicado en registro Oficial No. 037 del 16 de julio de 2013, donde el Ministerio del Ambiente indica los pagos por servicios administrativos de gestión y calidad ambiental;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 076 de fecha 14 de julio de 2016, el Ministerio del Ambiente delega a la Subsecretaría de Calidad Ambiental la facultad para conocer y suscribir las resoluciones mediante las cuales se concede, se suspende y se revoca licencias ambientales, así como todos los actos administrativos que se deriven del mismo; previa revisión y control del cumplimiento de la normativa ambiental que regula los requisitos y procedimientos para este tipo de autorizaciones y,

Registro Oficial N° 52 Miércoles 2 de octubre de 2019 – 11

en especial, de la aprobación de estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental de los respectivos proyectos, obras o actividades;

Que, mediante oficio No. 328-SPA-DINAPAH-EEA 0808710 del 03 de junio del 2008, la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleo aprobó el «Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental para los campos Víctor Hugo Rúales, Sansahuari y Cuyabeno», ubicado en la provincia de Sucumbíos, con la emisión de la Resolución No. 135-SPA-DINAPAHEEA-2008 de 03 de junio de 2008 a PETROPRODUCCIÓN;

Que, mediante Resolución No. 402 del 25 de noviembre del 2009, el Ministerio del Ambiente otorgó la Licencia Ambiental a PETROPRODUCCIÓN para la ejecución del proyecto: Campos de Desarrollo y Producción Víctor Hugo Rúales (VHR), Sansahuari y Cuyabeno, ubicado en la provincia de Sucumbíos;

Que, mediante el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), el 17 de enero de 2018, PETROAMAZONAS E.P registró la REEVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS CAMPOS VÍCTOR HUGO RÚALES (VHR), SANSAHUARI Y CUYABENO, ubicado en la provincia de Sucumbíos; cantón Putumayo, parroquia Santa Elena; cantón Lago Agrio, parroquia Pacayacu, y cantón Putumayo, parroquia Palma Roja, con código SUIA MAE-RA-2018-336714;

Que, mediante oficio No. MAE-SUIA-RA-DNPCA-2018-204477 del 17 de enero del 2018, la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental emitió el Certificado de Intersección para la «REEVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS CAMPOS VÍCTOR HUGO RÚALES (VHR), SANSAHUARI Y CUYABENO, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (SUCUMBÍOS)», en donde determinó que el proyecto en mención SI INTERSECTA con: Bosques protectores: CUEMBI, y Patrimonio Forestal del Estado: UNIDAD 5 NAPO. Las coordenadas tomadas en cuenta se describen de la siguiente manera:

SHAPE

X

Y

TIPO

ZONA

1

1021445,8

10044781,7

polígono

17s

2

1027746,91

10044776,1

polígono

17s

3

1029382,54

10044099,8

polígono

17s

4

1029394,33

10012175,9

polígono

17s

5

1027276,5

10012188,8

polígono

17s

6

1026483,2

10006866

polígono

17s

7

1029397,04

10002951,7

polígono

17s

8

1029397,93

10000774,7

polígono

17s

9

1026968,35

9998328,22

polígono

17s

10

1021462,26

9998328,66

polígono

17s

SHAPE

X

Y

TIPO

ZONA

11

1021445,8

10044781,7

polígono

17s

Sistema WGS87 – Zona 18 S

Que, mediante oficio No. MAE-SUIA-DNPCA-2018-00103 del 27 de septiembre del 2018, una vez concluido el análisis y la evaluación técnica del Informe Final de Sistematización del Proceso de Participación Social del Borrador Reevaluación del Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental de los Campo Víctor Hugo Rúales (VHR), Sansahuari y Cuyabeno, presentado por los facilitadores asignados, y sobre la base del Informe Técnico No. 008-2018-PPS-JPBP-DNPCA-SCA del 30 de agosto del 2018, la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental determinó que el Proceso de Participación Social del Borrador Reevaluación del Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental de los Campo Víctor Hugo Rúales (VHR), Sansahuari y Cuyabeno, cumple con el Decreto Ejecutivo No. 1040 del 08 de mayo del 2018 y el Acuerdo Ministerial No. 103, publicado en el Registro Oficial No. 607 del 14 de octubre de 2015; razón por la cual, se aprobó el Proceso de Participación Social en mención, y se cerró el expediente;

Que, mediante el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), el 11 de octubre del 2018, PETRO AMAZONAS E.P. adjuntó la «REEVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS CAMPOS VÍCTOR HUGO RÚALES (VHR), SANSAHUARI Y CUYABENO», ubicado en la provincia de Sucumbíos; cantón Putumayo, parroquia Santa Elena; cantón Lago Agrio, parroquia Pacayacu, y cantón Putumayo, parroquia Palma Roja, para revisión, análisis y pronunciamiento;

Que, mediante oficio No. MAE-SUIA-DNPCA-2019-00115 del 29 de abril del 2019, sobre la base del Informe Técnico No. 00121-2019-SUIA-DNPCA-SCA-MA del 15 de abril del 2019, y memorando No. MAE-SUIA-DNF-2018-00142 del 24 de octubre del 2018 emitido por la Dirección Nacional Forestal, se determinó que la REEVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS CAMPOS VÍCTOR HUGO RÚALES (VHR), SANSAHUARI Y CUYABENO, ubicado en la provincia de Sucumbíos; cantón Putumayo, parroquias Santa Elena y Palma Roja; y cantón Lago Agrio, parroquia Pacayacu, de código SUIA MAE-RA-2018-336714, NO CUMPLE con lo establecido en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo 1215, publicado en el Registro Oficial No. 265 de 13 de febrero de 2001, especialmente en el Capítulo IV Estudios Ambientales, artículo 41 y Capitulo VII Desarrollo y Producción; razón por la cual, la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental solicitó documentación aclaratoria y ampliatoria;

Que, mediante oficio No. MAE-DNPCA-2019-0418-0 del 30 de abril del 2019, y sobre la base del memorando No. MAE-DNPCA-2019-0967-M del 30 de abril de 2019, la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación

12 – Miércoles 2 de octubre de 2019 Registro Oficial N° 52

Ambiental, sin perjuicio de los requerimientos solicitados en el oficio No. MAE-SUIA-DNPCA-2019-00115 del 29 de abril del 2019, y considerando el Informe Técnico No. 00121-2019-SUIA-DNPCA-SCA-MA del 15 de abril del 2019 solicitó a PETROAMAZONAS EP, incluir lo siguiente

• Incorporar un monitoreo de agua subterránea a través de piezómetros en el área del proyecto.
• En base a los lineamientos establecidos en el artículo 34 del Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador RAOHE, expedido mediante Decreto Ejecutivo 1215, y publicado mediante Registro Oficial No. 265 de 13 de febrero del 2001, es necesario reestructurar el componente social, de modo que los capítulos contenidos dentro de la Reevaluación VHR, Cuyabeno y Sansahuari, describan información según las licencias ambientales y áreas operativas a formar parte del presente proceso de regularización ambiental;

Que, mediante oficio No. MAE-SUIA-RA-DNPCA-2019-206628 del 02 de julio del 2019, correspondiente al código MAE-RA-2019-424940 registrado por PETROAMAZONAS EP, la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental actualizó el Certificado de Intersección, en el cual determinó que la REEVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS CAMPOS VÍCTOR HUGO RÚALES (VHR), SANSAHUARI Y CUYABENO, ubicado en la provincia de Sucumbió s, SI INTERSECTA con: Bosques protectores: CUEMBI, y Patrimonio Forestal del Estado: UNIDAD 5 NAPO. Las coordenadas tomadas en cuenta se describen de la siguiente manera:

SHAPE

X

Y

TIPO

ZONA

1

351777,572

10044633,36

polígono

18s

2

359223,299

10044633,34

polígono

18s

3

360736,484

10043814,47

polígono

18s

4

361126,37

10043847,82

polígono

18s

5

361123,33

10012136,69

polígono

18s

6

359012,29

10012149,96

polígono

18s

7

358220,68

10006844,24

polígono

18s

8

361124,89

10002942,2

polígono

18s

9

361125,7

10000772,21

polígono

18s

10

358288,283

9997767,424

polígono

18s

11

356770,861

9997767,424

polígono

18s

12

355365,464

9998332,43

polígono

18s

13

354021,171

9997808,16

polígono

18s

14

351777,462

9997633,307

polígono

18s

SHAPE

X

Y

TIPO

ZONA

15

351777,572

10044633,36

polígono

18s

Sistema WGS87 – Zona 18 S

Que, mediante el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), el 07 de agosto del 2019, PETROAMAZONAS E.P ingresó las primeras respuestas a las observaciones de la «REEVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS CAMPOS VÍCTOR HUGO RÚALES (VHR), SANSAHUARI Y CUYABENO», ubicado en la provincia de Sucumbíos; cantón Putumayo, parroquia Santa Elena; cantón Lago Agrio, parroquia Pacayacu, y cantón Putumayo, parroquia Palma Roja, para revisión, análisis y pronunciamiento;

Que, mediante oficio No. MAE-SUIA-SCA-DNPCA-2019-00054 del 19 de agosto del 2019,, sobre la base del memorando No. MAE-SUIA-DNF-2019-00168 del 13 de agosto del 2019 y memorando No. MAE-SUIA-DNF-2019-00167 del 13 de agosto del 2019 emitidos por la Dirección Nacional Forestal, y del Informe Técnico No. 00143-2019-SUIA-DNPCA-SCA-MA del 16 de agosto del 2019 emitido por la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental, se determina que la REEVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS CAMPOS VÍCTOR HUGO RÚALES (VHR), SANSAHUARI Y CUYABENO, ubicado en la provincia de Sucumbíos; cantón Putumayo, parroquias Santa Elena y Palma Roja; y cantón Lago Agrio, parroquia Pacayacu, de código No. SUIA MAE-RA-2018-336714, junto con la información complementaria, CUMPLE con lo establecido en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo 1215, publicado en el Registro Oficial No. 265 de 13 de febrero de 2001, especialmente en el Capítulo IV Estudios Ambientales, artículo 41, Capitulo VII Desarrollo y Producción, y demás Normativa Ambiental Vigente; razón por la cual, la Subsecretaría de Calidad Ambiental emite pronunciamiento favorable al proyecto en mención, para las siguientes actividades:

• Construcción de las Plataformas Sansahuari 31 y Sansahuari 32, y perforación de 5 pozos de desarrollo en cada una.
• Construcción de Vía de Acceso y DDV para la Plataforma Sansahuari 31, y para la Plataforma Sansahuari 32.
• Ampliación de las Plataformas Cuyabeno 15 para la perforación de 4 pozos de desarrollo, ampliación de la Plataformas Cuyabeno 16 para la perforación de 5 pozos de desarrollo, ampliación de la Plataforma Cuyabeno 17 para la perforación de 2 pozos de desarrollo, ampliación de la Plataforma Cuyabeno 21 para la perforación de 5 pozos de desarrollo, ampliación de la Plataformas Cuyabeno 22 para la perforación de 5 pozos de desarrollo, ampliación de la Plataformas Cuyabeno 23 para la perforación de

Registro Oficial N° 52 Miércoles 2 de octubre de 2019 – 13

2 pozos de desarrollo, ampliación de la Plataforma Cuyabeno 27 para la perforación de 2 pozos de desarrollo, ampliación de la Plataformas Sansahuari 2 para la perforación de 2 pozos de desarrollo, ampliación de la Plataforma Sansahuari 5 para la perforación de 3 pozos de desarrollo, y ampliación de la Plataforma Sansahuari 11 para la perforación de 2 pozos de desarrollo.

• Perforación de 2 pozos de desarrollo en la Plataforma Cuyabeno 25, y perforación de 2 pozos de desarrollo en la Plataforma Sansahuari 10.

Que, mediante el Sistema Único de Información Ambiental, con fecha 23 de agosto del 2019, PETROAMAZONAS EP solicitó la emisión de la Licencia Ambiental y remitió la siguiente documentación:

• Factura electrónica No. 001-002-73325 del 22 de agosto del 2019, por el valor de USD $ 1,200.00 por concepto de pago de tasa por Servicio de Gestión y Calidad Ambiental, correspondiente al seguimiento y control, y;
• Factura electrónica No. 001-002-73326 de 22 de agosto del 2019, por el valor de USD $ 7,286.64 por concepto de Valoraciones Económicas de Bienes y Servicios Ecosistémicos y de Inventario de recursos Forestales;

Que, mediante memorando No. MAE-DNPCA-2019-2046-M del 02-09-2019, la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental, a fin de contar con el criterio de la Coordinación General Jurídica, remitió expediente físico original y digital del borrador de resolución de licencia de inclusión de la REEVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS CAMPOS VÍCTOR HUGO RÚALES (VHR), SANSAHUARI Y CUYABENO, ubicado en la provincia de Sucumbíos; cantón Putumayo, parroquia Santa Elena; cantón Lago Agrio, parroquia Pacayacu, y cantón Putumayo, parroquia Palma Roja, con código SUIA MAE-RA-2018-336714; como parte integrante de la Resolución No. 402 del 25 de noviembre del 2009, mediante la cual el Ministerio del Ambiente otorgó al actual proponente PETROAMAZONAS EP la Licencia Ambiental para la ejecución del proyecto CAMPOS DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN VÍCTOR HUGO RÚALES (VHR), SANSAHUARI Y CUYABENO, ubicado en la provincia de Sucumbíos;

Que, memorando No. MAE-CGJ-2019-1842-M M del 04 de septiembre de 2019, la Coordinación General Jurídica una vez que se ha revisado el expediente remitido por la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental, emitió la viabilidad jurídica para la emisión de la resolución de la «REEVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS CAMPOS VÍCTOR HUGO RÚALES (VHR), SANSAHUARI Y CUYABENO»; por lo expuesto, adjuntó se remite el proyecto de resolución con control de cambios, a la que se deberá dar el trámite que corresponda, a fin de continuar con el proceso de suscripción de la misma;

Que, mediante memorando No. MAE-DNPCA-2019-2061-M del 04 de septiembre de 2019, la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental, sobre la base del sobre la base del Informe Técnico No. 00143-2019-SUIA-DNPCA-SCA-MA del 16 de agosto del 2019 y oficio No. MAE-SUIA-SCA-DNPCA-2019-00054 del 19 de agosto del 2019, y memorando No. MAE-CGJ-2019-1842-M del 04 de septiembre del 2019, solicitó a la Subsecretaría de Calidad Ambiental la suscripción de la Resolución de Inclusión Ambiental de la REEVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS CAMPOS VÍCTOR HUGO RÚALES (VHR), SANSAHUARI Y CUYABENO, ubicado en la provincia de Sucumbíos; cantón Putumayo, parroquias Santa Elena y Palma Roja; y cantón Lago Agrio, parroquia Pacayacu, de código SUIA MAE-RA-2018-336714;

Resuelve:

Art. 1. Aprobar la REEVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS CAMPOS VÍCTOR HUGO RÚALES (VHR), SANSAHUARI Y CUYABENO, ubicado en la provincia de Sucumbíos; cantón Putumayo, parroquia Santa Elena; cantón Lago Agrio, parroquia Pacayacu; y cantón Putumayo, parroquia Palma Roja, con código SUIA MAE-RA-2018-336714, en base al memorando No. MAE-SUIA-DNF-2019-00168 y No. MAE-SUIA-DNF-2019-00167 del 13 de agosto del 2019 remitidos por la Dirección Nacional Forestal, al Informe Técnico No. 00143-2019-SUIA-DNPCA-SCA-MA del 16 de agosto del 2019 y al oficio No. MAE-SUIA-SCA-DNPCA-2019-00054 del 19 de agosto del 2019, y de conformidad con las coordenadas establecidas en el Certificado de Intersección emitido con oficio No. MAE-SUIA-RA-DNPCA-2018-204477 del 17 de enero del 2018, y su actualización emitido con oficio No. MAE-SUIA-RA-DNPCA-2019-206628 del 02 de julio del julio del 2019.

Art. 2. Declarar al proyecto de inclusión DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS CAMPOS VÍCTOR HUGO RÚALES (VHR), SANSAHUARI Y CUYABENO, de las actividades:

• Construcción de las Plataformas Sansahuari 31 y Sansahuari 32, y perforación de 5 pozos de desarrollo en cada una.
• Construcción de Vía de Acceso y DDV para la Plataforma Sansahuari 31, y para la Plataforma Sansahuari 32.
• Ampliación de las Plataformas Cuyabeno 15 para la perforación de 4 pozos de desarrollo, ampliación de la Plataformas Cuyabeno 16 para la perforación de 5 pozos de desarrollo, ampliación de la Plataforma Cuyabeno 17 para la perforación de 2 pozos de desarrollo, ampliación de la Plataforma Cuyabeno 21 para la perforación de 5 pozos de desarrollo, ampliación de la Plataformas Cuyabeno 22 para la perforación de 5 pozos de desarrollo, ampliación de la Plataformas Cuyabeno 23 para la perforación de

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2 pozos de desarrollo, ampliación de la Plataforma Cuyabeno 27 para la perforación de 2 pozos de desarrollo, ampliación de la Plataformas Sansahuari 2 para la perforación de 2 pozos de desarrollo, ampliación de la Plataforma Sansahuari 5 para la perforación de 3 pozos de desarrollo, y ampliación de la Plataforma Sansahuari 11 para la perforación de 2 pozos de desarrollo.

• Perforación de 2 pozos de desarrollo en la Plataforma Cuyabeno 25, y perforación de 2 pozos de desarrollo en la Plataforma Sansahuari 10.

Como parte integrante de la Resolución No. 402 del 25 de noviembre del 2009, mediante la cual el Ministerio del Ambiente otorgó a PETROPRODUCCIÓN actual proponente PETROAMAZONAS EP la Licencia Ambiental para la ejecución del proyecto: CAMPOS DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN VÍCTOR HUGO RÚALES (VHR), SANSAHUARI Y CUYABENO, ubicado en la provincia de Sucumbíos.

Art. 3. Los documentos habilitantes que se presentaren para reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán a constituir parte integrante de la REEVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS CAMPOS VÍCTOR HUGO RÚALES (VHR), SANSAHUARI Y CUYABENO, los mismos que deberán cumplirse estrictamente, caso contrario se procederá con la suspensión o revocatoria de la Licencia Ambiental conforme la normativa vigente.

Notifíquese con la presente Resolución al Representante Legal de PETROAMAZONAS E.P, y publíquese en el Registro Oficial por ser de interés general.

De la aplicación de esta Resolución se encarga a la Subsecretaría de Calidad Ambiental y la Dirección Provincial del Ambiente de Sucumbíos.

Se dispone el registro ambiental de la Licencia Ambiental en el Registro Nacional de Permisos Ambientales.

La presente Licencia Ambiental se rige por las disposiciones de la normativa ambiental y administrativa aplicable.

La presente resolución entrará en vigencia desde su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Quito, de 05 de septiembre del 2019.

f.) Abg. Mariuxi Josephie Thompson Guzmán, Subsecretaría de Calidad Ambiental, Ministerio del Ambiente.

Nro. ARCOM-ARCOM-2019-0046-RES

Quito, 03 de septiembre de 2019

AGENCIA DE REGULACIÓN

Y CONTROL MINERO

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 1, dispone: «() Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible «;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 25 de su artículo 66, al referirse a los derechos de libertad, reconoce y garantiza a las personas: «() El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato () «;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226, prescribe: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras, o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 227, establece que la administración pública: «( ) constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;

Que, la Constitución de la República en su artículo 313, prescribe: «El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley «;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 408, establece: «Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados

Registro Oficial N° 52 Miércoles 2 de octubre de 2019 – 15

en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad»;

Que, la Ley de Minería en el artículo 8 señala que la Agencia de Regulación y Control Minero es una: «() institución de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio adscrita al Ministerio Sectorial, con potestad estatal de vigilancia, auditoría, intervención y control de las fases de la actividad minera que realice la Empresa Nacional Minera, las empresas mixtas mineras, la iniciativa privada, la pequeña minería y minería artesanal y de sustento; y, con competencia para adoptar acciones que coadyuven al aprovechamiento racional y técnico del recurso minero y la justa percepción de los beneficios que corresponden al Estado por la explotación minera, así como exigir el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad social y ambiental; sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia»;

Que, la Ley de Minería en su artículo 9 establece las atribuciones y competencias a la Agencia de Regulación y Control Minero, entre ellas: «() b) dictar regulaciones y planes técnicos para el correcto funcionamiento y desarrollo del sector minero «;

Que, la Ley de Minería en el artículo 52 prescribe: «() la Agencia de Regulación y Control Minero mantendrá los registros correspondientes, con la finalidad de llevar los controles estadísticos de las actividades de comercialización y exportación de sustancias minerales, así como también velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley»;

Que, la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad, publicada en el Registro Oficial Suplemento Nro. 351, de 29 de diciembre de 2010 en su artículo 21, señala: «( ) Al Organismo de Acreditación Ecuatoriano – OAE, le corresponde: e) Supervisar a las entidades acreditadas y determinar las condiciones técnicas bajo las cuales pueden ofrecer sus servicios a terceros «;

Que, la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad en su artículo 26, dispone: «Los organismos de evaluación de la conformidad de observancia obligatoria que operen en el país, deberán estar acreditados ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano – OAE o ser designados por el Ministerio de Industrias y Productividad, según corresponda, y en concordancia con los lineamentos internacionales sobre acreditación (…) «;

Que, mediante Resolución Nro. 003-005-2019-DIR-ARCOM de 6 de agosto de 2019, el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero aprobó el «Reglamento para la Calificación y Registro de Organismos de Inspección y/o Laboratorios de ensayo para el sector minero»;

Que, la disposición transitoria segunda del «Reglamento para la Calificación y Registro de Organismos de Inspección y/o Laboratorios de ensayo para el sector minero» establece que: «Hasta que se cuente con organismos de inspección y/o laboratorios de ensayos acreditados ante el SAE y calificados en la ARCOM; las personas jurídicas nacionales o extranjeras, e instituciones públicas, privadas o mixtas e instituciones de educación superior que antes de la expedición de esta norma, hubieren realizado trabajos como organismos de inspección y/o laboratorios de ensayo en el ámbito minero, deberán solicitar a la ARCOM la autorización para continuar con sus actividades, especificando el alcance y método para realizar inspecciones y ensayos requeridos por los titulares de derechos mineros de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 3 a excepción de lo dispuesto en el numeral 2 «;

Que, mediante Resolución Nro. 002-005-2019-DIR-ARCOM de 6 de agosto de 2019, el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero aprobó el «Reglamento para el control de las exportaciones de minerales»;

Que, la disposición transitoria segunda del «Reglamento para el control de las exportaciones de minerales» establece: «Dentro del término de sesenta (60) días, contados desde la publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial, la Dirección Ejecutiva dará a conocer el sistema informático o medio determinado por ARCOM para que la asignación de los organismos de inspección y/o laboratorios de ensayos sea aleatoria. «

Que, la disposición general tercera determina que la Agencia de Regulación y Control Minero emitirá los instructivos necesarios para el cumplimiento del presente Reglamento;

En ejercicio de las atribuciones constantes en la Ley de Minería y el subnumeral 10.1.2 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de Regulación y Control Minero:

Resuelve:

Artículo 1.- Para el cumplimiento del «Reglamento para el control de las exportaciones de minerales», solo podrán ser designados los organismos de inspección y/o laboratorios de ensayos que cuenten con la autorización o calificación emitida por la Agencia de Regulación y Control Minero, y se encuentren inscritas en el Registro Minero.

Artículo 2.- Hasta que se cuente con el sistema informático determinado por la Agencia de Regulación y Control Minero, el Coordinador General de la Agencia de Regulación y Control Minero designará, mediante oficio, el organismo de inspección y/o laboratorio de ensayo autorizado o calificado, de manera secuencial.

Artículo 3.- Las solicitudes de certificado de exportación validadas se atenderán de conformidad con la fecha de

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presentación, en función del orden de inscripción de dichos organismos y/o laboratorios en el Registro Minero; a fin de asegurar que la designación sea secuencial.

Artículo 4.- El oficio de designación será debidamente notificado al solicitante del certificado de exportación y al organismo de inspección y/o laboratorio de ensayo correspondientes.

Artículo 5.- Para el cumplimiento del procedimiento establecido en la presente Resolución, el Coordinador General de la Agencia de Regulación y Control Minero deberá llevar un registro de la designación de organismos de inspección y/o laboratorios de ensayo, sustentado en los reportes generados por la Dirección de Auditoría Económica Minera y la Dirección de Registro y Regulación Legal Minera.

Artículo 6.- Este procedimiento será aplicado únicamente dentro del régimen de transición establecido en la disposición transitoria segunda del «Reglamento para el control de las exportaciones de minerales».

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción.

Comuníquese y Publíquese.

Documento firmado electrónicamente

Abg. Andrea Pamela Cárdenas Valencia, Directora Ejecutiva.

Nro. 004-ST-CNIMH-2019

Mgs. Silvia Alejandra Rodas Baculima

SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO

NACIONAL DE IGUALDAD PARA LA

MOVILIDAD HUMANA

Considerando:

Que, el artículo 18 de la Constitución de la República, en su numeral segundo, establece que es derecho de todas las personas el acceso a la información generada en instituciones públicas o privadas que manejen fondos públicos o realicen funciones públicas. Además del derecho de acceso universal a las tecnologías de información y comunicación;

Que, el artículo 52 de la Constitución de la República dispone que las personas tengan derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características;

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República determina que los ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiere su gestión;

Que, el artículo 156 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: «Los consejos nacionales para la igualdad son órgano s responsables de asegurar la plena vigencia uy el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno»;

Que, el artículo 157 de la Constitución de la República manifiesta: «los consejos nacionales de igualdad se integrarán de forma paritaria, por representantes de la sociedad civil y del Estado, y estarán presididos por quien represente a la Función Ejecutiva. La estructura, funcionamiento y forma de integración de sus miembros se regulará de acuerdo con los principios de alternabilidad, participación democrática, inclusión y pluralismo»;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actual en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, determina que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 229 de la Constitución de la República determina que: «Serán servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, acenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores»;

Que, el artículo 379, numerales 3 y 4, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que son parte del

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patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguardia del Estado, entre otros: «3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas»;

Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que: «Es responsabilidad de las entidades públicas, personas jurídicas de derecho público y demás entidades públicas, crear y mantener registros públicos de manera profesional, para que el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud, por lo que, en ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y archivo de la información y documentación para impedir u obstaculizar el ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su destrucción (…)»;

Que, la Ley del Sistema Nacional de Archivos, en su artículo 1 define que: «Constituye Patrimonio del Estado la documentación básica que actualmente existe o que en adelante se produjere en los archivos de todas las instituciones de los sectores público, y privado, así como la de personas particulares, que sean calificadas como tal

(â– â– â– )»;

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, determina las finalidades de los Consejos para la Igualdad, entre estos el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, son: «1. Asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos; 2. Promover, impulsar, proteger y garantizar el respeto al derecho de igualdad y no discriminación de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, en el marco de sus atribuciones y en el ámbito de sus competencias, a fin de fortalecer la unidad nacional en la diversidad y la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural; 3. Participar en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas a favor de personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, dentro del ámbito de sus competencias relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, de discapacidad y movilidad humana, fomentando una cultura de paz que desarrolle capacidades humanas orientadas hacia la garantía del derecho de igualdad y no discriminación; medidas de acción afirmativa que favorezca la igualdad entre las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; y, la erradicación de actos, usos, prácticas, costumbres y estereotipos considerados discriminatorios»;

Que, el artículo 7 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, establece: «Los Consejos

Nacionales para la Igualdad estarán conformados paritariamente por consejeras y consejeros, representantes de las funciones del Estado y de la sociedad civil. Cada Consejo Nacional para la Igualdad se integrará por diez (10) consejeros en toral, cada uno con su correspondiente suplente, de acuerdo con lo que determine el Reglamento de la presente Ley, duran cuatro años en sus funciones podrán ser reelegidos por una sola vez, estarán presididos por el representante que la o el Residente de la República designe para el efecto, quien tendrá voto dirimente»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo 434 de 14 de junio de 2018, el señor presidente de la República designa a las y los funcionarios en calidad de titulares de las Carteras de Estado, en representación de la Función Ejecutiva ante los Consejos Nacionales para la Igualdad; en el caso del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, se encarga la representación al ministro/a de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana;

Que, mediante Resolución No. 002-P-CNIM-2019 de 23 de mayo de 2019, se designa a la señora Silvia Alejandra Rodas Baculima como Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana;

En el ejercicio de las facultades prescritas en el artículo 12 numeral 5 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana.

Resuelve:

EXPEDIR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

PARA EL CORRECTO USO Y MANEJO DE LOS

ARCHIVOS DENTRO DEL CONSEJO NACIONAL

PARA LA IGUALDAD DE MOVILIDAD HUMANA

TÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1.- Objeto.- El objeto de la presente Política Institucional es normar el uso y manejo de los archivos, en cada una de las fases del documento, a fin de asegurar en el tiempo que corresponda, el cumplimiento de los requisitos de autenticidad, Habilidad, integridad y disponibilidad de los documentos, que reposan en el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- La presente Política Institucional, será de aplicación obligatoria dentro del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, en sus Direcciones, Unidades, Áreas, etc.

Artículo 3.- Importancia de los archivos.- Los archivos son importantes porque custodian y respaldan las decisiones, actuaciones y memoria, que sirven como

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fuentes fiables para garantizar la transparencia de la Administración Pública, en este caso del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana.

Artículo 4.- Principios.- Los principios generales para la gestión documental y archivo son:

• Responsabilidad: Los servidores públicos son responsables de la organización, conservación, uso y manejo de los documentos.
• Administración y acceso: Es una obligación del Estado la administración de los archivos públicos y un derecho de los ciudadanos el acceso a los mismos, salvo las excepciones que establece la ley.
• Modernización: El Estado garantiza el fortalecimiento de la infraestructura y la organización de sus sistemas de información, estableciendo programas eficientes y actualizados de administración de documentos y archivos.
• Talento Humano: Las entidades públicas conformarán las unidades administrativas relacionadas al archivo con personal que cumpla con los perfiles establecidos en el manual de puestos.
• Capacitación: Las entidades públicas que tengan la competencia de capacitar a servidores públicos desarrollarán programas de actualización en materia archivística, para lo cual deberán suscribir convenios de cooperación interinstitucional.

Artículo 5.- Encargado de archivo.- La Dirección Administrativa Financiera del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana o quien cumpla sus veces, será responsable de establecer los procedimientos de organización, mantenimiento y gestión documental de los archivos, la cual tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:

1. Establecer la metodología para el uso y manejo de archivos del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana.
2. Emitir recomendaciones para mejorar la administración documental;
3. Administrar y custodiar los documentos de archivo que se hayan sometido a prestaciones dentro de la institución en sus unidades, direcciones y áreas cumpliendo los plazos de retención establecidos por la Dirección Administrativa Financiera o quien cumpla las veces;
4. Proporcionar el servicio de consulta de documentos que pertenezcan al archivo de gestión y archivo central.

5. Conferir copias certificadas del fondo documental bajo custodia, observando las normativas legales y técnicas;
6. Coordinar la digitalización de la documentación bajo custodia, que por su naturaleza, importancia o estado físico requieran ser digitalizados para su conservación y fácil acceso;
7. Coordinar y dirigir proyectos relacionados con la gestión documental y archivo, que a su vez estén orientados a mejorar y modernizar la Institución.

TÍTULO II

DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

Artículo 6.- Recepción de documentos.- El o la servidor/ra que cumpliese las funciones como responsable de la recepción de documentos, será tomado en calidad de primer filtro y deberá:

1. Receptar la documentación e información emitidas por los usuarios internos como externos.
2. Verificar los datos que debe contener cada documento de acuerdo con el siguiente detalle:

• Apellidos y nombres legibles;
• Cargo que desempeña y entidad a la cual pertenece (dependientes);
• En el caso de ser persona natural, indicar número de cédula, número de teléfono, dirección actual, instrucción formal y firma original;
• Verificar los anexos ya sean (fojas, cd, manuales, etc.);
• No se considerará como documentos de ingreso revistas, folletos, fotografías impresas, volantes, postales.

3. Una vez revisada la información con los respectivos habilitantes se procederá al ingreso a través del Sistema de Gestión Documental Quipux.
4. Se deberá generar un comprobante de recepción, el mismo que servirá para el registro y control de la documentación en base de datos y seguimiento por el usuario interno como externo
5. Se entregará una copia de recepción al usuario que realiza el ingreso del documento.
6. Realizar el control de ingreso de documentos en una matriz la misma que deberá ser actualizada diariamente de acuerdo con el siguiente esquema:

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FECHA DE RECEPCIÓN

ENTIDAD Y/O PERSONA

NO. DOCUMENTO

ANEXOS

NO. COMPROBANTE

ESTADO DEL DOCUMENTO

NOTA: No se receptarán documentos: sin firma, sumillados, firmados por otra persona, o los que vengan únicamene co sello.

Artículo 7.- Direccionamiento. – Toda documentación que ingresa al Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, deberá ser dirigida a la máxima autoridad, y el servidor/a responsable de la recepción de documentos, direccionará a través del Sistema de Gestión Documental Quipux a cada unidad, dirección o área competente. En el caso de un oficio o memorando externo que no cuente con firma electrónica, se entregará de manera física con sumilla de la máxima autoridad.

La máxima autoridad tendrá la potestad de reasignar el documento a los demás servidores/as del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana de manera directa de acuerdo al caso que se presente.

Artículo 8.- Despacho de correspondencia.- Toda documentación que ingrese por el Sistema de Gestión Documental Quipux de manera directa y cuente con firma electrónica, el despacho deberá ser por el mismo medio, es decir, con firma digital de la máxima autoridad.

8.1 Si la correspondencia o respuesta debe ser emitida a una persona natural o usuario externo, se deberá crear el documento por medio del Sistema de Gestión Documental Quipux y será impreso de manera que pueda ser firmado físicamente; y deberá contener la siguiente información:

• Remitente;
• Destinatario: nombre y cargo de ser el caso;
• Dirección completa: calle, número, cantón, correo electrónico y los datos que sean necesarios.

8.2 Si la correspondencia o respuesta fue enviada y receptada de manera exitosa se deberá actualizar el cuadro de control de documentos y se procederá al archivo de este.

TÍTULO III

DE LA GESTIÓN DE ARCHIVOS

Artículo 9.- De la Identificación.- Los documentos que son considerados como archivos serán identificados

de acuerdo con el siguiente detalle: reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, memorandos, estadísticas, o bien, cualquier otro registro ya sea de manera físico o magnética.

TÍTULO IV

SERVICIOS DOCUMENTALES

Artículo 10. Préstamo documental.- El préstamo de expedientes se otorgará a través del funcionario autorizado o quien haga sus veces y deberá realizarse mediante una ficha de préstamo documental, en la que constará el tiempo de acuerdo con los plazos establecidos y las firmas de responsabilidad.

Artículo 11. Plazos.- El tiempo de préstamo del expediente será establecido por la Dirección Administrativa Financiera del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, y será en el término de 2 días como mínimo y/o 5 como máximo, en caso de que existan excepciones según las necesidades del usuario, se llenará una nueva ficha documental.

Artículo 12. Vencimiento.- Al haber culminado el tiempo de préstamo del expediente, y la unidad o área requirente no hubiera procedido con la entrega de este, el responsable de archivo o quien haga las veces solicitará por escrito al titular de la unidad la devolución correspondiente.

Artículo 13. Copias certificadas.- Los documentos susceptibles de expedirse en copias certificadas o compulsa, serán todos los documentos de archivo en original y copia certificada que obren en los archivos, o bases de datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: La Dirección Administrativa Financiera del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana designará a un delegado/a y un suplente que cumplan con las funciones de responsable de archivo, a partir de la aprobación de la presente Política Institucional para el correcto uso y manejo de los archivos.

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SEGUNDA: La presente Política Institucional estará sujeta a cambios para mejoras del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana y será sometida a procesos de evaluación de manera trimestral a partir de su aprobación.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: La presente Resolución entrará en vigor desde su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 13 días del mes de septiembre del 2019.

f.) Mgs. Silvia Alejandra Rodas Baculima, Secretaria Técnica, Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana.

No. INMOBILIAR-SGLB-2019-0080

Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN LEGAL DE BIENES

DEL SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA

DEL SECTOR PÚBLICO, INMOBILIAR

Considerando:

Que, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, a través del Subdirector Técnico de Gestión de Bienes, emitió la RESOLUCION-TNMOBILIAR-SDTGB-2015-0167 de fecha 25 de noviembre del 2015, la misma que en su Artículo 1 resolvió: «Aceptar la transferencia de domino a título gratuito y como cuerpo cierto, de los inmuebles de propiedad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR, incluyendo todas las edificaciones que sobre ellos se levanten, todos los bienes muebles que se reputen inmuebles por adherencia, por destino o por incorporación así como, sus accesorios, y que constituye el activo del Ministerio de Inclusión Económica y Social; mismo que se detalla a continuación:

“[…] PREDIO Nº 8

LOTE

Ciudadela América

PROPIETARIO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

TIPO DE INMUEBLE

TERRENO Y CONSTRUCCIÓN

UBICACIÓN

AV. RAÚL FRIAS AGUIRRE Y CALLE BRASIL, CDLA. AMÉRICA

LINDEROS

POR EL NORTE: AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR, CON 42 METROS;

POR EL SUR: CALLE BRASIL, CON 42 METROS;

POR EL ESTE: HOSPITAL DE ARENILLAS, CON 85 METROS;

POR EL OESTE: TERRENO PRIVADO, CON 85 METROS

CANTÓN

ARENILLAS

PROVINCIA

EL ORO

ZONA

URBANO

USO

NO INSTITUCIONAL

CLAVE CATASTRAL

070250020201006000

ÁREA TOTAL

3.570,00 m2

Que, el artículo primero de la Resolución Nro. 01 de fecha 02 de junio de 2017, emitida por el Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, resuelve: «Designar al señor Nicolás José Issa Wagnerpara que ejerza el cargo de Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR».

Que, mediante Acuerdo Nro. ACUERDO- INMOBILIAR -DGSGI-2019-0003 de 25 de febrero de 2019, el Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, resolvió lo siguiente: «[…] Artículo 4, literal d) delegó al titular de la Subdirección de Gestión Legal de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, para que en su nombre y representación, cumpla con las siguientes atribuciones: emitir y suscribir resoluciones de compra venta, traspasos, transferencias de dominio de los bienes inmuebles de propiedad del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, y de las instituciones públicas a nombre de las cuales INMOBILIAR, actúe; así como emitir Resoluciones de compraventa, de aceptación o extinción de bienes inmuebles en los que el beneficiario sea INMOBILIAR o de la Entidad Pública en las que INMOBILIAR actúe a su nombre y representación «.

Que, mediante Acción de Personal CGAF-DATH-2017-1268, se designó a la Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo, como Subdirector de Gestión Legal de Bienes, desde el 12 de septiembre del 2017.

Que, el Artículo 82 la Constitución de la República del Ecuador señala: «El derecho a la seguridad jurídica

Registro Oficial N° 52 Miércoles 2 de octubre de 2019 – 21

se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes».

Que, el Artículo 64 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece que «De conformidad con lo que dispone la Ley de Modernización del Estado, la extinción o reforma de los actos administrativos se rige por lo dispuesto en este estatuto», el Artículo 90 determina que «Los actos administrativos podrán extinguirse o reformarse en sede administrativa por razones de legitimidad o de oportunidad», y el Artículo 91 señala que «La extinción o reforma de oficio de un acto administrativo por razones de oportunidad tendrá lugar cuando existen razones de orden público que justifican declarar extinguido dicho acto administrativo.

Que, el Artículo 89 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece: «Los actos administrativos que expidan los órganos y entidades sometidos a este estatuto se extinguen o reforman en sede administrativa de oficio o a petición del administrado […]. También se podrán extinguir los actos administrativos surgidos como consecuencia de decisiones de otros poderes públicos que incidan en las instituciones u órganos administrativos sujetos al presente estatuto».

Que, el Artículo 90 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva determina que: «Los actos administrativos podrán extinguirse o reformarse en sede administrativa por razones de legitimidad o de oportunidad».

Que, el Artículo innumerado (agregado por el Artículo 13 del Decreto Ley 2000-1, R.O. 144 -S, 18-VIII-2000) a continuación del Artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, establece que «La formación, extinción y reforma de los actos administrativos de las instituciones de la Función Ejecutiva, se regirán por las normas del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva».

Que, la jurisprudencia señala que «la oportunidad (conveniencia y mérito), que constituye la otra razón para extinguir actos administrativos, está referida a la justificación fáctica del acto. Cuando existen razones de orden público, la Administración está autorizada a declarar extinguido un acto administrativo en razón de su oportunidad (conveniencia y mérito). En este supuesto, no existen infracciones al ordenamiento jurídico que deban ser acusadas en el acto administrativo, sino únicamente una variación de la política a cargo de la Administración».

Con las consideraciones expuestas, en ejercicio de las facultades que le confiere el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en virtud de la Delegación conferida mediante el Acuerdo Nro. ACUERDO- INMOBILIAR -DGSGI-2019-0003 de 25 de febrero de 2019; y, demás atribuciones que le confiere la Ley.

Resuelve:

Artículo 1.- Reformar de oficio y por razones de oportunidad el artículo 1 de la resolución de INMOBILIAR-SGDTB-2015-0167, de fecha 25 de noviembre del 2015, en lo referente al predio detallado como el N° 8, donde consta solo el área correspondiente al de terreno, cuando lo correcto será el área de terreno y construcción del bien inmueble a ser transferido ubicado en la parroquia Arenillas, Ciudadela América, Av. Simón Bolívar y calle Brasil, cantón Arenillas, Provincia de El Oro.

«[…] PREDIO Nº 8

LOTE

Ciudadela América

PROPIETARIO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

TIPO DE INMUEBLE

TERRENO Y CONSTRUCCIÓN

UBICACIÓN

AV. RAÚL FRIAS AGUIRRE Y CALLE BRASIL, CDLA. AMÉRICA

LINDEROS

POR EL NORTE: A VENIDA SIMÓN BOLÍVAR, CON 42 METROS;

POR EL SUR: CALLE BRASIL, CON 42 METROS;

POR EL ESTE: HOSPITAL DE ARENILLAS, CON 85 METROS;

POR EL OESTE: TERRENO PRIVADO, CON 85 METROS

CANTÓN

ARENILLAS

PROVINCIA

EL ORO

ZONA

URBANO

USO

NO INSTITUCIONAL

CLAVE CATASTRAL

070250020201006000

ÁREA DE TERRENO SEGÚN CERTIFICADO DE GRAVAMEN

3.570,00 m2

ÁREA DE TERRENO SEGÚN CERTIFICADO DE GRAVAMEN

255,90 m2

Artículo 2.- Ratificar la Resolución de transferencia de los restantes inmuebles detallados en el artículo uno de

22 – Miércoles 2 de octubre de 2019 Registro Oficial N° 52

la resolución INMOBILIAR-SDTGB-2015-0167 de fecha 25 de noviembre del 2015.

Artículo 3.- Notificar con el contenido de la presente Resolución al Ministerio de Inclusión Económica y Social, dentro del ámbito de sus competencias.

Artículo 4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción.

Dado y firmado en San Francisco de Quito, D.M., a los 20 días del mes de agosto del 2019.

f.) Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo, Subdirector de Gestión Legal de Bienes, Delegado del Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.

No. INMOBILIAR-SGLB-2019-0082

Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN LEGAL DE BIENES

DELEGADO DEL DIRECTOR GENERAL DEL

SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL

SECTOR PÚBLICO.

Considerando:

Que, el Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece como deber de las instituciones públicas la coordinación de acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución.

Que, el Artículo 227 ibídem establece lo siguiente: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación».

Que, el artículo 321 de la Carta Magna dispone, lo siguiente: «El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que deberá cumplir su función social y ambiental».

Que, el numeral 25 del Artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, establece, lo siguiente: «El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características».

Que, el artículo 15 del Código Orgánico Administrativo «COA» publicado en el Registro Oficial Suplemento 31 de 07 de julio del 2017, que dispone: «Principio de

responsabilidad. El Estado responderá por los daños como consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u omisiones de sus servidores públicos o los sujetos de derecho privado que actúan en ejercicio de una potestad pública por delegación del Estado y sus dependientes, controlados o contratistas…».

Que, el artículo 89 del mismo cuerpo legal establece: «… Actividad de las Administraciones Públicas. Las actuaciones administrativas son: 1. Acto administrativo 2. Acto de simple administración 3. Contrato administrativo 4. Hecho administrativo 5. Acto normativo de carácter administrativo…».

Que, el artículo 101 del Código Orgánico Administrativo «COA» establece: «… Eficacia del acto administrativo. El acto administrativo será eficaz una vez notificado al administrado. La ejecución del acto administrativo sin cumplir con la notificación constituirá, para efectos de la responsabilidad de los servidores públicos, un hecho administrativo viciado…».

Que, el Artículo 61 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone, lo siguiente: «Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público que lleguen a un acuerdo para el efecto, se requerirá resolución motivada de las máximas autoridades».

Que, el segundo inciso del Artículo 159, del Reglamento Administración y Control de bienes del Sector Publico indica, lo siguiente: «[…] Cuando intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá traspaso sino donación y en este evento existirá transferencia de dominio que se sujetará a las normas establecidas para esta clase de contratos.».

Que, el Artículo 4 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece: «Los órganos y entidades que comprenden la Función Ejecutiva deberán servir al interés general de la sociedad y someterán sus actuaciones a los principios de legalidad, jerarquía, tutela, cooperación y coordinación, según el caso, bajo los sistemas de descentralización y desconcentración administrativa. Las máximas autoridades de cada órgano y entidad serán responsables de la aplicación de estos principios».

Que, el Artículo 8 ibídem dispone lo siguiente: «Las Administraciones Públicas, en el desarrollo de su actividad propia y en sus relaciones recíprocas, deberán respetar las competencias de las otras Administraciones y prestar, en su propia competencia, la cooperación que las demás recabaren para el cumplimiento de sus fines».

Que, Mediante Decreto Ejecutivo quinientos tres (503) de doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), publicado en el Registro Oficial Suplemento trescientos treinta y cinco (335) de veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), se derogó los siguientes Decretos Ejecutivos: Decreto Ejecutivo

Registro Oficial N° 52 Miércoles 2 de octubre de 2019 – 23

número cuatrocientos treinta y cinco (435) de veinte y seis (26) de julio de dos mil diez (2010); Decreto Ejecutivo número setecientos noventa y ocho (798) de veinte y dos (22) de junio de dos mil once (2011); Decreto Ejecutivo número mil trecientos uno (1301) de diecisiete (17) de septiembre de dos mil doce (2012); Decreto Ejecutivo número cincuenta (50) de veinte y dos (22) de julio de dos mil trece (2013); Decreto Ejecutivo número quinientos seis (506) de once (11) de septiembre de dos mil catorce (2014); Decreto Ejecutivo número seiscientos cuarenta y uno (641) de veinte y cinco (25) de marzo de dos mil quince; Decreto Ejecutivo número ochocientos treinta y siete (837) de 25 de noviembre de dos mil quince (2015); Decreto Ejecutivo número mil trescientos setenta y siete (1377) de tres (03) de mayo de dos mil diecisiete (2017) y se dispuso lo siguiente: «…Artículo 1.- El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, es un organismo de derecho público, dotado de personalidad jurídica, autonomía administrativa, operativa y financiera y jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de Quito. Ejercerá las facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión, administración y control de los bienes del sector público y de los bienes que disponga el ordenamiento jurídico, que incluye las potestades de disponerlos, distribuirlos, custodiarlos, usarlos, enajenarlos, así como disponer su egreso y baja… «. En el Artículo cuatro (4) del referido Decreto Ejecutivo, se establece lo siguiente: ‘Artículo 4.- Son funciones del Comité de INMOBILIAR las siguientes: 1. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Gestión Inmobiliaria del Sector Público para lo cual contará con facultad normativa (…) Artículo 6.- El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, ejercerá las siguientes atribuciones: (…) Numeral 8. Gestionar los requerimientos de inmuebles, así como recibir la transferencia de dominio a título gratuito de las entidades detalladas en el artículo 2 de este decreto.»

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 135 de 01 de septiembre del 2017, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Suplemento 76 de 11-sep.-2017, se dispuso, lo siguiente: «Art. 1.- Ámbito de aplicación.-Las disposiciones del presente decreto, en lo correspondiente a gasto permanente, son de aplicación obligatoria para todas las instituciones descritas en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, incluidas las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva, con excepción de las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos».

Que, mediante Resolución de Traspaso de Bienes Inmuebles a INMOBILIAR No. 0137 de fecha veinte y cuatro (24) de septiembre de dos mil quince (2015) suscrita por la Ing. Ana Beatriz Tola Bermeo, Ministra de Inclusión Económica y Social, resolvió: «Artículo 1.- El Ministerio de Inclusión Económica y Social, traspasa a título gratuito los bienes inmuebles que se singularizan en este artículo, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público «INMOBILIAR», así con todos los derechos reales y obligaciones, sus usos, costumbres y servidumbres que le correspondan. 5. terreno ubicado

en el Caserío Surangay, Parroquia Huambalo, Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua, Clave Catastral Nro. 1807575101140397, con una superficie de 0,022000 Ha.».

Que, según el certificado de gravamen del inmueble, emitido por el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Pedro Pelileo, se desprende el siguiente inmueble: Lote de terreno, signado con el Numero Uno, ubicado en el Caserío Surangay, Parroquia Huambalo, con un área total de 220.50 m2.

Que, con Oficio Nro. MIES-CGAF-2018-0073-O de fecha 08 de marzo de 2018, en contestación al Oficio Nro. INMOBILIAR-DL-2018-0006-O de fecha 04 de enero de 2018 que en su parte pertinente la Coordinadora General Administrativa Financiera indica: «En virtud de lo expuesto, solicito se tome en consideración la recomendación emitida en Oficio Nro. INMOBILIAR-DL-2017-0227-O de 27 de noviembre de 2017, a fin de dar continuidad a la transferencia de dominio de dichos inmuebles, así como también la transferencia de los 62 inmuebles a nivel nacional a ser transferidos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Inmobiliar, mediante Decreto Ejecutivo 435, en coordinación con el personal de las dos instituciones» indica lo siguiente: «[…] Considerando que la información requerida es imprescindible para cumplir con lo dispuesto en los Decretos Ejecutivos que nos ocupan, adjunto el pedido de cronograma, el mismo que se sujetará a la aprobación del presupuesto para la obtención, legalización y regulación de la documentación requerida y su ejecución «.

Que, mediante Oficio Nº. MIES-CGAF-2018-0104-O de fecha 12 de abril de 2018, la Coordinadora General Administrativa Financiera, informó a INMOBILIAR: «Con el antecedente expuesto y considerando que la información requerida es imprescindible para cumplir con lo dispuesto en los Decretos Ejecutivos que nos ocupan, informo a usted que esta Cartera de Estado se encuentra a la espera de la aprobación de presupuesto para la obtención, legalización y regulación de la documentación requerida y su ejecución, por lo que se comunicará a su representada de manera oportuna la reprogramación del cronograma propuesto para la consecución de los objetivos establecidos».

Que, mediante memorando Nro. INMOBILIAR-DL-2019-0215-M de fecha 02 de julio del 2019, mediante el cual la Directora de Legalización del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, solicitó al señor Ing. Rómulo Javier Torres, Director de Administración, Análisis y Uso de Bienes, Encargado, se realicen los Informes Técnico y Jurídico de viabilidad de transferencia del siguiente inmueble: 1.- Terreno, ubicado en la calle S/N, parroquia Huambalo, cantón San Pedro de Pelileo, provincia de Tungurahua, con Clave catastral: 1807575101140397, con una superficie de 220.50 m2.

Que, mediante memorando Nro. INMOBILIAR-DAAUB-2019-2499-M de fecha 23 de agosto de 2019, la Dirección de Administración, Análisis y Uso de Bienes, remitió a la Dirección de Legalización, el Informe Técnico Nro.

24 – Miércoles 2 de octubre de 2019 Registro Oficial N° 52

Q-378-19 de fecha 06 de agosto de 2019 y Ficha de Situación Jurídica Nro. 017-2019 de fecha 13 de agosto de 2019, del terreno ubicado en la calle S/N, parroquia Huambaló, cantón San Pedro de Pelileo, provincia de Tungurahua, con Clave catastral: 1807575101140397, con una superficie de 220.50 m2. de propiedad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el objetivo de dar continuidad a la transferencia de dominio de los mismos a favor de INMOBILIAR.

Que, mediante Informe Técnico Q-378-19, de fecha 06 de agosto de 2019, la Dirección de Administración, Análisis y Uso de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, en relación a la inspección realizada al inmueble ubicado en la calle S/N, parroquia Huambaló, cantón San Pedro de Pelileo, provincia de Tungurahua, en el acápite de las conclusiones específicas indica: «1.- El bien inmueble inspeccionado es el lote de terreno denominado con el Número Uno, de forma rectangular, con clave catastral N° 1807575101140397 y con desnivel respecto a la vía frontal de N+1.50 aprox. Tiene un área total de 220,50 m2 según registro de la propiedad y verificación en sitio y se ubicado en el caserío Surangay Sus linderos están delimitados con cerca natural y una malla de plástico. 2.- El bien inmueble actualmente se encuentra ocupado con sembríos. 3.- El bien inmueble dispone de factibilidad de servicios básicos. 4.- El bien inmueble posee en el lindero Este un pasaje peatonal (callejón) de 1,00m aprox. De ancho. 5.- el bien inmueble no cuenta con acceso para personas con discapacidad. 6.- El bien inmueble se encuentra en buen estado de conservación. 7.- El bien inmueble tiene acceso por vía de tierra, no hay aceras ni bordillos, sin embargo cuenta con un alumbrado público. 8.-El bien inmueble se encuentra en el caserío Surangay, el cual tiene acceso por vía pavimentada desde San Pedro de Pelileo, posee todos los servicios y equipamiento urbano. 9.- A la fecha de la inspección el bien inmueble no evidencia afectación por efecto de caso fortuito o fuerza mayor. CONCLUSIONES GENERALES. 1.- El bien inmueble es un terreno con vocación agrícola que se encuentra en buen estado de conservación. RECOMENDACIONES. 1.- Luego de la inspección técnica se recomienda continuar con los trámites que permitan la transferencia del bien inmueble de propiedad del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (…)».

Que, mediante Ficha Jurídica 017-2019 de fecha 13 de agosto del 2019, la Dirección de Administración Análisis y Uso de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, recomendó: «Finalmente amparado en los Principios Constitucionales de Legalidad y Coordinación que aplica en el Sector Público; al artículo 30 del Decreto Ejecutivo No. 135 de 01 de septiembre del 2017; a las facultades determinadas en el Decreto Ejecutivo Nro. 503 de 12 de septiembre del 2018; a las competencias y atribuciones otorgadas en el artículo 9 subnumeral 1.2.2.2.1, literal c) numeral 1,3 y 9 de la Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público; al Informe Técnico de Viabilidad del MIES por el cual concluyó que el bien

inmueble no está siendo utilizado por el MIES y tampoco se encuentra planificado proyecto alguno en dicho bien; a la documentación administrativa y jurídica de respaldo; a las conclusiones específicas y recomendaciones que se derivan del Informe Técnico Nro. Q-378-19 de 06 de agosto de 2019; esta Dirección de Administración, análisis y Uso de Bienes, recomienda realizar el procedimiento legal correspondiente para que el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR reciba del Ministerio de Inclusión Económica y Social mediante transferencia de dominio a título gratuito, el lote de Terreno, con clave catastral número 1807575107740397, ubicado en la Calle S/N, parroquia Huambaló, cantón San Pedro de Pelileo, provincia de Tungurahua, de propiedad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a fin de que este Servicio como ente rector del Sistema Nacional de Gestión Inmobiliar del Sector Público, determine su uso correcto, eficiente y provechoso del mismo, conforme a las disposiciones prescritas en la normativa vigente aplicable al caso «.

Que, mediante RESOLUCIÓN número 01 de 02 de junio de 2017, el Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, resolvió: ‘Artículo Primero.- Designar al señor Nicolás José Issa Wagner para que ejerza el cargo de Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR».

Que, mediante Acuerdo Nro. ACUERDO- INMOBILIAR -DGSGI-2019-0003 de 25 de febrero de 2019, el Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, resolvió lo siguiente: «[…] Artículo 4, literal d) delegó al titular de la Subdirección de Gestión Legal de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, para que en su nombre y representación, cumpla con las siguientes atribuciones: emitir y suscribir resoluciones de compra venta, traspasos, transferencias de dominio de los bienes inmuebles de propiedad del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, y de las instituciones públicas a nombre de las cuales INMOBILIAR, actúe; así como emitir Resoluciones de compraventa, de aceptación o extinción de bienes inmuebles en los que el beneficiario sea INMOBILIAR o de la Entidad Pública en las que INMOBILIAR actúe a su nombre y representación «.

Con las consideraciones expuestas, en ejercicio de la función administrativa y en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Administrativo (COA), el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo 503 de fecha 12 de septiembre de 2018, Decreto Ejecutivo N° 135 de 01 de septiembre del 2017, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Suplemento 76 de 11 de septiembre del 2017, el Acuerdo Nro. ACUERDO-INMOBILIAR-DGSGI-2019-0003 de fecha 25 de febrero de 2019, el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios

Registro Oficial N° 52 Miércoles 2 de octubre de 2019 – 25

del Sector Público; y, la Resolución de Traspaso de Bienes Inmuebles a INMOBILIAR No. 0137 de fecha 24 de septiembre de 2015.

Resuelve:

Artículo 1. Aceptar la transferencia a título gratuito y como cuerpo cierto del Inmueble, de propiedad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, sin prohibiciones de enajenar, ni gravamen, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, incluyendo todos los bienes muebles que se reputen inmuebles por su destino, accesión o incorporación así como sus accesorios, sus usos, costumbres, entradas y salidas; mismo que se detalla a continuación:

PROPIETARIO:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

TIPO DE INMUEBLE:

Lote de Terreno Signado con el Número Uno

UBICACIÓN:

Caserío Surangay, parroquia Huambaló

LINDEROS:

POR EL NORTE: en 21.65 metros con camino público; POR EL SUR: con 21.60 metros con propiedad de Fliberto Paredes; POR EL ESTE: con 10.40 metros con callejón de interesados de 2 metros de ancho; POR EL OESTE: con 10 metros con el lote dos que se reservan los donantes.

PROVINCIA:

Tungurahua

CANTÓN:

San Pedro de Pelileo

PARROQUIA:

Huambaló

CLAVE CATASTRAL:

1807575101014397

ÁREA DE TERRENO:

220 m2 ( Según Avalúo)

220.50 m2 ( Según Certificado del Registro de la Propiedad)

CÓDIGO GID

221823

AVALÚO

$ 440.67

INMOBILIAR, coordine con el Ministerio de Inclusión Económica y Social los trámites legales, técnicos y administrativos que correspondan con el objeto de perfeccionar la transferencia de dominio de los inmuebles referidos a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.

Artículo 3. Disponer que el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, asuma los gastos que demande la presente transferencia de dominio, estableciéndose expresamente que estos actos jurídicos están exentos del pago de tributos, de conformidad con lo prevenido en los artículos 35 de la Codificación del Código Tributario; 534 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Artículo 4. Disponer que una vez que se perfeccione la transferencia de dominio, la Coordinación General Administrativa Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, suscriba la correspondiente acta entrega recepción y contabilice en los registros de la institución el inmueble recibido como activo de INMOBILIAR, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público.

Artículo 5. Disponer a la Dirección de Catastro de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, actualice e incorpore en su base de datos el inmueble antes descrito para mantener una información catastral de los bienes inmuebles que ingresen a INMOBILIAR.

Artículo 6. Notificar con el contenido de la presente Resolución al Ministerio de Inclusión Económica y Social, a efecto de que dicho Organismo viabilice eficazmente y a la brevedad posible el proceso de transferencia del inmueble objeto de esta Resolución, así como a la Subdirección de Administración de Bienes, la Subdirección Técnica Inmobiliaria; y, a la Coordinación General Administrativa y Financiera, para los fines consecuentes.

Artículo 7.- Disponer que se realicen las acciones necesarias para su publicación en el Registro Oficial, sin perjuicio de lo señalado, la presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción.

Dado y firmado en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, a los 05 días del mes de septiembre del 2019.

f.) Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo, Subdirector de Gestión Legal de Bienes, Delegado del Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

Artículo 2. Disponer que la Dirección de Legalización del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público,

26 – Miércoles 2 de octubre de 2019 Registro Oficial N° 52

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

No. SB-DTL-2019-907

Marcelo Gustavo Blanco Dávila

DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES

Considerando:

Que el ingeniero automotriz Ricardo Gabriel Guaita Miño ha solicitado a la Superintendencia de Bancos la calificación como perito valuador;

Que el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los peritos valuadores;

Que los artículos 4 y 5, del capítulo IV «Normas para la calificación y registro de peritos valuadores», del título XVII «De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos», del libro I «Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado», de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, establece los requisitos para la calificación de los peritos valuadores;

Que el inciso séptimo del artículo 7, del citado capítulo IV, establece que la resolución de la calificación tendrá una vigencia de dos (2) años contados desde la fecha de su notificación a la persona interesada;

Que mediante memorando No. SB-DTL-2019-0962-M de 28 de agosto del 2019, se señala que, el ingeniero automotriz Ricardo Gabriel Guaita Miño cumple con los requisitos establecidos en la norma citada; y a la fecha, no registra hechos negativos en la base de datos de operaciones activas y contingentes, cartera castigada y estado de titulares de cuenta; y,

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB-2019-280 de 12 de marzo del 2019; y, resolución No. ADM-2019-14239 de 30 de abril del 2019,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al ingeniero automotriz Ricardo Gabriel Guaita Miño, portador de la cédula de ciudadanía No. 172151693-6, para que pueda desempeñarse como perito valuador de vehículos y maquinaria en las entidades financieras públicas y privadas, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, la presente resolución de calificación tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su notificación.

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el registro de peritos valuadores, se le asigne el número de registro No. PVQ-2019-2035 y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el veintiocho de agosto del dos mil diecinueve.

f.) Dr. Marcelo Gustavo Blanco Dávila, Director de Trámites Legales.

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el veintiocho de agosto del dos mil diecinueve.

f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario General, Encargado.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Certifico que es fiel copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General (E).- 16 de septiembre del 2019.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

No. SB-DTL-2019-908

Marcelo Gustavo Blanco Dávila

DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES

Considerando:

Que la arquitecta María Isabel Aguirre Ramírez ha solicitado a la Superintendencia de Bancos la calificación como perito valuador;

Que el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los peritos valuadores;

Que los artículos 4 y 5, del capítulo IV «Normas para la calificación y registro de peritos valuadores», del título XVII «De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos», del libro I «Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado», de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, establece los requisitos para la calificación de los peritos valuadores;

Que el inciso séptimo del artículo 7, del citado capítulo IV, establece que la resolución de la calificación tendrá una vigencia de dos (2) años contados desde la fecha de su notificación a la persona interesada;

Que mediante memorando No. SB-DTL-2019-0963-M de 28 de agosto del 2019, se señala que, la arquitecta María Isabel Aguirre Ramírez cumple con los requisitos establecidos en la norma citada; y a la fecha, no registra hechos negativos en la base de datos de operaciones activas y contingentes, cartera castigada y estado de titulares de cuenta; y,Registro Oficial N° 52 Miércoles 2 de octubre de 2019 – 27

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB-2019-280 de 12 de marzo del 2019; y, resolución No. ADM-2019-14239 de 30 de abril del 2019,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR a la arquitecta María Isabel Aguirre Ramírez, portadora de la cédula de ciudadanía No. 110448054-4, para que pueda desempeñarse como perito valuador de bienes inmuebles en las entidades financieras públicas y privadas, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, la presente resolución de calificación tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su notificación.

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el registro de peritos valuadores, se le asigne el número de registro No. PVQ-2019-2036 y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el veintiocho de agosto del dos mil diecinueve.

f.) Dr. Marcelo Gustavo Blanco Dávila, Director de Trámites Legales.

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el veintiocho de agosto del dos mil diecinueve.

f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario General, Encargado.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Certifico que es fiel copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General (E).- 16 de septiembre del 2019.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

No. SB-DTL-2019-0926

Marcelo Gustavo Blanco Dávila

DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES

Considerando:

Que mediante comunicaciones de 13, 26 y 30 de agosto de 2019, el doctor Manuel Guillermo Nazati Yetacama, solicita la calificación como auditor interno para las entidades financieras públicas y privadas controladas por la Superintendencia de Bancos;

Que el numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece que entre las funciones

de la Superintendencia de Bancos, está la calificación de los auditores internos;

Que el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los impedimentos para los auditores internos;

Que en el capítulo II «Normas para la calificación de los auditores internos de las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos», del título XVII «De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos», del libro I «Normas generales para las entidades del sector financiero público y privado», de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, se establecen los requisitos que deben cumplir para obtener la calificación como auditor interno;

Que el inciso séptimo del artículo 5, del citado capítulo II, establece que la resolución de la calificación tendrá una vigencia de dos (2) años contados desde la fecha de su notificación a la persona interesada;

Que el doctor Manuel Guillermo Nazati Yetacama, portador de la cédula de ciudadanía No. 1716477748, reúne los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes; y, no registra hechos negativos en la base de datos de operaciones activas y contingentes y estado de titulares de cuenta;

Que mediante memorando No. SB-DTL-2019-0984-M de tres de septiembre de 2019, se ha emitido informe favorable para la calificación solicitada; y,

En ejercicio de las atribuciones delegadas por la señora Superintendenta de Bancos mediante resolución No. SB-2019-280 de 12 de marzo del 2019; y, resolución No. ADM-2019-14239 de 30 de abril del 2019,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al doctor en Contabilidad y Auditoría Manuel Guillermo Nazati Yetacama, portador de la cédula de ciudadanía No. 1716477748, para que pueda desempeñarse como auditor interno en las entidades financieras públicas y privadas, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, la presente resolución de calificación tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su notificación.

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el registro de auditores internos y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el tres septiembre de dos mil diecinueve.

f.) Dr. Marcelo Gustavo Blanco Dávila, Director de Trámites Legales.

28 – Miércoles 2 de octubre de 2019 Registro Oficial N° 52

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el tres de septiembre de dos mil diecinueve.

f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario General, Encargado.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Certifico que es fiel copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General (E).- 16 de septiembre del 2019.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

No. SB-DTL-2019-935

Marcelo Gustavo Blanco Dávila

DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES

Considerando:

Que el señor Juan Diego Ponce Machado ha solicitado a la Superintendencia de Bancos la calificación como perito valuador;

Que el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los peritos valuadores;

Que los artículos 4 y 5, del capítulo IV «Normas para la calificación y registro de peritos valuadores», del título XVII «De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos», del libro I «Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado», de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, establece los requisitos para la calificación de los peritos valuadores;

Que el inciso séptimo del artículo 7, del citado capítulo IV, establece que la resolución de la calificación tendrá una vigencia de dos (2) años contados desde la fecha de su notificación a la persona interesada;

Que mediante memorando No. SB-DTL-2019-0995-M de 05 de septiembre del 2019, se señala que, el señor Juan Diego Ponce Machado cumple con los requisitos establecidos en la norma citada; y a la fecha, no registra hechos negativos en la base de datos de operaciones activas y contingentes, cartera castigada y estado de titulares de cuenta; y,

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB-2019-280 de 12 de marzo del 2019; y, resolución No. ADM-2019-14239 de 30 de abril del 2019,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al señor Juan Diego Ponce Machado, portador de la cédula de ciudadanía No. 060361254-0, para que pueda desempeñarse como perito valuador de bienes inmuebles en las entidades financieras públicas y privadas, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, la presente resolución de calificación tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su notificación.

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el registro de peritos valuadores, se le asigne el número de registro No. PVQ-2019-2038 y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el cinco de septiembre del dos mil diecinueve.

f.) Dr. Marcelo Gustavo Blanco Dávila, Director de Trámites Legales.

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el cinco de septiembre del dos mil diecinueve.

f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario General, Encargado.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Certifico que es fiel copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General (E).- 16 de septiembre del 2019.

No. SCPM-DS-2019-34

Danilo Sylva Pazmiño

SUPERINTENDENTE DE CONTROL

DEL PODER DE MERCADO

Considerando:

Que el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes «;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocido en la Contitución»;

egistro Oficial N° 52 Miércoles 2 de octubre de 2019 – 29

Que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, fue creada mediante Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 555 de 13 de octubre de 2011, como un organismo técnico de control, con capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa;

Que el artículo 38 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, prescribe: «La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, a través de sus órganos, ejercerá las siguientes atribuciones: (…) 16. Suscribir convenios con gobiernos autónomos descentralizados para la habilitación de oficinas receptoras de denuncias. 17. Suscribir convenios con asociaciones de usuarios y consumidores para la promoción de la participación de la comunidad en el fomento de la competencia y la transparencia de los mercados. (…) 29. Coordinar las acciones que fueren necesarias y suscribir convenios de cooperación con entidades públicas y privadas, a fin de promover la libre concurrencia de los operadores económicos a los diferentes mercados. (…)»‘,

Que el número 16 del artículo 44 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, determina como atribuciones y deberes de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado: «Expedir resoluciones de carácter general, guías y normas internas para su correcto funcionamiento «;

Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece: «Para efecto de esta Ley se entenderán por recursos públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen alEstadoy a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales. Los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles y otras entidades de derecho privado, cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o constitución hasta tanto los títulos, acciones, participaciones o derechos que representen ese patrimonio sean transferidos a personas naturales o personas jurídicas de derecho privado, de conformidad con la ley»;

Que la letra e) del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado prescribe que las máximas autoridades de las entidades del Estado tienen la atribución y obligación de: «Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones «;

Que el artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina: «Prohíbase a las entidades

organismos del sector público realizar donaciones o asignaciones no reembolsables, por cualquier concepto, a personas naturales, organismos o personas jurídicas de derecho privado, con excepción de aquellas que correspondan a los casos regulados por el Presidente de la República, establecidos en el Reglamento de este Código, siempre que exista la partida presupuestaria. «;

Que el artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas fue reglamentado mediante Decreto Ejecutivo No. 544 de 11 de noviembre del 2010, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 340 de 30 de mayo de 2014, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 263 de 09 de junio del 2014, permitiendo las transferencias directas de recursos a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de inversión en beneficio directo de la colectividad;

Que el artículo 89 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala: «Las entidades del sector público podrán realizar donaciones o asignaciones no reembolsables a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, destinadas a investigación científica, educación, salud, inclusión social y donaciones para la ejecución de programas o proyectos prioritarios de inversión en beneficio directo de la colectividad (…). Estas asignaciones deben constar en los respectivos presupuestos institucionales, en el ámbito de competencia de cada entidad pública (…) «;

Que la Norma No. 202-04 de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, al referirse a la estructura organizativa de las entidades públicas, señala: «La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes (…)»;

Que mediante Resolución No. SCPM-DS-034-2016 de 24 de junio de 2016, se expidió el Instructivo de Convenios y Compromisos de Cooperación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado;

Que el 06 de noviembre de 2018, la Asamblea Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y de acuerdo con la Resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social No. PLE-CPCCS-T-O-163-23-10-2018, de 23 de octubre de 2018, según fe de erratas de 05 de noviembre de 2018, posesionó al doctor Danilo Sylva Pazmiño como Superintendente de Control del Poder de Mercado; y,

Que es necesario actualizar la normativa interna institucional a fin de reglamentar de manera eficiente el procedimiento para la firma, seguimiento, registro, ejecución y liquidación de los convenios que suscriba la Superintendencia de Control del Poder de Mercado con personas jurídicas de derecho privado o público, nacionales o extranjeras, con la finalidad de cumplir con el objeto de la Ley y la misión institucional.

30 – Miércoles 2 de octubre de 2019 Registro Oficial N° 52

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley,

Resuelve:

EXPEDIR EL INSTRUCTIVO DE CONVENIOS

DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL

PODER DE MERCADO

TÍTULO I

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Art. 1.- OBJETO.- El presente Instructivo tiene por objeto establecer el trámite para la suscripción, seguimiento, registro, ejecución y liquidación de convenios entre la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y personas jurídicas de derecho privado o público, nacionales o extranjeras, con o sin fines de lucro, para el cumplimiento de las atribuciones y competencias de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

Art. 2.- ÁMBITO.- Las disposiciones del presente instructivo rigen para todas las dependencias de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

Art. 3.- PRINCIPIOS.- El presente Instructivo se guiará por los principios de coordinación, transparencia, desconcentración y eficacia, los cuales deben ser observados por los servidores de las unidades de la SCPM involucradas en el trámite.

Art. 4.- DEFINICIONES.

a. Acta de Cierre de Convenio: Documento mediante el cual, el o los Administrador(es) del Convenio dan por terminado el convenio.

b. Administrador de Convenio: Responsable de la ejecución y seguimiento del convenio, así como de adoptar las medidas pertinentes para su debido cumplimiento.

c. Contraparte: Personas jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, con o sin fines de lucro que suscriban convenios con la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

d. Convenio: Acuerdo de voluntades, orientado a la cooperación mutua, para desarrollar en forma planificada actividades de interés y beneficio común.

e. Delegado: Servidor público al cual el Superintendente de Control del Poder de Mercado, en el ejercicio de sus funciones, ha trasladado alguna de las facultades y atribuciones previstas en la Ley.

f. Informe Técnico de Viabilidad: Documento elaborado por la unidad de la SCPM vinculada con el objeto del convenio a suscribirse, el cual deberá contener el análisis y la determinación de la viabilidad o no de la suscripción del convenio, y la asignación de recursos de ser el caso, sobre la base de la solicitud

presentada por la contraparte o de la necesidad institucional, debidamente aprobado y suscrito por el respectivo Intendente.

g. Informe Jurídico: Documento elaborado por la Intendencia Nacional Jurídica de la SCPM, en el cual se analiza y verifica la concordancia del objeto y contenido del convenio con el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en particular con la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y normas conexas, en razón de la suscripción del convenio.

h. Máxima Autoridad: En el caso de las entidades públicas, quien ejerce la representación de las mismas para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia sin necesidad de delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley. En el caso de la SCPM, el Superintendente de Control del Poder de Mercado.

i. Sistema Informático de Convenios de la SCPM: Plataforma tecnológica de la SCPM para el registro, seguimiento, y actualización de la información y documentación relativa a los convenios.

j. SCPM: Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

Art. 5.- TIPOS DE CONVENIOS.- Para los efectos del presente Instructivo, existen los siguientes tipos de convenios:

a. Convenio Marco: Instrumento legal mediante el cual se establecen de manera general las obligaciones de las partes, alcance y condiciones de cooperación aplicables a los convenios específicos.

Las actividades puntuales que se pretendan desarrollar de los compromisos establecidos en forma general en un convenio marco, deberán obligatoriamente establecerse en un convenio específico.

b. Convenio Específico: Instrumento legal que surge de un convenio marco, en el que se establece en forma clara y específica los derechos y obligaciones puntuales, ejecutables y determinadas para el cumplimiento de los fines establecidos en el objeto del convenio.

Cuando el convenio específico involucre la transferencia de recursos económicos o implique erogaciones por parte de la SCPM, se deberá observar lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su Reglamento General de aplicación.

c. Convenio de Cooperación Interinstitucional: Instrumento legal que se celebra con el objeto de aunar esfuerzos y cumplir con la misión y los objetivos institucionales.

Registro Oficial N° 52 Miércoles 2 de octubre de 2019 – 31

El convenio de cooperación interinstitucional deberá contemplar obligaciones puntuales, ejecutables y determinadas para el cumplimiento de los fines establecidos en el objeto del convenio.

Cuando el convenio de cooperación interinstitucional involucre la transferencia de recursos económicos o implique erogaciones por parte de la SCPM, se deberá observar lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su Reglamento General de aplicación.

d. Convenio Modificatorio: Instrumento legal mediante el cual se realizan modificaciones a los convenios o sus anexos, siempre que no se contrapongan al objeto del convenio y a la normativa legal vigente.

El objeto de un convenio no es susceptible de ser modificado por las partes, pues ello implicaría la suscripción de un nuevo convenio.

El convenio modificatorio procederá mientras el convenio principal se encuentre vigente.

El tipo de convenio se determinará con base en su objeto y contenido, sin importar su denominación.

TÍTULO II

CAPITULO I

DEL COMITÉ DE CONVENIOS NACIONALES

E INTERNACIONALES

Art. 6.- CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES.- Créase el Comité de Convenios Nacionales e Internacionales que estará conformado por:

a. El Intendente General Técnico, quien lo presidirá y tendrá voz y voto dirimente;

b. El Intendente General de Gestión, quién tendrá voz y voto; y, actuará como asesor en temas administrativos, financieros y de talento humano de la SCPM;

c. El Intendente Nacional de Abogacía de la Competencia, quién tendrá voz y voto;

d. El Intendente Nacional Administrativo Financiero, quién tendrá voz y voto;

e. El Intendente Nacional Jurídico, quién tendrá voz y voto;

f. El Intendente Nacional de Planificación, quién tendrá voz y voto;

g. El Director Nacional de Promoción de la Competencia y Capacitación, quién tendrá voz y voto y actuará

como asesor en el seguimiento de los convenios determinados en la LORCPM;

h. El Director Nacional de Cooperación Internacional, quién tendrá voz y además actuará como asesor en temas Internacionales;

i. El Secretario General, quién actuará como Secretario del Comité;

j. En las sesiones intervendrá el administrador del convenio respectivo, quién tendrá voz informativa respecto del estado del o los convenios a su cargo.

Las decisiones que adopte el Comité se aprobarán por mayoría simple.

Art. 7.- ATRIBUCIONES.- El Comité tendrá las siguientes atribuciones:

a. Sesionar en forma ordinaria cada seis meses; y, extraordinariamente previo a la convocatoria del Secretario/a del Comité;

b. Realizar el seguimiento general al cumplimiento de las obligaciones determinadas en los convenios suscritos por la SCPM y la contraparte;

c. Emitir directrices para la suscripción, seguimiento o liquidación de convenios, las cuales deberán ser consideradas por los Administradores de convenios;

d. Acceder al archivo central de la Secretaría General para la verificación de todos los convenios suscritos por la SCPM y sus habilitantes, por intermedio de cualquiera de sus miembros, previa autorización del Comité;

e. Aprobar el informe semestral sobre el estado de los convenios con las recomendaciones pertinentes en cada caso, el cual deberá ser presentado a la Máxima Autoridad; y,

f. Las demás que la máxima autoridad le asignare posteriormente.

Art. 8.- SESIONES.- El Comité sesionará de forma ordinaria previa convocatoria suscrita por el Secretario a petición del Presidente del Comité, o de forma extraordinaria, previa convocatoria suscrita por el Secretario a pedido de uno de sus miembros, en la cual constará el orden del día.

Las sesiones del comité se llevarán a cabo con la presencia de al menos tres (3) de sus miembros con voz y voto, debiendo el Presidente ser uno de ellos.

En caso de ausencia del Presidente del Comité no se llevará a cabo la sesión convocada.

La Secretaría General o quien haga sus veces deberá crear los formatos de acta de sesiones tomando en cuenta la

32 – Miércoles 2 de octubre de 2019 Registro Oficial N° 52

información base de cada convenio, y, será custodio de las actas del Comité que serán suscritas por sus miembros.

Art. 9.- POLÍTICAS.- El Comité en su accionar tendrá en cuenta las siguientes políticas:

a. EFICACIA: Todo convenio o compromiso debe estar destinado a la satisfacción de necesidades recíprocas a través de objetivos concretos, reales y medibles.

b. INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS: El intercambio de conocimientos y experiencias es un medio y estrategia adecuados para el mejoramiento constante.

c. SINERGIAS INTERINSTITUCIONALES: La cooperación nacional o internacional debe mantenerse como estrategia y como política fundamental de gestión de los asuntos relacionados a la eficiencia de los mercados.

TÍTULO III

DE LOS CONVENIOS

CAPÍTULO I

DEL REQUERIMIENTO Y TRÁMITE

Art. 10.- REQUERIMIENTO.- La propuesta de firma de un convenio puede surgir de:

a. Las unidades de la SCPM que identifican la necesidad o el potencial beneficio institucional; o,

b. De personas jurídicas nacionales o extranjeras, a través de sus representantes legales, interesados en establecer o fortalecer relaciones de cooperación interinstitucional con la SCPM.

Art. 11.- REQUERIMIENTO POR PARTE DE LAS UNIDADES DE LA SCPM.- Cuando surja la necesidad por parte de la SCPM de suscribir un convenio, la unidad vinculada con el objeto del mismo, deberá comunicar a la posible contraparte mediante oficio, el interés y la necesidad que tiene la SCPM de suscribir un convenio.

Con la aceptación por escrito de la contraparte, la unidad vinculada con el objeto del convenio elaborará un informe técnico justificando la viabilidad del convenio y solicitará a la Máxima Autoridad de la SCPM, la aprobación para el inicio del trámite previsto en el artículo 13 de éste Instructivo.

Art. 12.- REQUERIMIENTO POR PARTE DE USUARIOS EXTERNOS.- Cuando la necesidad de suscribir un convenio no sea generada por la SCPM, las personas jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, deberán presentar una petición dirigida a la Máxima Autoridad de la SCPM, en la que se manifieste el interés y se identifique el objeto del convenio, así como la propuesta de convenio a suscribirse, de ser el caso.

Recibida la solicitud en la SCPM, la Máxima Autoridad solicitará a la unidad que de acuerdo con las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la SCPM, sea más afín con el objeto del convenio que se pretende suscribir, realice en el término máximo de quince (15) días el análisis correspondiente a dicha solicitud y emita un informe técnico de viabilidad, justificando o no la suscripción del mismo.

El informe de viabilidad deberá ser dirigido a la Máxima Autoridad.

En el caso de que la unidad correspondiente establezca a través del informe técnico de viabilidad, que no es necesario o conveniente para los intereses institucionales la suscripción del pretendido convenio, recomendará a la Máxima Autoridad, se informe al solicitante de la no conveniencia de celebración del convenio y se disponga el archivo del trámite a Secretaría General.

En el caso de que unidad correspondiente establezca en su informe técnico que es viable la suscripción del convenio, recomendará expresamente a la Máxima Autoridad su aprobación para el inicio del trámite de suscripción.

Art. 13.- TRÁMITE.- El trámite para la suscripción de un convenio por parte de la Máxima Autoridad, observará el siguiente procedimiento:

1. Una vez que la Máxima Autoridad apruebe el informe técnico de viabilidad y autorice el inicio del trámite para su suscripción, dispondrá a la unidad vinculada con el objeto del convenio, que en el término de treinta (30) días, solicite y obtenga los siguientes documentos:

a. Informe de alineación a objetivos y metas institucionales otorgado por la Intendencia Nacional de Planificación;

b. Informe emitido por la Dirección Nacional de Cooperación Internacional, cuando se traten de convenios internacionales;

c. Documentos habilitantes de los suscribientes;

d. Certificación POA, en caso de que aplique, para los convenios específicos y de cooperación interinstitucional, verificando previamente la actividad registrada en el POA institucional;

e. Certificación presupuestaria, cuando sea aplicable;

f. Para el caso de requerimientos por parte de las unidades de la SCPM, se requerirán además, los siguientes documentos específicos: oficio de solicitud a la contraparte de suscripción del convenio, contestación de la contraparte, documentos habilitantes, cronograma y actas de reuniones de ser el caso; y,

g. Para el caso de requerimientos realizados por usuarios externos: oficio de solicitud de la

Registro Oficial N° 52 Miércoles 2 de octubre de 2019 – 33

contraparte para la suscripción del convenio, documentos habilitantes de los representantes legales o máximas autoridades, cronograma de ser el caso.

2. Una vez que la unidad vinculada con el objeto del convenio obtenga todos los documentos previstos en el numeral anterior, los remitirá a la Intendencia Nacional Jurídica, solicitando la elaboración de un informe jurídico, en el cual se verificará que el convenio que se pretende suscribir no contravenga el ordenamiento jurídico vigente, caso contrario se devolverá el expediente a la unidad vinculada informando del particular a fin de que se ajuste la propuesta al ordenamiento jurídico.
3. De verificar la Intendencia Nacional Jurídica que el Convenio que se pretende suscribir no contraviene el ordenamiento jurídico vigente, remitirá a la Máxima Autoridad su informe jurídico, el expediente completo generado por la unidad vinculada con el objeto del convenio; y, su recomendación jurídica respecto a la conveniencia de suscribir el convenio.
4. La Máxima Autoridad dispondrá a la Intendencia Nacional Jurídica la elaboración del convenio; o, en el caso de que la propuesta haya sido planteada por la contraparte la revisión jurídica del proyecto enviado.
5. Elaborado y revisado el convenio, la Intendencia Nacional Jurídica remitirá cuatro (4) ejemplares del mismo a la Máxima Autoridad de la SCPM para su revisión y suscripción.
6. Una vez suscrito el convenio, la Máxima Autoridad dispondrá a la unidad requirente, se coordine las gestiones necesarias para la toma de firmas de la contraparte.
7. Para el caso de convenios internacionales se remitirá el proyecto de convenio, a través de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional.
8. Para los convenios que se firmen en acto público, el convenio se entregará al Despacho de la Máxima Autoridad.
9. Una vez firmado el convenio, la Máxima Autoridad lo remitirá junto con sus habilitantes a la Secretaría General para su registro y custodia.
10. Registrado el convenio, la Secretaría General distribuirá los ejemplares originales del mismo.

CAPITULO II

DE LOS INFORMES, CERTIFICACIÓN POA,

PRESUPUESTARIA Y HABILITANTES

Art. 14.- INFORME TÉCNICO DE VIABILIDAD.- El informe técnico de viabilidad deberá motivar la necesidad

institucional de suscripción del convenio, para lo cual se deberá evaluar y analizar los aspectos básicos del requerimiento y beneficios de suscribir un convenio.

El informe técnico deberá contener la recomendación expresa sobre la viabilidad de suscribir el convenio, o en su defecto de la no pertinencia o no conveniencia del mismo, así como la recomendación expresa del cargo del servidor que actuará como administrador del convenio.

Para el caso de peticiones externas el informe deberá calificar técnicamente la propuesta, estableciéndose si guarda coherencia técnica con el Plan Operativo Anual y con los objetivos institucionales, dentro del ámbito de competencia de la SCPM.

En caso de que el convenio implique la erogación de recursos económicos, el informe deberá establecer si el convenio puede o no ser financiado, con la indicación del presupuesto, partida presupuestaria, ítem, programa y proyecto al que corresponde y del cual ocurrirá la afectación del gasto, y determinar el monto económico que comprometería la SCPM o la contraparte para la ejecución del convenio.

Art. 15.- CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO DE VIABILIDAD.- El informe técnico de viabilidad generado en el Sistema de Gestión Documental -SIGDO, contendrá los siguientes aspectos:

a. Antecedentes;

b. Justificación de la necesidad de suscribir el convenio;

c. Objeto del convenio;

d. Obligaciones, compromisos, derechos y obligaciones de las partes;

e. Constancia de la necesidad de elaborar un cronograma para convenios en los que se vaya a realizar actividades con tiempos de ejecución o exista entrega de productos (para convenios específicos y de cooperación interinstitucional);

f. Plazo del convenio;

g. Resultados esperados o beneficio institucional que se espera;

h. Descripción de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros necesarios para la ejecución del convenio (para convenios específicos o de cooperación interinstitucional);

i. Datos de los suscribientes;

j. Determinación de la persona que será administrador del convenio por parte de la SCPM y de la contrarte;

34 – Miércoles 2 de octubre de 2019 Registro Oficial N° 52

k. Detalle de domicilio para notificaciones;

l. Detalle de la inversión económica total con los respectivos medios de verificación, en el caso de convenios específicos o de cooperación interinstitucional, donde exista erogación de recursos económicos; y,

m. Conclusiones y recomendaciones expresas de suscribir o no el convenio.

Art. 16.- INFORME DE ALINEACIÓN A OBJETIVOS INSTITUCIONALES.- Aprobado el informe de viabilidad técnica y el inicio del trámite respectivo, el titular de la unidad vinculada con el objeto del convenio, deberá solicitar a la Intendencia Nacional de Planificación emita el informe respecto a la alineación del objeto y alcance del convenio, así como su alineación a los objetivos institucionales.

El informe deberá contener lo siguiente:

a. Antecedentes;

b. Análisis del objeto del convenio y su alineación con los objetivos de la SCPM;

c. Conclusiones; y,

d. Recomendaciones.

Art. 17.- INFORME PREVIO A LA FIRMA DE CONVENIOS INTERNACIONALES.- Cuando se trate de convenios internacionales el titular de la unidad vinculada con el objeto del convenio, una vez aprobado el Informe de viabilidad técnica y el inicio del trámite respectivo, solicitará a la Dirección Nacional de Cooperación Internacional, un informe técnico de viabilidad dentro del ámbito de sus competencias.

El informe de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional, deberá contener lo siguiente:

a. Antecedentes;

b. Análisis de la pertinencia de suscribir el convenio internacional;

c. Conclusiones; y,

d. Recomendaciones.

Art. 18.- INFORME JURÍDICO.- Una vez que la unidad vinculada con el objeto del convenio obtenga todos los documentos previstos en el numeral 1 del artículo 13 del presente Instructivo, remitirá dichos documentos y solicitará a la Intendencia Nacional Jurídica, emita un informe respecto de la viabilidad jurídica de suscribir el convenio.

El informe jurídico, deberá contener lo siguiente:

a. Antecedentes;

b. Análisis sobre la viabilidad jurídica de suscribir el convenio;

c. Conclusiones; y,

d. Recomendaciones.

Art. 19.- CERTIFICACIÓN POA Y PRESUPUESTARIA.- Para los convenios específicos y de cooperación interinstitucional, cuando exista la necesidad de erogar recursos económicos de la SCPM o recibir recursos económicos de otras instituciones, el titular de la unidad vinculada con el objeto del convenio, una vez aprobado el informe de viabilidad técnica, y una vez emitido el informe de alineación de objetivos institucionales para dar inicio al trámite respectivo, realizará lo siguiente:

a. Solicitará a la Intendencia Nacional de Planificación, verifique el registro de la actividad en el POA institucional, luego de lo cual emitirá la correspondiente certificación.

b. Solicitará a la Intendencia Nacional de Planificación la certificación POA.

c. Solicitará a la Intendencia Nacional Administrativa Financiera emita la respectiva certificación presupuestaria, indicando la existencia de los recursos necesarios y suficientes, para asumir las obligaciones económicas que se deriven de la suscripción del convenio por parte de la SCPM.

Para el caso de recibir recursos económicos, la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, determinará el ítem presupuestario de ingreso, planteará la respectiva reforma presupuestaria de ingresos para la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, y distribución del gasto.

No se suscribirán convenios, ni se realizará transferencia de recursos sin la existencia previa de la certificación presupuestaria referida en este artículo.

Art. 20.- DOCUMENTOS HABILITANTES.- La unidad vinculada al objeto del convenio, adjuntara al expediente referido en el numeral 2 del artículo 13 del presente Instructivo, la siguiente documentación habilitante:

1. Para instituciones públicas nacionales:

a. Nombramiento de la máxima autoridad o su delegado (Actas de posesión o acción de personal, según corresponda); y,

Registro Oficial N° 52 Miércoles 2 de octubre de 2019 – 35

b. Delegación para la firma del convenio, de ser el caso.

2. Para personas jurídicas de derecho privado:

a. Copia del Acuerdo Ministerial expedido por el Ministerio del ramo mediante el cual se haya otorgado la personalidad jurídica, o su equivalente, de ser el caso;

b. Copia de los Estatutos de la organización, de ser el caso;

c. Escritura Pública de constitución o su modificatoria de la compañía debidamente inscrita en el Registro Mercantil, de ser el caso;

d. Copia del registro único de contribuyentes (RUC);

e. Copia del nombramiento actualizado del representante legal, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, de ser el caso; y,

f. Copias a color de la cédula de ciudadanía y certificado de votación actualizado del representante legal.

3. Para organismos internacionales:

a. Copia del tratado internacional o norma jurídica que acrediten la creación y existencia de la persona jurídica; y,

b. Copia del nombramiento del representante legal o acreditación del suscribiente.

4. Para personas jurídicas de derecho público o privado extranjeras:

a. Copia del acto de creación y existencia de la persona jurídica; y,

b. Nombramiento del representante legal debidamente apostillado o legalizado.

CAPITULO III

DEL CONTENIDO, FIRMA Y

REGISTRO DEL CONVENIO

Art. 21.- CONTENIDO DE LOS CONVENIOS.- El convenio tendrá como mínimo y de ser aplicable, las siguientes cláusulas:

a. Antecedentes: descripción cronológica de los antecedentes que sustentan la suscripción del convenio, y de ser el caso, la certificación presupuestaria y las partidas a ser afectadas.

b. Objeto: finalidad y propósito del convenio.

c. Obligaciones de las partes: descripción detallada de las responsabilidades y roles de cada una de las partes.

d. Plazo de ejecución: periodo durante el cual se ejecutará el convenio, especificando con claridad los plazos.

e. Recursos: se especifica la naturaleza de los recursos, sean estos humanos, tecnológicos o financieros, indicando el monto total del convenio para el caso de erogación o recepción de recursos económicos, en el cual deberá constar las partidas presupuestarias con cargo a las cuales se realizarán los desembolsos o pagos.

f. Administrador del convenio: designación expresa del responsable de velar por la correcta y oportuna ejecución del convenio.

g. Modificatoria al convenio: causales por las cuales las partes podrán modificar el convenio, siempre que no altere el objeto y la naturaleza jurídica del mismo.

h. Terminación del convenio: procedimiento y causales que facultan a las partes a proceder con la terminación del convenio.

i. Solución de controversias: el convenio debe contemplar los mecanismos de solución de las controversias que surgieren durante la ejecución del convenio, favoreciendo la inclusión de mecanismos alternativos de solución de controversias.

Art. 22.- FIRMA DEL CONVENIO.- A partir de la disposición de elaboración del convenio, la Intendencia Nacional Jurídica elaborará el respectivo convenio en el término de hasta cinco (5) días, y remitirá a la Máxima Autoridad de la SCPM, cuatro (4) ejemplares para su revisión y suscripción.

Una vez suscrito el convenio la Máxima Autoridad, dispondrá a la unidad requirente coordine las gestiones necesarias para la suscripción de la contraparte.

Para el caso de convenios internacionales se elaborarán y se suscribirán los ejemplares que se acuerden con la contraparte.

Una vez firmado el convenio por ambas partes, la Máxima Autoridad o su delegado, remitirá el convenio y sus habilitantes a la Secretaría General para su registro y archivo.

CAPITULO IV

DE LOS ADMINISTRADORES DE CONVENIOS

Art. 23.- ADMINISTRACIÓN DE LOS CONVENIOS.- Será designado como Administrador del convenio,

36 – Miércoles 2 de octubre de 2019 Registro Oficial N° 52

el Director de la unidad vinculada con el objeto del convenio que haya generado la necesidad institucional de suscripción del mismo, o el Director de la unidad señalado por la Máxima Autoridad.

Será obligación del administrador del convenio hacer el seguimiento a la ejecución del convenio, y notificar oportunamente al Comité y a la Máxima Autoridad sobre los eventuales retrasos, incumplimientos, faltas, omisiones o irregularidades que se presenten.

El Administrador del convenio será responsable de realizar informes técnicos sobre la pertinencia de modificaciones al convenio, renovación o prórrogas, además de elaborar y suscribir el informe de liquidación; y, el acta de cierre de convenio.

El Administrador del convenio deberá registrar y actualizar la información y documentación sobre el desarrollo y liquidación del convenio a su cargo, en el Sistema Informático de Convenios de la SCPM.

Art. 24.- RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOR DE CONVENIOS.- El Administrador del convenio a más de lo señalado en el artículo anterior será responsable de:

a. El seguimiento y ejecución de las actividades y presupuesto contemplados en el convenio;

b. Verificar el cumplimiento de metas, objetivos y resultados propuestos en el convenio;

c. Ingresar la información del convenio a su cargo en el Sistema Informático de Convenios de la SCPM, que son: a) informe técnico de viabilidad, b) informe de alineación a objetivos y metas institucionales, c) informe de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional, solo para convenios internacionales, d) informe jurídico, e) documentos habilitantes, f) medios de verificación de la realización de las actividades efectuadas, g) informe de terminación; y, h) acta de cierre;

d. Realizar actualizaciones o modificaciones de la información de los convenios a su cargo en el Sistema Informático de Convenios de la SCPM; y,

e. Elaborar un informe de actividades de forma semestral, el mismo que será puesto en conocimiento del Comité de convenios nacionales e internacionales, para su aprobación, en el cual constará las modificaciones, prórrogas, ampliación de plazo, omisiones o irregularidades que se presenten en la ejecución o desarrollo de los convenios.

CAPITULO V

DE LA PRÓRROGA, MODIFICATORIA Y

RENOVACIÓN DE LOS CONVENIOS

Art. 25.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO.- El administrador del convenio notificará a la contraparte

sobre la culminación del plazo y la necesidad de la entrega puntual de los productos o las actividades acordadas; estableciendo un término para la notificación de al menos treinta (30) días previos a la terminación del convenio para el caso de convenios nacionales; y, un término mínimo de cuarenta y cinco días (45) para el caso de convenios internacionales.

Art. 26.- PRÓRROGA.- Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, técnicos, legales o económicos debidamente justificados, cualquiera de las partes no pudiere cumplir a tiempo con las obligaciones contraídas, el Administrador mientras el convenio se encuentre vigente, podrá solicitar a la Máxima Autoridad autorice una prórroga de plazo para finalizar el cumplimiento de las actividades o entrega de productos convenidos, para lo cual deberá contar con lo siguiente:

a. Informe técnico de viabilidad suscrito por el administrador del convenio, en el que conste la justificación y viabilidad de prorrogar el plazo para finalizar el cumplimiento de las actividades o entrega de productos convenidos;

b. Cronograma de reprogramación de actividades o entrega de productos, de ser el caso, el cual sustituirá al original o precedente; y,

c. Memorando dirigido a la Máxima Autoridad, solicitando autorice la prórroga.

Las prórrogas de plazo a que hubiere lugar de conformidad con este Instructivo se perfeccionarán mediante la suscripción del correspondiente convenio modificatorio.

Art. 27.- MODIFICATORIA.- Cuando se requiera modificar, complementar o ampliar los compromisos de un convenio, siempre que no implique la modificación de su objeto, será necesaria la suscripción de un convenio modificatorio.

El administrador del convenio en cualquier momento y mientras se encuentre vigente el convenio, podrá solicitar a la Máxima Autoridad autorice la suscripción de un convenio modificatorio, para lo cual observará el trámite determinado en el artículo 29 del presente Instructivo.

Art. 28.- RENOVACIÓN.- Podrá renovarse un convenio cuando así convenga a los intereses de las partes y se lo hubiere contemplado en las cláusulas del mismo. La renovación del convenio podrá solicitarse por escrito por una de las partes y ser aceptada, en un término mínimo de sesenta (60) días previos al vencimiento del plazo.

Art. 29.- TRÁMITE PARA LA FIRMA DE CONVENIOS MODIFICATORIOS.- Una vez se cuente con toda la documentación de respaldo, se realizará el siguiente trámite:

a. El administrador del convenio remitirá a la Máxima Autoridad la documentación de respaldoqué justifique

Registro Oficial N° 52 Miércoles 2 de octubre de 2019 – 37

a necesidad de suscribir un convenio modificatorio, para su autorización.

b. La Máxima Autoridad sobre la base de los informes técnico de viabilidad y jurídico, autorizará la propuesta del administrador, y dispondrá a la Intendencia Nacional Jurídica la elaboración del convenio modificatorio.

c. Elaborado el convenio modificatorio, la Intendencia Nacional Jurídica remitirá en cuatro (4) ejemplares a la Máxima Autoridad para su revisión y suscripción.

d. Una vez suscrito el convenio modificatorio, la Máxima Autoridad dispondrá a la unidad requirente coordine las gestiones necesarias para la firma de la contraparte.

e. Para el caso de convenios internacionales se remitirá el proyecto de convenio, a través de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional.

f. Una vez firmado el convenio por la contraparte, la Máxima Autoridad remitirá el convenio y sus habilitantes a Secretaría General para su registro y archivo junto con el convenio principal.

Art. 30.- REGISTRO Y ARCHIVO DE LOS CONVENIOS. La Secretaría General será la responsable de numerar y fechar los convenios, luego de lo cual los incorporará en el archivo institucional con sus respectivos habilitantes para su custodia.

Registrado el convenio la Secretaría General distribuirá el mismo de la siguiente forma:

a. Un ejemplar original del convenio registrado, se entregará mediante oficio a la contraparte;

b. Un ejemplar original se archivará en Secretaría General;

c. Un ejemplar original se entregará al administrador del convenio para su seguimiento y ejecución;

d. Un ejemplar original se entregará a la Intendencia Nacional Jurídica; y,

e. Una copia a la Intendencia Nacional de Planificación.

Para el caso de convenios internacionales se contará con los ejemplares que la contraparte solicite, sin embargo, un ejemplar original se archivará en Secretaría General, debiendo entregarse copias del convenio al administrador del convenio, Intendencia Nacional Jurídica e Intendencia Nacional de Planificación.

La Secretaría General de la SCPM guardará un registro cronológico de los convenios, así como de las respectivas modificaciones cuando corresponda.

La Secretaría General de la SCPM publicará los convenios vigentes en la página web institucional.

CAPITULO VI

LIQUIDACIÓN, CIERRE Y ARCHIVO

DE LOS CONVENIOS

Art. 31.- INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.- Una vez cumplido el plazo del convenio el administrador, como responsable del seguimiento, en un término máximo de treinta (30) días posteriores a su terminación, elaborará un informe de liquidación indicando las actividades ejecutadas, y que el objeto del convenio se ha cumplido a satisfacción o no de la SCPM.

En el informe de liquidación del convenio, deberán constar al menos, los siguientes aspectos:

1. Antecedentes;
2. Base legal;
3. Objeto del convenio;
4. Análisis técnico sobre la liquidación del convenio:

a. Cumplimiento o no del objeto y actividades pactadas en el convenio, adjuntando para el efecto los documentos de respaldo;

b. Liquidación económica (de ser el caso);

5. Conclusiones y recomendaciones; y,
6. Firma del administrador del convenio

El informe de liquidación del convenio deberá ser aprobado por la Máxima Autoridad, en el término de quince (15) días.

Art. 32.- ACTA DE CIERRE DEL CONVENIO.- Una vez que la Máxima Autoridad haya aprobado el Informe de liquidación, el administrador procederá con la suscripción del acta de cierre.

Para el caso de terminación por mutuo acuerdo del convenio, los administradores designados por las partes suscribirán la respectiva acta de cierre; y, en el caso de terminación unilateral, únicamente el administrador de la SCPM suscribirá el acta de cierre.

En el acta de cierre deberán constar los siguientes aspectos:

a. Comparecientes;

b. Justificación para el cierre del convenio, conforme al informe de liquidación del convenio; y,

c. Firma del o los administrador/es.

Con la suscripción del acta de cierre se dará por concluido el convenio.

38 – Miércoles 2 de octubre de 2019 Registro Oficial N° 52

Para el caso de convenios internacionales el cierre del mismo se realizará mediante nota reversal, la cual se gestionará con apoyo de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional.

Art. 33.- ARCHIVO DE CONVENIOS TERMINADOS.- El administrador del convenio con el informe de liquidación del convenio autorizado por la Máxima Autoridad y el acta de cierre debidamente firmada por el o los administrador(es), realizará el siguiente trámite:

a. Registrará el informe de liquidación y el acta de cierre con sus habilitantes, en el Sistema Informático de Convenios de la SCPM;

b. Remitirá a Secretaría General el informe de liquidación y el acta de cierre, para su archivo y custodia; y,

c. En el caso de que exista erogación de recursos, el Administrador del convenio remitirá, el informe de liquidación, el acta de cierre y el convenio con sus habilitantes a la Dirección Nacional Financiera para su registro, y una copia de ésta documentación se remitirá a la Secretaría General.

CAPITULO VII

TERMINACIÓN DE LOS CONVENIOS

Art. 34.- TERMINACIÓN DE LOS CONVENIOS.- Los convenios terminan:

a. Por cumplimiento del plazo, cuyo trámite observará lo establecido en el CAPITULO VI de este Instructivo;

b. Por mutuo acuerdo de las partes;

c. Por terminación unilateral; y,

d. Por las demás causales determinadas en los convenios.

Art. 35.- TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO.- Cuando por circunstancias técnicas imprevistas, causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente el convenio, las partes podrán por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones convenidas, en el estado en que se encuentren.

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de la SCPM o de la contraparte.

Art. 36.- TRÁMITE PARA LA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO.- Para la terminación de un convenio por mutuo acuerdo, se observará el siguiente trámite:

a. El Administrador del convenio deberá elaborar un informe técnico que justifique la terminación por mutuo acuerdo del convenio.

b. El Administrador del convenio remitirá el informe técnico a la Intendencia Nacional Administrativa Financiera y solicitará emita un informe sobre la ejecución económica del convenio, cuando exista erogación de recursos.

c. Con los informes detallados en los literales a) y b), el Administrador del convenio, solicitará a la Intendencia Nacional Jurídica emita un informe jurídico sobre la pertinencia legal de terminar por mutuo acuerdo el convenio.

d. El Administrador del convenio remitirá los respectivos informes a la Máxima Autoridad o su delegado, y solicitará la aprobación para la terminación por mutuo acuerdo del convenio.

e. La Máxima Autoridad sobre la base de la información remitida por el Administrador del convenio, autorizará la propuesta y dispondrá al Administrador que proceda con la suscripción del acta de cierre, aplicando para el efecto el procedimiento establecido en el CAPITULO VI de este Instructivo.

Art. 37.- TERMINACIÓN UNILATERAL.- La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los convenios, en los siguientes casos:

a. Por incumplimiento de objeto del convenio y/u obligaciones de la contraparte;

b. Cumplimiento del plazo del convenio; y,

c. Por las demás causales determinadas en los convenios.

Art. 38.- TRÁMITE PARA LA TERMINACIÓN UNILATERAL.- Para la terminación unilateral de un convenio el Administrador realizará el siguiente trámite:

a. Elaborará un informe técnico que justifique la terminación unilateral del convenio.

b. Con el informe técnico solicitará a la Intendencia Nacional Administrativa Financiera emita un informe sobre la ejecución económica del convenio, cuando exista erogación de recursos.

c. Con los informes detallados en los literales a) y b), el Administrador del convenio, solicitará a la Intendencia Nacional Jurídica emita un informe jurídico sobre la pertinencia legal de dar por terminado el convenio de manera unilateral.

e. El Administrador del convenio remitirá los respectivos informes a la Máxima Autoridad y solicitará la aprobación para la terminación unilateral del convenio.

f. La Máxima Autoridad sobre la base de la información remitida por el Administrador del conven autorizará

Registro Oficial N° 52 Miércoles 2 de octubre de 2019 – 39

la propuesta y dispondrá al Administrador proceda con la suscripción del acta de cierre, aplicando para el efecto el procedimiento establecido en el CAPITULO VI de este Instructivo.

g. El administrador del convenio notificará a la contraparte sobre la terminación unilateral del convenio, en el término de 15 días a partir de la suscripción del acta de cierre.

h. Para el caso de convenios internacionales para la notificación con la Resolución de terminación unilateral a la contraparte el Administrador del convenio contará con el apoyo de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional.i. El Administrador del convenio cargará en el Sistema Informático de Convenios de la SCPM, el acta de cierre y el oficio de notificación a la contraparte;

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Para el caso de convenios que requieran la erogación de recursos económicos para la adquisición de bienes o contratación de servicios, se deberá observar lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y disposiciones del SERCOP.

SEGUNDA.- Los convenios que impliquen el traspaso de bienes muebles y/o inmuebles, o transferencia de recursos económicos se gestionarán conforme lo dispuesto en el Código de Planificación y Finanzas Públicas; su Reglamento de aplicación; la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público; y, las demás disposiciones establecidas en este Instructivo en lo que fuere aplicable.

TERCERA.- Los convenios de prácticas pre-profesionales, vinculación con la sociedad o pasantías, se gestionarán por la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano conforme lo establecido en Ley Orgánica de Educación Superior; su Reglamento de aplicación; Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior; Normas Técnicas del Ministerio del Trabajo; y, demás normativa aplicable.

CUARTA.- Encárguese de la difusión de la presente Resolución a la Secretaría General.

QUINTA.- Publíquese en la página Web institucional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los Convenios Marco, Específicos y de Cooperación Interinstitucional, que se hubieran celebrado con anterioridad a la vigencia de este Instructivo, y que se encuentren vigentes o que su plazo contractual haya fenecido, para su liquidación y terminación observarán las disposiciones establecidas en el presente instructivo.

SEGUNDA.- Para los Convenios Marco, Específicos y de Cooperación Interinstitucional suscritos hasta el 30 de junio de 2019, los Administradores de Convenios podrán elaborar un informe general de liquidación de todos los convenios a su cargo, observando para el efecto las disposiciones del CAPITULO VI de este Instructivo.

TERCERA.- La notificación a la contraparte sobre la terminación unilateral de los Convenios Marco, Específicos y de Cooperación Interinstitucional, cuyo plazo contractual haya fenecido, deberá realizarse dentro del término de 30 días de emitido el presente instructivo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Deróguese la Resolución No. SCPM-DS-034-2016 de 24 de junio de 2016, mediante la cual se expidió el Instructivo de Convenios y Compromisos de Cooperación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

La presente resolución entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de julio de 2019.

f.) Danilo Sylva Pazmiño, Superintendente de Control del Poder de Mercado.

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO.- SECRETARIA GENERAL.- Es fiel copia del documento que reposa en el Archivo General de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.- Lo certifico.- Fecha: 16 de septiembre de 2019.- f.) Ab. Tatiana Dávila Zuñiga, Secretaria General, Superintendencia de Control de Poder de Mercado.

No. SCPM-DS-2019-35

Danilo Sylva Pazmiño

SUPERINTENDENTE DE CONTROL

DEL PODER DE MERCADO

Considerando:

Que la letra l) del número 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no

40 – Miércoles 2 de octubre de 2019 Registro Oficial N° 52

se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. (…)”;

Que el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes»;

Que el inciso primero del artículo 213 de la Constitución, señala: «Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general (…) «;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. «;

Que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado fue creada mediante la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 555 de 13 de octubre de 2011;

Que el 06 de noviembre de 2018, la Asamblea Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y de acuerdo a la Resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social No. PLE-CPCCS-T-O-163-23-10-2018 de 23 de octubre de 2018, según fe de erratas, de 05 de noviembre de 2018, posesionó al doctor Danilo Sylva Pazmiño como Superintendente de Control del Poder de Mercado;

Que el artículo 44 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, señala: «Son atribuciones y deberes del Superintendente, además de los determinados en esta Ley: (…) 16. Expedir resoluciones de carácter general, guías y normas internas para su correcto funcionamiento. (…)»;

Que la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en sus artículos 83 y 84, establece los casos y requisitos a cumplirse para el otorgamiento de la exención del pago de la multa, así como los casos en los cuales procede la reducción del importe de la multa;

Que en el artículo 104 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de

Mercado determina los requisitos del deber de cooperación de los solicitantes de exención o reducción del importe de multa;

Que mediante Resolución No. SCPM-DS-027-2016 de 25 de abril de 2016, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, expidió el «Reglamento para la Evaluación de la Cooperación para el Beneficio de la Exención o Reducción del Importe de la Multa «;

Que mediante Memorando SCPM-IGT-2019-058 de 09 de julio de 2019, la Intendencia General Técnica solicitó a la Intendencia de Investigación y Control de Abuso del Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas, emita un informe con las observaciones técnicas y jurídicas a la Resolución No. SCPM-DS-027-2016.

Que mediante Informe No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-0012-2019 de 11 de julio de 2019, la Intendencia de Investigación y Control de Abuso del Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas, señaló en lo principal: «El articulado de la resolución genera complicaciones de carácter operativo y procesal al no tomar en consideración la propia naturaleza de las figuras que reglamenta (…)»; concluyendo que: «El Reglamento para la evaluación de la Cooperación para el beneficio de la exención o reducción del importe de la multa, presenta inconsistencia en la naturaleza jurídica de la «Delación» (…) al no establecer de forma correcta las fases de análisis de la solicitud de la información; y al no establecer deforma correcta las fases de análisis de la solicitud y pruebas aportadas por el o los operadores económicos interesados»; por lo que se recomienda: «(…) en atención a la naturaleza misma de las figuras de exención y reducción de la multa contempladas en los artículos 83 y 84 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, (…) derogar el Reglamento para la Evaluación de la Cooperación para el beneficio de exención o reducción del importe de la multa contenida en la Resolución N° SCPM-DS-027-2016».

Por las consideraciones expuestas y en ejercicio de sus facultades y atribuciones,

Resuelve:

Artículo 1.- Derogar la Resolución No. SCPM-DS-027-2016 de 25 de abril de 2016, a través de la cual se expidió el Reglamento para la Evaluación de la Cooperación para el Beneficio de la Exención o Reducción del Importe de la Multa de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Las solicitudes para acogerse al beneficio de exención o reducción del importe de la multa, presentadas en la Superintendencia de Control del Poder de Mercado

Registro Oficial N° 52 Miércoles 2 de octubre de 2019 – 41

hasta antes de la entrada en vigencia de la presente resolución, continuarán con el trámite previsto en la Resolución No. SCPM-DS-027-2016.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su promulgación en el Registro Oficial, para lo cual la Secretaría General remitirá la solicitud correspondiente.

SEGUNDA.- Encárguese la Secretaria General de la difusión, comunicación y publicación de esta Resolución en la intranet y en la página web institucional.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 16 de julio de 2019.

f.) Danilo Sylva Pazmiño, Superintendente de Control del Poder de Mercado.

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO.- SECRETARIA GENERAL.- Es fiel copia del documento que reposa en el Archivo General de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.- Lo certifico.- Fecha: 16 de septiembre de 2019.- f.) Ab. Tatiana Dávila Zuñiga, Secretaria General, Superintendencia de Control de Poder de Mercado.

No. SCPM-DS-2019-36

Danilo Sylva Pazmiño

SUPERINTENDENTE DE CONTROL

DEL PODER DE MERCADO

Considerando:

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «Las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «La administración pública

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.»;

Que el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (…) «;

Que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado fue creada mediante la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 555, de 13 octubre de 2011, como un órgano técnico de control, con capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa;

Que el artículo 44 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado señala: «Son atribuciones y deberes del Superintendente, además de los determinados en esta Ley: (…) 8. Nombrar al personal necesario de acuerdo con la ley, para el desempeño de las funciones de la Superintendencia. (…) 16. Expedir resoluciones de carácter general, guías y normas internas para su correcto funcionamiento. (…)”;

Que el artículo 1 de la Resolución No. SCPM-2013-027, de 30 de abril de 2013, mediante la cual se expidió el Reglamento Interno de la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, señala: «La Comisión se integrará por tres Comisionados los cuales serán designados por el Superintendente de Control del Poder de Mercado. «;

Que el artículo 20 de la Resolución No. SCPM-2013-027, de 30 de abril de 2013, mediante la cual se expidió el Reglamento Interno de la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, establece: «Los Comisionados tomarán sus decisiones por mayoría de votos, la resolución que se adopte deberá ser firmada por todos ellos. El que no estuviere conforme con la opinión de los demás, consignará su voto salvado, indicando los fundamentos de su discrepancia. Si uno de los vocales se rehusare o estuviere imposibilitado de firmar, el Secretario dejará constancia del particular y suscribirán los demás, sin que esta circunstancia anule o vicie la resolución.

Que el 06 de noviembre de 2018, la Asamblea Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y de acuerdo a la Resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social No. PLE-CPCCS-T-O-163-23-10-2018, de 23 de octubre de 2018, según fe de erratas, de 05 de noviembre de 2018, posesiona al Dr. Danilo Sylva Pazmiño como Superintendente de Control del Poder de Mercado;

42 – Miércoles 2 de octubre de 2019 Registro Oficial N° 52

Que corresponde a toda persona que actúa en virtud de la potestad estatal proceder bajo los principios de eficiencia y eficacia;

Que es necesario viabilizar los procedimientos administrativos que permitan la consecución de las competencias, facultades y atribuciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado;

En ejercicio de la atribuciones que le confieren el numeral 16 del artículo 44 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado,

Resuelve:

REFORMAR LA RESOLUCIÓN No. SCPM-

2013-027, DE 30 DE ABRIL DE 2013, MEDIANTE

LA CUAL SE EXPIDIÓ EL REGLAMENTO

INTERNO DE LA COMISIÓN DE RESOLUCIÓN

DE PRIMERA INSTANCIA DE LA

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER

DE MERCADO

Artículo Único.- Agregase como párrafo final del artículo 20, el siguiente texto:

«De manera excepcional, en caso de ausencia temporal o definitiva de uno de los comisionados, por casusas de fuerza mayor o caso fortuito, podrán emitir las resoluciones los comisionados restantes siempre y cuando sus criterios sean concordantes.»

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Encargar la ejecución de esta Resolución a la Comisión de Resolución de Primera Instancia.

SEGUNDA.- Encárguese de la difusión de la presente Resolución a la Secretaría General.

TERCERA.- Publíquese en la página Web institucional.

Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de julio de 2019.

f.) Danilo Sylva Pazmiño, Superintendente de Control del Poder de Mercado.

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO.- SECRETARIA GENERAL.- Es fiel copia del documento que reposa en el Archivo General de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.- Lo certifico.- Fecha: 16 de septiembre de 2019.- f.)Ab. Tatiana Dávila Zuñiga, Secretaria General, Superintendencia de Control de Poder de Mercado.

No. SCPM-DS-2019-38

Danilo Sylva Pazmiño

SUPERINTENDENTE DE CONTROL

DEL PODER DE MERCADO

Considerando:

Que el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes»;

Que el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé: «Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoria, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley. Las superintendencias serán dirigidas y representadas por las superintendentas o superintendentes. La ley determinará los requisitos que deban cumplir quienes aspiren a dirigir estas entidades. «;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, fue creada mediante Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 555 de 13 de octubre de 2011, como un organismo técnico de control, con capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa;

Que el 06 de noviembre de 2018, la Asamblea Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y de acuerdo a la Resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social No. PLE-CPCCS-T-O-163-23-10-2018 de 23 de octubre de 2018, según fe de erratas, de 05 de noviembre de 2018, posesionó al doctor Danilo Sylva Pazmiño como Superintendente de Control del Poder de Mercado;

Que el artículo 1 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, establece: «El obeto

Registro Oficial N° 52 Miércoles 2 de octubre de 2019 – 43

de la presente Ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y regulación de las operaciones de concentración económica; y la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general y de los consumidores y usuarios, para el establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible. «;

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, prescribe: «Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, y en general todos los actos o conductas realizados por dos o más operadores económicos, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, cuyo objeto o efecto sea o pueda ser impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia económica o el bienestar general. (…). «;

Que el número 16 del artículo 44 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, determina como atribuciones y deberes del Superintendente: «Expedir resoluciones de carácter general, guías y normas internas para su correcto funcionamiento. «;

Que el artículo 83 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, señala: «Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado eximirá a una persona natural o jurídica del pago de la multa que hubiera podido imponerle cuando: a. Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, le permitan ordenar el desarrollo de una inspección en los términos establecidos en los artículos 48 y 49 en relación con una infracción del artículo 11, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma; o, b. Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, le permitan comprobar una infracción del artículo 11, siempre y cuando, en el momento de aportarse los elementos, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado no disponga de elementos de prueba suficiente para establecer la existencia de la infracción y no se haya concedido una exención a una empresa u operador económico o persona física en virtud de lo establecido en la letra a. Para que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado conceda la exención prevista en el apartado anterior, la empresa u operador económico o, en su caso, la persona natural que haya presentado la correspondiente solicitud, deberá cumplir los siguientes requisitos: 1. Cooperar plena, continua y diligentemente

con la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a lo largo de todo el procedimiento administrativo de investigación. 2. Poner fin a su participación en la presunta infracción en el momento en que facilite los elementos de prueba a que hace referencia este artículo, excepto en aquellos supuestos en los que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado estime necesario que dicha participación continúe con el fin de preservar la eficacia de una inspección. 3. No haber destruido elementos de prueba relacionados con la solicitud de exención ni haber revelado, directa o indirectamente, a terceros distintos de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, su intención de presentar esta solicitud o su contenido. 4. No haber adoptado medidas para obligar a otras empresas u operadores económicos a participar en la infracción. La exención del pago de la multa concedida a una empresa u operador económico beneficiará igualmente a sus representantes legales, o a las personas integrantes de los órganos directivos y que hayan intervenido en el acuerdo o decisión, siempre y cuando hayan colaborado con la Superintendencia de Control del Poder de Mercado «;

Que el artículo 84 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, prescribe: «Reducción del importe de la multa.- La Superintendencia de Control del Poder de Mercado podrá reducir el importe de la multa correspondiente en relación con aquellas empresas u operadores económicos o personas naturales que, sin reunir los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo anterior: a. Faciliten elementos de prueba de la presunta infracción que aporten un valor añadido significativo con respecto a aquéllos de los que ya disponga la Superintendencia de Control del Poder de Mercado; y, b. Cumplan los requisitos establecidos en los números 1, 2, 3 y 4 del artículo anterior. El nivel de reducción del importe de la multa se calculará atendiendo a las siguientes reglas: 1. La primera empresa u operador económico o persona natural que cumpla lo establecido en el apartado anterior, podrá beneficiarse de una reducción de entre el 30 y el 50%. 2. La segunda empresa u operador económico o persona natural podrá beneficiarse de una reducción de entre el 20 y el 30%. 3. Las sucesivas empresas u operadores económicos o personas naturales podrán beneficiarse de una reducción de hasta el 20% del importe de la multa. La aportación por parte de una empresa u operador económico o persona natural de elementos de prueba que permitan establecer hechos adicionales con repercusión directa en el importe de la multa será tenida en cuenta por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado al determinar el importe de la multa correspondiente a dicha empresa u operador económico o persona natural. La reducción del importe de la multa correspondiente a una empresa u operador económico será aplicable, en el mismo porcentaje, a la multa que pudiera imponerse a sus representantes o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión, siempre que hayan colaborado con la Superintendencia de Control del Poder de rcado»;4 – Miércoles 2 de octubre de 2019 Registro Oficial N° 52

Que el artículo 70 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, establece: «Concluido el término de prueba, el órgano de investigación emitirá informe final en el término de quince (15) días. El informe final contendrá la enumeración y valoración de la prueba presentada durante el término de prueba; las sanciones y medidas correctivas propuestas; y, cuando proceda, la propuesta de exención o de reducción del importe de la multa de conformidad a lo que establece la Ley. El informe final será remitido dentro del término indicado en el párrafo precedente al órgano de sustanciación y resolución, junto con el expediente del procedimiento, para su conocimiento y resolución. «;

Que el artículo 71 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, indica: «Una vez recibido el informe final y en el término de tres (3) días, el órgano de sustanciación y resolución correrá traslado con el mismo a las partes, las que podrán presentar alegatos ante dicho órgano en el término de diez (10) días. Si el órgano de sustanciación y resolución lo estimare conveniente, ordenará que se convoque a audiencia pública señalando el día y hora de la misma. Los interesados, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Habiéndose corrido traslado a las partes con el informe final; o, una vez efectuada la audiencia pública, el órgano de sustanciación y resolución, dictará resolución debidamente motivada en un plazo máximo de noventa (90) días. La resolución deberá contener los antecedentes del expediente, las alegaciones aducidas por los interesados, las pruebas presentadas por estos y su valoración, los fundamentos de hecho y derecho de la resolución, la identificación de las normas o principios violados y los responsables, la calificación jurídica de los hechos, la declaración de existencia de infracción y, en su caso, los efectos producidos en el mercado, la responsabilidad que corresponda a sus autores, las circunstancias agravantes y atenuantes concurrentes y la decisión sobre la aplicación, exención o reducción del importe de la multa. «;

Que el artículo 104 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, prevé: «A efectos de lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley se entenderá que se coopera plena, continua y diligentemente con la Superintendencia de Control del Poder de Mercado cuando, a lo largo de todo el procedimiento, cumpla los siguientes requisitos: a. Facilite sin dilación a la Superintendencia toda la información y los elementos de prueba relevantes relacionados con la presunta práctica restrictiva que estén en su poder o a su disposición; b. Quede a disposición de la Superintendencia para responder sin demora a todo requerimiento que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos; c. Facilite a la Superintendencia entrevistas con los empleados y directivos actuales de la empresa y, en su caso, con los directivos anteriores; d. Se abstenga de destruir, falsificar u ocultar información o elementos de prueba relevantes relativos a la presunta práctica restrictiva; e. Se abstenga de divulgar la presentación de la solicitud de exención o de reducción del importe de la multa, así como el contenido de la misma, antes de la

notificación de la resolución de inicio de investigación o del momento que, en su caso, se acuerde con la Superintendencia. «;

Que mediante Resolución No. SCPM-DS-027-2016 de 1 de agosto de 2016, se expidió el Reglamento de Cooperación para la Exención o Reducción del Importe de la Multa de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado;

Que mediante Resolución No. SCPM-DS-2019-35 de 16 de julio de 2019, se derogó el Reglamento de Cooperación para la Exención o Reducción del Importe de la Multa de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado; y,

Que mediante memorando No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-2019-0092 de 06 de agosto de 2019, la Intendenta Nacional de Investigación y Control de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas, manifestó: «De conformidad con los artículos 83 y 84 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado tiene la facultad para otorgar exenciones o reducciones de la multa a personas naturales o jurídicas que hubieren participado en una infracción del artículo 11. Por lo tanto es necesario normar de manera eficaz lo relacionado con el procedimiento para la presentación, evaluación y concesión de los beneficios de exención o reducción del importe de la multa a fin de otorgar seguridad jurídica a los solicitantes «; por lo que, solicitó a la Intendencia Nacional Jurídica: «(…) que dicha normativa sea revisada y aprobada (…)»; y,

Que es necesario normar de forma eficiente el procedimiento para la presentación, evaluación y concesión de los beneficios de exención o reducción del importe de la multa, con la finalidad de cumplir con el objeto de la Ley y la misión institucional.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley,

Resuelve:

EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA EL

OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS DE

EXENCIÓN O REDUCCIÓN DEL IMPORTE DE

LA MULTA DE LA SUPERINTENDENCIA DE

CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Art. 1.- OBJETO.- El presente Instructivo establece las condiciones y el procedimiento que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, aplicará para las personas naturales y/o jurídicas que se acojan a los beneficios de exención o reducción del importe de la multa, impuesto por el cometimiento de acuerdos y prácticas prohibidas descritas en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.

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Art. 2.- APLICACIÓN.- La aplicación del beneficio de exención o reducción del importe de la multa opera a petición del interesado, de forma verbal o escrita, y podrá ser presentada antes o durante el procedimiento de investigación sustanciado por el órgano competente, previo a la emisión del informe de resultados de la etapa de investigación.

Art. 3.- CONFIDENCIALIDAD.- Durante el procedimiento de exención o reducción del importe de la multa, los funcionarios y servidores públicos de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, que tomen conocimiento de este procedimiento, guardarán absoluta confidencialidad sobre: la identidad de los operadores económicos, el contenido de la solicitud, actuaciones, reuniones, entrevistas, pruebas, evidencias, indicios, informes presentados, entre otros.

La información y documentación que conste en el expediente de exención o reducción será considerada confidencial, salvo los elementos de prueba que el órgano de investigación agregue al expediente de investigación, previa autorización del solicitante, contenida en el acuerdo de colaboración.

En caso de ser necesario remitir la información o documentación del expediente de exención o reducción del importe de la multa a una autoridad internacional de competencia, se deberá contar con la autorización expresa del solicitante.

Art. 4.- DE LA CONSULTA PREVIA.- Previo a la presentación de la solicitud de exención o reducción del importe de la multa, los operadores económicos podrán consultar a la Máxima Autoridad de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, o su delegado, sobre la aplicación del presente instructivo.

Los funcionarios y servidores responsables deberán mantener la reserva y secreto de la consulta realizada.

El criterio emitido en la consulta previa, no es vinculante para la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, respecto al otorgamiento de los beneficios de la exención o reducción del importe de la multa.

Art. 5.- FASES DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXENCIÓN O REDUCCIÓN DEL IMPORTE DE LA MULTA.- El procedimiento de exención o reducción del importe de la multa, tendrá las siguientes fases:

1.- Evaluación de la solicitud de exención o reducción del importe de la multa;

2.- Reuniones con el solicitante para el acuerdo de las condiciones de cooperación;

3.- Suscripción del acuerdo de colaboración;

4.- Emisión del informe de beneficios; y,

5.- Decisión de otorgamiento de beneficios de exención o reducción del importe de la multa.

Art. 6.- REQUISITOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.- La solicitud de exención o reducción del importe de la multa contendrá al menos, los siguientes elementos:

1. Identificación completa del solicitante;
2. Manifestación expresa del solicitante de acogerse a los beneficios de los artículos 83 u 84 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado;
3. Identificación de los operadores económicos involucrados en la infracción informada;
4. Descripción general de la conducta;
5. Los bienes o servicios y el alcance geográfico de la conducta;
6. Duración estimada de la conducta informada;
7. Descripción de la información o elementos de prueba que se acompañen a la solicitud; y/o, un listado de la información o elementos de pruebas en términos hipotéticos, que el solicitante pretenda aportar posteriormente; y,
8. Dirección para notificaciones por medio electrónico y/o físico.

El listado de pruebas reflejará con exactitud la naturaleza y el contenido de las mismas.

Art. 7.- DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.- El operador económico que solicite acogerse a la exención o reducción del importe de la multa deberá presentar una solicitud verbal o escrita.

El solicitante podrá presentar su solicitud de forma escrita ante el Intendente General Técnico, mediante la «Solicitud de exención o reducción del importe de la multa»; o, de forma verbal ante el Intendente General Técnico y los funcionarios que designe para el efecto, acordando una reunión en las oficinas de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, la solicitud verbal será grabada y se levantará el «Acta de solicitud verbal».

Presentada la solicitud, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado entregará una fe de recepción al solicitante, la misma que incluirá la fecha, hora y firma del Intendente General Técnico. La fe de recepción garantiza el marcador que ocupará el solicitante, y por tanto, el otorgamiento provisional de los beneficios de exención o reducción del importe de la multa

46 – Miércoles 2 de octubre de 2019 Registro Oficial N° 52

Art. 8.- MARCADOR.- Para efectos del presente Instructivo, se entiende por marcador el orden cronológico de presentación de una solicitud de beneficios de exención o reducción, cuyo respaldo documental será otorgado por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

Los marcadores determinarán el beneficio de exención o reducción aplicable de conformidad con la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado.

Art. 9.- EXPEDIENTE DE EXENCIÓN O REDUCCIÓN DEL IMPORTE DE LA MULTA.- Una vez que la Intendencia General Técnica remita la solicitud de exención o reducción del importe de la multa, el órgano de investigación competente abrirá un expediente confidencial, asignará su numeración e incorporará todos los elementos aportados.

Por cada solicitud de exención o reducción presentada se abrirá un expediente independiente.

Art. 10.- SUSTANCIACIÓN Y CUSTODIA DEL EXPEDIENTE.- Recibida la solicitud de exención o reducción, el responsable del órgano de investigación dentro del término de cinco (5) días, emitirá una providencia en la que notificará al solicitante el marcador provisional correspondiente y designará al secretario de sustanciación, quien será el encargado de recibir escritos, notificar al solicitante, custodiar el expediente confidencial, y realizar las demás actuaciones procesales que se requieran.

En caso de ausencia temporal o definitiva del secretario de sustanciación, el responsable del órgano de investigación asumirá sus funciones o podrá designar un nuevo secretario.

Art. 11.- DE LA REVISIÓN DE LA SOLICITUD.- Al momento de la revisión de la solicitud, el órgano de investigación considerará los siguientes parámetros:

1. Que la solicitud cumpla con las formalidades establecidas en la «Solicitud de exención o reducción del importe de la multa»; o, el «Acta de solicitud verbal» previstas en el artículo 7 del presente instructivo;
2. La existencia de un procedimiento de exención o reducción del importe de la multa en trámite con otro solicitante; y,
3. Que las pruebas ofrecidas por el solicitante resulten relevantes para la investigación y que no hayan sido previamente obtenidas en el respectivo proceso de investigación.

El órgano de investigación una vez revisados lo s parámetro s antes expuestos, se pronunciará mediante providencia,

dentro del término de veinte (20) días contados desde la emisión de la primera providencia, sobre la procedencia o no de suscribir un acuerdo de colaboración, sus condiciones y su confirmación del marcador.

En caso de ser procedente la suscripción del acuerdo de colaboración, en la misma providencia el órgano de investigación fijará fecha y hora para que el solicitante asista para establecer las condiciones del acuerdo.

La negativa de la solicitud, no restringe el derecho que tiene el solicitante de volver a presentarla.

Art. 12.- ACUERDO DE COLABORACIÓN.- El acuerdo de colaboración es el instrumento jurídico que detalla las condiciones, términos y compromisos entre la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y el solicitante durante el procedimiento de exención o reducción del importe de la multa.

El acuerdo de colaboración contendrá al menos los siguientes elementos:

1. Los requisitos y condiciones bajo los cuales se otorgará los beneficios de exención o reducción del importe de la multa, de conformidad con los artículos 83 u 84 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado;
2. Los elementos de prueba aportados por el solicitante al momento de la suscripción del acuerdo de colaboración, sin perjuicio de otros elementos de prueba que el solicitante se comprometa a aportar durante el procedimiento;
3. Autorización del solicitante de utilizar los elementos de prueba aportados en el expediente de investigación, de conformidad con el artículo 3 del presente instructivo; y,
4. Declaración del solicitante sobre los procedimientos de exención o reducción del importe de la multa, que hayan sido o puedan ser presentados ante autoridades de competencia internacionales, en relación con la conducta informada.

Notificado al solicitante sobre la procedencia de suscribir el acuerdo de colaboración, el órgano de investigación y el solicitante se reunirán hasta por dos (2) ocasiones para acordar las condiciones del acuerdo y suscribirlo.

Suscrito el acuerdo el solicitante pasará a ser colaborador dentro del procedimiento de beneficios de exención o reducción del importe de la multa.

En caso de no suscribir el acuerdo de colaboración, se procederá con el archivo del expediente y se guardará la confidencialidad de la información suministrada por el

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solicitante, facultándolo a presentar una nueva solicitud. La falta de suscripción del acuerdo de colaboración, no impedirá que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado haga uso de sus facultades de investigación.

La información o elementos de prueba entregados podrán ser retirados por el solicitante, hasta antes de la suscripción del acuerdo de colaboración.

Art. 13.- EVALUACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN.- El órgano de investigación realizará una evaluación continua del cumplimiento del acuerdo de colaboración.

El incumplimiento del acuerdo de colaboración dejará sin efecto los compromisos existentes, debiendo el órgano de investigación notificar al colaborador sobre la pérdida de los beneficios de exención o reducción del importe de la multa. Consecuentemente, el colaborador perderá el marcador que le fue asignado, permitiendo que los otros colaboradores avancen de posición según su marcador.

Art. 14.- INICIO DE OFICIO DE UNA INVESTIGACIÓN.- En los casos en los que no se haya iniciado un procedimiento de investigación, el órgano competente de oficio abrirá un expediente de investigación una vez suscrito el acuerdo de colaboración, observando para el efecto lo previsto en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, su Reglamento para la aplicación y demás normativa conexa.

Art. 15.- OPTIMIZACIÓN DE LA PRUEBA.- El órgano de investigación evaluará los elementos de prueba aportados por el colaborador en el expediente de exención o reducción del importe de la multa, los cuales serán reproducidos en el expediente de investigación.

El órgano de investigación al momento de trasladar la prueba al expediente de investigación, procurará proteger la identidad del colaborador, conforme las condiciones señaladas en el acta de colaboración.

Art. 16.- INCORPORACIÓN DE LAS PRUEBAS AL EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN.- Autorizado por el colaborador mediante el acuerdo, el órgano de investigación en providencia agregará al expediente de investigación, la información y los elementos de prueba aportados que considere relevantes para la investigación.

Las pruebas obtenidas en el expediente de exención o reducción del importe de la multa podrán ser agregadas en cualquier momento al expediente de investigación, hasta antes del informe de resultados.

Art. 17.- INFORME DE BENEFICIOS.- Concluido el término de prueba del expediente de investigación, el órgano de investigación en el término de diez (10) días emitirá el o los informes de beneficios, en los que se verifique el cumplimiento de los requisitos determinados en los artículos 83 u 84 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, de los cuales se generará un extracto no confidencial a ser agregado al expediente de investigación.

El o los expedientes de exención o reducción del importe de la multa serán remitidos de forma conjunta con el informe final y el expediente de investigación, para conocimiento del órgano de resolución, quien conservará su confidencialidad.

Art.- 18.- OTORGAMIENTO DEFINITIVO DE BENEFICIOS.- El órgano de resolución al momento de pronunciarse sobre el otorgamiento de la exención o reducción del importe de la multa, considerará las recomendaciones del informe final, conforme lo establecido en el artículo 71 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, manteniendo la confidencialidad de la identidad del colaborador.

El órgano de resolución notificará a las partes sobre el otorgamiento o no de los beneficios de exención o reducción del importe de la multa, haciendo referencia únicamente a la nomenclatura de los respectivos expedientes confidenciales de exención o reducción del importe de la multa.

Art.- 19.- REQUERIMIENTO JUDICIAL.- Si la información y elementos de prueba aportados por el colaborador son requeridos por un órgano jurisdiccional, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Deléguese al órgano de investigación competente para conocer las conductas determinadas en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, la facultad de evaluar la solicitud, suscribir el acuerdo de colaboración y proponer el otorgamiento de la exención o reducción del importe de la multa, contenidos en los artículos 83 y 84 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado.

SEGUNDA.- Conforme lo establecido en el artículo 4 del presente Instructivo, Deléguese a la Intendencia General Técnica, la atención de las consultas previas determinadas en esta normativa.

TERCERA.- Las notificaciones que se efectúen y la recepción de los escritos presentados por el solicitante dentro de los expedientes de exención o reducción del importe de la multa, serán tramitadas únicamente por el secretario de sustanciación, sin intervención de la Secretaría General.

CUARTA.- Forman parte integrante de la presente Resolución el «Formulario de solicitud de exención o reducción del importe de la multa»; y, el «Acta de solicitud verbal» señaladas en el artículo 7 del presente Instructivo.

QUINTA.- Encárguese a la Secretaría General de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado el envío de este Instructivo para su publicación en el Registro

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Oficial, así como de su difusión en el intranet y portal web institucional.

SEXTA.- Encárguese a la Intendencia Nacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones el desarrollo del módulo que corresponde al tratamiento del expediente de exención o reducción del importe de la multa, en el Sistema de Gestión Procesal ANKU.

SÉPTIMA.- Encárguese a la Secretaría General y a Intendencia Nacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones el desarrollo de un sistema de solicitud de reunión confidencial, el cual servirá para programar reuniones para la presentación de la solicitud de exención y/o reducción o reuniones para la presentación de consultas previas. Este sistema estará disponible a través de un formulario o software y deberá requerir de la menor cantidad de datos por parte del interesado.

DISPOSICISIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Hasta que el sistema de solicitud de reunión confidencial se encuentre funcional, las solicitudes de reunión confidencial, se realizarán a través de un formulario elaborado por la Intendencia Nacional de Investigación y Control de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas y facilitado por la Secretaría General a los operadores económicos que lo requieran.

DISPOSICIÓN REFORMATORIA

ÚNICA.- Sustitúyase el texto de la Disposición General Décimo Primera del Instructivo de Gestión Procesal Administrativa de la Superintendencia del Control del

Poder de Mercado, por el siguiente: «La Dirección Nacional de Control de Expedientes queda facultada para hacer el seguimiento de la gestión procesal realizada por las Intendencias con base en el presente Instructivo, a excepción de la gestión procesal que se realice en los expedientes independientes de beneficios de exención o reducción del importe de la multa.».

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Deróguese la Resolución No. SCPM-DS-010-2017 de 07 de marzo de 2017, mediante la cual se expidió la Reforma al Reglamento para la Evaluación de la Cooperación para el Beneficio de la Exención o Reducción del Importe de la Multa, expedido mediante Resolución No. SCPM-DS-027-2016 de 25 de abril de 2016.

La presente resolución entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la ciudad de Porto viejo, el 08 de agosto de 2019.

f.) Danilo Sylva Pazmiño, Superintendente de Control del Poder de Mercado.

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO.- SECRETARIA GENERAL.- Es fiel copia del documento que reposa en el Archivo General de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.- Lo certifico.- Fecha: 16 de septiembre de 2019.- f.) Ilegible.