Administración del Señor Guillermo Lasso Mendoza

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 21 de julio de 2021 (R. O.499, 21–julio -2021)

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE GOBIERNO:

0025…. Deléguense atribuciones a la abogada Catalina Ayala Murrieta

DIRECCIÓN GENERAL

DE AVIACIÓN CIVIL:

DGAC-DGAC-2021-0011-A Modifíquese el Acuerdo Nro. 006/2021 de 06 de febrero de 2021

RESOLUCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA – IEPS:

037-IEPS-2021 Transfiérese a título gratuito un inmueble a favor del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicado en el cantón Naranjal, provincia del Guayas

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA – SEPS:

Declárense disueltas y liquidadas a las siguientes organizaciones:

SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0327 Asociación de Servicios de Alimentación Sabor Quiteño «ASOSERASAQ», domiciliada en el cantón Quito, provincia de Pichincha… 16

SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0328 Asociación de Servicios de Alimentación del Buen Vivir «ASOSENVUR», domiciliada en el cantón Quito, provincia de Pichincha… 25

II – N° 499 – 52 páginas, miércoles 21 de julio de 2021

Miércoles 21 de julio de 2021 Registro Oficial N° 499

Págs.

GOBIERNOS AUTÓNOMOS

DESCENTRALIZADOS

ORDENANZAS MUNICIPALES:

-……… Cantón Coronel Marcelino Mari- dueña: Que regula el expendio de bebidas alcohólicas

-……… Cantón Macará: Sustitutiva que establece el procedimiento para la denominación y rotulación de calles, escalinatas, plazas, vías y espacios públicos

}Registro Oficial N° 499 Miércoles 21 de julio de 2021

Acuerdo Ministerial No. 0025

César Santiago Monge Ortega

MINISTRO DE GOBIERNO

CONSIDERANDO:

Que el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que: «El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”;

Que el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde: «1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su gestión”;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente, las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.»;

Que el Código orgánico administrativo, señala en su artículo 7 lo siguiente: «La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas.»;

Que el artículo 47 del Código orgánico administrativo, indica que: «La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley.»;

Que el artículo 68 del Código Orgánico Administrativo, expresa que: «La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento

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jurídico, salvo los casos de delegación, (…) cuando se efectúen en los términos previstos en la ley”;

Que el artículo 69 del Código orgánico administrativo manifiesta que: «Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: (…) 5. Sujetos de derecho privado, conforme con la ley de la materia. (…)”;

Que el artículo 71 del Código orgánico administrativo manifiesta que: «Son efectos de la delegación: 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda”;

Que el artículo 73 del Código orgánico administrativo, ordena que: «El cambio de titular del órgano delegante o delegado no extingue la delegación de la competencia, pero obliga, al titular que permanece en el cargo, a informar al nuevo titular dentro los tres días siguientes a la posesión de su cargo, bajo prevenciones de responsabilidad administrativa, las competencias que ha ejercido por delegación y las actuaciones realizadas en virtud de la misma. En los casos de ausencia temporal del titular del órgano competente, el ejercicio de funciones, por quien asuma la titularidad por suplencia, comprende las competencias que le hayan sido delegadas»;

Que la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, en el artículo 1 de la sección 1, capítulo II «Normas para la supervisión y control del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) y del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional» señala que: «Para información de la Superintendencia de Bancos y Seguros, las instituciones controladas remitirán los nombres y la hoja de vida de las personas integrantes del nivel de dirección ejecutiva del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y su comisión de inversiones; de los directores del Instituto de Segundad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) y su comisión de inversiones; y, de los miembros de la junta directiva y de la comisión de inversiones del Servicio de Cesantía de la Policía. Esta información deberá ser actualizada de oficio cada vez que ocurran nuevos nombramientos.”;

Que el Reglamento para el Funcionamiento del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional en su artículo 4 señala entre las atribuciones y deberes del Consejo Directivo las siguientes: «(…) a) Formular la política general de Seguridad Social Policial, la alta dirección, supervisión y fiscalización del ISSPOL; b) Proponer reformas a la Ley de Seguridad Social, su Reglamento General (…)”;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2021, el Presidente Constitucional de la República señor Guillermo Lasso Mendoza, designa al señor César Monge Ortega como Ministro de Gobierno;

Que mediante Oficio Nro. I-OF-2021-311-CD-ISSPOL de 31 de mayo de 2021, suscrito por el Coronel de Policía de E.M., Director General y Secretario del Consejo Directivo

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del ISSPOL, solicitó al titular de esta Cartera de Estado que en calidad de vocal del Consejo Directivo del ISSPOL presente los documentos y certificados requeridos en la normativa vigente;

Que con Memorando Nro. MDG-2021-0566-MEMO de 22 de junio de 2021, el Ministro de Gobierno solicita al Coordinador General Jurídico elabore el documento legal correspondiente para que la abogada Catalina Ayala Murrieta actúe en calidad de delegada ante el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional y pueda actuar en representación del titular del Ministerio de Gobierno con las condiciones y facultades que corresponden;

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias:

ACUERDA:

Artículo 1.- Delegar a la abogada Catalina Ayala Murrieta, con cédula de ciudadanía No. 091217391-1, para que a nombre y en representación del Titular de esta Cartera de Estado, ejerza las atribuciones correspondientes para conformar el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional.

Artículo 2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Código orgánico administrativo, las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante, y por tanto es responsable de las mismas.

Artículo 3.- La abogada Catalina Ayala Murrieta, informará al Ministro de Gobierno de las acciones adoptadas en ejercicio de la presente delegación, siendo penal, civil y administrativamente responsable por los actos que realizare o las omisiones en que incurriere en virtud de la misma.

Artículo 4.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial; de su ejecución encárguese a la abogada Catalina Ayala Murrieta.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 28 de junio de 2021.

Miércoles 21 de julio de 2021 Registro Oficial N° 499

ACUERDO Nro. DGAC-DGAC-2021-0011-A

SR. PLTO. ANYELO PATRICIO ACOSTA ARROYO

DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

CONSIDERANDO

QUE, mediante Decreto Ejecutivo No. 156 de 20 de noviembre de 2013, se reorganiza al Consejo Nacional de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil;

QUE, con Resolución No. 001/2013 de 24 de diciembre de 2013, el Consejo Nacional de Aviación Civil, delegó al Director General de Aviación Civil, la facultad de resolver las solicitudes para modificar o suspender temporalmente y parcialmente, las concesiones y permisos de operación otorgados por dicho Organismo, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento de la materia;

QUE, en virtud del Decreto No. 728 de 29 de abril de 2019, se designó al señor Anyelo Patricio Acosta Arroyo como Director General de Aviación Civil;

QUE, con memorando Nro. DGAC-DGAC-2020-O4OO-M, de 16 de junio de 2020, se «deja sin efecto el memorando Nro. DGAC-YA-2013-1633-M, de 26 de diciembre de 2013, y, con fundamento en la Resolución No. 001/2013, de 24 de diciembre de 2013, [— ], y el Decreto Ejecutivo No. 156, de 20 de noviembre de 2013, pasan a ser competencia de la Dirección Generai de Aviación Civil, a través de la Coordinación Técnica de Regulación y Control del Transporte, y sus Direcciones de Seguridad Operacional, y de Asuntos Regulatorios del Transporte Aéreo, según sus competencias establecidas en la resolución Nro. DGAC-YA-2020-0041-R, de 29 de mayo del 2020, los siguientes trámites:

[…]

Los trámites administrativos para modificar o suspender temporal y parcialmente las Concesiones y Permisos de Operación otorgados por el Consejo Nacional de Aviación Civil [… ]»;

QUE, con Resolución No. 004/2020 de 29 de mayo del 2020, el Consejo Nacional de Aviación Civil, resolvió suspender por el plazo comprendido entre el 01 de junio del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2021, las publicaciones por la prensa de los Extractos de las solicitudes para los casos de otorgamiento, modificación, renovación, y suspensiones de los permisos de operación, en función de lo establecido en el Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial y en su defecto, se lo realice en la página web institucional de la Dirección General de Aviación Civil, garantizando así el derecho al conocimiento de los usuarios del transporte aéreo;

QUE, la compañía AIR CANADÁ es poseedora de un permiso de operación para la prestación del servicio de transporte aéreo, público, internacional, regular, de carga y correo en forma combinada, otorgado por el Consejo Nacional de Aviación Civil mediante Acuerdo No. 006/2021 de 04 de febrero de 2021, para operar la ruta:

TORONTO – LA HABANA y/o QUITO – TORONTO, hasta tres (3) frecuencias semanales, con derechos de tercera y cuarta libertades del aire entre Toronto y Quito; y sin derechos de quinta libertad del aire entre La Habana y Quito;

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El equipo de vuelo autorizado consiste en aeronaves: Boeing 777 y Airbus A330, bajo la modalidad dry léase cuyo plazo de duración del permiso de operación es de tres (3) años, contados a partir del 04 de febrero de 2021;

QUE, con oficio s/n de 29 de marzo de 2021, el Apoderado General de la compañía AIR CANADÁ y su abogado patrocinador, solicita al señor Director General de Aviación Civil la modificación de su permiso de operación tendiente a incluir puntos en la ruta y frecuencia autorizada de la siguiente manera: «Montreal y/o Toronto y/o Vancouver y/o Edmonton y/o Calgary y/o Houston y/o Chicago y/o Nueva York y/o Atlanta y/o Orlando y/o Miami y/o México DF y/o Querétaro y/o Mérida y/o San José y/o Puerto España y/o Santo Domingo y/o La Habana y/o San Juan y/o Guatemala y/o Panamá y/o Manaos y/o Sao Paulo y/o Viracopos y/o Rio de Janeiro y/o Curitiba y/o Brasilia y/o Recife y/o Salvador y/o Porto Alegre y/o Fortaleza y/o Buenos Aires y/o Tucumán y/o Asunción y/o Ciudad del Este y/o Montevideo y/o Santiago y/o Iquique y/o Lima y/o Santa Cruz y/o Caracas y/o Valencia y/o Maracaibo y/o Bogotá y/o Medellín y/o Cali – Quito y viceversa con hasta 3 frecuencias semanales»;

QUE, mediante extracto de 15 de abril de 2021 el Director General de Aviación Civil, aceptó a trámite la solicitud de modificación de la compañía AIR CANADÁ y su respectiva legalización con memorando Nro. DGAC-CTRC-2021-0281-M de 15 de abril de 2021;

QUE, a través del memorando Nro. DGAC-CTRC-2021-0291-M de 19 de abril de 2021, se solicitó la publicación del extracto de la compañía AIR CANADÁ en la página web institucional;

QUE, con memorando Nro. DGAC-CTRC-2021-0292-M de 19 de abril de 2021, el Coordinador Técnico de Regulación y Control del Transporte Aéreo, solicitó a las Direcciones de Seguridad Operacional y de Asuntos Regulatorios del Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil, que dentro del ámbito de sus respectivas competencias levanten los informes con las conclusiones y recomendaciones pertinentes sobre la solicitud de modificación de la compañía AIR CANADÁ;

QUE, mediante memorando Nro. DGAC-DCOM-2021-0174-M de 20 de abril de 2021, la Directora de Comunicación Social informa que el extracto de la compañía AIR CANADÁ se encuentra publicado en el portal web institucional;

QUE, con memorando Nro. DGAC-DART-2021-0133-M de 28 de abril de 2021, el Director de Asuntos Regulatorios del Transporte Aéreo, remite una observación que debe ser trasladada a la compañía AIR CANADÁ, particular que fue informado a la solicitante con oficio Nro. DGAC-DGAC-2021-0952-O de 29 de abril de 2021, el cual fue contestado con oficio s/n de 05 de mayo de 2021 por la compañía AIR CANADÁ;

QUE, a través del memorando Nro. DGAC-DSOP-2021-0835-M de 07 de mayo de 2021, el Director de Seguridad Operacional remite el informe técnico sobre la solicitud de la compañía AIR CANADÁ, recomendando:

«- GESTIÓN DE TRANSPORTE AÉREO

Gestión del Transporte Aéreo, en el ámbito de su competencia, recomienda se atienda favorablemente la petición de la compañía Air Canadá.

– GESTIÓN DE OPERACIONES

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De ser concedida la modificación de su permiso de operación, previo al inicio de la operación la compañía AIR CANADÁ deberá concluir con el tramite dispuesto en el Artículo II del Permiso de Operación, otorgado mediante Acuerdo No. 006/2021; y, tal como establece la Circular de Asesoramiento GCER-CR-OOI de octubre de 2017.

La compañía debe tomar en cuenta, que mientras no concluya el trámite citado en el párrafo anterior, no podrá iniciar las operaciones de vuelo para poder explotar la clase de servicio otorgado en el Acuerdo No. 006/2021 y con el tipo de aeronaves de la cláusula tercera de su Permiso de Operación.»;

QUE, con memorando Nro. DGAC-CTRC-2021-0344-M de 10 de mayo de 2021, el Coordinador Técnico de Regulación y Control del Transporte Aéreo, remite a las Direcciones de Seguridad Operacional y Asuntos Regulatorios del Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil, la contestación a la observación realizada dentro del presente trámite a fin de que sea considerado dentro del análisis en sus informes;

QUE, según memorando Nro. DGAC-DSOP-2021-0989-M de 24 de mayo de 2021, el Director de Seguridad Operacional remite el informe técnico económico ampliatorio sobre la solicitud de la compañía AIR CANADÁ concluyendo que, al no ser las libertades del aire competencia de análisis de la Dirección de Seguridad Operacional, NO EXISTE materia que informar al respecto;

QUE, a través del memorando Nro. DGAC-DART-2021-0164-M de 24 de mayo de 2021, el Director de Asuntos Regulatorios del Transporte Aéreo, remite el informe legal sobre la solicitud de la compañía AIR CANADÁ recomendando, atender favorablemente la solicitud de modificación del permiso de operación de la compañía AIR CANADÁ y se modifique la cláusula SEGUNDA del Acuerdo 006/2021 de 04 de febrero de 2021, quedando de la siguiente manera:

«Rutas, frecuencias y derechos: «La aerolínea» operará la siguiente ruta, frecuencias y derechos:

Montreal y/o Toronto y/o Vancouver y/o Edmonton y/o Calgary y/o Houston y/o Chicago y/o Nueva York y/o Atlanta y/o Orlando y/o Miami y/o México DF y/o Querétaro y/o Merida y/o San José y/o Puerto España y/o Santo Domingo y/o La Habana y/o San Juan y/o Guatemala y/o Panamá y/o Manaos y/o Sao Paulo y/o Viracopos y/o Rio de Janeiro y/o Curitiba y/o Brasilia y/o Recife y/o Salvador y/o Porto Alegre y/o Fortaleza y/o Buenos Aires y/o Tucumán y/o Asunción y/o Ciudad del Este y/o Montevideo y/o Santiago y/o Iquique y/o Lima y/o Santa Cruz y/o Caracas y/o Valencia y/o Maracaibo y/o Bogotá y/o Medellín y/o Cali – Quito y viceversa con derechos de 3ras y 4tas libertades, salvo el punto Lima – Quito y viceversa.

Derechos de 5ta libertad únicamente en lo que respecta al punto Lima, el resto de la ruta será operado únicamente con derechos de 3ras y 4tas libertades.”;

QUE, la Coordinación Técnica de Regulación y Control del Transporte Aéreo, ha presentado el informe unificado con memorando Nro. DGAC-CTRC-2021-0505-M de 29 de junio de 2021, y una vez analizado dichos informes, en la parte pertinente del mismo concluye y recomienda se modifique la cláusula SEGUNDA del Acuerdo 006/2021 de 04 de febrero de 2021, por la siguiente:

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Registro Oficial N° 499 Miércoles 21 de julio de 2021

«SEGUNDA: Rutas, frecuencias y derechos: «La aerolínea’ operará la siguiente ruta, frecuencias y derechos:

Montreal y/o Toronto y/o Vancouver y/o Edmonton y/o Calgary y/o Houston y/o Chicago y/o Nueva York y/o Atlanta y/o Orlando y/o Miami y/o México DF y/o Querétaro y/o Mérida y/o San José y/o Puerto España y/o Santo Domingo y/o La Habana y/o San Juan y/o Guatemala y/o Panamá y/o Manaos y/o Sao Paulo y/o Viracopos y/o Rio de Janeiro y/o Curitiba y/o Brasilia y/o Recife y/o Salvador y/o Porto Alegre y/o Fortaleza y/o Buenos Aires y/o Tucumán y/o Asunción y/o Ciudad del Este y/o Montevideo y/o Santiago y/o Iquique y/o Lima y/o Santa Cruz y/o Caracas y/o Valencia y/o Maracaibo y/o Bogotá y/o Medellín y/o Cali

— Quito y viceversa con derechos de 3ras y 4tas libertades, salvo el punto Lima – Quito y viceversa.

Derechos de 5ta libertad únicamente en lo que respecta al punto Lima, el resto de la ruta será operado únicamente con derechos de 3ras y 4tas libertades.”;

QUE, se ha agotado el procedimiento administrativo contemplado en el Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial, para las modificaciones;

Con base en la delegación realizada en le Resolución No. 001/2013 de 24 de diciembre de 2013, el Director General de Aviación Civil,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR a la compañía AIR CANADÁ, la cláusula SEGUNDA del Acuerdo Nro. 006/2021 de 06 de febrero de 2021, emitido por el Consejo Nacional de Aviación Civil, por la siguiente:

SEGUNDA: Rutas, frecuencias y derechos: «La aerolínea» operará la siguiente ruta, frecuencias y derechos:

Montreal y/o Toronto y/o Vancouver y/o Edmonton y/o Calgary y/o Houston y/o Chicago y/o Nueva York y/o Atlanta y/o Orlando y/o Miami y/o México DF y/o Querétaro y/o Mérida y/o San José y/o Puerto España y/o Santo Domingo y/o La Habana y/o San Juan y/o Guatemala y/o Panamá y/o Manaos y/o Sao Paulo y/o Viracopos y/o Rio de Janeiro y/o Curitiba y/o Brasilia y/o Recife y/o Salvador y/o Porto Alegre y/o Fortaleza y/o Buenos Aires y/o Tucumán y/o Asunción y/o Ciudad del Este y/o Montevideo y/o Santiago y/o Iquique y/o Lima y/o Santa Cruz y/o Caracas y/o Valencia y/o Maracaibo y/o Bogotá y/o Medellín y/o Cali

— Quito y viceversa con derechos de 3ras y 4tas libertades, salvo el punto Lima – Quito y viceversa.

Derechos de 5ta libertad únicamente en lo que respecta al punto Lima, el resto de la ruta será operado únicamente con derechos de 3ras y 4tas libertades.

ARTICULO SEGUNDO.- Salvo lo dispuesto en el artículo que antecede, los demás términos y condiciones del Acuerdo No. 006/2021 de 06 de febrero de 2021, emitido por el Consejo Nacional de Aviación Civil se mantienen vigentes.

ARTICULO TERCERO.- De la ejecución y estricta observancia de este Acuerdo encárguese a los respectivos Procesos Institucionales.

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Comuníquese, notifíquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 29 día(s) del mes de Junio de dos mil veintiuno.

Documento firmado electrónicamente

SR. PLTO. ANYELO PATRICIO ACOSTA ARROYO

DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Registro Oficial N° 499 Miércoles 21 de julio de 2021

RESOLUCIÓN No. 037-IEPS-2021

Mgs. Paúl StewArt. Cueva Luzuriaga

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Ninguna servidora ni servidor público estaré exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos»;

Que, el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado señala: «Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento, su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado».

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, establece: «Representación legal de las administraciones públicas. La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley»;

Que, el artículo 64 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales señala.- «Prohibición al sector público. Las entidades del sector público no financiero, están prohibidas de ser propietarias, arrendatarias o usufructuarias de tierras rurales con aptitud agrícola, pecuaria, forestal, silvícola o acuícola, con excepción de las indicadas en la Ley. Si ingresan tierras rurales a su patrimonio, estas serán transferidas a la Autoridad Agraria Nacional para los fines previstos en esta Ley.»

Que, la Disposición transitoria Décima Séptima de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales señala: «La propiedad de tierras rurales con aptitud agraria de entidades del sector público no financiero, debe transferirse a la Autoridad Nacional Agraria, en el plazo de ciento ochenta días contados a partir de la promulgación de esta Ley.»

Que, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria publicada en el Registro Oficial No.444 de 10 de mayo de 2011, señala al Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, en cuyo artículo 153 prescribe: «El Instituto es una entidad de derecho público, adscrita al ministerio de Estado a cargo de la inclusión económica y social, con jurisdicción nacional, dotado de personalidad jurídica,

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patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y financiera que ejecuta la política pública, coordina, organiza y aplica de manera desconcentrada, los planes, programas y proyectos relacionados con los objetivos de esta Ley”;

Que, el artículo 154 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria tiene como misión: «(…) el fomento y promoción de las personas y organizaciones sujetas a esta Ley, en el contexto del sistema económico social y solidario previsto en la Constitución de la República y consistente con el Plan Nacional de Desarrollo, con sujeción a las políticas dictadas por el Comité interinstitucional (…)»;

Que, el artículo 156 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, determina que el Instituto estará representado legalmente por su Director General;

Que, el literal a) del artículo 157 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, señala que son atribuciones del Director General: a) Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial del Instituto;

Que, el artículo Art. 77 del ‘Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público», señala.- «Actos de transferencia de dominio de los bienes.- Entre las entidades u organismos señalados en el artículo 1 del presente Reglamento o éstas con instituciones del sector privado que realicen labor social u obras de beneficencia sin fines de lucro se podrá efectuar, principalmente, los siguientes actos de transferencia de dominio de bienes: remate, compraventa, trasferencia gratuita, donación, permuta y cauterización.»

Que, el literal a) del artículo 130 del «Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público», señala: «a) Transferencia gratuita.- Se aplicará para los casos de transferencia de bienes a entidades u organismos públicos con persona jurídica distinta, en beneficio de las entidades u organismos del sector público, teniendo en cuenta los criterios de prioridad contemplados en el artículo 35 de la Constitución de la República y demás normativa emitida para tales efectos, así como lo previsto en la Ley en Beneficio de las Instituciones Educativas Fiscales del País.

Las entidades u organismos del sector público que apliquen este procedimiento mantendrán la coordinación necesaria y emitirán los actos administrativos correspondientes para la ejecución de las transferencias gratuitas en forma directa, eficaz y oportuna, en observancia a lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador.»

Que, mediante la Acción de Personal No. 2021-05-0192 de 24 de mayo de 2021, se nombró al Mgs. Paúl Stewart Cueva Luzuriaga, como Director General del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria;

Que, mediante escritura de adjudicación otorgada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito «COOPERA», en Liquidación a favor del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, celebrada el 09 de septiembre de 2014, ante el Dr. Edgar Francisco Cevallos Gualpa, Notario Público Primero del cantón Cuenca se adjudicó el bien inmueble denominado «Hacienda Naranjal», con las siguientes características: Cuerpo de Terreno ubicado en la parroquia Naranjal, cantón Naranjal, provincia del Guayas, cuyos linderos son: POR EL NORTE: Línea quebrada que recorre el margen izquierdo del Rio Chacayacu en una extensión de 1811.46m, en 795.02m, 543.68m y en 106.51m siguiendo su curso aguas abajo hasta la bifurcación con el Rio Guarumal, luego siguiendo por el margen izquierdo de dicho Rio, en una extensión de 301.25m y en 145.25m en su curso aguas abajo.- POR EL ESTE.- Una línea quebrada continua en su recorrido de norte a sur con una extensión de 149.69m y en 244.80m limitando con terrenos del señor Gilberto Morales, POR EL SUR.- Una

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línea quebrada ascendente que va de este a oeste y que continua con una extensión de 107.16m, colindando con terreno mismo del señor Gilberto Morales, luego continua con una línea quebrada de 26.50m en 166.71 m, 71.90m, 95.71m, 110m, 81.34m, en 206.37m, 107.32m, 145.66m, y en 109.90m colindando con terrenos de propiedad del señor Edgar Arévalo, luego continua con una línea quebrada de 147.71m, 115.43m, 25m, 48.50m, 30.70, 22.95m, 19.70, 37.45m, 24.70m, 115.25m, 70.21m, 132.38m, luego quiebra hacia el sur con una línea de 255.76m, luego 156.33m que colinda con terrenos del señor Julio Villalta, luego continua con una línea quebrada hacia el sur oeste de 8.13m, en 35.80m, 56.1 Om, 38.30m,y en 35.60m que colinda con terrenos del señor Segundo Naula luego continua con una línea quebrada ascendente , hacia el norte con 479.65m, 505.01m,luego quiebra hacia el oeste formando un ángulo cuyo interior queda el Corral «El Pescado», para continuar con una línea quebrada hacia el oeste de 491.41 m y en 179.23m colindando con terrenos de la Hacienda «Botija Paqui™.- POR EL OESTE.- Corta una línea con dirección sur-norte de 214.93m hasta empatar con el lindero norte en las orillas del Rio Chacayacu, con un ÁREA TOTAL de 158.10 hectáreas.

Que, mediante Oficio No. 002819 DPA-AEde 16 de diciembre de 2019 el Dr. Diego Espinosa Ramos en su calidad de Director Provincial del Azuay de la Contraloría General del Estado remite el Informe General No. DPA-0027-2019, del Examen Especial al proceso de adquisición de los bienes muebles, inmuebles y negocios a Coopera Ltda. (En Liquidación); y, a la suscripción, ejecución y liquidación del Convenio de coadministración celebrado entre el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria – IEPS y la Cooperativa de Producción Agrícola, Ganadera y Servicios de Alimentación para vivir mejor «PROGRASERVIV», de los negocios y bienes de propiedad del IEPS en el INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA – IEPS, y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 12 de junio de 2013 y el 31 de marzo de 2019 del cual se desprenden recomendaciones que requieren un estricto cumplimiento y aplicación, entre los cuales destacan buscar mecanismos para dar productividad a los bienes adquiridos por la Cooperativa de Ahorro y Crédito «COOPERA», en Liquidación.

Que, mediante memorando (sic) No. MAG-DDGUAYAS-2021-0198-M de 05 de febrero de 2021, el Director Distrital del Guayas solicita al Director General del IEPS, lo siguiente: «(…) esta Dirección Distrital del Guayas, conjuntamente con el Viceministerio de Desarrollo Rural y la Subsecretaría de Tierras Rurales y territorios Ancestrales, según la última reunión mantenida con el IEPS se acordó solicitarla transferencia del predio y consecuentemente realizar una inspección técnica (…)»

Que, mediante Informe de Inspección Técnica del predio denominado «Hacienda Naranjal», realizado el 20 de abril de 2021 por los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAG, Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria- STRA, Dirección Distrital del Guayas, se concluye lo siguiente: «(…) El predio está siendo explotado mediante para agricultura convencional debido al tipo de suelo, condiciones climáticas, fuente de agua (RIO CHACAYACU) (…)», es decir SI posee vocación agrícola, por lo que se concluye que es apto para agricultura convencional;

Que, la Unidad de Gestión Administrativa del Instituto de Economía Popular y Solidaria, mediante Informe previo de 04 de mayo de 2021, para la Transferencia Gratuita del Bien Inmueble «Hacienda Naranjal» a la Autoridad Agraria Nacional, elaborado por el Mgs. Roberto Santander Especialista Administrativo; y, aprobado por la Mgs. Martha Aguirre Directora Administrativa Financiera concluye: «En la constatación anual de bienes aprobada por el Señor Director General del IEPS, se verificó el desuso por parte de esta Institución de la Hacienda Naranjal, lo cual da validez al proceso de egreso de este inmueble conforme las recomendaciones realizadas por el Órgano de Control.

En concordancia con el mandato constitucional de eficiencia de las Instituciones del Estado, así como la visión misma de esta Cartera de Estado y lo manifestado por el MAG, se considera adecuado el traspaso a título gratuito de la Hacienda Naranjal a la Autoridad Agraria Nacional. (…) Recomendación (…) Disponer a quien corresponda realizar los trámites respectivos para la

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Transferencia del Predio Haciendo Naranjal al Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el propósito de dar cumplimiento a la Normativa Legal Vigente y transferir gratuitamente el dominio de la «Hacienda Naranjal» a la Autoridad Agraria Nacional.»

Que, mediante oficio No. MAG-DDGUAYAS-2021-1163-OF de 03 de junio de 2021, el Director Distrital del Guayas pone en conocimiento del Director General del IEPS, el informe técnico respecto de la denominada Hacienda Naranjal concluyendo que: «(…) es factible la transferencia del bien inmueble a esta Cartera de Estado considerando lo estipulado en la Ley de Tierras Rurales en su artículo 64 (…)»

Que, mediante sumilla inserta en el oficio No. MAG-DDGUAYAS-2021-1163-OF de 03 de junio de 2021, el Director General del EPS, dispone «DAJ: Proceder»

Que, es importante establecer lineamientos de productividad de los bienes inmuebles del EPS, acorde a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado y contribuir al desarrollo productivo de las Organizaciones que realizan actividad agrícola en todo el territorio nacional.

En ejercicio de la potestad contenida en el artículo 156 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en concordancia con el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo.

RESUELVE:

Artículo 1.- Realizar la transferencia de dominio a titulo gratuito y como cuerpo cierto del inmueble denominado «Hacienda Naranjal» de propiedad del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, a favor del Ministerio de Agricultura y Ganadería, incluyendo todas las edificaciones que sobre él se levanten, todas las servidumbres y todos los bienes que se reputen inmuebles por adherencia, por destino o por incorporación así como los accesorios, del predio que se detalla a continuación: Cuerpo de Terreno ubicado en la parroquia Naranjal, cantón Naranjal, provincia del Guayas, cuyos linderos son: POR EL NORTE: Línea quebrada que recorre el margen izquierdo del Rio Chacayacu en una extensión de 1811.46m, en 795.02m, 543.68m y en 106.51 m siguiendo su curso aguas abajo hasta la bifurcación con el Río Guarumal, luego siguiendo por el margen izquierdo de dicho Rio, en una extensión de 301.25m y en 145.25m en su curso aguas abajo.- POR EL ESTE.- Una línea quebrada continua en su recorrido de norte a sur con una extensión de 149.69m y en 244.80m limitando con terrenos del señor Gilberto Morales, POR EL SUR.- Una línea quebrada ascendente que va de este a oeste y que continua con una extensión de 107.16m, colindando con terreno del mismo señor Gilberto Morales, luego continua con una línea quebrada de 26.50m en 166.71 m, 71.90m, 95.71m, 110m, 81.34m, en 206.37m, 107.32m, 145.66m, y en 109.90m colindando con terrenos de propiedad del señor Edgar Arévalo, luego continua con una línea quebrada de 147.71m, 115.43m, 25m, 48.50m, 30.70, 22.95m, 19.70, 37.45m, 24.70m, 115.25m, 70.21 m, 132.38m, luego quiebra hacia el sur con una línea de 255.76m, luego 156.33m que colinda con terrenos del señor Julio Villalta, luego continua con una línea quebrada hacia el sur oeste de 8.13m, en 35.80m, 56.10m, 38.30m,y en 35.60m que colinda con terrenos del señor Segundo Naula luego continua con una línea quebrada ascendente, hacia el norte con 479.65m, 505.01 m, luego quiebra hacia el oeste formando un ángulo cuyo interior queda el Corral «El Pescado», para continuar con una línea quebrada hacia el oeste de 491.41 m y en 179.23m colindando con terrenos de la Hacienda «Botija Paqui».- POR EL OESTE.- Corta una línea con dirección sur-norte de 214.93m hasta empatar con el lindero norte en las orillas del Rio Chacayacu, con un ÁREA TOTAL de 158.10 hectáreas.

Artículo 2.- Oficíese con el contenido de esta Resolución al titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a fin de que emita el acto administrativo de aceptación de la transferencia dispuesta.

Artículo 3.- De la ejecución de la presente Resolución hasta la perfección de la transferencia de dominio y suscripción de las respectivas actas de entrega recepción del inmueble señalado en el artículo 1 del

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presente instrumento, encárguese la Dirección Administrativa Financiera en coordinación con la Dirección de Asesoría Jurídica del IEPS y Direcciones que correspondan del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Artículo 4.- La Dirección Administrativa Financiera, realizará todos los trámites para el egreso del bien inmueble en los registros del IEPS, para lo cual observara lo dispuesto en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público.

Articulo 5.- Notifíquese con el contenido de esta Resolución a la Contraloría General del Estado y al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

Articulo 6.- Disponer a la Dirección de Asesoría Jurídica, la publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial.

Articulo 7.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Notifíquese y Publíquese.

Mgs. Paúl Stewart Cueva Luzuriaga

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 25 de junio de 2021.

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RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0327

CATALINA PAZOS CHIMBO

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador determina: «Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley (…)”;

Que, el artículo 226 de la Norma Suprema establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo dispone: «Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias»;

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria determina: «Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, y por las causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento estipulado en su estatuto social (…)”;

Que, el artículo 57 de la citada Ley Orgánica dispone: «Las cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas:(…) e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos: (…) 3. La inactividad económica o social por más de dos años; (…)”;

Que, el artículo 58 ibídem establece: «La Superintendencia, a petición departe o de oficio, podrá declarar inactiva a una cooperativa que no hubiere operado durante dos años consecutivos. Se presume esta inactividad cuando la organización no hubiere remitido los balances o informes de gestión correspondientes (…) Si la inactividad persiste por más de tres meses desde la publicación, la Superintendencia podrá declararla disuelta y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público”;

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Que, el artículo innumerado a continuación del 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria determina: «(…) A las asociaciones se aplicarán de manera supletoria las disposiciones que regulan al sector cooperativo, considerando las características y naturaleza propias del sector asociativo”;

Que, el artículo 55 del Reglamento antes indicado dispone: «Resolución de la Superintendencia.- La Superintendencia, podrá resolver, de oficio, o a petición de parte, en forma motivada, la disolución y consiguiente liquidación de una organización bajo su control, por las causales previstas en la Ley (…)”;

Que, el artículo 56 del Reglamento citado dispone: «La resolución de disolución y liquidación de una cooperativa, será publicada, en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y un extracto de aquella en un periódico de amplia circulación nacional y/o del domicilio de la organización.”;

Que, el primer artículo innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento ut supra determina: «(…) Liquidación sumaria.- En los casos en que una organización no haya realizado actividad económica o habiéndola efectuado tuviere activos menores a un Salario Básico Unificado, la Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá disolver a la organización y liquidar a la misma en un solo acto, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, con base en las disposiciones que emita dicho Organismo de Control.- La liquidación sumaria también procederá respecto de las organizaciones que no hayan superado la causal de inactividad, dentro del plazo de tres meses contados desde la publicación de la Resolución que declare la inactividad, en cuyo caso se confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica.- En caso de existir saldo o remanente del activo de las organizaciones liquidadas, este se destinará a los objetivos previstos en su Estatuto Social»;

Que, el tercer artículo innumerado agregado luego del artículo 64 del Reglamento invocado dice: «Art.- Procedimiento de Inactividad.- La Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá declarar inactiva a una organización bajo su control y supervisión, que no hubiere operado durante dos años consecutivos o más (…).- Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la Resolución que declare la inactividad, las organizaciones deberán justificar documentadamente que se encuentran operando y realizando actividades económicas; esto es, que realizan actividades tendientes a cumplir con el objeto social principal, establecido en su estatuto social; y, que poseen activos registrados a nombre de la organización, de un salario básico unificado o superiores, como consecuencia de la actividad económica que realizan.- Es responsabilidad exclusiva de las organizaciones el documentar la superación de la causal de inactividad, únicamente dentro del plazo anterior. Las declaraciones de impuestos con valores en cero, que las organizaciones realicen ante la autoridad tributaria, no serán suficientes para superar la causal de inactividad.- (…) De no superarse la causal de inactividad, la Superintendencia pondrá en

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conocimiento de los posibles acreedores, a través de una publicación en la prensa, informando que la organización entrará a un proceso de liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días contados a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad (…)”;

Que, el artículo 153 del aludido Reglamento dispone: «Control.- El control es la potestad asignada a la Superintendencia, para vigilar el cumplimiento de la ley, este reglamento y las regulaciones, en el ejercicio de las actividades económicas y sociales, por parte de las organizaciones sujetas a la misma. La Superintendencia, ejercerá el control en forma objetiva, profesional e independiente”;

Que, la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR- INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, en el artículo 1 dispone: «Ámbito: La presente resolución aplica a las cooperativas y asociaciones de la Economía Popular y Solidaria, en lo sucesivo ‘organización u organizaciones’, sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en adelante ‘Superintendencia'»;

Que, el artículo 6 ibídem dispone: »Liquidación sumaria de oficio o forzosa: La Superintendencia de oficio podrá disponer la disolución y liquidación sumaria en un solo acto de una organización, la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, en cualquiera de los siguientes casos: (…) 3) Si la organización no hubiera superado la causal de inactividad en el plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la resolución que declare dicho estado; en cuyo caso se confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica.- Para este efecto, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores a través de una publicación en la prensa, informando que la organización entrará en liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad. Luego de lo cual se incorporarán en los informes respectivos y en la resolución de extinción, la información presentada producto de la publicación, precisando que los posibles acreedores puedan ejercer sus derechos ante la instancia respectiva»;

Que, el artículo 7 de la referida Norma de Control señala: «Artículo 7.- Procedimiento: La Superintendencia, previa la aprobación de los informes correspondientes, resolverá la disolución y liquidación sumaria de oficio o forzosa de la organización, dispondrá la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes”;

Que, la Disposición General Primera de la Norma citada establece: (…) En las liquidaciones sumarias voluntaria o de oficio o forzosa, no se designará liquidador”;

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Que, mediante Resolución No. SEPS-ROEPS-2016-901750, de 20 de abril de 2016, este Organismo de Control aprobó el estatuto y concedió personalidad jurídica a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SABOR QUITEÑO ‘ASOSERASAQ»;

Que, por medio de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF- DNLSNF-2019-031, de 05 de agosto de 2019, conforme lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, este Organismo de Control resolvió declarar inactivas a novecientas cuarenta y un (941) organizaciones de la economía popular y solidaria. En el artículo tercero de la indicada Resolución se dispuso lo siguiente: «(…) Prevenir a los directivos de las organizaciones antes mencionadas que si transcurridos tres meses desde la publicación de la presente Resolución, persisten en la inactividad, la Superintendencia podrá declararlas disueltas y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público, de conformidad con lo que dispone el cuarto inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, por lo cual dentro del plazo anteriormente enunciado deberán presentar los descargos que consideren pertinentes (…)» (énfasis agregado);

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1729, de 28 de agosto de 2019, la Intendencia General Técnica pone en conocimiento de la Intendencia del Sector No Financiero, así como de las Intendencias Zonales, que: «(…) Mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019, cuya copia acompaño, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, declaró inactivas a 941 organizaciones del sector no financiero, de conformidad a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. .-Dentro del marco normativo antes citado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria procedió a publicar la Resolución referida en primer término, en el diario Metro, el 22 y 23 de agosto de 2019, cuya copia adjunto, por tal motivo, solicito que dentro del ámbito de jurisdicción y conforme las disposiciones emitidas por este Organismo de Control, se realice el control y seguimiento de la ejecución del proceso de inactividad de las 941 organizaciones del sector no financiero de la Economía Popular y Solidaria. .- En consecuencia de lo anterior, agradeceré que una vez haya culminado el tiempo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, contado a partir de la mencionada publicación, se sirvan comunicar a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte de las organizaciones a las disposiciones contenidas en la Resolución No. SEPS-IGT- IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019 (…)”;

Que, en el Informe Técnico No. SEPS-ISNF-DNSSNF-2020-11, de 20 de febrero de 2020, la Dirección Nacional de Seguimiento del Sector No Financiero concluye que: «(…) La declaratoria de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS- IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019, fue comunicada a las organizaciones a través de la publicación en prensa el 22 y 23 de agosto de 2019, de conformidad con el numeral 1 del artículo 168 del COA (…) Las 69 organizaciones contenidas en el Anexo 1, NO han presentado el

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‘FORMULARIO RENTA SOCIEDADES’ en el SRI de los años 2016 y 2017, información que ha sido corroborada en la página web del SRI https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/#inicio/SOC, dentro del convenio que mantiene la SEPS con el SRI en línea y por la falta de información ingresada a esta Superintendencia referente al tema; por lo que, se encuentran incursas en el numeral 3 del literal e) del Artículo 57 déla LOEPS, concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la misma Ley Orgánica, es decir no han superado la causal de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR- ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019. .- Del levantamiento de información contenida en los anexos 5 y 6, se evidencia que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, NO mantienen activos a su nombre. .- Finalmente, de la consulta de obligaciones con la SEPS y con IESS contenida en el anexo 7, se desprende que las organizaciones referidas en este informe, no mantienen obligaciones pendientes con las citadas entidades. .- E. RECOMENDACIONES: .- Aprobar el presente informe y emitir el acto administrativo que en derecho corresponda, a través del cual se inicie del (sic) proceso de liquidación forzosa sumaria, en el cual se declare la disolución y liquidación de las organizaciones contenidas en el Anexo 1, de conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS que señala: ‘[…]Las cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas: […]e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos: […] 3. La inactividad económica o social por más de dos años […]’; concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la citada Ley, que dispone: ‘[…] Si la inactividad persiste por más de tres meses desde la publicación, la Superintendencia podrá declararla disuelta y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público’; en concordancia con el artículo 5 de la Resolución No. SEPS-1FMR-IGJ-2018-028 de 3 de agosto de 2018, (…)». Entre las organizaciones de la economía popular y solidaria que constan en el Anexo 1, al que se hace referencia, se encuentra la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SABOR QUITEÑO «ASOSERASAQ», con Registro Único de Contribuyentes No. 1792667879001;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-ISNF-DNSSNF-2020-0268, de 20 de febrero de 2020, la Dilección Nacional de Seguimiento del Sector No Financiero, remite a la Intendencia del Sector No Financiero, el Informe Técnico No. SEPS-ISNF- DNSSNF-2020-11, en el cual esa Dirección recomienda: «(…) el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de 69 organizaciones por no haber superado la declaratoria de inactividad»;

Que, la Intendencia del Sector No Financiero, por medio del Memorando No. SEPS- SGD-ISNF-2020-0285, de 20 de febrero de 2020, remite a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución el Memorando No. SEPS-SGD- ISNF-DNSSNF-2020-0268, contentivo a su vez del Informe Técnico No. SEPS- ISNF-DNSSNF-2020-11, y manifiesta:»(…) la DNSSNF, recomienda iniciar el proceso de liquidación forzosa sumaria de 69 organizaciones por no haber superado la declaratoria de inactividad y no mantener activos y obligaciones pendientes a su nombre. La citada recomendación ha sido acogida por parte de esta Intendencia, por lo cual es puesta en su conocimiento para los fines legales pertinentes»;

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Que, el Informe Técnico No. SEP S-INFMR-DNILO-2 02 0-049, de 16 de abril de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria señala: «(…). 2. ANÁLISIS TÉCNICO: .- La Dirección Nacional (sic) Seguimiento Sector No Financiero, efectuó un análisis de la base de datos de organizaciones, de lo cual recomendó declarar disponer la liquidación forzosa, (…) 2.2. REPORTE DE TRAMITES: .- Mediante Memorando No. SEPS-SGD-SGE-DNDAN-2020-0478 de 10 de febrero de 2020, la Dirección Nacional de Documentación, Archivo y Notificaciones, pone en conocimiento de la Dirección Nacional Seguimiento Sector No Financiero, el reporte de los trámites ingresados por las organizaciones que fueron declaradas inactivas. Del citado reporte se evidencia que las 69 organizaciones, NO han remitido información referente a la declaratoria de inactividad. (…).- 4. CONCLUSIONES:.- (…) 4.2. En los cortes de información obtenidos délos años 2016 y 2017, las 69 organizaciones no remitieron al Servicio de Rentas Internas, información financiera en la Declaración de Impuesto a la Renta. (…) 4.7. Con fundamento en la normativa expuesta en el presente informe se concluye que 69 organizaciones de la EPS, han incumplido con lo establecido en el marco legal citado de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General; por lo que es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria y la extinción de las organizaciones mencionadas anteriormente. .- 5. RECOMENDACIONES: .- 5.1. Declarar la liquidación forzosa sumaria de 69 organizaciones de la EPS, analizadas en el presente informe técnico, en razón que se encuentran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular (sic) (…); concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Ley, (…), en concordancia con el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento General a la Ley antes citada (…)en vista que no superaron la causal de inactividad, por cuanto no presentaron información financiera de los años 2016 y 2017, además no se evidencia la existencia de activos y actividad económica (…)». Entre las organizaciones de la economía popular y solidaria a las que se hace referencia, se encuentra la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SABOR QUITEÑO «ASOSERASAQ», con Registro Único de Contribuyentes No. 1792667879001;

Que, por medio del Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNILO-2020-0360, de 21 de abril de 2020, la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria puso en conocimiento de la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-049, «(…) en el cual se establece la liquidación forzosa sumaria de 69 organizaciones de la economía popular y solidaria declaradas inactivas, en razón que se encuentran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular (sic) (…);concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Ley, (…) en concordancia con el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento General a la Ley antes citada y el artículo 5 del Procedimiento para las liquidaciones sumarias de las organizaciones sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, contenido en la Resolución No. SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 03 de agosto de 2018, en razón que no superaron la causal de inactividad, por cuanto no presentaron información

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financiera de los años 2016 y 2017, además no se evidencia la existencia de activos y actividad económica (…)”;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-0373, de 22 de abril de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución: «(…) establece la liquidación forzosa sumaria de 69 organizaciones de la economía popí dar y solidaria, declaradas inactivas, en razón que se encuentran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, (…),concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Ley (…), en concordancia con el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento General a la Ley antes citada; y, el artículo 5 del Procedimiento para las liquidaciones sumarias de las organizaciones sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, contenido en la Resolución No. SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 03 de agosto de 2018, en razón que no superaron la causal de inactividad, por cuanto no presentaron información financiera de los años 2016 y 2017, además no se evidencia la existencia de activos y actividad económica (…)». Entre las organizaciones de la economía popular y solidaria a las que se hace referencia, se encuentra la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SABOR QUITEÑO ‘ASOSERASAQ», con Registro Único de Contribuyentes No. 1792667879001;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1866, de 16 de septiembre de 2020, desde el punto de vista jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el respectivo informe;

Que, consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que, respecto del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ- 2020-1866, el 16 de septiembre de 2020 la Intendencia General Técnica emitió su proceder para continuar con el proceso referido;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-2221, de 10 de diciembre de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución señala: «(…) debo indicar que se realizó la publicación de llamamiento a posibles acreedores en Diario «Metro» de circulación nacional, el 18 de noviembre de 2020, la misma que adjunto.- En ese sentido, ante el referido llamado debo comunicar que no se ha registrado ingreso documental u oficio alguno, ante posibles acreencias, de ninguna de las sesenta y nueve (69) organizaciones, por lo que solicito se sirva continuar con la elaboración de las respectivas resoluciones de disolución y liquidación sumaria de oficio o forzosa”;

Que, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedido mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGG-IGJ-037, de 21 de octubre de 2019, el Intendente General Técnico tiene entre sus atribuciones y responsabilidades el suscribir las resoluciones de liquidación y extinción de las organizaciones controladas; y,

Que, conforme consta en la Acción de Personal No. 733, de 25 de junio de 2018, el Intendente General de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía

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Popular y Solidaria, nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina Pazos Chimbo.

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SABOR QUITEÑO «ASOSERASAQ», con Registro Único de Contribuyentes No. 1792667879001, domiciliada en el cantón Quito, provincia de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, literal e) numeral 3; y, 58, cuarto inciso, de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en concordancia con el artículo 14 ibídem y primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 de su Reglamento General; así como de los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SABOR QUITEÑO «ASOSERASAQ», con Registro Único de Contribuyentes No. 1792667879001, extinguida de pleno derecho conforme al primer artículo innumerado a continuación del 64 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en concordancia con los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cancelación del registro de la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SABOR QUITEÑO «ASOSERASAQ».

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica y Social con la presente Resolución para que proceda a retirar a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SABOR QUITEÑO «ASOSERASAQ» del registro correspondiente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer que la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional de esta Superintendencia, publique un extracto de la presente Resolución en un periódico de amplia circulación nacional y/o del domicilio de la organización; y, en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

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SEGUNDA.- Los posibles acreedores podrán ejercer sus derechos ante la instancia respectiva, sin perjuicio de la publicación por la prensa previamente realizada por esta Superintendencia, con el fin de poner en su conocimiento que la organización entraría en un proceso de liquidación sumaria; de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 6 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR- INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020.

TERCERA.- Disponer a la Secretaria General de esta Superintendencia sentar la razón respectiva del presente acto administrativo en la Resolución No. SEPS-ROEPS-2016- 901750; y, la publicación de esta Resolución en el Registro Oficial, así como su inscripción en los registros correspondientes.

CUARTA.- Notificar con la presente Resolución al Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Registro de la Propiedad respectivo, para los fines legales pertinentes.

QUINTA- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución ponga en conocimiento de la Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y Coactivas e Intendencia Nacional Administrativa Financiera, el contenido de la presente Resolución para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.

SEXTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación. De su cumplimiento encárguese a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

COMUNÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-

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Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 9 días del mes de junio de 2021.

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RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0328

CATALINA PAZOS CHIMBO

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador determina: «Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley (…)”;

Que, el artículo 226 de la Norma Suprema establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo dispone: «Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias»;

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria determina: «Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, y por las causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento estipulado en su estatuto social (…)”;

Que, el artículo 51 de la citada Ley Orgánica dispone: «Las cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas:(…) e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos: (…) 3. La inactividad económica o social por más de dos años; (…)”;

Que, el artículo 58 ibídem establece: «La Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá declarar inactiva a una cooperativa que no hubiere operado durante dos años consecutivos. Se presume esta inactividad cuando la organización no hubiere remitido los balances o informes de gestión correspondientes (…) Si la inactividad persiste por más de tres meses desde la publicación, la Superintendencia podrá declararla disuelta y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público”;

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Que, el artículo innumerado a continuación del 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria determina: «(…) A las asociaciones se aplicarán de manera supletoria las disposiciones que regulan al sector cooperativo, considerando las características y naturaleza propias del sector asociativo»;

Que, el artículo 55 del Reglamento antes indicado dispone: «Resolución de la Superintendencia.- La Superintendencia, podrá resolver, de oficio, o a petición de parte, en forma motivada, la disolución y consiguiente liquidación de una organización bajo su control, por las causales previstas en la Ley (…)”;

Que, el artículo 56 del Reglamento citado dispone: «La resolución de disolución y liquidación de una cooperativa, será publicada, en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y un extracto de aquella en un periódico de amplia circulación nacional y/o del domicilio de la organización.”;

Que, el primer artículo innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento ut supra determina: «(…) Liquidación sumaria.- En los casos en que una organización no haya realizado actividad económica o habiéndola efectuado tuviere activos menores a un Salario Básico Unificado, la Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá disolver a la organización y liquidar a la misma en un solo acto, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, con base en las disposiciones que emita dicho Organismo de Control- La liquidación sumaria también procederá respecto de las organizaciones que no hayan superado la causal de inactividad, dentro del plazo de tres meses contados desde la publicación de la Resolución que declare la inactividad, en cuyo caso se confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica.- En caso de existir saldo o remanente del activo de las organizaciones liquidadas, este se destinará a los objetivos previstos en su Estatuto Social»;

Que, el tercer artículo innumerado agregado luego del artículo 64 del Reglamento invocado dice: «Art.- Procedimiento de Inactividad.- La Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá declarar inactiva a una organización bajo su control y supervisión, que no hubiere operado durante dos años consecutivos o más (…).- Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la Resolución que declare la inactividad, las organizaciones deberán justificar documentadamente que se encuentran operando y realizando actividades económicas; esto es, que realizan actividades tendientes a cumplir con el objeto social principal, establecido en su estatuto social; y, que poseen activos registrados a nombre de la organización, de un salario básico unificado o superiores, como consecuencia de la actividad económica que realizan.- Es responsabilidad exclusiva de las organizaciones el documentar la superación de la causal de inactividad, únicamente dentro del plazo anterior. Las declaraciones de impuestos con valores en cero, que las organizaciones realicen ante la autoridad tributaria, no serán suficientes para superar la causal de inactividad.- (…) De no superarse la causal de inactividad, la Superintendencia pondrá en

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conocimiento de los posibles acreedores, a través de una publicación en la prensa, informando que la organización entrará a un proceso de liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días contados a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad (…)”;

Que, el artículo 153 del aludido Reglamento dispone: «Control- El control es la potestad asignada a la Superintendencia, para vigilar el cumplimiento de la ley, este reglamento y las regulaciones, en el ejercicio de las actividades económicas y sociales, por parte de las organizaciones sujetas a la misma. La Superintendencia, ejercerá el control en forma objetiva, profesional e independiente”;

Que, la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT4GS-INSOEPS-INFMR- INGINT-202 0-0657, de 18 de septiembre de 2020, en el artículo 1 dispone: «Ámbito: La presente resolución aplica a las cooperativas y asociaciones de la Economía Popular y Solidaria, en lo sucesivo ‘organización u organizaciones’, sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en adelante ‘Superintendencia'»;

Que, el artículo 6 ibídem dispone: ‘»Liquidación sumaria de oficio o forzosa: La Superintendencia de oficio podrá disponer la disolución y liquidación sumaria en un solo acto de una organización, la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, en cualquiera de los siguientes casos: (…) 3) Si la organización no hubiera superado la causal de inactividad en el plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la resolución que declare dicho estado; en cuyo caso se confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica.- Para este efecto, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores a través de una publicación en la prensa, informando que la organización entrará en liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad. Luego de lo cual se incorporarán en los informes respectivos y en la resolución de extinción, la información presentada producto de la publicación, precisando que los posibles acreedores puedan ejercer sus derechos ante la instancia respectiva»;

Que, el artículo 7 de la referida Norma de Control señala: «Artículo 7.- Procedimiento: La Superintendencia, previa la aprobación de los informes correspondientes, resolverá la disolución y liquidación sumaria de oficio o forzosa de la organización, dispondrá la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes”;

Que, la Disposición General Primera de la Norma citada establece: (…) En las liquidaciones sumarias voluntaria o de oficio o forzosa, no se designará liquidador»;

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Que, mediante Resolución No. SEPS-ROEPS-2014-900435, de 04 de junio de 2014, este Organismo de Control aprobó el estatuto y concedió personalidad jurídica a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL BUEN VIVIR «ASOSENVUR»;

Que, por medio de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF- DNLSNF-2019-031, de 05 de agosto de 2019, conforme lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, este Organismo de Control resolvió declarar inactivas a novecientas cuarenta y un (941) organizaciones de la economía popular y solidaria. En el artículo tercero de la indicada Resolución se dispuso lo siguiente: «(…) Prevenir a los directivos de las organizaciones antes mencionadas que si transcurridos tres meses desde la publicación de la presente Resolución, persisten en la inactividad, la Superintendencia podrá declararlas disueltas y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público, de conformidad con lo que dispone el cuarto inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, por lo cual dentro del plazo anteriormente enunciado deberán presentar los descargos que consideren pertinentes (…)» (énfasis agregado);

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1729, de 28 de agosto de 2019, la Intendencia General Técnica pone en conocimiento de la Intendencia del Sector No Financiero, así como de las Intendencias Zonales, que: «(…) Mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019, cuya copia acompaño, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, declaró inactivas a 941 organizaciones del sector no financiero, de conformidad a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. .- Dentro del marco normativo antes citado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria procedió a publicar la Resolución referida en primer término, en el diario Metro, el 22 y 23 de agosto de 2019, cuya copia adjunto, por tal motivo, solicito que dentro del ámbito de jurisdicción y conforme las disposiciones emitidas por este Organismo de Control, se realice el control y seguimiento de la ejecución del proceso de inactividad de las 941 organizaciones del sector no financiero de la Economía Popular y Solidaria. .- En consecuencia de lo anterior, agradeceré que una vez haya culminado el tiempo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, contado a partir de la mencionada publicación, se sirvan comunicar a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte de las organizaciones a las disposiciones contenidas en la Resolución No. SEPS-IGT- IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019 (…)”;

Que, en el Informe Técnico No. SEPS-ISNF-DNSSNF-2020-11, de 20 de febrero de 2020, la Dirección Nacional de Seguimiento del Sector No Financiero concluye que: «(…) La declaratoria de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019, fue comunicada a las organizaciones a través de la publicación en prensa el 22 y 23 de agosto de 2019, de conformidad con el numeral 1 del artículo 168 del COA (…) Las 69 organizaciones contenidas en el Anexo 1, NO han presentado el

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‘FORMULARIO RENTA SOCIEDADES’ en el SRI de los años 2016 y 2017, información que ha sido corroborada en la página web del SRI https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/#inicio/SOC, dentro del convenio que mantiene la SEPS con el SRI en línea y por la falta de información ingresada a esta Superintendencia referente al tema; por lo que, se encuentran incursas en el numeral 3 del literal e) del Artículo 57 de la LOEPS, concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la misma Ley Orgánica, es decir no han superado la causal de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR- ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019. .- Del levantamiento de información contenida en los anexos 5 y 6, se evidencia que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, NO mantienen activos a su nombre. .- Finalmente, de la consulta de obligaciones con la SEPS y con IESS contenida en el anexo 7, se desprende que las organizaciones referidas en este informe, no mantienen obligaciones pendientes con las citadas entidades. .- E. RECOMENDACIONES: .- Aprobar el presente informe y emitir el acto administrativo que en derecho corresponda, a través del cual se inicie del (sic) proceso de liquidación forzosa sumaria, en el cual se declare la disolución y liquidación de las organizaciones contenidas en el Anexo 1, de conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS que señala: ‘[…]Las cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas: […]e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos: […] 3. La inactividad económica o social por más de dos años […]’; concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la citada Ley, que dispone: ‘[…] Si la inactividad persiste por más de tres meses desde la publicación, la Superintendencia podrá declararla disuelta y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público’; en concordancia con el artículo 5 de la Resolución No. SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 3 de agosto de 2018, (…) «. Entre las organizaciones de la economía popular y solidaria que constan en el Anexo 1, al que se hace referencia, se encuentra la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL BUEN VIVIR «ASOSENVUR», con Registro Único de Contribuyentes No. 1792671035001;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-ISNF-DNSSNF-2020-0268, de 20 de febrero de 2020, la Dirección Nacional de Seguimiento del Sector No Financiero, remite a la Intendencia del Sector No Financiero, el Informe Técnico No. SEPS-ISNF- DNSSNF-2020-11, en el cual esa Dirección recomienda: «(…) el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de 69 organizaciones por no haber superado la declaratoria de inactividad»;

Que, la Intendencia del Sector No Financiero, por medio del Memorando No. SEPS- SGD-ISNF-2020-0285, de 20 de febrero de 2020, remite a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución el Memorando No. SEPS-SGD- ISNF-DNSSNF-2020-0268, contentivo a su vez del Informe Técnico No. SEPS- ISNF-DNSSNF-2020-11, y manifiesta:»(…) la DNSSNF, recomienda iniciar el proceso de liquidación forzosa sumaria de 69 organizaciones por no haber superado la declaratoria de inactividad y no mantener activos y obligaciones pendientes a su nombre. La citada recomendación ha sido acogida por parte de esta Intendencia, por lo cual es puesta en su conocimiento para los fines legales pertinentes”;

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Que, el Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-049, de 16 de abril de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria señala: «(…). 2. ANÁLISIS TÉCNICO: .- La Dirección Nacional (sic) Seguimiento Sector No Financiero, efectuó un análisis de la base de datos de organizaciones, de lo cual recomendó declarar disponer la liquidación forzosa, (…) 2.2. REPORTE DE TRÁMITES: .- Mediante Memorando No. SEPS-SGD-SGE-DNDAN-2020-0478 de 10 de febrero de 2020, la Dirección Nacional de Documentación, Archivo y Notificaciones, pone en conocimiento de la Dirección Nacional Seguimiento Sector No Financiero, el reporte de los trámites ingresados por las organizaciones que fueron declaradas inactivas. Del citado reporte se evidencia que las 69 organizaciones, NO han remitido información referente a la declaratoria de inactividad. (…).- 4. CONCLUSIONES:.- (…) 4.2. En los cortes de información obtenidos de los años 2016 y 2017, las 69 organizaciones no remitieron al Servicio de Rentas Internas, información financiera en la Declaración de Impuesto a la Renta. (…) 4.7. Con fundamento en la normativa expuesta en el presente informe se concluye que 69 organizaciones de la EPS, han incumplido con lo establecido en el marco legal citado de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General; por lo que es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria y la extinción de las organizaciones mencionadas anteriormente. .- 5. RECOMENDACIONES: .- 5.1. Declarar la liquidación forzosa sumaria de 69 organizaciones de la EPS, analizadas en el presente informe técnico, en razón que se encuentran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular (sic) (…); concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Ley, (…), en concordancia con el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento General a la Ley antes citada (…)en vista que no superaron la causal de inactividad, por cuanto no presentaron información financiera de los años 2016 y 2017, además no se evidencia la existencia de activos y actividad económica (…)». Entre las organizaciones de la economía popular y solidaria a las que se hace referencia, se encuentra la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL BUEN VIVIR «ASOSENVUR», con Registro Único de Contribuyentes No. 1792671035001;

Que, por medio del Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNILO-2020-0360, de 21 de abril de 2020, la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria puso en conocimiento de la intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-049, «(…) en el cual se establece la liquidación forzosa sumaria de 69 organizaciones de la economía popular y solidaria declaradas inactivas, en razón que se encuentran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular (sic) (…) ;concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Ley, (…) en concordancia con el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento General a la Ley antes citada y el artículo 5 del Procedimiento para las liquidaciones sumarias de las organizaciones sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, contenido en la Resolución No. SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 03 de agosto de 2018, en razón que no superaron la causal de inactividad, por cuanto no presentaron información

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financiera de los años 2016 y 2017, además no se evidencia la existencia de activos y actividad económica (…)”;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-0373, de 22 de abril de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución: «(…) establece la liquidación forzosa sumaria de 69 organizaciones de la economía popular y solidaria, declaradas inactivas, en razón que se encuentran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57 déla Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, (…),concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Ley (…), en concordancia con el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento General a la Ley antes citada; y, el artículo 5 del Procedimiento para las liquidaciones sumarias de las organizaciones sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, contenido en la Resolución No. SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 03 de agosto de 2018, en razón que no superaron la causal de inactividad, por cuanto no presentaron información financiera de los años 2016 y 2017, además no se evidencia la existencia de activos y actividad económica (…)». Entre las organizaciones de la economía popular y solidaria a las que se hace referencia, se encuentra la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL BUEN VIVIR ‘ASOSENVUR», con Registro Único de Contribuyentes No. 1792671035001;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1866, de 16 de septiembre de 2020, desde el punto de vista jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el respectivo informe;

Que, consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que, respecto del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ- 2020-1866, el 16 de septiembre de 2020 la Intendencia General Técnica emitió su proceder para continuar con el proceso referido;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-2221, de 10 de diciembre de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución señala: «(…) debo indicar que se realizó la publicación de llamamiento a posibles acreedores en Diario «Metro» de circulación nacional, el 18 de noviembre de 2020, la misma que adjunto.- En ese sentido, ante el referido llamado debo comunicar que no se ha registrado ingreso documental u oficio alguno, ante posibles acreencias, de ninguna de las sesenta y nueve (69) organizaciones, por lo que solicito se sirva continuar con la elaboración de las respectivas resoluciones de disolución y liquidación sumaria de oficio o forzosa”;

Que, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedido mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGG-IGJ-037, de 21 de octubre de 2019, el Intendente General Técnico tiene entre sus atribuciones y responsabilidades el suscribir las resoluciones de liquidación y extinción de las organizaciones controladas; y,

Que, conforme consta en la Acción de Personal No. 733, de 25 de junio de 2018, el Intendente General de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía

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Popular y Solidaria, nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina Pazos Chimbo.

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL BUEN VIVIR «ASOSENVUR», con Registro Único de Contribuyentes No. 1792671035001, domiciliada en el cantón Quito, provincia de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, literal e) numeral 3; y, 58, cuarto inciso, de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en concordancia con el artículo 14 ibídem y primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 de su Reglamento General; así como de los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS- IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL BUEN VIVIR «ASOSENVUR», con Registro Único de Contribuyentes No. 1792671035001, extinguida de pleno derecho conforme al primer artículo innumerado a continuación del 64 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en concordancia con los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cancelación del registro de la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL BUEN VIVIR «ASOSENVUR».

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica y Social con la presente Resolución para que proceda a retirar a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL BUEN VIVIR «ASOSENVUR» del registro correspondiente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer que la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional de esta Superintendencia, publique un extracto de la presente Resolución en un periódico de amplia circulación nacional y/o del domicilio de la organización; y, en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

SEGUNDA.- Los posibles acreedores podrán ejercer sus derechos ante la instancia respectiva, sin perjuicio de la publicación por la prensa previamente realizada por esta

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Superintendencia, con el fin de poner en su conocimiento que la organización entraría en un proceso de liquidación sumaria; de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 6 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR- INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020.

TERCERA.- Disponer a la Secretaria General de esta Superintendencia sentar la razón respectiva del presente acto administrativo en la Resolución No. SEPS-ROEPS-2014- 900435; y, la publicación de esta Resolución en el Registro Oficial, así como su inscripción en los registros correspondientes.

CUARTA,- Notificar con la presente Resolución al Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Registro de la Propiedad respectivo, para los fines legales pertinentes.

QUINTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución ponga en conocimiento de la Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y Coactivas e Intendencia Nacional Administrativa Financiera, el contenido de la presente Resolución para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.

SEXTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación. De su cumplimiento encárguese a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.-

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Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 9 días del mes de junio de 2021.

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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN

CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente al coronavirus COVID-19 como una pandemia a nivel mundial; mientras que, en el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 160 de 12 de marzo de 2020 declaró el estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, como consecuencia de la pandemia ocasionado por el COVID-19.

El Dictamen de Constitucionalidad No. 5-20-EE/20, que corresponde al Decreto Ejecutivo No. 1126, expedido por el Presidente de la República el 14 de agosto de 2020, dispuso la renovación del Estado de Excepción, y la Corte Constitucional consideró algunas medidas, en mérito a que en atención a declaraciones de representantes de la OMS, las probabilidades de que el COVED-19 desaparezca y, en consecuencia, el mundo retorne a la situación de normalidad previa a su aparición, es baja; la Corte Constitucional como paite del control material ba dictaminado que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (en adelante GADM) regulen el consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos o en establecimientos y eventos de concurrencia masiva.

Es así que los GADM, que tienen pleno reconocimiento Constitucional de su Autonomía: política, administrativa y financiera y sobre estas tienen atribuciones dentro de sus jurisdicciones territoriales, así como se dispone el artículo 434.1 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización de prohibir el consumo de sustancias sujetas a fiscalización en los espacios públicos o en establecimientos y eventos de concurrencia masiva, según lo regulado por la ordenanza municipal o metropolitana que se emita para el efecto, bajo los lincamientos emitidos por la entidad rectora en materia de seguridad ciudadana, protección interna y orden público y/o por la entidad rectora en materia de salud pública; debiendo establecer sanciones como multas, trabajo comunitario u otras de carácter administrativo, según lo previsto en este Código, siendo de vital importancia que los GADM coadyuven al retorno al régimen ordinario que involucra desarrollar e incorporar herramientas para enfrentar, a partir de los cauces regulares, la crisis. Es decir, crear una transición en la que se creen las condiciones para poder manejar la nueva normalidad por los cauces ordinarios.

En ese sentido y en consideración a que la Corte Constitucional se constituye en el máximo intérprete de la Constitución, el Concejo Municipal adecuando formal y materialmente las ordenanzas a los derechos contenidos en la Constitución y Tratados y Convenios Internacionales, expide la Ordenanza que reglamenta el ámbito sobre la regulación del consumo de bebidas alcohólicas dentro de la jurisdicción del Cantón, como parte de la planificación para el desarrollo de los mecanismos ordinarios establecidos en el marco jurídico ecuatoriano encaminando acciones para reducir los efectos de la pandemia COVED 19, dada la necesidad de establecer un régimen de

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transición hacia la «nueva normalidad; y, en mérito a que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón ha sido adecuado a la pandemia, y con el fin de mitigar un posible contagio masivo en la población.

Por ello es necesario que la legislación cantonal garantice los derechos a la salud, vida digna e integridad de la población; es así que todas las instituciones y Funciones del Estado, así como los GADM y los distintos niveles de gobierno, tienen la obligación constitucional de instituir y promover coordinada y responsablemente herramientas idóneas para que el régimen ordinario asuma la gestión de la pandemia a la luz del principio de juridicidad consagrado en el artículo 226 del Texto Supremo.

Para lo cual el GADM deberá tomar las medidas de bioseguridad correspondientes para controlar el riesgo de contagio, a fin de minimizarlo, mismo que deberá estar acorde con las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud para reducir los riesgos de contagio por COVID-19 y adecuarlo a la realidad del cantón.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN CORONEL MARCELINO

MARIDUEÑA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir;

Que, de conformidad, con el artículo 30 de la Constitución, las personas tienen derecho a vivir en un hábitat seguro y saludable, en concordancia con el inciso primero artículo 32 ibídem, que dispone que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos entre ellos el agua y aquellos que sustentan el buen vivir;

Que, el artículo 46 de la Constitución dispone que el estado adoptará las medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes la prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo;

Que, de conformidad con el artículo 83 de la Constitución, son deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente;

Que, el artículo 84 de la Constitución dispone que: «(…) todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los quesean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidad (…)»;

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Que, los numerales 2 y 4 del artículo 225 de la Constitución dispone que el sector público comprende: «2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. (…) 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos»;

Que, el artículo 238 de la Constitución dispone que: «Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana (…);

Que, el artículo 240 de la Constitución atribuye al concejo municipal el ejercicio de la facultad legislativa cantonal que la ejerce a través de ordenanzas, expedidas en el ámbito de sus competencias y jurisdicción; lo que guarda concordancia con lo que dispone el artículo 7 del COOTAD;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 numeral 2 de la Constitución, es competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;

Que, el artículo 277 de la Constitución dispone que para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado generar y ejecutar las políticas públicas y controlar y sancionar su incumplimiento;

Que, el artículo 389 de la Constitución dispone que: «El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad (…) 3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión. 4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos (…)»;

Que, el artículo 390 de la Constitución dispone: «Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad»;

Que, el artículo 4 literal f del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (en adelante COOTAD), determina como fin de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) la obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos;

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Que, el artículo 54 literal p del COOTAD dispone como función del GAD Municipal: «Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad»;

Que, el artículo 434.1 del COOTAD dispone que: «Se prohíbe el consumo de sustancias sujetas a fiscalización en los espacios públicos o en establecimientos y eventos de concurrencia masiva, según lo regulado por la ordenanza municipal o metropolitana que se emita para el efecto, bajo los lincamientos emitidos por la entidad rectora en materia de seguridad ciudadana, protección interna y orden público y/o por la entidad rectora en materia de salud pública; debiendo establecer sanciones como multas, trabajo comunitario u otras de carácter administrativo, según lo previsto en este Código»;

Que, el artículo 38 de la Ley Orgánica de Salud dispone que: «Declárese como problema de salud pública al consumo de tabaco y al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico.

Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos competentes, adoptar medidas para evitar el consumo del tabaco y de bebidas alcohólicas, en todas sus formas, así como dotar a la población de un ambiente saludable, para promover y apoyar el abandono de estos hábitos perjudiciales para la salud humana, individual y colectiva»;

Que, el artículo 50 ibídem dispone que: «Salvo en los actos autorizados por la autoridad competente, se prohíbe consumir bebidas alcohólicas y de moderación, en instituciones públicas, establecimientos educativos, sean públicos o privados, servicios de salud, lugares de trabajo, medios de transporte colectivo, salas de cine y teatro, y otros espacios que se definan en los reglamentos correspondientes emitidos por la autoridad sanitaria nacional. En estos establecimientos se colocarán advertencias visibles que indiquen la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas»;

Que, el artículo 6 numeral 1 de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, establece que toda bebida con contenido alcohólico está catalogada como sustancia sujeta a fiscalización;

Que, mediante Resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional de fecha 14 de agosto de 2020, resolvió que se prohíbe la venta de licor de viernes a domingo, con excepción de resta mantés de la categoría 4 autorizados por el Ministerio de Gobierno, y turísticos autorizados por Ministerio de Turismo, se permitirá únicamente como bebida de acompañamiento;

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Que, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador en uso de su competencia para conocer y resolver el decreto de renovación del estado de excepción, mediante dictamen No. 5-20-EE/20, de fecha lunes 24 de agosto del 2020 declaró la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nro. 1126, de fecha 14 de agosto del 2020, y señala que no es admisible una nueva declaratoria de excepción sobre los mismos hechos;

Que, el Dictamen No. 5-20 EE/20 de la Corte Constitucional del Ecuador, emitido el 24 de agosto de 2020, en el marco de las medidas implementadas para enfrentar el COVID-19, establece que: «Acerca de la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas en determinadas franjas horarias o en ciertos días, vale señalar que el artículo 434.1 del COOTAD, determina, en su parte pertinente, que, mediante ordenanza, se regulará el consumo de sustancias sujetas a fiscalización en espacios públicos o en establecimientos y eventos de concurrencia masiva (…)», «por lo que los GADs municipales podrían regular el consumo en los lugares indicados»;

Que, para los establecimientos de bebidas categorizados como restaurantes y cafeterías deberán determinar los lincamientos de referencia para el uso de equipos de protección personal, medidas de prevención y a fin de fortalecer la bioseguridad y medidas sanitarias para usuarios internos y externos; previo a que estos establecimientos re-inicien su actividad económica, cuando las mismas sea debidamente autorizadas por los Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonales, según las disposiciones del COE Nacional.

De conformidad a lo dispuesto en el último inciso del artículo 264 de la Constitución, concordante con el literal a del artículo 57 del COOTAD.

EXPIDE:

La siguiente: ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL CANTÓN CORONEL MARCELINO MARTDUEÑA

Artículo 1.- Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular, dentro del ámbito de competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Coronel Marcelino Maridueña, el expendio de bebidas alcohólicas, en el marco del manejo de la pandemia de COVED-19 en el territorio cantonal y en acatamiento de los lincamientos otorgados por el Comité de Operaciones de Emergencia.

Artículo 2.- Principios.- La presente Ordenanza, se rige por los principios de celeridad, eficiencia, eficacia, proporcionalidad, solidaridad, legalidad, coordinación, buena administración; y, armonía dentro del territorio del cantón Coronel Marcelino Maridueña.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza son de cumplimiento obligatorio para los residentes en el cantón Coronel

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Marcelino Maridueña, así como también para transeúntes y quienes expendan, usen o consuman bebidas alcohólicas, de conformidad con lo establecido en la misma.

Artículo 4.- Prohibición de expendio de bebidas alcohólicas.- Se prohíbe la venta distribución, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos del cantón Coronel Marcelino Maridueña durante las 24 horas del día, para lo cual se observará lo establecido en el artículo 417 del Código Orgánico de Organización Territorial Administración y Descentralización, COOTAD referente a espacios públicos.

Artículo 5.- Del expendio de bebidas alcohólicas.- El expendio de bebidas alcohólicas estará a lo dispuesto en la franja horaria establecida por el COE cantonal y COE Nacional.

CAPÍTULO II

PROTOCOLO MÍNIMO DE BIO-SEGURIDAD

Artículo 6.- Protocolo de bio-seguridad.- Los locales del cantón Coronel Marcelino Maridueña, que se dediquen al expendio de bebidas alcohólicas para llevar que cuenten con los permisos de funcionamiento y a disposición de la autoridad de control competente cuando les sean requeridos, estarán a lo dispuesto en la presente Ordenanza, así como también acatarán las disposiciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y observarán los siguientes parámetros preventivos de bioseguridad:

1. De manera obligatoria deberán contar con gel desinfectante al 70% o alcohol que deberá proveer al cliente al ingreso de las instalaciones, así como posteriormente a realizada la compra.
2. Provisionar rejilla de desinfección de plantillas de calzado con líquido desinfectante a la entrada del local.
3. Previo el acceso de personal externo a las instalaciones, exigir la colocación de mascarillas adecuadamente.
4. Colocar señalética correspondiente que delimite esta obligación y respetar la distancia mínima de dos metros entre compradores y vendedores; en caso de que no sea cumplida, se impedirá el ingreso al establecimiento.

5) El ingreso de los clientes o compradores se deberá realizar de manera ordenada y sin aglomeraciones.

6. Las normas de seguridad deberán ser ubicados en sitios visibles para conocimiento del personal de la planta y personal ajeno a ella
7. Disponer obligatoriamente con un programa de control y aseguramiento de la inocuidad, el cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de manipulación, desde la adquisición hasta la comercialización final del producto
8. La administración del establecimiento es la responsable de la supervisión, control y aseguramiento de las medidas de bioseguridad descritas en esta Ordenanza y las expedidas por el COE Nacional

Artículo 7.- De la limpieza y desinfección.- Se debe mantener la limpieza y desinfección en toda el área del establecimiento y este procedimiento debe

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ejecutarse al iniciar y al finalizar la jornada laboral, y si fuese necesario en algunos casos durante el mismo proceso de atención a los clientes y se observará:

1. Los procedimientos de limpieza y desinfección deben incluir cuando menos una combinación de métodos físicos y químicos para limpiar las superficies, refregar, cepillar y desinfectar.
2. Al manipular los productos de limpieza se debe considerar las recomendaciones de uso del fabricante, para lo cual se debe revisar detalladamente la etiqueta del producto.

CAPITULO III

DEL CONTROL, INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 8.- Del control.- El control e inspección del cumplimiento de las disposiciones de la presente Ordenanza se llevará a cabo tanto en los sitios, locales o establecimientos en los cuales se desarrollen las actividades económicas permitidas, así como en el espacio público, mediante inspecciones aleatorias a cargo de la Comisaría Municipal responsable del control en el cantón con la asistencia de los agentes de control municipal y sin perjuicio de las inspecciones que efectúen las entidades responsables de la cultura, seguridad, gobernanza o el Cuerpo de Bomberos en el ámbito de cada una de sus competencias.

Artículo 9.- De las infracciones.- Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones que vulneren las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza.

Artículo 10.- De las sanciones.- Las personas naturales y los propietarios de establecimientos comerciales que incumplan las disposiciones de la presente Ordenanza y por tanto incurran en sanciones administrativas serán sancionados con una multa que podrá ir desde el diez (10%) al treinta por ciento (30%) de un salario básico unificado y su reincidencia podrá sancionarse con el cierre del establecimiento.

El Agente Resolutor Municipal o quien haga sus veces, observará el principio de proporcionalidad entre la infracción y la sanción efectivamente aplicada.

Artículo 11.- De la potestad sancionadora.- La Comisaría Municipal, dependencia encargada del control en el cantón será la responsable de hacer cumplir las disposiciones de la presente Ordenanza, en el marco de sus competencias, así como de sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores a los que haya lugar.

En caso de verificarse incumplimiento a las disposiciones de la presente Ordenanza, el órgano municipal competente emitirá un informe que será trasladado a la entidad municipal encargada del control en el cantón para el inicio del respectivo procedimiento administrativo sancionador.

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Artículo 12.- Procedimiento Administrativo Sancionador- Para el procedimiento administrativo sancionador se observara’ lo dispuesto en la Constitución, en el Código Orgánico Administrativo y en la normativa propia del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Coronel Marcelino Mari dueña que le sea aplicable, salvaguardando las garantías básicas del debido proceso.

Artículo 13.- De las infracciones y sanciones a los ciudadanos.- Los ciudadanos que sean sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas por parte de los Agentes de la Policía Nacional, y Agentes de Tránsito serán compelidos a retirarse inmediatamente del lugar. Si no hicieren caso a esta advertencia serán sujetos del procedimiento sancionador establecido en la presente Ordenanza y se les aplicarán según el caso, las siguientes sanciones:

a. Con la prestación de 20 horas de servicio comunitario. La reincidencia se sancionará con el doble de horas de servicio comunitario;

b. En caso de no acatar la solicitud de los Agentes de la Policía Nacional o Agentes de Tránsito Municipal de, con una multa equivalente a un Salario Básico Unificado (SBU);

c. Confiscación de las bebidas alcohólicas;

d. Para los adolescentes infractores, el trámite de juzgamiento se sujetará a lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente;

e. El Comisario Municipal llevará a cabo la sustanciación del correspondiente procedimiento administrativo sancionador, identificando al infractor y determinando con precisión las circunstancias en las cuales se cometió la infracción, para lo cual se levantará un parte en el que se podrán adjuntar fotografías, videos o cualquier otro medio material que permita constatar el cometimiento de la infracción.

f. Una vez notificado el ciudadano del cometimiento de la infracción, podrá impugnar la misma en el término de tres días, de no hacerlo se considerará como aceptación a la misma, debiendo pagar la correspondiente multa dentro del plazo de 30 días en la cuenta corriente del GAD Municipal que se haya fijado para este fin.

g. De presentarse la impugnación, se seguirán los procedimientos correspondientes establecidos en el Código Orgánico Administrativo.

Artículo 14.- Destino de lo recaudado por concepto de multas.- Los valores recaudados por concepto de multas que se impongan por incumplimiento de las disposiciones de la presente ordenanza, serán destinadas a financiar acciones de seguridad sanitaria y prevención del contagio del COVID19, para lo cual, también se podrá coordinar con las diferentes unidades municipales e instituciones públicas y privadas de interés social y sin fines de lucro.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Las disposiciones de la presente Ordenanza se expiden sin perjuicio de las medidas de emergencia adoptadas por otros niveles de gobierno en relación con la pandemia del COVID-19 en el país.

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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA: Deróguese toda norma, disposición o resolución de igual o menor rango, que se contraponga al presente cuerpo normativo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir el día siguiente de su sanción.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Coronel Marcelino Maridueña, a los diez días del mes de septiembre del 2020.

CERTIFICO: Que la presente «ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL CANTÓN CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA», fue discutida y aprobada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, de Crnel. Marcelino Maridueña, en sesión extraordinaria celebrada el miércoles 9 de septiembre y 10 de septiembre del 2020, en primero y segundo debate respectivamente.-

Crnel. Marcelino Maridueña, 11 de septiembre del 2020.

De conformidad con lo previsto en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización SANCIONÓ, la presente «ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL CANTÓN CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA», y ordena su promulgación a través de su publicación en el Registro Oficial, la Gaceta municipal y página web de la institución.

Crnel. Marcelino Maridueña, 11 de septiembre del 2020.

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«ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL CANTÓN CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA»

Sancionó y ordenó la promulgación y su publicación en el Registro Oficial, la Gaceta Municipal y página web de la institución, la presente «ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL CANTÓN CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA», el señor Ab. Pedro Antonio Orellana Ortiz, Alcalde de Cruel. Marcelino Maridueña, a los once días del mes de septiembre del dos mil veinte. Lo certifico.-

Crnel. Marcelino Maridueña, 11 de septiembre del 2020.

Ab. Sara Vera de Caicedo

SECRETARIA DE CONCEJO

RAZÓN: Siento como tal que debido a la emergencia Sanitaria por la Pandemia del COVID 19, la presente, «ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO DE BEBH)AS ALCOHÓLICAS EN EL CANTÓN CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA»,no pudo ser enviada para su publicación en el Registro Oficial en la fecha de su aprobación, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo que determina el Art. 324 del COOTAD, y en razón de que el sistema Automatizado de la Corte Constitucional implementado para la Publicación de los Actos normativos, exige el uso de la firma electrónica , se deja constancia que la presente Ordenanza tiene vigencia desde la fecha de su aprobación.- Lo certifico.-

Ab. Sara Inés Vera Gorotiza SECRETARIA DE CONCEJO

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Crnel, Marcelino Maridueña, 08 de junio del 2021

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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACARÁ

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los pueblos y comunidades a lo largo y ancho de la Patria, deben distinguirse por ese espíritu de superación y desarrollo en todas las facetas del convivir.

Una de las manifestaciones culturales es la organización social, política y administrativa de los distintos sectores que impulsan las actividades cotidianas.

Es de comprender la gran importancia que tienen las ciudades en su organización y estructura de identificación de direcciones domiciliarias, de instituciones públicas, privadas de carácter educativo, social, religioso, de parques, plazas, iglesias, escalinatas, mercados, etc.

Esa es la identificación que en nuestra ciudad se halla inconclusa desde 1982, en que se plasmó una nomenclatura, sin contar con los recursos y medios tanto económicos como tecnológicos, pero si con una profunda buena voluntad y colaboración de la juventud macarena Marista específicamente.

Al momento, por el mismo hecho de haberse producido una expansión considerable por los cuatro pinitos cardinales de la ciudad de Macará e indudablemente existir la necesidad de apertura de vías que permitan mía conectividad adecuada de la población y visitantes, urge completar la NOMENCLATURA y establecer la identificación de calles a lo largo y ancho del Cantón, para lo cual se ha estructurado un equipo adecuado de autoridades y funcionarios municipales para cumplir con este objetivo.

Es necesario destacar que, para hacer la nominación de calles se lian escogido personajes importantes y de relevancia o que se han destacado en los diferentes ámbitos del desarrollo de nuestra comunidad y que a su paso por la vida han dejado un legado de ejemplo; así también de ciudades, fechas importantes, animales o plantas que han dado identidad a la ciudad y cantón.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 21 de la Constitución de la República, establece: «Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución.»

Que, el artículo 23 de la Constitución de la República, señala: «Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio

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público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.

Que, el artículo 31 de la Caita Magna, establece «Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de susteiitabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.»

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señala: «Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;

Que, frente al crecimiento de la ciudad, es importante reglamentar la denominación de pasajes, calles, avenidas, plazas, plazoletas y parques de la ciudad de MACARA.

Que, es deber de la Municipalidad perpetuar y rendir homenaje a personajes ilustres hombres y mujeres que fueron ejemplo y orgullo en nuestro cantón, provincia y país; así como reflejar nombres que identifiquen la cultura, la historia, el arte, la música, la educación y otros elementos que forman parte de nuestra cultura ecuatoriana.

Que, es necesario que todas las calles estén debidamente identificadas con nombres, conservando todos aquellos nombres que se han dado a las diferentes calles, avenidas, plazas, plazoletas y parques de la ciudad en forma reglamentada y legal.

Que, el establecimiento de ejes permitiría el desarrollo ordenado de la ciudad, pues a partir de éstos se fijará la dirección de las nuevas avenidas o calles dentro del perímetro urbano.

En uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 7, Artículo 57 literal a) del COOTAD, expide la siguiente:

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA

LA DENOMINACIÓN Y ROTULACIÓN DE CALLES, ESCALINATAS, PLAZAS,

VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN MACARÁ

CAPÍTULO I

METODOLOGÍA.

Artículo 1.-Identificación de los ejes principales longitudinales y transversales urbanos.

La identificación de los ejes principales se realiza sobre la base de los siguientes conceptos:

1. Se identificará como eje longitudinal a todas las calles y avenidas ubicadas de norte a sur, mediante Tina línea imaginaria hasta cuando éstas empaten a un eje transversal.
2. Se identificará como eje transversal a todas las calles y avenidas ubicadas de este a oeste, mediante una línea imaginaria hasta empatar» con el eje longitudinal

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Artículo 2.- Asignación de nomenclatura.

Para asignar los nombres a calles así, como: plazas, coliseos, mercados, parques, escalinatas, cementerios, barrios, comunidades y otros se creará una COMISIÓN ESPECIAL DE NOMENCLATURA Y NOMINACIÓN, integrada por:

• El Alcalde o Alcaldesa o su delegado,

• Un Concejal, designado por el Concejo,
• Un Concejal, designado por el Alcalde,
• El Procurador Síndico, que hará las veces de secretario

Además, integrará la Comisión:

• El Director del Departamento de Planificación,
• El Jefe de Tránsito Municipal.

Estos dos últimos tendrán derecho a voz, pero no a voto.

Cuando sea necesario asignar nombres, se reunirán y resolverán la denominación de la nueva propuesta, para lo cual elaborarán un informe para el análisis y la aprobación por parte del Concejo Municipal.

Artículo 3.- Para asignar la nomenclatura en zonas urbanas o rurales del Cantón Macará, se considerará los siguientes aspectos:

1. Toda vía será designada con un nombre aprobado por el Concejo Cantonal.
2. No podrá haber dos vías urbanas o inmuebles municipales con el mismo nombre.
3. Toda vía pública o inmueble podrá ser designado por un nombre determinado, siempre y cuando el mismo sea/ apropiado y no vaya en contra de la ley, las buenas costumbres, la historia y la cultura de nuestro pueblo y comunidades.
4. Con carácter general deberán respetarse las denominaciones originarias de la NOMENCLATURA de las vías públicas o inmuebles municipales.
5. Los nombres de las vías deben tener mi carácter homogéneo, es decir las vías de mía misma zona deben tener nombres afines.
6. Se podrá conceder la dedicatoria con el nombre de mía vía pública a:

• Personajes ilustres locales, nacionales o extranjeros que se hayan destacado por servicios sociales, académicos, tísicos, en beneficio del cantón, provincia, país y mundo entero.
• Localidades
• Provincias
• Parroquias
• Ciudades
• Países
• Plantas y animales

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• Fechas Cívicas
• Oficios

Artículo 4.- Creación de Archivo Biográfico:

Crear un Archivo Biográfico de todas las personalidades que a través de su vida han aportado al desarrollo de Macará en los diferentes ámbitos del convivir ciudadano en forma positiva, constituyéndose en ejemplo para las presentes y futuras generaciones.

Este archivo permitirá elaborar un registro histórico que coadyuve a fortalecer la conciencia moral y cívica del pueblo Macareno.

Artículo 5.

Cuando la asamblea general legal o legítima de mi barrio, lotización o comunidad hubiese asignado nombres a las calles de su lugar’ o sector, la Comisión Especial de Nomenclatura y Nominación, emitirá el informe respectivo al Concejo Municipal para su análisis. A este informe que contenga la denominación propuesta se lo podrá aceptar o reformar con otros nombres.

Artículo 6.

Para cambiar los nombres a calles, barrios, parques, entre otros espacios públicos, la Comisión Especial de Nomenclatura y Nominación, convocará a mía sola asamblea a los residentes en la calle y barrio que se vea involucrado y lo resuelto en dicha asamblea será puesto en conocimiento del Concejo Municipal por parte de la Comisión Especial de Nomenclatura y Nominación, para el análisis y resolución correspondiente.

Artículo 7.

La nomenclatura de las calles y centros poblados de las parroquias rurales, igualmente lo establecerá la Comisión Especial de Nomenclatura y Nominación, previo informe del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial respectivo, quien sugerirá la nomenclatura.

Artículo 8.

La Dirección de Planificación informará a la Comisión Especial de Nomenclatura y Nominación, la falta de nombres de plazas, coliseos, mercados, parques, cementerios, calles, barrios, comunidades y otros, para que la Comisión, sugiera la denominación al Concejo Municipal.

Artículo 9.

La Comisión Especial informará al Concejo Municipal el establecimiento de la nomenclatura de las calles, dentro del plazo de quince días contados a partir de la resolución de establecimiento de la nomenclatura.

Artículo 10.

Se conservará la nomenclatura de las calles, avenidas, plazas, plazoletas, parques, barrios y comunidades del cantón Macará, que se han identificado hasta el momento.

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CAPÍTULO II

LINEAMIENTOS TÉCNICOS

Artículo 11.- ÁMBITO.

Las disposiciones de esta ordenanza se aplicarán dentro del perímetro Urbano y Rural del cantón Macará de acuerdo a la zonificación y planificación legalmente aprobada por el Concejo Municipal.

Artículo 12.- UBICACIÓN DE PLACAS.

La fijación de placas de identificación vial se liará sobre la base de los estudios de la Dirección de Planificación. En las calles longitudinales y transversales, de ser posible se instalarán las placas viales en parantes a una altura mínima de 2.50 metros, o en espacios adecuados, para lograr la mejor identificación tanto de peatones como de conductores de vehículos, cumpliendo para el efecto las normas técnicas vigentes en el país.

Para la ubicación de la identificación de calles y avenidas se utilizará las paredes en casas esquineras que señalen las dos vías.

Artículo 13. NOMENCLATURA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE MACARÁ, POR BARRIOS.

Para la nominación de calles y avenidas, se procederá a escoger nombres de personas en forma minuciosa, que justifique con la presentación de una biografía que será analizada por la comisión. De no cumplir con este requerimiento el nombre de la persona sugerida no será considerado y tampoco se tomará en cuenta para el reconocimiento.

Artículo 14.

PROHIBICIÓN EN MONUMENTOS.- Se prohíbe la colocación de placas en monumentos o elementos aislados, como cruces, piletas, postes de luz, estatuas o paramentos de fachadas de especial valor arquitectónico (fachadas de piedra labrada y mármol).

CAPÍTULO III

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 15.

El/la director/a de Planificación será el responsable del diseño de toda clase de placas de nomenclatura e identificación, así como resolver las cuestiones especiales.

Artículo 16.

El Comisario Municipal controlará mediante recorridos periódicos el cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y aplicará una multa equivalente al costo de cada placa predial o vial, incluido el valor de la instalación más el 15% de una remuneración básica unificada, a los propietarios de los predios que no conserven en buen estado y/o alteren la placa de nomenclatura y numeración. En caso de reincidencia se aplicará el doble de la multa prevista en este artículo. En caso de que no se descubra al autor, se le cobrará al propietario del predio el costo de cada placa más los gastos de instalación.

El Comisario deberá observar el debido proceso constitucional para la aplicación de las sanciones para disponer la sanción, adjuntará mi informe escrito y fotográfico del suceso.

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El Comisario citará al presunto infractor corriéndole traslado el informe por tres días y señalando día, hora y lugar para la audiencia de juzgamiento. En caso de no asistencia se le deberá juzgar por rebeldía sin excepción alguna. En caso de duda para la sustentación se aplicará lo dispuesto en el COOTAD.

Art. 17.- INFRACCIÓN FLAGRANTE.

En caso de descubrirse en infracción flagrante al autor, el Comisario Municipal lo sancionará en ese instante.

Artículo 18.

Luego de transcurridos 60 días de ser aprobada mía urbanización, el Alcalde dispondrá que la Comisión Especial de Nomenclatura y Nominación proceda a realizar el estudio e informe para nominar las calles y demás espacios públicos, que será aprobado por el Concejo Municipal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Para dar a conocer el Sistema de Nomenclatura vigente se procederá en forma inmediata a difundir por todos los medios de comunicación de la localidad., las características del nuevo sistema de codificación.

SEGUNDA.- El proceso de nomenclatura en los sectores que no cuentan con la misma, será ordenado y progresivo, para lo cual la Dirección de Planificación elaborará un cronograma de intervención de acuerdo a las necesidades prioritarias de rotulación.

TERCERA.-Se deroga toda ordenanza o norma que se contraponga con la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la aprobación por parte del Concejo Municipal y la correspondiente sanción del Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Macará, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y en la página web de la institución

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Macará, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil veintiuno.

SECRETARÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACARÁ.- Que la «ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA DENOMINACIÓN Y ROTULACIÓN DE CALLES,

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ESCALINATAS, PLAZAS, VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN MACARA», fue conocida, discutida y aprobada por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Macará, en dos debates realizados en sesiones ordinarias de fecha 02 y 16 de junio de 2021, de conformidad con lo que establece el artículo 322, inciso tercero del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACARÁ

SECRETARÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACARA.- Macará, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil veintiuno, a las 15h00, conforme lo dispone el Art. 322 inciso tercero del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se remite la presente «ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA DENOMINACIÓN Y ROTULACIÓN DE CALLES, ESCALINATAS, PLAZAS, VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN MACARÁ», Al señor Alcalde del Cantón Macará, Dr. Alfredo Suquilanda Valdivieso MSc. para su sanción en dos ejemplares, en vista de haberse cumplido con los requisitos legales correspondientes.

Macará, 17 de junio de 2021

Abg. Edwin Geovanny Jaramillo Loaiza

SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACARÁ

ALCALDÍA DEL CANTÓN MACARÁ.- SANCIÓN.- Macará, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil veintiuno, a las 17h00, en uso de la facultad que me confiere el Art. 322. inciso cuarto del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO favorable la «ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA DENOMINACIÓN Y ROTULACIÓN DE CALLES, ESCALINATAS, PLAZAS, VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN MACARÁ» Procédase de conformidad con lo que establece la ley.

Macará 25 de junio de 2021

Registro Oficial N° 499 Miércoles 21 de julio de 2021

ALCALDÍA DEL CANTÓN MACARÁ.- PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.-Macara, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil veintiuno, siendo las 17h30, en uso de la facultad que me confiere el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, autorizo la promulgación de la «ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA DENOMINACIÓN Y ROTULACIÓN DE CALLES, ESCALINATAS, PLAZAS, VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN MACARÁ» Publíquese la Ordenanza en el Registro Oficial del Ecuador.

Dr. Alfredo Eduardo Suquilanda Valdivieso MSc.

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACARÁ

SECRETARÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACARA.- Macará, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil veintiuno, a las 18h00.- Proveyó y firmó los decretos que anteceden el Dr. Alfredo Eduardo Suquilanda Valdivieso MSc, Alcalde del Cantón Macará. Lo Certifico.-

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