Registro Oficial No.479- Miércoles 01 de mayo de 2019

mayo 1, 2019

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés Presidente Constitucional de la República del Ecuador Miércoles 01 de mayo de 2019 (R. O.479, 01–mayo -2019) Año II – Nº 479 Quito, miércoles 1º de mayo de 2019 SUMARIO: Págs. FUNCIÓN EJECUTIVA ACUERDO: SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO – INMOBILIAR: INMOBILAR-DGSGI-2018-0007 Apruébese la actualización del […]

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 01 de mayo de 2019 (R. O.479, 01–mayo -2019)

Año II – Nº 479

Quito, miércoles 1º de mayo de 2019

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDO:

SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA

DEL SECTOR PÚBLICO – INMOBILIAR:

INMOBILAR-DGSGI-2018-0007 Apruébese la actualización del Manual de Procesos Versión 3.0 de – INMOBILIAR emitido el año 2016

ACUERDO INTERMINISTERIAL

MINISTERIOS DEL INTERIOR

Y DE TURISMO:

0006 Amplíese a nivel nacional, el horario de funcionamiento y permítese el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos y locales sujetos al control del Ministerio de Turismo y del Ministerio del Interior

RESOLUCIONES:

COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR:

007-2019 Refórmese el Arancel del Ecuador, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 63 de 23 de agosto de 2017

008-2019 Apruébese el «Formulario para la importación de medicamentos» emitido por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)

009-2019 Expídese el «Reglamento para la administración de los contingentes consolidados en el Marco del Protocolo de Adhesión del Ecuador a la Organización Mundial del Comercio (OMC

INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA:

108-IEPS-2018 Apruébese la reforma presupuestaria contenida en el Informe Técnico Financiero No. IEPS-DAF-2018-039-A de 12 de diciembre de 2018

006-IEPS-2019 Expídese el Reglamento Interno y Políticas de Gestión Documental y Archivo

2 – Miércoles 1º de mayo de 2019 Registro Oficial N° 479

Págs.008-IEPS-2019 Apruébese la reforma del Plan Operativo Anual de Gasto Corriente e Inversión POA 2019

SECRETARÍA DEL DEPORTE:

0004…… Prorróguese el periodo de intervención de la Federación Ecuatoriana de Gimnasia por el lapso de 90 días adicionales

0005…… Revóquese y déjese sin efecto la Resolución N° 0050, de 19 de diciembre de 2017

0008…… Refórmese la Resolución 0090 de 28 de diciembre de 2018

0009…… Declárese inactivo al Club Social, Cultural y Deportivo «Quito Youth Baseball Association

FUNCIÓN JUDICIAL

Y JUSTICIA INDÍGENA

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO:

001-FGE-2019 Asume las funciones de Fiscal General del Estado, la doctora Lady Diana Salazar Méndez

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

DEFENSORÍA DEL PUEBLO:

031-DPE-CGAJ-2019 Expídense las directrices para el servicio de atención en línea a personas en situación de movilidad humana en el exterior

032-DPE-DD-2019 Expídense las directrices para contribuir con la memoria y la dignidad de las víctimas y familiares de personas desaparecidas, graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad

036-DPE-CGAJ-2019 Expídense los lineamientos para el desarrollo de las acciones y procesos de educación en derechos humanos de la DPE, que se denominará «Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza

No. INMOBILAR-DGSGI-2018-0007

Silvana Mariuxi Ramírez Verdezoto

DIRECTORA GENERAL (S)

SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL

SECTOR PÚBLICO – INMOBILIAR

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. «;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 503 de 12 de septiembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 335, de 26 de septiembre de 2018, se establece las competencias y responsabilidades del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR;

Que, el primer inciso del artículo 1 de la Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por Procesos, emitida con Acuerdo Ministerial No. 1573 de 04 de abril de 2016, publicado en el Registro Oficial No. 739 de 22 de abril de 2016, dispone que: «La presente Norma Técnica se emite con la finalidad de establecer lineamientos, directrices y parámetros de cumplimiento para la prestación de servicios y administración por procesos con el fin de: 1.1 Fomentar el ordenamiento, la eficacia y la eficiencia en las instituciones públicas; y, 1.2 Asegurar la provisión de servicios y productos de calidad orientados a satisfacer los derechos, necesidades, requerimientos y expectativas de los usuarios; facilitando además el cumplimiento de sus obligaciones. «;

Que, el artículo 3 de la Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por Procesos, respecto al ámbito de aplicación, señala: » Esta Norma Técnica, es de cumplimiento obligatorio en el ámbito de la prestación de servicios y administración por procesos para todas las Instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva. «;

Que, el numeral 5.2 del artículo 5 de la Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por Procesos, define a la administración de procesos de la siguiente forma: «5.2. Administración por procesos.- Es el conjunto de definiciones y actividades sistemáticas implementadas en una institución, con el propósito de alinear sus procesos a la estrategia y modelo de gestión, clarificar y mejorar

Registro Oficial N° 479 Miércoles 1º de mayo de 2019 – 3

continuamente su operación para proveer servicios y productos de calidad que satisfagan las necesidades y expectativas de los usuarios. «;

Que, el numeral 5.13 de artículo 5 de la norma ibídem, define al Catálogo de Procesos de la siguiente manera; «5.13.Catálogo de procesos.- Es un instrumento ordenado y organizado de los procesos definidos por la institución en sus diferentes niveles o jerarquías. «;

Que, el artículo 15 de la Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por Procesos, dispone que: «La prestación de servicios y administración por procesos será un compromiso de la autoridad nominadora de cada institución, quien asumirá el rol de patrocinador institucional para difundir en la entidad esta práctica como prioritaria para su gestión; destinando para el efecto todos los esfuerzos y recursos necesarios para su aplicación. «;

Que, el artículo 16 de la norma ibídem establece que: «Para la prestación de servicios y administración por procesos la autoridad nominadora o su delegado asumirán las siguientes atribuciones y responsabilidades: a) Establecer el compromiso institucional para la prestación de servicios y administración por procesos; y, b) Patrocinar los proyectos que se desprendan de la prestación de servicios y administración por procesos.»;

Que, el artículo 17 de la Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por Procesos, establece las atribuciones y responsabilidades del responsable del proceso de Gestión Estratégica;

Que, el artículo 18 de la norma ibídem establece las atribuciones y responsabilidades del responsable de la Unidad de Administración por Procesos, Servicios y Calidad;

Que, el numeral 12 del artículo 9 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR, actualizado conforme consta en la publicación del Registro Oficial Edición Especial No. 666, de 6 de diciembre de 2018, establece como atribución del Director/a General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público: » 12. Suscribir y aprobar todo acto administrativo y normativo relacionado con INMOBILIAR.»;

Que, el número 4 del numeral 1.3.1.2. GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA del actualizado Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR, establece como atribución del Coordinador/a General de Planificación y Gestión Estratégica: «4. Coordinar e implementar el Modelo de Gestión por Procesos de la Institución basados en los lineamientos establecidos por la entidad competente considerando los diferentes estándares existentes para mejorar la calidad de la gestión institucional. «;

Que, el numeral 1.3.1.2.3. GESTIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y GESTIÓN DEL CAMBIO del actualizado Estatuto Orgánico de Gestión organizacional por Procesos

del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR, establece: «Misión.- Gestionar la implementación de la administración por procesos y la transformación institucional, para la prestación de los servicios que brinda la entidad a los usuarios internos y/o externos, en un entorno de innovación y mejora continua para garantizar su calidad y excelencia. «;

Que, mediante resolución No. 01 de 02 de junio de 2017, suscrita por el señor Eduardo Enrique Mangas Mairena, Presidente del Comité de Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, designar al señor Nicolás José Issa Wagner como Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR;

Que, es necesario mejorar la operatividad del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR, para asegurar la provisión de servicios y productos de calidad centrados en el usuario interno y externo, acorde con los principios de Administración Pública consagrados en la Constitución de la República y demás normativa legal vigente.

En ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en el literal h) del artículo 10-1, y el artículo 64 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, así como en el artículo 16 de la Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por Procesos,

Acuerda:

Artículo 1.- Aprobar la actualización del Manual de Procesos Versión 3.0 del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR emitido el año 2016, instrumento a través del cual se desarrolla y detalla el Catálogo de Procesos institucional y que se encuentra adjunto al presente Acuerdo, formando parte de su contenido.

Artículo 2.- El Coordinador/a General de Planificación y Gestión Estratégica del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR, se encargará de realizar el proceso de difusión y socialización Institucional del Catálogo de Procesos y del Manual de Procesos Institucional.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 10 días del mes de diciembre del 2018.

f.) Silvana Mariuxi Ramírez Verdezoto, Directora General (S), Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR.

4 – Miércoles 1º de mayo de 2019 Registro Oficial N° 479

ACUERDO INTERMINISTERIAL

No. 0006

María Paula Romo Rodríguez MINISTRA DEL INTERIOR

Luis Xavier Falconí Tello MINISTRO DE TURISMO (S)

Considerando:

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que se requieran su gestión (…)»

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República dispone, que es deber de las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, sus servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 11 de la Ley de Seguridad Publica y del Estado, con respecto a los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, establece en el literal b) que la protección interna, el mantenimiento y control del orden público tendrán como ente rector al Ministerio del Interior; y que corresponde a la Policía Nacional su ejecución, la que contribuirá con los esfuerzos públicos, comunitarios y privados para lograr la seguridad ciudadana, la protección de los derechos, libertades y garantías de la ciudadanía, y que apoyará y ejecutara todas las acciones en el ámbito de su responsabilidad constitucional para proteger a los habitantes en situaciones de violencia, delincuencia común y crimen organizado;

Que, la Ley de Turismo en sus artículos 5 y 9, respectivamente, establece las actividades turísticas reguladas por dicho cuerpo legal; y que los prestadores de servicios turísticos deberán obtener el respectivo registro de turismo, previo al inicio de sus actividades, ante el Ministerio de Turismo, ente rector de la actividad turística nacional;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 495 de 31 de agosto de 2018, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Señor Licenciado Lenin Moreno Garcés, nombró como Titular del Ministerio del Interior a la Doctora María Paula Romo Rodríguez;

Que, mediante Decreto Ejecutivo 591 de 3 de diciembre de 2018, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Licenciado Lenin Moreno Garcés, nombró como titular del Ministerio de Turismo a la Señora Rosa Enriqueta Prado Moncayo;

Que, con Decreto Ejecutivo Nro. 623 de 21 de diciembre de 2018, el Presidente Constitucional de la República

dispone que el Ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público, a través de las Intendencias Generales de Policía de la jurisdicción correspondiente, otorgará el permiso de funcionamiento de los locales y establecimientos donde se prestan servicios de alojamiento a huéspedes, permanentes o transeúntes, restaurantes, o en general lugares donde se consuman alimentos y/o bebidas alcohólicas, que no estén regulados por la Ley de Turismo y su reglamento;

Que, mediante Acción de Personal Nro. 174 del 26 de febrero del 2019, se designa al Señor Ingeniero Luis Xavier Falconí Tello como Ministro de Turismo, Subrogante.

Que, mediante Acuerdo Interministerial No. 1470, publicado en el Registro Oficial No. 233 de 12 de julio de 2010, reformado con Acuerdos Ministeriales No. 1502 de 27 de julio de 2010 y No. 4425 de 11 de junio de 2014, se reguló el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en los locales y establecimientos sujetos al control del Ministerio de Turismo y de Ministerio del Interior;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 2018-053 de 17 de septiembre del 2018, el Ministerio de Turismo expide el Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0069 de 25 de febrero de 2019, el Ministerio del Interior expide el Reglamento para la intervención de las y los Intendentes Generales de Policía, Subintendentes de Policía y Comisarios de Policía del país;

Que, considerando el incremento de las actividades relacionadas al descanso y desarrollo del turismo interno y receptivo en los días decretados como feriados nacionales, es necesario revisar excepcionalmente el horario de funcionamiento de los locales y establecimientos sujetos al control del Ministerio del Interior y del Ministerio de Turismo a nivel nacional, así como el horario de expendio y consumo de bebidas alcohólicas; y,

De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador e inciso primero del artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerdan:

Artículo 1.- Ampliar a nivel nacional, el horario de funcionamiento y permitir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos y locales sujetos al control del Ministerio de Turismo y del Ministerio del Interior, conforme el siguiente detalle:

Tipo de establecimientos

Fecha autorizada

Horario

límite de

funcionamiento

Establecimientos turísticos y no turísticos de la categoría 2 y 4

Viernes 01 de marzo

Hasta las 03H00 del día sábado 02 de marzo

Registro Oficial N° 479 Miércoles 1º de mayo de 2019 – 5

Establecimientos turísticos y no turísticos de la categoría 2 y 4

Sábado 02 de marzo

Hasta las 03H00 del día domingo 03 de marzo

Establecimientos turísticos y no turísticos de la categoría 2 y 4

Domingo 03 de marzo

Hasta las 03H00 del día lunes 04 de marzo

Establecimientos turísticos y no turísticos de la categoría 2 y 4

Lunes 04 de marzo

Hasta las OOhOO del día martes 05 de marzo

Artículo 2.- Para la aplicación del horario señalado en el artículo 1 del presente Acuerdo, se deberá considerar que el horario límite para expendio y consumo de bebidas alcohólicas, producto de las actividades iniciadas en los días decretados como feriados nacionales será de media hora antes del cierre del establecimiento, conforme al artículo 15 del Acuerdo Ministerial No. 0069 de 25 de febrero de 2019.

Artículo 3.- Para la aplicación del horario señalado en el artículo 1 del presente acuerdo se tendrá en consideración que para el día martes 05 de marzo se aplicará la restricción establecida para los días domingos constante en el Acuerdo Ministerial No. 1470.

Artículo 4.- Para los operativos de control que se realicen en aplicación de las disposiciones contenidas en el Acuerdo Interministerial No. 1470, publicado en el Registro Oficial No. 233 de 12 de julio de 2010, reformas y en el presente Acuerdo se deberá garantizar las seguridades necesarias para la conservación de la integridad de los usuarios de los establecimientos y locales materia de este instrumento, así como de los funcionarios encargados del control.

Disposición Final.- El presente Acuerdo Interministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese el Ministerio de Turismo y el Ministerio del Interior.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 01 de marzo de 2019.

f.) María Paula Romo Rodríguez, Ministra del Interior.

f.) Luis Xavier Falconí Tello, Ministro de Turismo, (S).

MINISTERIO DEL INTERIOR- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de Unidad de Gestión Documental y A., de este Ministerio al cual de remito en caso necesario.- Quito a, 28 de marzo de 2019.- f) Ilegible, Secretaría General.

No. 007-2019

EL PLENO

DEL COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR

Considerando:

Que, el numeral 5 del artículo 261 de la Constitución de la República dispone que las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria, de comercio exterior, entre otras, son competencia exclusiva del Estado central;

Que, el numeral 2 del artículo 276 ibídem determina que uno de los objetivos del régimen de desarrollo del Ecuador es construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible;

Que, el segundo inciso del artículo 306 de la Norma Suprema señala que: «El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a la población y a la naturaleza»;

Que, mediante el artículo 71 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 de 29 de diciembre de 2010, fue creado el Comité de Comercio Exterior (COMEX), como el organismo encargado de aprobar las políticas públicas nacionales en materia de política comercial;

Que, los literales e); t) y, g) del artículo 72 del COPCI consagran como competencias del COMEX: «Regular, facilitar o restringir la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías no nacionales ni nacionalizadas, en los casos previstos en este Código y en los acuerdos internacionales debidamente ratificados por el Estado ecuatoriano»; «Expedir las normas sobre registros, autorizaciones, documentos de control previo, licencias y procedimientos de importación y exportación, distintos a los aduaneros, general y sectorial, con inclusión de los requisitos que se deben cumplir, distintos a los trámites aduaneros»; y, «Aprobar y publicar la nomenclatura para la clasificación y descripción de las mercancías de importación y exportación «;

Que, la Disposición Transitoria Vigésima Tercera del COPCI, establece que todas las Resoluciones que haya adoptado el COMEXI mantendrán su vigencia y surtirán los efectos legales respectivos hasta que sean expresa o tácitamente derogadas;

Que, el Reglamento de Aplicación del Libro IV del COPCI, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 733 y publicado en el Registro Oficial No. 435 de 27 de abril de 2011, estableció en el Capítulo I, Sección I, artículo 16: «De las Decisiones del COMEX en materia arancelaria.- Las decisiones que adopte el COMEX en materia arancelaria podrán ser iniciadas de oficio o a petición de parte, cuando exista una solicitud presentada motivadamente por alguna institución pública, o a petición motivada de parte interesada, cuyo requerimiento implique la creación, modificación o supresión de las tarifas arancelarias»;

6 – Miércoles 1º de mayo de 2019 Registro Oficial N° 479

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 25, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 19 del 20 de junio de 2013, fue creado el Ministerio de Comercio Exterior en calidad de órgano rector de la política de comercio e inversiones y, a través de su Disposición Reformatoria Tercera, se designa a dicho Ministerio para que presida el Comité de Comercio Exterior;

Que, la Disposición General Cuarta del Decreto Ejecutivo No. 252 de 22 de diciembre de 2017, establece: «En todas las normas legales en las que se haga referencia al «Ministerio de Comercio Exterior», cámbiese su denominación a «Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones»;

Que, a través del Decreto Ejecutivo No. 559 de 14 de noviembre de 2018, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador dispuso la fusión por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca; una vez concluido este proceso de fusión por absorción se modifica la denominación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a «Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca»;

Que, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP), en su calidad de ente rector de la política de comercio exterior e inversiones del Ecuador, tiene como objetivo propiciar de manera estratégica la inserción económica y comercial del país en el contexto internacional, mediante la gestión de la política de comercio exterior, la promoción comercial, la atracción de inversiones, las negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales, con el propósito de contribuir al desarrollo económico y social del país;

Que, el Arancel del Ecuador constituye un instrumento de política económica, que debe promover el desarrollo de las actividades productivas en el país, de conformidad con la política gubernamental de incremento de la competitividad de los sectores productivos en el país;

Que, el entonces Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) adoptó la Resolución No. 450 del 29 de octubre de 2008, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 492 del 19 de diciembre de 2008, actualmente vigente, mediante la cual se codificó y actualizó la «Nómina de Productos Sujetos a Controles Previos a la Importación»;

Donde dice:

Que, el Pleno del Comité de Comercio Exterior, en sesión de 15 de junio de 2017, adoptó la Resolución No. 020-2017, a través de la cual, resolvió reformar íntegramente el Arancel del Ecuador, expedido con Resolución No. 59, adoptada por el Pleno del COMEX el 17 de mayo de 2012, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 859 de 28 de diciembre de 2012;

Que, en sesión de 09 de abril de 2019, el Pleno del COMEX conoció y aprobó el Informe Técnico No. MPCEIP-SCCE-DFC-0003-2018 de 20 de marzo de 2019, presentado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a través del cual, recomienda: «(…) Reformar el Arancel del Ecuador expedido con Resolución No. 020-2017 adoptada por el Pleno del COMEX el 15 de junio de 2017 y, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 63 de 23 de agosto de 2017, al tenor siguiente:

(…)»;

Que, a través de Acuerdo No. 19-013 de 16 de enero de 2019 el Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca designó al Viceministro de Comercio Exterior para que actúe como Presidente del Pleno del Comité de Comercio Exterior en su ausencia;

Que, mediante Acción de Personal No. 003, el licenciado Diego Caicedo Pinoargote fue designado desde el 01 de enero de 2019 como Viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP);

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 19-012 de 16 de enero de 2019, el magíster Pablo Campana, Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca designó al abogado Jorge Villamarín Molina, como Secretario Técnico del COMEX;

En ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 70 del Reglamento de Funcionamiento del COMEX, expedido mediante Resolución No. 001-2014 de 14 de enero de 2014, en concordancia con las demás normas aplicables,

Resuelve:

Artículo 1.- Reformar el Arancel del Ecuador expedido con Resolución No. 020-2017 adoptada por el Pleno del COMEX el 15 de junio de 2017 y, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 63 de 23 de agosto de 2017, al tenor siguiente:

Código

Designación de la Mercancía

Tarifa Arancelaria

OBSERVACIONES

22.07

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación.

Registro Oficial N° 479 Miércoles 1º de mayo de 2019 – 7

2207.10.00.00

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol

1% +USD 0.25

G.A.L. (Grado

alcohólico por litro)

Deberá decir:

Código

Designación de la Mercancía

Tarifa Arancelaria

OBSERVACIONES

22.07

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación.

2207.10.00

– Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol:

2207.10.00.10

– – Alcohol anhidro

1% + USD 0.25 GA.L.

(Grado alcohólico por

litro)

2207.10.00.90

– – Los demás

1% + USD 0.25 GA.L.

(Grado alcohólico por

litro)

Artículo 2.- Reformar el Anexo I de la Resolución No. 450 del COMEXI publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 492 de 19 de diciembre de 2008, que contiene la «Nómina de Productos Sujetos a Controles Previos a la Importación», incorporando la «Licencia automática de importación», para las mercancías clasificadas en las subpartidas 2207.10.00.10, 2207.10.00.90, 2207.20.00.10; y, 2207.20.00.90 respectivamente, conforme al siguiente detalle:

Código

Designación de la Mercancía

Institución

Documento de Control Previo

Observación

2207.10.00.10

– – Alcohol anhidro

Ministerio Rector de la Política Industrial

Licencia de importación automática

Aplica únicamente para Materia Prima

2207.10.00.90

– – Los demás

Ministerio Rector de la Política Industrial

Licencia de importación automática

Aplica únicamente para Materia Prima

2207.20.00.10

– – Alcohol carburante

Ministerio Rector de la Política Industrial

Licencia de importación automática

Aplica únicamente para Materia Prima

2207.20.00.90

– – Los demás

Ministerio Rector de la Política Industrial

Licencia de importación automática

Aplica únicamente para Materia Prima

Artículo 3.- Reformar el Anexo I de la Resolución No. 450 del COMEXI publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 492 de 19 de diciembre de 2008, que contiene la «Nómina de Productos Sujetos a Controles Previos a la Importación», incorporando la «Licencia no automática de importación», para las mercancías clasificadas en la subpartida 2905.11.00.00, conforme al siguiente detalle:

Código

Designación de la Mercancía

Institución

Documento de Control Previo

2905.11.00.00

– – Metanol (alcohol metílico)

Ministerio Rector de la Política Industrial

Licencia de importación no automática

Artículo 4.- Encomendar al Ministerio Rector de la Política Industrial, establecer los requisitos y procedimientos para la obtención de la licencia de importación señalada en el artículo 2 y 3 del presente instrumento.

Artículo 5.- Disponer al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la creación de los códigos suplementarios necesarios al amparo de lo establecido en la Decisión No. 657 de la Comunidad Andina (CAN).

Artículo 6.- Encargar al Ministerio Rector de la Política Industrial y al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la ejecución e implementación de la presente resolución dentro del ámbito de sus competencias.

8 – Miércoles 1º de mayo de 2019 Registro Oficial N° 479

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La presente resolución se implementará de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI).

SEGUNDA.- La implementación de lo dispuesto en la presente Resolución se ejecutará a través de la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) para el comercio exterior; para el efecto, el Ministerio Rector de la Política Industrial realizará los procedimientos correspondientes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Conceder el plazo de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el Registro Oficial, para la implementación del presente instrumento por parte del Ministerio Rector de la Política Industrial en coordinación con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

SEGUNDA.- Mientras se desarrollan las facilidades informáticas entre el Ministerio Rector de la Política Industrial y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el importador procederá de conformidad con lo prescrito en la presente resolución, presentando la documentación en físico ante el Ministerio Rector de la Política Industrial, a efectos de obtener la respectiva Licencia de Importación.

TERCERA.- Se exceptúa de la exigencia del documento de control previo establecido en la presente resolución, a todos los embarques realizados hasta noventa (90) días calendario a partir de la publicación en el Registro Oficial de esta resolución.

Transcurrido dicho plazo las mercancías embarcadas deberán presentar los documentos de acompañamiento emanados del presente instrumento.

Las mercancías embarcadas antes y hasta noventa (90) días después de la entrada en vigencia de esta resolución, se sujetarán a las disposiciones vigentes a la fecha de su embarque con destino hacia el Ecuador.

DISPOSICIÓN FINAL

La Secretaría Técnica del COMEX remitirá esta Resolución al Registro Oficial para su publicación.

Esta Resolución fue adoptada en sesión de 09 de abril de 2019 y, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

f.) Diego Caicedo Pinoargote, Presidente (E).

f.) Jorge Villamarín Molina, Secretario.

CERTIFICO que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo del COMEX.- f.) Secretario Técnico.

No. 008-2019

EL PLENO

DEL COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR

Considerando:

Que, el artículo 261, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria, de comercio exterior, entre otras, son competencia exclusiva del Estado central;

Que, el numeral 2 del artículo 276 de la norma ibídem determina que uno de los objetivos del régimen de desarrollo del Ecuador es construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible;

Que, el numeral 1 del artículo 304 de la Carta Magna, establece como objetivos de la política comercial, entre otros, desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo;

Que, el numeral 7 del artículo 363 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el Estado será responsable de: «Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales»;

Que, mediante el artículo 71 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 de 29 de diciembre de 2010, fue creado el Comité de Comercio Exterior (COMEX) como el organismo encargado de aprobar las políticas públicas nacionales en materia de política comercial;

Que, los literales e) y f) del artículo 72 del COPCI determinan que el COMEX en su calidad de organismo rector en materia de política comercial, tiene como atribución: «e) Regular, facilitar o restringir la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías no nacionales ni nacionalizadas, en los casos previstos en este Código y en los acuerdos internacionales debidamente ratificados por el Estado ecuatoriano «; y, «fj Expedir las normas sobre registros, autorizaciones, documentos de control previo, licencias y procedimientos de importación y exportación, distintos a los aduaneros, general y sectorial, con inclusión de los requisitos que se deben cumplir, distintos a los trámites aduaneros «;

Que, el artículo 74 del COPCI determina que: «Los Ministerios e instituciones públicas responsables de la administración de autorizaciones o procedimientos previos a la importación o exportación de mercancías, en materia de salud pública, ambiental, sanidad animal y vegetal, reglamentación técnica y calidad, patrimonio cultural, control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y otras medidas relacionadas con el comercio, ejecutarán

Registro Oficial N° 479 Miércoles 1º de mayo de 2019 – 9

dichas funciones de conformidad con las políticas y normas que adopte el organismo rector en materia de política comercial. Estos organismos no podrán aplicar medidas administrativas o técnicas relacionadas con el comercio, que no hayan sido previamente coordinadas con el organismo rector en materia de política comercial»;

Que, de acuerdo al numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud, es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública el «(…) Regular y realizar el control sanitario de la producción, importación, distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y expendio de alimentos procesados, medicamentos y otros productos para uso y consumo humano; así como los sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, seguridad y calidad (…) «;

Que, el artículo 132 de la Ley ibídem establece que las actividades de vigilancia y control sanitario incluyen las de control de calidad, inocuidad y seguridad de los productos procesados de uso y consumo humano;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1290 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 788 de 13 de septiembre de 2012, fue creada la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), como organismo técnico encargado de la regulación, control técnico y vigilancia sanitaria de los medicamentos en general fabricados en el territorio nacional o en el exterior, para su importación, exportación, comercialización, dispensación y expendio;

Que, en el marco de la evaluación para «Designación de Autoridades Reguladoras de Medicamentos de Referencia Regional (ARNs)», el equipo auditor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinó algunas

recomendaciones con el objeto de potenciar el sistema de vigilancia y control de los medicamentos de uso y consumo humano, que permitan realizar una mejor trazabilidad; entre las recomendaciones realizadas se encuentra, el establecer acuerdos de colaboración con instituciones relacionadas y establecer instancia interinstitucional de coordinación de acciones regulatorias tendientes a optimizar recursos y usar bases de datos para orientar el trabajo de vigilancia sanitaria;

Que, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) tiene dentro de sus competencias la regulación, control técnico y vigilancia sanitaria de los medicamentos de uso y consumo humano. Para lograr un control eficaz es necesario completar la trazabilidad de los medicamentos que se importan, para lo cual se requiere tener la información de cada lote a importar. En las condiciones actuales no es factible realizar esta trazabilidad y los demás controles de seguimiento que se requieren para estos productos, debido a la falta de información necesaria;

Que, para llevar a cabo una oportuna gestión de trazabilidad en los procesos de alerta sanitaria, retiro del mercado y demás gestiones de seguimiento respectivos a la vigilancia y control sanitario por parte del ARCSA, se requiere la implementación de un mecanismo que permita acceder y obtener la información específica de cada lote del producto a importar, además que es un punto fundamental para el Ecuador y para la Agencia con el fin de ser reconocidos por la Organización Panamericana de la Salud como Autoridad de Referencia Regional en Medicamentos nivel 4;

Que, el Pleno de COMEX en sesión de 09 de abril de 2019, conoció y aprobó el Informe Técnico No. MCEI-SPCE-CPI-0028-2018, presentado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, mediante el cual se recomienda: «(…) establecer como documento de soporte a la Declaración Aduanera de importación de las mercancías clasificadas en las partidas 3004 y 3005 (productos farmacéuticos), emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional con el fin de identificar y realizar una mejor trazabilidad de los medicamentos que son ingresados al país (…) «;

10 – Miércoles 1º de mayo de 2019 Registro Oficial N° 479

Resuelve:

Artículo 1.- Aprobar el «Formulario para la importación de medicamentos» emitido por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) como documento de soporte a la importación a consumo de las partidas arancelarias 30.04 y 30.05 comprendidas en el capítulo 30 «Productos Farmacéuticos» del Arancel del Ecuador.

Artículo 2.- Encomendar a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) establecer los requisitos y procedimientos para la obtención y emisión del documento de soporte establecido en el artículo 1 del presente instrumento.

Artículo 3.- Encargar a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) en coordinación con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) la implementación de lo dispuesto en la presente resolución dentro del ámbito de sus competencias.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA.- El Formulario para la importación de medicamentos será exigible como documento de soporte a partir de la fecha de aceptación de la declaración aduanera a consumo de las importaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (COPCI).

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Para la ejecución de lo dispuesto en los artículos 1, 2, y 3 de esta resolución se contará con un plazo de ciento cincuenta (150) días calendario desde su adopción, dentro del cual la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) deberá realizar la actualización en el sistema de la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) y las pruebas correspondientes, en coordinación con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).

DISPOSICIÓN FINAL

La Secretaría Técnica del COMEX remitirá esta resolución al Registro Oficial para su publicación.

Esta resolución fue adoptada en sesión celebrada el 09 de abril de 2019 y, entrará en vigencia en un plazo de ciento cincuenta (150) días calendario contados a partir de su publicación en el Registro Oficial.

f.) Diego Caicedo Pinoargote, Presidente, (E).

f.) Jorge Villamarín Molina, Secretario.

CERTIFICO que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo del COMEX.- f.) Secretario Técnico.

No. 009-2019

EL PLENO

DEL COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR

Considerando:

Que, el numeral 5 del artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: «Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exterior y endeudamiento «;

Que, de conformidad con el numeral 2 del artículo 304 de la Carta Magna, la política comercial del Ecuador tendrá entre sus objetivos el regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial;

Que, el artículo 305 de la Carta Magna dispone que la creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia exclusiva de la Función Ejecutiva;

Que, el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: «(…) El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos (…) «;

Que, el Ecuador es parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en razón del Protocolo de Adhesión a la Organización Mundial del Comercio, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 853 de 02 de enero de 1996 y al alcance a dicho Protocolo, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 977 de 28 de junio de 1996;

Que, el artículo XXIV del GATT de 1994 y en particular en su numeral 4, entre otros, reconoce además la posibilidad de que los Miembros celebren acuerdos tendientes a una mayor integración de las economías de los países que participen de tales acuerdos;

Que, en el Anexo 1 del Acuerdo Multilateral OMC sobre la Agricultura, se establecieron los productos comprendidos como «productos agropecuarios»;

Que, mediante el artículo 71 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 de

Registro Oficial N° 479 Miércoles 1º de mayo de 2019 – 11

diciembre de 2010, fue creado el Comité de Comercio Exterior, COMEX, como un cuerpo colegiado de carácter intersectorial encargado de aprobar las políticas públicas nacionales en materia de política comercial, así como de la regulación de todos los asuntos y procesos vinculados a esta materia;

Que, el literal 1) del artículo 72 del COPCI consagra como competencia del COMEX: «Aprobar contingentes de importación o medidas restrictivas a las operaciones de comercio exterior, cuando las condiciones comerciales, la afectación a la industria local, o las circunstancias económicas del país lo requieran»;

Que, mediante Resolución No. 435 de 07 de agosto de 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 408 de 21 de agosto de 2018, el entonces Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) adoptó el Reglamento para la Administración de Contingentes arancelarios para productos agrícolas;

Que, al amparo de lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP), con oficio No. MEF-SEI-2018-0025-O de 03 de septiembre de 2018, el Subsecretario

de Gestión y Eficiencia Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas comunicó a la Secretaría Técnica del COMEX: «(…) la Coordinación Jurídica se pronunció (…) mediante memorando Nr-o. MEF-CGJ-2018-0660-M el 21 de agosto de 2018, ratificando sus pronunciamientos de que no es necesario un dictamen previo favorable. Con estos antecedentes, este Ministerio se ratifica en el criterio emitido por la Coordinación General Jurídica del MEF en los memorandos citados (…) «;

Que, el Pleno del COMEX en sesión de 09 de abril de 2019, conoció y aprobó el «Informe en conjunto entre Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca para establecer la administración y aplicación de contingentes consolidados en la Adhesión de Ecuador a la Organización Mundial de Comercio», a través del cual se recomienda: «que el Pleno del COMEX apruebe el reglamento para la administración de contingentes consolidados por Ecuador a la OMC (…)»;

Resuelve:

EXPEDIR EL «REGLAMENTO

PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS

CONTINGENTES CONSOLIDADOS EN EL

MARCO DEL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DEL

ECUADOR A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL

COMERCIO (OMC)»

SECCIÓN I

GENERALIDADES

Artículo 1.- Objetivo: El presente reglamento regula la administración, por parte de Ecuador, de los contingentes de importación contemplados en el marco del Protocolo de Adhesión del Ecuador a la Organización Mundial del Comercio (en adelante, contingentes OMC).

12 – Miércoles 1º de mayo de 2019 Registro Oficial N° 479

Artículo 2.- Ámbito de aplicación: Los contingentes OMC de importación a los que hace referencia el presente reglamento son los siguientes:

NOMBRE DEL CONTINGENTE

CÓDIGO

DESIGNACIÓN DE LA MERCANCÍA

VOLUMEN DEL

CONTINGENTE

(TM)

ARANCEL INTRA CONTINGENTE

Trozos y despojos congelados (pollo)

0207140000

– – Trozos y despojos, congelados

2.500

30%

Pavos enteros frescos o refrigerados

0207240000

– – Sin trocear, frescos o refrigerados

250

25%

Leche en polvo

0402101000

– – En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 Kg

1.250

45%

0402109000

– – Los demás

0402211100

En envases de

contenido neto inferior o igual a 2,5 Kg

0402211900

Las demás

0402219100

En envases de

contenido neto inferior o igual a 2,5 Kg

0402219900

Las demás

0402291100

En envases de

contenido neto inferior o igual a 2,5 Kg

0402291900

Las demás

0402299100

En envases de

contenido neto inferior o igual a 2,5 Kg

0402299900

Las demás

Trigo

1001110000

– – Para siembra

480.000

19%

1001190000

– – Los demás

1001910000

– – Para siembra

1001991000

— Los demás trigos

1001992000

— Morcajo (tranquillón)

Cebada (exc. Siembra)

1003900010

– – Para malteado o elaboración de cerveza

16.000

25%

1003900090

– – Las demás

Maíz duro

1005901100

— Amarillo

19.678

25%

1005901200

— Blanco

1005901900

— Los demás

Sorgo

1007900000

– Los demás

12.300

25%

Malta sin tostar

1107100000

– Sin tostar

16.000

20-25%*

Almidón de trigo

1108110000

– – Almidón de trigo

120

25%

Almidón de maíz

1108120000

– – Almidón de maíz

137

30%

Glucosa

1702309000

– – Las demás

1.500

35%

Glucosa con Fructosa

1702401000

– – Glucosa

200

35%

Registro Oficial N° 479 Miércoles 1º de mayo de 2019 – 13

NOMBRE DEL CONTINGENTE

CÓDIGO

DESIGNACIÓN DE LA MERCANCÍA

VOLUMEN DEL

CONTINGENTE

(TM)

ARANCEL INTRA CONTINGENTE

Jarabe de glucosa

1702402000

– – Jarabe de glucosa

100

35%

Torta de soya

2304000000

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en «pellets»

17.000

25%

Torta de colza

2306410000

– – Con bajo contenido de ácido erúcico

6.000

25%

2306490090

– – Los demás

*Para malta sin tostar se establece un arancel de 20%) para las primeras 1000 Tm, a partir de eso se establecerá un arancel de 25%

Artículo 3.- Autoridad competente: Se delega al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) la operatividad de la administración de contingentes OMC de importación de conformidad con este Reglamento, debiendo informar de manera anual su aplicación al Comité de Comercio Exterior (COMEX).

En el caso de los contingentes relativos a los trozos y despojos congelados (pollo), pavos enteros frescos y refrigerados y leche en polvo, la operatividad de la administración debe ser acordada con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP).

SECCIÓN II

PROCEDIMIENTO PARA ASIGNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 4.- Aviso de apertura de contingentes OMC:

El MAG publicará cada mes de diciembre, los niveles arancelarios y el volumen de los contingentes OMC de importación, que serán utilizados en el siguiente año.

En el caso de que existan productos con diferimientos arancelarios a 0%> vigentes durante el uso de contingentes, no se realizará la apertura del contingente OMC.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Subsecretaría de Comercialización indicará, mediante aviso en su página web, las condiciones de utilización de cada uno de los grupos de contingentes OMC de importación. En la publicación se incluirá para cada contingente la siguiente información:

La descripción de los productos y su clasificación arancelaria.
El volumen total disponible para cada contingente OMC.
El método por el cual se realizará la administración.
El período de asignación del contingente OMC.
El período de utilización del contingente OMC.

El plazo de recepción de solicitudes.
Requisitos para la aplicación del contingente OMC.

Artículo 5.- Los operadores de comercio interesados en acceder a un volumen dentro del contingente OMC, deberán registrar una solicitud en la plataforma informática del MAG creada para el efecto.

Dependiendo del contingente por producto, el registro tendrá la siguiente información:

Identificación del solicitante, incluyendo una descripción de su actividad económica. En el caso de las personas naturales deberá constar el número de RUC. Para personas jurídicas se deberá adjuntar en el sistema: copia de la cédula de identidad del representante legal y su nombramiento debidamente notariado, los estatutos de la asociación, gremio o compañía con sus debidas reformas en caso de existir;
Descripción del contingente OMC de importación en el cual desea participar;
Descripción del producto y la clasificación arancelaria correspondiente;
País de origen del producto bajo contingente OMC;

El MAG, está facultado para rechazar las solicitudes presentadas de forma incompleta, extemporánea o que contengan información errónea.

Artículo 6.- Resolución de asignación y notificación:

La distribución y asignación final del contingente OMC, se realizará a través de una Resolución Administrativa emitida por la Subsecretaría de Comercialización, misma que contendrá:

Datos de la persona natural o jurídica, a la cual se le asignó una parte del contingente OMC;
Volumen asignado a cada una de ellas; y,
Tiempo de vigencia de la asignación.

14 – Miércoles 1º de mayo de 2019 Registro Oficial N° 479

Artículo 7.- Utilización del contingente OMC: El volumen asignado deberá ser nacionalizado en los períodos establecidos en el aviso de apertura de contingentes.

Para el proceso de importación, el MAG emitirá una licencia no automática de importación por subpartida, considerando el volumen del contingente OMC asignado.

Por ningún motivo, los volúmenes aprobados y no utilizados serán acumulativos.

Artículo 8.- Verificación de información y control de utilización: Las entidades encargadas de la administración de los contingentes, se reservan el derecho a realizar los controles posteriores que consideren necesarios, para verificar la información proporcionada por los solicitantes.

Artículo 9.- Procesos adicionales: La obtención del contingente no exime al importador la presentación de ningún otro documento de control previo aplicables a los productos agropecuarios o que correspondan realizar a otras instituciones.

Artículo 10.- Prohibición: En observancia a lo dispuesto en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado; y, en el artículo 39 del Reglamento de Aplicación del Libro IV del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en materia de política comercial, sus Órganos de Control y demás instrumentos expedidos en la materia; ningún importador podrá transferir, ceder o negociar el volumen asignado e importado bajo el mecanismo de contingente OMC.

Artículo 11.- Sanciones: En caso de incumplimiento de las disposiciones de este reglamento, la persona natural o jurídica legalmente constituida, no podrá participar, por tres años consecutivos, en ningún procedimiento de asignación de contingentes OMC; sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal correspondiente, que se le pueda atribuir con relación a lo actuado.

Disposiciones Generales

PRIMERA.- Encárguese la ejecución de la presente resolución a la Subsecretaría de Comercialización del MAG, debiendo informar de manera anual su aplicación al Comité de Comercio Exterior (COMEX).

SEGUNDA.- La implementación de lo dispuesto en la presente resolución, se ejecutará a través de la Ventanilla Única Ecuatoriana para el Comercio Exterior (VUE)

TERCERA.- Encomendar al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ejecutar las modificaciones necesarias en sus respectivos sistemas para la correcta implementación de esta disposición.

Disposición Transitoria

ÚNICA. – Conceder el plazo de hasta noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el Registro Oficial, para la implementación del presente instrumento por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en coordinación con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).

Disposición Derogatoria

ÚNICA.- Derogar la Resolución No. 435 adoptada por el entonces Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) el 07 de agosto de 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 408 de 21 de agosto de 2008; y, los demás actos normativos de igual o menor jerarquía que se opongan a esta resolución.

Disposición Final

La Secretaría Técnica del COMEX remitirá esta resolución al Registro Oficial para su publicación.

Esta resolución fue adoptada en sesión de 09 de abril de 2019 y, entrará en vigencia en el plazo máximo de hasta noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el Registro Oficial.

f.) Diego Caicedo Pinoargote, Presidente, (E).

f.) Jorge Villamarín Molina, Secretario.

CERTIFICO que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo del COMEX.- f.) Secretario Técnico.

No. 108-IEPS-2018

Mgs. Diego Fernando Castañeda Egüez

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA, (E)

Considerando:

Que, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, publicada en el Registro Oficial No. 444 del 10 de mayo de 2011, crea al Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, como una entidad de derecho publicó, con jurisdicción nacional, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y financiera;

Que, el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en el Registro Oficial N° 595 de 12 de junio de 2002, faculta al Ministerio de Economía y Finanzas o quien haga sus veces, expedir los principios y normas del sistema específico y único de Contabilidad

Registro Oficial N° 479 Miércoles 1º de mayo de 2019 – 15

Gubernamental y de información gerencial, que permita integrar las operaciones financieras, presupuestarias, patrimoniales y de costos;

Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, dispone que es atribución de las máximas autoridades de las Instituciones del Estado: literal e).- Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones (…);

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 333 publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial No.206 de 22 de marzo de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, entre otros aspectos, encarga a la señora Vicepresidenta de la República fortalecer las políticas y programas relacionados con la Economía Popular y Solidaria y la coordinación interinstitucional de las entidades que conforman el Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 451 de 17 de julio de 2018 el señor Presidente Constitucional de la República sustituye la adscripción del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social a la Vicepresidencia de la República del Ecuador.

Que, el Ministerio de Finanzas a través del Acuerdo Ministerial Nro. 444, publicado en el suplemento del Registro Oficial No 259 del 24 de enero de 2008, señala: «Art. 1.- Disponer el uso de la herramienta informática e-sigef con el carácter de obligatorio y en forma gratuita en las entidades, organismos, fondos y proyectos, según lo establecido en las letras a) y b) del Art. 2 de la Ley de Presupuestos del Sector Público (…)»;

Que, mediante Acuerdo Ministerial N° 003, de fecha 8 de enero de 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas, acuerda en su «Artículo 1.- Delegar a las máximas autoridades de las Unidades de Administración Financiera (UDAF) y de las Entidades Operativas Desconcentradas (EOD) de las entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que validen, aprueben y suscriban aquellas resoluciones referentes a traspasos de crédito que constituyan modificaciones presupuestarias (…)»;

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas expidió las Normas Técnicas de Presupuesto el numeral 2.4.3 «REFORMAS PRESUPUESTARIAS» 2.4.3.1 «DEFINICIÓN: Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación de los componentes de la clave presupuestaria.

Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles no comprometidos de las asignaciones.

En ningún caso se podrán efectuar reformas que impliquen traspasar recursos destinados a inversión o capital para cubrir gastos corrientes.

En los casos que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación a la PCC y PMD vigentes, se deberá proceder a la reprogramación financiera correspondiente.

Las modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en los montos asignados a los programas deberán explicitar los cambios en las metas e indicadores de resultados contemplados en el presupuesto aprobado. «

El numeral 2.4.3.2.2 «Incrementos y disminuciones de créditos».- «Corresponden a los incrementos y reducciones que se realicen en un presupuesto y que sean compensadas por variaciones del mismo orden en otro, de forma que, en neto, no alteren el techo del Presupuesto General del Estado, ya sea: entre unidades operativas desconcentradas dentro del presupuesto de una institución; entre instituciones dentro del PGE. «

El numeral 2.4.3.2.3 Traspasos de créditos.- «Corresponden a las modificaciones que se efectúen en los ingresos y egresos dentro de un presupuesto institucional, se podrán efectuar traspasos de créditos entre ítems de grupos de gastos controlados y no controlados, según directrices de la política presupuestaria determinada por el Ministerio a cargo de las finanzas públicas»

El numeral No. 2.4.3.4 DOCUMENTO DE APROBACIÓN.- «Toda modificación presupuestaria será elaborada a través de la herramienta informática creada para el efecto y será aprobada mediante el documento denominado Resolución Presupuestaria»

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas expidió las Normas Técnicas de Presupuesto (codificación al 05 de abril de 2018), en cuyo numeral 2.4.3.6.3. De las instituciones (UDAF) señala: «En general, las instituciones podrán efectuar modificaciones a sus presupuestos en los grupos de gasto no controlados cuyo resultado no signifique afectación del monto total del presupuesto institucional vigente y composición grupo-fuente de financiamiento

(…)»;

Que, de conformidad con la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS, artículo 12.- Estructura Descriptiva literal b. Atribuciones y responsabilidades del/a Director/a General numeral 13. – Es atribución y responsabilidad de Director General «Dirigir las actividades financieras, administrativas, técnicas y operativas del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (…)».

Que, mediante Acción de Personal No. 2018-06-0255, de 13 de junio de 2018, se nombró en el cargo de Director General del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, (E) al Mgs. Diego Fernando Castañeda Egüez;

Que, mediante memorando N° IEPS-DPL-2018-0261-M, de fecha de 11 de Diciembre de 2018, la Dirección de Planificación remite Informe Técnico N° IEPS-DPL-INV-FAREPS-2018-004A, de modificaciones a los PAPP del Proyecto FAREPS.

Que, mediante memorando Nro. IEPS-DAF-2018-024-1 de 12 de diciembre de 2018, la Directora Administrativa

16 – Miércoles 1º de mayo de 2019 Registro Oficial N° 479

Financiera del IEPS remite al Director General del IEPS (e), el Informe Técnico Financiero No. IEPS-DAF-2018-039-A de 11 de diciembre de 2018, a través del cual, luego del análisis correspondiente recomienda: «Una vez que se han revisado los requerimientos presentados para las reformas presupuestarias, sus justificativos, y los saldos presupuestarios, con el fin de dar cumplimiento con lo señalado en el numeral 2.4.3.4 de las Normas Técnicas de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, se determina la viabilidad de la reforma presupuestaria y se recomienda la aprobación y emisión de la Resolución Presupuestaria respectiva, así como la modificación del PAPP (…)»;

Que, mediante sumilla inserta en el memorando Nro. IEPS-DAF-2018-024-1 de 12 de diciembre de 2018, la Máxima Autoridad del Instituto Nacional de Economía Popular

y Solidaria, dispone a la Dirección Jurídica institucional «DAJ F. proceder de conformidad a la Ley y normativa vigente «.

En ejercicio de las atribuciones establecidas en normativa descrita,

Resuelve:

Artículo 1.- Aprobar la reforma presupuestaria contenida en el Informe Técnico Financiero No. IEPS-DAF-2018-039-A de 12 de diciembre de 2018 elaborado por la Ing. Gina Sacoto, Analista de Presupuesto 2, Ing. Cecilia Bedón, Coordinadora Financiera y aprobado por la Mgs. Martha Aguirre, Directora Administrativa Financiera del IEPS, de conformidad con el siguiente detalle:

Registro Oficial N° 479 Miércoles 1º de mayo de 2019 – 17

Artículo 2.- Los valores trasladados por la presente Resolución se emplearán de conformidad al requerimiento planteado por la Dirección Administrativa Financiera.

Artículo 3.- De la ejecución de esta Resolución, encárguese a la Dirección Administrativa Financiera.

Dada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 12 de diciembre de 2018.

Notifíquese y Publíquese.

f.) Mgs. Diego Fernando Castañeda Egüez, Director General, Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, (E).

No. 006-IEPS-2019

Mgs. Diego Fernando Castañeda Egüez

DIRECTOR GENERAL (E)

INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA

Considerando:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República señala que: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberado, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada «;(…), «La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución»;

Que, el artículo 18 de la Constitución de la República, en su numeral segundo, señala que es derecho de todas las personas «acceder a la información generada en instituciones públicas o privadas que manejen fondos públicos o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información «.

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;

Que, el artículo 233 de la Carga Magna establece: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio

de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos»;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 379 numerales 3 y 4, señala: «… que son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros, los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos, que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico (…)»;

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso y la Información Pública, señala lo siguiente: «El acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado» (…) «están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley»;

Que, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone en su artículo 5 sobre la Información Pública que: «Se considera información pública, todo documentos en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ella, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado «;

Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso y la Información Publica dispone que: «Es responsabilidad de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, crear y mantener registros públicos de manera profesional, para que el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud, por lo que, en ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y archivo de la información y documentación para impedir u obstaculizar el ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su destrucción.

Quienes administren, manejen, archiven o conserven información pública, serán personalmente responsables, solidariamente con la autoridad de la dependencia a la que pertenece dicha información y/o documentación, por las consecuencias civiles, administrativas o penales a que pudiera haber lugar, por sus acciones u omisiones, en la ocultación, alteración, pérdida y/o desmembración de documentación e información pública. Los documentos originales deberán permanecer en las dependencias a las que pertenezcan, hasta que sean transferidas a los archivos generales o Archivo Nacional.

El tiempo de conservación de los documentos públicos, lo determinará la Ley del Sistema de Archivo Nacional y las disposiciones que regulen la conservación de la información pública confidencial.

Los documentos de una institución que desapareciere, pasarán bajo inventario al Archivo Nacional y en caso de fusión interinstitucional, será responsable de aquello la nueva entidad»;

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Que, la Ley del Sistema Nacional de Archivo determina en el Art. 1 Constituye Patrimonio del Estado la documentación básica que actualmente existe o que en adelante se produjere en los archivos de todas las Instituciones de los sectores públicos, y privado, así como la de personas particulares, que sean calificadas como tal Patrimonio por el Comité Ejecutivo previsto en el Art. 9 de esta Ley, y que sirva de fuente para estudios históricos, económicos, sociales, jurídicos y de cualquier índole. Dicha documentación básica estará constituida por los siguientes instrumentos:

Escritos manuscritos, dactilográficos o impresos, ya sean originales o copias;
Mapas, planos, croquis y dibujos;
Reproducciones fotográficas y cinematográficas sean negativos, placas, películas y clisés;
Material sonoro, contenido en cualquier forma;
Material cibernético; y,
Otros materiales no especificados.

Que, el artículo 6 de la Norma de Gestión Documental para Entidades de Administración Publica señala como política institucional en materia de gestión documental y archivo.- «I. Las dependencias emitirán la política institucional en materia de gestión documental y archivo, la que será aprobada por la máxima autoridad institucional y deberá estar alineada con las disposiciones de la presente Norma Técnica y la Metodología que para el efecto emita la SNAP. En ella se establecerá y difundirá el compromiso de organizar, gestionar, conservar y resguardar los documentos de archivo que se generen o reciban, aplicando la metodología de gestión documental y archivo que asegure su autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad; II. Todos los servidores públicos de los sujetos obligados velarán por la integridad y adecuada conservación de los documentos de archivo que genere o reciba la dependencia en cualquier soporte y época, apegándose a los principios generales establecidos en la Declaración Universal sobre los Archivos y el Código de Ética Profesional, emitidos por el Consejo Internacional de Archivos de la UNESCO; III. El archivo deberá ser condensado en la unidad por el servidor responsable; por consiguiente, se prohíbe expresamente la constitución paralela de expedientes para uso personal»

Que, el artículo 7 de la Norma de Gestión Documental para Entidades de Administración Publica señala «Todos los documentos de archivo, cualquiera que sea su soporte, y que hayan sido creados o recibidos en cualquier época, como resultado del ejercicio de las atribuciones y responsabilidades de los sujetos obligados: I Forman parte del Sistema Institucional que les dio origen, así como del Sistema Nacional, por lo que están sujetos al procedimiento archivístico establecido en la presente Norma Técnica.; II Se organizarán y gestionarán de acuerdo al ciclo vital del documento, representado por los Archivos de Gestión o Activó, el Archivo Central, el Archivo

Intermedio y, a partir de los criterios de disposición, el Archivo Histórico o la baja documental controlada.; III Se expedientarán, clasificarán, registrarán, preservarán, transferirán, valorarán y cumplirán su destino final, el que puede ser baja documental o transferencia final al Archivo Nacional del Ecuador para la preservación del patrimonio documental de la Nación, de conformidad con la metodología establecida en la presente Norma Técnica. «

Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica de La Contraloría General del Estado, determina: «Responsabilidad por acción u omisión. – Las autoridades, dignatarios, funcionarios u demás servidores de las instituciones del Estado, actuaran con la diligencia y empeño que emplean generalmente la administración de sus propios negocios y actividades «;

Que, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en sus Articulo 77, acápite 1, letra a), establece como responsabilidad del Titular de la entidad el dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema de control interno y del sistema de administración de recursos materiales entre otros;

Que, De conformidad con el artículo 153 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria publicada en el Registro Oficial No. 444 de 10 de mayo de 2011, se crea al Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria como una «entidad de derecho público, adscrita al ministerio de estado a cargo de la inclusión económica y social, con jurisdicción nacional, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y financiera (…) «; cuya adscripción ésta que fue modificada mediante Decreto Ejecutivo No. 451 emitido el 17 de julio de 2018 en su cuyo Artículo Único determina: «Sustitúyase la adscripción del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social a la Vicepresidencia de la República del Ecuador»

Que, el artículo 157 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, determina las Atribuciones del Director General, y en el literal c) señala: «Dirigir, coordinar y supervisar la gestión administrativa del Instituto. «;

Que, el artículo 163 del Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, establece como atribución del Director General del Instituto, en el numeral 6: «Definir el modelo de gestión del instituto. «;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 5 de 6 de junio de 2017, se suprime la Secretaría Nacional de la Administración Pública y se dispone que la Secretaría General de la Presidencia de la República emita las políticas generales para la efectiva gestión de la Administración Pública e Imagen Gubernamental;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 718 publicado en el Registro Oficial 597 de 25 de mayo de 2009, la Secretaría de la Administración Pública y Comunicación, dispuso a las entidades de la Administración Pública Central de la Función Ejecutiva, la utilización del Sistema de Gestión Documental Quipux para la gestión de la correspondencia interna, externa e interinstitucional de documentos digitales y físicos;

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Que, la Secretaria Nacional de la Administración Publica mediante Acuerdo No. 1043 de 02 de febrero de 2015, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 445 de fecha 25 de febrero de 2015 reformado el 23 de mayo de 2017, expidió la: «Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo» con su metodología para aplicación obligatoria de todas las entidades de las entidades de la Administración Pública Central, Institucional y dependencias de la Función Ejecutiva;

Que, las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado numero 400 establecen «La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y servidores responsables del control interno de acuerdo a sus competencias, establecerán políticas y procedimientos para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos institucionales, proteger y conservar los activos y establecer los controles de acceso a los sistemas de información «;

Que, la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado No. 405-04, contenida en el Acuerdo No. 039-CG, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 87 de 14 de diciembre de 2009, establece que la máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo para la conservación y mantenimientos de archivos físicos y magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes;

Que, de conformidad a la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria -IEPS, expedido mediante Resolución No. 029-IEPS-2013, publicada en el Registro Oficial No. 932 de 12 de abril de 2013, en el cual se establece, en el artículo 12, numerales 1; 1.1, literal b), Atribuciones y responsabilidades del Director/a, 3.: «Dirigir, coordinar y supervisar la gestión administrativa del Instituto. «;

Que, la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos antes citado, determina en el numeral 3.2, PROCESOS HABILITANTES DE APOYO, 3.2.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA – FINANCIERA, Secretaría General – Documentación y Archivo, cuya misión se encuentra en el literal a), y es: «Certificar los actos administrativos y normas expedidas por la institución, custodiar y salvaguardar la documentación interna y externa y prestar atención eficiente, eficaz y oportuna a clientes internos y externos. «

Que, es necesario establecer normas internas para al adecuada administración y control de la gestión documental del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, con el fin de complementar de manera específica las normas emitidas por la Contraloría General del Estado y otros referentes al manejo de archivos públicos.

En ejercicio de sus atribuciones conferidas en el artículo 157 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, resuelve expedir el:

REGLAMENTO INTERNO Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

CAPÍTULO I

DEFINICIONES GENERALES

Artículo 1.- OBJETO.- El objeto del presente Reglamento es normar la gestión documental y archivo del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, a fin de asegurar en el corto, mediano y largo plazo e cumplimiento de los requisitos de autenticidad, habilidad, integridad y disponibilidad de los documentos de archivo, en beneficio de una gestión pública eficiente, eficaz y transparente.

Artículo 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- El presente Reglamento es de aplicación obligatoria para la gestión documental de todas las unidades productoras que conforman el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.

Artículo 3.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.–

a. Unidades productoras: Son todas las unidades del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, que por la gestión que realizan, general un flujo documental que evidencia las acciones que realizan en el marco de sus competencias.

b. Archivo de gestión: Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las unidades productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados.

c. Archivo Central: Son aquellas unidades de archivo que dependen de la Dirección Administrativa Financiera o quién haga sus veces, que custodian y administran la documentación procedente de las distintas unidades productoras, una vez que esta documentación ha finalizado su gestión administrativa, pero que conserva todavía validez legal y puede ser requerida tanto por personas naturales como jurídicas a efectos de verificación, acciones de habeas data o en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública contenida en estos documentos.

d. Archivo Intermedio: Es el que concentra la documentación que conforme a la Tabla haya cumplido su plazo de conservación en el Archivo Central de las dependencias, y tendrá la finalidad de llevar a cabo una acción eficaz de administración documental a nivel parcial, para salvaguardar la documentación que por su importancia histórica, económica, científica, cultura y social constituye el Patrimonio Documental de la Nación.

e. Archivo Histórico: Es el que custodia y gestiona fondos documentales que constituyes el Patrimonio Histórico, son la memoria colectiva de la nación, región o localidad; testimonios que evidencian la experiencia

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humana y que deben conservarse permanentemente dado el valor, que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura.

f. Ciclo vital del documento: Las etapas por las que sucesivamente pasan los documentos desde su producción o recepción en una dependencia, hasta la determinación de su destino final, que puede ser baja documental o conservación permanente en el Archivo Nacional del Ecuador o en el Archivo Histórico que corresponda. Los tipos de archivo que se contemplan en el ciclo vital del documento son: Archivo de Gestión o Activo, Archivo Central, Archivo Intermedio y Archivo Histórico. La Tabla autorizada por cada dependencia establecerá para cada serie documental los plazos de conservación, los valores documentales, el destino final, la técnica de selección y las condiciones de acceso.

g. Cuadro: Cuadro General de Clasificación Documental.

h. Dependencias: Todos los organismos, instituciones y entidades de la Administración Pública Central Institucional y dependencias de la Función Ejecutiva.

i. Desmaterialización: Es el proceso de transformación de documentos físicos a formato electrónico caracterizándose porque cuentan con plena validez jurídica por medio de la certificación electrónica.

j. Dirección: Se refiere a la Dirección Administrativa Financiera, donde se encuentra el proceso de Secretaría General.

k. Gestión Documental y Archivo.- Son los procesos integrales relacionados con la gestión documental y archivo en las dependencias, cualquiera que sea su soporte; para garantizar su integridad, autenticidad, Habilidad y disponibilidad.

1. Metodología: Es el conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar los diferentes objetivos que rigen una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos.

m. Norma Técnica: Se refiere a la Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo emitida por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, Secretaría que fuera suprimida mediante Decreto Ejecutivo No. 5 de 6 de junio de 2017, y cuyas competencias asume la Secretaría General de la Presidencia de la República en gestión de la Administración Pública e Imagen Gubernamental.

n. Plan Institucional: Es el Plan Anual de Desarrollo de Gestión Documental y Archivo elaborado en el contexto del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo.

o. Procedimiento de Archivo: Es el conjunto de acciones u operaciones a realizarse como: organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos,

teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, así como el ciclo vital y la normativa archivística.

p. Tabla: Tabla de Plazos de Conservación Documental.

Artículo 4.- RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO.- Todos los servidores públicos del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, velarán por la integridad y adecuada conservación de los documentos de archivo que genere o reciba la dependencia donde laboran en cualquier soporte y época, apegándose a los principios generales establecidos en el presente Reglamento.

Dentro de la institución, la Dirección Administrativa Financiera, a través de la Secretaría General Documentación y Archivo, será la encargada de implementar el presente Reglamento y realizar el control y seguimiento al Sistema Integrado de Gestión Documental y Archivo de la institución.

Se instruirá a cada funcionario para que en el momento de recibir física o digital se realice un acta entrega recepción que garantice que la documentación que está a su cargo tenga la debida custodia.

Cuando un funcionario se separe de la institución el jefe inmediato o la persona designada para recibir el cargo deben contar con un acta entrega recepción de archivos a satisfacción, firmada por le persona que entrega y por la que recibe, ésta será la única evidencia válida para poder firmar el formato de Requisitos para la desvinculación del IEPS que requiere la Dirección de Talento Humano para realizar el proceso de desvinculación del funcionario.

Las asistentes – secretarias de cada Dirección o unidad productora serán las responsables del archivo de gestión o activo.

CAPÍTULO II

SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Artículo 5.- INTEGRACIÓN DEL SISTEMA.- El sistema institucional de gestión documental y archivo estará integrado por:

a. Las unidades productoras.

b. Los responsables del archivo de gestión.

c. Los archivos de gestión o activos.

d. La Dirección Administrativa Financiera a través de la Secretaría General.

e. El archivo central, y

f. Las autoridades y responsable del archivo de cada unidad institucional.

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Artículo 6.- UNIDADES PRODUCTORAS.- Para cumplir con las responsabilidades que les corresponden en materia de gestión documental y archivo, las unidades productoras deberán:

a. Dirigir y coordinar a los responsables de los archivos de gestión o activos.

b. Supervisar la documentación de archivo que acredite el resultado de sus acciones institucionales se clasifique, registre, conserve y transfiera en los términos definidos en la Normas Técnica de Gestión Documental y Archivo para entidades de la Administración Pública.

c. Transferir al Archivo Central aquellos expedientes que hayan concluido su gestión en los términos definidos en la Normas Técnica de Gestión Documental y Archivo para entidades de la Administración Pública.

d. Cumplir con las disposiciones del presente Reglamento.

e. Validar los inventarios de transferencia de los expedientes que se transfieran al Archivo Central y los de baja documental.

f. Contar con los espacios y mobiliario apropiados para la conservación de sus archivos de gestión o activos.

Artículo 7.- ARCHIVO DE GESTIÓN O ACTIVO. – En cada unidad administrativa de la Institución existirá un archivo de gestión o activo, en el que se dará trámite a los asuntos y se generarán los expedientes de uso cotidiano que se transferirán al Archivo Central una vez concluido el plazo de conservación establecido en la tabla.

Los responsables de los archivos de gestión o activo tendrán a s cargo las siguientes actividades:

a. Llevar un registro y control de la correspondencia de entrada de gestión y, en su caso, de salida;

b. Integrar los expedientes de archivos conforme a la metodología establecida en la Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo para entidades de la Administración Pública;

c. Elaborar el inventario general por expediente del Archivo de Gestión o Activo.

d. Mantener debidamente organizados los expedientes activos para su ágil localización.

e. Asegurar la integridad y debida conservación de los archivos mediante la revisión periódica de las condiciones de resguardo apropiadas.

f. Participar en la elaboración del Cuadro, Tabla y Guía de Archivos.

g. Otorgar el préstamo de los expedientes que reposan en el Archivo de Gestión o Activo a los servidores públicos autorizados.

h. Ser el conducto para identificar y solicitar al Archivo Central el préstamo de expedientes que ya se hubieran transferido y sean objeto de solicitudes de acceso o de consulta externa.

i. Elaborar el inventario de transferencia primaria para transferir hacia el Archivo Central los expedientes que cumplan con el plazo de conservación establecido en la Tabla.

j. Participar en los procesos de valoración secundaria de los expedientes que cumpla su plazo de conservación en el Archivo Central.

k. Asesorar a su unidad en materia de archivos, así como colaborar con ésta para la correcta organización y tratamiento homogéneo de la documentación del Archivo de Gestión o Activo.

l. Conservar la documentación que se encuentra activa y aquella que ha sido clasificada como reservada de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mientras conserve tal carácter.

m. Detectar las necesidades en materia de servicios de gestión documental y archivo informarlo a las instancias correspondientes; y,

n. Elaborar los informes respecto a los avances y cumplimiento de los programas en materia de gestión documental y archivo de su unidad.

Artículo 8.- DIRECCIÓN COORDINADORA DEL SISTEMA.- La Dirección Administrativa Financiera a través de la Secretaría General será la encargada de llevar a cabo y coordinar los procesos y procedimientos que tiene a su cargo el Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo y tendrá las siguientes atribuciones:

a. Elaborar el Plan Institucional que será aprobado por la Máxima Autoridad.

b. Establecer las directrices para el registro de entrada y salida de correspondencia y el control de gestión documental.

c. Asesorar e integrar a los gestores del Archivo de gestión o activo de las unidades.

d. Administrar y coordinar el Archivo Central.

e. Supervisar el cumplimiento de criterios, métodos, procesos y procedimientos para el ingreso, registro, producción, circulación, clasificación, descripción, concentración, uso, custodia, conservación y preservación, así como las transferencias documentales y destino final de los documentos de archivo, incluido el expurgo o depuración, que produce o recibe cada unidad administrativa de la dependencia en el ejercicio de sus funciones o atribuciones.

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f. Coordinar las acciones para la elaboración del Cuadro y la Tabla.

g. Aprobar el Cuadro General de Clasificación Documental y la Tabla de Plazos de Conservación Documental.

h. Remitir para su validación y registro a la Dirección Nacional de Archivo de la Presidencia de la República, el Cuadro y la Tabla.

i. Cumplir y hacer cumplir las directrices emitidas por la autoridad competente.

j. Clasificar, describir, integrar, archivar y reguardar en su caso los expedientes en el Archivo Central.

k. Capacitar y asesorar a los gestores en las actividades de clasificación y resguardo de las diferentes unidades administrativas del instituto.

l. Custodiar y mantener en forma reservada y bajo resguardo especial los expedientes que contienen información reservada y/o confidencial.

m. Coordinar la elaboración de los inventarios documentales institucionales conforme a lo establecido en la Norma Técnica de Gestión Documental.

n. Coordinar la elaboración y actualización de la Guía de Archivos de la dependencia.

o. Coordinar las transferencias primarias de los archivos de gestión o activos al archivo central.

p. Autorizar las transferencias secundarias del archivo central al archivo.

q. Llevar a cabo al menos una vez al año transferencias secundarias del archivo intermedio basadas en los procesos de valoración documental y en los plazos de conservación establecidos en la Tabla.

r. Disponer las acciones a la unidad de Tecnologías de la Información para administrar el Sistema de Archivos institucional y capacitar a los usuarios en su uso.

s. Coordinar proyectos de digitalización de los acervos documentales custodiados por el archivo central.

Artículo 9.- ARCHIVO CENTRAL.- El archivo central es en donde se concentrarán y custodiarán los expedientes que cumplieron su plazo de conservación en el archivo de Gestión o Activo, de acuerdo con la Tabla, que aún conservan valor legal o contable y que permanecerán en él hasta que se determine y ejecute su destino final.

El Responsable del Archivo Central ejecutará las siguientes actividades:

a. Establecer políticas y directrices específicas en materia archivística en el ámbito institucional, basándose en las disposiciones de la Norma Técnica de Gestión Documental.

b. Asesora a las unidades respecto a los procesos técnicos que deben realizarse en los Archivos de Gestión o Activos y el procedimiento para realizar las transferencias primarias al Archivo Central.

c. Elaborar el programa anual de transferencias primarias que deberán cumplir los Archivos de Gestión o Activos y verificar que éstas se realicen de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.

d. Recibir las transferencias primarias que realicen las unidades la concluir los tiempos establecidos en la Tabla.

e. Administrar el acervo documental bajo su resguardo empleando la metodología archivística establecida en las normas aplicables y tomando medidas para la adecuada conservación del acervo documental.

f. Generar el Inventario de Transferencia Secundaria de los expedientes que cumplieron su plazo de conservación ene le Archivo Central de conformidad con la Tabla, para su transferencia al Archivo Intermedio.

g. Elaborar en coordinación con los responsables de los Archivos de Gestión o Activos, la Ficha Técnica de prevaloración de los expedientes que deben ser transferidos el Archivo Intermedio por haber cumplido su plazo de conservación en el Archivos Central de acuerdo a la Tabla.

h. Presentar para su estudio y aprobación a la Dirección Administrativa Financiera, la ficha técnica de prevaloración y los inventarios de transferencia secundaria.

i. Transferir al Archivo Intermedio los expedientes cuyo plazo de conservación en el Archivo Central haya concluido, acompañados de la ficha técnica de prevaloración y los inventarios de transferencia secundaria validados por la Dirección Administrativa Financiera.

j. Eliminar los expedientes cuya baja haya sido aprobada por la Dirección Administrativa Financiera, validad y registrada por la Dirección Nacional de Archivo de la Presidencia de la República.

k. Evitar la acumulación excesiva de documentación realizando de manera oportuna los procesos de valoración, transferencia y baja documental.

l. Otorgar préstamos de expedientes al personal autorizado, mediante mecanismos establecidos en la metodología descrita en la Norma Técnica y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

m. Reportar al responsable de la Dirección Administrativa Financiera cualquier incidente que pueda poner en riesgo la conservación de los archivos; y,

n. Presentar los informes que le sean requeridos respecto al desarrollo de las actividades y el cumplimiento de sus obligaciones.

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Artículo 10.- AUTORIDADES Y RESPONSABLES DEL ARCHIVO EN CADA UNIDAD INSTITUCIONAL.- Los Directores de cada dependencia del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria serán los responsables de la validación del cuadro general de gestión documental correspondiente a su área.

CAPÍTULO III

PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Artículo 11.- El Sistema Institucional operará de manera articulada e integral llevando a cabo los siguientes procesos:

a. Registro de entrada y salida de correspondencia y control de la gestión documental.

b. Identificación de documentos de archivo.

c. Integración y ordenación de expedientes.

d. Clasificación archivística por procesos.

e. Descripción y valoración documental.

f. Transferencias documentales.

g. Preservación de archivos.

h. Control de gestión documental y archivo.

Cada uno de los procesos será incluido en el Manual de Procedimientos de Gestión Documental y Archivo del IEPS.

CAPITULO IV

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO

Artículo 12.- CARACTERÍSTICAS.- Los documentos electrónicos de archivo forman parte del Sistema Institucional y del Sistema Nacional. Su identificación como documentos de archivo se basa en la misma metodología técnica que se aplica para los documentos impresos. Es decir, emanan del ejercicio de las funciones y atribuciones de la dependencia, son orgánicos, seriados, únicos y estables.

Sus requisitos de calidad, como los documentos en papel son: la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad. De igual forma, los documentos electrónicos de archivo tienen estructura, contenido y contexto, derivado de las atribuciones que les dan origen.

Artículo 13.- GESTIÓN.- La organización y gestión de los documentos electrónicos de archivo se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos en el Manual que se expida para el efecto, y dentro del Sistema de Gestión Documental Quipux.

Artículo 14.- CONSERVACIÓN A LARGO PLAZO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO.- La Dirección Administrativa Financiera a través de la Secretaría General elaborará un plan de acción coordinado entre los archivos, las unidades productoras y la Unidad de Tecnología con el objeto de cumplir los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad.

Artículo 15.- TRATAMIENTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES.- Los medios audiovisuales son los medios de comunicación masiva que combinan imágenes y sonido, por lo que el receptor puede ver y escuchar el mensaje. Los mensajes creados como medio audiovisual pueden plasmarse en diversos soportes y formatos, tales como cintas, DVD, CD, USB entre otros.

Las dependencias y unidades que cuenten con medios audiovisuales deberán aplicar la metodología archivística que asegure su localización, control y preservación, manteniendo los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad, que se determinen en el Manual de procedimientos.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer a los servidores/as y trabajadores del IEPS que para el manejo documental y de archivo se observen los principios de eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; y se enmarquen en lo que dispone La Constitución de la República del Ecuador; la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento; y a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

SEGUNDA.- Todo lo que no estuviera contemplado en este documento se sujetará a lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador; la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento y las Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado.

TERCERA.- En el Manual de Gestión Documental y Archivo, se describirá todos los procesos de gestión documental que deberán ser cumplidos de manera obligatoria por las unidades productoras del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.

CUARTA.- Toda documentación que se refiera de la las transacciones financieras de la Institución, deberán ser conservadas y custodiadas como lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en concordancias con las Normas de Control Interno expedidas por el ente de control mediante Acuerdo Nro. 405-04, publicado en el Registro Oficial Nro. 87 del 14 de diciembre del 2009.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA.- El Manual de Gestión Documental y Archivo que hace referencia el presente documento, deberá ser expedido y aprobado dentro del plazo de noventa (90)

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días posteriores contados a partir de la aprobación y expedición del presente instrumento jurídico, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

PRIMERA.- Se deroga cualquier instrumento o directriz inherente al manejo de gestión documental y archivo expedida por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Notifíquese y Publíquese.- 30 de enero de 2019.

f.) Mgs. Diego Fernando Castañeda Egüez, Director General (E), Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.

No. 008-IEPS-2019

Mgs. Diego Castañeda Egüez

DIRECTOR GENERAL (E)

INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA

Considerando:

Que, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, publicada en el Registro Oficial No. 444 del 10 de mayo de 2011, crea al Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, como una entidad de derecho público, adscrita al Ministerio de Estado a cargo de la inclusión económica y social, con jurisdicción nacional, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y financiera;

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas cita: «Las instituciones sujetas al ámbito de este código, excluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo sus instrumentos de planificación institucionales, para verificar que las propuestas de acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (…)”;

Que, el Código Orgánico Administrativo señala: «Art. 11.-Principio de planificación.- Las actuaciones administrativas se llevan a cabo sobre la base de la definición de objetivos, ordenación de recursos, determinación de métodos y mecanismos de organización «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 333 publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 206 de 22 de marzo de 2018 el señor Presidente de la República, entre otros aspectos, encarga a la señora Vicepresidenta de la República fortalecer las políticas y programas relacionados con la Economía Popular y Solidaria y la coordinación interinstitucional de las entidades que conforman el Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 451 de 17 de julio de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República sustituye la adscripción del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social a la Vicepresidencia de la República del Ecuador.

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva artículo 10-2 letra f) establece: «Planificación.- Es la facultad para establecer y articular políticas, estrategias, objetivos y acciones en el diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos, para lograr un resultado esperado, previniendo las situaciones o escenarios desfavorables o riesgosos, y los obstáculos que puedan evitar o demorar el cumplimiento de dicho resultado»;

Que, mediante Resolución No. 029-IEPS-2013 de 1 de abril de 2013, publicada en el Registro Oficial No. 932 de 12 de abril de 2013, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del IEPS, cuya Misión, Visión, Políticas Institucionales y Objetivos Estratégicos se encuentran determinados en los artículos 1, 2, 3 y 4;

Que, en el artículo 12, numeral 3.1.1 letra b) numeral

1 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del IEPS, se establece que es atribución y responsabilidad de la Directora de Planificación «Dirigir la formulación del plan estratégico, plan plurianual y operativo Institucionales»;

Que, mediante Acción de Personal No. 2018-06-0255 de 13 de junio de 2018, se encargó al Mgs. Diego Castañeda Egüez el puesto de Director General del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria;

Que, mediante Resolución No. 001-IEPS-2019, de fecha

02 de enero de 2019, el Mgs. Diego Castañeda Egüez, Director General del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria; aprueba el Plan Operativo Anual de Gasto Corriente e Inversión POA 2019 del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.

Que, mediante Memorando Nro. IEPS-DPL-2019-0031-M de fecha 29 de enero de 2019, la Mgs. Lourdes Cerda Nieto, Directora de Planificación, comunica al Director General del IEPS (e), la solicitud de Aprobación de Reforma al POA de Inversión IEPS-DPL-INV-FAREPS-2019-001, del Proyecto FAREPS, y a su vez remite el Informe Técnico de Planificación IEPS-DPL-INV-FAREPS-2019-001 de fecha 29 de enero de 2019, suscrito por: Ingeniero José Almeida, Analista de Planificación; Revisado y Aprobado por Mgs. Lourdes Cerda, Directora de Planificación del IEPS, de conformidad con el siguiente detalle:

Registro Oficial N° 479 Miércoles 1º de mayo de 2019 – 25

PROGRAMA

ÍTEM

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PRESUPUESTARIO

FUENTE

ACTIVIDAD esigef

CODIFICADO AL 24-01-2019

SALDO

DISPONIBLE

24-01-2019

AUMENTO

DISMINUCIÓN

NUEVO CODIFICADO REFORMA 001

NUEVO SALDO DISPONIBLE REFORMA 001

730612

Capacitación a Servidores Públicos

001

$ 18.775,89

730602

Servicio de Auditoría

001

003

$ 2.250,00

730612

Capacitación a Servidores Públicos

001

003

$ 18.775,89

$ –

$ 18.775,89

730601

Consultaría, Asesoría e Investigación Especializada

001

$ 16.885,71

$ 2.250,00

$19.135,71

$ 19.135,71

TOTAL

$ 37.911,60

$ 21.025,89

$37.911,60

Programa

ítem

Descripción Del ítem Presupuestario

Fuente

Organismo

Actividad Esigef

Codificado Al 24-01-2019

Subtotal

Saldo Disponible 24-01-2019

Subtotal

Aumento

Disminución

Nuevo Codificado Reforma 001

Nuevo Saldo Disponible Reforma 001

730602

Servicio de Auditoría

202

2005

003

$ 18.750,00

$18.750,00

$ 18.750,00

$ –

730601

Consultoría, Asesoría e

Investigación

Especializada

202

2005

001

$140.714,30

$ 169.255,26

$ 140.714,30

$169.255,26

$18.750,00

$159.464,30

$ 159.464,30

730601

Consultoría, Asesoría e

Investigación

Especializada

202

2004 ^a

001

$ 28.540,96

$28.540,96

TOTAL:

$159.464,30

$188.005,26

$159.464,30

$188.005,26

$18.750,00

$159.464,30

Que, mediante Memorando Nro. IEPS-DPL-2019-0035-M de fecha 31 de enero de 2019, la Mgs. Lourdes Cerda Nieto, Directora de Planificación, comunica al Director General del IEPS (e), el alcance al Memorando Nro. IEPS-DPL-2019-0031-M de fecha 29 de enero de 2019, de la solicitud de Aprobación de Reforma al POA de Inversión IEPS-DPL-INV-FAREPS-2019-001, del Proyecto FAREPS, y a su vez remite el Informe Técnico Financiero No. IEPS-DAF-2019-002 de fecha 29 de enero de 2019.

Que, mediante sumilla inserta al Memorando Nro. IEPS-DPL-2019-0035-M de fecha 31 de enero de 2019, la Máxima Autoridad del IEPS (e), señala: «F. Proceder de conformidad a la ley y normatividad vigente «

En ejercicio de las atribuciones conferidas en la normativa descrita.

Resuelve:

Artículo 1.- Aprobar la Reforma del Plan Operativo Anual de Gasto Corriente e Inversión POA 2019 del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria de conformidad a lo solicitado en memorando Nro. IEPS-DPL-2019-0031-M de fecha 31 de enero de 2019 al que se anexa el Informe Técnico de Planificación IEPS-DPL-INV-FAREPS-2019-001 de fecha 29 de enero de 2019.

Artículo 2.- Aprobar la Reforma Presupuestaria del Plan Operativo Anual de Gasto Corriente e Inversión POA 2019 del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria de conformidad a lo solicitado en memorando Nro. IEPS-DPL-2019-0035-M de fecha 31 de enero de 2019, al que se anexa el Informe Técnico Financiero No. IEPS-DAF-2019-002 de fecha 29 de enero de 2019, elaborado por la Dirección Administrativa Financiera, suscrito por: Ingeniera Gina Sacoto, Analista de Presupuesto 2; Ingeniera Cecilia Bedón Coordinadora Financiera y Magister Martha Aguirre, Directora Administrativa Financiera, de conformidad con el siguiente detalle:

26 – Miércoles 1º de mayo de 2019 Registro Oficial N° 479

PROGRAMA

FUENTE

ORGANISMO

ACTIVIDAD esigef

ÍTEM

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

CODIFICADO AL 24-01-2019

AUMENTO

DISMINUCIÓN

NUEVO CODIFICADO

001

000

001

730612

Capacitación a Servidores Públicos

18775,89

18.775,89

001

000

003

730602

Servicio de Auditoría

2.250,00

001

000

003

730612

Capacitación a Servidores Públicos

18.775,89

001

000

001

730601

Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada

16.885,71

2.250,00

19.135,71

TOTAL

37.911,60

21.025,89

37.911,60

PROGRAMA

FUENTE

ORGANISMO

ACTIVIDAD esigef

ÍTEM

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

CODIFICADO AL 24-01-2019

AUMENTO

DISMINUCIÓN

NUEVO CODIFICADO

202

2005

003

730602

Servicio de Auditoría

18.750,00

202

2005

001

730601

Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada

140.714,30

18.750,00

159.464,30

TOTAL:

159.464,30

18.750,00

159.464,30

Artículo 3.- De la ejecución y seguimiento de la presente Resolución, encárguese a las Direcciones de Planificación y Administrativa Financiera del IEPS en el ámbito de sus competencias.

Artículo 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, 01 de febrero de 2019.

Notifíquese y Publíquese.

f.) Mgs. Diego Castañeda Egüez, Director General (E), Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.

Nro. 0004

Ec. Andrea Daniela Sotomayor Andrade SECRETARIA DEL DEPORTE

Considerando:

Que, el literal 1) del artículo 76 de la Constitución de la República establece que: «Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.»;

Que, el artículo 154 de la Carta Magna determina que:

«A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…)»;

Que, el Art. 226 de la Carta Constitucional manifiesta que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el inciso segundo del artículo 297 de la Constitución de la República expresa que: «Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.»;

Registro Oficial N° 479 Miércoles 1º de mayo de 2019 – 27

Que, la Constitución de la República en su artículo 381 señala que: «El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad.

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse deforma equitativa.»;

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo, determina que: «Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias.»;

Que, el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo, determina que el Acto Administrativo es: «…la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y deforma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo.»;

Que, el artículo 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que: «El Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación; le corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables. (…)»;

Que, los artículos 14, literal n), 163, 164 y 165 del mismo cuerpo normativo, instituyen la atribución del Ministerio del Deporte, actual Secretaría del Deporte, para intervenir de manera transitoria las organizaciones deportivas que reciban recursos públicos del Ministerio Sectorial, siempre que se cumpla con los requisitos y causales determinadas para el efecto;

Que, la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, en su artículo 20 dispone que: «En las organizaciones deportivas que reciban anualmente recursos públicos superiores al 0,0000030 del Presupuesto General del Estado, el Directorio contratará obligatoriamente un administrador calificado y caucionado que se encargue de la gestión financiera y administrativa de los fondos públicos que reciba la respectiva organización y su nombramiento será inscrito en el Ministerio Sectorial. El administrador responderá de sus actos civil y penalmente, sin perjuicio de las responsabilidades que se desprendan de los instrumentos legales aplicables. «;

Que, el artículo 48 ibídem refiere: «Federaciones Ecuatorianas por Deporte.- Las Federaciones Ecuatorianas por deporte son organismos que planifican, dirigen y ejecutan a nivel nacional el deporte a su cargo, impulsando el alto rendimiento de las y los deportistas para que representen al país en las competencias internacionales. Se regirán por esta Ley y su estatuto de conformidad con su propia modalidad deportiva. Estarán integradas por un mínimo de cinco clubes especializados de alto rendimiento y/o clubes especializados formativos que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento a ésta Ley. En todos los casos, para la afiliación de los clubes a la respectiva Federación Ecuatoriana, se deberá cumplir lo que disponga el Reglamento a ésta Ley y los Estatutos de cada Federación Ecuatoriana por deporte «;

Que, el artículo 49 de la Ley de la materia expresa: «Afiliación a las Federaciones Internacionales.- Las Federaciones Ecuatorianas por deporte que practiquen deportes olímpicos, serán reconocidos por su Federación Internacional a través del Comité Olímpico Ecuatoriano y sus Estatutos serán aprobados por el Ministerio Sectorial».

Que, el artículo 158 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, determina que: «El Ministerio de Deporte y Actividad Física, ejerce jurisdicción administrativa y competencia en el ámbito deportivo a nivel nacional, de acuerdo con las normas establecidas en esta ley y su reglamento «;

Que, el artículo 160 de la Ley del ibídem manifiesta que: «El Ministerio Sectorial, tendrá la facultad exclusiva en relación al control administrativo en materia deportiva; En los casos que exista una resolución emitida por cualquier organización deportiva, que viole actos y normas administrativas, se iniciarán los procesos administrativos correspondientes, de conformidad con el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva «;

Que, el artículo 163 de la Ley del ibídem manifiesta que: «El Ministerio Sectorial podrá designar, dentro o fuera del personal de su dependencia, uno o más interventores para asegurar el normal desempeño del deporte, educación física y recreación, a fin de restablecer las condiciones óptimas para el normal funcionamiento de la organización, a través de elecciones efectuadas de conformidad con la Ley, Reglamento y Estatutos;

El interventor durará en su cargo 90 días como máximo, pudiendo ser prorrogado por una sola vez por 90 días adicionales, plazo durante el cual deberá resolverse la causa de la intervención, o convocarse a elecciones. La intervención además, deberá respetar las normas y reglamentos internacionales «;

Que, el artículo 165 de la Ley en mención establece que: «El Ministerio Sectorial, podrá intervenir a un organismo deportivo en el caso de que se verifique cualquiera de las siguientes causas: «a) En caso de acefalía en la representación legal de un organismo deportivo (…);»

28 – Miércoles 1º de mayo de 2019 Registro Oficial N° 479

Que, los artículos 91, 92, 93 y 94 del Reglamento General a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, regulan el proceso de intervención señalado en el considerando anterior;

Que, el artículo innumerado del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, manifiesta: «De las Secretarlas.- Organismos públicos con facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión y control sobre temas específicos de un sector de la Administración Pública. Estarán representadas por un secretarlo que tendrá rango de ministro de Estado»;

Que, el artículo 84 del Cuerpo Legal Ibídem, determina que «La competencia administrativa es la medida de la potestad que corresponde a cada órgano administrativo. La competencia es Irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se ejerzan en la forma prevista en este estatuto. «

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 438 de 14 de junio de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República, Licenciado Lenín Moreno Garcés, en su artículo 1 transforma el Ministerio del Deporte en Secretaría del Deporte, con autonomía administrativa y financiera;

Que, mediante el artículo 2 del Decreto antes señalado, manifiesta: «La Secretarla del Deporte asumirá las funciones establecidas para el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación, establecidas en la Ley del Deporte y demás normativa que rige el sector»;

Que, mediante el artículo 4 de la normativa mencionada, se determina que: «Todas las partidas presupuestarlas y todos los bienes muebles e Inmuebles, activos y pasivos, así como también los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros Instrumentos jurídicos, nacionales o Internacionales que le correspondían al Ministerio del Deporte, pasen a formar parte del patrimonio Institucional de la Secretarla del Deporte «;

Que, mediante el artículo 6 del Cuerpo Legal Ibídem, el señor Presidente Constitucional de la República, Licenciado Lenín Moreno Garcés, nombra como Secretaria del Deporte a la Economista Andrea Daniela Sotomayor Andrade;

Que, mediante Resolución Nro. 0085 de 19 de octubre de 2018, la Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Secretaria del Deporte, Resuelve intervenir la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE GIMNASIA, por configurarse la causal establecida en el literal a) del artículo 165 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación esto es «En caso de acefalía en la representación legal de un organismo deportivo», nombrando como interventor de dicho organismo, Mgs. Nery Efraín Velastegui Gómez;

Que, mediante Memorando N° SD-CZ5-2019-0090, de 15 de enero de 2019, el Mgs. Nery Efraín Velastegui Gómez de la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE GIMNASIA, solicita una prórroga al proceso de intervención del organismo deportivo mencionado;

Que, mediante Memorando No. SD-DAD-2019-0070 de 16 de enero de 2019, la Dirección de Asuntos Deportivos, emite informe jurídico favorable para la prórroga del proceso de intervención de la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE GIMNASIA, amparado en el artículo 163 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación;

Que, al existir elementos unívocos, concordantes y al existir la inobservancia de la causal establecida en el literal a) del artículo 165 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, esto es «En caso de acefalía en la representación legal de un organismo deportivo», es imprescindible la adopción de medidas cautelares, como es la prórroga del proceso de intervención de la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE GIMNASIA, con el afán de subsanar la situación actual y restablecer las condiciones óptimas para el normal funcionamiento del organismo deportivo mencionado;

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 226 de la Constitución de la República, Código Orgánico Administrativo, Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, artículo 14 literal n), 163, 164 y 165 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 91, 92 93 y 94 de su Reglamento General;

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO.- Prorrogar el periodo de intervención de la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE GIMNASIA por el lapso de 90 días adicionales, conforme lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, en virtud de que la causal que dio origen al proceso administrativo de intervención y que se encuentra señalada en el literal a) del artículo 165 de la invocada Ley, no ha sido subsanada, esto es en caso de acefalía en la representación legal de un organismo deportivo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Ratificar en funciones al Mgs. Nery Efraín Velastegui Gómez, con cédula de ciudadanía número 1310090889 como interventor de la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE GIMNASIA Es obligación del interventor que su actuación sea acorde a las funciones y competencias establecidas en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su Reglamento General y subsanar en el periodo de prórroga concedido, la causal que motivó el inicio del proceso administrativo de intervención, así como también realizar todas las gestiones necesarias ante las Instituciones del Sistema Financiero Nacional, en donde tenga cuentas bancarias el organismo deportivo mencionado.

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría del Deporte, a través de su Máxima Autoridad se reserva el derecho de remover en cualquier momento al interventor designado.

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer que mediante la Dirección Administrativa de esta Cartera de Estado, notifique con la presente Resolución a:

Registro Oficial N° 479 Miércoles 1º de mayo de 2019 – 29

Mgs. Nery Efraín Velastegui Gómez Interventor de la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE GIMNASIA;
Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).
Coordinación Zonal 5 de la Secretaría del Deporte.

ARTÍCULO QUINTO.- Disponer a todas las Coordinaciones Generales de la Secretaría del Deporte y a sus Direcciones, brinden el contingente necesario para el normal y oportuno desenvolvimiento de la Prórroga de Intervención.

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución entrará en vigencia desde su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La presente Resolución será documento habilitante suficiente para proceder a realizar las gestiones necesarias ante entidades de como SERCOP, SRI, IESS y demás entidades públicas y privadas de control y supervisión;

ARTÍCULO OCTAVO.- Las responsabilidades que se generen a través de esta resolución surtirán efecto desde la suscripción del presente instrumento.

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.

Dado en San Francisco de Quito D.M., 16 de enero de 2019.

f.) Ec. Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Secretaria del Deporte.

Certifico que el documento que antecede, contenido en 05 foj as útiles que son fiel copia del original de la documentación que reposa en el Archivo Central de la Gestión de Secretaría General de la Dirección Administrativa, D.M., Febrero 05 de 2019.

f.) Ing. Alvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo.

Nro. 0005

Sr. Roberto Xavier Ibañez Romero SECRETARIO DEL DEPORTE (S)

Considerando:

Que, el artículo 154 de la Carta Magna determina que: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…)»;

Que, el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo, especifica que. «La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado. «

Que, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 69 manifiesta: «Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes. 2. Otros órganos o entidades de otras administraciones. 3. Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan. 4. Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos. (…)»;

Que, el artículo del Código Orgánico Administrativo señala la Extinción de la delegación. «La delegación se extingue por: 1. Revocación. 2. El cumplimiento del plazo o de la condición («…»)

30 – Miércoles 1º de mayo de 2019 Registro Oficial N° 479

Que, el artículo 82 del Código Orgánico Administrativo indica que la Subrogación es. «Las competencias de un órgano administrativo pueden ser ejercidas por el jerárquico inferior en caso de ausencia del jerárquico superior. La subrogación únicamente se aplicará en los casos previstos en la ley»;

Que, el artículo 90 del Cuerpo Legal invocada instituye: «Las actividades a cargo de las administraciones pueden ser ejecutadas mediante el uso de nuevas tecnologías y medios electrónicos, en la medida en que se respeten los principios señalados en este Código, se precautelen la inalterabilidad e integridad de las actuaciones y se garanticen los derechos de las personas»;

Que, el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo, determina que el Acto Administrativo es: «… la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo.»;

Que, el artículo 103 del instrumento jurídico ibídem señala: «Causas de extinción del acto administrativo. El acto administrativo se extingue por: («… «) 2. Revocatoria, en los casos previstos en este Código.

Que, el artículo 164 manifiesta que la notificación. «Es el acto por el cual se comunica a la persona interesada o a un conjunto indeterminado de personas, el contenido de un acto administrativo para que las personas interesadas estén en condiciones de ejercer sus derechos. La notificación de la primera actuación de las administraciones públicas se realizará personalmente, por boleta o a través del medio de comunicación, ordenado por estas. La notificación de las actuaciones de las administraciones públicas se practica por cualquier medio, físico o digital, que permita tener constancia de la transmisión y recepción de su contenido».

(…)»;

Que, el artículo 36 de la invocada norma señala: «El Directorio de las Federaciones Deportivas Provinciales sujetas al Régimen de Democratización y Participación será conformado de la siguiente manera: a) Dos dirigentes elegidos por la Asamblea General; b) Dos delegados del Ministerio Sectorial; especializados en materia financiera y técnica; c) Un representante de las y los deportistas inscritos en la federación deportiva provincial correspondiente; d) El Director Provincial de Salud o su delegado: e) Un delegado/a de la fuerza técnica; f Un representante de los gobiernos autónomos descentralizados

que conforman el Consejo Provincial, elegido de entre los alcaldes cantonales de la provincia (…) «;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva determina que: «Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales»;

Que, el artículo innumerado del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, manifiesta: «De las Secretarias.- Organismos públicos con facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión y control sobre temas específicos de un sector de la Administración Pública. Estarán representadas por un secretario que tendrá rango de ministro de Estado.»;

Que, el art. 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE determina que: «Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial. (…)»;

Que, el artículo 57 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE dice: «La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido y se extinguirá, en el caso de asuntos únicos, cuando se haya cumplido el acto cuya expedición o ejecución se delegó».

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 231 de 01 de febrero de 2013, se expide el Reglamento de Delegación de funciones para las y los Coordinadores/as Regionales del Ministerio del Deporte, actual Secretaría del Deporte;

Que, el artículo 1 de la normativa invocada señala: «Delegar a las y los Coordinadoras/es Regionales del Ministerio del Deporte las siguientes funciones y atribuciones relacionadas a la gestión Administrativa Financiera, y en relación al Acuerdo Ministerial 1122 de 24 de agosto de 2012, sobre este ámbito; a) supervisar los procesos de contratación de personal para la Coordinación Regional a su cargo, b) Suscribir contratos de personal de acuerdo a las directrices establecidas por la Dirección de Recursos Humanos de planta Central»;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 789 de 05 de diciembre de 2017 suscrito por la Eco. Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Ministra del Deporte acuerda reformar el Reglamento de Delegación de Funciones para

Registro Oficial N° 479 Miércoles 1º de mayo de 2019 – 31

las y los Coordinadores/es Regionales del Ministerio del Deporte, mismo que en su artículo 1 establece: «Sustitúyase en el Acuerdo Ministerial Nro. 1122, del Reglamento de Delegación de Funciones para las y los Coordinadoras/es Regionales del Ministerio del Deporte, en el cual conste la palabra «REGIONALES», por la palabra «ZONALES»;

Que, mediante el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 438 de 14 de junio de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República, Licenciado Lenín Moreno Garcés, transforma el Ministerio del Deporte en Secretaría del Deporte, con autonomía administrativa y financiera;

Que, mediante el artículo 2 del Decreto antes señalado, manifiesta: «La Secretaría del Deporte asumirá las funciones establecidas para el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación, establecidas en la Ley del Deporte y demás normativa que rige el sector»;

Que, mediante el artículo 4 de la normativa mencionada, se determina que: «Todas las partidas presupuestarias y todos los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos, así como también los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, nacionales o internacionales que le correspondían al Ministerio del Deporte, pasen a formar parte del patrimonio institucional de la Secretaría del Deporte «;

Que, mediante Resolución N° 0050, de 19 de diciembre de 2017, la Economista Andrea Daniela Sotomayor Andrade, la Secretaria del Deporte, resolvió. «ARTICULO PRIMERO.-Dejar sin efecto las anteriores designaciones de Delegados Técnicos de la Federación Deportiva Provincial del Azuay, realizadas por esta Cartera y en su reemplazo nombrar a la Ing. Miriam Elizavé Ramón Duran con cédula de identidad N» 0102809068 como Delegada Técnica del Ministerio del Deporte en el organismo deportivo en mención. «

Que, mediante acción de personal Nro. 412183 de 17 de enero de 2019, se nombra al Señor Roberto Ibáñez Romero como Secretario del Deporte Subrogante de esta Cartera de Estado;

En uso de las atribuciones conferidas en la Constitución de la República, Código Orgánico Administrativo, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva;

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO.- Revocar y dejar sin efecto la Resolución N° 0050, de 19 de diciembre de 2017, dictada por la Economista Andrea Daniela Sotomayor Andrade Ministra del Deporte a la época, mediante la cual se designó

a la señora Miriam Elizavé Ramón Duran en calidad de Delegada Técnica, de la Federación Deportiva Provincial del Azuay, así como todas las atribuciones y funciones que ejercía en mérito de tal delegación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer que, mediante la Dirección Administrativa, en el ámbito de sus competencias, notifique con la presente Resolución a:

A los representantes de la FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE AZUAY, mediante el Sistema de Gestión Documental Quipux.
Ex Delegada Técnica de la Federación Deportiva Provincial del Azuay, mediante el Sistema de Gestión Documental Quipux
Coordinación Zonal 6 de esta Cartera de Estado.

ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

ARTÍCULO CUARTO.- Encárguese de la ejecución de la presente Resolución a la Coordinación Zonal 6.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 18 de enero de 2019.

f.) Sr. Roberto Xavier Ibañez Romero, Secretario del Deporte, (S).

Certifico que el documento que antecede, contenido en 05 fojas útiles que son fiel copia del original de la documentación que reposa en el Archivo Central de la Gestión de Secretaría General de la Dirección Administrativa, D.M., Febrero 05 de 2019.

f.) Ing. Alvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo.

Nro. 0008

Ec. Andrea Daniela Sotomayor Andrade SECRETARIA DEL DEPORTE

Considerando:

Que, el literal 1) del artículo 76 de la Constitución de la República establece que: «Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. «;

32 – Miércoles 1º de mayo de 2019 Registro Oficial N° 479

Que, el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo, determina que el Acto Administrativo es: «… la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo.»;

desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables. (…)»;

Que, los artículos 14, literal n), 163, 164 y 165, del mismo cuerpo normativo, instituyen la atribución de esta Cartera de Estado para intervenir de manera transitoria las organizaciones deportivas que reciban recursos públicos del Ministerio Sectorial, siempre que se cumpla con los requisitos y causales determinadas para el efecto;

Registro Oficial N° 479 Miércoles 1º de mayo de 2019 – 33

Que, el artículo 164 de la norma mencionada, específica «El interventor será de libre designación y remoción de la máxima autoridad del Ministerio Sectorial. «;

Que, los artículos 91, 92, 93 y 94 del Reglamento General a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, regulan el proceso de intervención señalado en el considerando anterior;

Que, el artículo innumerado del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, manifiesta: «De las Secretarías.- Organismos públicos con facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión y control sobre temas específicos de un sector de la Administración Pública. Estarán representadas por un secretario que tendrá rango de ministro de Estado»;

Que, el artículo 84 del Cuerpo Legal Ibídem, determina que «La competencia administrativa es la medida de la potestad que corresponde a cada órgano administrativo. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se ejerzan en la forma prevista en este estatuto. «

Que, mediante el artículo 4 de la normativa mencionada, se determina que: «Todas las partidas presupuestarias y

todos los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos, así como también los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, nacionales o internacionales que le correspondían al Ministerio del Deporte, pasen a formar parte del patrimonio institucional de la Secretaría del Deporte «;

Que, mediante Resolución Nro. 0090 de 28 de diciembre de 2018, la Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Secretaria del Deporte, resuelve en su artículo primero intervenir la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BAILE DEPORTIVO, por configurarse la causal establecida en el literal a) del artículo 165 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación esto es: «a) En caso de acefalía en la representación legal de un organismo deportivo; en su artículo segundo se designa al Mgs. Nery Efraín Velástegui Gómez con cédula de ciudadanía No. 1310090889 como interventor del mencionado organismo deportivo;

Que, mediante Memorando Nro. SD-CZ5-2019-0095 de 15 de enero de 2019, la Coordinación Zonal 5 de la Secretaría del Deporte informa: «que se designe al señor Máximo Ángel Ochoa Murillo como interventor de la Federación Ecuatoriana de Baile Deportivo.

Que, mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. SD-CZ5-2019-0095 de 15 de enero de 2019 la Máxima Autoridad de esta Secretaría de Estado, aprueba la recomendación emitida por la Coordinación Zonal 5;

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO.- Reformar el artículo segundo de la Resolución 0090 de 28 de diciembre de 2018, dejando sin efecto la designación del Mgs. Nery Efraín Velástegui Gómez, con cédula de ciudadanía No. 1310090889, en calidad de interventor de la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BAILE DEPORTIVO, en su lugar se designa al señor Máximo Ángel Ochoa Murillo, con cédula de ciudadanía No. 0924554082.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El interventor designado será el encargado de representar legal, judicial y extrajudicialmente, a dicho organismo deportivo. El interventor será responsable por los actos realizados en el

34 – Miércoles 1º de mayo de 2019 Registro Oficial N° 479

ejercicio de la intervención, observando para este efecto las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.

Es obligación del Interventor realizar todas las gestiones necesarias ante las Instituciones del Sistema Financiero Nacional, en donde tenga cuentas bancarias la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BAILE DEPORTIVO, a fin de que procedan a realizar el cambio de firmas del Representante Legal.

ARTÍCULO TERCERO.- Ratificar todas las demás disposiciones de la Resolución 0090 de 28 de diciembre de 2018, instrumento con el cual se interviene a la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BAILE DEPORTIVO

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría del Deporte, a través de su Máxima Autoridad se reserva el derecho de remover en cualquier momento al interventor designado.

ARTÍCULO QUINTO.- Disponer que mediante la Dirección Administrativa de esta Cartera de Estado, notifique con la presente Resolución a:

Señor Máximo Ángel Ochoa Murillo nuevo interventor de la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BAILE DEPORTIVO.
Mgs. Nery Efraín Velástegui Gómez, ex Interventor de la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BAILE DEPORTVO.
Coordinación Zonal 5.
Comité Olímpico Ecuatoriano.

ARTÍCULO SEXTO.- Disponer a todas las

Coordinaciones Generales de la Secretaría del Deporte y a sus Direcciones, brinden el contingente necesario para el normal y oportuno desenvolvimiento de la Intervención.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La presente Resolución entrará en vigencia desde su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

ARTÍCULO OCTAVO.- La presente Resolución será documento habilitante suficiente para proceder a realizar las gestiones necesarias ante entidades de como SERCOP, SRI, IESS y demás entidades públicas y privadas de control y supervisión;

ARTÍCULO NOVENO.- La Dirección Administrativa subirá la presente Resolución al Sistema de Intervenciones para su respectivo seguimiento por parte de la Dirección de Asuntos Deportivos.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Las responsabilidades que se generen a través de esta resolución surtirán efecto desde la suscripción del presente instrumento.

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.

Dado en San Francisco de Quito D.M., 24 de enero de 2019.

f.) Ec. Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Secretaria del Deporte.

Certifico que el documento que antecede, contenido en 06 fojas útiles que son fiel copia del original de la documentación que reposa en el Archivo Central de la Gestión de Secretaría General de la Dirección Administrativa, D.M., Febrero 05 de 2019.

f.) Ing. Alvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo.

Nro. 0009

Ec. Andrea Daniela Sotomayor Andrade SECRETARIA DEL DEPORTE

Considerando:

Que, el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: «En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. «;

Que, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes»;

Que, el artículo 154 de la misma Norma Suprema estipula que: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…)»;

Que, el Art. 226 de nuestra Carta Magna manifiesta que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, la Constitución de la República en su artículo 381 señala que: «El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación

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física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad.

Que, el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 3 determina que: Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias.

Que, el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo manifiesta que: Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo.

(…)»;

Que, de acuerdo con el artículo 14, del mismo cuerpo normativo, son funciones y atribuciones del Ministerio del Deporte: («…») c) Supervisar y evaluar a las organizaciones deportivas en el cumplimiento de esta Ley y en el correcto uso y destino de los recursos públicos que reciban del Estado, debiendo notificar a la Controlaría General del Estado en el ámbito de sus competencias. («… «). h) Regular e inspeccionar el funcionamiento de cualquier instalación, escenario o centro donde se realice deporte, educación física y recreación, de conformidad con el Reglamento a ésta Ley. q) Resolver los asuntos administrativos del Ministerio Sectorial no previstos en la legislación deportiva;

Que, el artículo 15 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, expresa que «Las organizaciones que contemple esta Ley son entidades de derecho privado sin fines de lucro con finalidad social y pública, tienen como propósito, la plena consecución de los objetivos que ésta contempla en los ámbitos de la planificación, regulación, ejecución y control de las actividades correspondientes, de acuerdo con las políticas, planes y directrices que establezca el Ministerio Sectorial (…) «;

Que, el artículo 158 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, determina: «El Ministerio de Deporte y Actividad Física, ejerce jurisdicción administrativa y competencia en el ámbito deportivo a nivel nacional, de acuerdo con las normas establecidas en esta ley y su reglamento «;

Que, el artículo 160 de la Ley ibídem, señala: «El Ministerio Sectorial, tendrá la facultad exclusiva en relación al control administrativo en materia deportiva»;

Que, la Disposición Décimo Cuarta de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación instituye que: «Las organizaciones que no manejan fondos públicos, que han estado sujetas al Ministerio del Deporte y que no tengan como única actividad la propiamente deportiva, como, por ejemplo, las actividades sociales o recreativas, podrán seguir desarrollando todas sus actividades, conservando la personalidad jurídica que adquirieron cuando fueron aprobados sus Estatutos. Para el efecto, deberán registrarse en el Ministerio de Cultura, de Turismo u otro que fuere del ramo respectivo, a su libre elección, y bajo la denominación de «clubes sociales» o «instituciones recreativas privadas (IRP) «, según el caso. Para solicitar su registro, como «club social» o «institución recreativa privada», según lo dispuesto en el inciso anterior, la corporación respectiva deberá presentar al Ministerio respectivo la correspondiente solicitud manifestando su decisión de ser excluido de esta Ley, de acuerdo a la decisión tomada por su máximo organismo y el deseo de continuar con sus actividades, pero fuera de esta Ley. Para el efecto, en la tramitación de lo anteriormente mencionado no se podrán cuestionar los términos de los Estatutos y más derechos adquiridos que hubieren sido anteriormente aprobados por autoridad competente. Con la sola presentación de la solicitud el Ministerio respectivo, según el caso, deberá, sin más trámite, en un plazo no mayor de 30 días, registrar como «club social» o «institución recreativa privada » a la corporación solicitante y a la nómina de sus directivos, así como comunicar el particular al Ministerio del Deporte y Actividad Física. Una vez registrada la institución, continuará sus actividades normales, según sus Estatutos vigentes, ejerciendo los derechos y cumpliendo las obligaciones que hubiere adquirido o contraído en el pasado.

Que, el artículo 105 del Reglamento a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, manifiesta «De acuerdo a la Disposición General Décimo Cuarta de la Ley, las organizaciones que no manejan fondos públicos, que han estado sujetas a dicha Ley y a su normativa anterior, y que no tengan como única actividad la propiamente deportiva, en todo tiempo tendrán el derecho de dejar de estar sujetas a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, y a su respectivo Ministerio Sectorial, y solicitar su traslado al Ministerio de Cultura, de Turismo u otro que fuere del ramo respectivo, a su libre elección, y su consiguiente registro como «club social» o «institución recreativa privada», sin cuestionamiento alguno y sin más requisitos que la sola presentación de la respectiva solicitud de registro, con una copia de sus Estatutos y con la manifestación de su decisión de ser excluidos de la mencionada Ley y de

36 – Miércoles 1º de mayo de 2019 Registro Oficial N° 479

su deseo de continuar sus actividades. Los Ministerios elegidos para los traslados previstos en la Disposición General Décimo Cuarta de la Ley deberán aceptar las solicitudes que se les presenten para el efecto y abrirán y llevarán registros especiales a su cargo, para inscribir en ellos, como «clubes sociales» o «instituciones recreativas privadas «, según el caso, a las organizaciones que hicieren uso del derecho antes mencionado, junto con sus Estatutos y las nóminas de sus directivos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso que antecede, las organizaciones con personalidad jurídica y que no manejan fondos públicos, que han estado sujetas a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, y que no tengan como única actividad la propiamente deportiva, como, por ejemplo, las actividades sociales o recreativas, tendrán el derecho de seguir desarrollando todas sus actividades, como «clubes sociales» o «instituciones recreativas privadas», pero fuera del sistema deportivo nacional y sin el carácter de organizaciones deportivas, conservando la personalidad jurídica que adquirieron cuando fueron aprobados sus Estatutos, sin necesidad de trasladarse a otro Ministerio según lo establecido en el inciso anterior; para lo cual bastará que presenten en cualquier momento al Ministerio Sectorial la correspondiente solicitud manifestando su decisión de seguir desarrollando sus actividades, como hasta ahora lo han venido haciendo, pero fuera del sistema deportivo nacional y sin ser consideradas como ninguna de las organizaciones deportivas previstas en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. Para el efecto, el Ministerio Sectorial abrirá y llevará un registro especial en el que inscribirá a estos «clubes sociales » o «instituciones recreativas privadas «Junto con sus vigentes Estatutos, que no podrán ser cuestionados, y las nóminas de sus directivos. Estos clubes o instituciones no formarán parte del sistema deportivo nacional ni serán considerados organizaciones deportivas, ni estarán por tanto sujetos a los controles de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, ni podrán gozar de los derechos ni recibir ninguno de los beneficios previstos en ella. Las organizaciones referidas en el segundo inciso de este artículo, cuya actividad principal sea la del deporte formativo o el de alto rendimiento, que desearen continuar sujetas a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, en vez de reducirse a simples «clubes sociales » o «instituciones recreativas privadas «, tendrán derecho a que se las considere y registre como organizaciones deportivas privadas, asimiladas a los clubes deportivos especializados formativos o del alto rendimiento, conservando su personalidad jurídica, previa la correspondiente solicitud presentada al Ministerio Sectorial, sin necesidad de reestructurar su organización ni reformar sus Estatutos «.

Que, el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva determina que: «Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales.»;

Que, el artículo innumerado del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva manifiesta: «De las Secretarías.- Organismos públicos con facultades

de rectoría, planificación, regulación, gestión y control sobre temas específicos de un sector de la Administración Pública. Estarán representadas por un secretario que tendrá rango de ministro de Estado. «;

Que, el artículo 84 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva determina que: «La competencia administrativa es la medida de la potestad que corresponde a cada órgano administrativo. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se ejerzan en la forma prevista en este estatuto. «;

Que, el artículo 135 del Estatuto en mención establece que: «Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada. «;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0132 de 01 de marzo de 2016, resuelve: «Expedir el procedimiento para disolución y liquidación de organismos Deportivos «;

Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial Nro. 0132 de 01 de marzo de 2016, establece que: «El Ministro o Ministra del Deporte o su delegado podrán declarar inactiva a una organización deportiva sujeta a su control, mediante resolución motivada, de oficio o a petición departe, cuando exista inactividad manifiesta en los siguientes casos: a) Cuando no hubiere realizado actividad deportiva, por 180 días consecutivos y b) Cuando no haya adecuado sus estatutos conforme lo señala la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación en los plazos señalados»;

Se presume la inactividad del organismo deportivo cuando no hubiere presentado durante el lapso de tiempo señalado anteriormente, la información que señala el Capítulo II del Reglamento a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, Sistema Nacional de Información Deportiva, de acuerdo su competencia.

Que, el artículo 2 del Acuerdo Ministerial en mención, señala que: «La máxima autoridad del Ministerio del Deporte o su delegado, emitirá la resolución para declarar la inactividad, la cual estará sustentada en un informe motivado, señalando la causal por la que se declara inactivo el organismo deportivo; La resolución de inactividad será notificada por Secretaría General, mediante oficio en la dirección detallada por el organismo deportivo en su estatuto. De no conocerse la dirección para notificar con la resolución al representante legal del organismo deportivo, se publicará un extracto de dicha resolución por una sola ocasión en la página web del Ministerio del Deporte; La resolución de inactividad se notificará al Servicio de Rentas Internas (…).»;

Que, el artículo 33 del Acuerdo Ministerial Nro. 0694A Ministerio del Deporte de 01 de diciembre de 2016, declara que: «La Subsecretaría de Deporte y Actividad Física, a través de las direcciones de deporte a su cargo, los analistas de la Unidad de Deporte, Educación Física y Recreación de las Coordinaciones Zonales, los Delegados Técnicos ante las Federaciones Provinciales, ejecutarán procesos

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de evaluación a las organizaciones creadas a través de un seguimiento y control posterior; Los resultados del control posterior serán actualizados en el sistema informático del Ministerio y servirán para el otorgamiento del certificado bianual de «Organización Deportiva Activa (…) El informe técnico, de la Subsecretaría de Deporte y Actividad Física, que determine el incumplimiento de las actividades de los clubes, será suficiente para determinar que una organización deportiva no ha realizado actividad deportiva por más de 180 días consecutivos, lo que permitirá el inicio del procedimiento para la declaración de inactividad conforme establece el Acuerdo Ministerial 132, de 01 de marzo de 2016. «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 438 de 14 de junio de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República, Licenciado Lenín Moreno Garcés, en su artículo 1, «transforma el Ministerio del Deporte en Secretaría del Deporte, con autonomía administrativa y financiera»;

Que, el Ministerio de Educación y Cultural mediante Acuerdo Ministerial N° 021, de 12 de enero de 2001, ACUERDA, que: ‘Aprobar el Estatuto del Club Social, Cultural y Deportivo «QUITO YOUTH BASEBALL ASSOCIATION, para cumplir con los fines establecidos en el título Tercero, Capítulo Noveno de la Ley de Educación Física, Deportes y Recreación y su Reglamento General»

Que, mediante oficio s/n de 17 de agosto de 2018, ingresado a la Secretaría del Deporte, con trámite No. MD-DSG-2018-7779-INGR de 17 de agosto de 2018, en el cual, el señor THOMAS ERIC EDWARDS, en calidad de vicepresidente del Club Social, Cultural y Deportivo «QUITO YOUTH BASEBALL ASSOCIATION, pone en conocimiento que el citado Club, ha incurrido en la causal a) del artículo 1 del Acuerdo Ministerial Nro. 0132 de 01 de marzo de 2016;

Que, con Memorando N° SD-DAD-2018-1270, de 26 de septiembre de 2018, la Dirección de Asuntos Deportivos, remite para conocimiento de la Subsecretaría de Deporte y Actividad Física, para que conforme a lo establecido en el artículo 33 del Acuerdo Ministerial N° 0694A de 01 de diciembre de 2016, previo a una inspección in situ al domicilio del organismo deportivo, emita informe técnico y se determine si el club ha incurrido en la causal a) del del artículo 1 del Acuerdo Ministerial Nro. 0132 de 01 de marzo de 2016;

Que, mediante Memorando N° SD-DR-2018-1442, de 22 de octubre de 2018, la Dirección de Recreación, remite a la Dirección de Asuntos Deportivos el informe técnico, determinando lo siguiente: «No disponen de un lugar donde practiquen la disciplina de baseball. No se encuentran actualmente afiliados a ninguna liga barrial u organismo deportivo que aglomere y/o planifique realizar los encuentros los fines de semana Se realizó el acercamiento con el único dirigente que se encuentra en la visita y actual vicepresidente del organismo, quien manifiesta el deseo de cerrar el club, en razón de que los dirigentes están en el extranjero y por culminar una etapa ya que no tienen actividades por más de 8 años», indicando en el informe técnico la inactividad del organismo deportivo;

Que, con Memorando N° SD-DAD-2019-0010-M, de 07 de enero de 2019, la Dirección de Asuntos Deportivos, recomienda a la Máxima Autoridad, se declare inactivo al Club Social, Cultural y Deportivo «QUITO YOUTH BASEBALL ASSOCIATION, constituido mediante Acuerdo Ministerial N° 021 de 12 de enero de 2001, por los antecedentes detallados en el informe técnico; esto es haberse comprobado, que el Organismo Deportivo en mención incurrió en las causales establecidas en el artículo 1 del Acuerdo Ministerial N° 0132, de 01 de marzo de 2016,configurándose así su inactividad;

Que, mediante aprobación inserta en el sistema documental Quipux, de 07 de enero de 2019, la Secretaria del Deporte, acepta la recomendación emitida por la Dirección de Asuntos Deportivos;

Con estos antecedentes en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 154, 226, de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 3, 98 del Código Orgánico Administrativo, en armonía a los artículos 17, 84, del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, y artículos 1, 2 del Acuerdo Ministerial 0132, de 01 de marzo de 2016;

Resuelvo:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar inactivo al Club Social, Cultural y Deportivo «QUITO YOUTH BASEBALL ASSOCIATION, ya que se verifica la causal establecida en el artículo 1 del Acuerdo Ministerial 0132 de 01 de marzo del 2016, en concordancia con lo señalado en el artículo 33 del Acuerdo Ministerial 0694A de fecha 01 de diciembre del 2016, esto es cuando no hubiere realizado actividad deportiva, por 180 días consecutivos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Si por un término superior a 90 días contados a partir de la notificación de la presente Resolución, el Organismo Deportivo permanece en estado de inactividad sin que su Representante Legal justifique haber reanudado su actividad deportiva, se iniciará de oficio la disolución del Organismo Deportivo, conforme lo establece el Art. 11 del Acuerdo Ministerial 0132 Ministerio del Deporte de 01 de marzo del 2016.

38 – Miércoles 1º de mayo de 2019 Registro Oficial N° 479

ARTICULO TERCERO.- Con la notificación de la presente Resolución, el Representante Legal del Club Social, Cultural y Deportivo «QUITO YOUTH BASEBALL ASSOCIATION, podrá solicitar la disolución del organismo deportivo en mención, para lo cual se necesitará la declaración juramentada otorgada ante notario público, en la que conste la manifestación expresa de la persistencia de la causal que motivó la declaratoria de inactividad.

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer que, mediante la Dirección Administrativa, en el ámbito de sus competencias, notifique con la presente Resolución a:

Club Social, Cultural y Deportivo «QUITO YOUTH BASEBALL ASSOCIATION» de la manera establecida en el art. 2 del Acuerdo Ministerial 0132 de 01 de marzo del 2016, es decir, se notificará: a.l) mediante oficio en la dirección Pasaje Julio Zaldumbide El4-58 y Corana, de la Ciudad de Quito al Representante Legal sr. THOMAS ERIC EDWARDS; a.2) Se publicará un extracto de dicha resolución por una sola ocasión en la página web de la Secretaría del Deporte; a. 3) Mediante el Sistema de Gestión Gubernamental Quipux;
Servicio de Rentas Internas (SRI);
Sin perjuicio de que no se encuentre el representante legal, o persona encargada del Club, se fijará por boletas, la presente resolución en la dirección detallada en el numeral a. 1, de lo cual se dejará constancia y fe de lo actuado, para dicho efecto lo realizará un analista de la Dirección de Asuntos Deportivos;

ARTÍCULO QUINTO.- Se dispone a la Dirección Administrativa, anexe la presente Resolución de Inactividad, al expediente del Club Social, Cultural y Deportivo «QUITO YOUTH BASEBALL ASSOCIATION»;

ARTÍCULO SEXTO.- Esta Resolución entrará en vigencia desde su aprobación y suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.

Dado en San Francisco de Quito D.M., 24 de enero de 2019.

f.) Ec. Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Secretario del Deporte.

Certifico que el documento que antecede, contenido en 08 fojas útiles que son fiel copia del original de la documentación que reposa en el Archivo Central de la Gestión de Secretaría General de la Dirección Administrativa, D.M., Febrero 05 de 2019.

f.) Ing. Alvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo.

N° 001-FGE-2019

Dra. Lady Diana Salaz ar Méndez FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Considerando:

Que, el 4 de febredo de 2018, se efectuó una consulta popular y referéndum, a través de la cual, el pueblo ecuatoriano, aprobó la pregunta tres para la conformación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; cuya misión es: «el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y control, de participación ciudadana, de prevención y combate a la corrupción», así también determinó la evaluación a las autoridades estatales, y de ser el caso, dar por terminado sus períodos anticipadamente; para «proceder inmediatamente a la convocatoria de los respectivos procesos de selección», del mismo modo, garantizará la mejora, objetividad, imparcialidad, transparencia de los mecanismos de selección de las autoridades cuya designación sea de su competencia;

Que, el numeral 11 del artículo 208 de la Constitución de la República prevé como una de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la de designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado;

Que, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, mediante Resolución No. PLE-CPCCS-T-O-001-13-03-2018, asumió el mandato popular de 04 de febrero de 2018;

Que, mediante Resolución No. PLE-CPCCS-T-O-009-28-03-2018 de 28 de marzo de 2018, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, resolvió expedir el «Mandato de evaluación de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social»;

Que, con Resolución No. PLE-CPCCS-T-O-182-27-11-2018 de 17 de noviembre de 2018, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio resolvió expedir el «Mandato para el concurso público de méritos y oposición para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado;

Que, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, mediante Resolución No. PLE-CPCCS-T-O-353-01-04-2019 de 1º de abril de 2019, designó a la doctora Lady Diana Salazar Méndez, como titular de la Fiscalía General del Estado;

Que, la Asamblea Nacional, con sustento en la Resolución No. PLE-CPCCS-T-O-353-01-04-2019 de 1º de abril de 2019, expedida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y en ejercicio de la facultad contenida en el numeral 11 del artículo 120 de la Constitución de la República, posesionó a la doctora Lady Diana Salazar Méndez, como Fiscal General del Estado; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley,

Registro Oficial N° 479 Miércoles 1º de mayo de 2019 – 39

Resuelve:

Artículo Único.- Asumir las funciones de Fiscal General del Estado, a partir del 8 de abril del 2019.

COMUNÍQUESE.

Dado y firmado en el Despacho de la Fiscalía General del Estado, en Quito, D.M. a los ocho días del mes de abril del dos mil diecinueve.

f.) Dra. Lady Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado.

CERTIFICO.- Quito, 8 de abril de 2019.

f.) Dra. Fernanda Paladines Jiménez, Secretaria General, Encargada, Fiscalía General del Estado.

FGE.- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.-CERTIFICO.- Que las copias que anteceden en una fojas, corresponden a los originales que reposan en los archivos a cargo y responsabilidad de la Secretaría General de la Fiscalía General del Estado.- Quito, 15 de abril de 2019.-f.) Secretario General.

No. 031-DPE-CGAJ-2019

Dra. Gina Benavides

DEFENSORA DEL PUEBLO

ENCARGADA

Considerando:

Que, el artículo 214, señala que la Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior.

Que, el artículo 215, establece como funciones de la Defensoría del Pueblo la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianos y ecuatorianos que estén fuera del país.

Que, le corresponde a la Dirección General Tutelar, asesorar en la implementación de estrategias para la atención de casos en las Delegaciones Provinciales y en el exterior;

Que debido a la suspensión temporal de las delegaciones en el exterior por inconvenientes de orden jurídico, administrativo y financiero; teniendo la necesidad de contar con mecanismos que permitan receptar los casos de posibles vulneraciones de derechos de las personas

ecuatorianas en el exterior se decidió la implementación del sistema de atención en línea para ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior.

Que, sin perjuicio de que la Defensoría del Pueblo, cuente con delegaciones en el exterior, es preciso que la institución mantenga una herramienta tecnológica que permita recibir en el Ecuador, las quejas, peticiones o denuncias que realicen las personas en movilidad humana, respecto a violaciones de derechos humanos del país donde residen.

En uso de las atribuciones previstas en la Constitución, la ley y demás normativa vigente,

Resuelve:

Expedir las DIRECTRICES PAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN LÍNEA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA EN EL EXTERIOR, DESDE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN ECUADOR.

Artículo 1.- Atención en Plataforma.- La Defensoría del Pueblo, podrá atender los requerimientos que realicen las personas ecuatorianas en situación de movilidad humana en el exterior a través de la plataforma tecnológica implementada y administrada por la Dirección de Tecnología de la Información de la institución, a través de la gestión de la Dirección Nacional de Atención Prioritaria y Libertades en coordinación con las unidades desconcentradas a nivel nacional. La supervisión y apoyo en la generación de estrategias para la atención de ecuatorianos en el exterior estará a cargo de la Dirección General Tutelar.

Artículo 2.- Acciones a realizar a través de la Plataforma.- A través de la Plataforma Tecnológica para la atención de personas en situación de movilidad humana en el exterior, se receptarán quejas, peticiones o denuncias, respecto a las cuáles se podrá asesorar o iniciar gestiones oficiosas ante las instancias públicas o privadas en el Ecuador en aquellos casos en que sea competencia de la institución, o ante las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de otros países.

Artículo 3.- Actividades que pueden realizarse.- Las gestiones oficiosas implicarán las siguientes actividades:

Llamadas telefónicas;
Envío de correos electrónicos;
Envío de comunicaciones;
Convocatoria a reuniones; o
Cualquier otra diligencia tendiente a buscar la tutela de derechos humanos.

Artículo 4.- Plazo de gestión.- Las gestiones oficiosas que se realicen para tutelar derechos de personas ecuatorianas en el exterior por medio de la plataforma

40 – Miércoles 1º de mayo de 2019 Registro Oficial N° 479

tecnológica u otro medio al que llegue a conocimiento de la Dirección Nacional de Atención Prioritaria y Libertades, no tendrá plazo límite de gestión.

Artículo 5.- Informes.- Una vez que se logren los objetivos propuestos en la gestión, se elaborará un informe de conclusión del trámite, sin perjuicio de que durante las acciones se puedan realizar informes intermedios, pronunciamientos o exhortas sobre el caso concreto o la situación abordada.

Artículo 6.- Responsables.- La gestión de la plataforma tecnológica para la atención de personas en situación de movilidad humana en el exterior, estará a cargo de la Dirección Nacional de Atención Prioritaria y será administrada por el personal asignado dentro de esta Dirección, sin perjuicio de que los casos sean remitidos para atención directa de las unidades desconcentradas previa decisión de la o el Director Nacional de Atención prioritaria y libertades.

Dado en la ciudad de Quito a los doce días del mes de marzo de dos mil diecinueve.

f.) Dra. Gina Benavides Llerena, Defensora del Pueblo, Encargada.

DEFENSORÍA DE PUEBLO.- Estas copias son iguales al original que en 01 foja reposa en el Archivo de la Defensoría del Pueblo y a las cuales me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito a, 10 de abril de 2018.- f.) Julio Zurita Yépez, Secretario General.

No. 032-DPE-DD-2019

Dra. Gina Benavides

DEFENSORA DEL PUEBLO

ENCARGADA

Considerando:

Que, según el artículo 215 de la Constitución de la República, la Defensoría del Pueblo tiene entre sus funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. Serán sus atribuciones, además de las establecidas en la ley, las siguientes: (…) 4.- Ejercer y promover la Vigilancia del debido proceso y prevenir, e impedir la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante de todas sus formas. «. En consecuencia, la Defensoría del Pueblo, debe cumplir un papel fundamental en la garantía de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Que, dentro de los derechos de libertad establecidos en el Capítulo Sexto de la Constitución, en su artículo 66, numeral 3 se reconoce y se garantiza a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye: (…) b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para revenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida para las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual, c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y las penas crueles, inhumanas o degradantes.

Que, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder entiende por víctima: a las personas que, individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación vigente (…). En la expresión «víctima» se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan una relación inmediata con la víctima y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

Que, los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones señala: (…) Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad está obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima

Que, la Ley de Víctimas en su artículo 1 es específica en señalar que se van a reparar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008. Adicionalmente, en el artículo 2 de la misma ley se reconoce la responsabilidad del Estado, y que las víctimas sufrieron vulneraciones injustificables contra su vida, libertad, integridad y dignidad»; pero también adiciona esta responsabidad

Registro Oficial N° 479 Miércoles 1º de mayo de 2019 – 41

por «error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y, por violaciones de los principios y reglas del debido proceso documentados por la Comisión de la Verdad.

Que, el Informe de la Comisión de la Verdad señaló que las graves violaciones a los derechos humanos que se investigaron fueron privación ilegal de la libertad, tortura, desaparición forzada, atentado contra el derecho a la vida y ejecución extrajudicial. Adicionalmente, que se tomó en cuenta de manera separada el análisis de la violencia sexual y enfoque de género para evidenciar las vulneraciones en las víctimas por su condición de ser: mujeres, hombres o personas de la población LGBTI.

Que, el artículo 84 de la Constitución, tipifica la desaparición forzada como «La o el agente del Estado o quien actúe con su consentimiento, que por cualquier medio, someta a privación de libertad a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con lo cual se impida el ejercicio de garantías constitucionales o legales, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años». Por ello, es considerada una de las más graves violaciones a los Derechos Humanos. Vulnera, de formas inexplicables, no sólo a las víctimas y su entorno familiar y social inmediato, sino a toda la humanidad en su conjunto, ya que la desaparición crea una incertidumbre aterrorizante y casi permanente sobre el paradero o suerte de las víctimas.

Que, la desaparición de personas es una problemática en el Ecuador, que ha venido desde años anteriores y por presión de los familiares los casos han sido investigados, aún cuando no se han llegado a dar respuestas efectivas por parte de las autoridades nacionales, lo que constituye una grave violación a los derechos humanos que debe ser analizada de una manera integral, ya que tiene relación directa con la afectación de la persona involucrada (víctima), para los miembros de la familia y los amigos, generando un sentimiento de sufrimiento y dolor.

Que, el Consejo de la Judicatura, mediante Resolución No 160, publicado en el Registro Oficial No- 875, de 21 de enero del 2013, expidió el Protocolo de Actuación, búsqueda, investigación de personas desaparecidas, que tiene por objeto establecer los procesos que deberán observar la Policía Nacional a través de sus unidades especializadas, como primera instancia de reacción, Fiscalía, Juzgados y demás auxiliares, en el ámbito de su competencia, para la atención inmediata de búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas, perdidas, extraviadas en el país, a fin de proteger su vida, integridad y libertad personal.

Que, de igual manera el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, establecen el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad de los hechos, lo cual implica

esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a los responsables como obligación de los Estados. En este sentido, la obligación de esclarecer los hechos y el paradero de las personas desaparecidas conlleva la obligación de respetar el derecho de los familiares de saber lo que sucedió con sus seres queridos dados por desaparecidos, su paradero o las circunstancias y la causa de su muerte.

Que, la búsqueda de las personas desaparecidas debe ser una política de Estado y no un conjunto de acciones aisladas, por lo que es urgente tener una normativa legal en esta temática que permita implementar políticas para garantizar la verdad, justicia, y reparación integral que sea rápida, justa y adecuada

Que, la Conferencia internacional de expertos gubernamentales y no gubernamentales sobre las personas desaparecidas celebrada en 2003, reconoció que los familiares que se hallan a la espera de recibir información acerca de la suerte y el paradero de sus familiares, tienen necesidades específicas, entre ellas la necesidad de apoyo administrativo, económico, psicológico y psicosocial, la necesidad de que se reconozcan sus sufrimientos y la necesidad de que se haga justicia.

Que, la priorización del enfoque humanitario en el tratamiento de la situación de las personas desaparecidas, debe ser el alivio del sufrimiento, la claridad frente a la incertidumbre y la necesidad de respuestas de los familiares de las personas desaparecidas.

Que, es necesario que el Estado ecuatoriano adopte una política de atención integral de reparación a las víctimas y sus familiares que atiendan a sus necesidades específicas, en la que se reconozca el derechos de a la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido en las formas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Además se implanten mecanismos institucionales que permita el reconocimiento de su dignidad, de sus recuerdos y memorias, su demanda y exigencia de verdad para evitar la repetición de los hechos victimizantes.

Que, de conformidad con el Estatuto Orgánico por Procesos de la Defensoría del Pueblo, una de las atribuciones de la o el Defensor del Pueblo, es determinar las políticas institucionales, que permitan la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país.

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución, y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo

Resuelve:

Expedir las DIRECTRICES PARA CONTRIBUIR CON LA MEMORIA Y LA DIGNIDAD DE LAS VICTIMAS Y FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS, GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DELITOS DE LESA HUMANIDAD.42 – Miércoles 1º de mayo de 2019 Registro Oficial N° 479

Artículo 1.- Reconocimiento del papel de Defensores y Defensoras.- La Defensoría del Pueblo del Ecuador, en tanto Institución Nacional de Derechos Humanos, reconociendo la importancia de la labor que desarrollan los familiares y víctimas, y la necesidad de que se propicien las condiciones para que desarrollen sus acciones en la lucha por la verdad, justicia y reparación, propiciará que todas las instituciones involucradas en las acciones para la ubicación y localización de las personas desaparecidas, otorguen las facilidades necesarias para que los Defensores y Defensoras de Derechos (familiares) aporten con elementos que dirección en a la ubicación de la persona desaparecida.

Asimismo, trabajará para que las instituciones encargadas de implementar medidas de reparación propicien espacios de trabajo con los defensores y defensoras de derechos humanos para la construcción de políticas de reparación integral, su seguimiento y evaluación con enfoques de derechos humanos, de género y diferencial. La obligación de reparar se regula por el Derecho Internacional, y no puede ser modificada o incumplida por el Estado invocando para ello disposiciones del derecho interno.

Artículo 2.- Información para la protección eficaz.- La

Defensoría del Pueblo, a través de la Dirección General Tutelar y su Dirección Nacional de Atención Prioritaria y libertades mediante trámite administrativo de vigilancia de debido Proceso, vigilará que la Fiscalía General del Estado, Policía Nacional de Ecuador y Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Consejo de la Judicatura, Jueces y Juezas de Garantías penales, cumplan con las disposiciones que determina la Constitución de la República, Convenios y Tratados Internaciones afines al tema, Código Orgánico Integral Penal, y Protocolo de Actuación para la búsqueda, investigación y localización de Personas Desaparecidas, pérdidas o extraviadas.

De igual manera, la Dirección General Tutelar en coordinación con la Dirección Nacional de Reparación y Protección contra la impunidad verificará que se cumplan con los parámetros y estándares de debida diligencia para el proceso de investigación y sanción de casos graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

La Defensoría del Pueblo, velará que las instituciones del Estado informen adecuadamente sobre los indicios, elementos y pruebas que se recaben de la investigación, en la localización de las personas desaparecidas y en casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad; y que se adopten acciones concretas tendientes a garantizar la seguridad de las víctimas, familiares, testigos, abogados y otros intervinientes en estos procesos.

Los datos personales de las personas desaparecidas deben recolectarse y procesarse de manera justa y legal, respetando su identidad y de conformidad con las obligaciones jurídicas que emanan del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Siempre se contará con la aprobación de las víctimas y/o sus familiares.

Artículo 3.- Acciones para la prevención oportuna. – Para una adecuada prevención la Defensoría del Pueblo exhortará:

A las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para que implementen cadenas de mando estrictas que sean capaces de garantizar una supervisión eficaz por parte de las instancias de control, los familiares y las organizaciones defensoras de derechos humanos;
A la Fiscalía y Policía Nacional, para que ejecuten procedimientos sencillos para la denuncia, obtención de información, seguimiento a procesos;
A la Presidencia de la República para que mediante Decreto Ejecutivo emita una directriz a todas las instituciones del Estado para la entrega de información a la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía para completar adecuadamente los procesos de investigación. Asimismo, para la implementación de una política pública clara de reparaciones.

Como parte de una estrategia de prevención vigilará que:

Las normas y reglamentos administrativos estén acordes con las normas reconocidas a nivel internacional en materia de arresto, detención, encarcelamiento y cautiverio;
Que exista cooperación y se comparta la información pertinente relacionada con personas desaparecidas o que corren el riesgo de serlo.
Toda persona que alegue que alguien ha sido sometido o amenazada de desaparición forzada tenga derecho a denunciar los hechos sin correr riesgos.
Se garantice que nadie sea detenido en secreto
Se garantice que toda persona privada de libertad sea autorizada a comunicarse con su familia.

Artículo 4.- Acciones de reconocimiento.- Se realizarán acciones de reconocimiento a personas desaparecidas o que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, en presencia o con sus familiares, como mecanismos de recuperar la memoria, evitar la impunidad y encaminar una cultura de paz y no repetición.

Artículo 5.- Análisis de situación. La Defensoría del Pueblo incorporará a su informe anual un análisis sobre la situación de la desaparición involuntaria y la lucha contra la impunidad.

Artículo 6.- Responsables.- La responsabilidad de ejecutar la presente Resolución, le corresponde a la Dirección General Tutelar y las Direcciones Nacionales de Atención Prioritaria y Libertades; y, de Reparación a Víctimas y Protección contra la Impunidad.

Registro Oficial N° 479 Miércoles 1º de mayo de 2019 – 43

Las actividades para la construcción de memoria y contra el olvido de las personas desaparecidas, víctimas de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad serán de responsabilidad de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría del Pueblo

Dado en la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo de dos mil diecinueve.

f.) Dra. Gina Benavides Llerena, Defesoría del Pueblo, Encargada.

DEFENSORÍA DE PUEBLO.- Estas copias son iguales al original que en 03 fojas reposan en el Archivo de la Defensoría del Pueblo y a las cuales me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito a, 10 de abril de 2018.- f.) Julio Zurita Yépez, Secretario General.

No. 036-DPE-CGAJ-2019

Dra. Gina Morela Benavides Llerena

DEFENSORA DEL PUEBLO DE ECUADOR,

ENCARGADA

Considerando:

Que, el artículo 214 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, establece la personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, determinado que su «(…) estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior (…) «;

Que, el artículo 215 de la Constitución, señala que son funciones de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, entre otras, la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «(…) Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.»;

Que, la Declaración sobre Educación y Formación en materia de derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2011, establece en el artículo 2 que: «La educación y la formación en materia de derechos humanos están integradas por el conjunto de actividades educativas

y de formación, información, sensibilización y aprendizaje que tienen por objeto promover el respeto universal y efectivo de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, contribuyendo así, entre otras cosas, a la prevención de los abusos y violaciones de los derechos humanos al proporcionar a las personas conocimientos, capacidades y comprensión y desarrollar sus actitudes y comportamientos para que puedan contribuir a la creación y promoción de una cultura universal de derechos humanos «.

Que, el artículo 2, literal 2 de la Declaración sobre Educación y Formación en materia de derechos humanos se menciona que la educación en derechos humanos engloba: «a) La educación sobre los derechos humanos, que incluye facilitar el conocimiento y la comprensión de las normas y principios de derechos humanos, los valores que los sostienen y los mecanismos que los protegen; b) La educación por medio de los derechos humanos, que incluye aprender y enseñar respetando los derechos de los educadores y los educandos; c) La educación para los derechos humanos, que incluye facultar a las personas para que disfruten de sus derechos y los ejerzan, y respeten y defiendan los de los demás «.

Que, el Protocolo Adicional a La Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Protocolo De San Salvador», en su artículo 13, establece que «la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.»

Que, la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, establece que «la educación en materia de derechos humanos y la difusión de información adecuada, sea de carácter teórico o práctico, desempeñan un papel importante en la promoción y el respeto de los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna por motivos de raza, sexo, idioma o religión». Asimismo «reafirma el importante y constructivo papel que desempeñan las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, en particular en lo que respecta a (…) la educación en materia de derechos humanos».

Que, el Programa Mundial para la Educación en derechos humanos vigente desde el 2005, estima «que la educación en la esfera de los derechos humanos es esencial para la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales y contribuye significativamente a promover la igualdad, prevenir los conflictos y las violaciones de los derechos humanos y fomentar la participación y los

44 – Miércoles 1º de mayo de 2019 Registro Oficial N° 479

procesos democráticos, a fin de establecer sociedades en que se valore y respete a todos los seres humanos, sin discriminaciones ni distinciones de ningún tipo, en particular por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Que, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en el artículo 8 establece las funciones y atribuciones del Defensor del Pueblo, entre otras las determinadas en los literales: «(…) h) Promover la capacitación, difusión y asesoramiento en el campo de los derechos humanos, ambientales y de patrimonio cultural, utilizando los espacios de comunicación y difusión que asigna la Ley al Estado. Hacer públicas las recomendaciones; observaciones que hubiera dispuesto y orientar a los ciudadanos sobre el ejercicio de sus derechos

(…)»;

Que, el Art. 12 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, determina los principios de gratuidad, informalidad e inmediatez para el cumplimiento de sus funciones, competencias y atribuciones;

Que, en el literal A) numeral 1 de los Principios Relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos de los Principios de París, en relación a las competencias y atribuciones indica que: «(…) La institución nacional será competente en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos.»;

Que, de acuerdo con el Título Primero numeral 1.1. Literal h), referente al Direccionamiento Estratégico del Estatuto Orgánico por Procesos, es atribución del Defensor/a del Pueblo aprobar los reglamentos y normas necesarios para el funcionamiento de la institución;

Que, el Estatuto Orgánico por Procesos de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, establece que la Dirección General de Educación e Investigación tiene por misión «Planificar, dirigir y coordinar estrategias para generar conocimiento y procesos de educación y capacitación, a fin de promover en las personas sensibilidades, habilidades, conocimientos y actitudes favorables para el ejercicio y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza «; señalando de manera expresa las atribuciones otorgadas a su titular;

Que, la promoción de derechos humanos comprende varias actividades como educar, fomentar el desarrollo de valores e incentivar acciones que permitan la defensa y protección de estos derechos. La educación permite que las personas conozcan los derechos de que disfrutan y los mecanismos que existen para hacer respetar esos derechos.

Que, tomando en consideración que la Defensoría del Pueblo de Ecuador tiene como atribución la tutela y promoción de derechos humanos y de la naturaleza, es necesario normar los procesos internos que se generan

en la Dirección General de Educación e Investigación, a fin de consolidar lineamientos claros para la actividad institucional que se genera en esta dependencia;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y al Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo de Ecuador.

Resuelve:

EXPEDIR LOS LINEAMIENTOS PARA EL

DESARROLLO DE LAS ACCIONES Y PROCESOS

DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS DE

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE ECUADOR,

QUE SE DENOMINARÁ «ESCUELA DE DERECHOS

HUMANOS Y DE LA NATURALEZA «

CAPÍTULO I

DEFINICIONES GENERALES

Art. 1.- Objeto.- El presente instrumento tiene por finalidad establecer directrices para el desarrollo y aplicación de las diferentes acciones y procesos para la generación de conocimiento y de educación en materia de derechos humanos y de la naturaleza que la Defensoría del Pueblo de Ecuador elabore y ejecute para la promoción, protección y tutela de derechos.

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- La aplicación del presente instrumento es obligatoria para las servidoras y los servidores públicos de las unidades que tenga a cargo la elaboración y ejecución de procesos y acciones de educación en materia de derechos humanos y de la naturaleza.

Art. 3.- Definiciones.- Para la compresión de los lineamientos previstos en este instrumento, se considerará las siguientes definiciones:

a.- Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza. –

Es el conjunto de acciones especializadas de la Defensoría del Pueblo de Ecuador en el ámbito de la Educación en Derechos Humanos, tales como: procesos de enseñanza-aprendizaje; asesoramiento y asistencia técnica en Educación en Derechos Humanos; coordinación y cooperación interinstitucional; espacios académicos, culturales, artísticos y deportivos; procesos educomunicacionales; material educativo; producción de conocimiento y gestión editorial; administración de la biblioteca especializada, y otras actividades complementarias en materia de derechos humanos y de la naturaleza. Por tanto, los procesos deben ser incluidos dentro de la planificación anual institucional.

La presente definición no implica la creación de una unidad u órgano interno dentro de la estructura de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, encaminado a prestar un servicio de educación formal.

b.- Educación en derechos humanos- Incluye el conocimiento y la comprensión sobre las normas y

Registro Oficial N° 479 Miércoles 1º de mayo de 2019 – 45

principios de los derechos humanos y de la naturaleza, los fundamentos que los sostienen y los mecanismos que los protegen, a través de principios pedagógicos emancipatorios y herramientas didácticas innovadoras para la construcción de aprendizajes, aptitudes, actitudes y comportamientos éticos y críticos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, justa, incluyente, en igualdad y sin discriminación que impulse el ejercicio y exigibilidad de los derechos humanos de todas las personas, colectivos, comunidades, pueblos y nacionalidades en armonía con los derechos de la naturaleza.

La Escuela de Derechos Humanos es una herramienta que busca contribuir al conocimiento y ejercicio libre de los derechos y se constituye en una estrategia para la prevención de violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza.

c- Educadora y educador en derechos humanos y de la naturaleza.- Es la persona encargada de planificar, diseñar, ejecutar, acompañar y generar los reportes de los procesos de enseñanza aprendizaje y las acciones que desarrolla la Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza. La labor de las personas educadoras parte del auto reconocimiento como sujetas de derechos y de su capacidad para generar herramientas, condiciones y contextos para la promoción, construcción y facilitación de procesos de producción de conocimiento, comprensión y empoderamiento de derechos.

La educadora y el educador diseñan y/o utiliza herramientas pedagógicas y metodológicas innovadoras que contribuyan a que cada persona se reconozca como sujeto individual y colectivo de derechos, con el propósito de que estas puedan ejercer, empoderarse y exigir sus derechos.

d.- Material especializado en derechos humanos y de la naturaleza.- Es toda producción, interna y externa, cuya finalidad sea la generación de conocimiento, comprensión, desarrollo, promoción, protección y tutela de los derechos humanos y de la naturaleza.

e.- Recursos educativos.- Es el conjunto de materiales físicos, virtuales, escritos y audiovisuales que se utilizan para la realización de un proceso de Educación en Derechos Humanos y contribuyen estratégicamente al logro de los objetivos establecidos. Incluye por ejemplo: soportes teóricos, manuales, guías metodológicas y material didáctico, entre otros.

Art. 4.- Responsabilidades de la Adjuntía de Derechos Humanos y de la Naturaleza y de la Dirección General de Educación e Investigación.- Para la implementación de las acciones que comprenden la Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza, se establecen las siguientes responsabilidades:

a) Responsabilidades de la Adjuntía de Derechos Humanos y de la Naturaleza.- La Adjuntía de Derechos Humanos y de la Naturaleza, se encargará de

coordinar, supervisar y evaluar los procedimientos para el desarrollo estratégico y operativo de las acciones de la Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza.

b) Responsabilidades de la Dirección General de Educación e Investigación.- Para la implementación de la Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza, la Dirección General de Educación e Investigación, a través de su titular, tendrá a cargo las siguientes responsabilidades:

Planificar, dirigir y coordinar estratégicamente las acciones de la Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza con las direcciones nacionales y las unidades desconcentradas en materia de Educación en Derechos Humanos.
Coordinar con las Direcciones Nacionales a su cargo la elaboración de manuales necesarios para la implementación y gestión de la Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza, los cuales deberán ser puestos a consideración de la máxima autoridad para su aprobación.
Identificar en las unidades de la Defensoría del Pueblo, la necesidad de educar y promocionar derechos humanos y de la naturaleza que permita generar e implementar estrategias para el desarrollo de las acciones de la Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza.
Coordinar con todas las unidades de la Defensoría del Pueblo, la generación e implementación de estrategias que permitan el desarrollo de las acciones de la Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza.
Brindar asesoría y asistencia técnica a todas las unidades de la Defensoría del Pueblo, en materia de Educación en Derechos Humanos que permitan el desarrollo de las acciones en los presentes lineamientos.
Generar planes y programas de Educación en Derechos Humanos dirigidos al personal de la Defensoría del Pueblo, en coordinación con la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano, para promover los contenidos y metodologías necesarias que se impartirán y ejecutarán en los mismos.
Diseñar líneas de investigación y coordinar con diferentes instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, organismos no gubernamentales u otras Instituciones Nacionales de Derechos Humanos la producción de conocimiento especializado en materia de Derechos Humanos y de la Naturaleza.
Desarrollar estrategias de promoción de las acciones realizadas por la Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza.

46 – Miércoles 1º de mayo de 2019 Registro Oficial N° 479

CAPITULO II

PARÁMETROS GENERALES SOBRE LAS

ACCIONES DENOMINADAS «ESCUELA DE

DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA»

Art. 5.- Manual de Procesos y Procedimientos de la Defensoría del Pueblo de Ecuador.- La Dirección General de Educación e Investigación y sus Direcciones Nacionales tienen la atribución de establecer y definir los procedimientos y herramientas institucionales dentro del Manual de Procesos y Procedimientos Institucional para la gestión de las actividades que lleve a cabo la Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza.

Art. 6.- Publicidad y Transparencia- Las actividades desarrolladas por la Defensoría del Pueblo, en la esfera de la Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza, serán promocionadas a través de los canales de comunicación institucional, para consulta de cualquier persona, entidad pública o privada, en virtud a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Art. 7.- Participación en acciones de Educación en Derechos Humanos.- La actuación de las servidoras y los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, que participen como personas expositoras o asistentes, en eventos públicos, privados, comunitarios o de la sociedad civil, deberá alinearse a la definición de Educación en Derechos Humanos prevista en estos Lineamientos.

Art. 8.- Gratuidad de los procesos realizados por la Escuela.- Las actividades y procesos que lleve a cabo la Defensoría del Pueblo, no tendrán fines de lucro, por lo tanto no tendrán ningún costo.

CAPÍTULO III

ACCIONES DE LA «ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA» DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE ECUADOR

Art. 9.- Tipos de acciones de la Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza.- La Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza se organiza alrededor de los siguientes tipos de acciones:

Procesos de enseñanza-aprendizaje.- Son procesos de capacitación y sensibilización que responden a problemáticas estructurales y/o coyunturales de derechos humanos y de la naturaleza mediante pedagogías, métodos, técnicas y recursos educativos seleccionados de manera estratégica y culturalmente adecuados para el cumplimiento de los objetivos educativos y de aprendizaje determinados. Están orientados al fortalecimiento y desarrollo de capacidades tanto del personal de la Defensoría del Pueblo como para la sociedad civil. Pueden implementarse en modalidad virtual, presencial o mixta.
Asesoría y asistencia técnica en Educación en Derechos Humanos.- Son acciones realizadas por

la Defensoría del Pueblo con la finalidad de incidir en la implementación o desarrollo de estrategias de Educación en Derechos Humanos y en políticas, planes, programas o proyectos en materia de Educción en Derechos Humanos al interior de la institución y de otras entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, organismos no gubernamentales u otras Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

Coordinación y cooperación interinstitucional.- Son gestiones realizadas por la Defensoría del Pueblo de Ecuador en articulación con otras instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, organismos no gubernamentales u otras Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, para realizar las acciones de la Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza.
Espacios académicos, culturales, artísticos y deportivos.- Son espacios generados por la Defensoría del Pueblo de Ecuador en los que se invita a personas o colectivos vinculados a la investigación, academia, arte y/o deporte, a facilitar procesos en esos ámbitos (tales como talleres, congresos, seminarios, cátedras, foros, entre otros,) y cuya participación es necesaria por el dominio, experiencia y contribuciones en temas relacionados con los derechos humanos y de la naturaleza. Asimismo hace referencia a los espacios externos donde participa la Defensoría del Pueblo de Ecuador en estos ámbitos.
Procesos educomunicacionales.- Comprende la generación de productos comunicacionales con mediación pedagógica orientados a la difusión o divulgación de contenidos educativos en materia de derechos humanos y de la naturaleza.
Producción y revisión de recursos educativos.-Comprende el diseño, elaboración y revisión de material físico, virtual, escrito y audiovisual que facilita las acciones de la Educación en Derechos Humanos.
Producción de conocimiento y gestión editorial-Comprende el diseño de líneas de investigación y elaboración de material especializado en derechos humanos y de la naturaleza, así como su edición, corrección de estilo y difusión.

h) Administración de la biblioteca especializada.-Comprende las acciones de administración y promoción del conocimiento especializado en derechos humanos y de la naturaleza generado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en colaboración con otras instancias o recopilado de otras fuentes.

CAPÍTULO TV

PROCEDIMIENTOS DE APROBACIÓN

Art. 10.- Aprobación y reporte de las acciones y procesos desarrollados como «Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza»‘.- Es el mecanismo mediante el cual

Registro Oficial N° 479 Miércoles 1º de mayo de 2019 – 47

las autoridades de la Defensoría del Pueblo de Ecuador manifiestan su conformidad con la realización de una acción y/o proceso de la Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza, de acuerdo con parámetros técnicos y un análisis político estratégico.

Las acciones y procesos de la Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza deben ser aprobados y reportados conforme el siguiente cuadro y sus procedimientos se desarrollarán en el Manual de Procesos y Procedimientos Institucional:

Tipo de acciones y procesos

Unidades ejecutoras

Autoridad de aprobación

Unidad a la que se reporta

Procesos de enseñanza-aprendizaje

Unidades

desconcentradas y

direcciones nacionales

(excepto la Dirección

Nacional Técnica

de Educación y

Capacitación)

Dirección Nacional

Técnica de Educación y

Capacitación

Dirección Nacional

Técnica de Educación

y Capacitación

Dirección Nacional

Técnica de Educación y

Capacitación

Dirección General

de Educación e

Investigación

Dirección General

de Educación e

Investigación

Asesoría y asistencia técnica en EDH

Unidades

desconcentradas y

direcciones nacionales

Autoridad responsable de la unidad

Dirección Nacional

Técnica de Educación

y Capacitación

Coordinación y cooperación interinstitucional

Unidades

desconcentradas y

direcciones nacionales

Autoridad responsable de la unidad

Dirección General

de Educación e

Investigación

Espacios académicos, culturales, artísticos y deportivos

Unidades

desconcentradas y

direcciones nacionales

Autoridad responsable de la unidad

Dirección Nacional

Técnica de Educación

y Capacitación

Procesos educomunicacionales

Productos educomunicacionales

Dirección Nacional

Técnica de Educación y

Capacitación

Dirección General

de Educación e

Investigación

Dirección General

de Educación e

Investigación

Difusión o divulgación

Unidades

desconcentradas y

direcciones nacionales

(excepto la Dirección

Nacional Técnica

de Educación y

Capacitación)

Autoridad responsable de la unidad

Dirección Nacional

Técnica de Educación

y Capacitación

Producción y revisión de recursos educativos

Producción de recursos educativos

Direcciones nacionales

Dirección General

de Educación e

Investigación

No aplica

Revisión de recursos educativos

Dirección Nacional

Técnica de Educación y

Capacitación

Dirección General

de Educación e

Investigación

Dirección General

de Educación e

Investigación

48 – Miércoles 1º de mayo de 2019 Registro Oficial N° 479

Producción de conocimiento y gestión editorial

Unidades

desconcentradas y

direcciones nacionales

(excepto la Dirección

Nacional Técnica de

Gestión Documental

Especializada y

Multimedia)

Dirección Nacional Técnica de Gestión

Documental Especializada y

Multimedia

No aplica

Dirección Nacional Técnica de Gestión

Documental Especializada y

Multimedia

Dirección General

de Educación e

Investigación

Dirección General

de Educación e

Investigación

Administración de la biblioteca especializada

Dirección Nacional Técnica de Gestión

Documental Especializada y

Multimedia

Dirección General

de Educación e

Investigación

Dirección General

de Educación e

Investigación

Art. 11.- Criterios de aprobación.- Las acciones y procesos definidos como Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza deben observar los siguientes criterios para su aprobación, por parte de la autoridad competente y posterior ejecución.

Correspondencia con las competencias, atribuciones, visión, misión y objetivos estratégicos previstos para la Defensoría del Pueblo de Ecuador en la normativa legal vigente;
Contenidos y metodologías que incluyan los enfoques de derechos humanos, interseccionalidad, género, interculturalidad, intergeneracional, de discapacidades, de movilidad humana, entre otros, que se considere pertinentes;
Los procesos deben estar enmarcados en la definición de la Educación en Derechos Humanos de la presente resolución o de instrumentos internacionales para la Educación en Derechos Humanos;
Responder a las necesidades y realidades de las personas, organizaciones, comunidades y localidades donde se desarrollan las acciones de Educación en Derechos Humanos;
Previo a la ejecución de las acciones de la Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza, deberán constatar que se cuente con las capacidades técnicas y recursos económicos o de infraestructura que permitan su ejecución de acuerdo con los criterios mínimos de calidad.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Las Direcciones Nacionales de la Dirección General de Educación e Investigación, conjuntamente con la Dirección Nacional de Procesos de la Coordinación General de

Planificación, incorporarán en el Manual de Procesos y Procedimientos Institucional, aquellos que comprenden la Escuela de Derechos Humanos y de la Naturaleza en un plazo máximo de 270 días.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.- Deróguese la Resolución 029-DPE-2015 del 24 de marzo de 2015, que contiene las Directrices para el Diseño y Ejecución de Procesos de Educación en Derechos Humanos y de la Naturaleza desde la Defensoría del Pueblo de Ecuador.

Segunda.- Deróguense todas aquellas demás disposiciones que se contradigan a las de la presente Resolución.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Encárguese la ejecución de la presente Resolución a las autoridades de todas las unidades nacionales y desconcentradas de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, incluyendo las unidades misionales y de apoyo.

Segunda.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial

Dado en la ciudad de Quito D.M., a los 28 días de marzo de 2019.

f.) Dra. Gina Morela Benavides Llerena, Defensora del Pueblo de Ecuador, Encargada.

DEFENSORÍA DE PUEBLO.- Estas copias son iguales al original que en 05 fojas reposan en el Archivo de la Defensoría del Pueblo y a las cuales me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito a, 10 de abril de 2018.- f.) Julio Zurita Yépez, Secretario General.