Registro Oficial No.454- Martes 18 de mayo de 2021

mayo 18, 2021

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés Presidente Constitucional de la República del Ecuador Martes 18 de mayo de 2021 (R. O.454, 18–mayo l -2021 SUMARIO: Págs. FUNCIÓN EJECUTIVA ACUERDOS: MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO: MCYP-MCYP-2021-0061-A Refórmese el Estatuto de la «Fundación Chulpicine MINISTERIO DE EDUCACIÓN: MINEDUC-MINEDUC-2021-00024-A Expídese la Normativa que Regula el Programa de […]

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Martes 18 de mayo de 2021 (R. O.454, 18–mayo l -2021

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO:

MCYP-MCYP-2021-0061-A Refórmese el Estatuto de la «Fundación Chulpicine

MINISTERIO DE EDUCACIÓN:

MINEDUC-MINEDUC-2021-00024-A Expídese la Normativa que Regula el Programa de Participación Estudiantil en las Instituciones Educativas del Sistema Nacional de Educación

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS:

Apruébese el estatuto y reconócese la personería jurídica a las siguientes organizaciones:

SDH-DRNPOR-2021-0046-A Asociación de Dios y el Ser Humano Unidos en el Amor para la Unificación de los Mundos Espiritual y Físico-«AUMEF», domiciliada en el cantón Quito, provincia de Pichincha

SDH-DRNPOR-2021-0047-A Misión Cristiana Evangélica Camino HA EMET, domiciliada en el cantón Rocafuerte, provincia de Manabí

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:

SENESCYT-2021-013 Otórguese personería jurídica a la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Nacional «AEIC», domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha

Ano II – N° 454-53 páginas

Quito, martes 18 de mayo de 2021

Martes 18 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 454

Págs.

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

RESOLUCIONES:

SUPERINTENDENCIA DE

ECONOMÍA POPULAR Y

SOLIDARIA-SEPS:

Declárense disueltas y liquidadas a las siguientes organizaciones:

SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021- 0148 Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos El Zapote, domiciliada en el cantón Simón Bolívar, provincia del Guayas

SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021- 0149 Asociación de Cangrejeros y Pescadores de Mariscos y Afines Puerto Salinas, domiciliada en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas……

GOBIERNOS AUTÓNOMOS

DESCENTRALIZADOS

ORDENANZA MUNICIPAL:

– Cantón La Maná: Que reforma la Ordenanza de creación, organización e implementación del Sistema Cantonal de Protección Integral de los Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria

Registro Oficial N° 454 Martes 18 de mayo de 2021

ACUERDO Nro. MCYP-MCYP-2021-0061-A

SR. LCDO. JULIO FERNANDO BUENO ARÉVALO MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

CONSIDERANDO:

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: «Se reconoce y garantizará a las personas: (…). 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. (…). «;

Que el artículo 96 de la Constitución de la República, establece: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas.»;

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, establece: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…).»;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República, establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.»;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.»‘;

Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Las organizaciones sociales.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, (…). «;

Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes.»;

Que el artículo 23 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: «Del Sistema Nacional de Cultura. Comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades, organizaciones, colectivos e individuos que participan en actividades culturales, creativas, artísticas y patrimoniales para fortalecer la identidad nacional, la formación, protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales y, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales. «;

Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: «De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás

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preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias. «;

Que el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, establece: «Representación legal de las administraciones públicas. La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley.»;

Que el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo, establece: «Competencia. La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado. «;

Que el artículo 14 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, establece: «Requisitos y procedimiento.- Para la reforma del estatuto, las organizaciones comprendidas en el presente Reglamento ingresarán la solicitud pertinente a la institución competente del Estado acompañando la siguiente documentación: 1. Acta de la asamblea en la que se resolvió las reformas a los estatutos debidamente certificada por el Secretario, con indicación de los nombres y apellidos completos de los miembros presentes en la asamblea; y, 2. Lista de reformas al estatuto. Para la reforma del estatuto será aplicable lo dispuesto en el presente Reglamento, en lo que se refiere al acto de aprobación.»;

Que el artículo 15 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, establece: «Codificación del estatuto.- Resuelta la reforma del estatuto, la organización social, remitirá una copia del proyecto de codificación del estatuto, a fin que sea aprobado por la autoridad competente, observando el trámite previsto en este Reglamento, en lo que fuere aplicable.»;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1225 de 22 de enero de 2021, se designa al licenciado Julio Fernando Bueno Arévalo como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que la «Fundación Chulpicine», obtuvo personalidad jurídica mediante Acuerdo Ministerial Nro. 2165 de 9 de junio de 2004;

Que mediante comunicación recibida el 13 de abril de 2021 (trámite Nro. MCYP-DGA-2021-0626-EXT), el señor Edwin Alexander Páliz Solís solicita a esta Cartera de Estado, aprobar la reforma al estatuto de la «Fundación Chulpicine»;

Que mediante Memorando Nro. MCYP-CGJ-2021-0342-M de 27 de abril de 2021, la Coordinación General Jurídica emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando la expedición del Acuerdo Ministerial para aprobar la reforma al estatuto de la «Fundación Chulpicine»;

Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia;

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.

ACUERDA:

Art. 1.- Aprobar la reforma al estatuto de la «Fundación Chulpicine», resuelta por la Asamblea General celebrada el 2 de abril de 2021. La codificación del estatuto de la organización social en mención, deberá incorporarse al expediente de la misma, a cargo de la Coordinación General Jurídica.

Art. 2.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1, el cumplimiento irrestricto de su estatuto, del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; y, en general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio.

La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos públicos, de orden tributario, patronal, aduanero, y otros, determinados en las leyes específicas sobre la materia, a cargo de las entidades competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la consecución de su objeto social, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.

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Art. 3.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.

Art. 4.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Dado en Quito, D.M., a los 28 día(s) del mes de Abril de dos mil veintiuno.

Documento firmado electrónicamente

SR. LCDO. JULIO FERNANDO BUENO ARÉVALO

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

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ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-00024-A

SRA. MARÍA MONSERRAT CREAMER GUILLEN

MINISTRA DE EDUCACIÓN

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: «La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo»;

Que, el artículo 27 de la Norma Constitucional prevé: «La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidad para crear y trabajar.- La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional»;

Que, el artículo 28 de la Carta Magna prescribe: «La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantiza el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente (…)»;

Que, el artículo 343 de la Norma Suprema prescribe: «El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente (…)»;

Que, el artículo 344 de la Constitución de la República del Ecuador en su segundo inciso prescribe: «El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Educación a través de la Autoridad Educativa Nacional, que formulará la política de educación; y, regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema»;

Que, el artículo 347 numerales 4 y 8 de la Constitución de la República del Ecuador, determinan entre las responsabilidades del Estado: «(…) 4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. (…) 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales»;

Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural determina: «Los principios que rigen la presente Ley son los previstos en la Constitución de la República, Tratados e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, el Código Orgánico Administrativo y los demás previstos en esta Ley «;

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Que, el artículo 2.2. de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dispone: «Principios de aplicación de la Ley.- Para la aplicación de esta Ley y de las actividades educativas que de ella deriven, se observaran los siguientes principios: f. Corresponsabilidad.- El sistema educativo tiene la responsabilidad de gestionar las actuaciones necesarias para hacer efectivo el goce y ejercicio de derechos de las niñas, niños, adolescentes; y deberá coordinar con otras entidades para la ejecución de sus actos. Las actuaciones administrativas aplicaran las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. La educación, formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes demanda corresponsabilidad en el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientaran por los principios de esta ley (…)»;

Que, el artículo 2.3, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, prevé: «Principios del Sistema Nacional de Educación.- El Sistema Nacional de Educación se regirá por los siguientes principios: (…) b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades (…) d. Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración social, nacional, andina, latinoamericana y mundial (…) e. Participación ciudadana (…) Comprende además el fomento de las capacidades y la provisión de herramientas para la formación en ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación efectiva»;

Que, el artículo 3 literales d), f), y o) de la LOEI prescribe: Son fines de la educación: «(…) d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre (…) f El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria para la sostenibilidad ambiental; para el logro de una vida sana; para el uso racional, sostenible y sustentable de los recursos naturales (…) o. La promoción de la formación cívica y ciudadana de una sociedad que aprende educa y participa permanentemente en el desarrollo nacional (…)»;

Que, el artículo 6 literales n), p), y r) de la LOEI, establece que el Estado tiene, entre otras, las siguientes obligaciones adicionales: «(…) n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos (…) p. Coordinar acciones con sistemas y subsistemas complementarios con los distintos niveles de gobierno, así como con los sectores privados y de la sociedad civil a fin de garantizar una educación de calidad (…) r. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación acorde con participación ciudadana, exigibilidad de derechos, obligaciones y responsabilidades, inclusión y equidad, igualdad de género, sexualidad y ambiente, con una visión transversal y enfoque de derechos

(…)»;

Que, el artículo 198 del Reglamento General a la LOEI, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 1027 de 24 de abril de 2020, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 195- de 04 de mayo 2020, establece: «Requisitos para la obtención del título de bachiller. Para obtener el título de bachiller, el estudiante debe: 1. Obtener una nota final mínima de siete sobre diez (7/10) que será un promedio ponderado de las siguientes calificaciones: i. El promedio obtenido en el subnivel de Básica Superior, equivalente al 30%; ii. El promedio de los tres (3) años de Bachillerato, equivalente al 40%; iii. La nota del

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examen de grado, equivalente al 20%; iv. La nota del programa de participación estudiantil equivalente al 10%.

Los estudiantes que no logren la nota final mínima para la obtención de su título de bachiller podrán rendir un examen de grado supletorio, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Autoridad Educativa Nacional para tal efecto.

Para los estudiantes que logren más de 8/10 en el promedio mencionado en el numeral 1, sin contar con el examen de grado, no será necesario el examen de grado, del cual quedarán exentos. Su nota, para efectos del promedio, será de 10/10.

2. Los demás requisitos previstos en la normativa vigente.

En el caso de las modalidades semipresencial y a distancia, los estudiantes deben cumplir con los mismos requisitos»;

Que, el artículo 202 del Reglamento General a la LOEI dispone: «(…) El programa de participación estudiantil tiene una duración de doscientas (200) horas de trabajo, a ejecutarse de conformidad con la normativa específica que para el efecto expida la Autoridad Educativa Nacional»;

Que, el artículo 203 del Reglamento ibídem, reformado mediante el Decreto Ejecutivo No. 1027 de 24 de abril de 2020, dispone: «(…) La aprobación del programa de participación estudiantil, fijado como una calificación sobre 10 puntos equivalente al 10% de la nota final, se realizará de conformidad con la normativa específica que para el efecto expida la Autoridad Educativa Nacional»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 27 de junio de 2019, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró a la señora Monserrat Creamer Guillen como Ministra de Educación;

Que, el artículo 18 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación, expedido mediante Acuerdo Ministerial 020 de 25 de enero de 2012 y sus ulteriores reformas, establece que la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir tiene como misión: «Generar políticas, programas y proyectos innovadores, para los actores de la comunidad educativa, con el propósito de fomentar el desarrollo integral de los y las estudiantes, con metodologías sostenidas en el tiempo que permitan alcanzar los objetivos educativos y del Buen Vivir». Misión de la Dirección Nacional para la Democracia y el Buen Vivir: «Proponer políticas para la implementación de la cultura de paz y la convivencia armónica de los actores del Sistema Nacional de Educación con la participación activa de otras instituciones que traten sobre estas temáticas»;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-2016-00040-A de 03 de mayo de 2016, la Autoridad Educativo Nacional expidió la «Normativa que regula el Programa de Participación Estudiantil en las Instituciones Educativas del Sistema Nacional de Educación»; cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo de una cultura preventiva en los estudiantes de primero y segundo curso de bachillerato, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula en el desarrollo de emprendimientos educativos interdisciplinarios que contemplen iniciativas innovadoras orientadas a dar soluciones a corto y mediano plazo a las distintas problemáticas que puedan presentarse en la comunidad educativa y/o ampliada;

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Que, mediante memorando No. MINEDUC-SIEBV-2021-00186-M de 19 de febrero de 2021, la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, remitió para aprobación del Viceministerio de Educación el Informe Técnico No. DNEDBV-124 de 12 de febrero de 2021 con los últimos ajustes, en el que expone: «(…) la necesidad de que la Autoridad Educativa Nacional en observancia a la reforma del artículo 198 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, realizada mediante Decreto Ejecutivo N. 127 de 24 de abril, expida un nuevo Acuerdo Ministerial que regule el Programa de Participación Estudiantil en el que se recoja la propuesta educativa de vinculación con la comunidad; y, la necesidad de que sobre la base de dicho Acuerdo Ministerial se elabore un nuevo Instructivo para la ejecución del Programa de Participación Estudiantil»;

Que, mediante sumilla inserta en el citado memorando, la señora Viceministra de Educación dispuso a la Coordinación General de Asesoría Jurídica lo siguiente: «(…) remito para tu atención acorde la normativa legal vigente y procedimientos institucionales»;

Que, es deber del Ministerio de Educación, garantizar la eficacia y eficiencia de las acciones técnicas, administrativas y pedagógicas en las diferentes instancias del sistema educativo del país, cumpliendo los principios constitucionales y legales; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; artículo 22 literales t) y u) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural; y, artículos 47, 65, 67 y 130 del Código Orgánico Administrativo.

ACUERDA:

Expedir la siguiente NORMATIVA QUE REGULA EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN

CAPÍTULO I

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1.- Ámbito.- La presente normativa regulará la implementación del Programa de Participación Estudiantil en vinculación con la comunidad, para estudiantes de primero y segundo curso de bachillerato de las instituciones educativas de sostenimiento fiscal, municipal, fiscomisional y particular del Sistema Educativo Nacional, que oferten educación escolarizada ordinaria, extraordinaria, especializada y estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Artículo 2.- Objetivo.- Promover la vinculación de los estudiantes de primero y segundo de bachillerato con las necesidades reales de su comunidad, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula, en el desarrollo de proyectos educativos que contribuyan con soluciones a corto y mediano plazo a las distintas problemáticas que puedan presentarse en la comunidad educativa y/o ampliada, cumpliendo para el efecto con las 200 horas de trabajo establecidas como requisito previo para la obtención del título de bachiller.

Artículo 3.- Objetivos específicos.- Todas las actividades que se implementen dentro y fuera de las instituciones educativas en el marco del Programa de Participación Estudiantil deben responder a los siguientes objetivos específicos:

a. Fortalecer la vinculación entre los y las estudiantes y la comunidad mediante la

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implementación de proyectos educativos con corresponsabilidad social;

b. Fomentar el desarrollo de habilidades para la vida mediante el trabajo colaborativo, la participación activa y la convivencia armónica; y,

c. Fortalecer la construcción de ciudadanía y el sentido de pertenencia del estudiantado hacia la comunidad, mediante la promoción de su actoría social.

Artículo 4.- Gratuidad.- El Programa de Participación Estudiantil y las acciones ejecutadas para el cumplimiento del mismo, son de carácter gratuito para todas las instituciones educativas del país, sin importar el tipo de sostenimiento de las mismas, quedando prohibido cualquier aporte económico del estudiante hacia la institución educativa.

Artículo 5.- Seguridad.- Es responsabilidad del nivel distrital, de la máxima autoridad de la institución educativa, del coordinador institucional, de los/ docentes facilitadores, de los/ representantes legales; y, de las organizaciones externas, promotoras de proyectos de vinculación con la comunidad, el diseñar e implementar mecanismos para el bienestar y seguridad de los estudiantes que participan en las diversas actividades programadas, de manera conjunta, cuyos mecanismos no generarán ninguna erogación económica.

Artículo 6.- Instancias y actores del Programa de Participación Estudiantil.- Las instancias y actores del Programa de Participación Estudiantil son todas las personas naturales y/o jurídicas que intervienen en la implementación del programa, a saber:

a. Ministerio de Educación:

Nivel central: El Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, emitirá los lineamientos para la implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación del Programa de Participación Estudiantil en las instituciones educativas a nivel nacional.
Nivel zonal: Coordinará y monitoreará la implementación del Programa de Participación Estudiantil dentro del desarrollo de los proyectos educativos de vinculación con la comunidad que se definan en las instituciones educativas de su jurisdicción. Garantizando la gratuidad del programa en todas las instituciones educativas.
Nivel distrital: Realizará el registro y monitoreo de las propuestas externas de vinculación con la comunidad aprobadas por las Instituciones Educativas de su jurisdicción, así también estará bajo su responsabilidad la capacitación a los docentes coordinadores y docentes facilitadores, sobre el instructivo del programa; garantizando para el efecto la implementación del programa con todas sus fases, así como la seguridad e integridad de los estudiantes en las diferentes actividades que desarrollen.

b. Instituciones Educativas:

1. Autoridad institucional.- Coordina con el nivel distrital, designa a los docentes facilitadores y al coordinador institucional del programa, recepta las propuestas externas de vinculación con la comunidad y en conjunto con el coordinador del programa, los docentes facilitadores y el consejo estudiantil, revisa y aprueba las propuestas. Informa a los representantes legales las propuestas externas de vinculación con la comunidad aprobadas, remite al Distrito las propuestas externas de vinculación con la comunidad aprobadas, da seguimiento al desarrollo e implementación de los proyectos educativos de vinculación con la comunidad, realizados por el estudiantado, así como a las actividades que realiza el coordinador institucional del programa, los docentes facilitadores y las organizaciones

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externas que trabajan con las instituciones educativas.

Coordinador institucional del programa.- Tiene como funciones orientar, apoyar y acompañar a los docentes facilitadores durante el programa. Socializa al estudiantado las propuestas de organizaciones externas de vinculación con la comunidad, garantiza el registro del estudiantado, conforme sus intereses, en los diferentes campos de acción dentro de su institución educativa; y, participa en la revisión y aprobación de propuestas externas de vinculación con la comunidad.
Docentes facilitadores del programa.- Implementan el Programa de Participación Estudiantil, a través de un trabajo práctico y vivencial con el estudiantado. El acompañamiento, la formación y el apoyo pedagógico lo realizan con las actividades internas y externas de la institución educativa. Son responsables del proceso de evaluación y registro de la nota de cada estudiante para la aprobación del PPE. Participa en la revisión y aprobación de propuestas externas de vinculación con la comunidad.
Estudiantes del programa.- Se encuentran en primero y segundo curso de bachillerato de todas las instituciones educativas del país, quienes de forma obligatoria deben cumplir con el programa para la obtención del título de bachiller de conformidad a lo establecido en la Ley y el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Consejo Estudiantil.- Presenta propuestas de vinculación con la comunidad, participa en la revisión y aprobación de propuestas de organismos externos.

6. Representantes Legales.- Autorizan la participación de sus representados/as en los campos de acción de Participación Estudiantil en los respectivos proyectos educativos de vinculación con la comunidad. Acompañan al estudiantado en las actividades de vinculación con la comunidad, que se realizan fuera de las instituciones educativas.

c. Organizaciones Externas:

Presentan proyectos educativos para vincular al estudiantado con la comunidad, bajo los criterios establecidos en el instructivo del Programa. Ejecutan con el coordinador y docentes facilitadores las propuestas aprobadas.

CAPÍTULO II

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

Artículo 7.- Campos de acción.- Son los ámbitos de aprendizaje que seleccionan los y las estudiantes para desarrollar un proyecto de vinculación con la comunidad.

Los campos de acción a considerar dentro del Programa de Participación Estudiantil son:

a. Convivencia.- Campo de acción que busca promover la coexistencia armónica y cultura de paz entre los miembros de la comunidad, propiciando ambientes saludables y buenas relaciones interpersonales. Incluye acciones encaminadas a sobrellevar situaciones de crisis como epidemias, desastres, conflictos. Temáticas relacionadas: valores, ciudadanía, derechos humanos, resiliencia personal y social, derechos constitucionales, orden y seguridad ciudadana, seguridad vial, prevención de riesgos antrópicos, prevención de la violencia de cualquier tipo, entre otros. Este eje permite la aplicación de las áreas de conocimiento vinculadas a las Ciencias Sociales, Lengua y Literatura y Emprendimiento y Gestión;

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b. Vida saludable.- Campo de acción que permite promover el desarrollo de conductas y comportamientos que inciden en el bienestar físico, psicológico y social para disfrutar de una vida saludable. Temáticas relacionadas: salud, sexualidad, alimentación saludable, prevención de uso y consumo de drogas, deportes. Este eje permite la aplicación de áreas del conocimiento vinculadas a las Ciencias Naturales, Emprendimiento y Gestión, y Educación Física;

c. Artístico cultural.- Busca promover una educación integral utilizando el recurso artístico para desarrollar habilidades sociales que permiten fortalecer la relación con los otros y el entorno, a más de reconocer las habilidades artísticas de los y las estudiantes. A su vez, permite el reconocimiento y valoración de nuestra historia, idioma y tradiciones, promoviendo el respeto a la diversidad cultural y la conservación de su patrimonio. Temáticas relacionadas: pintura, danza, música, teatro, literatura, saberes ancestrales y patrimonio cultural. Este eje permite la aplicación de áreas del conocimiento vinculadas a las Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, Educación Cultural y Artística, Ciencias Naturales, Emprendimiento y Gestión;

d. Ambiente.- Promueve la cultura y consciencia ambiental en los y las estudiantes para fortalecer la relación de las personas con su entorno, mediante la preservación y uso adecuado de los recursos naturales. Temáticas relacionadas: educación ambiental, riesgos naturales, consumo consiente y sostenible, patrimonio natural, buenas prácticas ambientales, reducción del C02. Este eje permite la aplicación de áreas del conocimiento vinculadas a las Ciencias Sociales, Matemática, Ciencias Naturales y Emprendimiento y Gestión; y,

e. Innovación y Emprendimiento.- Busca fortalecer la investigación científica, la creatividad y la capacidad de transformar un producto, servicio o procedimiento. Temáticas relacionadas: ciencia, tecnologías de la información y comunicación, emprendimiento y desarrollo. Este eje permite la aplicación de áreas del conocimiento vinculadas a las Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemática y Emprendimiento y Gestión.

Artículo 8.- Carga horaria.- Las actividades del Programa de Participación Estudiantil deberán desarrollarse en cinco (5) horas semanales, cumpliendo así 100 horas durante cada año escolar.

Artículo 9.- Aprobación del programa.- Los estudiantes de primero y segundo año de bachillerato, para la aprobación del Programa de Participación Estudiantil deberán obtener una calificación mínima de siete sobre diez (7/10) tanto en primero como en segundo de bachillerato.

La calificación final del Programa de Participación Estudiantil será el promedio entre las dos notas obtenidas en el primer y segundo curso de bachillerato. Esta calificación corresponderá al 10% de la nota del título de bachiller.

Para esto, los y las estudiantes deberán haber cumplido las 200 horas establecidas en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

Artículo 10. Aprobación del programa para otras ofertas y servicios educativos.- El equivalente a la aprobación del Programa de Participación Estudiantil para las siguientes modalidades y servicios educativos, será la duplicación o promedio de la nota de la asignatura de Emprendimiento y Gestión.

1. Oferta educativa extraordinaria en todas sus modalidades;

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2. Modalidad ordinaria en la modalidad semipresencial;

Programa de Aulas Hospitalarias;
Centros de Adolescentes Infractores (CAÍ); y,

5. Centros Especializados para el Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (CETAD).

Artículo 11.- Aprobación del programa para educación especializada – Para el estudiantado de las Instituciones Educativas Especializadas se tomará en cuenta las prácticas establecidas en el Programa de Apoyo a la Inclusión Pre Laboral como el puntaje para la aprobación del Programa de Participación Estudiantil. Para los/las estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, se deberá realizar las adaptaciones pertinentes para cumplir con el Programa de Participación Estudiantil.

Artículo 12.- Aprobación del programa para las ofertas específicas de bachillerato .- Para la oferta de Bachillerato Técnico, Bachillerato en Artes, Bachillerato Internacional y el Programa de Bachillerato para la Innovación Educativa, la aprobación del Programa de Participación Estudiantil se realizará conforme el instructivo emitido por la Autoridad Educativa Nacional, bajo la responsabilidad de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir y conforme los campos de acción y fases y establecidas en el presente Acuerdo.

Artículo 13.- Convalidación. La convalidación del Programa de Participación Estudiantil implica la validación de actividades o proyectos con cobertura nacional, en los que participa el estudiantado de manera permanente. Estas actividades o proyectos serán aprobados por la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, quien emitirá los lineamientos técnicos para su cumplimiento en territorio.

CAPÍTULO III

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

Artículo 14.- Fases del programa.- El Programa de Participación Estudiantil tiene las siguientes fases:

a. Recepción y aprobación de propuestas.- En esta fase, cuyo tiempo estará establecido en el instructivo que para el efecto emita la entidad correspondiente, las instituciones educativas receptan, revisan, validan y socializan propuestas educativas de vinculación con la comunidad. Además, realizan todo el proceso de inscripciones y convalidaciones correspondientes considerando el instructivo del programa.

b. Inducción.- Durante esta fase el docente facilitador, además de informar sobre los lineamientos del Programa de Participación Estudiantil, sensibiliza al estudiantado de primero y segundo de bachillerato sobre la importancia de la vinculación con la comunidad, reflexiona sobre las habilidades para la vida y la metodología de todo el proceso, incluyendo la forma de evaluación.

c. Planificación.- En esta fase el estudiantado identifica las necesidades reales de su entorno dentro de un campo de acción específico, opta por un proyecto de vinculación con la comunidad, analiza la factibilidad de respuesta desde una o varias áreas de conocimiento y planifica el proyecto de vinculación con la comunidad.

d. Implementación.- Una vez definido el proyecto de vinculación con la comunidad, el estudiantado con el acompañamiento y apoyo del docente facilitador, los responsables de las

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organizaciones externas de ser el caso y los representantes legales, ejecuta el proyecto.

e. Evaluación.- El proceso de evaluación del Programa de Participación Estudiantil, considera la participación del estudiantado en todas las fases del proceso, así como, la presentación de la implementación del proyecto a toda la comunidad. La evaluación se realizará conforme los criterios establecidos en el Instructivo que para el efecto emitirá la Autoridad Educativa Nacional a través de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir.

Artículo 15.- Gestión de materiales educativos.- Con la finalidad de fortalecer y potenciar el trabajo, los estudiantes del programa podrán, con el acompañamiento de las autoridades educativas y el docente-facilitador, gestionar y contar con el apoyo de otras instituciones educativas, instituciones públicas y privadas, que sean expertos en los temas sobre los cuales se desarrolla su proyecto de vinculación con la comunidad y que puedan disponer de recursos y materiales educativo-pedagógicos.

DISPOSICIONES GENERALES

PREVIERA.- Encargar a las Subsecretarías de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, del Distrito de Guayaquil, a las Coordinaciones Zonales de Educación, y a las Direcciones Distritales, la implementación del presente Acuerdo, así como del control y seguimiento de su cumplimiento.

SEGUNDA.- El presente Acuerdo será de aplicación obligatoria para todas las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales, del Sistema Nacional de Educación, a partir del año lectivo 2021-2022 en los dos regímenes.

TERCERA.- Encárguese a la Coordinación General de Secretaría General, el trámite de publicación del presente instrumento ante el Registro Oficial del Ecuador.

CUARTA.- Encárguese a la Dirección Nacional de Comunicación Social, la publicación del presente instrumento en la página web del Ministerio de Educación y su socialización a través de las plataformas digitales de comunicación institucional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PREVIERA.- Responsabilizar a la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir a través de la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, en un plazo no mayor a 20 días a partir de la fecha de suscripción del presente acuerdo, proceda con la elaboración y socialización del instructivo del Programa de Participación Estudiantil,

SEGUNDA.- Mientras el estado de emergencia sanitaria ocasionado por la propagación del COVID-19; no se encuentre superado y, mientras las clases se realicen de manera virtual, la implementación del Programa de Participación Estudiantil en todas las ofertas educativas, se realizará conforme los lineamientos emitidos a través de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese de forma expresa el Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-2016-00040-A del 3 de mayo de 2016, así como las demás normas de igual o inferior jerarquía que se opongan al presente Acuerdo.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su fecha de expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Registro Oficial N° 454 Martes 18 de mayo de 2021

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.-

Dado en Quito, D.M. , a los 29 día(s) del mes de Abril de dos mil veintiuno.

Documento firmado electrónicamente

SRA. MARÍA MONSERRAT CREAMER GUILLEN MINISTRA DE EDUCACIÓN

Martes 18 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 454

ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2021-0046-A

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

CONSIDERANDO:

Que, en los numerales 1,9, 10 y 15 del artículo 57 de la Constitución de la República se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. 10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización;

Que, en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconocen y garantizan: «El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria»; y, «El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características «;

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, «(…) 1- Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)»;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que se encuentra en concordancia con el artículo 96 de la Constitución de la República, reconoce todas las

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formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos;

Que, el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que el Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes;

Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone que las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación;

Que, el artículo 565 del Código Civil, prescribe: «No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en virtud de una ley, o que no hayan sido aprobadas por el Presidente de la República».

Que, mediante Decreto Ejecutivo 691, publicado en el Registro Oficial No. 522, segundo suplemento de 15 de junio de 2015, el señor Presidente de la República dispuso que la Secretaría Nacional de Gestión de la Política tendrá atribución para legalizar y registrar estatutos, directivas y consejos de gobierno de las nacionalidades y pueblos indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio, aprobados según el derecho propio o consuetudinario, así como de sus formas de organización que funcionan en el seno de la respectiva comunidad, nacionalidad o pueblo. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación;

Que, mediante Decreto Ejecutivo 193, publicado en el Registro Oficial Suplemento 109 de 27 de octubre 2017, se expidió el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, que tiene por objeto regular, simplificar y racionalizar los requisitos para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales ciudadanas;

Que, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 193 dispone que las organizaciones sociales reguladas en este Reglamento tendrán finalidad social y realizan sus actividades económicas sin fines de lucro, entendiéndose a aquellas cuyo fin no es la obtención de un beneficio económico sino principalmente lograr una finalidad social, altruista, humanitaria, artística, comunitaria, cultural, deportiva y/o ambiental, entre otras;

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exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial;

Que el artículo 55 del ERJAFE, establece que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto;

Que, con Decreto Ejecutivo Nro. 560, de 14 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento 387, de 13 de diciembre de 2018, el Señor Presidente de la República, transformó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la Secretaría de Derechos Humanos; determinando en su artículo 7, que la competencia de cultos, libertad de religión, creencia y conciencia pasará a integrarse a la competencia sobre organizaciones sociales de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 718 de 11 de abril de 2019, el Señor Presidente de la República, suprimió la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y en el artículo 3 dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos, asume las competencias de plurinacionalidad e interculturalidad participación ciudadana y movimientos, organizaciones y actores sociales;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 818 de 3 de julio de 2019, el Señor Presidente Constitucional de la República, nombró a la Mgs. Cecilia del Consuelo Chacón Castillo, como Secretaria de Derechos Humanos;

Que, mediante Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019, la Mgs. Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos, delegó al Señor Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas, la suscripción de acuerdos y/o resoluciones y demás actos administrativos que sean necesarios para los trámites de aprobación de personalidad jurídica de organizaciones sin fines de lucro, relacionadas con la materia de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas; así como, para la reforma y codificación de estatutos, disolución y liquidación, cuyo ámbito de acción corresponde a las competencias trasferidas a la Secretaría de Derechos Humanos, exceptuando los trámites delegados al Coordinador/a General de Asesoría Jurídica, mediante Resolución Nro. SDH-2019-0014-R de 14 de agosto de 2019, actualmente, el/la Responsable de la Gestión Jurídica, según Resolución Nro. SDH-SDH-2020-0012-R de 29 de septiembre de 2020;

Que, mediante acción de personal Nro. 00894-A de 23 de agosto de 2019, se designó a Edgar Ramiro Fraga Revelo, como Director de Registro Único de Organizaciones Sociales, Civiles y Regulación de Religión, Cultos, Creencia y Conciencia, denominación que fue modificada mediante acción de personal Nro. 00903-C de 06 de septiembre de 2019, por lo que, actualmente, consta como Director de Nacionalidades, Pueblos y

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Organizaciones Religiosas;

Que, mediante comunicación ingresada en la Secretaría de Derechos Humanos, con trámite Nro. SDH-CGAF-DA-2020-3089, de fecha 13 de noviembre de 2020, el/la señor/a Richard Stephen Ruiz Cárdenas, en calidad de Representante/a Provisional de la organización en formación denominada ASOCIACIÓN DE DIOS Y EL SER HUMANO UNIDOS EN EL AMOR PARA LA UNIFICACIÓN DE LOS MUNDOS ESPIRITUAL Y FÍSICO-«AUMEF» (Expediente XA-1058), solicitó la aprobación del Estatuto y el otorgamiento de la personería jurídica de la citada organización, para lo cual remitió la documentación pertinente;

Que, mediante comunicación ingresada en la Secretaría de Derechos Humanos, con trámite SDH-CGAF-DA-2021-0690, de fecha 11 de febrero de 2021, la referida Organización da cumplimiento a las observaciones, previo a la obtención de la personería jurídica;

Que, mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2021-0467-M, de fecha 10 de marzo de 2021, el/la Analista designado/a para el trámite, recomendó la aprobación del Estatuto y el reconocimiento de la personalidad jurídica de la organización en formación denominada: ASOCIACIÓN DE DIOS Y EL SER HUMANO UNIDOS EN EL AMOR PARA LA UNIFICACIÓN DE LOS MUNDOS ESPIRITUAL Y FÍSICO-«AUMEF», por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley y demás normativa aplicable; y,

En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en el numeral 13 del artículo 66 y numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE); y, al artículo 1 de la Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019.

ACUERDA:

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica de la ASOCIACIÓN DE DIOS Y EL SER HUMANO UNIDOS EN EL AMOR PARA LA UNIFICACIÓN DE LOS MUNDOS ESPIRITUAL Y FÍSICO-«AUMEF», con domicilio en la calle Isla Marchena N42-138 y avenida de los Granados, conjunto Portal de Aragónl, bloque 5, departamento 5-503, parroquia Jipijapa, cantón Quito, provincia de Pichincha, como organización social Corporación de primer grado de ámbito de creencia y conciencia, de derecho privado, sin fines de lucro.

Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro de su vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; su Estatuto y demás normativa aplicable.

Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial.

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Artículo 3.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el respectivo Registro de la Dirección de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas.

Artículo 4.- Disponer que la organización ponga en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de su directiva o del gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante legal, a efectos de verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su inscripción en el Registro correspondiente.

Artículo 5.- La referida organización deberá convocar a Asamblea General conforme su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la presente fecha y poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, para el trámite respectivo.

Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar la cancelación del registro de la referida organización y de oficio proceder con su disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se evidencien hechos que constituyan violaciones al ordenamiento jurídico.

Artículo 7.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, que deberá reposar en el Archivo de la Dirección de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos, cumpliendo condiciones técnicas de organización, seguridad y conservación.

Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la citada organización, con un ejemplar del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Por delegación de la Secretaria de Derechos Humanos, suscribo.

Dado en Quito, D.M., a los 10 día(s) del mes de Marzo de dos mil veintiuno.

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Registro Oficial N° 454 Martes 18 de mayo de 2021

ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2021-0047-A

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia»;

Que, el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe: «Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de los territorios respectivos y fomentarán condiciones para la promoción de esa identidad.»;

Que, en numeral 8 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce y garantiza el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia;

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coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, prescribe: «Las diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido»;

Que, el artículo 3 de la Ley de Cultos, determina: «El Ministerio de Cultos dispondrá que el Estatuto a que se refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que se inscriba en la Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que estuvieren situados los bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará en un libro especial que se denominará «Registro de las Organizaciones Religiosas», dentro de los ocho días de recibida la orden Ministerial»;

Que, el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos establece que para cumplir lo previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo 212, publicado en el Registro Oficial 547, de 23 de julio de 1937, y especialmente lo señalado para las entidades católicas por el artículo quinto del Modus Vivendi celebrado con la Santa Sede, el Ministro de Gobierno expedirá el Acuerdo respectivo, para ordenar la inscripción de la entidad religiosa en el Registro Especial de los Registradores de la Propiedad, y la publicación del Estatuto en el Registro Oficial; y, el artículo 2 dispone que el estatuto al que se refiere el artículo anterior ha de precisar el sistema de la organización de su gobierno y administración de bienes;

Que, los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos, publicado en Registro Oficial Nro. 365 de 20 de enero de 2000, establecen los requisitos para la aprobación de la personalidad jurídica y expedición de los Acuerdos Ministeriales de organizaciones religiosas;

Que, el artículo 8 del Reglamento de Cultos Religiosos determina que si el Ministro encontrara que el estatuto presentado contiene algo contrario al orden o a la moral pública, a la seguridad del Estado o al derecho de otras personas o instituciones, lo notificará a los interesados para que, si lo desearen, efectúen las reformas del caso o justifiquen su posición, pero, si no lo hicieren dentro del plazo que les conceda, el Ministro lo rechazará;

Que, el artículo 17 del ERJAFE, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos

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tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial;

Que, mediante ingresada en el extinto Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y

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Cultos, con trámite Nro. MJDHC-CGAF-DSG-2018-2904-E de fecha 15 de marzo de 2018, el/la señor/a Ruth Rosemary Rezábala Cuenca, en calidad de Representante/a Provisional de la organización en formación denominada MISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA «PENIEL-CARA A CARA CON DIOS»(Expediente XA-930), solicitó la aprobación del Estatuto y otorgamiento de la personería jurídica de la citada organización, para lo cual remitió la documentación pertinente;

Que, Mediante comunicación ingresada en esta Cartera de Estado, con trámite Nro. SDH-CGAF-2021-0639-E de fecha 09 de febrero de 2021, la referida Organización da cumplimiento a las observaciones formuladas y cambia de denominación de MISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA «PENIEL-CARA A CARA CON DIOS» a MISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA CAMINO HA EMET, previo a la obtención de la personería jurídica.

Que, mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2021-0125-M, de fecha 10 de marzo de 2021, la Analista designada para el trámite, recomendó la aprobación del Estatuto y el reconocimiento de la personería jurídica de la citada organización religiosa en formación, por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley de Cultos y su Reglamento de Cultos Religiosos; y,

En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en los numerales 8 y 13 del artículo 66 y numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 1 de la Ley de Cultos; los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos; los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE); y, al artículo 1 de la Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019.

ACUERDA:

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica a la organización religiosa denominada MISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA CAMINO HA EMET, con domicilio en el sector San José de las Peñas, parroquia Rocafuerte, cantón Rocafuerte, provincia de Manabí, como organización religiosa, de derecho privado, sin fines de lucro.

Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro de su vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Cultos; el Reglamento de Cultos Religiosos; su Estatuto y demás normativa aplicable.

Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial.

Artículo 3.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el Registro de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos y su inscripción en el Registro de la Propiedad del cantón Rocafuerte, provincia de Manabí.

Artículo 4.- Disponer a la organización religiosa, que ponga en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de

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su directiva o del gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante legal, a efectos de verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su inscripción en el Registro correspondiente.

Artículo 5.- La referida organización religiosa deberá convocar a Asamblea General conforme su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la presente fecha y poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, para el trámite respectivo.

Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar la cancelación del registro de la referida organización religiosa y de oficio proceder con su disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se evidencien hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico.

Artículo 7.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, el cual deberá reposar en el Archivo de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos, cumpliendo condiciones técnicas de organización, seguridad y conservación.

Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la organización religiosa, con un ejemplar del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Por delegación de la Secretaria de Derechos Humanos, suscribo.

Dado en Quito, D.M., a los 10 día(s) del mes de Marzo de dos mil veintiuno.

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Martes 18 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 454

ACUERDO No. SENESCYT-2021-013

AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 13 consagra: «Se reconoce y garantizará a las personas:

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria»;

Que, el artículo 96 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. / Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas.»;

Que, la carta magna en su artículo 154 numeral uno, dispone: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera sugestión.»;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 dispone que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, la propia Constitución en su artículo 227 dispone que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el artículo 350 de la norma suprema establece: «El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo»;

Registro Oficial N° 454 Martes 18 de mayo de 2021

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 385, manda: «El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir»;

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo a tenor literal reza: «Competencia normativa de carácter administrativo. Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública.

La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley.»;

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 298 de 12 de octubre de 2010, en su artículo 182 señala: «La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercerla rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. (…)»;

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, respecto a las funciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en su artículo 183 literales b) y j) establece: «b) Ejercerla rectoría de las políticas públicas en el ámbito de su competencia; i’ j) Ejercer las demás atribuciones que le confiera la Función Ejecutiva y la presente Ley.»;

Que, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 899 de 09 de diciembre de 2016, en su artículo 7 señala: «Entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.- La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es parte de la Función Ejecutiva, tiene a su cargo la rectoría de la política pública nacional en las materias regladas por este Código, así como la coordinación entre el sector público, el sector privado, popular y solidario, las instituciones del Sistema de Educación Superior y los demás sistemas, organismos y entidades que integran la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. / En todo lo relacionado con conocimientos tradicionales y saberes ancestrales la entidad rectora coordinará con comunidades pueblos y nacionalidades. (…)»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 339 de 23 de noviembre de 1998, publicado en el Registro Oficial No. 77 de 30 de noviembre de 1998, el entonces Presidente de la

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República decretó: «Art. 1.- Delégase (sic) a los ministros de Estado, para que de acuerdo con la materia de que se trate, aprueben los estatutos y las reformas de los mismos, de las fundaciones o corporaciones, y les otorguen la personalidad jurídica, según lo previsto en el Art. 584 del Código Civil.»;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2428 de 06 de marzo de 2002, publicado en el Registro Oficial No. 536 de 18 de marzo de 2002, con sus posteriores reformas, en su artículo 11 literal k) establece: «ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.- El Presidente de la República tendrá las atribuciones y deberes que le señalan la Constitución Política de la República y la ley: / k) Delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica, según lo previsto en el Art. 584 del Código Civil;»;

Que, el primer inciso del artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, señala: «DE LOS MINISTROS.- Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. (…)»;

Que, el artículo innumerado segundo del artículo 17-2 del Estatuto ibídem, determina: «…-De las Secretarías.- Organismos públicos con facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión y control sobre temas específicos de un sector de la Administración Pública. Estarán representadas por un secretario que tendrá rango de ministro de Estado.»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 818 de 03 de julio de 2019, el señor Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, designó a Agustín Guillermo Albán Maldonado como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que, el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, expedido a través de Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de octubre de 2017 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017, en su artículo 3 establece: «Naturaleza.- Las organizaciones sociales reguladas en este Reglamento tendrán finalidad social y realizan sus actividades económicas sin fines de lucro.

De acuerdo al presente Reglamento se entiende por organización sin fines de lucro, aquella cuyo fin no es la obtención de un beneficio económico sino principalmente lograr una finalidad social, altruista, humanitaria, artística, comunitaria, cultural, deportiva y/o ambiental, entre otras. En el caso de que su actividad genere un excedente económico, este se reinvertirá en la consecución de los objetivos sociales, el desarrollo de la organización, o como reserva para ser usada en el próximo ejercicio.»;

Que, su artículo 6 a tenor literal reza: «Obligaciones de las organizaciones.- Sin perjuicio

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de las obligaciones establecidas en otras disposiciones normativas, las organizaciones sociales tendrán las siguientes obligaciones:

Cumplir con la Constitución, la Ley, sus estatutos y más disposiciones vigentes;
Entregar a la entidad competente del Estado, cuando el caso lo requiera, la documentación e información establecida en este Reglamento, incluyendo la que se generare en el futuro como consecuencia de la operatividad de la organización social; y,
Rendir cuentas a sus miembros a través de sus directivos o a la persona responsable para el efecto, al menos una vez por año, o por petición formal de una tercera parte o más de ellos. La obligación de los directivos de rendir cuentas se cumplirá respecto del período de sus funciones aun cuando estas hubieren finalizado.»;

Que, el propio Reglamento en su artículo 7 dispone: «Deberes de las instituciones competentes para otorgar personalidad jurídica.- Para otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales sin fines de lucro, que voluntariamente lo requieran, las instituciones competentes del Estado, de acuerdo a sus competencias específicas, observarán que los actos relacionados con la constitución, aprobación, reforma y codificación de estatutos, disolución, liquidación, registro y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las organizaciones sociales, se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y al presente Reglamento»;

Que, los artículos 12 y 13 del Capítulo II Título III del Reglamento ibídem, determinan los requisitos y procedimiento para aprobación de Estatutos y otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales solicitantes;

Que, por medio de Acuerdo Ministerial No. 8 de 27 de noviembre de 2014, publicado en el Registro Oficial No. 438 de 13 de febrero de 2015, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política expidió el Instructivo para establecer procedimientos estandarizados en la trasferencia de expedientes de organizaciones sociales en aplicación del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales – SUIOS; con el objeto, entre otros, de habituar y establecer las competencias de las Instituciones del Estado para la regulación de las organizaciones sociales, otorgamiento de personalidad jurídica y más actos relacionados con la vida jurídica de las mismas;

Que, mediante Acta Constitutiva celebrada el 02 de julio de 2020, los miembros fundadores de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Nacional «AEIC», expresaron su voluntad de constituir la mencionada organización social sin fines de lucro y aprobaron el proyecto de Estatuto;

Que, mediante oficios s/n, ingresados en esta Cartera de Estado con números únicos de trámites SENESCYT-CGAF-DGDA-2020-0844-E; SENESCYT-CGAF-DAGDA- 2020-2490-EX; y alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0599-EX, el señor Rommel Wladymir Maldonado Guallichico, en calidad de Presidente Provisional de la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL «AEIC», solicitó el reconocimiento de la personalidad jurídica y aprobación de Estatuto de la mencionada organización;

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Que, mediante memorando No. SENESCYT-CGAJ-2020-0348-MI, la Coordinación General de Asesoría Jurídica solicitó a la Subsecretaría General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación «(…) el informe técnico pertinente, en original debidamente suscrito, que contemple los ámbitos tanto de Educación Superior, como de Ciencia, Tecnología e Innovación, con base a lo establecido en el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de esta Cartera de Estado expedido a través de Acuerdo n.°SENESCYT-2020-064 de 12 de agosto de 2020, instrumento en el cual se contempla una única Subsecretaría General con competencia, atribuciones y responsabilidades en los dos mentados ámbitos»;

Que, con memorando No. SENESCYT-SGESCTI-2020-0310-MI, el Subsecretario General de Educación Superior remitió a esta Coordinación General de Asesoría Jurídica el Informe Técnico No. IG-DGUP-EPN-10-16-2020, suscrito por el Subsecretario de Instituciones de Educación Superior, con el cual se concluye;»(…) que los fines y objetivos de la «Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Nacional» se enmarcan en el ámbito de atribuciones de educación superior de la Subsecretaría General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, ya que se alinean con el artículo 3, el artículo 8, literales a), d) y h) el artículo 12 y el artículo 13, literal c) de la LOES. (…)»; y, el Informe Técnico No. SIITT-DIC-2020-020, suscrito por la Directora de Investigación Científica, remitido por el Subsecretario de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología con memorando No. SENESCYT-SGCT-SIITT-2020- 0333-MI;

Que, mediante memorando No. SENESCYT-CGAJ-2021-0085-MI, suscrito por la Coordinadora General de Asesoría Jurídica se estableció: «Con fundamento en el marco normativo previamente citado y de acuerdo al análisis jurídico realizado, es criterio de esta Dirección, emitir INFORME FAVORABLE para el otorgamiento de personalidad jurídica y aprobación de Estatuto de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Nacional AEIC», recomendando a su autoridad se disponga la elaboración del Acuerdo correspondiente.»; con sumilla digital inserta en el Sistema de Gestión Documental Quipux en calidad de Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se autorizó lo recomendado; y,

Que, el ámbito de acción, fines y objetivos de la organización social sin fines de lucro ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL «AEIC», no se oponen al ordenamiento jurídico vigente, al orden público, ni a las buenas costumbres; y, los mismos se encuentran enmarcados en el ámbito de competencias de esta Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

EN EJERCICIO de las atribuciones conferidas por el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 339 de 23 de noviembre de 1998, los artículos 17 e innumerado segundo del 17-2 del Estatuto del Régimen Jurídico y

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Administrativo de la Función Ejecutiva, el artículo 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; y, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 818 de 03 de julio de 2020.

ACUERDA:

Artículo 1.- Otorgar Personalidad Jurídica, como organización social sin fines de lucro de derecho privado, a la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL «AEIC», en su calidad de Corporación de primer grado, con domicilio ubicado en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha.

Esta organización, deberá regirse por las disposiciones del Título XXX del Libro Primero del Código Civil Ecuatoriano, el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, su Estatuto, los Reglamentos Internos que se pudieran dictar para el cumplimiento de su ámbito de acción, fines y objetivos; y, demás normativa pertinente aplicable para el efecto.

Artículo 2.-Aprobar el Estatuto de la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL «AEIC».

Artículo 3.- Registrar en calidad de miembros fundadores de la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL «AEIC», a los ciudadanos conforme el siguiente detalle:

APELLIDOS Y NOMBRES

CÉDULA DE CIUDADANÍA/IDENTIDAD

Maldonado Guallichico Rommel Wladymir

0504078833

Cedeño Camacho Andrés Alexander

1718656737

Gómez Soto José Esteban

1716356223

Pillajo Yugcha Wilson Stalin

1723010664

Proaño Utreras Tommy André

1724768575

Minango Irigoyen Camilo Nicolás

1720807732

Idrobo García Daniel Alejandro

1723302913

Valenzuela Chinchero Hernán Darío

1723488175

Artículo 4.- Disponer a la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL «AEIC», que de manera imperante e irrestricta dentro del plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la notificación con el presente Acuerdo, deberá elegir su Directiva y remitir a esta Secretaría de Estado la nómina de dicho órgano directivo definitivo, en apego y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales y, en concordancia con el periodo establecido en su Estatuto, para su respectivo registro.

DISPOSICIONES FINALES

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PRIMERA.- Notifíquese con el contenido del presente Acuerdo a la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL «AEIC».

SEGUNDA.- Encárguese a la Dirección de Asesoría Jurídica de esta Cartera de Estado la notificación con el presente Acuerdo a la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL «AEIC».

TERCERA.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2021.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-

AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Registro Oficial N° 454 Martes 18 de mayo de 2021

RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0148

NELLY DEL PILAR ARIAS ZAVALA INTENDENTE GENERAL TÉCNICO (S)

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: «Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley (…) «;

Que, el artículo 226 de la misma Norma Suprema establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo determina: «Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias «;

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: «Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, y por las causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento estipulado en su estatuto social (…) «;

Que, el artículo 57, literal e, numeral 3, de la citada Ley Orgánica establece: «Las cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas: (…) e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos: (…) 3. La inactividad económica o social por más de dos años (…) «;

Que, en el artículo 58 ibídem dice: «La Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá declarar inactiva a una cooperativa que no hubiere operado durante dos años consecutivos. Se presume esta inactividad cuando la organización no hubiere remitido los balances o informes de gestión correspondientes (…) Si la inactividad persiste por más de tres meses desde la publicación, la Superintendencia podrá declararla disuelta y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público «;

Que, el artículo innumerado a continuación del 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: «A las asociaciones se aplicarán de manera supletoria las disposiciones que regulan al sector cooperativo, considerando las características y naturaleza propias del sector asociativo «;

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Que, el artículo 55 del Reglamento antes indicado dispone: «Resolución de la Superintendencia.- La Superintendencia, podrá resolver, de oficio, o a petición de parte, en forma motivada, la disolución y consiguiente liquidación de una organización bajo su control, por las causales previstas en la Ley (…) «;

Que, el artículo 56 del Reglamento citado dispone: «La resolución de disolución y liquidación de una cooperativa, será publicada, en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y un extracto de aquella en un periódico de amplia circulación nacional y/o del domicilio de la organización «;

Que, el primer artículo innumerado posterior al 64 ibídem establece: «Liquidación sumaria.- (…) En los casos en que una organización no haya realizado actividad económica o habiéndola efectuado tuviere activos menores a un Salario Básico Unificado, la Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá disolver a la organización y liquidar a la misma en un solo acto, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, con base en las disposiciones que emita dicho Organismo de Control.- La liquidación sumaria también procederá respecto de las organizaciones que no hayan superado la causal de inactividad, dentro del plazo de tres meses contados desde la publicación de la Resolución que declare la inactividad, en cuyo caso se confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica (…)»;

Que, el tercer artículo innumerado agregado luego del artículo 64 del Reglamento invocado dice: «Art. – Procedimiento de Inactividad.- La Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá declarar inactiva a una organización bajo su control y supervisión, que no hubiere operado durante dos años consecutivos o más (…).- Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la Resolución que declare la inactividad, las organizaciones deberán justificar documentadamente que se encuentran operando y realizando actividades económicas; esto es, que realizan actividades tendientes a cumplir con el objeto social principal, establecido en su estatuto social; y, que poseen activos registrados a nombre de la organización, de un salario básico unificado o superiores, como consecuencia de la actividad económica que realizan.- Es responsabilidad exclusiva de las organizaciones el documentar la superación de la causal de inactividad, únicamente dentro del plazo anterior. Las declaraciones de impuestos con valores en cero, que las organizaciones realicen ante la autoridad tributaria, no serán suficientes para superar la causal de inactividad.- (…) De no superarse la causal de inactividad, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores, a través de una publicación en la prensa, informando que la organización entrará a un proceso de liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días contados a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad (…) «;

Que, el artículo 153 ejusdem determina: «Control.- El control es la potestad asignada a la Superintendencia, para vigilar el cumplimiento de la ley, este reglamento y las regulaciones, en el ejercicio de las actividades económicas y sociales, por parte de las organizaciones sujetas a la misma.- La Superintendencia, ejercerá el control en forma objetiva, profesional e independiente «;

Que, la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y

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Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR- ESTGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, en el artículo 1 dispone: «Ámbito: La presente resolución aplica a las cooperativas y asociaciones de la Economía Popular y Solidaria, en lo sucesivo ‘organización u organizaciones’, sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en adelante ‘Superintendencia'»;

Que, el artículo 6 ibídem dispone: «Liquidación sumaria de oficio o forzosa: La Superintendencia de oficio podrá disponer la disolución y liquidación sumaria en un solo acto de una organización, la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, en cualquiera de los siguientes casos: (…) 3) Si la organización no hubiera superado la causal de inactividad en el plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la resolución que declare dicho estado; en cuyo caso se confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica.- Para este efecto, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores a través de una publicación en la prensa, informando que la organización entrará en liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad. Luego de lo cual se incorporarán en los informes respectivos y en la resolución de extinción, la información presentada producto de la publicación, precisando que los posibles acreedores puedan ejercer sus derechos ante la instancia respectiva»;

Que, el artículo 7 de la Norma invocada manifiesta: «Procedimiento: La Superintendencia, previa la aprobación de los informes correspondientes, resolverá la disolución y liquidación sumaria de oficio o forzosa de la organización, dispondrá la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes»;

Que, la Disposición General Primera de la Norma indicada señala: «(…) En las liquidaciones sumarias voluntaria o de oficio o forzosa, no se designará liquidador»;

Que, mediante la Resolución No. SEPS-ROEPS-2013-005271, de 02 de diciembre de 2013, este Organismo de Control aprobó el estatuto de la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS AUTÓNOMOS EL ZAPOTE;

Que, por medio de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF- 2019-031, de 05 de agosto de 2019, conforme lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, este Organismo de Control resolvió declarar inactivas a novecientas cuarenta y un (941) organizaciones del sector no financiero de la economía popular y solidaria. En el artículo tercero de la indicada Resolución se dispuso lo siguiente: «(…) Prevenir a los directivos de las organizaciones antes mencionadas que si transcurridos tres meses desde la publicación de la presente Resolución, persisten en la inactividad, la Superintendencia podrá declararlas disueltas y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público, de conformidad con lo que dispone el cuarto inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, por lo cual dentro del plazo anteriormente enunciado deberán presentar los descargos que consideren pertinentes (…)» (énfasis agregado);

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Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1729, de 28 de agosto de 2019, la Intendencia General Técnica pone en conocimiento de la Intendencia del Sector No Financiero, así como de las Intendencias Zonales, que: «(…) Mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019, cuya copia acompaño, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, declaró inactivas a 941 organizaciones del sector no financiero, de conformidad a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Dentro del marco normativo antes citado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria procedió a publicar la Resolución referida en primer término, en el diario Metro, el 22 y 23 de agosto de 2019 (…) por tal motivo, solicito que dentro del ámbito de jurisdicción y conforme las disposiciones emitidas por este Organismo de Control, se realice el control y seguimiento de la ejecución del proceso de inactividad de las 941 organizaciones del sector no financiero de la Economía Popular y Solidaria.- En consecuencia de lo anterior, agradeceré que una vez haya culminado el tiempo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, contado a partir de la mencionada publicación, se sirvan comunicar a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte de las organizaciones a las disposiciones contenidas en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019 (…)»;

Que, por medio del Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020-002, de 20 de febrero de 2020, la Dirección Zonal 5 del Sector No Financiero, en atención al requerimiento previo, luego del análisis efectuado concluye y recomienda: «(…) D. CONCLUSIONES:.- Las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1 (…) se encuentran incursas en el numeral 3 del literal e) del Artículo 57 de la LOEPS, concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la misma Ley Orgánica, por lo que no han superado la causal de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019.- Del levantamiento de información contenida en los Anexos 2, 3, 4, 5 y 6, se evidencia que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen activos a su nombre (…).- E. RECOMENDACIONES: Se recomienda el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1, de conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (…) concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la citada Ley (…) En virtud, del análisis de la información y toda vez que se ha identificado que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen bienes a su nombre, se solicita se proceda con la liquidación forzosa sumaria (…)». Entre las organizaciones de la economía popular y solidaria que constan en el Anexo 1 al que se hace referencia, se encuentra la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS AUTÓNOMOS EL ZAPOTE, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992706791001;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-DZ5SNF-2020-0266, de 20 de febrero de 2020, la Dirección Zonal 5 del Sector No Financiero pone en conocimiento de la Intendencia Zonal 5 «(…) el Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020-002, de fecha 20 de febrero de 2020, por disolución y liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones detalladas en el Anexo 1.-‘Datos Generales’ adjunto al presente informe, en el cual se recomienda: ‘…el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1…’;por encontrarse incursas en lo establecido en el numeral 3) del literal e)

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del artículo 57) de la LOEPS, concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la misma Ley Orgánica; en virtud que (sic) se ha identificado que las mencionadas organizaciones no mantienen activos a su nombre (…) «;

Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-2020-0267, de 20 de febrero de 2020, el Intendente Zonal 5 (E) pone en conocimiento del Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución «(…) si Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020- 002, de fecha 20 de febrero de 2020, por disolución y liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones detalladas en el Anexo 1.-‘Datos Generales’ adjunto al presente informe, en el que se recomienda y con lo cual concuerdo: …el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1… ; por encontrarse incursas en lo establecido en el numeral 3) del literal e) del artículo 57) de la LOEPS, concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la misma Ley Orgánica; en virtud (sic) que se ha identificado que las mencionadas organizaciones no mantienen activos a su nombre (…)»;

Que, mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-022, de 23 de marzo de 2020, la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria concluye y recomienda: «(—) 4. CONCLUSIONES:

.- (…) 4.2. En los cortes de información obtenidos de los años 2016 y 2017, las 171 organizaciones no remitieron al Servicio de Rentas Internas, información financiera en la Declaración de Impuesto a la Renta.- (…) 4.5. Ninguna organización mantiene bienes inmuebles catastrados a su nombre.- 4.6. Ninguna organización mantiene activos en cooperativas de ahorro y crédito del sistema financiero popular y solidario; así como tampoco tienen depósitos a la vista en entidades del sector financiero nacional.- (…) 4.9. Con fundamento en la normativa expuesta en el presente informe se concluye que 171 organizaciones de la EPS, han incumplido con lo establecido en el marco legal citado de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General; por lo que es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria y la extinción de las organizaciones mencionadas anteriormente.-5. RECOMENDACIONES: 5.1. Declarar la liquidación forzosa sumaria de 171 organizaciones de la EPS, analizadas en el presente informe técnico, en razón que (sic) se encuentran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular (…); concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Ley (…); organizaciones entre las que se encuentra la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS AUTÓNOMOS EL ZAPOTE, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992706791001;

Que, mediante Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNILO-2020-0192, de 24 de marzo de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria pone en conocimiento del Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el Informe Técnico No. SEPS- INFMR-DNILO-2020-022, respecto de las organizaciones de la economía popular y solidaria entre las cuales consta la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS AUTÓNOMOS EL ZAPOTE, y concluye que: «(…) se encuentran incursas en el numeral 3 del literal e) del artículo 57 déla Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en su Reglamento General; y, en el Procedimiento para las Liquidaciones de Oficio de las Organizaciones Sujetas al Control de la

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Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, por lo cual es procedente declarar la disolución y liquidación de oficio de las mismas (…)»;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-0199, de 24 de marzo de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución concluye y recomienda: «(…) Esta Intendencia, sobre la base del Informe Técnico No. SEPS- INFMR-DNILO-2020-022 de 23 de marzo de 2020, emitido por la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, establece que 171 organizaciones de la EPS se encuentran incursas en el numeral 3, del literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; por lo cual, aprueba y recomienda declarar la liquidación sumaria forzosa de las mencionadas organizaciones y la extinción de la personalidad jurídica

(…)»;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1380, de 12 de junio de 2020, desde el punto de vista jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el respectivo informe;

Que, consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que, respecto del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ- 2020-1380, el 12 de junio de 2020 la Intendencia General Técnica emitió su proceder para continuar con el proceso referido;

Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-2205, de 10 de diciembre de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución informa : «(…) que se realizó la publicación de llamamiento a posibles acreedores en Diario ‘Metro’ de circulación nacional, el 18 de noviembre de 2020 (…).- En ese sentido, ante el referido llamado debo comunicar que no se ha registrado ingreso documental u oficio alguno, ante posibles acreencias, de ninguna de las ciento setenta y uno organizaciones (171) (…)»;

Que, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedido mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGG-IGJ-037, de 21 de octubre de 2019, el Intendente General Técnico tiene entre sus atribuciones y responsabilidades, el suscribir las resoluciones de liquidación y extinción de las organizaciones controladas; y,

Que, a través de la acción de personal No. 0326, que rige desde el 29 de marzo de 2021, se resolvió la subrogación de la señora Nelly del Pilar Arias Zavala como Intendente General Técnico de este Organismo de Control.

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS AUTÓNOMOS EL ZAPOTE, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992706791001, domiciliada en el cantón SIMÓN BOLÍVAR, provincia de GUAYAS, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, literal e) numeral 3; y, 58, cuarto inciso, de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en concordancia con el

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artículo 14 ibídem y primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 de su Reglamento General; así como de los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT- IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS AUTÓNOMOS EL ZAPOTE, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992706791001, extinguida de pleno derecho conforme al primer artículo innumerado a continuación del 64 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en concordancia con los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT- IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cancelación del registro de la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS AUTÓNOMOS EL ZAPOTE.

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica y Social con la presente Resolución, para que proceda a retirar a la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS AUTÓNOMOS EL ZAPOTE del registro correspondiente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer que la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional de esta Superintendencia, publique un extracto de la presente Resolución en un periódico de amplia circulación nacional y/o del domicilio de la Organización; y, en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

SEGUNDA.- Los posibles acreedores podrán ejercer sus derechos ante la instancia respectiva, sin perjuicio de la publicación por la prensa previamente realizada por esta Superintendencia, con el fin de poner en su conocimiento que la organización entraría en un proceso de liquidación sumaria; de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 6 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020.

TERCERA.- Disponer a la Secretaria General de esta Superintendencia sentar la razón respectiva del presente acto administrativo en Resolución No. SEPS-ROEPS-2013-005271; y, la publicación de esta Resolución en el Registro Oficial, así como su inscripción en los registros correspondientes.

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CUARTA.- Notificar con la presente Resolución al Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Registro de la Propiedad respectivo, para los fines legales pertinentes.

QUINTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución ponga en conocimiento de la Intendencia Nacional Administrativa Financiera y Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y Coactivas el contenido de la presente Resolución, para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.

SEXTA.- La presente Resolución regirá a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación. De la ejecución y del cumplimiento de la Resolución, encárguese la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.-

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los siete días del mes de abril de 2021.

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RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0149

NELLY DEL PILAR ARIAS ZAVALA

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO (S)

CONSIDERANDO:

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Que, el tercer artículo innumerado agregado luego del artículo 64 del Reglamento invocado dice: «Art. – Procedimiento de Inactividad.-La Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá declarar inactiva a una organización bajo su control y supervisión, que no hubiere operado durante dos años consecutivos o más (…).- Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la Resolución que declare la inactividad, las organizaciones deberán justificar documentadamente que se encuentran operando y realizando actividades económicas; esto es, que realizan actividades tendientes a cumplir con el objeto social principal, establecido en su estatuto social; y, que poseen activos registrados a nombre de la organización, de un salario básico unificado o superiores, como consecuencia de la actividad económica que realizan.- Es responsabilidad exclusiva de las organizaciones el documentar la superación de la causal de inactividad, únicamente dentro del plazo anterior. Las declaraciones de impuestos con valores en cero, que las organizaciones realicen ante la autoridad tributaria, no serán suficientes para superar la causal de inactividad.- (…) De no superarse la causal de inactividad, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores, a través de una publicación en la prensa, informando que la organización entrará a un proceso de liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días contados a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad (…) «;

Que, la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-

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INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, en el artículo 1 dispone: «Ámbito: La presente resolución aplica a las cooperativas y asociaciones de la Economía Popular y Solidaria, en lo sucesivo ‘organización u organizaciones’, sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en adelante ‘Superintendencia'»;

Que, el artículo 6 ibídem dispone: «Liquidación sumaria de oficio o forzosa: La

Superintendencia de oficio podrá disponer la disolución y liquidación sumaria en un solo acto de una organización, la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, en cualquiera de los siguientes casos: (…) 3) Si la organización no hubiera superado la causal de inactividad en el plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la resolución que declare dicho estado; en cuyo caso se confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica.- Para este efecto, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores a través de una publicación en la prensa, informando que la organización entrará en liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad. Luego de lo cual se incorporarán en los informes respectivos y en la resolución de extinción, la información presentada producto de la publicación, precisando que los posibles acreedores puedan ejercer sus derechos ante la instancia respectiva»;

Que, la Disposición General Primera de la Norma indicada señala: «(…) En las liquidaciones sumarias voluntaria o de oficio o forzosa, no se designará liquidador «;

Que, mediante la Resolución No. SEPS-ROEPS-2015-006247, de 26 de febrero de 2015, este Organismo de Control aprobó el estatuto de la ASOCIACIÓN DE CANGREJEROS Y PESCADORES DE MARISCOS Y AFINES PUERTO SALINAS;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1729, de 28 de agosto de 2019, la Intendencia General Técnica pone en conocimiento de la Intendencia del Sector No

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Financiero, así como de las Intendencias Zonales, que: «(…) Mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019, cuya copia acompaño, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, declaró inactivas a 941 organizaciones del sector no financiero, de conformidad a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Dentro del marco normativo antes citado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria procedió a publicar la Resolución referida en primer término, en el diario Metro, el 22 y 23 de agosto de 2019 (…) por tal motivo, solicito que dentro del ámbito de jurisdicción y conforme las disposiciones emitidas por este Organismo de Control, se realice el control y seguimiento de la ejecución del proceso de inactividad de las 941 organizaciones del sector no financiero de la Economía Popular y Solidaria.- En consecuencia de lo anterior, agradeceré que una vez haya culminado el tiempo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, contado a partir de la mencionada publicación, se sirvan comunicar a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte de las organizaciones a las disposiciones contenidas en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019 (…)»;

Que, por medio del Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020-002, de 20 de febrero de 2020, la Dirección Zonal 5 del Sector No Financiero, en atención al requerimiento previo, luego del análisis efectuado concluye y recomienda: «(—) D. CONCLUSIONES:.- Las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1 (…) se encuentran incursas en el numeral 3 del literal e) del Artículo 57 de la LOEPS, concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la misma Ley Orgánica, por lo que no han superado la causal de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019.- Del levantamiento de información contenida en los Anexos 2, 3, 4, 5 y 6, se evidencia que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen activos a su nombre (…).- E. RECOMENDACIONES: Se recomienda el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1, de conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (…) concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la citada Ley (…) En virtud, del análisis de la información y toda vez que se ha identificado que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen bienes a su nombre, se solicita se proceda con la liquidación forzosa sumaria (…)». Entre las organizaciones de la economía popular y solidaria que constan en el Anexo 1 al que se hace referencia, se encuentra la ASOCIACIÓN DE CANGREJEROS Y PESCADORES DE MARISCOS Y AFINES PUERTO SALINAS, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992717262001;

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misma Ley Orgánica; en virtud que (sic) se ha identificado que las mencionadas organizaciones no mantienen activos a su nombre (…) «;

Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-2020-0267, de 20 de febrero de 2020, el Intendente Zonal 5 (E) pone en conocimiento del Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución «(…) el Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020- 002, de fecha 20 de febrero de 2020, por disolución y liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones detalladas en el Anexo 1.-‘Datos Generales’ adjunto al presente informe, en el que se recomienda y con lo cual concuerdo: …el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1… ; por encontrarse incursas en lo establecido en el numeral 3) del literal e) del artículo 57) de la LOEPS, concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la misma Ley Orgánica; en virtud (sic) que se ha identificado que las mencionadas organizaciones no mantienen activos a su nombre (…)»;

.- (…) 4.2. En los cortes de información obtenidos de los años 2016y 2017, las 171 organizaciones no remitieron al Servicio de Rentas Internas, información financiera en la Declaración de Impuesto a la Renta.- (…) 4.5. Ninguna organización mantiene bienes inmuebles catastrados a su nombre.- 4.6. Ninguna organización mantiene activos en cooperativas de ahorro y crédito del sistema financiero popular y solidario; así como tampoco tienen depósitos a la vista en entidades del sector financiero nacional.- (…) 4.9. Con fundamento en la normativa expuesta en el presente informe se concluye que 171 organizaciones de la EPS, han incumplido con lo establecido en el marco legal citado de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General; por lo que es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria y la extinción de las organizaciones mencionadas anteriormente.-5. RECOMENDACIONES: 5.1. Declarar la liquidación forzosa sumaria de 171 organizaciones de la EPS, analizadas en el presente informe técnico, en razón que (sic) se encuentran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular (…); concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Ley (…); organizaciones entre las que se encuentra la ASOCIACIÓN DE CANGREJEROS Y PESCADORES DE MARISCOS Y AFINES PUERTO SALINAS, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992717262001;

Que, mediante Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNILO-2020-0192, de 24 de marzo de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria pone en conocimiento del Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el Informe Técnico No. SEPS- INFMR-DNILO-2020-022, respecto de las organizaciones de la economía popular y solidaria entre las cuales consta la ASOCIACIÓN DE CANGREJEROS Y PESCADORES DE MARISCOS Y AFINES PUERTO SALINAS, y concluye que: «(…) se encuentran incursas en el numeral 3 del literal e) del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en su Reglamento General; y, en el Procedimiento para las Liquidaciones de Oficio de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, por lo cual es procedente declarar la disolución y liquidación de oficio de las mismas (…)»;

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(…)»;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1380, de 12 de junio de 2020, desde el punto de vista jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el respectivo informe;

Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-2205, de 10 de diciembre de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución informa : «(—) que se realizó la publicación de llamamiento a posibles acreedores en Diario ‘Metro’ de circulación nacional, el 18 de noviembre de 2020 (…).- En ese sentido, ante el referido llamado debo comunicar que no se ha registrado ingreso documental u oficio alguno, ante posibles acreencias, de ninguna de las ciento setenta y uno organizaciones (171) (…)»;

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACIÓN DE CANGREJEROS Y PESCADORES DE MARISCOS Y AFINES PUERTO SALINAS, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992717262001, domiciliada en el cantón GUAYAQUIL, provincia de GUAYAS, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, literal e) numeral 3; y, 58, cuarto inciso, de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en concordancia con el artículo 14 ibídem y primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 de su Reglamento General; así como de los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución

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No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACIÓN DE CANGREJEROS Y PESCADORES DE MARISCOS Y AFINES PUERTO SALINAS, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992717262001, extinguida de pleno derecho conforme al primer artículo innumerado a continuación del 64 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en concordancia con los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT- IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica y Social con la presente Resolución, para que proceda a retirar a la ASOCIACIÓN DE CANGREJEROS Y PESCADORES DE MARISCOS Y AFINES PUERTO SALINAS del registro correspondiente.

DISPOSICIONES GENERALES

TERCERA.- Disponer a la Secretaria General de esta Superintendencia sentar la razón respectiva del presente acto administrativo en la Resolución No. SEPS-ROEPS-2015- 006247; y, la publicación de esta Resolución en el Registro Oficial, así como su inscripción en los registros correspondientes.

CUARTA.- Notificar con la presente Resolución al Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Registro de la Propiedad respectivo, para los fines legales pertinentes.

QUINTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución ponga en conocimiento de la Intendencia Nacional Administrativa Financiera y

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Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y Coactivas el contenido de la presente Resolución, para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.-

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los siete días del mes de abril de 2021.

Firmado digitalmente por:

MARIA ISABEL MERIZALDE OCAÑA

Razón: CERTIFICO ES ORIGINAL-8 PAGS

Localización: DNGDA-SEPS

Fecha: 2021-04-27T15:47:01.802-05:00

Registro Oficial N° 454 Martes 18 de mayo de 2021

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA MANÁ

CONSIDERANDO

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, estipula «Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana… «

Que, El artículo 4, literal b del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en los fines de los Gobiernos Autónomos, refiere que «La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución de la República, de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos constitucionales».

Que, el artículo 5, inciso primero ibídem, en lo referente a la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados; «el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes».

Que, el artículo 54, literal j del COOTAD, en el que claramente señala que el Sistema de Protección Integral de Derechos del Cantón «… incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales».

Que, la ORDENANZA DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN LA MANÁ, fue aprobada en sesiones ordinarias del 3 y 10 de febrero del 2014; y, publicada en la gaceta municipal Año III, Numero IV, edición del 26 de febrero del 2013 al 12 de febrero del 2014

Que, el artículo 322, del COOTAD; dentro de las decisiones legislativas, establece «… los concejos metropolitanos y municipales aprobarán ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas y municipales, respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros».

En el uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República y los Arts. 57, literal a) y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización se expide la siguiente:

ORDENANZA QUE REFORMA LA ORDENANZA DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CANTONAL DE

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PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN LA MANÁ.

Art. Único.- Insértese en el TÍTULO I, DE LA DEFINICIÓN DE LOS ORGANISMOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL CANTÓN LA MANA, el CAPÍTULO VI, con el siguiente texto:

CAPÍTULO VI

RED CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

Art. Innumerado 1.- DEFINICIÓN.- Es un organismo con capacidad de coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial, cuyo objetivo es emprender acciones en conjunto para favorecer el cumplimiento de los derechos de las personas o su restitución en caso de que éstos hayan sido vulnerados.

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos La Maná, coordinará y promoverá el adecuado funcionamiento de las redes que se generen y vigilará el cumplimiento de las políticas públicas, conforme el reglamento que se dicte para el efecto.

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos La Maná, de ser necesario suscribirá convenios con instituciones privadas y/o ONGs, como apoyo al funcionamiento de la red.

Art. Innumerado 2.- ESTRUCTURA.- La Red Cantonal de Protección de Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria estará conformada por:

Un representante y/o delegado de cada una de las instituciones públicas, garantes de derechos a nivel local.
El Secretario/a Ejecutivo/a del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, quien actuara como coordinador.

Art. Innumerado 3. FUNCIONES.- La Red Cantonal de Protección de Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria, tendrá las siguientes funciones:

Promover acciones concretas en el campo de la prevención de las amenazas de vulneración de derechos.
Diseñar hojas de rutas y protocolos de intervención, para la restitución de derechos violentados a los grupos de atención prioritaria dentro de los temas de violencia intrafamiliar, de género y a los grupos de atención prioritaria.
Coordinar acciones con las entidades públicas y privadas en materia de Protección de Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria.

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d) Y las demás que le faculte la ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. La Secretaria Ejecutiva del CCPDLM, elaborará y aprobará en conjunto con el pleno del CCPDLM, en el plazo de 90 días, contados a partir de la publicación en el Registro Oficial de la presente Ordenanza Reformatoria, el reglamento para el funcionamiento de la Red Cantonal de Protección de Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria.

DISPOSICIÓN FINAL: La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación en el Concejo Municipal y su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Maná, a los 16 días del mes de abril del 2021.

Ing. Hipólito Iván Carrera Benites

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA MANÁ.

Ab. Jorge Villarreal Alcívar

SECRETARIO GENERAL DEL GAD M. LA MANÁ.

CERTIFICACIÓN.- Que la presente «ORDENANZA QUE REFORMA LA ORDENANZA DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN LA MANÁ», fue discutida y aprobada en dos sesiones, extraordinaria de fecha 28 de septiembre del 2018 y ordinaria de fecha 15 de abril del 2021, respectivamente.- LO CERTIFICO

Ab. Jorge Villarreal Alcívar

Secretario General del Concejo del GAD Municipal de La Maná

REMISIÓN.- En la presente fecha remito al señor Alcalde del Cantón La Maná » ORDENANZA QUE REFORMA LA ORDENANZA DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN LA MANÁ», en seis considerandos, artículo único, una disposición transitoria y una disposición final.

Martes 18 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 454

Ab. Jorge Villarreal Alcívar

Secretario General del Concejo del GAD Municipal de La Maná

ALCALDÍA DE LA MANA

En la ciudad de La Maná, a los 19 días del mes de abril del 2021, una vez que se ha cumplido con los requisitos y procedimientos Legales, DOY POR SANCIONADA la» ORDENANZA QUE REFORMA LA ORDENANZA DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN LA MANÁ»

Ing. Hipólito Iván Carrera Benites Alcalde del GAD Municipal de La Maná

Proveyó y firmó la presente «ORDENANZA QUE REFORMA LA ORDENANZA DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN LA MANÁ», en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de La Maná, el Ing. Hipólito Iván Carrera Benites, Alcalde, a los 19 días del mes de abril del 2021- LO CERTIFICO, SECRETARÍA GENERAL.