Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 19 de mayo de 2021 (R. O.455, 19–mayo l -2021

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,

COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y

PESCA:

MPCEIP-DMPCEIP-2021-0017 Déjese sin efecto la autorización conferida mediante Acuerdo Ministerial No. 20 002-A de 04 de mayo del 2020

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS:

Apruébese el estatuto y reconócese la personería jurídica a las siguientes organizaciones:

SDH-DRNPOR-2021-0054-A Misión Cristiana Evangélica Paz con Dios, domiciliada en el cantón Duran, provincia del Guayas..

SDH-DRNPOR-2021-0055-A Iglesia de Cristo APUNCHIKPAK WASI, domiciliada en el cantón Quito, provincia de Pichincha

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:

Otórguese la personería jurídica a las siguientes organizaciones:

SENESCYT-2021-016 Asociación de Estudiantes de Ingeniería Geológica de la Escuela Politécnica Nacional «AEIG», domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha… 17

SENESCYT-2021-017 Asociación de Estudiantes de Física de la Escuela Politécnica Nacional, «ASOFIS», domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha

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iércoles 19 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 455

Págs.

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES Y MOVILIDAD

HUMANA:

VICEMINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES:

0000057 Dése por terminadas las actividades en el Ecuador de la Organización No Gubernamental Extranjera «Red Latinoamericana de Organizaciones No Guberna- mentales de Personas con Discapacidad y sus Familias – RIADIS»…. 31

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

ORDENANZAS MUNICIPALES:

E-025-WEA Cantón Santo Domingo: Que reforma el Código Municipal

E-026-WEA Cantón Santo Domingo: Que reforma el Código Municipal

11-2020 Cantón Simón Bolívar: Derogatoria de la Ordenanza susti- tutiva que reglamenta el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos

Registro Oficial N° 455 Miércoles 19 de mayo de 2021

ACUERDO Nro. MPCEIP-DMPCEIP-2021-0017

IVÁN FERNANDO ONTANEDA BERRÚ

MINISTRO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República, señala «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)»;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, determina: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 276 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que uno de los objetivos del régimen de desarrollo es construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable;

Que, el numeral 2 del artículo 278 ibídem ordena que para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental;

Que, el artículo 281 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimento sano y culturalmente apropiado, de forma permanente. Para ello será responsabilidad del Estado: «1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria»; «(…) 5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción» (…); «7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean criados en un entorno saludable»; y, «8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica apropiadas para garantizar la soberanía alimentaria»;

Que, el numeral 1 del artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las generaciones presentes y futuras;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, establece en su artículo 408 que los productos del subsuelo, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas, son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado; así como la biodiversidad y su patrimonio genético. Estos bienes solo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad;

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Miércoles 19 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 455

Que, el artículo 73 del Código Orgánico Administrativo, COA, establece: «Extinción de la delegación. La delegación se extingue por: 1. Revocación; 2. El cumplimiento del plazo o de la condición.»;

Que, el artículo 54 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que: «(…) La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, cuyo efecto será el traslado de la competencia al órgano desconcentrado. La desconcentración se hará por Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial»;

Que, el artículo 55 del referido Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que: «Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentran prohibidas por Ley o por Decreto (…)»;

Que, el artículo 57 del referido Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que: «La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido y se extinguirá, en el caso de asuntos únicos, cuando se haya cumplido el acto cuya expedición o ejecución se delegó «;

Que, en el literal d del artículo 3 de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca dispone que entre los fines de esta Ley son asegurar la creación de mecanismos que contribuyan al fortalecimiento de la sanidad e inocuidad de los productos derivados de los recursos hidrobiológicos, la preservación del ambiente, los derechos de la naturaleza, la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad;

Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca determina, que los recursos hidrobiológicos y las riquezas naturales existentes en los espacios acuáticos y terrestres jurisdiccionales, son bienes nacionales y constituyen fuentes de riqueza del país por su importancia estratégica para garantizar la soberanía alimentaria, la nutrición de la población, por los beneficios socioeconómicos que se derivan de ellos, así como por la importancia geopolítica y genética. Su aprovechamiento sustentable y sostenible será regulado y controlado por el Estado ecuatoriano, de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales, la presente Ley y demás normativa aplicable vigente;

Que, el artículo 10 ibídem dispone que el Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca. Es el conjunto articulado de organismos, entidades públicas y privadas, personas naturales y jurídicas, encaminadas a la coordinación, cooperación, supervisión y seguimiento de las políticas públicas y las normas necesarias para administrar los sectores acuícola y pesquero, bajo los principios establecidos en la presente Ley;

Que, el artículo 12 Ut Supra establece que las entidades que conforman el Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca, coordinarán acciones en el marco de sus competencias asignadas en la Constitución y la Ley, con el objetivo de alcanzar el desarrollo local en dicha materia y evitar la duplicidad de actividades y funciones;

Que, el artículo 13 de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca determina que el ministerio del ramo designado será la autoridad y ente rector de la política acuícola y pesquera nacional. Será responsable de la planificación, regulación, control, coordinación, gestión y evaluación del Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca, enfocada al desarrollo sustentable de las actividades acuícolas y pesqueras y al aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos hidrobiológicos;

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 559 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 387

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Registro Oficial N° 455 Miércoles 19 de mayo de 2021

de 13 de diciembre de 2018, dispone: «Fusiónese por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca»;

Que, el artículo 3 del Decreto ibídem, determina: «Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos y demás normativa vigente que le correspondía al Ministerio de Industrias y Productividad, al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras; y, al Ministerio de Acuacultura y Pesca, serán asumidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 27 de junio de 2019, el señor Presidente de la República designo al Magister Iván Ontaneda Berrú, como Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 19 025 de 29 de octubre de 2019, el Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP), mismo que indica que el responsable de la Gestión de Calidad e Inocuidad es el Subsecretario de Calidad e Inocuidad;

Que, el Acuerdo Ministerial ut supra determina que, la misión de Calidad e Inocuidad es Gestionar estratégicamente los procesos de regulación, control y certificación inherentes a la sanidad de los cultivos acuícolas, y la calidad e inocuidad de los productos bioacuáticos, a través de los planes de control sanitario, garantizando la sanidad, calidad e inocuidad en la cadena productiva de acuacultura y pesca para exportación e insumos acuícolas del país;

Que, a través del Acuerdo No. 20 001-A de 3 de febrero de 2020, el Ministro de Producción, Comercio Exterior Inversiones y Pesca, delega al Subsecretario de Calidad e Inocuidad la competencia para que, dentro del marco constitucional y legal, a nombre y representación del titular de esta Cartera de Estado, pueda expedir la Normativa técnica, de regulación y control, procedimientos, instructivos, guías técnicas dentro del ámbito de la Calidad e Inocuidad, para la prestación de servicios de laboratorios privados que tuvieran la capacidad de realizar los análisis de la detención del virus mancha blanca (WSSV), únicamente a las muestras que corresponden a los lotes de camarón con destino al mercado chino;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. Acuerdo Ministerial No. 20 002-A de 4 de mayo del 2021, se autorizó a los laboratorios: BUREAU VERITAS ECUADOR S.A. con RUC: 1790947696001, GISIS S.A. con RUC 0991295437001 y CALEB BRETT ECUADOR S.A. con RUC 1790928780001, realizar los análisis de la detención del virus mancha blanca (WSSV), únicamente a las muestras que corresponden a los lotes de camarón con destino al mercado chino.

Que, mediante memorando Nro. MPCEIP-SCI-2021-0102-M de 28 de abril de 2021, el Subsecretario de Calidad e Inocuidad recomienda al Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, no renovar la autorización a laboratorios privados para la realización de análisis de virus de mancha blanca en razón de que, la SCI cuenta con el stock de kits microbiológicos para la correcta ejecución de los análisis virales, además indica que, se cuenta con la capacidad operativa, técnica y sanitaria para satisfacer la demanda del sector exportador.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, el artículo 73 del Código Orgánico Administrativo, el artículo 57 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; y, el Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019;

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Miércoles 19 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 455

ACUERDA:

Artículo 1.- Dejar sin efecto la autorización conferida mediante Acuerdo Ministerial No. 20 002-A de 04 de mayo del 2020, mediante el cual se autorizó la prestación del servicio de detección del virus mancha blanca (WSSV) a los laboratorios: BUREAU VERITAS ECUADOR S.A. con RUC: 1790947696001, GISIS S.A. con RUC 0991295437001 y CALEB BRETT ECUADOR S.A. con RUC 1790928780001, referente a los análisis de muestras que corresponden a los lotes de camarón con destino de exportación al mercado chino.

Artículo 2.- Disponer a la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad, dentro del marco constitucional y legal, de cumplimiento a la disposición contenida en el presente acuerdo y proceda con la notificación que corresponda.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.- Dado en Guayaquil, a los 03 día(s) del mes de Mayo de dos mil veintiuno.

Documento firmado electrónicamente

IVÁN FERNANDO ONTANEDA BERRÚ

MINISTRO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA

Registro Oficial N° 455 Miércoles 19 de mayo de 2021

ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2021-0054-A

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia»;

Que, el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe: «Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de los territorios respectivos y fomentarán condiciones para la promoción de esa identidad.»;

Que, en numeral 8 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce y garantiza el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia;

Que, en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconocen y garantizan: «El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria»; y, «El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características «;

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, «(…) 1- Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)»;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,

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Miércoles 19 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 455

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, prescribe: «Las diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido»;

Que, el artículo 3 de la Ley de Cultos, determina: «El Ministerio de Cultos dispondrá que el Estatuto a que se refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que se inscriba en la Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que estuvieren situados los bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará en un libro especial que se denominará «Registro de las Organizaciones Religiosas», dentro de los ocho días de recibida la orden Ministerial»;

Que, el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos establece que para cumplir lo previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo 212, publicado en el Registro Oficial 547, de 23 de julio de 1937, y especialmente lo señalado para las entidades católicas por el artículo quinto del Modus Vivendi celebrado con la Santa Sede, el Ministro de Gobierno expedirá el Acuerdo respectivo, para ordenar la inscripción de la entidad religiosa en el Registro Especial de los Registradores de la Propiedad, y la publicación del Estatuto en el Registro Oficial; y, el artículo 2 dispone que el estatuto al que se refiere el artículo anterior ha de precisar el sistema de la organización de su gobierno y administración de bienes;

Que, los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos, publicado en Registro Oficial Nro. 365 de 20 de enero de 2000, establecen los requisitos para la aprobación de la personalidad jurídica y expedición de los Acuerdos Ministeriales de organizaciones religiosas;

Que, el artículo 8 del Reglamento de Cultos Religiosos determina que si el Ministro encontrara que el estatuto presentado contiene algo contrario al orden o a la moral pública, a la seguridad del Estado o al derecho de otras personas o instituciones, lo notificará a los interesados para que, si lo desearen, efectúen las reformas del caso o justifiquen su posición, pero, si no lo hicieren dentro del plazo que les conceda, el Ministro lo rechazará;

Que, el artículo 17 del ERJAFE, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos

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Registro Oficial N° 455 Miércoles 19 de mayo de 2021

tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial;

Que el artículo 55 del ERJAFE, establece que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto;

Que, con Decreto Ejecutivo Nro. 560, de 14 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento 387, de 13 de diciembre de 2018, el Señor Presidente de la República, transformó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la Secretaría de Derechos Humanos; determinando en su artículo 7, que la competencia de cultos, libertad de religión, creencia y conciencia pasará a integrarse a la competencia sobre organizaciones sociales de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 718 de 11 de abril de 2019, el Señor Presidente de la República, suprimió la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y en el artículo 3 dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos, asume las competencias de plurinacionalidad e interculturalidad participación ciudadana y movimientos, organizaciones y actores sociales;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 818 de 3 de julio de 2019, el Señor Presidente Constitucional de la República, nombró a la Mgs. Cecilia del Consuelo Chacón Castillo, como Secretaria de Derechos Humanos;

Que, mediante Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019, la Mgs. Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos, delegó al Señor Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas, la suscripción de acuerdos y/o resoluciones y demás actos administrativos que sean necesarios para los trámites de aprobación de personalidad jurídica de organizaciones sin fines de lucro, relacionadas con la materia de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas; así como, para la reforma y codificación de estatutos, disolución y liquidación, cuyo ámbito de acción corresponde a las competencias trasferidas a la Secretaría de Derechos Humanos, exceptuando los trámites delegados al Coordinador/a General de Asesoría Jurídica, mediante Resolución Nro. SDH-2019-0014-R de 14 de agosto de 2019, actualmente, el/la Responsable de la Gestión Jurídica, según Resolución Nro. SDH-SDH-2020-0012-R de 29 de septiembre de 2020;

Que, mediante acción de personal Nro. 00894-A de 23 de agosto de 2019, se designó a Edgar Ramiro Fraga Revelo, como Director de Registro Único de Organizaciones Sociales, Civiles y Regulación de Religión, Cultos, Creencia y Conciencia, denominación que fue modificada mediante acción de personal Nro. 00903-C de 06 de septiembre de 2019, por lo que, actualmente, consta como Director de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas;

Que, mediante comunicación ingresada en en esta Cartera de Estado, con trámite Nro.

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Miércoles 19 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 455

SDH-CDHZ8-2019-0953-E de fecha 08 de octubre de 2019, el/la señor/a Meibo Carolina Galarza, en calidad de Representante/a Provisional de la organización en formación denominada MISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA PAZ CON DIOS (Expediente N-314), solicitó la aprobación del Estatuto y otorgamiento de la personería jurídica de la citada organización, para lo cual remitió la documentación pertinente;

Que, mediante comunicación ingresada en esta Cartera de Estado, con trámite Nro. SDH-CGAF-DA-0792-E de fecha 22 de febrero de 2021, la referida Organización da cumplimiento a las observaciones formuladas, previo a la obtención de la personería jurídica;

Que, mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2021-0136-M, de fecha 18 de marzo de 2021, la Analista designada para el trámite, recomendó la aprobación del Estatuto y el reconocimiento de la personería jurídica de la citada organización religiosa en formación, por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley de Cultos y su Reglamento de Cultos Religiosos; y,

En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en los numerales 8 y 13 del artículo 66 y numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 1 de la Ley de Cultos; los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos; los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE); y, al artículo 1 de la Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019.

ACUERDA:

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica a la organización religiosa denominada MISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA PAZ CON DIOS, con domicilio en ciudadela Elsa Bucaram, manzana 30, solar 3, parroquia Eloy Alfaro, cantón Duran, provincia del Guayas, como organización religiosa, de derecho privado, sin fines de lucro.

Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro de su vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Cultos; el Reglamento de Cultos Religiosos; su Estatuto y demás normativa aplicable.

Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial.

Artículo 3.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el Registro de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos y su inscripción en el Registro de la Propiedad del cantón Duran, provincia del Guayas.

Artículo 4.- Disponer a la organización religiosa, que ponga en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de su directiva o del gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante legal, a efectos de verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su inscripción en el Registro correspondiente.

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Registro Oficial N° 455 Miércoles 19 de mayo de 2021

Artículo 5.- La referida organización religiosa deberá convocar a Asamblea General conforme su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la presente fecha y poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, para el trámite respectivo.

Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar la cancelación del registro de la referida organización religiosa y de oficio proceder con su disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se evidencien hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico.

Artículo 7.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, el cual deberá reposar en el Archivo de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos, cumpliendo condiciones técnicas de organización, seguridad y conservación.

Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la organización religiosa, con un ejemplar del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Por delegación de la Secretaria de Derechos Humanos, suscribo.

Dado en Quito, D.M., a los 19 día(s) del mes de Marzo de dos mil veintiuno.

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Miércoles 19 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 455

ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2021-0055-A

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia»;

Que, el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe: «Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de los territorios respectivos y fomentarán condiciones para la promoción de esa identidad.»;

Que, en numeral 8 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce y garantiza el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia;

Que, en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconocen y garantizan: «El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria»; y, «El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características»;

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, «(…) 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)»;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,

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Registro Oficial N° 455 Miércoles 19 de mayo de 2021

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, prescribe: «Las diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido»;

Que, el artículo 3 de la Ley de Cultos, determina: «El Ministerio de Cultos dispondrá que el Estatuto a que se refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que se inscriba en la Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que estuvieren situados los bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará en un libro especial que se denominará «Registro de las Organizaciones Religiosas», dentro de los ocho días de recibida la orden Ministerial»;

Que, el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos establece que para cumplir lo previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo 212, publicado en el Registro Oficial 547, de 23 de julio de 1937, y especialmente lo señalado para las entidades católicas por el artículo quinto del Modus Vivendi celebrado con la Santa Sede, el Ministro de Gobierno expedirá el Acuerdo respectivo, para ordenar la inscripción de la entidad religiosa en el Registro Especial de los Registradores de la Propiedad, y la publicación del Estatuto en el Registro Oficial; y, el artículo 2 dispone que el estatuto al que se refiere el artículo anterior ha de precisar el sistema de la organización de su gobierno y administración de bienes;

Que, los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos, publicado en Registro Oficial Nro. 365 de 20 de enero de 2000, establecen los requisitos para la aprobación de la personalidad jurídica y expedición de los Acuerdos Ministeriales de organizaciones religiosas;

Que, el artículo 8 del Reglamento de Cultos Religiosos determina que si el Ministro encontrara que el estatuto presentado contiene algo contrario al orden o a la moral pública, a la seguridad del Estado o al derecho de otras personas o instituciones, lo notificará a los interesados para que, si lo desearen, efectúen las reformas del caso o justifiquen su posición, pero, si no lo hicieren dentro del plazo que les conceda, el Ministro lo rechazará;

Que, el artículo 17 del ERJAFE, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos

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tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial;

Que el artículo 55 del ERJAFE, establece que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto;

Que, con Decreto Ejecutivo Nro. 560, de 14 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento 387, de 13 de diciembre de 2018, el Señor Presidente de la República, transformó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la Secretaría de Derechos Humanos; determinando en su artículo 7, que la competencia de cultos, libertad de religión, creencia y conciencia pasará a integrarse a la competencia sobre organizaciones sociales de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 718 de 11 de abril de 2019, el Señor Presidente de la República, suprimió la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y en el artículo 3 dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos, asume las competencias de plurinacionalidad e interculturalidad participación ciudadana y movimientos, organizaciones y actores sociales;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 818 de 3 de julio de 2019, el Señor Presidente Constitucional de la República, nombró a la Mgs. Cecilia del Consuelo Chacón Castillo, como Secretaria de Derechos Humanos;

Que, mediante Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019, la Mgs. Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos, delegó al Señor Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas, la suscripción de acuerdos y/o resoluciones y demás actos administrativos que sean necesarios para los trámites de aprobación de personalidad jurídica de organizaciones sin fines de lucro, relacionadas con la materia de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas; así como, para la reforma y codificación de estatutos, disolución y liquidación, cuyo ámbito de acción corresponde a las competencias trasferidas a la Secretaría de Derechos Humanos, exceptuando los trámites delegados al Coordinador/a General de Asesoría Jurídica, mediante Resolución Nro. SDH-2019-0014-R de 14 de agosto de 2019, actualmente, el/la Responsable de la Gestión Jurídica, según Resolución Nro. SDH-SDH-2020-0012-R de 29 de septiembre de 2020;

Que, mediante acción de personal Nro. 00894-A de 23 de agosto de 2019, se designó a Edgar Ramiro Fraga Revelo, como Director de Registro Único de Organizaciones Sociales, Civiles y Regulación de Religión, Cultos, Creencia y Conciencia, denominación que fue modificada mediante acción de personal Nro. 00903-C de 06 de septiembre de 2019, por lo que, actualmente, consta como Director de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas;

Que, mediante comunicación ingresada en esta Cartera de Estado, con trámite Nro.

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SDH-CGAF-DA-2020-3850-E de fecha 31 de diciembre de 2020, el/la señor/a Mario Quishpi Guamán, en calidad de Representante/a Provisional de la organización en formación denominada IGLESIA DE CRISTO APUNCHIKPAK WASI (Expediente XA-1092), solicitó la aprobación del Estatuto y otorgamiento de la personería jurídica de la citada organización, para lo cual remitió la documentación pertinente;

Que, mediante comunicación ingresada en esta Cartera de Estado, con trámite Nro. SDH-CGAF-DA-2021-0773-E de fecha 18 de febrero de 2021, la referida Organización da cumplimiento a las observaciones formuladas, previo a la obtención de la personería jurídica;

Que, mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2021-0137-M, de fecha 18 de marzo de 2021, la Analista designada para el trámite, recomendó la aprobación del Estatuto y el reconocimiento de la personería jurídica de la citada organización religiosa en formación, por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley de Cultos y su Reglamento de Cultos Religiosos; y,

En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en los numerales 8 y 13 del artículo 66 y numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 1 de la Ley de Cultos; los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos; los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE); y, al artículo 1 de la Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019.

ACUERDA:

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica a la organización religiosa denominada IGLESIA DE CRISTO APUNCHIKPAK WASI, con domicilio en el barrio Caupicho, en la avenida Leónidas Dublés y pasaje E3H, sector Guamaní, parroquia Turubamba, cantón Quito, provincia de Pichincha, como organización religiosa, de derecho privado, sin fines de lucro.

Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro de su vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Cultos; el Reglamento de Cultos Religiosos; su Estatuto y demás normativa aplicable.

Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial.

Artículo 3.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el Registro de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos y su inscripción en el Registro de la Propiedad del cantón Quito, provincia de Pichincha.

Artículo 4.- Disponer a la organización religiosa, que ponga en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de su directiva o del gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante legal, a efectos de verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su inscripción en el Registro correspondiente.

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Artículo 5.- La referida organización religiosa deberá convocar a Asamblea General conforme su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la presente fecha y poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, para el trámite respectivo.

Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar la cancelación del registro de la referida organización religiosa y de oficio proceder con su disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se evidencien hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico.

Artículo 7.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, el cual deberá reposar en el Archivo de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos, cumpliendo condiciones técnicas de organización, seguridad y conservación.

Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la organización religiosa, con un ejemplar del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Por delegación de la Secretaria de Derechos Humanos, suscribo.

Dado en Quito, D.M., a los 19 día(s) del mes de Marzo de dos mil veintiuno.

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Registro Oficial N° 455 Miércoles 19 de mayo de 2021

ACUERDO No. SENESCYT-2021-016

AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 13 consagra: «Se reconoce y garantizará a las personas:

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria»;

Que, el artículo 96 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. / Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas.»;

Que, la carta magna en su artículo 154 numeral uno, dispone: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera sugestión.»;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 dispone que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, la propia Constitución en su artículo 227 dispone que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el artículo 350 de la norma suprema establece: «El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo»;

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Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 385, manda: «El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir»;

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo a tenor literal reza: «Competencia normativa de carácter administrativo. Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública.

La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley.»;

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 298 de 12 de octubre de 2010, en su artículo 182 señala: «La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercerla rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. (…)»;

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, respecto a las funciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en su artículo 183 literales b) y j) establece: «b) Ejercerla rectoría de las políticas públicas en el ámbito de su competencia; / j) Ejercer las demás atribuciones que le confiera la Función Ejecutiva y la presente Ley.»;

Que, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 899 de 09 de diciembre de 2016, en su artículo 7 señala: «Entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.- La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es parte de la Función Ejecutiva, tiene a su cargo la rectoría de la política pública nacional en las materias regladas por este Código, así como la coordinación entre el sector público, el sector privado, popular y solidario, las instituciones del Sistema de Educación Superior y los demás sistemas, organismos y entidades que integran la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. / En todo lo relacionado con conocimientos tradicionales y saberes ancestrales la entidad rectora coordinará con comunidades pueblos y nacionalidades. (…)»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 339 de 23 de noviembre de 1998, publicado en el Registro Oficial No. 77 de 30 de noviembre de 1998, el entonces Presidente de la

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República decretó: «Art. 1.- Delégase (sic) a los ministros de Estado, para que de acuerdo con la materia de que se trate, aprueben los estatutos y las reformas de los mismos, de las fundaciones o corporaciones, y les otorguen la personalidad jurídica, según lo previsto en el Art. 584 del Código Civil.»;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2428 de 06 de marzo de 2002, publicado en el Registro Oficial No. 536 de 18 de marzo de 2002, con sus posteriores reformas, en su artículo 11 literal k) establece: «ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.- El Presidente de la República tendrá las atribuciones y deberes que le señalan la Constitución Política de la República y la ley: / k) Delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica, según lo previsto en el Art. 584 del Código Civil;»;

Que, el primer inciso del artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, señala: «DE LOS MINISTROS.- Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. (…)»;

Que, el artículo innumerado segundo del artículo 17-2 del Estatuto ibídem, determina: «…-De las Secretarías.- Organismos públicos con facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión y control sobre temas específicos de un sector de la Administración Pública. Estarán representadas por un secretario que tendrá rango de ministro de Estado.»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 818 de 03 de julio de 2019, el señor Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, designó a Agustín Guillermo Albán Maldonado como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que, el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, expedido a través de Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de octubre de 2017 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017, en su artículo 3 establece: «Naturaleza.- Las organizaciones sociales reguladas en este Reglamento tendrán finalidad social y realizan sus actividades económicas sin fines de lucro.

De acuerdo al presente Reglamento se entiende por organización sin fines de lucro, aquella cuyo fin no es la obtención de un beneficio económico sino principalmente lograr una finalidad social, altruista, humanitaria, artística, comunitaria, cultural, deportiva y/o ambiental, entre otras. En el caso de que su actividad genere un excedente económico, este se reinvertirá en la consecución de los objetivos sociales, el desarrollo de la organización, o como reserva para ser usada en el próximo ejercicio.»;

Que, su artículo 6 a tenor literal reza: «Obligaciones de las organizaciones.- Sin perjuicio

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de las obligaciones establecidas en otras disposiciones normativas, las organizaciones sociales tendrán las siguientes obligaciones:

  1. Cumplir con la Constitución, la Ley, sus estatutos y más disposiciones vigentes;
  2. Entregar a la entidad competente del Estado, cuando el caso lo requiera, la documentación e información establecida en este Reglamento, incluyendo la que se generare en el futuro como consecuencia de la operatividad de la organización social; y,
  3. Rendir cuentas a sus miembros a través de sus directivos o a la persona responsable para el efecto, al menos una vez por año, o por petición formal de una tercera parte o más de ellos. La obligación de los directivos de rendir cuentas se cumplirá respecto del período de sus funciones aun cuando estas hubieren finalizado.»;

Que, el propio Reglamento en su artículo 7 dispone: «Deberes de las instituciones competentes para otorgar personalidad jurídica.- Para otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales sin fines de lucro, que voluntariamente lo requieran, las instituciones competentes del Estado, de acuerdo a sus competencias específicas, observarán que los actos relacionados con la constitución, aprobación, reforma y codificación de estatutos, disolución, liquidación, registro y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las organizaciones sociales, se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y al presente Reglamento»;

Que, los artículos 12 y 13 del Capítulo II Título III del Reglamento ibídem, determinan los requisitos y procedimiento para aprobación de Estatutos y otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales solicitantes;

Que, por medio de Acuerdo Ministerial No. 8 de 27 de noviembre de 2014, publicado en el Registro Oficial No. 438 de 13 de febrero de 2015, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política expidió el Instructivo para establecer procedimientos estandarizados en la trasferencia de expedientes de organizaciones sociales en aplicación del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales – SUIOS; con el objeto, entre otros, de habituar y establecer las competencias de las Instituciones del Estado para la regulación de las organizaciones sociales, otorgamiento de personalidad jurídica y más actos relacionados con la vida jurídica de las mismas;

Que, mediante Acta Constitutiva celebrada el 12 de octubre de 2020, los miembros fundadores de la Asociación de Estudiantes Ingeniería Geológica de la Escuela Politécnica Nacional «AEIG», expresaron su voluntad de constituir la mencionada organización social sin fines de lucro y aprobaron el proyecto de Estatuto;

Que, mediante oficio s/n, ingresado en esta Cartera de Estado con número único de trámite SENESCYT-CGAF-DADM-2020-3027-EX; el señor Fabricio Wladimir Pazmiño Aguiar en calidad de Presidente Provisional de la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA GEOLÓGICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL «AEIG», solicitó el reconocimiento de la personalidad jurídica y aprobación de Estatuto de la mencionada organización;

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Que, mediante memorando No. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2021-0033-M, la Dirección de Asesoría Jurídica solicitó a la Subsecretaría General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación «(…)» el informe técnico pertinente, en original debidamente suscrito, que contemple los ámbitos tanto de Educación Superior, como de Ciencia, Tecnología e Innovación, con base a lo establecido en el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de esta Cartera de Estado expedido a través de Acuerdo No. SENESCYT-2020-064 de 12 de agosto de 2020, instrumento en el cual se contempla una única Subsecretaría General con competencia, atribuciones y responsabilidades en los dos mentados ámbitos»;

Que, con memorando No. SENESCYT-SGESCTI-2021-0062-MI, el Subsecretario General de Educación Superior remitió a la Coordinación General de Asesoría Jurídica el Informe Técnico No. IG-DGUP-EPN-02-10-2021, suscrito por el Subsecretario de Instituciones de Educación Superior, con el cual se concluye:»(…) que los fines y objetivos de la «Asociación de Estudiantes de Ingeniería Geológica de la Escuela Politécnica Nacional», se enmarcan en el ámbito de atribuciones de la Subsecretaría General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, ya que se alinean con el artículo 8, literales a), d) y h); y el artículo 13, literal b) de la LOES, en lo referente a educación superior. (…)»; y, el Informe Técnico No. SIITT- DIC-2021-010, suscrito por el Subsecretario de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología;

Que, mediante memorando No. SENESCYT-CGAJ-2021-0096-MI, suscrito por la Coordinadora General de Asesoría Jurídica se estableció: «Con fundamento en el marco normativo previamente citado y de acuerdo al análisis jurídico realizado, es criterio de esta Dirección, emitir INFORME FAVORABLE para el otorgamiento de personalidad jurídica y aprobación de Estatuto de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Geológica de la Escuela Politécnica Nacional «AEIG», recomendando a su autoridad se disponga la elaboración del Acuerdo correspondiente.»; con sumilla digital inserta en el Sistema de Gestión Documental Quipux en calidad de Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se autorizó lo recomendado; y,

Que, el ámbito de acción, fines y objetivos de la organización social sin fines de lucro ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA GEOLÓGICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL «AEIG», no se oponen al ordenamiento jurídico vigente, al orden público, ni a las buenas costumbres; y, los mismos se encuentran enmarcados en el ámbito de competencias de esta Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

EN EJERCICIO de las atribuciones conferidas por el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 339 de 23 de noviembre de 1998, los artículos 17 e innumerado segundo del 17-2 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el artículo 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; y, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 818 de 03 de julio de 2020.

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ACUERDA:

Artículo 1.- Otorgar Personalidad Jurídica, como organización social sin fines de lucro de derecho privado, a la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA GEOLÓGICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL «AEIG», en su calidad de Corporación de primer grado, con domicilio ubicado en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha.

Esta organización, deberá regirse por las disposiciones del Título XXX del Libro Primero del Código Civil Ecuatoriano, el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, su Estatuto, los Reglamentos Internos que se pudieran dictar para el cumplimiento de su ámbito de acción, fines y objetivos; y, demás normativa pertinente aplicable para el efecto.

Artículo 2.- Aprobar el Estatuto de la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA GEOLÓGICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL «AEIG».

Artículo 3.- Registrar en calidad de miembros fundadores de la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA GEOLÓGICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL «AEIG».

APELLIDOS Y NOMBRES

CÉDULA DE CIUDADANÍA/ IDENTIDAD

PAZMINO AGUIAR FABRICIO WLADIMIR

1723709752

CAIZAPANTA URIBE DANIELA MISHELL

1718570961

PAZOS MARÍN GABRIELA ALEXANDRA

1724375074

TENELEMA TATAYO GUISSELA DOLORES

1725270845

CHILIQUINGATOSCANO JANNIS DAYANA

0550230999

FREIRÉ CABRERA HÉCTOR GEORGY

1724252414

RODRÍGUEZ GRANDA EVELYN ANDREA

1725749145

PILLAJO LALA EVELYN LIZETH

1719697805

Artículo 4.- Disponer a la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA GEOLÓGICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL «AEIG», que de manera imperante e irrestricta dentro del plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la notificación con el presente Acuerdo, deberá elegir su Directiva y remitir a esta Secretaría de Estado la nómina de dicho órgano directivo definitivo, en apego y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales y, en concordancia con el periodo establecido en su Estatuto, para su respectivo registro.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Notifíquese con el contenido del presente Acuerdo a la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA GEOLÓGICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL «AEIG.

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Registro Oficial N° 455 Miércoles 19 de mayo de 2021

SEGUNDA.- Encárguese a la Dirección de Asesoría Jurídica de esta Cartera de Estado la notificación con el presente Acuerdo a la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA GEOLÓGICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL «AEIG».

TERCERA.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2021.

NOTIFIQUESE Y PUBLÍQUESE.

AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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Miércoles 19 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 455

ACUERDO No. SENESCYT-2021-017

AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 13 consagra: «Se reconoce y garantizará a las personas:

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria»;

Que, el artículo 96 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. / Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas.»;

Que, la carta magna en su artículo 154 numeral uno, dispone: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera sugestión.»;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 dispone que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, la propia Constitución en su artículo 227 dispone que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el artículo 350 de la norma suprema establece: «El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo»;

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Registro Oficial N° 455 Miércoles 19 de mayo de 2021

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 385, manda: «El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir»;

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo a tenor literal reza: «Competencia normativa de carácter administrativo. Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública.

La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley.»;

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial Suplemento n.° 298 de 12 de octubre de 2010, en su artículo 182 señala: «La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. (…)»;

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, respecto a las funciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en su artículo 183 literales b) y j) establece: «b) Ejercer la rectoría de las políticas públicas en el ámbito de su competencia; / j) Ejercer las demás atribuciones que le confiera la Función Ejecutiva y la presente Ley.»;

Que, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento n.° 899 de 09 de diciembre de 2016, en su artículo 7 señala: «Entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.- La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es parte de la Función Ejecutiva, tiene a su cargo la rectoría de la política pública nacional en las materias regladas por este Código, así como la coordinación entre el sector público, el sector privado, popular y solidario, las instituciones del Sistema de Educación Superior y los demás sistemas, organismos y entidades que integran la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. / En todo lo relacionado con conocimientos tradicionales y saberes ancestrales la entidad rectora coordinará con comunidades pueblos y nacionalidades. (…)»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo n.° 339 de 23 de noviembre de 1998, publicado en el Registro Oficial n.° 77 de 30 de noviembre de 1998, el entonces Presidente de la

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República decretó: «Art. 1.- Delégase (sic) a los ministros de Estado, para que de acuerdo con la materia de que se trate, aprueben los estatutos y las reformas de los mismos, de las fundaciones o corporaciones, y les otorguen la personalidad jurídica, según lo previsto en el Art. 584 del Código Civil.»;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, expedido mediante Decreto Ejecutivo n.° 2428 de 06 de marzo de 2002, publicado en el Registro Oficial n.° 536 de 18 de marzo de 2002, con sus posteriores reformas, en su artículo 11 literal k) establece: «ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.- El Presidente de la República tendrá las atribuciones y deberes que le señalan la Constitución Política de la República y la ley: / k) Delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica, según lo previsto en el Art. 584 del Código Civil;»;

Que, el primer inciso del artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, señala: «DE LOS MINISTROS.- Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. (…)»;

Que, el artículo innumerado segundo del artículo 17-2 del Estatuto ibídem, determina: «…-De las Secretarías.- Organismos públicos con facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión y control sobre temas específicos de un sector de la Administración Pública. Estarán representadas por un secretario que tendrá rango de ministro de Estado.»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo n. ° 818 de 03 de julio de 2019, el señor Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, designó a Agustín Guillermo Albán Maldonado como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que, el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, expedido a través de Decreto Ejecutivo n.° 193 de 23 de octubre de 2017 publicado en el Registro Oficial Suplemento n.° 109 de 27 de octubre de 2017, en su artículo 3 establece: «Naturaleza.- Las organizaciones sociales reguladas en este Reglamento tendrán finalidad social y realizan sus actividades económicas sin fines de lucro.

De acuerdo al presente Reglamento se entiende por organización sin fines de lucro, aquella cuyo fin no es la obtención de un beneficio económico sino principalmente lograr una finalidad social, altruista, humanitaria, artística, comunitaria, cultural, deportiva y/o ambiental, entre otras. En el caso de que su actividad genere un excedente económico, este se reinvertirá en la consecución de los objetivos sociales, el desarrollo de la organización, o como reserva para ser usada en el próximo ejercicio.»;

Que, su artículo 6 a tenor literal reza: «Obligaciones de las organizaciones.- Sin perjuicio

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de las obligaciones establecidas en otras disposiciones normativas, las organizaciones sociales tendrán las siguientes obligaciones:

  1. Cumplir con la Constitución, la Ley, sus estatutos y más disposiciones vigentes;
  2. Entregar a la entidad competente del Estado, cuando el caso lo requiera, la documentación e información establecida en este Reglamento, incluyendo la que se generare en el futuro como consecuencia de la operatividad de la organización social; y,
  3. Rendir cuentas a sus miembros a través de sus directivos o a la persona responsable para el efecto, al menos una vez por año, o por petición formal de una tercera parte o más de ellos. La obligación de los directivos de rendir cuentas se cumplirá respecto del período de sus funciones aun cuando estas hubieren finalizado. «

Que, el propio Reglamento en su artículo 7 dispone: «Deberes de las instituciones competentes para otorgar personalidad jurídica.- Para otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales sin fines de lucro, que voluntariamente lo requieran, las instituciones competentes del Estado, de acuerdo a sus competencias específicas, observarán que los actos relacionados con la constitución, aprobación, reforma y codificación de estatutos, disolución, liquidación, registro y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las organizaciones sociales, se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y al presente Reglamento»;

Que, los artículos 12 y 13 del Capítulo II Título III del Reglamento ibídem, determinan los requisitos y procedimiento para aprobación de Estatutos y otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales solicitantes;

Que, por medio de Acuerdo Ministerial n.° 8 de 27 de noviembre de 2014, publicado en el Registro Oficial n.° 438 de 13 de febrero de 2015, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política expidió el Instructivo para establecer procedimientos estandarizados en la trasferencia de expedientes de organizaciones sociales en aplicación del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales – SUIOS; con el objeto, entre otros, de habituar y establecer las competencias de las Instituciones del Estado para la regulación de las organizaciones sociales, otorgamiento de personalidad jurídica y más actos relacionados con la vida jurídica de las mismas;

Que, mediante Acta Constitutiva celebrada el 02 de julio de 2020, los miembros fundadores de la Asociación de Estudiantes de Física de la Escuela Politécnica Nacional, «ASOFIS» expresaron su voluntad de constituir la mencionada organización social sin fines de lucro y aprobaron el proyecto de Estatuto;

Que, mediante oficio s/n, ingresado en esta Cartera de Estado con número único de trámite SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2269-EX, el señor Jack Marco Rojas Loor, en calidad de Presidente Provisional de la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE FÍSICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, «ASOFIS», solicitó el reconocimiento de la personalidad jurídica y aprobación de Estatuto de la mencionada organización;

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Que, mediante memorando No. SENESCYT-CGAJ-2020-0460-MI, la Coordinación General de Asesoría Jurídica solicitó a la Subsecretaría General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación «(…)» el informe técnico pertinente, en original debidamente suscrito, que contemple los ámbitos tanto de Educación Superior, como de Ciencia, Tecnología e Innovación, con base a lo establecido en el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de esta Cartera de Estado expedido a través de Acuerdo n.° SENESCYT-2020-064 de 12 de agosto de 2020, instrumento en el cual se contempla una única Subsecretaría General con competencia, atribuciones y responsabilidades en los dos mentados ámbitos»;

Que, con memorando No. SENESCYT-SGESCTI-2021-0007-MI, el Subsecretario General de Educación Superior remitió a la Coordinación General de Asesoría Jurídica el Informe Técnico No. IG-DGUP-EPN-01 -03-2021, con el cual se concluyó: «(…)»que el ámbito de acción, los fines y objetivos de la Asociación de Estudiantes de Física de la Escuela Politécnica Nacional, se enmarcan en las atribuciones de educación superior de la Subsecretaría General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, ya que se alinean con el artículo 8, literales a), b), d), y h); artículo 12; y, con el artículo 13, literales b), i), k), y s) de la LOES. (…)»; y, el Informe Técnico No. SIITT-DIC-2021-003, suscrito por el Subsecretario de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología;

Que, mediante memorando No. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2020-0099-MI, suscrito por la Coordinadora General de Asesoría Jurídica se estableció: «Con fundamento en el marco normativo previamente citado y de acuerdo al análisis jurídico realizado, es criterio de esta Dirección, emitir INFORME FAVORABLE para el otorgamiento de personalidad jurídica y aprobación de Estatuto de la Asociación de Estudiantes de Física de la Escuela Politécnica Nacional, «ASOFIS» recomendando a su autoridad se disponga la elaboración del Acuerdo correspondiente.»; con sumilla digital inserta en el Sistema de Gestión Documental Quipux en calidad de Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se autorizó lo recomendado;

y,

Que, el ámbito de acción, fines y objetivos de la organización social sin fines de lucro ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE FÍSICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, «ASOFIS» no se oponen al ordenamiento jurídico vigente, al orden público, ni a las buenas costumbres; y, los mismos se encuentran enmarcados en el ámbito de competencias de esta Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

EN EJERCICIO de las atribuciones conferidas por el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo n.° 339 de 23 de noviembre de 1998, los artículos 17 e innumerado segundo del 17-2 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el artículo 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; y, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo n.° 818 de 03 de julio de 2020.

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ACUERDA:

Artículo 1.- Otorgar Personalidad Jurídica, como organización social sin fines de lucro de derecho privado, a la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE FÍSICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, «ASOFIS» en su calidad de Corporación de primer grado, con domicilio ubicado en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha.

Esta organización, deberá regirse por las disposiciones del Título XXX del Libro Primero del Código Civil Ecuatoriano, el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, su Estatuto, los Reglamentos Internos que se pudieran dictar para el cumplimiento de su ámbito de acción, fines y objetivos; y, demás normativa pertinente aplicable para el efecto.

Artículo 2.- Aprobar el Estatuto de la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE FÍSICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, «ASOFIS».

Artículo 3.- Registrar en calidad de miembros fundadores de la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE FÍSICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, «ASOFIS».

APELLIDOS Y NOMBRES

CÉDULA DE CIUDADANÍA/ IDENTIDAD

ROJAS LOOR JACK MARCO

1723000830

CORDERO PATIÑO BRYAN IVAN

1724061971

ILVAY VALLEJOS MICAELA NAHOMI

1721336004

GUERRERO SAMPEDRO JAEL FERNANDA

1726437187

BARROS MORENO JOYCE LIZBETH

1750515494

COSTA VARGAS CAMILA ALEJANDRA

1723435150

Artículo 4.- Disponer a la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE FÍSICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, «ASOFIS» que de manera imperante e irrestricta dentro del plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la notificación con el presente Acuerdo, deberá elegir su Directiva y remitir a esta Secretaría de Estado la nómina de dicho órgano directivo definitivo, en apego y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales y, en concordancia con el periodo establecido en su Estatuto, para su respectivo registro.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Notifíquese con el contenido del presente Acuerdo a la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE FÍSICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL «ASOFIS».

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Miércoles 19 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 455

SEGUNDA.- Encárguese a la Dirección de Asesoría Jurídica de esta Cartera de Estado la notificación con el presente Acuerdo a la ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE FÍSICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL «ASOFIS».

TERCERA.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2021.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-

AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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Registro Oficial N° 455 Miércoles 19 de mayo de 2021

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0000057 VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1202, de 13 octubre 2016, publicado en el Registro Oficial N°. 876, de 8 noviembre 2016, se dispuso que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ejerza la rectoría, planificación, regulación, control y gestión de la Cooperación Internacional, teniendo la atribución de suscribir, registrar y realizar el seguimiento a los convenios, programas y proyectos de cooperación internacional no reembolsable ejecutados por el sector público;

Que, a través de Acuerdo Ministerial N° 0000009, de 17 enero 2020, se expidió el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mediante el cual se creó la Subsecretaría de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional y la Dirección de Gestión de la Cooperación No Gubernamental y Evaluación;

Que, en el numeral 1.2.1.6., literal o) del referido Estatuto establece como atribución de la Subsecretaría de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional: «Aprobar los contenidos de los acuerdos, Convenios Básicos de Funcionamiento j demás instrumentos de cooperación internacional con Organizaciones no Gubernamentales extranjeras»;

Que, conforme se desprende de los literales c) y d) del artículo 1 del Acuerdo Ministerial N° 0000007, de 6 febrero 2019, el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana delegó al Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional, actualmente Viceministro de Relaciones Exteriores, lo siguiente: «c) Autorizar, previo conocimiento del Ministro de delaciones Exteriores j Movilidad Humana, los contenidos de los convenios, acuerdos, proyectos y demás documentos de cooperación internacional no reembolsable j suscribirlos»; así como: «d) Autorizar, previo conocimiento del Ministro de Relaciones Exteriores j Movilidad Humana, los contenidos de Convenios Básicos de Funcionamiento con las Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras (ONG)j suscribirlos», que según el nuevo Estatuto corresponde a: «Aprobar los contenidos de los acuerdos, Convenios Básicos de Funcionamiento y demás instrumentos de cooperación internacional con Organizaciones no Gubernamentales Extranjeras»;

Que, con Memorando N° MREMH-DCNGE-2021-00125-M, de 16 abril de 2021, la Dirección de Cooperación No Gubernamental y Evaluación emitió el Informe Técnico N° IT-MREMH-2021-0004- C, a la Dirección de Asesoría Jurídica y Patrocinio en Derecho Nacional, a fin de continuar con el proceso de cierre de la organización por incumplimiento «Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias – RIADIS» en el país;

Que, con Memorando N° MREMH-DAJPDN-2021-0236-M, de 21 abril de 2021, la Dirección de Asesoría Jurídica y Patrocinio en Derecho Nacional emitió el Dictamen Jurídico favorable para la terminación de las actividades de la Organización No Gubernamental extranjera por incumplimiento «Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias – RIADIS» en el Ecuador;

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 1202, de 13 octubre 2016 y en el artículo 1, del Acuerdo Ministerial N° 0000007, de 6 febrero 2019;

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RESUELVE:

Artículo 1- Dar por terminadas las actividades en el Ecuador de la Organización No Gubernamental extranjera «Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias – RIADIS».

Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Cooperación No Gubernamental y Evaluación que:

  1. Notifique el contenido de la presente resolución a la representante legal de la Organización No Gubernamental extranjera en el Ecuador.
  2. Informe sobre la finalización de actividades en el Ecuador de la Organización No Gubernamental extranjera «Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias – RIADIS» a las siguientes entidades:
  1. Servicio de Rentas Internas;
  2. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador;
  3. Ministerio de Gobierno;
  4. Unidad de Análisis Financiero y Económico;
  5. Superintendencia de Bancos;
  6. Ministerio del Trabajo;
  7. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;
  8. Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias;
  9. Consejo Nacional para la Igualdad De Discapacidades – CONADIS; y
  10. Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Artículo 3.-Disponer a la Dirección de Gestión Documental y Archivo de este Ministerio que realice las gestiones correspondientes para la publicación de la presente resolución, en el Registro Oficial.

Articulo 4.-La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la ciudad de Quito, a 28 de abril de 2021

Embajador Arturo Cabrera Hidalgo

VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA

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Registro Oficial N° 455 Miércoles 19 de mayo de 2021

Ordenanza Municipal N° E-025-WEA

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

SANTO DOMINGO

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 30 de la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto se refiere al Hábitat y Vivienda establece que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.

Que, el artículo 31 de la Constitución especifica que las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad, y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Que, el artículo 240 del mismo cuerpo legal, dice «Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provinciales y cantonales tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias.

Todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencia y jurisdicciones territoriales.»

Que, el artículo 241, de la Constitución, manifiesta que la planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Que, el articulo 54 literal c), e i) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización señala como funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal «Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales», e «i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal»;

Que, el artículo 55, literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece como competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal, Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.

Que, el artículo 147 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización dice: «El Estado en todos los niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y una vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social y económica de las familias y las personas.»

Que, el Código Municipal de Santo Domingo en el libro II- Régimen De Uso Del Suelo- Capitulo III- Espacio Público Titulo II- Concejo Municipal- Subtítulo I- Organización y Funcionamiento- Capitulo III- Organización- Sección II- El Ejecutivo, en el Art. 6, segundo inciso establece: «La expedición, reforma y derogatoria de las ordenanzas, así como el ejercicio de las otras facultades previstas en la Constitución y en el Código Orgánico de

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Organización Territorial, Autonomía y descentralización, se realizará de conformidad con lo dispuesto en las normas antes citadas».

Que, el numeral 1 del Artículo 7 del mismo cuerpo legal, establece que son funciones y atribuciones del Concejo Municipal: «Expedir, reformar y derogar ordenanzas e interpretar con carácter generalmente obligatorio…»

Que, al existir un alto índice de tenencia ilegal de predios y espacios municipales ubicados en los sectores urbanos del cantón, sus parroquias y recintos, afectando el patrimonio del Municipio de Santo Domingo, entre los cuales se encuentran varias entidades públicas que no han podido legalizar la tenencia de la tierra de propiedad municipal y no se han tomado correctivos necesarios en el proceso de legalización del derecho de dominio de éstos bienes, por lo que con el objeto de regular los bienes inmuebles municipales que se encuentran en la actualidad en posesión de entidades públicas que prestan servicios permanentes, regulares, continuos, iguales, eficientes y eficaces para satisfacer las necesidades e intereses generales, y que se encuentran consolidados con construcción, y en posesión por varios años, y que no pueden acceder a obras básicas por parte del gobierno central, gobiernos seccionales y ONG, los cuales piden como requisito básico contar con las respectivas escrituras, para poder ser beneficiados de una obra, resulta necesario reformar el CÓDIGO MUNICIPAL, LIBRO II- RÉGIMEN DE USO DEL SUELO- TITULO III- ESPACIO PUBLICO- SUBTÍTULO II- BIENES MUNICIPALES CAPITULO II- DONACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES -ARTÍCULO 5.- REQUISITOS, NUMERAL 2; y,

En uso de sus atribuciones y facultades contenidas en el Art. 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

EXPIDE LA SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE REFORMA AL CÓDIGO MUNICIPAL, LIBRO II- RÉGIMEN DE USO DEL SUELO- TÍTULO III- ESPACIO PÚBLICO- SUBTITULO II- BIENES MUNICIPALES- CAPITULO II- DONACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES

Artículo 1.- Sustitúyase el numeral 2, del artículo 5, por el siguiente texto: La institución pública solicitante de la donación, deberá presentar el proyecto que se ejecutará en el bien objeto de la donación. En la donación de bienes inmuebles se presentará el proyecto de construcción de la obra, en el que se cuente con planos y presupuesto referencial de la construcción, con rubros, cantidades y precios. Se exceptúa de presentar el proyecto, aquellas entidades públicas que ya se encuentren en posesión del bien inmueble objeto de la donación, estén consolidados con construcción y se encuentren prestando servicios permanentes, regulares, continuos, iguales, eficientes y eficaces para satisfacer las necesidades e intereses generales públicos, que se encuentren legalmente reconocidas por la Ley, los que justificarán presentando el presupuesto asignado del periodo en el que se presente el respectivo trámite.

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Registro Oficial N° 455 Miércoles 19 de mayo de 2021

DISPOSICIÓN ÚNICA

VIGENCIA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, la página web del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo y Gaceta Oficial.

CERTIFICO: que la presente ORDENANZA QUE REFORMA AL CÓDIGO MUNICIPAL LIBRO II- RÉGIMEN DE USO DEL SUELO- TÍTULO III- ESPACIO PÚBLICO- SUBTITULO II BIENES MUNICIPALES- CAPITULO II- DONACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLEl MUNICIPALES, fue discutida y aprobada por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, en sesiones ordinarias de fechas 06 y 13 de abril del año 2021.

Santo Domingo, 14 de abril de 2021.

Santo Domingo, 14 de abril de 2021,

De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO la presente ORDENANZA QUE REFORMA AL CÓDIGO MUNICIPAL, LIBRO II- RÉGIMEN DE USO DEL SUELO- TÍTULO III- ESPACIO PÚBLICO- SUBTITULO II- BIENES MUNICIPALES- CAPITULO II- DONACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES, y ordeno su PROMULGACIÓN a través de su publicación en el Registro Oficial; en el portal www.santodomingo.gob.ec; y, Gaceta Oficial.

Miércoles 19 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 455

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CERTIFICO, que la presente Ordenanza fue sancionada y ordenado su promulgación por el Sr. Ing. Wilson Erazo Argoti, Alcalde del Cantón Santo Domingo, el 14 de abril de 2021.

Registro Oficial N° 455 Miércoles 19 de mayo de 2021

Ordenanza Municipal N° E-026-WEA

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

SANTO DOMINGO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 31, establece que: «Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía»;

Que, el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que los gobiernos municipales tendrán competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley, entre ellas: «1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. (…). En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales»;

Que, el Art. 275 de la Carta Magna expone: «El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan las realizaciones del buen vivir, del sumak kawsay

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente.

El Buen Vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.»

Que, La Constitución de la República en el Art. 278.- expone: «Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde:

  1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles.
  2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y

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ambiental».

Que, el Art. 583 del Código Civil, prescribe que: «Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro». (…);

Que, el Art. 584 del Código Civil, manifiesta: «Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles»;

Que el Art. 586 del Código Civil, indica: «Inmuebles, fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles»;

Que, el Art. 28 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización, establece que: «Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias»;

Que, el Art. 55 del COOTAD, determina que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley, entre ellas las siguientes: «a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón»;

Que, el Art. 57 del Código en mención, establece como atribuciones del Concejo Municipal, entre otras las siguientes: «a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; x) Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra. (…);

Que, el Art. 302 del COOTAD define que: «La ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrá participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social de las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. (…)». En el párrafo tercero del mismo artículo establece: «Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de participación ciudadana, de carácter individual y colectivo, incluyendo a aquellas que se generen en las unidades territoriales de base, barrios, comunidades, comunas, recintos y aquellas organizaciones

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propias de los pueblos y nacionalidades, en el marco de La Constitución y la Ley»

Que, el Art. 415 del referido Código Orgánico, manifiesta: «Clases de bienes. Son bienes de los gobiernos autónomos descentralizados aquellos sobre los cuales ejercen dominio.

Los bienes se dividen en bienes del dominio privado y bienes del dominio público. Estos últimos se subdividen, a su vez, en bienes de uso público y bienes afectados al servicio público».

Que, el Art. 417 ibídem señala: «Bienes de uso público.- Son bienes de uso público aquellos cuyo uso por los particulares es directo y general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán también ser materia de utilización exclusiva y temporal, mediante el pago de una regalía.

Los bienes de uso público, por hallarse fuera del mercado, no figurarán contablemente en el activo del balance del gobierno autónomo descentralizado, pero llevarán un registro general de dichos bienes para fines de administración.

Constituyen bienes de uso público: g) Las casas comunales, canchas {…)»;

Que, en sesiones ordinarias celebradas los días 05 de octubre de 2009 y 22 de marzo de 2012, el Concejo Municipal, conoció, discutió y aprobó la ORDENANZA No. E-005-VZC SUSTITUTIVA QUE NORMA EL PROCESO DE ESCRITURACIÓN EN LA CIUDAD Y CANTÓN SANTO DOMINGO»;

En uso de sus atribuciones y facultades contenidas en el Art. 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;

EXPIDE LA SIGUIENTE:

ORDENANZA DE REFORMA AL CÓDIGO MUNICIPAL, LIBRO II – RÉGIMEN DE USO DEL SUELO, TÍTULO III – ESPACIO PÚBLICO, SUBTÍTULO II – BIENES MUNICIPALES, CAPÍTULO I – LEGALIZACIÓN DE LA TENENCIA DE TIERRA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SECCIÓN IV – ARRENDAMIENTO, COMODATO Y CONVENIO DE USO Y CUSTODIA DE INMUEBLES MUNICIPALES, PARÁGRAFO 3 – CONVENIO DE USO Y CUSTODIA DE ÁREAS MUNICIPALES DE USO PÚBLICO

Art. 1.- Refórmese el Art. 38 PARÁGRAFO 3 – CONVENIO DE USO Y CUSTODIA DE ÁREAS MUNICIPALES DE USO PÚBLICO, SECCIÓN IV- ARRENDAMIENTO, COMODATO Y CONVENIO DE USO Y CUSTODIA DE INMUEBLES MUNICIPALES, CAPÍTULO I- LEGALIZACIÓN DE LA TENENCIA DE TIERRA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SUBTÍTULO II- BIENES MUNICIPALES. TÍTULO III – ESPACIO PÚBLICO, LIBRO II- RÉGIMEN DE USO DEL SUELO, del CÓDIGO MUNICIPAL por el siguiente texto:

«Art. 38.- Uso, mantenimiento o reposición de áreas municipales de uso público.- Sin perjuicio de lo normado en los artículos precedentes, los

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representantes de las Parroquias Urbanas, Parroquias Rurales (Centros Poblados), Cooperativas de Vivienda, Barrios y Organizaciones Sociales legalmente constituidas sin fines de lucro, cuya acción esté vinculada al desarrollo humano integral, asumiendo la obligación de uso, mantenimiento o reposición en su caso, podrán suscribir compromisos no remunerados para la custodia de áreas municipales de uso público, previa resolución motivada de Alcaldía. Las Direcciones Municipales de Planificación y Proyectos. Control Territorial, Obras Públicas, Saneamiento y Gestión Ambiental, Desarrollo Comunitario y Desarrollo e Inclusión Económica y Social, proporcionarán el oportuno y necesario apoyo logístico a la comunidad».

Art. 2.- A continuación del Art. 38, incorpórese los siguientes Artículos numerados:

Art. 38.1.- Definición de áreas municipales de uso público.- Para efectos de esta Ordenanza, entiéndase como áreas Municipales de Uso Público susceptibles de entrega en Convenio de Uso y Custodia’ Casas Comunales, Canchas deportivas y bienes Municipales como lo establece el literal g) del Art. 417 del COOTAD, que se encuentren en condiciones apropiadas de uso. que no se localicen en zonas de riesgo, que no representen peligro a la integridad humana y que no signifiquen amenaza para el desarrollo de las actividades lícitas de los solicitantes.

Art. 38.2.- Organización Social sin fines de lucro.- Son asociaciones u organizaciones sin ánimos de lucro, cuyo fin no es la persecución de un beneficio económico, sino que principalmente trabajan por el progreso y bien común de la sociedad, teniendo una finalidad social, deportiva, altruista, humanitaria, artística, comunitaria y/o productivo.

Art. 38.3.- Objeto del Convenio de Uso y Custodia de áreas Municipales de uso público.- La Dirección Administrativa y la Subdirección de Control de Bienes y Bodega del GAD Municipal de Santo Domingo, vigilarán e informarán anualmente sobre el cumplimiento del objeto declarado al momento de la firma del Convenio de Uso y Custodia del bien inmueble municipal de uso público.

Entre los objetos que se contemplan viables se establecen:

  1. Robustecimiento del tejido social y la participación ciudadana;
  2. Prevención de transgresión de Derechos de manera Universal, con énfasis en los Grupos de Atención Prioritaria (GAP’s), en la Naturaleza y Medio Ambiente;
  1. Difusión, Promoción, Restitución de Derechos de manera Universal, con énfasis en los Grupos de Atención Prioritaria (GAP’s), en la Naturaleza y Medio Ambiente;
  2. Capacitación y formación a la población;

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  1. Entrega de servicios sociales a la población;
  2. Fortalecimiento de actores de la Economía Popular y Solidaría y sus estructuras;
  3. Incubadora de emprendimientos;

h) Cultivo de las ciencias, el arte, la cultura, el deporte, la unidad nacional, la identidad nacional y local;

i) Asistencia humanitaria y voluntariado humanitario (contempla alojamiento, acogimiento transitorio y/o temporal),

j) Asistencia, atención y cuidado a mascotas y animales abandonados, actividades de carácter voluntario;

k) Fortalecimiento de Pueblos y Nacionalidades;

I) Las demás permitidas y establecidas en las leyes vigentes.

Art. 38.4.- Tiempo de vigencia del Convenio de Uso y Custodia de áreas Municipales de uso público.- El tiempo de vigencia del Convenio de Uso y Custodia de áreas Municipales de uso público será mínimo de 1 año y máximo de 4 años, sin perjuicio de renovación, previo informe favorable emitido por la Dirección Administrativa que dé cuenta del cumplimiento fiel al convenio anterior, y posterior a las gestiones pertinentes encaminadas por los Dirigentes y/o Representantes legales de la Organización.

Art. 38.5.- Requisitos para la solicitud de Convenio de Uso y Custodia de áreas Municipales de uso público. — El Alcalde mediante acto administrativo conocerá y resolverá de acuerdo a los informes técnicos y jurídicos la suscripción de Convenio de Uso y Custodia de un bien inmueble municipal de uso público, luego de haberse cumplido los siguientes requisitos:

  1. Solicitud de el o los Dirigentes o Representantes legales de la Organización requirente, dirigida al Alcalde o a la Alcaldesa en la que se expondrán los datos de la organización y el objeto del Convenio de Uso y Custodia de un bien inmueble municipal de uso público;
  2. Copia certificada del Acuerdo ministerial que otorga la personería jurídica de la Organización Social sin fines de lucro;
  3. Copia Certificada de documento de Constitución de la Organización y estatuto (aplica solo para quienes no cuenten con Acuerdo Ministerial).
  4. Declaración Juramentada de los Miembros de la Directiva de la Organización donde se indiquen principalmente los Objetivos de la Organización, el tiempo de existencia o creación, áreas en las que se desempeñan, y otros que se consideren necesarios (Aplica para Organizaciones de Base Comunitaria, y Organizaciones de Pueblos y Nacionalidades de hecho);
  5. Descripción breve de la Organización, en donde se indiquen sus Objetivos, Misión, Visión, Área o áreas de acción o trabajo;

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  1. Plan de trabajo de la Organización;
  2. Directiva legalmente reconocida y listado de socios;

h) Informe de la Subdirección de Control de Bienes y Bodega que contenga la disponibilidad de un bien inmueble municipal de uso público acorde a las necesidades de la organización.

i) La Dirección de Planificación y Proyectos emitirá un informe del bien inmueble indicando las condiciones apropiadas de uso, que no se localicen en zona de riesgo, que no representen peligros a la integridad humana, que no se encuentre dentro de la planificación de obras del GAD Municipal, y que no signifiquen amenaza para el desarrollo de las actividades licitas de los solicitantes».

Art. 38.6.- Responsabilidades del solicitante y custodio de áreas Municipales de uso público.- Será de exclusiva responsabilidad de los solicitantes:

  1. La Protección;
  2. El Mantenimiento;
  3. El Mejoramiento (que no modifique el diseño o emplazamiento original del bien inmueble), en caso de realizarse alguna adecuación al inmueble, quedará en beneficio del GAD Municipal de Santo Domingo, sin que este tenga que reconocer pago alguno;
  4. El empleo para el objeto social declarado en la solicitud;
  5. La elaboración de un informe anual sobre el estado de la infraestructura y el ejercicio propicio para el cumplimiento de su objeto declarado, con registros fotográficos y constatación de entrega con el recibido del Departamento de la Subdirección de Control de Bienes y Bodega;
  6. Informar a la Autoridad Municipal sobre los cambios de Directivas que se dieran dentro del período de duración del convenio a fin de mantener información actualizada sobre los representantes y responsables legales;
  7. Pago puntual de los servicios básicos del bien dado en Convenio de Uso, y entrega mensual de los recibos o comprobantes de pago a la Unidad Municipal encargada de los Convenios de Uso.

h) Realizar los trámites pertinentes para la renovación del convenio si así los Dirigentes lo desearen y la Autoridad Municipal lo autorizare; el trámite iniciará por lo menos 4 meses antes del término del convenio;

i) Las demás que estipule la Ley.

Art. 38.7.- Pago de Daños.- Si por alguna razón se causare daño al bien dado en Convenio de uso y Custodia; la Dirección Administrativa realizará el procedimiento respectivo para la reparación de los mismos.

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Art. 38.8.- Mejoras.- Se permiten todas las mejoras que posibiliten un apropiado funcionamiento (conexiones eléctricas, sanitarias, hídricas, ventilación, climatización, ornato etc.) siempre y cuando no alteren la estructura física original del bien inmueble entregado en Convenio de Uso y Custodia, el GAD Municipal de Santo Domingo representado por sus autoridades no está en la obligación de indemnizar o erogar recursos económicos por las mejoras realizadas, las mismas quedarán en beneficio del bien inmueble.

Art. 38.9.- Prohibiciones.- Los Dirigentes de la Organización Social sin fines de lucro, a quienes se haya dado en Convenio de uso y Custodia de un bien municipal de uso público, bajo ningún concepto podrá:

  1. Modificar la estructura física original del bien inmueble;
  2. Entregar en arriendo o subarrendar el bien dado en Convenio de uso;
  3. Usar el bien inmueble en actividades de usufructo económico;
  4. Usar las instalaciones del bien inmueble para actividades político- electorales, religiosas, subversivas, conspiradoras; actividades que afecten la honra de las personas, violenten derechos de los ciudadanos en general, especialmente los de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, naturaleza, especies animales y vegetales o supongan desestabilización del Gobierno legalmente constituido en todos sus niveles;
  5. Expender, usar y almacenar bebidas alcohólicas y sustancias sujetas a fiscalización, de armas, explosivos, material pornográfico, pirotécnico, propaganda electoral, especies animales, vegetales y minerales protegidas o declaradas como prohibidas;
  6. Retener forzosamente a personas;
  7. Promover la xenofobia, el regionalismo, el odio, y todo tipo de discriminación, según lo establezcan las Leyes vigentes;
  8. Cometer actos ilícitos tipificados y determinados en las Leyes nacionales vigentes;
  9. Las demás contempladas en las normas legales pertinentes y vigentes.

Art. 38.10.- Informes anuales sobre el estado del bien y cumplimiento de Objeto de Convenio de Uso y Custodia de áreas Municipales de uso público.- La Dirección Administrativa y la Subdirección de Control de Bienes tendrán la obligación de efectuar las evaluaciones y constataciones físicas anuales y deberán presentar el informe correspondiente a la máxima autoridad del Cantón, respecto del cumplimiento del objeto, uso y estado del bien inmueble de uso público entregado en Convenio de Uso y Custodia, este informe deberá contar con la participación del representante de la Organización social sin fines de lucro a cargo, en calidad de veedor o su delegado, sus criterios y observaciones deberán estar incluidas en el informe al igual que su firma original.

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El informe tendrá carácter de vinculante y será basal en el momento que se determine la terminación o renovación del Convenio.

Art. 38.11.- Revocabilidad.- Los bienes inmuebles municipales de uso público objetos de entrega en Uso y Custodia que otorgare el GAD Municipal de Santo Domingo, siempre tendrán carácter de revocables cuando se incurra en alguna de las causales determinadas en esta Ordenanza Municipal previo informe de la Dirección Administrativa, a través de la Subdirección de Control de Bienes y Bodega, y si hubiere deudas pendientes relacionadas a servicios básicos, el/la Representante Legal de la Organización Social sin fines de lucro, será el responsable de liquidarlas en su totalidad, caso contrario, el GAD Municipal emitirá el título de crédito correspondiente a efecto de cobrar la deuda pendiente.

Art. 38.12.- Causales de Revocabilidad.- El Alcalde o Alcaldesa conocerá y resolverá vía acto administrativo la revocatoria del Convenio de Uso y Custodia de un bien inmueble municipal de uso público, si se ha incurrido en una de las siguientes causales:

  1. Incumplimiento de los Artículos: 38.6, 38.7, 38.9 de la presente Ordenanza Municipal;
  2. Informe anual negativo, debidamente motivado, realizado por la Subdirección de Bienes con acompañamiento de la Dirigencia de la Organización Social sin fines de lucro responsable del bien, tal como lo contempla en Articulo 38.10 del presente cuerpo legal;
  3. Cumplimiento del plazo, el mismo que sería notificado a la Dirigencia de Organización por lo menos 4 meses antes de su vencimiento;
  4. Incumplimiento del Objetivo para el cual se suscribió el Convenio;
  5. Incompatibilidad de objetivos de la Organización Social sin fines de lucro resultado de modificaciones internas;
  6. Las que determinare legalmente la Autoridad Municipal a la firma del convenio sin necesidad de que se requiera orden judicial para revocar el acto administrativo.

Una vez emitida la resolución de Revocabilidad de convenio de uso de custodia de un bien inmueble municipal, se dispondrá que a través de control territorial, jurídico y la Subdirección de Tierras, procedan con la recuperación del bien inmueble, ejerciendo todas las acciones tanto administrativas como judiciales para dicho fin.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Suscripción de Convenio y Fiscalización.- Una vez suscrito el Convenio de Uso y Custodia de áreas municipales Secretarla General remitirá copias debidamente certificadas a la Comisión de Fiscalización, para su respectivo control,

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seguimiento y fiscalización y demás fines legales pertinentes.

Segunda.- Rotulación e Identificación del Bien Municipal.- A través de la Dirección Administrativa se identificará y colocará un rotulo institucional donde se refleje que el bien entregado en Convenio de Uso y Custodia a determinada Organización Social sin fines de lucro, es de dominio municipal.

DISPOSICIÓN ÚNICA

VIGENCIA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, la página web del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo y Gaceta Oficial.

Dado en el Salón Legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, el 13 de abril del 2021.

CERTIFICO: que la presente ORDENANZA DE REFORMA AL CÓDIGO MUNICIPAL, LIBRO II – RÉGIMEN DE USO DEL SUELO, TÍTULO III – ESPACIO PÚBLICO, SUBTÍTULO II – BIENES MUNICIPALES, CAPÍTULO I – LEGALIZACIÓN DE LA TENENCIA DE TIERRA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SECCIÓN IV – ARRENDAMIENTO, COMODATO Y CONVENIO DE USO Y CUSTODIA DE INMUEBLES MUNICIPALES, PARÁGRAFO 3 – CONVENIO DE USO Y CUSTODIA DE ÁREAS MUNICIPALES DE USO PÚBLICO, fue discutida y aprobada por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, en sesiones ordinarias de fechas 30 de marzo y 13 de abril del año 2021.

Santo Domingo, 14 de abril de 2021.

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De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO la presente ORDENANZA DE REFORMA AL CÓDIGO MUNICIPAL, LIBRO II – RÉGIMEN DE USO DEL SUELO, TÍTULO III – ESPACIO PÚBLICO, SUBTÍTULO II – BIENES MUNICIPALES, CAPÍTULO i – LEGALIZACIÓN DE LA TENENCIA DE TIERRA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SECCIÓN IV – ARRENDAMIENTO, COMODATO Y CONVENIO DE USO Y CUSTODIA DE INMUEBLES MUNICIPALES, PARÁGRAFO 3 – CONVENIO DE USO Y CUSTODIA DE ÁREAS MUNICIPALES DE USO PÚBLICO, y ordeno su PROMULGACIÓN a través de su publicación en el Registro Oficial; en el portal www.santodomingo.gob.ec; y, Gaceta Oficial.

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11-2020.- EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la Constitución de Montecristi, todos los derechos se positivizaron en la norma fundamental, así también el Estado Ecuatoriano se restructuró y con ello las competencias asignadas a cada institución, consta de una parte dogmática y orgánica, adicional a aquello se establecieron principios constitucionales, entre ellos lo que rigen la administración pública, como es de legalidad, al cual todas las actuaciones deben ser enmarcadas a la norma.

Dicho de esta forma, le corresponde el ejecutivo expedir crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes.

Empero a lo indicado, la Ordenanza 001-2017, LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA EL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, QUE REMPLAZA A LA ORDENANZA REFORMATORIA No 07-2014 Y A LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. RESOLUIÓNGADMCSB-TH-2015-002, y su respectiva reforma 01-2019, no se ajusta al portafolio de productos y servicios que actualmente ofrece el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Simón Bolívar, por lo que es necesario alinear estos productos a su Estructura Organizativa institucional, para la atención oportuna y eficiente que beneficien a la ciudadanía.

Por aquello, se debe complementar dicha estructura a un organigrama con un manual de organización actualizado a fin de asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidoras y servidores, que permitirán evaluar los distintos niveles de calidad del servicio.

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 2 del artículo 225 de la Constitución de la República establece Que, «El sector público comprende las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado»;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias., las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, tienen el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

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Que, la Constitución en el artículo 227 dispone Que, «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana (…)», de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Constitución de la República;

Que, la Constitución en su artículo 240 manifiesta Que, los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales». Además, dispone Que, «Todos los gobiernos autónomos descentralizados municipales ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales (…)»‘,

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, dispone: «Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial (…); El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la ley. Los gobiernos autónomos descentralizados del régimen especial de la provincia de Galápagos ejercerán la facultad normativa con las limitaciones que para el caso expida la ley correspondiente»;

Que, el artículo 9 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en adelante COOTAD, expresa Que, «La facultad ejecutiva comprende el ejercicio de potestades públicas privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de (…) alcaldes o alcaldesas cantonales (…).»;

Que, el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización manifiesta Que, los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana, legislación y fiscalización, y ejecutiva prevista en este código (…)»;

Que, el artículo 57, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina que al Concejo Municipal le corresponde «El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones»;

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Que, el literal d) del artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización manifiesta Que, «Le corresponde al alcalde o alcaldesa presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal en el ámbito de competencias del gobierno autónomo descentralizado municipal.»;

En virtud del ejercicio de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de la República, en armonía con lo dispuesto en el artículo 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la:

ORDENANZA DEROGATORIA DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA EL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.

Artículo Único.- Deróguese La Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta el estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, que remplaza a la Ordenanza Reformatoria No. 07-2014 y a la Resolución Administrativa No. RESOLUCIÓN-GADMCSB-TH-2015-002, y su respectiva reforma aprobadas por el Concejo Municipal el 15 y 22 de enero del 2019.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción, sin perjuicio de su publicación en el Dominio Web Institucional, Gaceta Oficial Municipal y Registro Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mi veinte.

Simón Bolívar, 09 de diciembre del 2020.- El infrascrito Secretario General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, certifica que la ORDENANZA DEROGATORIA DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA EL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, fue discutida y aprobada en las sesiones ordinarias del 02 y 09 de diciembre del 2020, en primero y segundo debates respectivamente.- LO CERTIFICO.

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SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 09 de diciembre del 2020.- De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el cuarto inciso del Artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, REMITO al señor Ing. Jorge Vera Zavala, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, la ORDENANZA DEROGATORIA DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA EL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, para que la sancione o la observe.

Ab. Gilbert Vargas Estrada SECRETARIO DEL GADMCSB

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 14 de diciembre del 2020.- De conformidad con la disposición contenida en el cuarto inciso del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, SANCIONO la ORDENANZA DEROGATORIA DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA EL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, y dispongo su promulgación y publicación de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Sancionó y firmó el señor Ing. Jorge Vera Zavala, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, la ORDENANZA DEROGATORIA DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA EL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 14 de diciembre del 2020.- LO CERTIFICO.