Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 23 de enero de 2019 (R. O.412, 23 -enero -2019) Suplemento

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN LEGISLATIVA

RESOLUCIÓN:

ASAMBLEA NACIONAL:

-…………. Censurar al ex Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, por el incumplimiento de sus funciones en el ejercicio de su cargo

FUNCIÓN EJECUTIVA

DECRETOS:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA:

633. Expídese la Política de la Defensa Nacional como una política pública participativa y producto de una reflexión integral que permitirá mejorar la planificación sectorial, la interacción con la sociedad civil y redefinir la política de defensa ante el escenario geopolítico actual
634. Confiérese la condecoración de la Orden Nacional «Al Mérito» en el Grado de Comendador, al ingeniero Inty Gronneberg
635. Acéptese la renuncia del señor Raúl Clemente Ledesma Huerta al cargo de Ministro del Trabajo, y encárguese dicho Ministerio, al señor Andrés Vicente Madero Poveda
636. Dispónese la creación de los Viceministerios de Producción e Industrias, Promoción de Exportaciones e Inversiones, y Acuacultura y Pesca
637. Declárese en comisión de servicios a las comitivas oficiales que se desplazaron con el Primer Mandatario del Ecuador a la ciudad de Davos-Confederación Suiza, así también, a Salamanca-Reino de España
638. Desígnese al señor Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo como delegado del Presidente de la República al Directorio de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador «TAME EP

2 – Miércoles 23 de enero de 2019 Suplemento – Registro Oficial N° 412

Págs.

639…….. Coloqúese en situación militar de disponibilidad del servicio activo de las Fuerzas Armadas, al señor Brigadier General Patricio Rodolfo Mora Escobar

ACUERDO:

MINISTERIO DEL TRABAJO:

MDT-2019-007 Expídese la Norma Técnica para la Sustanciación de Sumarios Administrativos

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Asamblea Nacional

EL PLENO

CONSIDERANDO

Que, en el artículo 131 de la Constitución Política establece que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del Procurador General del Estado, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros, y por incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución y la ley durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado;

Que, la Asambleísta Mae Montano el 18 de junio de 2018, mediante oficio No. 120-2018-MMV-AN, cumpliendo con los requisitos constitucionales y legales, presentó solicitud de enjuiciamiento político en contra del ex Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, por incumplimiento de sus funciones en el ejercicio de su cargo;

Que, mediante Resolución No. CAL-2017-2019-470 de 18 de septiembre de 2018, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), decidió dar inicio al trámite de enjuiciamiento político;

Que, la sustanciación del trámite de juicio político ante la Comisión de Fiscalización y Control Político se surtió en todas sus etapas, garantizando el derecho de defensa y cumpliendo la normativa constitucional y legal pertinente;

Que, el 15 de noviembre de 2018 la Comisión de Fiscalización y Control Político emitió recomendación de juicio político en contra del ex Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión;

Que, mediante Oficio No. AN-CFCP-2017-486-O de 19 de noviembre de 2018, la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político le remitió a la presidenta de la Asamblea Nacional el informe de recomendación de juicio político;

Que, el 4 de enero de 2019 la presidenta de la Asamblea Nacional, a través de la Secretaría General, difundió el informe;

Que, el 10 y 16 de enero de 2019 se llevó a cabo la sesión No. 567 para tratar el juicio político ante el Pleno de la Asamblea Nacional, donde se siguió el procedimiento previsto en los artículos 84 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa;

Que, en el transcurso del debate se encontraron suficientes elementos para establecer la responsabilidad política del ex Procurador General del Estado;

Que, el ex Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, en el ejercicio de su cargo como Procurador General del Estado, incumplió su función de representación judicial y patrocinio del Estado en la modalidad de negligencia manifiesta, vulnerando las siguientes normas: artículo 237 numeral 1 de la Constitución Nacional; artículos 2 y 3 literales a), b) y d) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado; y artículo 3 numerales 1,2 y 7 del Reglamento Orgánico Funcional de la Procuraduría General del Estado;

Que, el ex Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, en el ejercicio de su cargo como Procurador General del Estado, incumplió su función de patrocinio en el marco de la autorización para transigir, vulnerando las siguientes normas: numerales 2 y 4 del artículo 237 de la Constitución Nacional; artículos 5 literal f) y 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado; y el numeral 6 del artículo 3 del Reglamento Orgánico Funcional de la Procuraduría General del Estado;

Que, el ex Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, en el ejercicio de su cargo como Procurador General del Estado, incumplió su función de asesoramiento jurídico, vulnerando las siguientes normas: artículo 237 numeral 3 de la Constitución Nacional; artículo 3 literal e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado; y artículos 2 y 3 numeral 10 del Reglamento Orgánico Funcional de la Procuraduría General del Estado;

Que, el ex Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, en el ejercicio de su cargo como Procurador General del Estado, incumplió su función de administrar adecuada y eficientemente los recursos de la Entidad en el marco de su función de patrocinio y representación del Estado, vulnerando las siguientes normas: artículos 1 y 3 literal m) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado;

Que, el ex Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, en el ejercicio de su cargo como Procurador General del Estado, incumplió su función consultiva y se arrogó funciones que le correspondían a la Corte Constitucional, vulnerando las siguientes normas: artículos 217, 226, 237, 429 y 436 numeral 3 de la Constitución Nacional; y artículos 3 literal e) y 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado;

Que, de los elementos probatorios que se encuentran en el juicio político se derivan indicios de responsabilidad penal y, por lo tanto, se hace necesario que el expediente se remita a la Fiscalía General del Estado;

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

Registro Oficial N° 412 – Suplemento Miércoles 23 de enero de 2019 – 3

Resuelve:

Artículo 1.- Censurar al ex Procurador General del Estado, Dr. Diego García Camón, por el incumplimiento de sus funciones en el ejercicio de su cargo de conformidad con la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2.- Remítase el expediente de este juicio político a la Fiscalía General del Estado, a fin de que adelante la respectiva investigación penal en relación con las actuaciones del referido funcionario.

Artículo 3.- Remítase el expediente de este juicio político a la Contraloría General del Estado, a fin de que se adelante el respectivo análisis de responsabilidad.

Artículo 4.- Notifíquese en legal y debida forma al ex funcionario censurado.

Artículo 5.- Remítase copia auténtica de la presente resolución al Registro Oficial a fin de que sea publicado.

Dado y suscrito, en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los dieciséis días del mes de enero de dos mil diecinueve.

f.) ECO. ELIZABETH CABEZAS GUERRERO

Presidenta

f.) DRA. MARÍA BELÉN ROCHA DÍAZ,

Secretaria General

N° 633

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA

Considerando:

Que, el número 8 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala que es deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción;

Que, el artículo 141 inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe de Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública;

Que, el artículo 147 de la Norma Suprema señala las atribuciones del Presidente de la República, encontrándose entre ellas los numerales 3, 5 y 6 que, facultan definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva; dirigir la administración publica en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización,

regulación y control, así como; crear modificar o suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República dispone que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 227 de la Carta Magna establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional establece: «Las Fuerzas Armadas, como parte de la fuerza pública, tienen la siguiente misión:

1. Conservar la soberanía nacional;
2. Defender la integridad, la unidad e independencia del Estado; y,
3. Garantizar el ordenamiento jurídico y democrático del estado social de derecho. (…) «;

Que, la Ley de Seguridad Pública y del Estado en el artículo 6 estable la conformación del Consejo de Seguridad Pública y del Estado: «(…) 1. Presidente o Presidenta Constitucional de la República, quien lo presidirá; 2. Vicepresidente o Vicepresidenta Constitucional de la República; 3. Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional; 4. Presidente o Presidenta de la Corte Nacional de Justicia; 5. Ministro o Ministra de Coordinación de Seguridad; 6. Ministro o Ministra de Defensa Nacional; 7. Ministro o Ministra de Gobierno, Policía y Cultos; 8. Ministro o Ministra de Relaciones Exteriores; 9. Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; 10. Comandante General de la Policía. (…) El Secretario del Consejo será el Ministro o Ministra de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces»;

Que, los literales a) y b) del artículo 7 de la Ley de Seguridad Publica y del Estado, establecen como funciones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado: «a) Asesorar al Presidente o Presidenta sobre las políticas, planes y estrategias de Estado, y sobre sus procedimientos, en materia de seguridad pública; y, b) Recomendar al Presidente o Presidenta de la República la adopción de medidas de prevención e intervención en casos de acontecimientos graves o amenazas que afecten o puedan afectar la integridad de los habitantes y del Estado «;

Que, la Política de la Defensa Nacional del Ecuador fue expedida en el año 2006, como una Política de Estado y que por su dinámica debe ser armonizada a la normativa legal vigente y actualizada conforme a los requerimientos de seguridad del país y a los cambios más trascendentales en el ámbito de la defensa;

4 – Miércoles 23 de enero de 2019 Suplemento – Registro Oficial N° 412

Que, la Defensa Nacional como política pública, recoge los acuerdos fundamentales de los actores sociales y las instituciones, integrándolos a los objetivos nacionales del Estado ecuatoriano frente a las nuevas amenazas y riesgos en procura de garantizar la paz, la soberanía y la integridad territorial; y,

Que, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, mediante sesión COSEPE N° 22 llevada a efecto el 3 de enero de 2019, aprobó la Política de la Defensa Nacional «Libro Blanco».

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los numerales, 3 y 5 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador,

Decreta:

Artículo 1.- Expedir la Política de la Defensa Nacional como una política pública participativa y producto de una reflexión integral que permitirá mejorar la planificación sectorial, la interacción con la sociedad civil y redefinir la política de defensa ante el escenario geopolítico actual.

Artículo 2.- La Política de la Defensa Nacional, tendrá los siguientes objetivos estratégicos de la Defensa:

1. Ejercer el control efectivo del territorio nacional, continental, insular, espacios acuáticos y aéreos; así como, de la infraestructura y recursos de las áreas estratégicas.
2. Apoyar a las instituciones en la protección de la población en sus derechos, libertades ante graves situaciones de conmoción interna y de situaciones de desastre.
3. Fortalecer las capacidades estratégicas conjuntas de las Fuerzas Armadas que sean indispensables para mantener una capacidad de situación y defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional.
4. Contribuir a la cooperación internacional de conformidad con los intereses nacionales y política del exterior del Estado:
5. Contribuir al desarrollo nacional mediante actividades de cooperación intersectorial, investigación e innovación en las industrias de la defensa.

Artículo 3.- De la aplicación e implementación de la Política de la Defensa Nacional, se encargarán los Ministerios de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 4.- Encárguese al Ministro de Defensa Nacional como secretario del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, publicar y difundir la Política de la Defensa Nacional.

DISPOSICIÓN FINAL.- Este Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 8 de enero de 2019.

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.

f.) Oswaldo Jarrín Román, Ministro de Defensa Nacional.

Quito, 16 de enero del 2019, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

Documento firmado electrónicamente.

Dra. Johana Pesantez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR.

No. 634

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA DEL ECUADOR,

Considerando:

Que, el Ingeniero Inty Gronneberg, investigador ecuatoriano, ha sido reconocido como «inventor del año», galardón otorgado por la revista MIT Technology Review, por la creación de una turbina capaz de almacenar hasta 80 toneladas de basura plástica por día en las cuencas hidrográficas;

Que, el Ingeniero Inty Gronneberg, con su esfuerzo y dedicación se ha convertido en uno de los «Innovadores menores de 35 Latinoamérica 2018 de MIT Technology Review en español», dejando en alto el nombre del Ecuador con un trabajo digno de elogio y ejemplo para presentes y futuras generaciones;

Que, es deber del Estado reconocer los méritos y relievar las virtudes de las personas que, como el Ingeniero Inty Gronneberg, han dedicado su esfuerzo y trabajo al servicio y prestigio del país; y,

En virtud de las disposiciones que le confiere el artículo 6 del Decreto número 3109 de 17 de septiembre del 2002, publicado en el Registro Oficial 671, de 26 de los mismos mes y año, mediante el cual se reglamenta la concesión de la Medalla de la Orden Nacional «Al Mérito» creada por Ley de 8 de octubre de 1921,

Decreta:

Art. 1° Se confiere la Condecoración de la Orden Nacional «Al Mérito» en el Grado de COMENDADOR, al Ingeniero Inty Gronneberg.

Registro Oficial N° 412 – Suplemento Miércoles 23 de enero de 2019 – 5

Art. 2°. Encárguese de la ejecución del presente Decreto al señor Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Dado en Quito el 9 de Enero de 2019.

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador.

f.) José Valencia, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Quito, 16 de enero del 2019, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

Documento firmado electrónicamente.

Dra. Johana Pesantez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR.

N° 635

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA

Considerando:

Que el artículo 141 de la Constitución de la República dispone que el Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública;

Que el numeral 9 del artículo 147 de la Constitución de la República establece, entre las atribuciones del Presidente de la República, nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a las demás servidoras y servidores públicos cuya denominación le corresponda;

Que de conformidad con el artículo 24 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, cada provincia tendrá un Gobernador, quien dependerá en el ejercicio de sus funciones del Ministerio del Interior y coordinará sus acciones con la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política; y que la facultad para nombrar a los Gobernadores corresponde al Presidente de la República;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017 se designó al señor Raúl Clemente Ledesma Huerta como Ministro del Trabajo;

Que el señor Raúl Clemente Ledesma Huerta ha presentado su renuncia al mencionado cargo; y,

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren el artículo 147, numeral 9 de la Constitución

de la República del Ecuador, y la letra d) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Decreta:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia del señor Raúl Clemente Ledesma Huerta al cargo de Ministro del Trabajo, agradecerle por los servicios prestados en el ejercicio de sus funciones, y encargar dicho Ministerio al señor Andrés Vicente Madero Poveda.

Artículo 2.- Designar al señor Raúl Clemente Ledesma Huerta para que desempeñe el cargo de Gobernador de la Provincia del Guayas.

Disposición derogatoria.- Deróguese el Decreto Ejecutivo No. 494, de 31 de agosto de 2018.

Disposición Final.- Este Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Guayaquil, a 11 de enero de 2019.

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.

Quito, 16 de enero del 2019, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

Documento firmado electrónicamente.

Dra. Johana Pesantez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR.

N° 636

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA

Considerando:

Que el artículo 141 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública;

Que los numerales 3, 5 y 6 del artículo 147 de la Constitu­ción de la República del Ecuador establecen las atribuciones del Presidente de la República, entre ellas, dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control; y, crear, modificar y suprimir, los ministerios, entidades e instancias de coordinación;

6 – Miércoles 23 de enero de 2019 Suplemento – Registro Oficial N° 412

Que, el numeral 9 del artículo 147 de la Constitución de la República establece entre las atribuciones del Presidente de la República, nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a las demás servidoras y servidores públicos cuya denominación le corresponda;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 135, publicado en el Registro Oficial No. 76 de 11 septiembre de 2017 se expiden las normas de optimización y austeridad del gasto público;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 559, de 14 de noviembre de 2018, se dispuso la fusión por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones de las siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca;

Que la Disposición Transitoria Primera del Decreto Ejecutivo No. 559, de 14 de noviembre de 2018, determinó que dicha fusión se debe realizar en un plazo de (60) días, contados a partir de la fecha de suscripción de dicho Decreto Ejecutivo; es decir, hasta el 14 de enero de 2019, y que el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras; y el Ministerio de Acuacultura y Pesca, mantendrán su personalidad y personería jurídica y sus titulares las competencias correspondientes, exclusivamente mientras transcurra el plazo establecido, vencido el cual, estas instituciones quedarán extinguidas de pleno derecho;

Que los artículos 2 y 3 del Decreto Ejecutivo No. 559, de 14 de noviembre de 2018 determinan que una vez concluido el proceso de fusión por absorción, se modifica la denominación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a «Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca»; y que todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos y demás normativa vigente que le correspondían al Ministerio de Industrias y Productividad, al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras; y, al Ministerio de Acuacultura y Pesca, serán asumidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca;

Que el inciso primero del artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 1121, de 18 de julio de 2016, señala que las instituciones que cuenten con menos de mil servidores públicos, incluyendo al personal con contrato o bajo cualquier modalidad, podrán tener tan solo un puesto de viceministro institucional;

Que mediante Oficio Nro. MDT-SFSP-2018-2081, de 13 de diciembre de 2018, la Abg. Sindel Mará Vinueza Jarrín, Subsecretaría de Fortalecimiento del Servicio Público del Ministerio del Trabajo remite un proyecto de Decreto Ejecutivo para la creación de cuatro viceministerios para el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, considerando que para un desempeño más eficiente de las competencias asignadas al referido Ministerio es necesario reestructurarlo, de manera que se articule con los objetivos nacionales, de manera que cumpla de mejor forma con las demandas de la sociedad;

Que mediante Oficio Nro. MEF-MINFIN-2019-0005-O, de 4 de enero de 2019, el señor Richard Iván Martínez Alvarado, Ministro de Economía y Finanzas emite

dictamen favorable para la creación de los viceministerios adicionales en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca;

Que mediante Oficio Nro. MPCEIP-DMPCEIP-2019-0001, de 7 de enero de 2019, el señor Pablo José Campana Sáenz, Ministro de Comercio Exterior e Inversiones, informa al Presidente de la República la conclusión del proceso de fusión por absorción establecido en el Decreto Ejecutivo No. 559, de 14 de noviembre de 2018; y,

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren el artículo 147, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, y la letra d) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Decreta:

Artículo 1.- Disponer la creación de los Viceministerios de Producción e Industrias, Promoción de Exportaciones e Inversiones, y Acuacultura y Pesca, de manera adicional al Viceministerio de Comercio Exterior, en la estructura orgánica del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, excepcionando lo previsto en el Decreto Ejecutivo No. 1121, de 18 de julio de 2016.

Artículo 2.- Designar, a partir del 14 de enero de 2019, al señor Pablo José Campana Sáenz como Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

Disposición Final.- Este Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, y de su ejecución encárguese al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio del Trabajo.

Dado en Guayaquil, a 11 de enero de 2019.

f) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.

Quito, 16 de enero del 2019, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

Documento firmado electrónicamente.

Dra. Johana Pesantez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR.

N°637

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA

Considerando:

En ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 147 número 5) de la Constitución de la República del Ecuador,

Registro Oficial N° 412 – Suplemento Miércoles 23 de enero de 2019 – 7

y el Artículo 11 letra f) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Decreta:

Artículo Primero.- Declarar en comisión de servicios a las comitivas oficiales que se desplazarán con el Primer Mandatario del Ecuador a la ciudad de Davos-Confederación Suiza, para asistir al «Foro Económico Mundial», además de mantener reuniones bilaterales con líderes de las empresas más grandes e importantes del mundo. Así también, en Salamanca-Reino de España, para ser galardonado por la Universidad de Salamanca:

Davos-Confederación Suiza del 19 al 24 de enero de 2019.

1. Señora Rocío González de Moreno, Presidenta del Comité Interinstitucional del Plan «Toda Una Vida»;
2. Señor José Valencia Amores, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana;
3. Señor Richard Martínez Alvarado, Ministro de Economía y Finanzas;
4. Señor Pablo Campana Sáenz, Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca;
5. Señor Juan Sebastián Roldan Proaño, Secretario Particular de la Presidencia de la República; y,
6. Señor Diego Aulestia Valencia, Embajador Representante Permanente del Ecuador ante la OMC-Ginebra.

Salamanca-Reino de España del 24 al 26 de enero de 2019.

1. Señora Rocío González de Moreno, Presidenta del Comité Interinstitucional del Plan «Toda Una Vida»;
2. Señor Juan Sebastián Roldan Proaño, Secretario Particular de la Presidencia de la República; y,
3. Señor Paúl Granda López, Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Artículo Segundo.- Las delegaciones y atribuciones de los señores Ministros, en su ausencia, se regirán a lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Artículo Tercero.- Los viáticos y más gastos que demanden estos desplazamientos, se cubrirán con cargo a los presupuestos de las instituciones a las que pertenecen los integrantes de esta comitiva.

Artículo Cuarto.- Este Decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 14 de enero de 2019.

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.

Quito, 16 de enero del 2019, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

Documento firmado electrónicamente.

Dra. Johana Pesantez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR.

N° 638

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA

Considerando:

Que el artículo 141 de la Constitución de la República dispone que el Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe de Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública;

Que el artículo 147, número 9, de la Constitución de la República prescribe que es atribución del Jefe de Estado nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a las demás servidoras y servidores públicos cuya nominación le corresponda;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 462 de 1 de agosto de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 306 de 16 de agosto de 2018, se dispuso la integración de los Directorios de las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva de la siguiente manera: 1. La o el titular del Ministerio del ramo correspondiente, o su delegada o delegado permanente, quien lo presidirá; 2. La o el Presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, o su delegada o delegado permanente; y, 3. Una o un delegado de la Presidenta o Presidente de la República;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 740 de 21 de abril del 2011, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 442 de 6 de mayo de 2011, se adecuó la naturaleza jurídica de la Compañía Estatal TAME Línea Aérea del Ecuador como empresa pública, cambiando su denominación a Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador «TAME EP»; y,

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren el artículo 147, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, y la letra d) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Decreta:

Artículo 1.- Designar al señor Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo como delegado del Presidente de la República al

8 – Miércoles 23 de enero de 2019 Suplemento – Registro Oficial N° 412

Directorio de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador «TAME EP».

Disposición Derogatoria.- Deróguese el Decreto Ejecutivo No. 61, de 4 de julio de 2017, así como todas las normas de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Decreto.

Disposición Final.- Este Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 16 de enero de 2019.

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.

Quito, 16 de enero del 2019, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

Documento firmado electrónicamente

Dra. Johana Pesantez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR

N° 639

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA

Considerando:

Que, el artículo 147 de la Constitución de la República, establece lo siguiente: «Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley: […] 5. Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control. […] 16. Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial […]»;

Que, el artículo 160, inciso segundo de la Constitución de la República establece que: «Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones, y su sistema de ascensos y promociones con base en méritos y con criterios de equidad de género. Se garantizará su estabilidad y profesionalización. «;

Que, el artículo 65 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, dispone que: «La situación militar se establecerá: A los Oficiales Generales mediante Decreto Ejecutivo

[…]»;

Que, el artículo 75 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, preceptúa lo siguiente: «El militar tendrá derecho hasta seis meses de disponibilidad, si acreditare por lo menos cinco años de servicio activo y efectivo ininterrumpidos, pudiendo renunciar a todo o parte del tiempo de disponibilidad, para solicitar directamente su baja.»;

Que, el artículo 87 ibídem, establece que: «El militar será dado de baja por una de las siguientes causas: a) Solicitud voluntaria […]»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 609 de 5 de diciembre de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República, cesa en el ejercicio de sus funciones como Comandante General de la Fuerza Aérea, al señor Brigadier General Patricio Mora Escobar;

Que, en sesión efectuada el 17 de diciembre de 2018, el Consejo de Oficiales Generales de la Fuerza Aérea, conoció y analizó la situación profesional del señor Brigadier General Patricio Rodolfo Mora Escobar, de conformidad con lo establece el artículo 33 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, que señala: «El Comando ejerce el militar por designación o por sucesión», en concordancia con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, en mencionado Oficial General ha cumplido con el periodo para el cual fue nombrado como Comandante General;

Que, mediante Resolución N° COGFA-033-2018 de 17 de diciembre de 2018, el Consejo de Oficiales Generales de la Fuerza Aérea, resolvió: «Colocar con fecha 5 de diciembre de 2018, en situación de DISPONIBILIDAD al señor Brigadier General Patricio Rodolfo Mora Escobar, de conformidad con Art. 76 literal i) de la Ley Reformatoria a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas que dice: «El militar será puesto en disponibilidad por una de las siguientes causas: i) Por las demás causas establecidas en la presente Ley»; y,

Que, el señor Comandante General de la Fuerza Aérea, mediante oficio N° FA-El-3f-D-2018-0166-C de 26 de diciembre de 2018 remite al señor Ministro de Defensa Nacional, la documentación relacionada con la situación militar del señor Brigadier General PATRICIO RODOLFO MORA ESCOBAR, a fin de que se tramite la expedición del Decreto Ejecutivo correspondiente.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 65 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, y a solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional;

Decreta:

Art. 1. Colocar en situación militar de Disponibilidad del Servicio Activo de las Fuerzas Armadas, al señor, Brigadier General PATRICIO RODOLFO MORA ESCOBAR, con fecha 05 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 literal i) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas.

Art. 2. De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia en la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese al señor Ministro de Defensa Nacional.

Registro Oficial N° 412 – Suplemento Miércoles 23 de enero de 2019 – 9

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 16 de enero de 2019.

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.

f.) Oswaldo Jarrín Román, General de División (SP), Ministro de Defensa Nacional.

Quito, 16 de enero del 2019, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

Documento firmado electrónicamente

Dra. Johana Pesantez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR

No. MDT-2019-007

Abg. Raúl Clemente Ledesma Huerta

MINISTRO DEL TRABAJO

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que los Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les correspondan ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone, que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, servidores públicos y las personas que actúen en virtud de la potestad estatal, tendrá el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina, que la administración pública constituye un servicio a la colectividad, que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo determina que, las máximas autoridades administrativas pueden normar de carácter administrativo;

Que, el artículo 44 de la Ley Orgánica del Servicio Público determina lo siguiente: «Es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual el Ministerio del Trabajo determinará el cometimiento o no de las faltas administrativas graves establecidas en la presente Ley, por parte de una servidora o un servidor de una institución pública e impondrá la sanción disciplinaria correspondiente. Su procedimiento se normará a través del Acuerdo que para el efecto expida el Ministerio del Trabajo…»

Que, el Estatuto Orgánico por procesos del Ministerio de Trabajo, en su artículo Nro. 10, literal c), establece que, el Ministro de Trabajo, ejercerá la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8, de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República, señor licenciado Lenín Moreno Garcés, designa al señor abogado Raúl Clemente Ledesma Huerta, como Ministro del Trabajo;

Que, con fecha de 26 de noviembre de 2018, se suscribió el Acuerdo Ministerial MDT-2018-232, publicado en el Registro Oficial Especial Nro. 651, de fecha 29 de noviembre de 2018, por el cual se reformó el Estatuto Orgánico por procesos del Ministerio del Trabajo, donde se crea la Subsecretaría Interinstitucional de Servicio Público, Trabajo y Empleo.

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva -ERJAFE-, en su artículo 17 determina que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que, el inciso segundo del artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva -ERJAFE-, establece que los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de su respectivo Ministerio, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o lo estimen conveniente;

Que, es necesario emitir la Norma Técnica y disposiciones necesarias para mantener una adecuada sustanciación de sumarios administrativos, conforme a la nueva estructura de esta Cartera de Estado.

Conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 130 del Código Orgánico Administrativo y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:

EXPEDIR LA NORMA TÉCNICA PARA

LA SUSTANCIACIÓN DE SUMARIOS

ADMINISTRATIVOS

Artículo 1.- Objeto.- La presente norma técnica regula el proceso administrativo, oral y motivado para la sustanciación del sumario administrativo previsto en la Ley Orgánica del Servicio Público.

Artículo 2.- Ámbito.- Las disposiciones de esta norma técnica son de aplicación obligatoria para todas las instituciones del Estado, determinadas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público.

Se excluye de la aplicación de la presente norma técnica, a todos aquellos servidores públicos regulados por el Código

10 – Miércoles 23 de enero de 2019 Suplemento – Registro Oficial N° 412

Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público; los docentes amparados por la Ley Orgánica de Educación Superior; los docentes bajo el régimen de la Ley Orgánica de Educación Intercultural; el personal que pertenezca a la carrera de la función judicial; el personal sujeto a la carrera diplomática del servicio exterior; el personal de empresas públicas y aquellos servidores que pertenezcan a una carrera determinada específicamente en sus leyes especiales.

Artículo 3.- Principios rectores.- Los sumarios administrativos que se tramiten ante el Ministerio del Trabajo, observarán los principios de oralidad, motivación, aplicación de lo más favorable al servidor público, legalidad, economía procesal, celeridad, oportunidad, seguridad jurídica, transparencia, buena fe y proporcionalidad, respetando los derechos subjetivos y garantías constitucionales de los servidores públicos sumariados, garantizados en la Constitución de la República del Ecuador y demás normativa aplicable.

Artículo 4.- Responsabilidad administrativa.- La responsabilidad administrativa y el régimen disciplinario, para fines de aplicación de la presente norma técnica son de aplicación general, para todos los servidores públicos que incurrieren en alguna de las faltas graves prescritas en la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General, para el caso de las instituciones contenidas en el artículo 2 de la presente norma técnica, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho.

La respectiva sanción administrativa se aplicará en respeto y ejercicio de los derechos subjetivos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.

Artículo 5.- Potestad disciplinaria.- El Ministerio del Trabajo de conformidad a la competencia establecida en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Servicio Público, conocerá y sancionará, a petición de las instituciones públicas señaladas en el artículo 2 de la presente norma técnica, toda acción u omisión que se encuentre determinada como falta disciplinaria grave.

El Ministerio del Trabajo, de oficio, podrá iniciar un proceso de sumario administrativo, cuando en base a sus facultades y competencias, determine acciones u omisiones que se encuentren determinadas como faltas disciplinarias graves, de los servidores públicos que pertenezcan a las instituciones públicas señaladas en el artículo 2 de la presente norma técnica.

Cuando se inicie de oficio la solicitud de inicio de sumario administrativo, por parte del Ministerio del Trabajo, se seguirá el proceso adjetivo regulado en la presente norma técnica.

Artículo 6.- Legitimados.- En el sumario administrativo intervienen:

Legitimado activo:

a) La Institución Pública que haya solicitado el inicio del respectivo sumario administrativo.

b) El Ministerio del Trabajo, cuando en base a la potestad disciplinaria, inicie de oficio el sumario administrativo.

Legitimado pasivo:

1. Los servidores públicos sumariados.
2. Los servidores públicos que, pese a haber presentado su renuncia durante el proceso de sustanciación del sumario administrativo, en el ejercicio de sus funciones hayan incurrido en alguna falta grave.
3. Los servidores públicos que, pese a haber presentado su renuncia, en el ejercicio de sus funciones, hayan incurrido en alguna falta grave, siempre y cuando, al momento de presentar la solicitud de inicio de sumario administrativo, no hubiera operado la institución jurídica de la caducidad.

Artículo 7.- Sustanciadores.- Son competencias de los sustanciadores del procedimiento adjetivo del sumario administrativo, las siguientes:

a) Conocer las solicitudes de inicio de sumarios administrativos en contra de los servidores públicos, presentadas por las instituciones contempladas en el artículo 2 de la presente norma;

b) Realizar el examen de admisibilidad de las solicitudes de inicio de sumarios administrativos en contra de los servidores públicos;

c) Sustanciar y resolver los sumarios administrativos en contra de los servidores públicos de conformidad al procedimiento establecido en la presente norma;

4. Remitir al Subsecretario/a Interinstitucional de Servicio Público, Trabajo y Empleo, el reporte mensual de los sumarios administrativos sustanciados y resueltos;
5. Imponer las sanciones disciplinarias determinadas en los literales d) y e) del artículo 43 de la Ley Orgánica del Servicio Público y en los artículos 87 y 89 de su Reglamento general;
6. Iniciar el sumario administrativo, de oficio, cuando el Ministerio del Trabajo en base a sus facultades y competencias, determine acciones u omisiones que se encuentren determinadas como faltas disciplinarias graves, de los servidores públicos que pertenezcan a las instituciones públicas señaladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público en concordancia con el artículo 2 de la presente norma técnica; y,
7. Archivar la solicitud de inicio de sumario administrativo, conforme a lo previsto en la presente norma técnica.

Artículo 8.- Causales de excusa o recusación.- Los sustanciadores se excusarán o serán recusados del conocimiento y sustanciación del sumario administrativo únicamente cuando se encuentren inmersos en las siguientes causales:

a) Ser parte en el proceso.

Registro Oficial N° 412 – Suplemento Miércoles 23 de enero de 2019 – 11

2. Ser cónyuge o conviviente en unión de hecho de una de las partes o su defensora o defensor.
3. Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de las partes, de su máxima autoridad, delegado, procurador, defensor.
4. Haber sido máxima autoridad, mandatario, procurador, defensor, apoderado de alguna de las partes en el proceso de sumario administrativo actualmente sometido a su conocimiento.
5. Tener o haber tenido ella, él, su cónyuge, conviviente o alguno de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, procesos sustanciándose en la jurisdicción ordinaria con alguna de las partes.
6. Haber recibido de alguna de las partes derechos, contribuciones, bienes, valores o servicios.
7. Tener con alguna de las partes o sus defensores alguna obligación pendiente.
8. Tener con alguna de las partes o sus defensores amistad íntima o enemistad manifiesta.
9. Tener interés personal en el proceso o de su cónyuge o conviviente, o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
10. Ser acreedor, deudor o garante de alguna de las partes. Habrá lugar a la excusa o recusación establecida en este artículo sólo cuando conste el crédito por documento público o por documento privado reconocido o inscrito, con fecha anterior al sumario administrativo; y,
11. Haber dado opinión o consejo que conste por escrito sobre la acción o hecho que da origen al sumario administrativo.

Artículo 9.- Resolución de la excusa o recusación.- El sustanciador deberá presentar su excusa debidamente fundamentada ante el Subsecretario/a Interinstitucional de Servicio Público, Trabajo y Empleo, quién la aceptará o negará; y, a la vez remitirá el expediente para el re sorteo correspondiente.

Las solicitudes de excusa y recusación debidamente fundamentadas, deberán ser presentadas por las partes directamente al Subsecretario/a Interinstitucional de Servicio Público, Trabajo y Empleo, quién las resolverá en un término de cinco (5) días.

Mientras se resuelve la resolución de excusa o recusación, el término de prescripción se suspende hasta la emisión de la resolución por parte del Subsecretario/a Interinstitucional de Servicio Público, Trabajo y Empleo, conforme al término señalado en el inciso segundo del presente artículo.

Artículo 10.- Negativa de la excusa o recusación.- En el caso que se niegue la excusa o recusación se devolverá

el expediente al sustanciador sobre quien recayó el sorteo inicialmente para que continúe su sustanciación.

Artículo 11.- Objeto del sumario administrativo.- El sumario administrativo, tiene por objeto establecer si se han configurado o no los elementos de una o varias faltas disciplinarias graves determinadas en la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General; y, su nexo causal con la responsabilidad administrativa sin perjuicio de las responsabilidades civiles o indicios de responsabilidad penal en las que pudieren incurrir los servidores públicos sumariados.

Artículo 12.- Ejercicio de la acción disciplinaria.- El sumario administrativo se ejercerá ya sea a petición de parte, presentado mediante solicitud de inicio del sumario administrativo por parte de las instituciones contempladas en el ámbito de la presente norma o en su defecto, de oficio, cuando se inicie el proceso de Sumario administrativo por parte del Ministerio del Trabajo.

Artículo 13.- Requisitos de la solicitud del sumario administrativo.- La solicitud de inicio del sumario administrativo reunirá los siguientes requisitos:

1. Designación de la autoridad administrativa ante la cual se solicita el inicio de sumario administrativo;
2. Identificación de la institución que solicita el inicio del sumario administrativo, debidamente representada por su máxima autoridad o su delegado especificando los generales de ley, para lo cual, la delegación, deberá cumplir con los requisitos dispuestos por el Código Orgánico administrativo;
3. Identificación del servidor público sumariado de la institución, sobre el cual existe la presunción del cometimiento de una o varias faltas graves, determinando la unidad administrativa a la que pertenece;
4. Narración de los hechos detallados y pormenorizados como fundamento de la solicitud del sumario administrativo, detallando la presunta falta grave imputada al servidor y estableciendo la posible sanción correspondiente, de conformidad con la normativa legal vigente;
5. Informe técnico emitido por la Unidad Administrativa de Talento Humano o quien hiciera sus veces, en el cual se sustente la presunción del cometimiento de una o varias faltas graves.
6. Fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la solicitud de inicio de sumario administrativo, expuestos con claridad y precisión.
7. Los medios de prueba que se dispongan debidamente certificados por la institución, que permitan presumir la comisión de la falta disciplinaria grave. La prueba, a la que sea imposible tener acceso, deberá ser anunciada y aquella que no se anuncie no podrá introducirse al proceso;

12 – Miércoles 23 de enero de 2019 Suplemento – Registro Oficial N° 412

h) La designación del domicilio electrónico y físico de la Institución pública, para efectos de notificación;

i) La designación del domicilio electrónico y físico del servidor público sumariado, para lo cual se deberá adjuntar el croquis del domicilio de su residencia, para efectos de la citación.

j) En caso de que, la Institución pública desconozca el domicilio físico del servidor público sumariado, para poder citar a través de medios de comunicación impresa, se deberá adjuntar los siguientes requisitos: 1) La solicitud de extracto de citación; 2) La declaración juramentada de que es imposible determinar la individualidad, el domicilio o residencia del servidor público sumariado y que se han efectuado todas las diligencias necesarias, para tratar de ubicar a quien se pide citar de esta forma, como acudir a los registros de público acceso; y, 3) Certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores que indique si la persona salió del país o consta en el registro consular. Si se verifica que es así, se citará mediante carteles fijados en el consulado en el que se encuentra registrado.

k) La hoja de vida del servidor público más todas las acciones de personal que se hayan emitido desde el ingreso a la Institución pública.

l) Firma de la máxima autoridad o su delegado, con la respectiva firma del abogado o abogados patrocinadores.

m) Toda la documentación que se ingrese, en razón de la solicitud de inicio de sumario administrativo, se la deberá aparejar con 3 copias certificadas adicionales al documento original.

La solicitud de inicio del sumario administrativo podrá ser ingresada en cualquier Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público a nivel del territorio nacional para que, una vez que se haya receptado la solicitud, se proceda a correr traslado a la Subsecretaría Interinstitucional de Servicio Público, Trabajo y Empleo para su respectivo sorteo.

Para el caso de los sumarios administrativos, iniciados de oficio por el Ministerio del Trabajo, se exigirá el informe técnico señalado en el literal e) del presente artículo, a la UATH o la que haga sus veces, a la cual pertenezca el servidor público sumariado.

Artículo 14.-Término para presentar la solicitud de sumario administrativo.- Las instituciones contempladas en el ámbito de la presente norma técnica, tendrán el término de treinta (30) días, contados a partir de que el presunto cometimiento de la falta grave llegare a conocimiento de la UATH institucional o quien haga sus veces, siempre que dicha acción u omisión, se hubiere producido en un plazo no mayor a sesenta (60) días antes de que dicho particular se hubiere puesto en conocimiento de la UATH.

Se exceptúa la regla general determinada en el inciso anterior, respecto de los sesenta (60) días cuando, para que, la UATH institucional tenga conocimiento del presunto

cometimiento de una o varias faltas graves, se necesite expresamente de un informe posterior a la auditoría realizada por la institución pública conforme a la ley de la materia; certificación de un tercero como autoridad competente, que permita corroborar el presunto cometimiento de la falta grave, situaciones fácticas que rompen la regla general. Para que sea válida la certificación de un tercero como autoridad competente, la misma debe ser requerida con el respectivo informe técnico de la UATH institucional o la que haga sus veces.

Dicha situación, deberá estar debidamente fundamentada por parte del legitimado activo, para que no opere la institución jurídica de la Caducidad.

Artículo 15.- Sorteo y providencia para avocar conocimiento.- Dentro del término máximo de 5 días, contados a partir de la fecha en que ingresó la solicitud de inicio de sumario administrativo, en cualquier Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público a nivel del territorio nacional, el Subsecretario/a Interinstitucional de Servicio Público, Trabajo y Empleo, procederá a realizar el respectivo sorteo de la solicitud de inicio de sumario administrativo entre los sustanciadores, para lo cual, quedará como documento de respaldo el respectivo documento enviado a través del Sistema de Gestión Documental Quipux.

En un máximo de 2 días término, desde la fecha de recepción del documento de sorteo enviado a través del Sistema de Gestión Documental Quipux, el sustanciador designado emitirá la providencia con la que avoca conocimiento de la solicitud de Inicio de sumario administrativo.

Artículo 16.- Calificación de admisibilidad.- El sustanciador sobre el cual recayere el conocimiento de la solicitud de inicio del sumario administrativo, en el término de diez (10) días, contados a partir de la respectiva providencia en la cual avoca conocimiento, calificará la solicitud, verificando su admisibilidad, a fin de precautelar que la misma haya sido presentada dentro de los tiempos establecidos y cumpliendo los requisitos previstos en esta norma.

Adicionalmente, se verificará que, si los hechos que constan como fundamento de la solicitud, no se encuentran en la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General, contemplados como faltas graves, inadmitirá el trámite a través de una providencia y devolverá los documentos a fin de que se proceda con el régimen disciplinario correspondiente de ser el caso.

En caso de que, en la calificación de admisibilidad, se evidencie la omisión de un requisito, el sustanciador reenviará a completar la solicitud en el término máximo de tres (3) días, si la institución no completare lo requerido, se ordenará el archivo y la devolución de los documentos, a través de la respectiva providencia.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, el sustanciador procederá a emitir la providencia de admisibilidad, a la solicitud de inicio de sumario administrativo.

Registro Oficial N° 412 – Suplemento Miércoles 23 de enero de 2019 – 13

En la misma providencia se establecerá que prueba fue calificada para ser sustanciada en la audiencia de sumario administrativo.

Artículo 17.- Providencia de admisibilidad.- La providencia de admisibilidad deberá contener lo siguiente:

1. Número signado del expediente.
2. Día, mes, año y hora de emisión de la providencia.
3. Designación de un Secretario Ad-hoc.
4. Datos del domicilio físico, correo electrónico o casillero judicial, para la respectiva notificación a la Institución y citación al servidor sumariado.
5. El señalamiento de la obligación que tiene el sumariado de comparecer con un abogado, así como de contestar dentro del término establecido en ejercicio de su derecho a la defensa, adjuntando las pruebas de las que se crea asistido; y, señalando domicilio electrónico y físico para futuras notificaciones.
6. Una copia íntegra de la solicitud de inicio del sumario administrativo con sus respectivos anexos y las pruebas que fueron calificadas para la audiencia de sumario administrativo.

Artículo 18.- Citación.- El sustanciador, dispondrá la citación al servidor público sumariado, en un término máximo de tres (3) días, posteriores a la emisión de la providencia de admisibilidad al sumario administrativo, una copia íntegra de la solicitud de inicio del sumario administrativo con sus respectivos anexos y pruebas calificadas para lo cual, la citación se la practicará de la siguiente manera:

1. La citación se hará en persona, mediante una sola boleta dejada en su lugar de trabajo o en su domicilio físico y, dirección electrónica señalada en la hoja de vida, siempre se deberá dejar constancia en el procedimiento de la transmisión y recepción de la citación, de su fecha y hora y del contenido íntegro de la misma. Para que la citación sea realizada en el lugar del trabajo, el servidor público sumariado, deberá encontrarse en ejercicio de sus funciones, contrario sensu, se aplicará la disyuntiva del domicilio físico.
2. Si no se encuentra personalmente al servidor público sumariado, se le citará por medio de tres boletas, que se entregarán en días distintos en su domicilio físico señalado en la solicitud de inicio de sumario administrativo a cualquier persona que habite en la dirección de domicilio señalado.
3. Si no se encuentra a persona alguna a quien entregarlas, se fijarán en la puerta del domicilio y, se dejará constancia de aquello.
4. Citación por medios de comunicación que se harán con publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación del lugar. De

no haberlo, se harán en un periódico de la capital de provincia, asimismo de amplia circulación. Si tampoco hay allí, en uno de amplia circulación nacional. La publicación contendrá un extracto de la solicitud de inicio de sumario administrativo y de la providencia respectiva. Las publicaciones íntegras se agregarán al proceso.

En caso de que se llegaren a emitir tres providencias de imposibilidad de citación, la solicitud de inicio de sumario administrativo, se procederá a archivar. El sustanciador, en el término de 48 horas de emitida la última providencia de imposibilidad de citación, procederá a emitir la resolución de archivo.

Artículo 19.- Citación por medios de comunicación.– Cuando en la solicitud de inicio de sumario administrativo, se haya solicitado la citación por medios de comunicación, adjuntando los requisitos taxativos para el caso, se seguirá con el siguiente procedimiento:

1. En el término máximo de 2 días, desde emitida la providencia de admisibilidad de sumario administrativo, el sustanciador correrá traslado con la providencia de publicación por medios de comunicación, para lo cual se adjuntará el extracto respectivo de citación, para que la Institución pública proceda a realizar las publicaciones conforme al artículo 18 de la normativa ibídem.
2. Una vez que se haya procedido con las tres publicaciones, en el término máximo de 2 días contados desde la última publicación, se deberán ingresar los tres extractos para que se proceda a agregar al expediente.
3. A partir del día en el que se ingrese a esta Cartera de Estado, los extractos de las tres publicaciones en el medio de comunicación pertinente, procederá a correr el término establecido para contestar la solicitud de inicio de sumario administrativo.

Para el caso en el que, se hayan emitido 2 providencias de imposibilidad de citación, el legitimado activo, podrá solicitar al sustanciador que se proceda a citar conforme al punto 4 del artículo que antecede, siempre y cuando se cumplan con los requisitos del literal j) del artículo 13 de la presente norma técnica, para lo cual, se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Dentro del término máximo de 3 días de emitida la segunda providencia de imposibilidad de citación, el legitimado activo deberá adjuntar los requisitos establecidos en la presente norma técnica, para lo cual, el sustanciador, en el término máximo de 2 días, desde ingresada los requisitos taxativos, correrá traslado con la providencia de publicación por medios de comunicación, para lo cual se adjuntará el extracto respectivo de citación, para que, la Institución pública proceda a realizar las publicaciones conforme al artículo 18 de la presente norma técnica.
2. Una vez que se haya procedido con las tres publicaciones, en el término máximo de 2 días contados desde la última publicación, se deberán ingresar los tres extractos para que se agregue al expediente.

14 – Miércoles 23 de enero de 2019 Suplemento – Registro Oficial N° 412

3) A partir del día en el que se ingrese a esta Cartera de Estado, los extractos de las tres publicaciones en el medio de comunicación pertinente, procederá a correr el término establecido para contestar la solicitud de inicio de sumario administrativo por parte del servidor público sumariado.

Artículo 20.- Término para contestar.- El servidor público sumariado, contestará por escrito a la solicitud de inicio del sumario administrativo dentro del término de diez (10) días, contado desde la fecha en que surtió efectos jurídicos la citación.

Una vez presentada la contestación, el sustanciador tendrá tres (3) días término para la calificación de la misma, si no se han cumplido los requisitos dispondrá que se aclaren o completen en el término de tres (3) días con la advertencia de que, de no dar contestación a la providencia, se seguirá el curso normal del proceso en rebeldía del sumariado.

Una vez que se haya emitido la providencia calificando la contestación de la solicitud de sumario administrativo o en su defecto la rebeldía del sumariado/a, en el término máximo de (5) días, se señalará fecha y hora para el desarrollo de la audiencia de sumario administrativo.

En la misma providencia se establecerá que prueba fue calificada para ser sustanciada en la audiencia de sumario administrativo.

Artículo 21.- Requisitos de la contestación.- La contestación a la solicitud de inicio del sumario administrativo se presentará por escrito y cumplirá con los siguientes requisitos formales:

1. Designación de la autoridad administrativa;
2. Identificación del servidor público sumariado que presenta la contestación al respectivo sumario administrativo, debidamente representado por su abogado defensor;
3. Identificación de la institución en la que labora o laboró, determinando el puesto y el órgano administrativo al que pertenece o perteneció;
4. Narración de los hechos detallados y pormenorizados en forma de contestación a las faltas imputadas en la solicitud del sumario administrativo impuesto en su contra;

e) Fundamentos de derecho, expuestos con claridad y precisión;

6. Las pruebas de las que se crea asistido/a que permitan presumir la no comisión de la falta disciplinaria grave. La prueba, a la que sea imposible tener acceso, deberá ser anunciada y aquella que no se anuncie no podrá introducirse al proceso; y,
7. La designación del domicilio electrónico y físico y/o casillero judicial para efectos de notificación.

El sumariado/a deberá pronunciarse de forma expresa sobre la veracidad de los hechos alegados y cada una de las faltas graves que se le imputen en la solicitud de inicio del sumario administrativo.

En caso de que, el sumariado/a, no pueda acceder al servicio de un abogado patrocinador privado, deberá solicitar y motivar en la contestación, el por qué no puede acceder a la prestación de servicios por parte de un profesional de derecho, para que, de esta manera el sustanciador proceda a correr traslado a la Defensoría Pública para que conforme a su normativa se pronuncie respecto de la solicitud del sumariado/a.

Artículo 22.- Medios probatorios.- Para probar los hechos alegados en el proceso de sumario administrativo, se admitirán todos los medios de pruebas establecidos en las leyes aplicables a la materia, a excepción de la declaración de parte e inspección.

Se podrá solicitar la calificación de prueba no anunciada, hasta antes de la convocatoria a la audiencia de sumario administrativo, siempre que se acredite y motive que no fue de conocimiento de la parte a la que beneficia. El sustanciador podrá aceptar o no la prueba nueva solicitada de acuerdo con su sana crítica y, en caso de aceptarla, en la providencia que convoque a audiencia de sumario administrativo, correrá traslado a la otra parte a fin de que pueda presentar la prueba de descargo que considere pertinente en la audiencia de sumario administrativo, salvaguardando el debido proceso.

Para ser admitida la prueba en general debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad, conducencia, establecidos en las leyes de la materia.

Excepcionalmente el sustanciador, podrá ordenar de oficio y dejando expresa constancia de las razones de su decisión, la práctica de la prueba que juzgue necesaria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos.

Artículo 23.- Inicio del Sumario Administrativo.- Se dará por iniciado el sumario administrativo, con la emisión del Auto de llamamiento a sumario administrativo, el mismo que deberá ser emitido, por parte del sustanciador dentro del término de veinticuatro horas (24) posteriores de haber calificado la contestación de la solicitud de inicio de sumario administrativo, para lo cual, deberá notificar a las partes procesales la actuación procesal, la misma que contendrá lo siguiente:

1. La relación de los hechos materia del sumario administrativo;
2. Tipificación de la presunta falta disciplinaria grave sobre la cual se basa la solicitud;
3. Las pruebas calificadas de cada parte procesal.

Artículo 24.- Audiencia de Sumario Administrativo.- Las partes están obligadas a comparecer personalmente a la audiencia única, con excepción que se haya designado

Registro Oficial N° 412 – Suplemento Miércoles 23 de enero de 2019 – 15

una o un procurador judicial, una o un delegado en caso de instituciones de la administración pública. Para dar por iniciada la audiencia única de sumario administrativo, el sustanciador, dará como máximo, 5 minutos de espera, para que las partes estén presentes, de no darse, se suspenderá por única vez con la respectiva sanción conforme a la presente norma técnica.

La audiencia de sumario administrativo constará de dos partes a fin de garantizar los derechos de las partes, siempre al inicio de cada audiencia, el sustanciador que dirija la misma, solicitará al Secretario Ad-Hoc que constate la presencia de las partes procesales y si se encuentran en la fecha y hora señalada.

El sustanciador dará inicio a la primera parte de la audiencia de sumario administrativo, dentro de la cual les concederá la palabra a las partes hasta por 30 minutos, para que se practiquen las pruebas calificadas. En caso haberse calificado prueba nueva, estas se practicaran cuidando siempre que luego de la exposición de cada una, se permita presentar prueba de descargo para ejercer el derecho a contradecir de manera clara y pertinente a lo señalado por la parte contraria.

De la prueba nueva aceptada por el sustanciador, antes del inicio de la primera etapa de la audiencia de sumario administrativo, deberá manifestar frente a las partes procesales, de manera clara sus razones para haberla aceptado con referencia en cuando llegó a su conocimiento.

Después de lo cual se proseguirá con la segunda parte de la audiencia de sumario administrativo, en la cual se otorgará a cada parte procesal, el tiempo de hasta (20) minutos para que formulen sus alegatos y, por una sola vez, el derecho a la réplica, en el cual se facilitará hasta (10) minutos.

De lo actuado en la audiencia, se dejará constancia por escrito mediante un acta que contenga un extracto de la celebración de la misma, suscrita por los intervinientes.

El orden de participación en la audiencia de sumarios administrativos será la de en primer lugar, la Institución pública y posterior a ello, el sumariado/a.

Artículo 25.- Suspensión.-El sustanciador podrá suspender la audiencia por única vez en los siguientes casos:

1. Cuando en la audiencia ya iniciada concurran razones de absoluta necesidad, el sustanciador ordenará la suspensión por el término mínimo necesario, que no podrá ser mayor a dos días, luego de lo cual proseguirá con la audiencia. Al ordenar la suspensión el sustanciador determinará el día y la hora de reinstalación de la audiencia.
2. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor que afecte al desarrollo de la diligencia el sustanciador deba suspender una audiencia, determinará el término para su reanudación, que no podrá ser mayor a diez días. Al reanudarla, efectuará un breve resumen de los actos realizados hasta ese momento.

Transcurrido el término indicado en cada caso, sin que la audiencia se haya reanudado, se dejará sin efecto y deberá

realizarse nuevamente. La inobservancia de los términos por el sustanciador será sancionada conforme a la normativa técnica que será emitida para su efecto.

Cuando la inobservancia nazca de una de las partes, se procederá de la siguiente manera: Para el caso del legitimado pasivo, se procederá en rebeldía con la sustanciación del sumario administrativo; y, para el caso del legitimado activo, se procederá con el archivo de la solicitud de inicio de sumario administrativo.

3. Cuando el sustanciador, oficie una prueba para mejor resolver, por este motivo, la audiencia se podrá suspender hasta por el término de 8 días.

Artículo 26.- Resolución.- Concluida la audiencia única, el sustanciador en el término de diez (10) días, expedirá y notificará la resolución debidamente motivada en la que conste la aplicación de la sanción correspondiente o el archivo del sumario de ser el caso.

Para el caso de determinarse sanciones, el sustanciador dispondrá a la institución que en el término de tres (3) días contados a partir de la notificación de la resolución, elabore y entregue la acción de personal en la que se registre la sanción impuesta al servidor y además realice el procedimiento de inscripción del impedimento para ejercer cargo público, en el Ministerio del Trabajo, cuando fuere aplicable.

Artículo 27.- Prescripción de la acción.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Servicio Público, el Ministerio del Trabajo, dentro del término de noventa (90) días, desde que se da inicio al sumario administrativo, resolverá el mismo, transcurrido el término mencionado, prescribirá la acción.

Artículo 28.- Aclaración y ampliación.- Cualquiera de las partes podrá solicitar la aclaración o ampliación de la resolución en el término de tres (3) días a partir de la notificación de la misma, la aclaración tendrá lugar en caso de resolución sea oscura, la ampliación procederá cuando no se haya resuelto alguno de los puntos controvertidos. El sustanciador deberá resolver sobre el recurso interpuesto en el término de 3 días y notificar a las partes en el término de 1 día.

Artículo 29.- Acción Contencioso Administrativa. – Conforme al artículo 46 de la Ley Orgánica del Servicio Público, los servidores públicos suspendidos o destituidos y las instituciones públicas, conforme al principio de doble conforme, podrán demandar o recurrir ante la autoridad jurisdiccional competente del lugar donde se originó el acto impugnado o donde este haya producido sus efectos, la resolución emanada por esta Cartera de Estado, demandando el reconocimiento de sus derechos.

Adicional a ello, podrán también recurrir ante la vía contenciosa administrativa, la providencia por la cual se archive la solicitud de inicio de sumario administrativo, cuando se den las causales previstas en el artículo 16 de la presente norma técnica.

16 – Miércoles 23 de enero de 2019 Suplemento – Registro Oficial N° 412

Artículo 30.- Registro de sanciones.- Las resolución con la respectiva sanción, del sumario administrativo, que se impongan en contra de los servidores públicos sumariados, serán notificadas por parte del sustanciador, al órgano administrativo pertinente, del Ministerio del Trabajo.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Conforme al artículo 44 de la Ley Orgánica del Servicio Público, el sumario administrativo es el proceso administrativo por el cual se determinará el cometimiento de una o varias faltas graves con su respectiva sanción. Para el caso de la remoción por tener impedimento de los servidores públicos conforme al artículo 11 de la normativa ibídem, se sujetará a la normativa secundaria que para su efecto ha sido emitida por esta Cartera de Estado.

SEGUNDA.- Cuando el proceso de inicio de sumario administrativo, sea ejercido de oficio por parte de esta Cartera de Estado, las instituciones públicas señaladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público en concordancia con el artículo 2 de la presente norma técnica, en el término máximo de 5 días, desde que fueron oficiados por esta Cartera de Estado, deberán entregar y correr traslado el informe técnico señalado en el literal e) del artículo 13 de la presente norma técnica y, toda la documentación requerida a la Subsecretaría Interinstitucional de Servicio Público, Trabajo y Empleo del Ministerio del Trabajo.

TERCERA.- Para el caso de servidores públicos que hayan sido sancionados con la suspensión sin remuneración, para el caso respectivo del aporte personal al IESS, se deberá seguir las siguientes reglas:

1. Una vez que se notifique al servidor público que ha sido sancionado con «suspensión temporal sin goce de remuneración», la Unidad de Administración del Talento Humano – UATH institucional deberá solicitar al servidor la suscripción de autorización para que el aporte individual al IESS correspondiente al periodo de suspensión, sea descontado de su remuneración mensual unificada, en el periodo posterior a su reintegro, esto de conformidad a lo establecido en el literal c) del artículo 88 del Reglamento General a la LOSEP;
2. Para los casos en que los servidores sancionados deseen cubrir de su propio peculio el valor de afiliación personal por el tiempo de suspensión sin goce de remuneración, las Unidades de Administración del Talento Humano – UATHs institucionales, deberán informar al servidor la fecha en la que debe entregar el valor correspondiente.

c) Las Unidades de Administración del Talento Humano – UATHs institucionales, una vez que cuenten con la autorización mencionada en el literal a), o en el caso que los servidores sancionados cubran de su propio peculio el valor de afiliación personal citado en el literal b), no generarán el Aviso de Salida en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS del servidor sancionado, ya que al tratarse de una suspensión temporal de labores en razón de un proceso administrativo sancionatorio se precautelará el no afectar su continuidad en la afiliación;

d) Por lo expuesto en los numerales anteriores, las instituciones del Estado deberán cancelar de forma completa las planillas de aportes tanto patronal como individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los procedimientos que se encuentran en trámite a la fecha de entrada de vigencia de este Acuerdo Ministerial, continuarán sustanciándose hasta su conclusión conforme con la normativa vigente al momento de su inicio. Las solicitudes de inicio de sumario administrativo, interpuestos hasta antes de la implementación del presente Acuerdo Ministerial, se tramitarán con la norma aplicable al momento de su presentación.

SEGUNDA.- A partir de la entrada en vigencia de la presente normativa secundaria, por la transición de competencias, toda solicitud de inicio de sumario administrativo presentada en cualquiera de las Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público, para que empiecen a correr los diez (10) días, que tiene el sustanciador para emitir la providencia de Calificación de Admisibilidad, dicho término correrá a partir de veinte (20) días término desde la publicación en el Registro Oficial.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0169 y sus respectivas reformas.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo Ministerial, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.-

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, a 09 de enero de 2019.

f.) Abg. Raúl Clemente Ledesma Huerta, Ministro del Trabajo.

El REGISTRO OFICIAL* no se responsabiliza por los errores ortográficos, gramaticales, de fondo y/o de forma que contengan los documentos publicados, dichos documentos remitidos por las diferentes instituciones para su promulgación, son transcritos fielmente a sus originales, los mismos que se encuentran archivados y son nuestro respaldo.