Registro Oficial No.320- Miércoles 05 de septiembre de 2018

septiembre 5, 2018

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés Presidente Constitucional de la República del Ecuador Miércoles 5 de septiembre de 2018 (R. O.320, 05-septiembre -2018) SUMARIO: Págs. FUNCIÓN EJECUTIVA ACUERDOS: MINISTERIO DE AMBIENTE: 049…….. Refórmese la Codificación al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, emitido mediante Acuerdo Ministerial No. 025 de 15 de marzo de […]

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 5 de septiembre de 2018 (R. O.320, 05-septiembre -2018)

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE AMBIENTE:

049…….. Refórmese la Codificación al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, emitido mediante Acuerdo Ministerial No. 025 de 15 de marzo de 2012 y sus reformas

076 Refórmese el Acuerdo Ministerial N° 045, suscrito el 13 de abril de 2018

080…….. Apruébese el Estatuto de la Fundación Paisajes Sostenibles, domiciliada en el cantón Quito, provincia de Pichincha

084…….. Apruébese el Estatuto de la Fundación «TOISÁN», domiciliada en el cantón Quito, provincia de Pichincha

MINISTERIO DE MINERÍA:

2018-039 Deléguense atribuciones y deberes del Ministerio, al abogado Henry Mauricio Troya Figueroa

2018-040 Deléguense atribuciones y deberes del Viceministerio, a la abogada Andrea Fernanda Balseca Vaca

2018-041 Agradécense los servicios prestados por el Ing. Byron Granda, al Instituto Nacional de Investigación Geológica, Minero, Metalúrgico, INIGEMM

2018-042 Desígnese como liquidadora principal, a la servidora pública de la Dirección Administrativa, Carolina Lized Paz Lozada

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS:

014-2018 Apruébese la reestructuración del Comité de Transparencia

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:

VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA Y

VIGILANCIA DE LA SALUD:

Concédese personería jurídica y apruébense los estatutos de las siguientes fundaciones:

0250-2018 «La Casa de los Gatos» con domicilio en la

ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas

Págs.

0251-2018 «Médica Sanar», con domicilio en la

ciudad de Quito, provincia de Pichincha

0252-2018 Apruébese la reforma y codificación del Estatuto de la Fundación TRIADA, con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha

RESOLUCIONES:

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO:

RE-2018-112 Fíjense las tarifas de flete de transporte terrestre de combustible, que la Empresa Pública EPPETROECUADOR, debe cancelar a los transportistas que realicen varias rutas

RE-2018-115 Renuévese el proceso de intervención de la planta de licuefacción de Gas Natural almacenamiento, despacho y transporte de Gas Natural Líquido (GNL), ubicada cantón El Guabo, provincia de El Oro

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL:

CNII-ST-RA-002-2018 Expídese el Código Cero

Tolerancia a la Corrupción

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN

Y COMUNICACIÓN:

CORDICOM-P-2018-0000045 Expídese el Reglamento interno para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior para las y los servidores y trabajadores

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS:

SB-2018-833 Refórmese la Codificación de las

normas de la SB

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA:

SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 Expídese el procedimiento para las liquidaciones sumarias de las organizaciones sujetas al control de la SEPS

No. 049

María Eulalia Pozo Vicuña MINISTRA DE AMBIENTE (S)

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador determina como una de las facultades de los Ministros de Estado, la siguiente: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, los numerales 3, 5 y 6 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador asignan al Presidente Constitucional de la República, entre otras facultades y atribuciones, las de definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva; dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control; y, crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación;

Que, el literal a) del artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece entre las competencias del Ministerio del Trabajo, ejercer la rectoría de remuneraciones del sector público, y expedir las normas técnicas correspondientes en materia de recursos humanos conforme lo determina en esta Ley;

Que, los literales a) y b) del artículo 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que las Unidades de Administración del Talento Humano, ejercerán la atribución y responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamento general y las resoluciones del Ministerio del Trabajo, en el ámbito de su competencia, así como también: «Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e indicadores de gestión del talento humano «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 195-A publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 40 de 4 de octubre del 1996 se crea el Ministerio del Medio Ambiente;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 259 publicado en el Registro Oficial No. 51 de fecha 5 de abril del 2000, se establece la denominación de Ministerio del Ambiente;

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Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 437 publicado en el Registro Oficial No. 120 del 5 de julio del 2007, se facultó a los Ministros de Estado la organización de cada uno de sus Ministerios la creación o supresión de subsecretarías, sin que sea necesaria la expedición del Decreto Ejecutivo; además de reformar los Textos Unificados de Legislación Secundaria de los Ministerios, en los términos del artículo 20 del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, sin necesidad de que se emita ningún Decreto Ejecutivo;

Que, la ex Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, SENRES mediante Resolución No. SENRES-PROC-2006-0000046, expide la Norma técnica de diseño de reglamentos o estatutos orgánicos de gestión organizacional por procesos, publicada en el Registro Oficial No. 251 de 17 de abril de 2006, donde se establece el proceso técnico para el diseño de reforma de estructuras organizacionales. Dentro del Diseño de Estructura Orgánica por Procesos, el Art. 13, inciso segundo, «La identificación o estructuración de las unidades administrativas dependerá de las necesidades de la organización, basadas en la misión, visión y productos institucionales. Por lo tanto estas unidades deben estar claramente definidas y justificadas mediante informes técnicos, las mismas que deberán reflejar la optimización del funcionamiento de la organización así como de sus procesos internos»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 195 publicado en Registro Oficial Suplemento 111 de 19 de enero de 2010, última reforma el 6 de junio de 2014, se emitieron los lineamientos estructurales para organizar las unidades administrativas en los niveles de dirección, asesoría, apoyo y operativo, de los Ministerios de Coordinación y Sectoriales, Secretarías e Institutos Nacionales pertenecientes a la Función Ejecutiva;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 033 de fecha 10 de marzo del 2011, se aprueba el Plan Estratégico del Ministerio del Ambiente, así como la Misión, Visión y los Objetivos Estratégicos;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 726 de 8 de abril de 2011, publicado en el Registro Oficial Nro. 433 de 25 de abril de 2011, se establecen disposiciones para la creación de una Coordinación General de Gestión Estratégica en los ministerios sectoriales, con sus instituciones adscritas y dependientes, la Banca Pública y empresas públicas creadas mediante Decreto Ejecutivo;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 025 de 15 de marzo de 2012, se emite la Codificación del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Ambiente;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 0183 de fecha 12 de diciembre de 2012, se expide la reforma a la Codificación del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Ambiente aprobada mediante los Acuerdo Ministerial No. 025, de 15 de marzo de 2012;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 210 publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 171 de 28 de enero de 2014, se decreta «Expedir las disposiciones para la organización, atribuciones y responsabilidades de las unidades de planificación, gestión estratégica, asesoría

jurídica y administración de talento humano de las instituciones de la Función Ejecutiva»;

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 210 publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 171 de 28 de enero de 2014, establece: «De las Unidades de Planificación y Gestión Estratégica.- Las del instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva, fusionarán las unidades de planificación y gestión estratégica e implementarán y organizarán su estructura, atribuciones y responsabilidades de acuerdo a los tipos de estructura institucional que la Secretaría Nacional de la Administración Pública y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en el ámbito de sus competencias, determinen para el efecto. Se exceptúan de la presente disposición a los Ministerios Coordinadores, Empresas Públicas y Banca Pública «;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 033 de fecha 20 de marzo de 2014, se expide la reforma al Acuerdo Ministerial No. 0183, de fecha 12 de diciembre de 2012;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 248 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 158 de 11 de enero de 2018, se regula el proceso de diseño institucional, el mismo que incluye la creación, modificación supresión de las entidades de la Administración Pública Central de la Función Ejecutiva;

Que, mediante Oficio Nro. MDT-MDT-2018-0171 de 6 de abril de 2018, emitido por el Ministerio del Trabajo, el señor Ministro subrogante Abg. Andrés Vicente Madero Poveda dispone que: «De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 112 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público , sustituido por la Disposición Reformatoria Primera del decreto Ejecutivo Nro.248 publicado en el Suplemento del Registro Oficial nro.158 de 11 de enero de 2018 establece: El Ministerio de Trabajo, es el ente rector en materia de elaboración y aprobación de matriz de competencias, modelo de gestión, diseño, rediseño e implementación de estructuras organizacionales y aprobación de estatutos orgánicos en las entidades de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva, (…) El Ministerio solicita el cumplimiento inmediato por lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 210 antes referido (…) «;

Que, mediante Informe Técnico Nro. MAE-2018-DATH-0413 de fecha de 13 de abril de 2018, emitido por la Dirección de Administración del Talento Humano, en base a la normativa legal y reglamentaria correspondientes, y en consideración a las disposiciones emitidas por la Autoridades competentes, se recomendó que se efectúen las gestiones respectivas para la Fusión de las Unidades de la Coordinación General de Planificación Ambiental y la Coordinación General de Gestión Estratégica;

Que, mediante Memorando Nro. MAE-DATH-2018 00 de fecha 13 de abril de 2018 , la Dirección de Administración del Talento Humano remitió para revisión de la Coordinación General Jurídica, el Proyecto de Acuerdo Ministerial por el cual se reforma el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Ambiente;

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Que, el Ministerio del Ambiente requiere de una estructura organizacional adecuada a la naturaleza y especialización de la misión consagrada en su base constitutiva, que contemple principios de organización y de gestión institucional desconcentrada, descentralizada, eficiente, eficaz y efectiva;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 047, de fecha 16 de abril de 2018, se dispone la subrogación de funciones del cargo de Ministro del Ambiente a la señora doctora María Eulalia Pozo Vicuña, Viceministra del Ambiente desde el 17 al 21 de abril de 2018; y,

En ejercicio de las atribuciones que confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

Acuerda:

REFORMAR LA CODIFICACIÓN AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR

PROCESOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, EMITIDO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL N° 025 DE 15 DE MARZO DE 2012 Y SUS REFORMAS

Artículo 1.- Sustitúyase todo el contenido del Acuerdo Ministerial 025 del 15 de marzo de 2012 referente a «Coordinación General de Planificación» por «Coordinación General de Planificación Ambiental y Gestión Estratégica».

Artículo 2.- En el numeral 4 del artículo 7 del Acuerdo Ministerial No. 025 de 15 de marzo de 2012, sustituir el proceso habilitante de Asesoría «Gestión de Planificación Ambiental» por «Gestión de Planificación Ambiental y Gestión Estratégica»; así como eliminar el numeral 4 de los procesos habilitantes de apoyo «Gestión de Recursos Tecnológicos».

Artículo 3.- En el numeral 5.2 del artículo 7 del Acuerdo Ministerial No. 025 de 15 de marzo de 2012, del Mapa de Procesos, sustituir «Gestión de Planificación» por «Gestión de Planificación Ambiental y Gestión Estratégica», de la siguiente manera:

Artículo 4.- En el numeral 5.3 del artículo 7 del Acuerdo Ministerial No. 025 de 15 de marzo de 2012, sustituir en la Estructura Orgánica del Ministerio del Ambiente el Órgano Administrativo «Coordinación General de Planificación Ambiental» por «Coordinación General de Planificación Ambiental y Gestión Estratégica» con las Direcciones Técnicas de:

Dirección de Planificación e Inversión.
Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación.
Dirección de Gestión y Cultura Organizacional.
Dirección de Tecnologías de la Información.

Artículo 5.- En el numeral 8.1.1 del artículo 7 del Acuerdo Ministerial No. 025 de 15 de marzo de 2012, sustituir «COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN» por «COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA»

Artículo 6.- En el numeral 8.1.1 del artículo 7 del Acuerdo Ministerial No. 025 de 15 de marzo de 2012, agregar luego de «eficiencia.» el siguiente texto:

8.1.1 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

MISIÓN:

Ejecutar, dar seguimiento y controlar los planes de mejora de la calidad en la gestión pública, proyectos de procesos, tecnologías de la información, gestión de cambio de la cultura organizacional e innovación de la gestión pública, de acuerdo a las políticas y herramientas emitidas por la Secretaría Nacional de Administración Pública y de las que requiera la institución para mejorar su gestión, siempre y cuando no se contrapongan a las emitidas por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, que permitan entregar al ciudadano bienes y servicios de calidad.

Este órgano administrativo está representado por el Coordinador/a General de Planificación Ambiental y Gestión Estratégica.

Artículo 7.- En el numeral 8.1.1 artículo 7 del Acuerdo Ministerial No. 025 de 15 de marzo de 2012, luego del literal o) agregar las siguientes atribuciones y responsabilidades:

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES:

p) Difundir, aplicar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente y políticas de procesos, proyectos, gestión del cambio de la cultura organizacional y de tecnologías de la información que emita la Secretaría Nacional de la Administración Pública;

q) Ser responsable del uso y de la correcta aplicación de Gobierno por Resultados y de las herramientas creadas para el efecto, supervisar el cuadro de mando integral y recomendar acciones preventivas y correctivas sobre la planificación estratégica operativa, los planes de mejora de la calidad en la gestión pública a través de la eficiente gestión por procesos, gestión de proyectos, tecnologías de la información, gestión de cambio de la cultura organizacional e innovación de la gestión pública basados en los lineamientos de la Secretaría Nacional de Administración Pública;

r) Asesorar a las máximas autoridades y dependencias institucionales en materia de planificación estratégica operativa, planes de mejora de la calidad en la gestión pública a través de la eficiente gestión de procesos, gestión de proyectos, tecnologías de información, gestión de cambio de la cultura organizacional e innovación de la gestión pública;

s) Ser el canal para la comunicación de la Institución y sus adscritas con la Secretaria Nacional de la Administración Pública o quien hiciera sus veces en materia de planificación estratégica operativa para los planes de mejora de la calidad en la gestión pública a través de la eficiente gestión de procesos, gestión de proyectos, tecnologías de información, gestión de cambio de la cultura organizacional e innovación de la gestión pública;

t) Coordinar e implementar el Modelo de Gestión por procesos de la Institución basado en los lineamientos establecidos por la Secretaría Nacional de la Administración Pública;

u) Diseñar, promover, coordinar y ejecutar proyectos en materia de planificación estratégica operativa, planes de mejora de la calidad en la gestión pública a través de la eficiente gestión de procesos, gestión de proyectos, tecnologías de información, gestión de cambio de la cultura organizacional e innovación de la gestión pública que mejoren los servicios públicos que ofrece la Institución;

v) Dirigir y supervisar la correcta interacción de los procesos en la cadena de valor de la Institución, así como verificar el cumplimiento de las metas establecidas para los indicadores de los procesos, en coordinación con las diferentes áreas de la Institución para alcanzar las metas de calidad de la gestión, establecidas a nivel central y desconcentrados;

w) Sugerir a la Secretaría Nacional de Administración Pública en coordinación con la máxima autoridad de la Institución las políticas, reglamentos, procesos y procedimientos en temas de gestión estratégica que permitan implementar un sistema integrado de gestión;

x) Estructurar y coordinar la ejecución de la Planificación Anual de las Direcciones de la Coordinación General de Gestión Estratégica.

Artículo 8.- En el numeral 8.1.1 del artículo 7 del Acuerdo Ministerial No. 025 de 15 de marzo de 2012, relativo a la Estructura Básica, sustituir por la siguiente:

8.1.1.3 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CAMBIO ORGANIZACIONAL

MISIÓN:

Garantizar la implementación del modelo de gestión de procesos en la Institución, con el fin de alcanzar una gestión institucional de calidad y una cultura de mejora continua en la gestión pública institucional, que generen productos y servicios públicos que respondan a las necesidades de los/las ciudadanos/as. Visualizar, administrar, implementar y supervisar las mejores prácticas de procesos de transformación transversales dentro y fuera de la Institución, a través de la gestión institucional y empoderamiento a los servidores públicos, orientando a un desarrollo continuo de la cultura organizacional y/o madurez institucional.

Responsable: Director/a de Gestión y Cambio Organizacional.

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES:

a) Implementar la gestión por procesos en la Institución mediante la Norma Técnica de Gestión de Procesos, otras normativas y guías metodológicas desarrolladas por la Secretaría Nacional de la Administración Pública;

Asesorar e intervenir en la Institución en temas relacionados a la gestión de procesos y calidad;
Realizar estudios técnicos que contribuyan a articular y diseñar herramientas para implementar mejores prácticas en la gestión de procesos institucionales;
Realizar diagnósticos sobre la situación actual y deseada de la Institución en relación a la gestión de los procesos institucionales, además del impacto de los cambios generados por la implementación de los proyectos de mejora de procesos;
Capacitar al equipo de procesos y a los usuarios en la normativa y lineamientos técnicos para la eficiente gestión de procesos;
Administrar el catálogo de procesos de la Institución;
Promover e implementar planes, programas y proyectos de mejora de procesos;

h) Asegurar la calidad de los procesos mediante la gestión de programas de monitoreo y control de procesos en la Institución y administración de los procesos dentro del ciclo de mejora continua;

i) Gestionar el Sistema de Administración de Procesos mediante herramientas tecnológicas y metodológicas de uso que promueva la SNAP;

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j) Implementar las metodologías, herramientas y proyectos de gestión del cambio emitidas por la Coordinación General de Gestión del Cambio de la Secretaría Nacional de la Administración Pública;

k) Realizar la medición del clima laboral y cultura organizacional conforme a los lineamientos de la Coordinación General de Gestión del Cambio de la Secretaría Nacional de la Administración Pública;

l) Realizar la medición y/o diagnóstico de la madurez institucional a través de las herramientas de la Secretaría Nacional de la Administración Pública;

m) Coordinar la implementación de los planes de acción derivados de la medición de clima, cultura y madurez institucional con todas las unidades;

n) Planificar, promover, coordinar e implementar el proceso de reestructuración Institucional en coordinación con la Coordinación General de Gestión del Cambio de la Secretaría Nacional de la Administración Pública;

o) Reportar mensualmente los avances y resultados de la implementación de Modelo de Reestructuración de la Gestión Pública Institucional;

p) Elaborar e implementar políticas y/o estrategias transversales de gestión Institucional en coordinación con la Coordinación General de Gestión del Cambio de la Secretaría Nacional de la Administración Pública;

q) Proponer y coordinar proyectos de innovación Institucional con el Coordinador General de Gestión Estratégica;

r) Proponer e implementar planes de capacitación sobre procesos de gestión del cambio en toda la Institución;

s) Conformar y supervisar a equipos de alto rendimiento internos y externos para procesos de cambios institucionales;

t) Coordinar e implementar las herramientas complementarias de acuerdo con la Norma Técnica de Reestructuración de la Gestión Pública Institucional;

u) Coordinar e implementar el Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo y riesgos laborales;

v) Coordinar e implementar buenas prácticas sobre los procesos de responsabilidad social y ambiental; y,

w) Demás actividades y responsabilidades emitidas por la Secretaría Nacional de la Administración Pública.

8.1.1.3.1 UNIDAD DE PROCESOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS:

1. Catálogo de procesos y productos actualizados;

Mapa de procesos;
Procesos críticos priorizados;
Matriz de selección de procesos;
Fichas de procesos;
Flujos de procesos situación actual (AS-IS);
Método de recolección de datos para la medición de proceso;
Indicadores de los procesos con sus responsables (sistema de monitoreo de procesos);
Líneas base de los indicadores de los procesos;
Manual de procesos mejorados TO-BE y procedimientos;
Metas de los indicadores de mejora a implementar;
Informe de acciones de mejora a implementar;
Informe de mejoras implementadas;
Procesos optimizados y automatizados (cuando aplique);
Estrategia de implementación;
Reportes de retroalimentación;
Informes periódicos sobre la Gestión de procesos, avance y resultados de implementación de procesos mejorados;
Cronograma de levantamiento, análisis e implementación de procesos;
Informes de seguimiento y evaluación de procesos;
Informe diagnóstico institucional sobre gestión de procesos;
Información institucional ingresada y depurada en GPR;
Sistema de innovación en la Gestión Pública;
Sistema de administración de mejora continua implementado y funcionado;
Plan de asesoría y comunicación interna y externa sobre la gestión de procesos;
Estudios técnicos de gestión de procesos; e,
Informe sobre el avance y recepción de entregables de consultorías de referencia al área de procesos y servicios.

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8.11.3.2 UNIDAD DE GESTIÓN DEL CAMBIO PRODUCTOS Y SERVICIOS:

Políticas, herramientas y proyectos de gestión del cambio implementados;
Informes de avances y resultados de la Implementación del Modelo de Reestructuración;
Medición de Clima y Cultura Organizacional y Planes de Acción;
Medición y/o diagnóstico Institucional anual del Programa Nacional de Excelencia;
Planes de Capacitación y Comunicación de Gestión del Cambio;
Informe de avance de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo;
Informe de avance de buenas prácticas de responsabilidad social y ambiental implementadas;
Implementar herramientas complementarias de la Norma Técnica de Reestructuración de la Gestión Pública Institucional;
Mantener en operación la red social de los servidores públicos, código de ética y diccionario de la gestión pública;
Capacitar en la metodología de Gobierno por Resultados;
Custodiar el archivo físico y magnético de los procesos de transformación y/o reestructuración de la Institución que permita guardar la memoria institucional.

8.1.1.4 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

MISIÓN:

Planear y ejecutar proyectos y procesos de Tecnologías de la Información (TI) para aplicación de políticas públicas y mejora de la gestión institucional y de los servicios a la ciudadanía, así como garantizar la operación de los sistemas y servicios informáticos, gestionar la seguridad informática, brindar soporte técnico en herramientas, aplicaciones, sistemas y servicios informáticos de la Institución e implementar la interoperabilidad con otras entidades.

Será responsable de esta Dirección: El Director/a de Tecnología de la Información.

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES:

a) Formular y ejecutar los planes estratégico y operativo de las Tecnologías de la Información (TI), alineados al plan estratégico institucional y a las políticas que dicte el Gobierno en esta materia;

Dirigir, coordinar y controlar los procesos y proyectos de (TI), así como los recursos humanos, físicos, de infraestructura tecnológica y financieros.
Gestionar la aprobación de la ejecución de Proyectos de (TI), cuyo presupuesto referencial supere las 50 remuneraciones mensuales unificadas, ante la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la Secretaría Nacional de la Administración Pública;
Proponer, implementar y controlar la aplicación de políticas y normativas para el uso de las (TI), alineadas a las políticas que dicte la Secretaría Nacional de la Administración Pública en esta materia;
Ejecutar y participar de manera activa para el desarrollo de la interoperabilidad gubernamental;

f) Implementar el Sistema de Seguridad de la Información en la Institución, basado en las Normas Técnicas Ecuatorianas emitidas por el INEN y en los lineamientos de seguridad informática emitidos por la Secretaría Nacional de la Administración Pública;

g) Gestionar el ciclo de vida de las aplicaciones y sistemas informáticos para automatizar y mejorar procesos institucionales y tramites ciudadanos;

h) Asegurar el soporte técnico, capacidad, disponibilidad y continuidad de los aplicativos, sistemas y servicios informáticos, así como de los recursos financieros, físicos, hardware, software y humanos, suficientes para el funcionamiento de la Unidad;

i) Conformar y dirigir el Comité de Gestión de las (TI), con los Directores y Asesores de la entidad, para analizar los requerimientos de implementación de aplicativos, sistemas y servicios informáticos;

j) Medir el desempeño de: los procesos de la ejecución de los proyectos y los acuerdos de niveles de servicios informáticos establecidos;

k) Generar informes de gestión y rendición de cuentas respecto de las actividades del área;

l) Analizar periódicamente los procesos, procedimientos y metodologías de trabajo, a fin de consolidarlos, estandarizarlos, optimizarlos y actualizarlos;

m) Brindar asesoramiento en materia de (TI) a las autoridades de la Institución,

n) Y demás actividades y responsabilidades emitidas por la Secretaría Nacional de la Administración Pública.

PRODUCTOS Y SERVICIOS:

1. Planes estratégico y operativos de las Tecnologías de la Información (TI) formulados y ejecutados;

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Procesos y proyectos de (TI) coordinados y controlados, documentados y respaldados por registros que evidencien su ejecución;
Estándares, metodologías, arquitectura, tecnologías e infraestructura de tecnologías adecuadas a las necesidades de la institución, tendencias tecnológicas, a buenas prácticas y a disposiciones gubernamentales.
Proyectos de (TI) formulados, gestionados y aprobados ante la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la Secretaría Nacional de la Administración Pública conforme a las disposiciones legales y técnicas vigentes para el efecto;
Políticas y normativas para el uso de las (TI) implementadas y controladas, acorde a las políticas emitidas por la Secretaría Nacional de la Administración Pública;
Sistemas y aplicaciones desarrollados para interoperar con otros sistemas gubernamentales;
Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información implementado y controlado en la Institución;
Aplicaciones y sistemas informáticos desarrollados para mejorar procesos del Ministerio;
Soporte técnico informático otorgado con calidad;
Aplicativos, sistemas y servicios informáticos disponibles acorde a los niveles de servicio;
Informes del Comité de Gestión de las (TI);
Informes de medición, análisis y mejora del desempeño de los procesos, de la ejecución de los proyectos y los acuerdos de niveles de servicios informáticos establecidos;
Informes de gestión y rendición de cuentas respecto de las actividades del área;
Informes de asesorías en materia de (TI) dirigidos a las autoridades de la Institución.

Artículo 10.- En el Acuerdo Ministerial No. 025 de 15 de marzo de 2012, sustituir «Dirección de Administración de Recursos Humanos» por «Dirección de Administración del Talento Humano».

Artículo 11.- Eliminar del Acuerdo Ministerial 025 del 15 de marzo de 2012, en la parte pertinente a la Unidad de Desarrollo de la Dirección de Administración de Recursos Humano, los productos 7 y 8.

Articulo 12.- Eliminar del Acuerdo Ministerial 025 del 15 de marzo de 2012 el numeral 8.2.1.4 correspondiente

a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como los numerales 8.2.1.4.1.; y 8.2.1.4.2;

Artículo 13.- Se deroga toda normativa interna en lo que se contrapongan al presente Acuerdo Ministerial.

Artículo 14.- De la aplicación del presente Acuerdo, encárguese a la Coordinación General Administrativa Financiera y Dirección de Administración del Talento Humano.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogar el Acuerdo Ministerial Nro. 183 de 12 de diciembre de 2012 y Acuerdo Ministerial Nro. 033 de 20 de marzo de 2014.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 20 de abril de 2018.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

f) María Eulalia Pozo Vicuña, Ministra del Ambiente Subrogante.

No. 076

Tarsicio Granizo Tamayo MINISTRO DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, el numeral 7 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes del Estado la protección del patrimonio natural y cultural del país;

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay; declarando de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas

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el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;

Que, el inciso tercero del artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce que el Estado fomentará la protección de la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema;

Que, el artículo 73 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales;

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las instituciones del Estado, sus servidoras y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y en la Ley; tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia;

Que, el numeral 1 del artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y que asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras;

Que, el artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño; y que en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u

omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas;

Que, el artículo 400 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país;

Que, el artículo 404 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el patrimonio natural del Ecuador es único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley;

Que, el artículo 405 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas;

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos indica que el Parque Nacional Galápagos y la Reserva Marina de Galápagos forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP);

Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos determina que la Reserva Marina de Galápagos se somete a la categoría de Reserva Marina de uso múltiple y administración, de acuerdo con la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre;

Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos establece que la Dirección del Parque Nacional Galápagos se encuentra a cargo de las áreas naturales protegidas de la provincia de Galápagos, en cuyas zonas ejercerá jurisdicción y competencia sobre el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y las actividades que en dichas áreas se realicen de conformidad con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas;

Que, el numeral 2 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos indica que la Dirección del Parque Nacional Galápagos, como unidad administrativa desconcentrada a cargo de las áreas naturales protegidas de la provincia de Galápagos, es quien administra y controla el Parque Nacional y Reserva Marina de Galápagos dentro del ámbito de sus competencias;

Que, el artículo 56 de la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos establece que la actividad pesquera artesanal en la Reserva Marina de Galápagos, se

12 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 320

someterá al principio precautelatorio y al de conservación y manejo adaptativo, así como otros que estén contenidos en la Constitución y demás leyes que fueran aplicables para la utilización de los recursos hidrobiológicos;

Que, el artículo 57 de la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos determina que el Plan de Manejo de la Reserva Marina de Galápagos definirá la zonificación de uso y las actividades pesqueras permitidas que deberán proteger a las especies vulnerables y frágiles de los ecosistemas insulares. Para ello establecerá medidas, controles y mecanismos que garanticen la conservación de ecosistemas y el uso sostenible de los recursos, según lo que dispone la Ley;

Que, el último inciso del artículo 37 del Código Orgánico del Ambiente dispone que: La Autoridad Ambiental Nacional realizará evaluaciones técnicas periódicas con el fin de verificar que las áreas protegidas cumplan con los objetivos reconocidos para las mismas. De ser necesario y considerando los resultados de dichas evaluaciones técnicas, la Autoridad Ambiental Nacional podrá redelimitarlas o cambiarlas de categoría bajo las consideraciones técnicas, según corresponda;

Que, el artículo 39 del Código Orgánico del Ambiente dispone que: «La gestión y administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas deberá basarse en los principios ambientales de la Constitución y en los principios de intangibilidad y de conservación, así como en los criterios de manejo integral, representatividad, singularidad, complementariedad y gestión intersectorial;

Que, el último inciso del artículo 41 del Código Orgánico del Ambiente dispone que: «Las áreas protegidas deberán contar con una zonificación que permita determinar las actividades y normas de uso para cada una de las zonas definidas»;

Que, el artículo 19 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos dispone que la Dirección del Parque Nacional Galápagos es la unidad administrativa desconcentrada de la Autoridad Ambiental Nacional, a cuyo cargo está la administración de las áreas naturales protegidas de la provincia de Galápagos, en donde ejercerá jurisdicción y competencia sobre el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y las actividades que en dichas áreas se realicen;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva dispone que los Ministros de Estado sean competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que, el Parque Nacional Galápagos fue declarado el 04 de julio de 1959, mediante Decreto Ley de Emergencia No. 17, publicado en el Registro Oficial No. 873 de 20 de julio de

1959 como Patrimonio Natural de la Humanidad e incluido en la lista de Reserva de Biosfera, por su singular valor natural científico y educativo, que debe ser preservado a perpetuidad; por lo tanto, el Estado ecuatoriano, adquirió frente a las naciones del mundo el compromiso ineludible e histórico de conservar el Archipiélago de Galápagos o Colón para las presentes y futuras generaciones;

Que, mediante Decreto Supremo No. 561, publicado en el Registro Oficial No. 581 de 25 de junio de 1974, se aprueba y ratifica la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural adoptada en la ciudad de París el 23 de noviembre de 1972, en la que, su artículo 4 señala: «Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente (…)»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 968 de 22 de marzo de 2016, el Presidente Constitucional de la República declaró como prioridad en la formulación de políticas sobre el Patrimonio Natural, a la conservación de los ecosistemas marinos y biodiversidad, presentes en la zona de las islas Darwin y Wolf, ubicadas en la Reserva Marina de Galápagos, debido a su alto valor ecológico basado en la abundancia, movilidad, conectividad, endemismo y concentración de biodiversidad que los convierte en un santuario marino;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Señor Presidente Constitucional de la República nombra como Ministro del Ambiente al Licenciado Tarsicio Granizo Tamayo;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 026-A de 23 de marzo de 2016, publicado en el Registro Oficial No. 760 de 23 de mayo de 2016, el Ministro del Ambiente, con el fin de implementar la política de conservación de los ecosistemas marinos y biodiversidad presentes en las islas Darwin y Wolf, ubicadas en la Reserva Marina de Galápagos, y precautelar su valor ecológico, los establece como un Santuario Marino, el primero de su tipo dentro de la República del Ecuador, estableciendo que: «En esta zona de protección se prohíbe completamente la pesca y cualquier otra actividad extractiva, permitiéndose únicamente los usos establecidos en el sistema de zonificación de las Islas Galápagos «;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 162, publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 153 de 22 de julio de 2014, se expide el Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir, el cual en su numeral 7 sobre La Zonificación de las Áreas Protegidas de Galápagos en el contexto del Modelo de Ordenamiento Territorial determina la necesidad de elaborar un nuevo sistema de zonificación con los parámetros establecidos en este documento;

Registro Oficial N° 320 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – 13

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 093 de 01 de septiembre de 2016, publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 961 de 17 de marzo de 2017, el Ministerio del Ambiente reforma el Acuerdo Ministerial No. 026-A de 23 de marzo de 2016, señalando en la Disposición Transitoria Primera que: «Se establece el plazo de 1 año calendario a partir de la suscripción de esta reforma para la implementación de la zonificación, a través de un plan adaptativo. Se exceptúa de este período la Zona de Conservación ZC01. Santuario de Darwin, Wolf;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 073 de 31 de agosto de 2017, el Ministerio del Ambiente reforma el Acuerdo Ministerial No. 093 de 01 de septiembre de 2016 y fija como plazo hasta el 15 de noviembre de 2017 para la implementación del sistema de zonificación de las áreas protegidas de Galápagos, a través de un plan adaptativo, exceptuando de este período la Zona de Conservación ZC01;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 045 suscrito el 13 de abril de 2018 el Ministerio del Ambiente expide el «Reglamento Interno de Funcionamiento del Comité Técnico de Seguimiento de la Zonificación de las Áreas Protegidas de Galápagos»;

Que, el 14 de mayo de 2018 se llevó a cabo la reunión ampliada con las Cooperativas de Pesca de la isla San Cristóbal en donde se acordó realizar las reformas correspondientes al Acuerdo Ministerial No. 045 suscrito el 13 de abril de 2018;

Que, mediante Oficio Nro. CGREG-P-2018-0358-OF, de fecha 29 de mayo de 2018, se convocó a reunión extraordinaria del Pleno del Consejo de Gobierno de Régimen Especial de la provincia de Galápagos, en la cual conjuntamente con el Sector Pesquero Artesanal de Galápagos se acordó mediante acta de reunión las reformas pertinentes sobre el Acuerdo Ministerial No. 045 suscrito el 13 de abril de 2018;

Que, mediante memorando No. MAE-PNG/DIR-2018-0232-M de 26 de junio de 2018, la Dirección del Parque Nacional Galápagos remitió a la Coordinación General Jurídica, el Informe Técnico para la reforma al Acuerdo Ministerial No. 045 dentro del proceso de implementación de la zonificación de las áreas protegidas de la provincia de Galápagos, el cual concluye que: «Se recomienda proceder con la reforma al Acuerdo Ministerial Nro. 045 suscrito el 13 de abril de 2018, acogiendo los cambios que se encuentran establecidos y conforme Actas de Reunión de 31 de mayo de 2018. Los textos sugeridos y acordados con el SPAG para la reforma del AM 045, permite establecer un adecuado proceso de evaluación del nuevo sistema de zonificación de las áreas protegidas de Galápagos, el mismo que se realizará conforme lo establecido en el Comité de Seguimiento. Para la evaluación del sistema de zonificación de las áreas protegidas de Galápagos la DPNG elaborará un plan de monitoreo de los polígonos establecidos en la zonificación 2016. Para la evaluación del sistema de zonificación de las áreas protegidas de Galápagos la DPNG elaborará un plan de monitoreo de los polígonos establecidos en la zonificación 2016.

Posterior y una vez culminado el proceso de evaluación del sistema de zonificación de las áreas protegidas de Galápagos se ejecutará en un plazo no mayor a tres meses la implementación de este sistema de zonificación «; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

Acuerda:

REFORMAR EL ACUERDO MINISTERIAL

No. 045 SUSCRITO EL 13 DE ABRIL DE 2018

MEDIANTE EL CUAL SE

EXPIDIÓ EL REGLAMENTO INTERNO DE

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ

TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DE LA

ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS

PROTEGIDAS DE GALÁPAGOS

Art. 1.- Sustitúyase el literal d) del artículo 3 por el siguiente texto:

d. Sector Pesquero Artesanal, representado por un delegado de cada cooperativa de pesca de Galápagos.

Art. 2.- Sustitúyase la Disposición Reformatoria Primera; por el siguiente texto:

PRIMERA.- Sustitúyase la Disposición Transitoria Primera del Acuerdo Ministerial No. 093 de 01 de septiembre de 2016, publicado mediante Registro Oficial Edición Especial No. 961 de 17 de marzo de 2017; por el siguiente texto:

Se establece el plazo de un año a partir de la suscripción del presente Acuerdo Ministerial para la evaluación del sistema de zonificación de las áreas protegidas de Galápagos y posteriormente un máximo de tres meses para la implementación de la Zonificación definitiva, en base a los resultados de la evaluación, la aplicación del plan adaptativo y la correspondiente comparación con la zonificación provisional del año 2000.

Art. 3.- Sustitúyase la Disposición Reformatoria Segunda; por el siguiente texto:

SEGUNDA.- Inclúyase en el Acuerdo Ministerial No. 093 de 01 de septiembre de 2016, publicado mediante Registro Oficial Edición Especial No. 961 del 17 de marzo de 2017, la siguiente Disposición Transitoria:

QUINTA.- La prohibición a la que hace referencia el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 026-A publicado mediante Registro Oficial No. 760 del 23 de mayo de 2016 entrará en vigencia siempre y cuando la evaluación determine su pertinencia, caso contrario quedará insubsistente o se efectuará la correspondiente reforma.

Durante el periodo de evaluación e implementación del sistema de zonificación de áreas protegidas de Galápagos, se podrá realizar la actividad pesquera según lo establecido en la zonificación provisional del año 2000.

14 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 320

DISPOSICIÓN FINAL

Se ratifica el contenido del Acuerdo Ministerial No. 045 del 13 de abril de 2018 en todo aquello que no ha sido modificado por el presente instrumento.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese a la Dirección del Parque Nacional Galápagos.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 16 de julio de 2018.

Comuníquese y publíquese,

f.) Tarsicio Granizo Tamayo, Ministro del Ambiente.

No. 080

EL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66 numeral 13 reconoce y garantiza a las personas el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

Que, el numeral 6 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible;

Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala «las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica deberán remitirla a las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación «;

Que, a través del Decreto Ejecutivo N° 339, publicado en el Registro Oficial N° 77 del 30 de noviembre de 1998, el Presidente de la República, delegó a cada Ministro de Estado, la facultad para que de acuerdo al ámbito de su competencia, apruebe y reforme los Estatutos de las Organizaciones Sociales pertinentes;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, faculta a los Ministros de Estado para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización, establece lo siguiente: «Cuando la importancia económica o geográfica de la zona o la conveniencia institucional lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones. En estos documentos se establecerá el ámbito geográfico o institucional en el cual los funcionarios delegados ejercerán sus atribuciones. Podrán, asimismo, delegar sus atribuciones a servidores públicos de otras instituciones estatales, cumpliendo el deber constitucional de coordinar actividades por la consecución del bien común”.

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 250 de fecha 30 de diciembre de 2010, publicado en el Registro Oficial N° 394 del 28 de febrero del 2011, la Ministra del Ambiente, facultó al Coordinador General de Asesoría Jurídica varias de sus funciones, entre las que consta en el artículo 1, literal d) «Aprobar los Estatutos de corporaciones, fundaciones y asociaciones vinculadas a los ámbitos de competencia de este Ministerio y sus respectivas reformas; al igual que disolver, de forma motivada, las corporaciones, fundaciones y asociaciones conforme a la causales previstas en el Estatuto Social de cada organización «;

Que, mediante documento de control No. MAE-SG-2018-3553-E de fecha 23 de marzo de 2018, ingresa la solicitud y documentación requerida para la aprobación de la personalidad jurídica de las personas naturales agrupadas bajo la denominación de Fundación Paisajes Sostenibles, domiciliada en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, en la Av. Amazonas N° 35-55, Edificio Antisana 1, oficina 1002.

Que, la Coordinación General Jurídica mediante memorandos Nos. MAE-CGJ-2018-0996, 0997 y 0998-M de fecha 10 de abril de 2018, solicitó a la Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Nacional Forestal y Subsecretaría de Cambio Climático respectivamente emitan el informe técnico respecto de los objetivos y fines de la Pre – Fundación Paisajes Sostenibles».

Que, mediante memorandos MAE-DNB-2018-0792-M de fecha 27 de abril de 2018; MAE-SCC-2018-0302-M del 05 de junio de 2018 y MAE-DNF-2018-3812-M del 05 de julio de 2018; las diferentes unidades administrativas emiten sus informes sin observaciones.

Que, de la revisión del expediente se desprende que cumple con los requisitos y formalidades establecidos en la ley y en el Reglamento para el Otorgamiento de la Personalidad Jurídica de las Organizaciones Sociales;

Que, mediante memorando No. MAE-CGJ-2018-2044-M de fecha 10 de julio de 2018, se solicitó la autorización para proceder con la elaboración del respectivo Acuerdo Ministerial, lo cual fue aprobado mediante sumilla inserta en el Sistema de Gestión Documental – Quipux.

Registro Oficial N° 320 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – 15

2017, y en base a la delegación otorgada mediante Acuerdo Ministerial N° 250 de fecha 30 de diciembre del 2010, publicado en el Registro Oficial N° 394 del 28 de febrero del 2011;

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar el Estatuto de la Fundación PAISAJES SOSTENIBLES, domiciliada en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Av. Amazonas N° 35-55, Edificio Antisana 1, oficina 1002.

Art. 2.- Registrar en calidad de miembros fundadores a las siguientes personas:

MIEMBROS FUNDADORES

1.- Ana Cecilia Coral López C.C. 1307991966

2.- Max Rodrigo Lascano Vega C.C. 1712513603

3.- José Fernando Galindo Zapata C.C. 1708213648

4.- Jorge Renato Aguilar Muñoz C.C. 1715728091

Apoderado: Pablo Jorge Aguilar Rodríguez C.C. 1700366675

5.- Carla Ximena Cárdenas Monroy C.C. 1002357653

Apoderada: Yadira Paulina Baca Terán C.C. 1709240731

Art. 3.- Disponer que la Fundación PAISAJES SOSTENIBLES, ponga en conocimiento del Ministerio del Ambiente, la nómina de la directiva, según lo establecido en el artículo 16 del Decreto Ejecutivo No. 193, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 del 27 de octubre de 2017.

Art. 4.- La Coordinación General Jurídica de este Ministerio, inscribirá en el Registro General de Fundaciones y Corporaciones, a la Fundación PAISAJES SOSTENIBLES.

Art. 5.- La Coordinación General Jurídica de este Ministerio notificará con una copia del presente acuerdo a los interesados, conforme a lo dispuesto en los artículos 126 y 127 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. La organización social se someterá a la evaluación y control del Ministerio del Ambiente.

Art. 6.- El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir de la suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, 20 de julio de 2018.

COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE.

f.) Ab. Silvia Carolina Vásquez Villarreal, Coordinadora General Jurídica, Delegada del Ministro del Ambiente.

No. 084

EL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66 numeral 13 reconoce y garantiza a las personas el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

16 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 320

que disolver, de forma motivada, las corporaciones, fundaciones y asociaciones conforme a la causales previstas en el Estatuto Social de cada organización «;

Que, mediante documento de control No. MAE-SG-2018-7695-E de fecha 20 de junio de 2018, ingresa la solicitud y documentación requerida para la aprobación de la personalidad jurídica de las personas naturales agrupadas bajo la denominación de Fundación «Toisán» Medio Ambiente y Sostenibilidad, domiciliada en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, parroquia Calderón, calles San Camilo y San José, Conjunto Benevento, casa N° 27.

Que, la Coordinación General Jurídica mediante memorando N°. MAE-CGJ-2018-1846-M de fecha 22 de junio de 2018, solicitó a la Dirección Nacional de Biodiversidad emita el informe técnico respecto de los objetivos y fines de la Pre – Fundación Toisán Medio Ambiente y Sostenibilidad.

Que, mediante memorando MAE-DNB-2018-1444-M de fecha 24 de julio de 2018; la Dirección Nacional de Biodiversidad emite el informe sin observaciones.

Que, mediante memorando No. MAE-CGJ-2018-2303-M de fecha 30 de julio de 2018, se solicitó la autorización para proceder con la elaboración del respectivo Acuerdo Ministerial, lo cual fue aprobado mediante sumilla inserta en el Sistema de Gestión Documental – Quipux.

En uso de las atribuciones establecidas en el numeral primero del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; del Decreto Ejecutivo N° 193, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 109 del 27 de octubre de 2017, y en base a la delegación otorgada mediante Acuerdo Ministerial N° 250 de fecha 30 de diciembre del 2010, publicado en el Registro Oficial N° 394 del 28 de febrero del 2011;

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar el Estatuto de la Fundación «TOISÁN» Medio Ambiente y Sostenibilidad, domiciliada en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, parroquia Calderón, calles San Camilo y San José, Conjunto Benevento, casa N° 27.

Art. 2.- Registrar en calidad de miembros fundadores a las siguientes personas:

MIEMBROS FUNDADORES

1.- Jofre Hernán Proaño Castillo C.C. 1707384465

2.- Carlos Napoleón Viteri Gordillo C.C. 1703101608

3.- Juan Elias Enríquez Pozo C.C. 0400348785

4.- Rubén Oswaldo Carvajal Armas C.C. 1714292156

5.- Julio Miguel Cabezas Pinto C.C. 1703812519

Art. 3.- Disponer que la Fundación «TOISÁN» Medio Ambiente y Sostenibilidad, ponga en conocimiento del Ministerio del Ambiente, la nómina de la directiva, según lo establecido en el artículo 16 del Decreto Ejecutivo No. 193, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 del 27 de octubre de 2017.

Art. 4.- La Coordinación General Jurídica de este Ministerio, inscribirá en el Registro General de Fundaciones y Corporaciones, a la Fundación «TOISÁN» Medio Ambiente y Sostenibilidad.

Art. 6.- El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir de la suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, 07 de agosto de 2018.

COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE.

f) Ab. Silvia Carolina Vásquez Villarreal, Coordinadora General Jurídica, Delegada del Ministro del Ambiente.

N° 2018-039

Sr. Ing. Carlos Enrique Pérez García MINISTRO DE MINERÍA (E)

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Carta Magna señala que además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde a las ministras y ministros Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión […];

Que, el artículo 68 del Código Orgánico Administrativo dispone que: «La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los términos previstos en la ley»;

Registro Oficial N° 320 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – 17

Que, el artículo 82 del Código ibídem señala que: «Las competencias de un órgano administrativo pueden ser ejercidas por el jerárquico inferior en caso de ausencia del jerárquico superior. La subrogación únicamente se aplicará en los casos previstos en la ley»;

Que, el segundo inciso del artículo 4 de la Ley de Minería dispone […] Para el desarrollo de la política minera, su ejecución y aplicación, el Estado obrará por intermedio del Ministerio Sectorial y las entidades y organismos que se determinan en esta Ley […]’,

Que, el primer inciso del artículo 6 de la Norma ibídem establece, respecto del Ministerio sectorial, que […] es el órgano rector y planificador del sector minero. A dicho órgano le corresponde la aplicación de políticas, directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley, sus reglamentos y los planes de desarrollo que se establezcan a nivel nacional;

Que, el artículo 126 de la Ley Orgánica de Servicio Público, dispone: «Cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin perjuicio del derecho del titular»;

Que, el artículo 270 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público establece: «[…] A efectos de la subrogación se deberá cumplir con los requisitos del puesto a subrogarse y en junción de la misma se ejercerán las funciones correspondientes al puesto subrogado […]»;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece: «Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 578 de 13 de febrero de 2015, publicado en el Registro Oficial Nro. 448 de 28 de febrero de 2015, se crea el Ministerio de Minería de la siguiente manera: Artículo 1.- Escíndase del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, el Viceministerio de Minas y créase el Ministerio de Minería, como organismo de derecho público, con personería jurídica, patrimonio y régimen administrativo y financiero propio, con sede en la ciudad de Quito;

Que, con Decreto Ejecutivo Nro. 424 de 30 de mayo de 2018, suscrito por el señor Presidente Constitucional de la República, se encarga el Ministerio de Minería al ingeniero Carlos Enrique Pérez García;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 2018-030, de fecha 31 de mayo de 2018, se delegó las atribuciones y deberes del Viceministerio de Minería, en calidad Viceministro de Minería, al abogado Henry Mauricio Troya Figueroa;

Que, la máxima autoridad del Ministerio de Minería, comunicó su asistencia como parte de la comitiva oficial que acompañará al señor Presidente Constitucional de la República «al evento «Cumbre Global de Discapacidades» a realizarse el 24 de julio en Londres y al evento empresarial «Inversión e Innovación sobre Tecnología Energética» a realizarse el 25 de julio en Escocia «.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 154, número 1 de la Constitución de la República del Ecuador, los artículos 68 y 82 del Código Orgánico Administrativo, 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; y, Decreto Ejecutivo Nro. 424 de 30 de mayo de 2018, en calidad de Ministro de Minería Encargado:

Acuerda:

Artículo 1.- Delegar las atribuciones y deberes del Ministerio de Minería, en calidad de Ministro de Minería Subrogante, al abogado Henry Mauricio Troya Figueroa, del23al26dejuliode2018.

Artículo 2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, póngase el contenido del presente Acuerdo Ministerial, en conocimiento de la Secretaría General de la Presidencia de la República.

Artículo 3.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de julio del año 2018.

f.) Sr. Ing. Carlos Pérez García, Ministro de Minería (E).

N° 2018-040

Sr. Abg. Henry Mauricio Troya Figueroa MINISTRO DE MINERÍA (S)

Considerando:

18 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 320

avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los términos previstos en la ley»;

Que, el artículo 270 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público establece: «[…] A efectos de la subrogación se deberá cumplir con los requisitos del puesto a subrogarse y en función de la misma se ejercerán las funciones correspondientes al puesto subrogado […]»;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 2018-039, de 20 de julio de 2018, se delegó las atribuciones y deberes en su calidad de Ministro de Minería Subrogante, al abogado Henry Mauricio Troya Figueroa debido a que la máxima autoridad del Ministerio de Minería, comunicó su asistencia como parte de la comitiva oficial de la República del Ecuador «al evento «Cumbre Global de Discapacidades » a realizarse el 24 de julio en Londres y al evento empresarial «Inversión e Innovación sobre Tecnología Energética» a realizarse el 25 de julio en Escocia», solicitando que se realicen las gestiones necesarias para que la abogada Andrea Fernanda Balseca Vaca, Subsecretaría de Minería Industrial, subrogue las funciones de Viceministra desde el 23 al 26 de julio de 2018.

Acuerda:

Artículo 1.- Delegar las atribuciones y deberes del Viceministerio de Minería, en calidad de Viceministra de Minería Subrogante, a la abogada Andrea Fernanda Balseca Vaca, del 23 al 26 de julio de 2018.

Artículo 3.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, a los 23 días del mes de julio del año 2018.

f.) Sr. Abg. Henry Mauricio Troya Figueroa, Ministro de Minería (S).

Registro Oficial N° 320 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – 19

N° 2018-041

Sr. Abg. Henry Mauricio Troya Figueroa MINISTRO DE MINERÍA (S)

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Carta Magna señala que además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde a las ministras y ministros: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión […]»;

Que, el segundo inciso del artículo 4 de la Ley de Minería dispone: «[…] Para el desarrollo de la política minera, su ejecución y aplicación, el Estado obrará por intermedio del Ministerio Sectorial y las entidades y organismos que se determinan en esta Ley […]»;

Que, el artículo 5 de la Ley ibídem establece que: «el Sector minero estará estructurado entre otras instituciones por el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico «;

Que, el primer inciso del artículo 6 de la Norma ibídem establece, respecto del Ministerio sectorial, que: «[…] es el órgano rector y planificador del sector minero. A dicho órgano le corresponde la aplicación de políticas, directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley, sus reglamentos y los planes de desarrollo que se establezcan a nivel nacional. «;

Que, el artículo 7, literal a) de la Norma ibídem prevé que: «[…] le corresponde al Ministerio Sectorial el ejercicio de la rectoría de las políticas públicas del área geológico minero, la expedición de los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que, el artículo 10 de la Ley de Minería señala: «se crea el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, como institución pública encargada de realizar actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en materia Geológica, Minera y Metalúrgica «;

Que, el artículo 19 del Reglamento General de la Ley de Minería establece que: «el Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico, (INIGEMM) estará dirigido por un Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 578 de 13 de febrero de 2015, publicado en el Registro Oficial Nro. 448 de 28

de febrero de 2015, se crea el Ministerio de Minería de la siguiente manera: «Artículo 1.- Escíndase del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, el Viceministerio de Minas y créase el Ministerio de Minería, como organismo de derecho público, con personería jurídica, patrimonio y régimen administrativo y financiero propio, con sede en la ciudad de Quito. «;

Que, con Acuerdo Ministerial Nro. 2015-011 de fecha 12 de junio de 2015 publicado en el Registro Oficial No. 554 de 29 de julio de 2015, se designa al Ing. Byron Granda Delgado como Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico;

Que, mediante Resolución N° 003 del Directorio del Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico se aceptó la renuncia del Ing. Byron Rodrigo Granda Delgado al cargo de Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico, INIGEMM;

Que, con Resolución N° 004 del Directorio del Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico se resolvió designar como el nuevo Director Ejecutivo del INIGEMM al Ing. Martín Cordovez Dammer;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 424 de 30 de mayo de 2018, el Presidente de la República encarga el Ministerio de Minería al Ing. Carlos Enrique Pérez García;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 2018-039 de 20 de julio de 2018, se delegó las atribuciones y deberes en calidad de Ministro de Minería Subrogante, al Abg. Henry Mauricio Troya Figueroa;

Acuerda:

Artículo 1.- Agradecer los servicios prestados por el Ing. Byron Granda al Instituto Nacional de Investigación Geológica, Minero, Metalúrgico, INIGEMM.

Artículo 2.- Derogar el Acuerdo Ministerial N° 2015-011 de fecha 12 de junio del 2015, publicado en el Registro Oficial No. 554de29dejuliode2015.

Artículo 3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, póngase el contenido del presente Acuerdo Ministerial, en conocimiento de la Secretaría General de la Presidencia de la República.

Artículo 4.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

20 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 320

Dado en la ciudad de Manta, a los 26 días del mes de julio del año 2018.

f.) Sr. Abg. Henry Mauricio Troya Figueroa, Ministro de Minería (S).

N° 2018-042

Sr. Abg. Henry Mauricio Troya Figueroa MINISTRO DE MINERÍA (S)

Considerando:

Que, el artículo 211 de la norma ibídem determina: «La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos»;

Que, artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el artículo 227 ibídem determina: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;

Que, el artículo 68 del Código Orgánico Administrativo prevé que: «La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los términos previstos en la ley»;

Que, el número 22 del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece que la Contraloría General del Estado, además de las atribuciones y funciones establecidas en la Constitución de la República, tendrá, entre otras la siguiente: «Dictar regulaciones de carácter general para la práctica de la auditoría gubernamental;

la determinación de las responsabilidades de que trata esta Ley; el control de la administración de bienes del sector público; y, las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones «;

Que, la Contraloría General del Estado expidió el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bines e Inventarios del Sector Público;

Que, el artículo 175 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público señala: «Procedencia.- La incorporación de bienes e inventarios entre las entidades y organismos contenidos en el artículo 1 del presente reglamento procede cuando por mandato de la ley o de instrumento jurídico normativo de autoridad competente se dispone la extinción, fusión o adscripción de éstas y se establece en la normativa que el patrimonio de la entidad u organismo extinto pase al de nueva creación o a uno preexistente al cual se adscribe. «;

Que, el artículo 176 del Reglamento ibídem dispone: «Procedencia.- En la incorporación de bienes se estará al siguiente procedimiento: a) Los Guardalmacenes, o quienes hagan sus veces, de las entidades u organismos en liquidación, fusión o adscripción, junto con el de la sucesora en derecho, levantarán un informe técnico de los bienes y/o inventarios que constituyen el patrimonio de la entidad en liquidación, fusión o adscripción y lo elevarán ante el liquidador y a la máxima autoridad, respectivamente, para su aprobación, b) El liquidador de la entidad extinta, fusionada o adscrita y la máxima autoridad de la entidad sucesora en derecho, o su delegado, autorizarán la incorporación de bienes y/o inventarios mediante la suscripción de un «Acuerdo de Incorporación», c) Una vez suscrito el «Acuerdo de Incorporación » los bienes e inventarios de la entidad u organismo extinto deberán estar conciliados administrativa, contable y físicamente, d) El acta final de entrega recepción de los bienes sucedidos será suscrita por los encargados de los bienes e inventarios de las entidades suscriptoras del acuerdo. «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 399 de fecha 15 de mayo de 2018 el Presidente de la República del Ecuador, dispuso la fusión por absorción al Ministerio de Hidrocarburos de las siguientes instituciones: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio de Minería y la Secretaría de Hidrocarburos.

Que, con Decreto Ejecutivo Nro. 424 de fecha 30 de mayo de 2018, el Presidente de la República encarga el Ministerio de Minería al Ing. Carlos Enrique Pérez García;

Registro Oficial N° 320 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – 21

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 2018-039 de 20 de julio de 2018, se delegó las atribuciones y deberes en calidad de Ministro de Minería Subrogante, al Abg. Henry Mauricio Troya Figueroa; y,

Que, con Memorando Nro. MM-CGAF-2018-0074 de fecha 24 de julio de 2018, el Coordinador General Administrativo Financiero solicita al Coordinador General Jurídico la emisión del Acuerdo Ministerial, en el cual se nombre el liquidador del Ministerio, para la concreción del traspaso de bienes y su entrega formal desde el Ministerio de Minería al nuevo Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 154, número 1 de la Constitución de la República del Ecuador, los artículos 68 y 82 del Código Orgánico Administrativo, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y el Decreto Ejecutivo Nro. 424 de 30 de mayo de 2018, en calidad de Ministro de Minería Subrogante:

Acuerda:

Artículo 1.- Designar como liquidadora principal del Ministerio de Minería, a la servidora pública de la Dirección Administrativa, Carolina Lized Paz Lozada, con el fin que se desempeñe como tal en el proceso de fusión por absorción del Ministerio de Minería al nuevo Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

Artículo 2.- La liquidadora deberá informar, por escrito, todas las acciones tomadas durante el proceso de fusión a la Dirección Administrativa, esta última informará a la Coordinación General Administrativa Financiera, la cual será la encargada de entregar toda la información al titular de la Cartera de Estado.

Artículo 3.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial encárguese a la Coordinación General Administrativa Financiera del Ministerio de Minería.

Artículo 4.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de julio del año 2018.

f.) Sr. Abg. Henry Mauricio Troya Figueroa, Ministro de Minería (S).

No. 014-2018

Mgs. Boris Paúl Palacios Vásquez

MINISTRO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PÚBLICAS (E)

Considerando:

Que, el artículo 18 de la Constitución de la República, establece que: «Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información «;

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que a los Ministros y Ministras de Estado, les corresponde «(…) ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador señala: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. «;

Que, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), publicada en el Registro Oficial No. 34, Suplemento No. 337 de mayo 18 de 2004 establece: «Difusión de la información pública: Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria «;

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), publicada en el Registro Oficial No. 34, Suplemento No. 337 de mayo 18 de 2004, establece: «Todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, a través de su titular o representante legal, presentarán a la Defensorio del Pueblo, hasta el último día laborable

22 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 320

del mes de marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública «;

Que, mediante Resolución No. 004-DPE-CGAJ, emitida por el Defensor del Pueblo el 15 de enero de 2015, se aprueban los parámetros técnicos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa establecidas en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública cuyo objetivo fundamental es garantizar la publicación de la información obligatoria que todas las entidades poseedoras de información pública deben difundir;

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, establece: «La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley».

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que «Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República. (…);

Que, el inciso segundo del artículo 17, ibídem establece que: «Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 416 de 16 de mayo de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República me designó como Ministro de Transporte y Obras Públicas encargado;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 014, de 27 de marzo de 2015, la Ing. Paola Carvajal entonces Ministra de Transporte y Obras Públicas conforma el Comité de Transparencia, determinando las unidades poseedoras de la información;

Que, la Defensoría del Pueblo como órgano promotor del ejercicio y cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, en el monitoreo efectuado el día 30 de mayo de 2018 notificó las observaciones a la información que se difunde a través de las matrices homologadas dispuestas por la Defensoría del Pueblo, en las que estableció la necesidad de reestructurar la conformación del Comité de Transparencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y,

En ejercicio de las atribuciones y obligaciones que me concede el número 1 del artículo 154 de la Constitución de la República; y, los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:

Art. 1.- APROBAR la reestructuración del Comité de Transparencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y sus atribuciones en base a las disposiciones Constitucionales y legales vigentes.

Art. 2.- Funciones y responsabilidades: El Comité de Transparencia del MTOP, tiene la responsabilidad de recopilar, revisar y analizar la información; así como la aprobación y autorización para publicar la información institucional en el link de «Transparencia» de la página web institucional.

Remitirá mensualmente informe a la Máxima Autoridad, certificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y comunicando de ser el caso, sobre particularidades que requieran la toma de decisiones o correctivos.

Art. 3.- Integración del Comité de Transparencia del

MTOP: El Comité de Transparencia del MTOP estará integrado por:

El Coordinador General de Asesoría Jurídica quien lo Presidirá;
El Coordinador General de Planificación, quien actuará como Secretario General;
El Coordinador General Administrativo Financiero;
El Director de Administración de Talento Humano;
El Director Financiero;
El Director Administrativo;
El Director de Contratación Pública;
El Director de Créditos y Cooperación Internacional; y

• El Director de Comunicación Social y Atención al Ciudadano

Art. 4.- Responsabilidades de los integrantes del Comité de Transparencia.

Del Presidente del Comité de Transparencia:

1. Aprobar y autorizar la publicación de la información institucional en el link de «Transparencia» de la página web institucional del MTOP.

Registro Oficial N° 320 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – 23

Aprobar y autorizar el envío del informe mensual a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, certificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Acceso a la Información LOTAIP, debiendo alertar de las novedades que requieran la toma de decisiones o correctivos.
Incluir en el citado informe dirigido a la máxima autoridad de esta Cartera de Estado, la puntuación mensual obtenida por la institución, producto de la evaluación de monitoreo realizada por el Órgano Rector de Acceso a la Información Pública o quien hiciere sus veces.
Custodiar la documentación de todas las unidades poseedoras de la información que es aprobada por el Comité, y archivada por el Secretario del Comité, garantizando el acceso a la misma de cualquier miembro del Comité
Realizar las convocatorias a las reuniones del Comité de Transparencia.
Actualizar la información institucional y publicar lo dispuesto en el Art. 12 de la LOTAIP, en la plataforma tecnológica de la Defensoría del Pueblo hasta el último día hábil del mes de marzo de cada año.
Emitir criterios jurídicos respecto del cumplimiento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP.

Del Secretario del Comité de Transparencia:

Elaborar las actas de las reuniones, dando fe de la veracidad de su contenido, con el visto bueno del Presidente del Comité de Transparencia.
Archivar la documentación de todas las unidades poseedoras de la información que es aprobada por el Comité, debiendo remitir al Comité para su correspondiente custodia, garantizando el acceso a la misma de cualquier miembro del Comité.
Recopilar y consolidar mensualmente la información generada por las unidades poseedoras de la información, la que será validada y aprobada por el Comité de Transparencia.
Apoyar en sus funciones al Presidente del Comité de Transparencia.
Otras funciones que le sean atribuidas por el Comité de Transparencia.

Del responsable de la información del artículo 12 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP):

1. Recopilar y consolidar la información correspondiente a lo dispuesto en el art. 12 LOTAIP, remitida por las Subsecretarías Zonales y Direcciones Distritales del Transporte del MTOP.

2. Remitir al Comité de Transparencia la información consolidada del mes inmediatamente anterior, hasta el día 15 de cada mes.

Del administrador de contenidos del link de «Transparencia» de la página web institucional del MTOP:

Estructurar el link de «Transparencia» de la página web institucional del MTOP, garantizando su funcionamiento para el cumplimiento efectivo de lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).
Publicar la información validada y aprobada por el Comité de Transparencia en el link «Transparencia» de la página web institucional del MTOP, hasta el día 10 de cada mes.
Atender los requerimientos de las unidades poseedoras de la información tales como: link, homologación de matrices, soporte tecnológico; y, demás necesario para el cumplimiento efectivo de lo establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).

Art. 5.- Responsable institucional de atender la información pública.- Se designa al Coordinador General de Asesoría Jurídica como responsable de atender la información pública en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por tanto Presidente del Comité de Transparencia de la Institución.

Art. 6.- Responsable institucional de contestar las solicitudes de información pública.- Se designa al Coordinador General de Asesoría Jurídica en Planta Central y a los Subsecretarios Zonales y Direcciones Distritales del Transporte en cada una de sus unidades administrativas, como los responsables de contestar las solicitudes de información pública que ingresen los ciudadanos a esta Cartera de Estado.

Art. 7.- Responsable de la información del artículo 12 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).- Se designa al Director Administrativo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como el responsable de recopilar, consolidar y remitir la matriz que contiene la información, correspondiente a las solicitudes de información pública que ingresan los ciudadanos a esta Cartera de Estado, al Comité de Transparencia.

Las Subsecretarías Zonales y Direcciones Distritales del Transporte deberán remitir la matriz correspondiente a las solicitudes de información pública que hace referencia el artículo 12 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, que ingresan los ciudadanos en cada una de las unidades administrativas a cargo, al Director Administrativo hasta el día cinco (5) de cada mes o siguiente día laborable.

Art. 8.- Determinación de las Unidades Poseedoras de la Información MTOP.- A continuación se detalla

24 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 320

las Unidades Poseedoras de la Información (UPI) que serán responsables de la generación, custodia y consolidación de la información de cada uno de los literales del Art. 7 de la LOTAIP:

Literal

Descripción del Literal Art. 7 LOTAIP

Unidad Poseedora de la Información

a1)

Estructura Orgánica Funcional

Dirección de Administración de Talento Humano

a2)

Base Legal que lo rige

Coordinación General de Asesoría Jurídica

a3)

Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Coordinación General de Asesoría Jurídica

a4)

Metas y Objetivos de las unidades administrativas

Coordinación General de Planificación

b1)

Directorio completo de la institución

Dirección de Administración de Talento Humano

B2)

Distributivo de personal

Dirección de Administración de Talento Humano

La remuneración mensual por puesto e ingresos adicionales

Dirección de Administración de Talento Humano

Los servicios que ofrece, las formas de acceder y horarios de atención

Dirección de Comunicación Social

Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes

Coordinación General de Asesoría Jurídica

f1)

Los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites.

Dirección de Comunicación Social

f2)

Formulario de solicitudes de información pública

Dirección de Comunicación Social

Información del presupuesto anual que administra la institución

Dirección Financiera

Resultados de las auditorias internas y gubernamentales

Coordinación General Administrativa Financiera

Información completa y detallada de los procesos de contratación pública

Dirección de Contratación Pública

Listado de empresas y personas que han incumplido contratos

Coordinación General de Asesoría Jurídica

Planes y programas de la institución en ejecución

Coordinación General de Planificación

Contratos de crédito externo o internos

Dirección de Créditos y Cooperación Internacional

Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía

Coordinación General de Planificación

Viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional

Dirección Administrativa

Nombre, dirección de la oficina y dirección electrónica del responsable de atender la información pública

Coordinación General de Asesoría Jurídica

Art. 9.- Delegados Unidades Poseedoras de la Información.- Los titulares de las unidades poseedoras de la información, designarán un delegado de nombramiento permanente o provisional, para que cumpla con lo previsto en el presente instructivo. Para el efecto comunicarán los nombres y apellidos completos del servidor que asume la responsabilidad del suministro al Comité de Transparencia, así como los cambios de designación que se efectuarán.

Art. 10.- Entrega de la Información al Comité de Transparencia.- Las Unidades Poseedoras de la Información deberán entregar al secretario del Comité de Transparencia la información generada, producida o custodiada hasta el cinco (5) de cada mes o siguiente día laborable, utilizando las respectivas matrices homologadas y asignadas.

La Dirección Administrativa deberá entregar al Presidente del Comité de Transparencia la información consolidada de solicitudes de información que hayan ingresado a esta Cartera de Estado, hasta el quince (15) de cada mes o siguiente día laborable, utilizando la respectiva matriz homologada y asignada.

Art. 11.- Convocatoria.- El Comité de Transparencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es permanente y se reunirá periódicamente según lo establece la resolución 007-DPE-CGAJ de 15 de enero de 2015 o cuando las circunstancias así lo ameriten mediante convocatoria de su Presidente.

Registro Oficial N° 320 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – 25

La asistencia de sus miembros o sus delegados será obligatoria con el propósito de cumplir con los fines para los cuales ha sido conformado.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- Deróguese otras disposiciones administrativas que se opongan al presente Acuerdo Ministerial.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,

Publíquese y Comuníquese, dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 02 de agosto de 2018.

f.) Mgs. Boris Paúl Palacios Vásquez, Ministro de Transporte y Obras Públicas (E).

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

No. 0250-2018

EL VICEMINISTRO DE GOBERNANZA Y VIGILANCIA DE LA SALUD

Considerando:

Que, el Estado reconoce y garantiza a las personas, el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse de forma libre y voluntaria, así como las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos, conforme lo prescrito en los artículos 66 y 96 de la Constitución de la República del Ecuador;

Que, los estatutos de las corporaciones y fundaciones deben ser sometidos a la aprobación del Presidente de la República, conforme lo prescrito en el artículo 565 de la Codificación del Código Civil;

Que, el Presidente de la República, con Decreto Ejecutivo No. 339, publicado en el Registro Oficial No. 77 de 30 de noviembre de 1998, delegó a cada Ministro de Estado la facultad para que de acuerdo al ámbito de su competencia, apruebe y reforme los estatutos de las organizaciones pertinentes y les otorgue personalidad jurídica;

artículo 4 establece los tipos de organizaciones que se puede constituir: a saber fundaciones, corporaciones, u otras formas de organización social nacionales o extranjeras;

Que, el artículo 10 del Reglamento referido señala que las Fundaciones podrán constituirse por la voluntad de uno o más fundadores, que buscan o promueven el bien común de la sociedad e incluyen las actividades de promoción, desarrollo e incentivo de dicho bien en sus aspectos sociales, culturales, educacionales, así como en actividades relacionadas con la filantropía y beneficencia pública, entre otras;

Que; conforme consta en el Acta Constitutiva del décimo primer día de abril de 2018, los miembros de la Fundación para la Protección de los Animales Domésticos «La Casa de los Gatos» en constitución, se reunieron con la finalidad de constituir la referida organización y aprobar su estatuto, cuyo ámbito de acción es: «…buscará contribuir con la salud pública del Ecuador al promover el cuidado y respeto por los animales domésticos… «;

Que, el presidente provincial de la Fundación en constitución, mediante comunicación de 27 de junio de 2018, ingresada en esta Cartera de Estado el 16 de julio de 2018, solicitó la aprobación del estatuto y la concesión de personalidad jurídica de la referida organización para lo cual remito el Acta Constitutiva conjuntamente con el proyecto de estatuto y el documento que acredita el patrimonio de la organización;

Que, de la revisión y análisis del estatuto realizado por la Dirección Nacional de Consultoría Legal, que consta del «Informe de cumplimiento de requisitos de las organizaciones sociales y ciudadanas» No. DNCL-G-33-2018 de 19 de julio de 2018, se desprende que la Fundación para la Protección de los Animales Domésticos «La Casa de los Gatos», cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica de las organizaciones sociales; y,

En ejercicio de la atribución que le confiere el Acuerdo Ministerial No. 00005257 de 25 mayo de 2015, reformado con Acuerdo Ministerial No. 00005274 de 15 de julio de 2015

Acuerda:

Art. 1.- Conceder personalidad jurídica y aprobar el estatuto de la Fundación para la Protección de los Animales Domésticos «La Casa de los Gatos» con domicilio en la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas.

Art. 2.- La Fundación para la Protección de los Animales Domésticos «La Casa de los Gatos», deberá cumplir con todas las obligaciones previstas en el Reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 193 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017.

26 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 320

Disposición Final Única.- El presente Acuerdo Ministerial, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, a 01 de agosto de 2018.

f.) Dr. Carlos Duran Salinas, Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud.

Es fiel copia del documento que consta en el Archivo de la Dirección Nacional de Secretaría General al que me remito en caso necesario.- Lo certifico en Quito, a 02 de agosto de 2018.- f.) Ilegible, Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

No. 0251-2018

EL VICEMINISTRO DE GOBERNANZA Y VIGILANCIA DE LA SALUD

Considerando:

Que, con Decreto Ejecutivo No. 193 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017 se expidió el Reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales, cuyo artículo 4 establece los tipos de organizaciones que se puede constituir: a saber fundaciones, corporaciones, u otras formas de organización social nacionales o extranjeras;

desarrollo e incentivo de dicho bien en sus aspectos sociales, culturales, educacionales, así como en actividades relacionadas con la filantropía y beneficencia pública, entre otras;

Que; conforme consta en el Acta Constitutiva de 12 de febrero de 2018, los miembros de la Fundación Médica Sanar en constitución, se reunieron con la finalidad de constituir la referida organización y aprobar su estatuto, cuyo ámbito de acción es: «…brindar servicios médicos y desarrollar actividades de voluntariado y campañas de salud preventiva, con el fin de mejorar la condición de vida de los pobladores de la Provincia de Pichincha, así como de Chimborazo, Tungurahua, Bolívar y Cotopaxi… «;

Que, el abogado patrocinador de la Fundación en constitución, mediante comunicación de 3 de julio de 2018, solicitó la aprobación del estatuto y la concesión de personalidad jurídica de la referida organización para lo cual remitió el Acta Constitutiva conjuntamente con el proyecto de estatuto y el documento que acredita el patrimonio de la organización;

Que, de la revisión y análisis del estatuto realizado por la Dirección Nacional de Consultoría Legal, que consta del «Informe de cumplimiento de requisitos de las organizaciones sociales y ciudadanas» No. DNCL-G-32-2018 de 5 de julio de 2018, se desprende que la Fundación Médica Sanar, cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica de las organizaciones sociales; y,

En ejercicio de la atribución que le confiere el Acuerdo Ministerial No. 00005257 de 25 mayo de 2015, reformado con Acuerdo Ministerial No. 00005274 de 15 de julio de 2015

Acuerda:

Art. 1.- Conceder personalidad jurídica y aprobar el estatuto de la Fundación Médica Sanar, con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

Art. 2.- La Fundación Médica Sanar, deberá cumplir con todas las obligaciones previstas en el Reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 193 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017.

Disposición Final Única.- El presente Acuerdo Ministerial, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, a 01 de agosto de 2018.

f.) Dr. Carlos Duran Salinas, Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud.

Registro Oficial N° 320 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – 27

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

No. 0252-2018

EL VICEMINISTRO DE GOBERNANZA Y VIGILANCIA DE LA SALUD

Considerando:

Que, con Decreto Ejecutivo No. 193 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de

2017 se expidió el Reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales, cuyo artículo 14 establece los requisitos y procedimiento para la reforma de estatuto de las organizaciones;

Que; a través del Acuerdo Ministerial No. 1158 de 8 de diciembre de 2011, se aprobó el estatuto constitutivo y se otorgó personalidad jurídica a la Fundación TRIADA; y, con Acuerdo Ministerial No. 64 de 27 de junio de 2016 se aprobó la reforma al estatuto de mencionada Fundación.

Que, en Asamblea General Extraordinaria de 9 de mayo de

2018 los miembros de la Fundación TRIADA discutieron y aprobaron la reforma del estatuto de la organización, ámbito de acción es: «…ofrecer atención y tratamiento especializado a niños, adolescentes y adultos con discapacidad neurológica, y así mejorar su calidad de vida y su inserción en la sociedad. «;

Que, mediante comunicación de 16 de junio de 2018, el Presidente de la Fundación TRIADA solicitó la reforma del estatuto de la referida organización; y,

Que, de la revisión y análisis de la documentación remitida realizada por la Dirección Nacional de Consultoría Legal, que consta del «Informe de cumplimiento de requisitos de las organizaciones sociales y ciudadanas» No. DNCL-G-11-2018 de 2 de julio de 2018, se desprende que la Fundación TRIADA, cumple con los requisitos

establecidos en el Reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales;

En ejercicio de la atribución que le confiere el Acuerdo Ministerial No. 00005257 de 25 mayo de 2015, reformado con Acuerdo Ministerial No. 00005274 de 15 de julio de 2015

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar la reforma y codificación del estatuto de la Fundación TRIADA, con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

Art. 2.- La Fundación TRIADA deberá cumplir con todas las obligaciones previstas en el Reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales expedido con Decreto Ejecutivo No. 193 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017.

Disposición Final Única.- El presente Acuerdo Ministerial, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, a 01 de agosto de 2018.

f.) Dr. Carlos Duran Salinas, Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud.

Nro. RE-2018-112

EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN

Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO, ARCH

Considerando:

Que, el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador de la Carta Magna establece que: «El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia (…)

(…) Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley»;

28 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 320

Que, el número 11 del artículo 261 de la Carta Fundamental, establece que el Estado Central, tiene competencia exclusiva sobre los hidrocarburos;

Que, el artículo 227 de la Carta Magna, dispone que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia evaluación»;

Que, el artículo 226 ibídem, establece que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos, establece que: «El transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación, industrialización, almacenamiento y comercialización, serán realizadas directamente por las empresas públicas, o por delegación por empresas nacionales o extranjeras de reconocida competencia en esas actividades, legalmente establecidas en el país, asumiendo la responsabilidad y riesgos exclusivos de su inversión y sin comprometer recursos públicos, (…) «;

Que, el artículo 9 de la Ley de Hidrocarburos establece que la industria petrolera es una actividad altamente especializada, por lo que será normada por la Agencia de Regulación y Control, que esta normatividad comprenderá lo concerniente a la prospección, exploración, explotación, refinación, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización de los hidrocarburos y de sus derivados, en el ámbito de su competencia;

Que, el artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos, crea la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH, como organismo técnico-administrativo, encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o privadas, nacionales, extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones, u otras formas contractuales y demás personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el Ecuador; y entre sus atribuciones están el control técnico de las actividades hidrocarburíferas, la correcta aplicación de la Ley de Hidrocarburos, sus reglamentos y demás normativa aplicable en materia hidrocarburífera;

Que, el artículo 65 de la Ley de Hidrocarburos, dispone que, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero establecerá las tarifas para el transporte terrestre de hidrocarburos y derivados;

Que, el artículo 82 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva señala que: «(…) En situaciones excepcionales y siempre que se trate de actos normativos referidos exclusivamente a potestades de

los poderes públicos o en casos de urgencia debidamente justificada, se podrá disponer que surtan efecto desde la fecha de su expedición (…) «;

Que, el Artículo 1 del «Instructivo para fijación de tarifas de transporte terrestre de combustibles líquidos derivados del petróleo (exceptuando GLP) «, que consta en la Resolución Nro. 003-DIRECTORIO-ARCH-2015, publicada en el Registro Oficial No. 566 de 17 de agosto de 2015, dispone: «Objeto.- El presente Instructivo tiene por objeto establecer los requisitos y el procedimiento administrativo para la fijación de la tarifa a aplicarse en diferentes rutas para el transporte de combustibles líquidos de derivados del petróleo, exceptuando Gas Licuado de Petróleo.»;

Que, el Artículo 9 Ibídem dispone: «Autorización.-Cumplidos los requisitos establecidos en este Instructivo y fundamentado en el informe técnico, el Director Ejecutivo o su delegado, emitirá una resolución con la ruta y el valor de la tarifas de transporte terrestre de combustibles líquidos de derivados del petróleo entre terminales y depósitos de almacenamiento (incluido terminales aeroportuarios), documento que deberá contener lo siguiente: a) Los datos de identificación en los que se incluya la ubicación geográfica del o los terminales, depósitos de abastecimiento de la EP PETROECUADOR (incluido aeropuertos) y terminales de Gas Licuado de Petróleo y Gas Natural de la EP PETROECUADOR. b) Segmentos al cual abastecerá. «;

Que, el número 11.1.2 Gestión Ejecutiva del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH dispone: «Atribuciones y Responsabilidades. 22. Establecer tarifas para el transporte terrestre de hidrocarburos y derivados de petróleo»;

Que, con Oficio Nro. 12633-VMI-EST-2018 de 16 de mayo de 2018, la Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR, solicita a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, «(…) se establezcan las tarifas de transporte de combustibles para las rutas requeridas, de los centros de distribución de propiedad de EP PETROECUADOR, según se detalla en el cuadro adjunto (Detalle de Rutas) «;

Que, mediante Memorando Nro. ARCH-DCTC-2018-0227-ME de 03 de julio de 2018, la Dirección de Control Técnico de Combustibles, emite el Informe Técnico de Inspección de Rutas y recomienda fijar la tarifa por transferencia de combustibles que reconocerá la Empresa Pública EP PETROECUADOR, a las personas naturales y jurídicas que realicen las actividades de transporte de transferencia de combustibles para las rutas indicadas; y solicita se proceda con el análisis de carácter jurídico y normativo (Tarifas de Fletes de Transporte Terrestre de Combustibles para Estaciones de Servicio de Frontera de La Provincias De Sucumbíos, Esmeraldas y Depósitos de Pesca Artesanal de Esmeraldas);

Que, mediante Memorando Nro. ARCH-DRN-2018-0124-ME de 05 de julio de 2018 la Dirección de Regulación y Normativa, manifiesta que: «(…) luego de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el «Instructivo para fijación de tarifas de transporte

Registro Oficial N° 320 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – 29

terrestre de combustibles líquidos derivados del petróleo (exceptuando GLP)», y basado en el informe técnico-económico presentado por la Dirección de Control Técnico de Combustibles, esta Dirección considera que el proyecto cumple con el Marco normativo correspondiente, por lo que es procedente continuar con el proceso de oficialización. Solicito a su Dirección, analizar el proyecto, emitir el respectivo pronunciamiento jurídico y presentar el proyecto para la aprobación del Director Ejecutivo de la ARCH.»;

Que, mediante Memorando ARCH-DAJ-2018-0277-ME de 06 de julio de 2018, la Dirección de Asesoría Jurídica, indica que: «(…) acogiendo el Informe Técnico contenido en el Memorando Nro. ARCH-DCTC-2018-0227-ME de 03 de julio de 2018 y el Informe Normativo de la Dirección de Regulación y Normativa, emitido mediante Memorando Nro. ARCH-DRN-2018-0124-ME de 05 de julio de 2018; y, de conformidad con lo establecido en el Art. 65 de la Ley de Hidrocarburos, le corresponde a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero establecer las tarifas para el transporte terrestre de hidrocarburos y derivados, por lo que ésta Dirección de Asesoría Jurídica considera

que el proyecto de fijación de tarifas fletes de transporte terrestre de combustible para estaciones de servicio de frontera de las provincias de Sucumbíos, Esmeraldas y depósitos de pesca artesanal de Esmeraldas, se ajustan a la Constitución y ala Ley, y consecuentemente se recomienda al Director Ejecutivo la fijación de la tarifa solicitada por la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, para lo cual se adjunta el Proyecto de Resolución (…) «; y,

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos y el número 11.1.2 numeral 22 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH,

Resuelve:

Artículo 1.- Fijar las tarifas de flete de transporte terrestre de combustible, que la Empresa Pública EP PETROECUADOR, debe cancelar a los transportistas que realicen la transferencia del combustible en las rutas aquí descritas, deberán ajustarse al siguiente detalle:

TARIFA PARA FLETE DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE COMBUSTIBLE PARA LAS RUTAS

PRINCIPALES Y EMERGENTES

DETALLE DE LAS RUTAS PRINCIPALES

FLETE EN US $ /GALÓN /VIAJE REDONDO

DIESEL

GASOLINAS

Terminal Beaterío (Pichincha) – Estación de servicio Sucumbíos (Sucumbíos)

$ 0,06954492

$ 0,06545663

Terminal Shushufindi (Sucumbíos) – Estación de servicio Sucumbíos (Sucumbíos)

$0,02629112

$ 0,02527855

Terminal Beaterío (Pichincha) – Estación de servicio Lago Agrio (Sucumbíos)

$ 0,06916350

$0,06511421

Terminal Shushufindi (Sucumbíos) – Estación de servicio Lago Agrio (Sucumbíos)

$ 0,02842448

$ 0,02732677

Terminal Beaterío (Pichincha) – Estación de servicio Nueva Loja (Sucumbíos)

$ 0,06865055

$ 0,06465371

Terminal Shushufindi (Sucumbíos) – Estación de servicio Nueva Loja (Sucumbíos)

$ 0,02830716

$ 0,02720814

Terminal Shushufindi (Sucumbíos) – Estación de servicio Lumbaqui (Sucumbíos)

$ 0,04304597

$0,04117139

Terminal Shushufindi (Sucumbíos) – Estación de servicio Cuyabeno (Sucumbíos)

$ 0,04233732

$0,04051524

Terminal Shushufindi (Sucumbíos) – Estación de servicio Putumayo (Sucumbíos)

$ 0,06140356

$ 0,05814767

Terminal Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas) – Estación de servicio Esmeraldas (Esmeraldas)

$ 0,05528768

$ 0,05265710

Terminal Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas) – Estación de servicio Lita (Imbabura)

$ 0,08102699

$ 0,07576474

Terminal Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas) – Estación de servicio Pailón (Esmeraldas)

$ 0,07230693

$ 0,06793624

Terminal Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas) – Estación de servicio San Lorenzo (Esmeraldas)

$ 0,07404305

$ 0,06949486

Terminal Esmeraldas (Esmeraldas) – Depósito de pesca artesanal Rocafuerte (Esmeraldas)

$0,02971800

$ 0,02882764

Terminal Esmeraldas (Esmeraldas) – Depósito de pesca artesanal Limones (Esmeraldas)

$ 0,04922023

$ 0,04752728

30 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 320

Terminal Esmeraldas (Esmeraldas) – Depósito de pesca artesanal Tonchigue (Esmeraldas)

$ 0,02225539

$ 0,02166772

Terminal Esmeraldas (Esmeraldas) – Depósito de pesca artesanal Chamanga (Esmeraldas)

$ 0,04766653

$ 0,04593387

Terminal Esmeraldas (Esmeraldas) – Depósito de pesca artesanal Cojimíes (Esmeraldas)

$ 0,06291428

$ 0,05996890

Artículo 2.- Dejar sin efecto cualquier norma o disposición, de igual o menor jerarquía, que se contraponga a la presente resolución.

Vigencia: La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

DADO, en Quito, D.M., a 11 de julio de 2018.

f.) Ing. Raúl Darío Baldeón López, Director Ejecutivo, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH.

Nro. RE-2018-115

EL DIRECTORIO DE LA

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL

HIDROCABURÍFERO

Considerando:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: «(…) Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. «;

Que, el articulo 226 Ibídem, establece que «las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el número 11 del artículo 261 de la Carta Magna, establece que, el Estado Central tiene competencia exclusiva sobre los hidrocarburos;

Que, el artículo 313 de la Constitución ibídem, dispone: «(….) el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, entre ellos los recursos naturales no renovables, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia (…) «;

Que, el artículo 314 de la Ley Suprema, establece que, el Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos, garantizará que éstos respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad,

continuidad y calidad; así como dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación;

Que, el numeral 1 del artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, establece que: Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes;

Que, el Articulo 82 ibídem, determina que: «Subrogación.-Las competencias de un Órgano Administrativo pueden ser ejercidas por el jerárquico inferior en caso de ausencia de jerárquico superior».

Que, el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos dispone que el transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación, industrialización, almacenamiento y comercialización, serán realizados directamente por las empresas públicas, o por delegación por empresas nacionales o extranjeras de reconocida competencia en esas actividades, legalmente establecidas en el país, asumiendo la responsabilidad y riesgos exclusivos de su inversión y sin comprometer recursos públicos;

Que, el artículo 9 Ibídem, establece que: «(…) la industria petrolera es una actividad altamente especializada, por lo que será normada por la Agencia de Regulación y Control. Esta normatividad comprenderá lo concerniente a la prospección, exploración, explotación, refinación, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización de los hidrocarburos y de sus derivados, en el ámbito de su competencia»;

Que, el artículo 11 de la citada Ley, dispone la creación de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero; ARCH, como organismo técnico-administrativo, encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria

Registro Oficial N° 320 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – 31

hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o privadas, nacionales, extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones, u otras formas contractuales y demás personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el Ecuador; y que entre sus atribuciones están el control técnico de las actividades hidrocarburíferas, y la correcta aplicación de la Ley de Hidrocarburos, sus reglamentos y demás normativa aplicable en materia hidrocarburífera;

Que, la letra g) del artículo 11 Ibídem, dispone que es atribución de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero; intervenir, directamente o designando interventores, en las operaciones hidrocarburíferas de las empresas públicas, mixtas y privadas para preservar los intereses del Estado;

Que, los numerales 1,2 y 4 del artículo 24 del Reglamento de Aplicación a la Ley reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 546, publicado en el Registro Oficial Nro. 330 del 29 de noviembre de 2010, establece que es atribución de la Agencia de Regulación y control Hidrocarburífero, ejercer el control de todas las actividades relacionadas con el uso, manejo, tratamiento, exploración, producción, comercialización, almacenamiento y transporte de Hidrocarburos, para cuyo efecto, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, son sujetos de control;

Que, con Acta de Directorio Extraordinario de la ARCH, No. 02-DIRECTORIO EXTRAORDINARIO-ARCH-2016 de 03 de mayo del 2016, se designa al Ing. Raúl Baldeón López, como Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero – ARCH;

Que, mediante Resolución No. 396-ARCH-2013 de 16 de diciembre del 2013, el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero -ARCH, Resuelve: «Intervenir la operación de la Planta de Licuefacción de Gas Natural, almacenamiento, despacho y transporte de Gas Natural Líquido (GNL), así como el manejo y uso de los sistemas de Almacenamiento, despacho y transporte de Gas Natural, ubicada en Bajo Alto, Parroquia Tendales, Cantón el Guabo, Provincia de El Oro, de la empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, (…)»

Que, mediante resolución Nro. 240-ARCH-2014 de diciembre de 2014, el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, (ARCH) resuelve: «Renovar, la intervención de Licuefacción de Gas Natural, ubicada en la localidad de Bajo Alto, Parroquia Tendales, Cantón el Guabo, Provincia del Oro, de la empresa pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, con la FINALIDAD DE CONTROLAR Y REGULAR la ejecución de trabajos de remodelación integral total de dicha planta, (…)»;

Que, con resolución 284-ARCH-DAJ-2015, de 23 de diciembre del 2015, el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero encargado, resuelve: «RENOVAR la intervención de la planta de licuefacción de Gas Natural (GLL), ubicada en la localidad de Bajo Alto (…);

Que, con resolución No. 307-ARCH-DAJ-2016 de 06 de enero del 2016, el Director Ejecutivo (E), Resuelve: Reformar el Artículo 2 de la Resolución No. 284-ARCH-DAJ-2015 de 23 de diciembre del 2015, en la cual se designa a los nuevo integrantes de la Comisión de Intervención de la planta de GNL (…)»;

Que, Mediante Resolución Nro. RE-2016-025 de fecha 18 de noviembre de 2016 el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero – ARCH reforma la Resolución No. 284-ARCH-DAJ-2015 de 23 de diciembre de 2015 y la Resolución No. 307-ARCH-DAJ-2016 de 6 de enero de 2016, sobre la renovación de la intervención a la planta de licuefacción de gas natural (GNL), ubicada en la localidad Bajo Alto, Parroquia Tendales, Cantón el Guabo, en sus artículos 1, 2 y 3 respectivamente;

Que, mediante resolución Nro. 052 de 23 de Diciembre de 2016, el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero – ARCH, resuelve: «Renovar el proceso de intervención de la planta de Licuefacción de Gas natural, almacenamiento, despacho y transporte de Gas Natural líquido (GNL), ubicada en Bajo Alto, Parroquia Tendales, Cantón el Guabo, Provincia El Oro, de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, en el marco de la cual la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero realice el control técnico a los trabajos que se efectúen para la rehabilitación integral (civil, mecánica, eléctrica, instrumentación, y otras) de las instalaciones.»;

Que, mediante memorando Nro. ARCH-L-2017-1851-ME de fecha 20 de diciembre de 2017 dirigido al Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero-ARCH, la Comisión de Intervención, recomienda «Renovar la Intervención a la planta de licuefacción de gas natural, con la finalidad de que la ARCH, controle y regule la ejecución de los trabajos que deben ser ejecutados para la continuidad de sus operaciones, una vez que la comisión Multidisciplinaria conformada por la Gerencia de Transporte de EP PETROECUADOR, determine las acciones a realizar.»

Que, mediante Resolución Nro. RE-2017-247 de fecha 26 de diciembre de 2017, la Directora Ejecutiva Suplente de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero -ARCH, resuelve: Renovar el proceso de intervención de la planta de licuefacción de Gas Natural, almacenamiento, despacho y transporte de Gas Natural Líquido (GNL), ubicada en Bajo Alto, Parroquia Tendales, Cantón el Guabo, Provincia de El Oro, de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, en el marco de la cual la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero – ARCH, realice el control técnico de los trabajos que se ejecuten para la rehabilitación integral (civil, mecánica, eléctrica, instrumentación, y otras), de las instalaciones;

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos y, 24 (número 4) del

32 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 320

Reglamento de Aplicación a la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, en concordancia con los Artículos 69 y 82 del Código Orgánico Administrativo COA,

Resuelve:

Articulo 1.- Renovar el proceso de intervención de la planta de licuefacción de Gas Natural, almacenamiento, despacho y transporte de Gas Natural líquido (GNL), ubicada en Bajo Alto, Parroquia Tendales, Cantón El Guabo, Provincia de El Oro, de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, en el marco de la cual la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero realice el control técnico a los trabajos que se efectúen para la rehabilitación integral (civil, mecánica, eléctrica, instrumentación, y otras) de las instalaciones.

Artículo 2.- Designar a los siguientes integrantes de la ARCH como parte de la «Comisión de Intervención de la Planta de GNL»:

a) Ing. Freddy Obando Pillajo (Coordinador de la Comisión)

b) Ing. Ana Ortíz Delgado e) Dra. Karen Burbano

Ing. Rubén Darío Grandes
Ing. Mariela Barrezueta

Artículo 3.- Considerando que la responsabilidad de los procesos precontractuales, contractuales, así como de la sostenibilidad de la ejecución del proyecto, de los costos y de la calidad de los trabajos de la rehabilitación de la Planta de GNL de Bajo Alto es exclusivamente de la EP PETROECUADOR; la Comisión de Intervención tendrá las siguientes atribuciones:

a. Participar en sesiones de trabajo con contratistas, Gerencia de Transportes de EP Petroecuador y la fiscalizadora del proyecto de Rehabilitación, que permita a la Comisión de intervención hacer el seguimiento de la rehabilitación civil, mecánica, eléctrica, instrumentación, control y otras;

b. Requerir información de la EP PETROECUADOR y Fiscalizadora, sobre el proyecto de rehabilitación de la Planta de GNL.

c. Coordinar el seguimiento de las actividades más sensibles del proyecto de Rehabilitación de la Planta de GNL;

d. Verificar el cumplimiento del cronograma de trabajos en cada frente, de acuerdo a lo establecido por EP PETROECUADOR,

e. Requerir a la EP PETROECUADOR la información propia, de la Fiscalizadora y/o de contratistas respecto a los trabajos, novedades y especificaciones técnicas de los equipos a ser sustituidos o reparados;

f. Informar mensualmente a la Dirección Ejecutiva y a la Dirección Técnica de Control de Hidrocarburos, con conocimiento de la Dirección Regional El Oro ARCH todos los aspectos referentes al proceso de intervención de la Planta de Licuefacción de Gas Natural;

g. Presenciar las pruebas de la automatización y de las herramientas de control del Proceso de licuefacción;

h. Presentar informes técnicos a la Dirección Ejecutiva, referentes a incumplimientos por parte de EP PETROECUADOR respecto del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Comisión; y,

i. Las demás tareas de control de las pruebas y los protocolos para determinar la máxima carga real de la Planta de GNL.

Artículo 4.- La presente Resolución tendrá vigencia hasta el 28 de diciembre de 2018.

Artículo 5.- Disponer que ésta Resolución sea comunicada a la EP PETROECUADOR, a los miembros de la Comisión de Intervención y a la Dirección Administrativa-Financiera de la ARCH.

PUBLIQUESE Y COMUNÍQUESE,

Dado en Quito, D.M., a 16 de julio de 2018.

f.) Ing. Raúl Baldeón López, Director Ejecutivo, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero-ARCH.

Nro. CNII-ST-RA-002-2018

EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

NACIONAL PARA LA IGUALDAD

INTERGENERACIONAL

Considerando:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República señala que: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada»; (…), «La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución «;

Que, el numeral 8) del Art. 3 de la Constitución de la República, dice que, entre uno de los deberes primordiales del Estado, está: «Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción «;

Registro Oficial N° 320 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – 33

Que, el artículo 61 en sus numerales 2 y 5 indica que los ecuatorianos y ecuatorianas gozan de derechos de participación en asuntos de interés público y en la fiscalización de los actos de poder;

Que, el numeral 8 del artículo 83 de la Constitución de la República determina como deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos: «Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción «;

Que, el artículo 157 de la Constitución de la República señala que: «Los Consejos Nacionales para la Igualdad se integrarán de forma paritaria por representantes de la sociedad civil y del Estado; estarán presididos por quien represente a la Función Ejecutiva y su estructura se regulará por los principios de alternabilidad, participación democrática, inclusión y pluralismo «;

Que, el artículo 204 de la Constitución de la República establece que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación;

Que, el artículo 233 de la Carta Magna establece que: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos»‘,

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República señala que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, dispone: «Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público»;

Que, el segundo inciso del artículo 297 de la Constitución de la República establece que las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público;

Que, el Ecuador es suscriptor de la convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada mediante Decreto Ejecutivo 340 publicado en el Registro Oficial 756 de 05 de agosto de 2005, misma que tiene como finalidad promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; y, promoverla integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos;

Que, el 07 de julio de 2014, se publicó en el Registro Oficial Suplemento 283, la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, en su artículo 1: «(…) establecer el marco institucional y normativo de los Consejos Nacionales para la Igualdad, regular sus fines, naturaleza, principios, integración y funciones de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador. «;

Que, el numeral 5 del artículo 12 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad dispone entre otras atribuciones y funciones del Secretario Técnico Nacional, la dirección de la gestión administrativa, financiera y técnica de los Consejos Nacionales para la Igualdad;

Que, el artículo 11 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, prevé la representación legal, judicial y extrajudicial de los Consejos Nacionales para la Igualdad, por parte de los Secretarios Técnicos;

Que, el literal a) del artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Pública, manda que es deber de las y los servidores públicos: «Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley»;

Que, el literal b) del artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Pública, señala que es deber de las y los servidores públicos: «Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficacia, calidez, solidaridad y en junción del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades»;

Que, el literal e) del artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Pública, señala que es deber de las y los servidores públicos: «Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda, administración o utilización de conformidad con la ley y las normas secundarias»;

Que, el literal h) del artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público establece como uno de los deberes de los servidores públicos: «Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión «;

Que, el artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece como prohibiciones de los servidores públicos y servidoras públicas, entre otros, los siguientes: «(…) c) Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos o la prestación del servicio que está obligado de acuerdo a las funciones de su cargo; d) Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas recomendadas por superiores, salvo los casos de personas inmersas en grupos de atención prioritaria, debidamente justificados; e) Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturales o utilizar, con este y otros fines, bienes del Estado; i) Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras

34 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 320

directa o indirectamente, con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado, en los casos en que el servidor público, en razón de sus funciones, deba atender personalmente dichos asuntos; j) Resolver asuntos, intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado, por si o por interpuesta persona u obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta prohibición se aplicará también para empresas, sociedades o personas jurídicas en las que el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan interés; k) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones, para sí, sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos constituyan delitos tales como peculado, cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito; l) Percibir remuneración o ingresos complementarios, ya sea con nombramiento o contrato, sin prestar servicios efectivos o desempeñar labor específica alguna, conforme la normativa de la respectiva institución; (…) o) Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales»;

Que, con Acuerdo Ministerial Nro. 169 de 27 de octubre de 2017, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 117 de 10 de noviembre de 2017 se expide la Norma Técnica de Sustanciación de Sumarios Administrativos para las y los Servidores Públicos, cuya última reforma se emite el 02 de abril de 2018;

Que, con Resolución Nro. 003-ST-CNII-2016 de 18 de julio de 2016, publicada en el Registro Oficial Nro. 853 de 03 de octubre de 2016, se expide el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional;

Que, con Decreto Ejecutivo Nro. 21 Publicado en el Registro Oficial, Segundo Suplemento Nro. 16 de 16 de junio de 2017, se declara como política prioritaria de Gobierno, el fortalecimiento de la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción en todas sus formas;

Que, en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 «Toda una Vida», se establece como Objetivo Nro. 8 el promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social, estableciendo como políticas: 8.1 Impulsar una nueva ética laica, basada en la honestidad, la solidaridad, la corresponsabilidad, el diálogo, la igualdad, la equidad y la justicia social como valores y virtudes que orienten el comportamiento y accionar de la sociedad y sus diversos sectores. 8.2 Fortalecer la transparencia en la gestión de instituciones públicas y privadas y la lucha contra la corrupción, con mejor difusión y acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social;

Que, en el Referéndum y Consulta Popular realizados el 4 de febrero de 2018, se consultó al pueblo ecuatoriano: «¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? «;

Que, de acuerdo con los resultados del Referéndum y Consulta Popular publicados por el Consejo Nacional Electoral, la pregunta «¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes?», obtuvo el 73.71% de aceptación a nivel nacional.

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 319 de 20 de febrero de 2018, se realiza el encargo de la representación de la Función Ejecutiva ante el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional a Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión Económica y Social;

Que, el 01 de marzo de 2018, mediante Resolución N° 002-CNII-2018, la Presidenta del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Berenice Cordero Molina, designó al Psic. Nicolás Reyes Morales, como Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional;

Que, el 17 de junio del 2018, con Decreto Ejecutivo N° 434, el Presidente Constitucional de la República Lenin Moreno Garcés, expide la reforma al Decreto Ejecutivo N° 319 de 20 de febrero del 2018, respecto a la designación de los titulares de las Carteras de Estado en representación de la Función Ejecutiva ante los Consejos Nacionales para la Igualdad, designado, así como titular para el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional al/la Ministro/a de Inclusión Económica y Social;

Que, la corrupción constituye una amenaza constante para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, comprometiendo los recursos del Estado y resquebrajando los cimientos de la estabilidad política nacional;

Que, la corrupción es un problema que debe ser enfrentado de manera integral por todas las entidades públicas, el sector privado y la sociedad en general;

Que, es necesario definir estrategias y acciones concretar para una acción integral, compartida, articulada y conjunta de las entidades públicas y la sociedad civil en la lucha contra la corrupción;

Que, el Gobierno Nacional ha expresado su voluntad para trabajar con todos los sectores de la sociedad ecuatoriana y construir un país que proteja los valores de la honestidad y corresponsabilidad y un Estado más próximo a sus ciudadanos, transparente y eficiente;

Registro Oficial N° 320 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – 35

Que, con el fin de promover la política del Gobierno Nacional en fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción, dentro de las instituciones del Ejecutivo, es importante contar con un Código de Cero Tolerancia a la Corrupción;

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 5 del Art. 12 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad,

Resuelve:

EXPEDIR EL CÓDIGO CERO TOLERANCIA A LA

CORRUPCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA

LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL

CAPÍTULO I

DE LOS OBJETIVOS, ÁMBITO

DE APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Art. 1.- Objetivo.- El Código Cero Tolerancia a la Corrupción del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional tiene como objetivo preservar, reafirmar y garantizar los principios y valores en las diferentes actividades que realicen las y los funcionarios y las y los trabajadores, para cumplir sus tareas con los más altos estándares éticos y así fomentar una cultura de transparencia y cero tolerancia a las acciones de corrupción.

Art. 2.- Ámbito.- El Código Cero Tolerancia a la Corrupción es de aplicación obligatoria, sin excepción alguna, para autoridades, funcionarios y funcionarías y trabajadoras y trabajadores del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.

Art. 3.- Cumplimiento.- Todas las y los funcionarios y las y los trabajadores, con nombramiento temporal o permanente; con contrato de servicios ocasionales; con honorarios profesionales; consultores; asesores; y, en general, todas las personas que presten sus servicios en el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, deberán cumplir y hacer cumplir el Código Cero Tolerancia a la Corrupción.

CAPÍTULO II

VALORES Y PRINCIPIOS

Art. 4.- Principios Éticos.- Los principios éticos que definen las conductas y accionar para la cero tolerancia a la corrupción en el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, son:

Transparencia.- Acción que permite que las personas y las organizaciones se comporten de forma clara, precisa y veraz, a fin de que la ciudadanía ejerza sus derechos y obligaciones, principalmente de control social.

Equidad.- Atención de calidad y con calidez y en igualdad de condiciones a los usuarios internos y externos, en todos los servicios que ofrece la Institución, desterrando toda

práctica de políticas de exclusión e inequidad, así como todo tipo de discriminación.

Justicia.- Acciones que benefician a la ciudadanía de forma proporcional y equitativa.

Honestidad.- Rectitud, disciplina y honradez en el cumplimiento de obligaciones y las prestaciones de servicios.

Lealtad.- Actuar con fidelidad, compañerismo y respeto a las convicciones personales en miras de cumplir con los objetivos institucionales.

Integridad.- Proceder y actuar con coherencia y correspondencia entre lo que se piensa, se siente, se dice en el ejercicio de funciones.

Responsabilidad.- Ejecutar las funciones comprometidas en las actividades laborales, con eficacia y eficiencia, a fin de cumplir con los objetivos institucionales y contribuir al buen uso de los recursos públicos.

Imparcialidad.- Proceder siempre en forma objetiva e imparcial sin conceder preferencias o privilegios indebidos a persona alguna.

Legalidad.- El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, sus funcionarios y funcionarías y trabajadores y trabajadoras, se ceñirán a lo establecido en la Constitución de la República, leyes, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones que regulan su actividad, en cualquier área en la que realicen su trabajo, en beneficio de la Institución y de la sociedad en general.

Compromiso.- Actuar con disposición, convicción y entrega en el cumplimiento de nuestras obligaciones.

Celeridad.- Trabajar con prontitud y rapidez, garantizando que los productos que se presentan a nivel interno como externo, cumplan con todos los estándares de calidad requeridos en el ejercicio de nuestras funciones.

CAPÍTULO III

DE LAS NORMAS ÉTICAS

SECCIÓN I

DE LAS RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS

Art. 5.- Responsabilidades y compromisos institucionales.- En Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, se compromete a:

Difundir el contenido y la forma de aplicación del Código Cero Tolerancia a la Corrupción.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Código Cero Tolerancia a la Corrupción.36 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 320

Generar espacios de capacitación e inducción permanentes en aplicación del Estatuto, misión, visión, metas, objetivos institucionales y mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción.
Mantener mecanismos de comunicación interna con la finalidad de crear un ambiente de trabajo óptimo y generar buenas relaciones interpersonales.
Reconocer y valorar el esfuerzo y mérito de las y los funcionarios y de las y los trabajadores del Consejo en el cumplimiento del presente Código.
Establecer mecanismos y procedimientos adecuados para la toma de acciones administrativas, civiles y penales en contra de las conductas o actos de corrupción, sean denunciadas o detectadas, en el ejercicio de funciones de las y los funcionarios y de las y los trabajadores del Consejo.

Art. 6.- Responsabilidades de las y los funcionarios y de las y los trabajadores del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.- Las y los funcionarios y las y los trabajadores del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, se comprometen a:

Respetar y aplicar la Constitución de la República, el marco normativo y ámbito de acción del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
Realizar sus actividades diarias, observando los principios establecidos en el presente Código Cero Tolerancia a la Corrupción.
Denunciar e informar de manera oportuna las conductas, acciones o actos de corrupción que lleguen a su conocimiento.
Transparentar el período de su gestión, mediante la presentación de informes, conforme las disposiciones constitucionales y legales vigentes.
Actuar con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal producto de acciones consideradas como actos de corrupción.
Propugnar un comportamiento respetuoso, honesto, con calidad y calidez que fortalezca el compromiso, el sentido de pertenencia y la imagen sólida de la entidad y la de sus funcionarios y funcionarias y trabajadores y trabajadoras.
Brindar especial cuidado al uso y manejo de claves, códigos y elementos de seguridad empleados para acceder a las redes de información electrónica institucional, así como, en general el manejo de bienes y/o recursos públicos.

h) Mantener la honestidad en el desempeño de sus deberes y cumplir a cabalidad con el trabajo encomendado y las responsabilidades en el ejercicio de sus funciones.

i) Respetar el horario de trabajo y obtener los resultados demandados por las máximas autoridades de la institución dentro de los plazos establecidos.

j) Las demás establecidas en la constitución y leyes.

SECCIÓN II

CONDUCTAS Y COMPORTAMIENTOS PROHIBIDOS

Art. 7.- Comportamientos prohibidos.- Comprenden, sin carácter taxativo, los siguientes:

Solicitar o aceptar, a cualquier título en forma directa o indirecta, prebendas, regalos, gratificaciones, en bienes o dinero en efectivo u otros favores en el ejercicio de sus funciones laborales.
Cumplir órdenes que atenten contra los derechos, principios y valores éticos consagrados en la Constitución de la República, las leyes, los reglamentos y demás disposiciones del ordenamiento jurídico del país.
Proporcionar información institucional confidencial o hacer comentarios, en cualquier medio social, sobre actividades reservadas que lleva a cabo la institución, que vaya en detrimento de ésta o de quienes prestan sus servicios laborales en ella.
Hablar mal de los compañeros con el fin de causar perjuicio personal y profesional ya sea dentro o fuera de la Institución.
Utilizar el nombre de la Institución o sus recursos, en actividades de beneficio personal o de terceros.
Apropiarse, de cualquier forma, o por cualquier medio, del trabajo o productos de otros funcionarios.
Utilizar las horas laborables para hacer cosas, actividades, trámites o gestiones que no tienen nada que ver con los objetivos institucionales o con las responsabilidades de las o los funcionarios o de las y los trabajadores del Consejo.

h) Tener involucramiento con tráfico de influencias para obtener o conceder beneficios particulares.

i) Cometer abuso o exceso de autoridad, en el ejercicio de sus actividades.

j) Perpetrar actos de agresión o violencia, en cualquiera de sus formas, hacia las y los compañeros de trabajo.

k) Incurrir en actos de violencia de género.

l) Realizar actos de extorsión con la finalidad de lucrar, en beneficio personal o con la intención de producir un perjuicio a la Institución.

m) Cometer malversación de fondos públicos.

Registro Oficial N° 320 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – 37

n) Adjudicar procesos de contratación a amigos, familiares o conocidos.

o) Cualquier otro que contravenga la Ley y demás disposiciones del ordenamiento jurídico del país.

p) Otros que afecten o pongan en riesgo la institucionalidad del Consejo.

SECCIÓN III

ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE CONDUCTAS Y ACTOS DE CORRUPCIÓN

Art. 8.- Del conocimiento de conductas y actos de corrupción.- Las conductas y actos de corrupción deberán ponerse en conocimiento de las autoridades del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, a través de denuncias de usuarios internos o externos; de informes de funcionarías o funcionarios y trabajadoras o trabajadores de la Institución; informes del jefe inmediato del servidor o servidora y trabajador o trabajadora; informes de los administradores de contratos o convenios suscritos por el CNII, ya sea por escrito o de forma verbal, con el fin de transparentar todo acto de corrupción.

Art. 9.- Acciones en caso de conductas, trámite y debido proceso.- Cualquier autoridad, funcionaria o funcionario; trabajador o trabajadora; usuarios internos o externos; o en general cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de una conducta o acto de corrupción, dentro de las actividades y/o servicios que presta el CNII, deberá tomar las acciones inmediatas, bajo el siguiente procedimiento:

Se deberá notificar al jefe inmediato de la o el funcionario o de la o el trabajador, sobre la conducta o acto de corrupción que hubiere llegado a su conocimiento, por cualquier vía.
El jefe inmediato deberá realizar un informe dirigido a la Unidad Administrativa del Talento Humano, en el cual se detallen los hechos, adjuntando para el efecto, la documentación que sea necesaria a fin de justificar lo señalado. En dicho documento, deberá constar el nombre de la persona o las personas que denunciaron el posible hecho de corrupción.
La Unidad Administrativa del Talento Humano, dentro del ámbito de sus competencias realizará el proceso investigativo correspondiente, aplicando para el efecto, las normas del debido proceso. De ser procedente y con todos los documentos de respaldo, levantará el informe o informes que se necesiten, para notificar al Ministerio de Trabajo con el inicio de sumario administrativo o visto bueno en contra del funcionario o funcionaria o trabajador o trabajadora que hubiere cometido la falta.
La Unidad Administrativa del Talento Humano, deberá también notificar además sobre los actos de corrupción, mediante informe, a la Dirección de Asesoría Jurídica para la solicitud de examen especial a la Contraloría General del Estado, así como el inicio de las acciones civiles y/o penales a que hubiere lugar, a través de

las instancias pertinentes, de conformidad con la normativa vigente.

La Dirección de Asesoría Jurídica deberá realizar el seguimiento y monitoreo de las denuncias y casos de corrupción conocidos por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
La Dirección Administrativa Financiera deberá realizar el seguimiento y monitoreo de los procesos sancionatorios que se realicen por los casos de corrupción.

Art. 10.- De la normativa aplicable.- Para la aplicación del Código Cero Tolerancia a la Corrupción del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, se observará la normativa que se encuentra vigente; la que se reforme; y, la que se expida a futuro, normando así, el accionar de las y los funcionarios y de las y los trabajadores de la Institución en el marco de sus competencias.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- En todo lo que no esté contemplado en este Código, se estará a lo estipulado en el Código de Ética del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional vigente o reformado.

SEGUNDA.- La Dirección Administrativa Financiera, a través de la Unidad Administrativa del Talento Humano, conjuntamente con la Unidad de Servicios, Procesos y Calidad; y, Cambio y Cultura Organizacional, serán los responsables de realizar la socialización; capacitación y formación obligatoria en relación con los principios y disposiciones de este Código.

TERCERA.- La aplicación y cumplimiento del presente Código de Ética y Cero Tolerancia a la Corrupción, es de responsabilidad de todas las autoridades, funcionarías y funcionarios; trabajadoras y trabajadores; contratistas, contrapartes; y, en general, todas las personas que presenten sus servicios en el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.

CUARTA.- Dispóngase a la Dirección de Asesoría Jurídica la publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 18 días del mes de julio de 2018.

f.) Nicolás Reyes Morales, Secretario Técnico, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL.- Fiel copia del original- Lo certifico.- f.) Ilegible.- Fecha: 31 de julio de 2018.

38 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 320

No. CORDICOM-P-2018-0000045

Dr. Danilo Sylva Pazmiño

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE

REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Considerando:

Que, la letra 1) del número 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. (..);

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. «;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, estipula: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.»;

Que, el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. «;

Que, el artículo 123 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece: «La reglamentación para el reconocimiento y pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias será expedida mediante Acuerdo del Ministerio del Trabajo de conformidad con la Ley. «;

Que, el artículo 260 del Reglamento General a Ley Orgánica del Servicio Público, determina: «Viático es el estipendio monetario o valor diario que por necesidades de servicios institucionales, reciben las y los servidores públicos destinado a sufragar los gastos de alojamiento y alimentación que se ocasionen durante el cumplimiento de servicios institucionales cuando por la naturaleza del trabajo, deban pernoctar fuera de su domicilio habitual de trabajo. En caso de que la institución corra directamente con algunos de estos gastos se descontará de los respectivos viáticos conforme la reglamentación que expida mediante Acuerdo del Ministerio de Relaciones Laborales. «;

Que, la letra e) del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala que las máximas autoridades de las entidades del Estado tienen la obligación

de: «Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones. «;

Que, con Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-00051 de 21 de febrero de 2011, publicado en el Registro Oficial Suplemento 392 de 24 de febrero de 2011, el Ministerio del Trabajo expidió el Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior, para las y los Servidores y Obreros Públicos;

Que, la Ley Orgánica de Comunicación se encuentra promulgada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 22 de 25 de junio del 2013, y en su artículo 47 crea el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, como un cuerpo colegiado con personalidad jurídica, autonomía funcional, administrativa y financiera, cuyo presidente o presidenta ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de esta entidad;

Que, el número 1 del artículo 48 de la Ley Orgánica de Comunicación, establece que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación estará integrado por: «Un representante de la Función Ejecutiva, quien lo presidirá. «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 144, de 06 de septiembre de 2017, el Presidente de la República designó al doctor Danilo Sylva Pazmiño como su representante ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación;

Que, los literales b.2. y b.4, del número 2 del artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, publicado en el Registro Oficial No. 164 de 17 de enero del 2014, atribuyen a la presidenta o presidente del CORDICOM, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Institución, y expedir acuerdos, resoluciones y suscribir en representación del CORDICOM contratos y convenios en el ámbito de su competencia; y,

Que, es necesario contar con la normativa interna que permita a la Institución sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación a las y los servidores y a las y los trabajadores cuando se desplacen fuera del país, a cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las actividades de sus puestos.

En uso de sus facultades y atribuciones legales,

Resuelve:

Expedir el siguiente: «REGLAMENTO INTERNO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN»

Registro Oficial N° 320 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – 39

CAPITULO I

GENERALIDADES

Artículo 1.- Principios: Para la aplicación del presente Reglamento se deberán observar los principios de: jerarquía normativa, planificación, coordinación, eficiencia, igualdad, no discriminación, lealtad institucional, responsabilidad y transparencia.

Artículo 2.- Objeto: Establecer la normativa interna adecuada que permita al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, viabilizar el cálculo y pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior para las y los servidores y trabajadores que por necesidad institucional tengan que desplazarse al exterior, a cumplir tareas oficiales o a desempeñar actividades inherentes a su puesto.

Artículo 3.- Ámbito: Están sujetos al presente Reglamento, las y los servidores y trabajadores que conforman el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación.

Artículo 4.- Órganos de Aplicación: La Dirección de Administración del Talento Humano y la Dirección Financiera, serán las encargadas de aplicar el presente Reglamento.

Artículo 5.- De la Solicitud de Certificación Presupuestaria: Las y los servidores y trabajadores del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, gestionarán con la Coordinación Administrativa Financiera, a través de su jefa o jefe inmediato, la emisión de la certificación presupuestaria para viáticos, movilizaciones y subsistencias al exterior; por lo tanto, la Dirección Financiera emitirá la certificación presupuestaria respectiva.

CAPÍTULO II

DEFINICIONES

Artículo 6.- Del viático en el exterior: Es el estipendio monetario o valor diario destinado para cubrir los gastos de alimentación y hospedaje en los que incurran las y los servidores y trabajadores del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, cuando

sean legalmente autorizados a desplazarse al exterior, para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de su puesto, pernoctando fuera del domicilio habitual de trabajo.

De continuar este desplazamiento al siguiente día, después de haber pernoctado y cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 8 de este reglamento, se le reconocerá adicionalmente el valor equivalente a subsistencia.

De no existir sitios o disponibilidad de alojamiento en el lugar al que se desplazó la o el servidor y trabajador, podrá acceder a este servicio, en el lugar más cercano; y, el cálculo y pago del viático correspondiente al sitio donde pernoctó.

De este particular se dejará constancia en el informe al que se refiere el artículo 16, letra d) del presente reglamento.

Artículo 7.- De la movilización y transporte: Los gastos de movilización corresponden a aquellos valores en los que incurre la Institución por concepto de servicio de transporte de las y los servidores y trabajadores que deban trasladarse a otro país y en el interior de los mismos.

Artículo 8.- De las subsistencias: Es el estipendio monetario o valor económico entregado a las y los servidores y trabajadores, destinado a cubrir los gastos de alimentación, en el lugar al que se desplazó para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de su puesto en el exterior; y su duración sea superior a seis horas, y siempre que el viaje de ida y de regreso, se efectué el mismo día.

El tiempo de cálculo de las horas, para el pago de subsistencias, por desplazamientos al exterior, iniciará desde el momento y hora en que las y los servidores y trabajadores inicien su traslado, hasta la hora en la que lleguen a su domicilio o lugar habitual de trabajo.

CAPÍTULO III

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

Artículo 9.- De los valores para el cálculo de viáticos al exterior: La Dirección Financiera deberá realizar el cálculo de viáticos de acuerdo al «Reglamento de viáticos para servidores públicos al exterior» emitido por el Ministerio del Trabajo, de acuerdo a la siguiente tabla:

TABLA N° 1

NIVELES

VALOR EN DÓLARES

Máxima Autoridad y Consejeros y Consejeras del Cordicom, en el grado 7, del nivel jerárquico superior

220,00

Servidores y servidoras, en los grados 1,2, 3,4 y 5 de la Escala del Nivel Jerárquico Superior

185,00

Servidores y servidoras ubicados en los grados del 7 al 13 de la escala de 22 grados

170,00

a. Servidoras y servidores ubicados en los grados del 1 al 6 de la escala de 22 grados; y

b. Trabajadores y trabajadoras del sector público amparados en el Código de Trabajo

160,00

Artículo 10.- Coeficiente por país: Para el cálculo del valor del viático diario, se aplicará la escala señalada en el artículo anterior, multiplicado por el coeficiente que a continuación se detalla, de acuerdo a los países, ciudades y lugares a los que viajen las y los servidores y trabajadores, que sean legalmente autorizados:

40 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 320

TABLA Nro.2

PAÍS

COEFI

CIENTE

PAÍS

COEFI

CIENTE

Afganistán

1.40

Italia (Roma)

1.50

África Central

1.50

Jamaica

1.49

Albania

1.40

Japón

2.01

Alemania (Berlín)

1.49

Jordania

1.26

Alemania (Boon)

1.48

Kazajstán

1.33

Alemania (Hamburgo)

1.50

Kenia

1.33

Angola

1.57

Kirguistán

1.31

Arabia Saudita

1.38

Kiribati

1.51

Argelia

1.37

Kuwait

1.33

Argentina

1.22

Laos

1.31

Armenia

1.35

Latvia

1.34

Australia

1.47

Lesotho

1.39

Austria

1.50

Líbano

1.45

Azerbaiyán

1.44

Liberia

1.45

Bahamas

1.58

Libia

1.33

Bahrein

1.48

Lituania

1.31

Bangladesh

1.26

Luxemburgo

1.49

Barbados

1.43

Macao

1.27

Belarús

1.41

Macedonia

1.33

Bélgica

1.46

Madagascar

1.27

Belice

1.43

Malasia

1.23

Benin

1.52

Malawi

1.35

Bhután

1.38

Maldivas

1.42

Bolivia

1.13

Mali

1.44

Bosnia -Herzegovina

1.32

Malta

1.38

Botswana

1.37

Mauritania

1.38

Brasil

1.40

México

1.38

Bulgaria

1.27

Moldavia

1.37

Burkina Faso

1.38

Mónaco

1.52

Burundi

1.39

Mongolia

1.23

Cabo Verde

1.41

Moroco

1.32

Camboya

1.22

Mozambique

1.37

Camerúm

1.44

Myanmar

1.31

Canadá (Montreal)

1.41

Namibia

1.34

Canadá (Ottawa)

1.45

Nepal

1.33

Canadá (Toronto)

1.48

Nicaragua

1.34

Chad

1.56

Níger

1.41

Chile

1.33

Nigeria

1.45

China

1.44

Noruega

1.64

Chipre

1.38

Nueva Caledonia

1.44

Colombia

1.26

Nueva Zelanda

1.20

Comores

1.48

Omán

1.27

Congo

1.63

Países Bajos

1.45

Congo, R.D.

1.49

Pakistán

1.34

Corea del Norte

1.46

Panamá

1.26

Corea del Sur

1.79

Papua – Nueva Guinea

1.44

Costa del Marfil

1.53

Paraguay

1.26

Costa Rica

1.25

Perú

1.27

Croacia

1.48

Polonia

1.34

Cuba

1.39

Portugal

1.37

Dinamarca

1.63

Qatar

1.29

Djibouti

1.46

Reino Unido

1.57

Egipto

1.27

República Checa

1.27

El Salvador

1.31

República Dominicana

1.43

Emiratos Árabes Unidos

1.41

Ruanda

1.37

Eritrea

1.33

Rumania

1.34

Eslovaquia

1.27

Rusia

1.58

Eslovenia

1.28

Salomón, Islas

1.37

España

1.46

Samoa

1.37

Estados Unidos (Miami)

1.41

Santa Lucía

1.32

Estados Unidos (Nueva York)

1.63

Santo Tomé y Príncipe

1.37

Estados Unidos (Washington)

1.41

Senegal

1.42

Estonia

1.27

Seychelles

1.53

Etiopia

1.43

Sierra Leona

1.46

Fiji

1.34

Singapur

1.32

Filipinas

1.28

Somalia

1.10

Finlandia

1.47

Sri Lanka

1.29

Francia (Lyon y demás)

1.49

Sudáfrica

1.41

Francia (París)

1.52

Sudán

1.43

Francia

(Departamentos de Ultra- mar)

1.47

Suecia

1.50

Gabón

1.45

Suiza

1.65

Gambia

1.36

Surinam

1.27

Gaza

1.34

Swaziland

1.38

Georgia

1.34

Tailandia

1.26

Ghana

1.41

Tanzania

1.37

Grecia

1.40

Tayikistán

1.39

Guatemala

1.28

Togo

1.45

Guinea

1.29

Tonga

1.42

Registro Oficial N° 320 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – 41

Guinea-Bissau

1.54

Trinidad / Tobago

1.36

Guyana

1.53

Túnez

1.26

Haití

1.39

Turkmenistán

1.59

Honduras

1.33

Turquía

1.34

Hong Kong

1.62

Ucrania

1.43

Hungría

1.42

Uganda

1.26

India

1.31

Uruguay

1.25

Indonesia

1.32

Uzbekistán

1.29

Irán

1.37

Vanuatu

1.54

Irak

1.38

Venezuela

1.33

Irlanda

1.47

Vietnam

1.29

Islandia

1.68

Yemen

1.26

Israel

1.34

Zambia

1.42

Italia (Brindisi)

1.37

Zimbabwe

1.23

Artículo 11.- Del Cálculo de los Viáticos al exterior: El

monto del viático será el resultado de multiplicar el valor diario que se detalla en la Tabla Nro.1 por el coeficiente respectivo que se señala en la Tabla Nro. 2 del presente reglamento, valor que deberá ser multiplicado por el número de días de viaje legalmente autorizados.

Artículo 12.- Del cálculo de la movilización o transporte en el exterior: El valor por concepto de movilización o transporte, debe ser la tarifa que regularmente aplican las compañías nacionales o internacionales de transporte aéreo, terrestre, fluvial o marítimo a la fecha de adquisición del correspondiente boleto o pasaje.

Cuando la movilización se realiza en un medio de transporte institucional se reconoce el pago de peajes, pontazgos, parqueaderos, transporte fluvial, marítimo u otros medios de movilización adicionales, para lo cual se debe presentar comprobantes de venta del exterior o comprobantes electrónicos.

Las y los servidores y trabajadores para su traslado dentro de las ciudades donde se cumplen las actividades de la comisión de servicios, deberán utilizar para su movilización los medios de transporte masivo, y de manera excepcional, taxis; se reconocerá un costo de pasaje de hasta USD. 20,00 diarios, multiplicado por el coeficiente establecido en la Tabla No. 2 del presente reglamento para el país en el que se encuentra.

Artículo 13.- Del cálculo de la subsistencia en el exterior:

El monto de la subsistencia será el resultado de multiplicar el valor que se detalla en la Tabla Nro.1 por el coeficiente respectivo que se señala en la Tabla Nro.2 del presente Reglamento, dividido para dos.

Artículo 14.- Pasaporte, visas, tasas e impuestos: El valor del pago, por concepto de viáticos, por el desplazamiento al exterior, a cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de un puesto, cubre los costos del pasaporte, visas, los formularios de solicitud de las mismas y tasas e impuestos aeroportuarios que no estén contemplados en el costo de los pasajes

Artículo 15.- De la asistencia a eventos en el exterior:

Las y los servidores y trabajadores no tendrán derecho al pago de viáticos o subsistencias, cuando asistan a eventos en los que el CORDICOM o las instituciones u organismos de otros estados cubran directamente todos los gastos por hospedaje, alimentación y movilización. En este caso, únicamente se les cubrirá los costos determinados en el artículo 14 de este reglamento.

CAPITULO IV

DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 16.- De los Responsables de las Unidades: Para la obtención de la autorización de viáticos, movilizaciones y subsistencias, se deberá cumplir con el siguiente procedimiento:

a) De la solicitud: Las Coordinaciones y Secretaría General, remitirán a la Máxima Autoridad el memorando de solicitud de comisión de servicios al exterior con remuneración con 10 días de anticipación a la fecha de salida, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Servicio Público, para lo cual se adjuntarán los siguientes documentos:

a.1 Invitación al evento y/o requerimiento de viaje

a.2 Agenda a cumplir

a.3 Informe de justificación del viaje, en el cual deberá indicar los resultados esperados, emitido por la o el comisionado y aprobado por la o el Director del área

a.4 Itinerario de viaje

a.5 Certificación presupuestaria

a.6 Solicitud de viáticos, movilizaciones y subsistencias para el cumplimiento de tareas oficiales o servicios institucionales en el exterior, con firmas de sustento.

b) Parámetros de la autorización: La Dirección de Administración del Talento Humano, elaborará el informe técnico de procedencia o no, el cual contendrá la certificación presupuestaria para el efecto, tomando en consideración los siguientes factores:

b.1 Número de servidores/as y trabajadores/as: Tendrán acceso a la comisión de servicios con remuneración para realizar cada viaje, sin exceder un máximo de tres (3) servidores/as por evento. Por excepción se autorizará un número mayor de servidores/as, siempre y cuando justifique dicha necesidad.

b.2 Motivo del viaje y resultados esperados: La motivación del viaje deberá ser de interés para la institución y su naturaleza deberá tener relación estricta y directa con las competencias de la misma y con las funciones de la o el servidor público solicitante. El informe deberá contener los resultados esperados específicamente detallados.

42 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 320

b.3 Para que proceda la comisión de servicios al exterior, la o el servidor y trabajador deberá tener un tiempo de permanencia en la Institución de al menos noventa (90) días, caso contrario, el informe de justificación deberá especificar el porqué de esta excepción, previo a la autorización respectiva para valoración de la o el responsable de la autorización. Se exceptúa de la presente disposición a las y los servidores de nivel jerárquico superior, al igual que a las y los servidores contemplados en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Servicio Público;

b.4 Número de días de viaje: El viaje puede realizarse un (1) día antes del evento, y el regreso, máximo un (1) día después de la culminación del mismo; en casos excepcionales, de traslado a destinos intercontinentales que cuenten con mayor diferencia horaria o requieran mayor número de horas de vuelo, se concederán días adicionales, para lo cual deberá ser debidamente justificado en el informe junto con el itinerario para la autorización de la Máxima Autoridad.

La Coordinación Administrativa Financiera, remitirá a la Máxima Autoridad o su Delegado/a, el informe técnico sobre la procedencia de la comisión de servicios para su autorización respectiva.

La Coordinación Administrativa Financiera remitirá a la Coordinación de Asesoría Jurídica todos los documentos de respaldo acerca de la procedencia de la comisión de servicios, para que elabore la Resolución Administrativa de comisión de servicios con remuneración, para la aprobación de la Máxima Autoridad o su Delegado/a.

c) Del pago del anticipo: Una vez aprobada la «Resolución Administrativa de Comisión de Servicios con Remuneración al Exterior», la Coordinación Administrativa Financiera, remitirá una copia de la solicitud a:

c1 La Dirección de Administración de Talento Humano, para mantener el registro pormenorizado de las autorizaciones de las comisiones de servicio o licencias de servicios institucionales concedidas a las y los servidores y trabajadores, dentro de cada ejercicio fiscal y para efectos de control de asistencia.

c.2 Dirección Administrativa para la asignación de movilización aérea o terrestre de ser el caso; y,

c.3 El expediente original será entregado a la Dirección Financiera para que, realice el control previo respectivo con la finalidad de proceder de forma obligatoria al cálculo y pago del 100% del anticipo de viáticos y subsistencia, toda vez que la solicitud ingrese dentro del plazo señalado en el Artículo 15, literal a) del presente reglamento.

d) Del informe del cumplimiento de tareas oficiales o servicios institucionales en el exterior: Dentro

del término de cuatro días laborables posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales en el exterior, las y los servidores y trabajadores presentarán a la Máxima Autoridad o su Delegado/a, el informe de acuerdo al formato «Informe del cumplimiento de tareas oficiales o servicios institucionales en el exterior» previamente autorizado por su jefa o jefe inmediato.

El informe, deberá contener la agenda de actividades desarrolladas, los productos alcanzados, especificando también la fecha, lugar y hora utilizados durante la comisión, desde su salida hasta la llegada a su domicilio o lugar habitual de trabajo; así también en el caso de utilizar transporte dentro de las ciudades donde se cumple la comisión, se deberá adjuntar la hoja de ruta en la que se establezca el lugar de partida, lugar de destino y el costo de la movilización.

e) Del retraso en la presentación del informe y documentación habilitante:

La Dirección Financiera llevará el control correspondiente de los días de retraso en la presentación de la documentación que justifique la comisión de servicios institucionales por parte de las y los servidores y trabajadores, y posterior al plazo establecido en este reglamento, notificará al comisionado/a mediante correo electrónico el incumplimiento, y se realizará el descuento respectivo en la nómina mensual, siempre que se haya generado el pago por anticipo de viáticos y subsistencias.

Por el incumplimiento de plazos, la Dirección Financiera notificará a la Coordinación Administrativa Financiera para la aplicación del régimen disciplinario correspondiente.

Artículo 17.- De la Responsabilidad del pago y justificación: La Dirección Financiera, sobre la base de los informes, comprobantes de venta del exterior, pases a bordo y boletos, realizará la liquidación por concepto de viáticos y subsistencias de los días que pernoctó fuera del país, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar de trabajo.

En consideración a la normativa vigente, se establece lo siguiente:

a) De la liquidación de viáticos: Respecto a los valores entregados se deberá justificar el hospedaje, según corresponda, de acuerdo con lo detallado a continuación:

a.1 No se reconocerán los siguientes rubros: licores, cigarrillos, compras en comisariatos, es decir, abarrotes o víveres para llevar a su domicilio, llamadas telefónicas, servicio de lavandería, medicinas, artículos de aseo personal, gasto de terceras personas, insumos y materiales;

a.2 Los gastos aceptados son los que corresponden a hospedaje de la o el servidor y trabajador comisionado. En el caso de reembolsos procede la entrega de los comprobantes de alimentación.

Registro Oficial N° 320 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – 43

a.3 En el caso de las y los conductores, deberán adjuntar los comprobantes de pago de peajes, parqueaderos y combustible, así como las copias de la hoja de ruta o bitácora y del salvoconducto emitido en el sistema de la Contraloría General del Estado;

a.4 De existir cambio en el número de días asignados de la comisión de la o el servidor y trabajador, éstos coordinarán con la jefa o jefe inmediato para la respectiva autorización expresa de la Máxima Autoridad o su Delegado/a, la cual deberá instrumentarse en el formato respectivo y anexarlo al «Informe del cumplimiento de tareas oficiales o servicios institucionales en el exterior».

De no justificar la pernoctación, por el periodo de la comisión de servicios, las y los servidores y trabajadores deberán restituir los valores entregados como anticipo por concepto de viáticos, dentro de 24 horas a la Institución, a través del depósito o transferencia; si el pago se lo realiza mediante transferencia bancaria se deberá incluir el valor de la comisión del banco, caso contrario se procederá con el descuento respectivo en la nómina mensual.

Artículo 18.- Del Informe anual de viáticos al exterior:

La Dirección de Administración de Talento Humano consolidará una base de datos con la información de los expedientes de licencias de servicios institucionales al exterior, de cada viaje que realice el personal; para lo cual contará con la copia de las solicitudes e informes de comisión, conforme este Reglamento y el Manual del Proceso Gestión de Viáticos.

La base de datos respaldada con documentos físicos, será sustento para el Informe anual que deberá presentarse a la Coordinación Administrativa Financiera hasta el mes de enero de cada año, correspondiente al periodo anterior.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- En caso de incumplimiento del presente Reglamento, se aplicará el Régimen Disciplinario estipulado en los Reglamentos Internos de Administración de Talento Humano.

SEGUNDA.- Las disposiciones contenidas en este Reglamento son de aplicación obligatoria por parte de todas las y los servidores y trabajadores del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación; y, el control de su cumplimiento será de responsabilidad de los órganos administrativos competentes.

TERCERA.- Para aquellos servidores/as y trabajadores/ as que se encuentran en comisión de servicios en otras instituciones y deban cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de un puesto en el exterior, las instituciones que los reciben en comisión de servicios les reconocerán los viáticos, subsistencias, transporte o movilización que correspondan.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Se dispone a la Dirección Financiera que en el plazo de quince días gestione la actualización del Manual del Proceso Gestión de Viáticos en coordinación con la Dirección de Procesos.

SEGUNDA.- Sin perjuicio de las obligaciones incorporadas en el Reglamento, se encarga su aplicación y difusión a la Coordinación Administrativa Financiera.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

ÚNICA.- Deróguese cualquier disposición interna de igual o menor jerarquía que se opusiera a este Reglamento.

El presente Reglamento, entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dada y firmada en Quito, Distrito Metropolitano, a los 27 dejuliode2018.

f.) Dr. Danilo Sylva Pazmiño, Presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación.

CORDICOM.- CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.- Fecha: 14 de agosto de 2018.-Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Secretaria/o General.

No. SB-2018-833

Juan Carlos Novoa Flor

SUPERINTENDENTE DE BANCOS,

ENCARGADO

Considerando:

Que el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que «…las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley. «;

44 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 320

Que el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su publicación en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014;

Que el numeral 16 del artículo 62, del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece como función de la Superintendencia de Bancos, proteger los derechos de los clientes y usuarios financieros y resolver las controversias en el ámbito administrativo que se generen con las entidades bajo su control, para lo cual podrá solicitar o practicar de oficio, según sea el caso, las acciones de control necesarias para su esclarecimiento;

Que el último inciso del artículo 62, del Código Orgánico Monetario y Financiero prevé que la Superintendencia de Bancos, para el cumplimiento de sus funciones, podrá expedir las normas en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales ni las regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

Que el cuarto inciso del artículo 306 de la Ley de Seguridad Social establece que la Superintendencia de Bancos controlará que las actividades económicas y los servicios que brinden las instituciones públicas y privadas de seguridad social, incluyendo los fondos complementarios previsionales públicos o privados, atiendan al interés general y se sujeten a las normas legales vigentes;

Que el artículo 308 de la Ley de Seguridad Social, dispone que el Superintendente de Bancos expedirá, mediante resoluciones, las normas necesarias para la aplicación de dicha Ley, las que se publicarán en el Registro Oficial;

Que el Código Orgánico Administrativo publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 31 de 7 de julio de 2017 regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público;

Que el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo determina que las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública; y, que la competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley;

Que el primer inciso del artículo 219 del Código Orgánico Administrativo, prevé los recursos de apelación y extraordinario de revisión;

Que la Disposiciones Derogatoria Primera del Código Orgánico Administrativo deroga todas las disposiciones concernientes al procedimiento administrativo, procedimiento administrativo sancionador, recursos en vía administrativa, caducidad de las competencias y del procedimiento y la prescripción de las sanciones que se han venido aplicando;

Que la Disposición Derogatoria Novena del Código Orgánico Administrativo deroga las disposiciones generales y especiales que se opongan a dicho cuerpo legal;

Que la Disposición Final del Código Orgánico Administrativo establece que entrará en vigencia luego de transcurridos doce meses, contados a partir de su publicación en el Registro Oficial;

Que en el libro I «Normas de control para las entidades de los sectores financiero público y privado», título XIV «De las sanciones y de los recursos en sede administrativa», de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, consta el capítulo II «Reglamento para la sustanciación de los reclamos administrativos, sobre actos normativos, recursos de apelación y de revisión emitidos por la Superintendencia de Bancos»;

Que por lo expuesto es necesario establecer procedimientos administrativos normativos que se sujeten a las disposiciones del Código Orgánico Administrativo; y,

En ejercicio de sus funciones legales;

Resuelve:

En el libro I «Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado» de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, efectuar el siguiente cambio:

ARTÍCULO 1.- En el título XIV «De las sanciones y de los recursos en sede administrativa», sustituir el capítulo III «Reglamento para la sustanciación de los reclamos administrativos, sobre actos normativos, recursos de apelación y de revisión emitidos por la Superintendencia de Bancos», por el siguiente:

«CAPÍTULO III.- NORMA DE CONTROL SOBRE LOS RECURSOS DE APELACIÓN Y EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

SECCIÓN L- REGLAS GENERALES

ARTÍCULO 1.- En la impugnación se observarán las reglas generales del capítulo primero «Reglas generales», título IV «Impugnación» del libro segundo «El procedimiento administrativo» del Código Orgánico Administrativo, en lo que fuere aplicable.

ARTÍCULO 2.- La impugnación se presentará ante el titular del área administrativa que emitió el acto administrativo impugnado.

Dicho titular, en el término de tres (3) días contados desde la fecha de presentación de la impugnación, verificará que ésta se haya presentado dentro del término legal, y que cumpla con todos los requisitos dispuestos en el artículo 220 del Código Orgánico Administrativo. En ningún caso se modificará el fundamento y la pretensión planteada.

Registro Oficial N° 320 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – 45

Si la impugnación hubiere sido presentada fuera de término, será inadmitida por la misma autoridad y dispondrá su archivo.

Si la impugnación hubiere sido presentada dentro del término legal pero no reuniere los requisitos formales señalados en el artículo 220 del Código Orgánico Administrativo, el titular del área administrativa que emitió el acto administrativo impugnado dispondrá que la persona interesada la complete o aclare en el término de cinco días. Si no lo hace, se considerará desistimiento, el titular del área administrativa expedirá el correspondiente acto administrativo y ordenará la devolución de los documentos adjuntados a ella, sin necesidad de dejar copias.

ARTÍCULO 3.- Si el recurso de apelación fue presentado dentro del término legal y cumple con los requisitos formales previstos en el artículo 220 del Código Orgánico Administrativo, será admitido a trámite; se correrá traslado a todas las personas interesadas; y, se remitirá al Superintendente de Bancos o su delegado, para su trámite y resolución.

ARTÍCULO 4.- En caso de que la persona interesada solicite la suspensión del acto administrativo dentro del término de tres (3) días contados desde la notificación del mismo, el titular del área administrativa que emitió el acto administrativo observará lo previsto en el artículo 229 del Código Orgánico Administrativo, y resolverá lo pertinente.

ARTÍCULO 5.- Si el recurso extraordinario de revisión hubiere sido presentado dentro del término legal y cumple con los requisitos formales previstos en el artículo 220 del Código Orgánico Administrativo, será remitido al Superintendente de Bancos o su delegado, a fin de que determine si se funda en alguna de las causales previstas en el artículo 232 del cuerpo legal señalado y, conforme lo establece el artículo 233, lo admita o inadmita en el término de veinte (20) días, contados desde su interposición.

Se correrá traslado de estas actuaciones a todas las personas interesadas.

SECCIÓN II.- DEL RECURSO DE APELACIÓN

ARTÍCULO 6.- Los actos administrativos expedidos por cualquier órgano de la Superintendencia de Bancos podrán ser impugnados mediante recurso de apelación dentro del término de diez (10) días, contados a partir de la notificación del acto que se impugna.

ARTÍCULO 7.- En el recurso de apelación se podrá además alegar la nulidad del procedimiento o del acto administrativo.

ARTÍCULO 8.- En caso de existir hechos nuevos o haberse presentado documentos no recogidos en el expediente originario que se hayan aportado con la impugnación, el Superintendente de Bancos o su delegado los pondrá a disposición de las personas interesadas para que, en un término de hasta cinco (5) días, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.

ARTÍCULO 9.- Cumplido el procedimiento establecido en el artículo anterior, el Superintendente de Bancos o su delegado considerará la procedencia de disponer las pruebas solicitadas en la apelación y dispondrá la práctica de las que considere procedentes, conforme lo previsto en el segundo y tercer inciso del artículo 194 del Código Orgánico Administrativo; solicitará la práctica de la prueba de oficio que considere necesaria; y, concederá el término de hasta cinco (5) días para la evacuación de la prueba dispuesta.

ARTÍCULO 10.- En la prueba se estará a lo previsto en el Capítulo Tercero «Prueba», del Título III «Procedimiento administrativo», Libro Segundo «El procedimiento administrativo», del Código Orgánico Administrativo.

ARTÍCULO 11.- La resolución del recurso de apelación se expedirá en el plazo de hasta en un mes contado desde la fecha de interposición del recurso.

Cuando la resolución se refiera al fondo, admitirá en todo o en parte, o desestimará las pretensiones formuladas en la impugnación.

Cuando se deba resolver de oficio o a petición de la persona interesada la nulidad del procedimiento, se observará lo previsto en el artículo 227 del Código Orgánico Administrativo.

Si la nulidad se refiere al acto administrativo, se observará lo previsto en el artículo 228 del Código citado.

ARTÍCULO 12.- La apelación en contratación pública se interpondrá ante la autoridad administrativa que emitió el acto materia de la apelación, y exclusivamente de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Bancos dentro de procesos contractuales, observando lo dispuesto en el procedimiento especial determinado en el artículo 231 del Código Orgánico Administrativo.

SECCIÓN III- DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

ARTÍCULO 13.- La persona interesada puede interponer recurso extraordinario de revisión contra cualquier acto administrativo que ha causado estado, cuando se verifique al menos una de las causales previstas en el artículo 232 del Código Orgánico Administrativo.

ARTÍCULO 14.- El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causal 1 del artículo 232 del Código Orgánico Administrativo, dentro del plazo de un (1) año siguiente a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

En las demás causales del referido artículo, el término es de veinte (20) días contados desde la fecha en que se tiene conocimiento de los documentos de valor esencial o desde la fecha en que se ha ejecutoriado o quedado firme la declaración de nulidad o falsedad.

46 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 320

ARTÍCULO 15.- El Superintendente de Bancos o su delegado determinará, luego de verificado el cumplimiento de los requisitos formales conforme lo señala el artículo 5 de esta norma, si el recurso se funda en alguna de las causales previstas en el artículo 232 del Código Orgánico Administrativo y si, conforme lo establece el artículo 233, procede su admisión o inadmisión. Para ello contará con el término de veinte (20) días contados desde su interposición. Si no se ha dictado y notificado la admisión del recurso, se entenderá desestimado.

En el evento de que el recurso interpuesto se funde en alguna de las causales previstas en el Código Orgánico Administrativo y cumpla con todos los requerimientos de forma y fondo exigidos, el Superintendente de Bancos o su delegado lo admitirá a trámite y dispondrá la notificación a las personas interesadas. Caso contrario, lo inadmitirá.

ARTÍCULO 18.- El recurso extraordinario de revisión, será resuelto en el plazo máximo de un mes, contado desde la notificación de su admisión. Vencido este plazo sin que se haya pronunciado la Superintendencia de manera expresa, se entenderá desestimado el recurso.

ARTÍCULO 19.- De la resolución del recurso extraordinario de revisión, no procede recurso alguno.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Para el procedimiento de excusa y recusación, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 86, 87 y 88 del Código Orgánico Administrativo; y para el conflicto de competencia se seguirá lo determinado en el artículo 85 ibídem.

SEGUNDA.- La notificación de todas las diligencias efectuadas en aplicación del presente capítulo será inmediata; considerará lo dispuesto en el Capítulo Cuarto «Notificación», del Título I «Normas generales», del Libro Segundo «El procedimiento administrativo» del Código Orgánico Administrativo; y, dejará constancia en el expediente del lugar, día, hora y forma de notificación.

TERCERA.- Si del resultado del análisis del recurso de apelación o extraordinario de revisión, y de la resolución que respecto de ellos se adopte, se determinare la necesidad de que la entidad controlada introduzca correctivos que regularicen la situación que motivó el recurso, la Superintendencia de Bancos, al emitir el pronunciamiento que lo resuelva, impartirá la disposición respectiva, otorgando al representante legal de la entidad un término improrrogable de diez (10) días a partir de la notificación, para que remita a la Superintendencia de Bancos bajo prevenciones de ley, la constancia del cumplimiento de la instrucción impartida y de la resolución adoptada.

CUARTA.- El área competente encargada de la sustanciación y resolución de la impugnación, será responsable de que los documentos que conforman el expediente se ordenen cronológicamente en función de su recepción, y que todas sus hojas estén numeradas de manera secuencial.

QUINTA.- No podrá introducirse enmendaduras, alteraciones, entrelineados, ni agregados en los documentos una vez hayan sido incorporados al expediente.

SEXTA.- Conforme lo prevé el artículo 223 del Código Orgánico Administrativo, la resolución de la impugnación en ningún caso podrá agravar la situación inicial del recurrente.

SÉPTIMA.- Los casos de duda en la aplicación del presente capítulo, serán absueltos por la Superintendencia de Bancos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Las impugnaciones interpuestas antes de la vigencia del Código Orgánico Administrativo y que no han sido resueltas, observarán las disposiciones de la Segunda Disposición Transitoria de dicho Código.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.»

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el dieciséis de agosto del dos mil dieciocho.

f.) Dr. Juan Carlos Novoa Flor, Superintendente de Bancos, Encargado.

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el dieciséis de agosto del dos mil dieciocho.

f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General, Encargado.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Certifico que es fiel copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General (E).- 16 de agosto de 2018.

No. SEPS-IFMR-IGJ-2018-028

Catalina Pazos Chimbo

SUPERINTENDENTE DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA (E)

Considerando:

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, señala que «Las organizaciones se disolverán y liquidarán por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, y por las causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento estipulado en su estatuto social.»;

Que, el artículo 57 de la Ley ibídem, indica que las cooperativas podrán disolverse, entre otras causales, por

Registro Oficial N° 320 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – 47

decisión voluntaria de la Asamblea General, expresada con el voto secreto de las dos terceras partes de sus integrantes;

Que, el artículo 146 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, señala que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, tendrá la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia;

Que, los literales b) y h) del artículo 147 de la mencionada Ley, establecen como atribuciones de la Superintendencia, velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su control; y las demás previstas en la Ley y su Reglamento;

Que, los literales b) e i) del artículo 151 de la referida Ley, contemplan como atribuciones del Superintendente, dictar normas de control; y las demás establecidas en la Ley y su Reglamento;

Que, los incisos primero y segundo de la Disposición Transitoria Primera de la aludida Ley previenen: «Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidaria, que actualmente se encuentran en funcionamiento y operación, adecuarán sus estatutos sociales a la presente Ley, de conformidad con las regulaciones que se dicten para el efecto.

Si las organizaciones no adecuaren sus estatutos dentro de los plazos y regulaciones que se establezcan para el efecto, no podrán ejercer sus actividades y no accederán al fomento, promoción e incentivos que establece esta Ley. El plazo para estas adecuaciones no excederá de un año, contado a partir del nombramiento del Superintendente. «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 391 de 10 de mayo de 2018, publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 253, de 01 de junio de 2018, se expidieron reformas al Reglamento General a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, expedido mediante Decreto Ejecutivo 1061, publicado en el Registro Oficial Suplemento 648 de 27 de febrero de 2012, incluyendo a continuación del artículo 64 del Reglamento citado, el siguiente artículo innumerado: «Articulo… Liquidación sumaria.- En aquellos casos en los cuales una organización no haya realizado actividad económica o habiéndola efectuado no tuviere activos, la Superintendencia, a petición de parte, podrá disolver a la organización y liquidar a la misma en un solo acto, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, con base en las disposiciones que emita dicho órgano de Control.

El mismo procedimiento aplicará en el caso de liquidación forzosa cuando la entidad no registre activos o no haya realizado actividad económica”.

Que, es necesario contar con un procedimiento para la liquidación sumaria, conforme a la normativa expedida; y.

Que, mediante acción de personal No. 758 de 26 de junio de 2018, se encarga a Catalina Pazos Chimbo el puesto de Superintendente de Economía Popular y Solidaria a partir del 27 de junio de 2018.

En ejercicio de las facultades que le asigna la Ley, resuelve expedir el siguiente:

PROCEDIMIENTO PARA LAS LIQUIDACIONES SUMARIAS DE LAS ORGANIZACIONES

SUJETAS AL CONTROL DE LA

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA

Artículo 1.- Objeto: La presente resolución tiene por objeto determinar el procedimiento de liquidación sumaria de las organizaciones sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que no tuvieren activos ni han realizado actividad económica o que habiéndola efectuado no tuviere activos.

Artículo 2.- Liquidación sumaria voluntaria por acuerdo de los socios.- Para que una organización del Sector No Financiero que no tuviere activos ni ha realizado actividad económica o que habiéndola realizado no tuviere activos pueda liquidarse voluntariamente de manera sumaria, deberá existir el acuerdo de sus socios, expresada con el voto de, al menos, las dos terceras partes de los asistentes a la asamblea general, que sea debidamente convocada para este efecto.

Artículo 3.- Requisitos para solicitar la liquidación sumaria voluntaria.- La organización que solicite una liquidación sumaria voluntaria deberá presentar a la Superintendencia, a través del representante legal o de cualquier directivo lo siguiente:

Solicitud de liquidación sumaria voluntaria, en el formato que proporcione la Superintendencia;
Copia certificada de la convocatoria asamblea general extraordinaria de socios;
Copia certificada del acta de asamblea general extraordinaria en la que se decidió la liquidación voluntaria de la entidad por acuerdo de, al menos, las dos terceras partes de sus asistentes;
Listado de socios presentes en la asamblea debidamente suscrito;
Certificado de no tener obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;
Certificado de no tener obligaciones en firme con el Servicio de Rentas Internas; y,
Certificado de Bienes Raíces del Registro de la Propiedad en el cual conste que no tiene inmuebles a nombre de la organización.

48 – Miércoles 5 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 320

8. Balance con corte al último ejercicio fiscal, debidamente suscrito por el representante legal y contador en caso de tenerlo.

Artículo 4.- La Superintendencia, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo precedente, y con base en la información proporcionada por la organización o la que disponga en sus registros, verificará si la organización no ha realizado actividad económica alguna o habiéndola efectuado no tuviere activos, en tal caso, este organismo de control, podrá aprobar la liquidación sumaria voluntaria de la organización y emitir la correspondiente resolución, en la que además dispondrá la extinción de su personalidad jurídica y su exclusión de los registros correspondientes. De no cumplirse la condición anteriormente indicada, la Superintendencia ordenará su disolución y el inicio de la liquidación voluntaria correspondiente.

Si existieren errores en la documentación entregada o estuviere incompleta, la Superintendencia devolverá el expediente a la organización solicitante, la cual podrá iniciar nuevamente el trámite correspondiente cumpliendo con los requisitos pertinentes.

De existir causales de liquidación forzosa, la Superintendencia iniciará el proceso respectivo.

Artículo 5.- Liquidación forzosa sumaria.- La Superintendencia de oficio podrá disolver y liquidar a la organización en un solo acto, si determinare que no tuviere activos ni ha realizado actividad económica o que habiéndola efectuado no tuviere activos. Al efecto, emitirá la resolución correspondiente, en la que además dispondrá la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- En las liquidaciones sumarias voluntaria o forzosa no se designará liquidador.

SEGUNDA.- La liquidación forzosa sumaria será aplicable a las entidades del Sector Financiero que no adecuaron estatutos sociales, conforme a lo ordenado en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.

Las entidades del Sector Financiero que soliciten su liquidación voluntaria, cumpliendo los requisitos establecidos en el Código Orgánico Monetario y Financiero, que al momento de presentar su solicitud no tuvieren activos a liquidar ni pasivos por cubrir, podrán solicitar la liquidación sumaria voluntaria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese la Resolución N° SEPS-IFMR-IGJ-2018-020 «Procedimiento para las liquidaciones sumarias de las organizaciones sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria» de 10 de julio de 2018.

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Publíquesela en la página web de la Superintendencia.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 03 de agosto de 2018.

f.) Catalina Pazos Chimbo, Superintendente de Economía Popular y Solidaria (E).

CERTIFICO.- Que la fotocopia que antecede.- Es fiel y exacta del original que reposa en los archivos de la SEPS.-09 de agosto de 2018.- f.) Ilegible.