Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Miércoles 29 de julio de 2020 (R.O.256, 29– julio -2020)
SUMARIO:
Págs.
FUNCIÓN EJECUTIVA
ACUERDOS:
MINISTERIO DE CULTURA
Y PATRIMONIO:
DM-2020-019 Apruébese el Plan Operativo de Fomento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 2020
DM-2020-020 Declárese en comisión de servicios con remuneración en el exterior, a la funcionaría Mónica Alexandra Real Gordón, Asesora 2 de Despacho Ministerial…
DM-2020-021 Declárese en comisión de servicios con remuneración en el exterior, a la funcionaría Emy Daniela Díaz Erazo, Asesora 3 de Despacho Ministerial
DM-2020-022 Apruébese el estatuto y Otórguese personería jurídica a la Asociación Kichwakamak SISARIY
DM-2020-024 Subróguense las funciones del cargo de Ministro, a favor de la licenciada Ana María Armijos Burneo, Viceministra
GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS
ORDENANZAS MUNICIPALES:
– Cantón Alausí: Que regula el procedimiento instructor y sancionador para aplicación de la Ordenanza para el uso obligatorio de mascarilla para circular en espacios públicos
– Cantón Pucará: Que regula las medidas administrativas y de bioseguridad, así como los protocolos de seguridad e higiene para áreas públicas, privadas y establecimientos de comercio frente a la crisis sanitaria para combatir la pandemia del COVID-19
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ACUERDO MINISTERIAL No. DM-2020-0019
Juan Fernando Velasco
MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO
CONSIDERANDO:
Que el artículo 388 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo».
Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura. Dispone: «Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos; así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios ele descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias».
Que el artículo 105 de la citada Ley, determina: «Del Fomento. Comprenderá todas aquellas acciones encaminadas a generar condiciones favorables para el desarrollo de la creación artística, la producción la circulación de bienes y servicios culturales y creativos. Ningún incentivo, aporte, financiamiento, apoyo, estimulo o patrocinio, reembolsable o no reembolsable, que se genere desde el Estado en el marco de las disposiciones de fomento a las artes y la cultura establecidas en la presente Ley, se asimilará a las modalidades de pago o desembolso dispuestas en los regímenes de compra o de contratación pública. Dichos incentivos deberán otorgarse a los beneficiarios por medio de sistemas normados, con mecanismos de postulación y evaluación técnicos, transparentes, incluyentes y sostenibles, preferentemente concursos públicos de proyectos, y respetando criterios de calidad, eficiencia y democratización Para ejecutar proyectos de interés cultural nacional, el ente rector de la cultura podrá suscribir directamente convenios de cooperación con cámaras, asociaciones gremiales, entidades especializadas, instituciones de educación superior, gobiernos autónomos descentralizados y de régimen especial, o colectivos de gestores o de artistas, con el fin de lograr para dichos proyectos una ejecución acorde con las realidades y las necesidades del sector cultural».
Que el artículo 110 de la Ley ibídem, determina: «Créase el Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación de conformidad con lo previsto en el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Este fondo asignará recursos, de carácter no reembolsable, a los creadores, productores y gestores culturales, de conformidad a la normativa que se emita para el efecto, buscando el fortalecimiento artístico, cultural y creativo de nuestra sociedad, con criterios de
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calidad, diversidad, equidad territorial e interculturalidad. El Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación tendrá las siguientes líneas de financiamiento: a) la Línea de Financiamiento de las Artes y la Creatividad, administrada por el Instituto de Fomento de las Artes, la Innovación y la Creatividad; b) La Línea de Financiamiento de la Creación Cinematográfica y Audiovisual, administrada por el Instituto del Cine y la Creación Audiovisual; y. e) Otras líneas de financiamiento que podrán ser establecidas por el eme rector de la cultura, destinadas a los ámbitos de la Memoria Social y el Patrimonio y otros, conforme a sus competencias».
Que el artículo 113 de la Ley Orgánica de Cultura prevé: «El Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación tendrá los siguientes usos; a) El fomento, la promoción y difusión de las actividades de creación artística y producción cultural; y de la creación y producción cinematográfica y audiovisual nacionales independientes; b) El desarrollo, producción y sostenibilidad de emprendimientos e industrias culturales; c) El incentivo para el uso de la infraestructura cultural por parte de los creadores y gestores culturales; d) La formación de públicos a través del acceso de los ciudadanos a dicha infraestructura y el disfrute de una programación artística y cultural diversa y de calidad: e) La investigación de la creación artística y producción cultural; 0 El fomento para la investigación, promoción y difusión de la memoria social y el patrimonio; g) El desarrollo de planes, programas y proyectos que promuevan el acceso a la educación y formación continua en artes, cultura y patrimonio; y, h) Las demás que se establezcan en la presente Ley».
Que el artículo 81 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura señala: «El fomento de las artes, la cultura y la innovación social en cultura busca fortalecer los procesos de libre creación artística, investigación, producción y circulación de obras, bienes y servicios artísticos y culturales; así como de las industrias culturales v creativas, con las siguientes finalidades: a) Incentivar la diversidad de las expresiones artísticas y culturales a disposición de la ciudadanía; b) Promover el acceso de artistas, productores y gestores culturales a medios de producción y circulación de obras, bienes y servicios artísticos y culturales: c) Fortalecer los procesos de innovación y sostenibilidad en la producción cultural y creativa nacional; d) Promover el acceso de la ciudadanía al libro y la lectura, e) Incentivar las prácticas y procesos asociativos y la formación de redes; así como formas de organización vinculadas a la economía popular y solidaria en los emprendimientos e industrias culturales y creativas: f) Impulsar la circulación de las obras, bienes y servicios artísticos y culturales de producción nacional en circuitos locales, nacionales, regionales e internacionales; g) Fortalecer la presencia internacional de la cultura ecuatoriana, a través de la difusión y promoción de su creación artística y de las expresiones de su diversidad e interculturalidad; así como del intercambio y cooperación internacional en el ámbito de la creación artística y la producción cultural y creativa; h) Promover el acceso libre de la ciudadanía a las expresiones, contenidos y acervos culturales y patrimoniales nacionales, mediante su difusión en la esfera digital a través de herramientas innovadoras; i) Promover medidas para la inserción de los productos culturales de la creación artística y literaria en los circuitos comerciales, tanto nacionales como internacionales; j) Incentivar la investigación sobre artes, cultura, patrimonio y memoria social; k) Impulsar la
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apertura, sostenimiento y mejoramiento de la infraestructura cultural a nivel nacional».
Que el artículo 83 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura dispone: «El ente rector de la cultura será el encargado de generar los lineamientos necesarios para la administración del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación en sus diferentes Líneas de Financiamiento, garantizando el buen manejo de los recursos por parte de las entidades encargadas de su administración. Para la administración del Fondo, las entidades administradoras de sus recursos deberán emitir la normativa respectiva; que se alineará a la política cultural que desarrolle el ente rector y a los criterios que definan los respectivos directorios, priorizando la implementación de sistemas de concurso público, siguiendo consideraciones de calidad, diversidad, equidad territorial e interculturalidad».
Que el artículo 84 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura preceptúa: «El ente rector de la cultura gestionará con las instancias correspondientes la entrega de los recursos para el Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. Los recursos de dicho Fondo serán depositados en la entidad de la banca pública».
Que el artículo 85 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura establece: «El ente rector de la cultura aprobará los montos de las Líneas de Financiamiento establecidas en la ley de acuerdo al Plan Operativo de Fomento que cada entidad formule, conforme al procedimiento que se expida para el efecto. El ente rector de la cultura definirá la asignación y distribución de los recursos, atendiendo de manera parcial o total a los momos solicitados, en cumplimiento de la política cultural vigente y de la disponibilidad presupuestaria».
Que el artículo 86 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura, señala: «De los recursos del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, un máximo del 10% será destinado para cubrir rubros operativos de la gestión del Fondo, tales como difusión de las bases y convocatorias, contratación de evaluadores y jurados, movilización de los mismos y realización de las entrevistas con los postulantes, entre otras».
Que el artículo 87 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura expresa: «De la asignación de recursos a los beneficiarios.- La asignación de los recursos a los beneficiarios de los incentivos se realizará de acuerdo a las bases emitidas por las entidades administradoras del Fondo, conforme a lo dispuesto en el segundo inciso del Art.105 de la ley».
Que el artículo 88 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura indica: «Una vez cumplido el procedimiento de selección de proyectos que recibirán incentivos del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la innovación: el Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividad, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual u otra entidad administradora del Fondo, emitirá una orden de pago para que la entidad depositaría transfiera los recursos a los beneficiarios, para lo cual mediará solamente la normativa expedida por las instituciones administradoras del fondo».
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Que mediante Acuerdo Ministerial No. DM-2018-046 de 04 de abril de 2018, esta Cartera de Estado expide el Reglamento de Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, el cual está publicado en el Registro Oficial No. 251 de 30 de mayo de 2018.
Que el artículo 8 del indicado Reglamento, establece: «Son responsabilidades del Administrador General del Fondo de Fomento las siguientes: (…) g) Conocer y aprobar con base en los recursos existentes, el Plan Operativo de Fomento de las Entidades e instancias Administradoras de las Líneas de Financiamiento del Fondo de Fomento. (… ) i) Aprobar los montos para las Líneas de Financiamiento establecidas en la Ley Orgánica de Cultura, de acuerdo al Plan Operativo de Fomento de cada Entidad o instancia Administradora de las Líneas de Financiamiento(…)».
Que mediante Oficio Nro. INPC-INPC-2019-1646-O, de 27 de diciembre de 2019. el doctor Joaquín Francisco Moscoso Novillo. Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, envía el Plan Operativo de Fomento 2020 -2021 (POF) de la Linea de Financiamiento de la Memoria Social y del Patrimonio, mismo que fue trabajado en conjunto con las Subsecretarías de Patrimonio Cultural y de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y que fue presentando para conocimiento y validación del Directorio del INPC en sesión extraordinaria de 06 de septiembre de 2019 y del 29 de noviembre de 2019.
Que mediante memorando Nro. MCYP-CGPGE-20-0073, de 31 de enero de 2020, el Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica solicita al despacho la elaboración del Acuerdo Ministerial de Aprobación del POF-2020 del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, mismo que es autorizado por la máxima autoridad mediante nota marginada inserta de 3 de febrero de 2020 que señala: «CGJ: Se acoge recomendación del CGPGE, favor proceder con la elaboración del Acuerdo correspondiente.»
EN EJERCICIO de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,
Acuerda
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo de Fomento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 2020, por el monto de $ 1.188.000,00 USD (Un millón ciento ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América), mismo que será destinado para ámbitos de la Memoria Social y el Patrimonio.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Línea de Fomento Monto
Investigación $ 120.000
Implementación $ 300.000
Promoción y difusión $ 100.000
Proyectos multimodales $ 560.000
Subtotal $ 1.080.000
Gasto operativo $ 108.000*
Total $ 1.188.000
*Máximo el 10% de lo efectivamente invertido será destinado para cubrir rubros operativos.
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Artículo 2.- El Directorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural podrá realizar modificaciones en los montos de las líneas de fomento del Plan Operativo de Fomento sin que estos representes incrementos de su techo asignado, siempre y cuando se evidencia que los montos serán asignados para la ejecución de los usos determinados en la legislación vigente aplicada al uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación.
Artículo 3.- Autorizar al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural como Administrador de la línea de Financiamiento destinada a los ámbitos de la Memoria Social y Patrimonio, la elaboración de los documentos previos a la asignación de los recursos a los beneficiarios de los incentivos de acuerdo a las bases emitidas conforme a lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 105 de la Ley.
Artículo 4.- El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, será el responsable de ejecutar su Plan Operativo de Fomento, ejecutar las convocatorias, selección de beneficiarios, suscripción de convenios, seguimiento y cierre, conforme los lineamientos establecidos en los diferentes cuerpos legales para su ejecución. De igual manera una vez cumplido el procedimiento de selección, emitirá una orden de pago para que la entidad depositaría transfiera los recursos a los beneficiarios para lo cual expedirá la normativa pertinente como administradora de esta línea del fondo.
Artículo 5.- En todo lo no previsto en este Acuerdo, se estará a lo dispuesto en las normas de la Ley Orgánica de Cultura, su Reglamento General, el Reglamento de Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, y los demás instrumentos legales establecidos para el efecto.
Artículo 6.- Encargar la ejecución de este Acuerdo Ministerial al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.
Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, Comuníquese y publíquese.
Dado en el Despacho del Ministro de Cultura y Patrimonio, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 6 de febrero de 2020.

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ACUERDO MINISTERIAL No. DM-2020-20

Juan Fernando Velasco Torres
MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

CONSIDERANDO:
Que el artículo 151 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: «Las ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción por la Presidenta o Presidente de la República, y lo representarán en los asuntos propios del ministerio a su cargo (…)»;
Que el artículo 154 de la Carta Magna establece que: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: I. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…) «;
Que el artículo 226 de la Constitución prescribe que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (…) «;
Que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que: «Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público»;
Que el artículo 17 del Acuerdo No. MRL-2011-00051 con el cual se expide el Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior para las y los servidores y obreros públicos, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 392, de 24 de febrero de 2011, señala: «Las autorizaciones de viaje al exterior, para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de un puesto de las servidoras, servidores, obreras u obreros que laboren en entidades de la Función Ejecutiva y de las entidades adscritas a la misma, se las realizará a través del correspondiente acuerdo o resolución, según sea el caso, previa autorización de Secretaría General de la Presidencia de la República a través del sistema informático que para el efecto establezca la mencionada entidad (…) «;
Que mediante oficio No. SNAP-SNAP-2016-000148-0 de 16 de marzo de 2016, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, dispuso: «(…) a todas las entidades que conforman la Administración Pública Central, institucional y que dependen de la Función Ejecutiva (APCID), la ejecución y cumplimiento de las siguientes políticas: (…) 3. Restringir las comisiones de servicios al exterior. Se autorizarán exclusivamente cuando las organizaciones anfitrionas financien los costos totales (pasajes, viáticos, inscripciones, entre otros gastos), afín de que no representen erogación presupuestaria alguna para el Estado. Deforma excepcional, se podrán aprobar viajes cuyo costo deba asumir el Estado debidamente justificados y con la presentación posterior del informe de beneficios cuantificables para el Estado, aprobado por la máxima autoridad institucional, conforme la normativa expedida para el efecto. De igual forma, sin excepción, la comisión de servicios podrá integrarse por máximo dos personas por institución, tomando en consideración que de requerir cualquier tipo de apoyo, debe ser

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coordinado con las embajadas y consulados, dentro de su programación presupuestaria
Que mediante Decreto No. 135 de 01 de septiembre de 2017, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 76 de 11 de septiembre de 2017, se establecen: «Las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público», en cuyo artículo 15 se dispone: «Los viajes al exterior de los servidores públicos de la Función Ejecutiva cuyo objetivo sea la participación en eventos oficiales y en representación de la institución o del Estado, serán previamente calificados y autorizados por la Secretaría General de la Presidencia de la República. En el caso de las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva, será la máxima autoridad o su delegado, la que autorice los viajes al exterior de sus servidores públicos de conformidad con la dinámica del sector pero deberá informar sobre las autorizaciones a la Secretaria General de la Presidencia. La Secretaria General de la Presidencia en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, emitirán la normativa para regular y autorizar viajes internacionales del personal del servicio exterior «;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 27 de junio de 2019, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al señor Juan Fernando Velasco Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;
Que consta la Certificación Presupuestaria Nro. 13 de 16 de enero de 2020, correspondiente a: «Viáticos y Subsistencias en el exterior»; y la Certificación Presupuestaria Nro. 56 de 21 de enero de 2019, correspondiente a: Certificación para adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales en rutas que no cubre la empresa pública TAME E.P
Que mediante Informe Técnico No. MCYP-DATH-2020-0137 de 05 de enero de 2020, la Directora de Administración del Talento Humano, Soledad Sotomayor, señaló: «(…) ANÁLISIS TÉCNICO: La misión del Ministerio de Cultura y Patrimonio es ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura para fortalecer la identidad nacional y la interculturalidad; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguarda de la memoria social y el patrimonio cultural, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales; a partir de la descolonización del saber y del poder; y, de una nueva relación entre el ser humano y la naturaleza, contribuyendo a la materialización del Buen Vivir. //Mónica Alexandra Real Cordón Asesora 2 del Despacho Ministerial, procede a realizar el ingreso de la solicitud de viaje al exterior en la página Sistema de Viajes al Exterior y en el Exterior (http://viajes.administracionpublica.gob.ec/frame.php), y adjunta la documentación habilitante, para ser revisada por la Unidad de Talento Humano previa aprobación de su jefe inmediato. //La Dirección de Administración del Talento Humano procedió con la verificación de la documentación anexada, por Mónica Alexandra Real Gordón, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 7 y 14 del Reglamento de Viajes al Exterior y en el Exterior; de los servidores públicos de las instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva (APCID) (…) RECOMENDACIÓN La Dirección de Administración del Talento Humano en observancia a la normativa legal vigente y lo dispuesto por la autoridad nominadora de este Ministerio, una vez revisada y analizada toda la documentación remitida Mónica Alexandra Real Gordón -Asesora del Despacho Ministerial, emite informe técnico de validación de documentación para participar «13° Comité lntergubernamental para la

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protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales » a llevarse a cabo en Paris -Francia desde el 11 de febrero de 2020.»;
Que mediante «Solicitud de Viaje al Exterior y en el Exterior Autorización No. 70904» de 5 de febrero de 2020, el Presidente del Gabinete Sectorial Social, Víctor Paúl Granda López, autorizó la Comisión de Servicios en el Exterior de la funcionaría Mónica Alexandra Real Gordón — Asesora 2 del Despacho Ministerial, a la ciudad de París -Francia, del 8 al 14 de febrero de 2020;
Que con Memorando No. MCYP-DATH-20-0179-M de 6 de febrero de 2020, la Directora de Administración de Talento Humano, Soledad Sotomayor, remite a la Coordinación General Jurídica, la documentación «Con la finalidad de legalizar la Solicitud de Viaje al Exterior y en el Exterior de la Asesora — Mónica Real Gordón, según Autorización Nro. 70904, emitida por el Dr. Víctor Paúl Granda López – Presidente del Gabinete Sectorial Social, y dando cumplimiento al Art. 17 del Reglamento para el Pago de Viáticos para Servidores Públicos al Exterior (…).
EN EJERCICIO de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,
ACUERDA:
Artículo 1.- Declarar en comisión de servicios con remuneración en el exterior del 8 al 14 de febrero de 2020, a la funcionaría Mónica Alexandra Real Gordón — Asesora 2 del Despacho Ministerial, quien asistirá acompañando a la Máxima Autoridad del Ministerio en las diferentes reuniones programadas en París aprovechando la «13° Comité Intergubernamental para la protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales» a llevarse a cabo en Paris -Francia desde el 11 de febrero de 2020.»
Artículo 2.- Ordenar que la funcionaría Mónica Alexandra Real Gordón — Asesora 2, del Despacho Ministerial, presente un informe de comisión con los resultados logrados al Despacho Ministerial, con copia a la Coordinación General Administrativa Financiera.
Artículo 3.- Los gastos de viaje y alojamiento (pasajes aéreos, transporte interno, alimentación y hospedaje) serán cubiertos por esta Cartera de Estado, a través de las Certificaciones Presupuestarías detalladas en los antecedentes.
Artículo 4.- Encargar la ejecución de este Acuerdo Ministerial a la Coordinación General Administrativa Financiera.
Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese.-
Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 6 de febrero de 2020.

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ACUERDO MINISTERIAL No. DM-2020-21
Juan Fernando Velasco Torres MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO
CONSIDERANDO:
Que el artículo 151 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: «Las ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción por la Presidenta o Presidente de la República, y lo representarán en los asuntos propios del ministerio a su cargo (…)»;
Que el artículo 154 de la Carta Magna establece que: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…) «;
Que el artículo 226 de la Constitución prescribe que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (…) «;
Que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que: «Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público «;
Que el artículo 17 del Acuerdo No. MRL-2011 -00051 con el cual se expide el Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior para las y los servidores y obreros públicos, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 392, de 24 de febrero de 2011, señala: «Las autorizaciones de viaje al exterior, para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de un puesto de las servidoras, servidores, obreras u obreros que laboren en entidades de la Función Ejecutiva y de las entidades adscritas a la misma, se las realizará a través del correspondiente acuerdo o resolución, según sea el caso, previa autorización de Secretaria General de la Presidencia de la República a través del sistema informático que para el efecto establezca la mencionada entidad (…) «;
Que mediante oficio No. SNAP-SNAP-2016-000148-0 de 16 de marzo de 2016, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, dispuso: «(…) a todas las entidades que conforman la Administración Pública Central, institucional y que dependen de la Función Ejecutiva (APCID), la ejecución y cumplimiento de las siguientes políticas: (…) i. Restringir las comisiones de servicios al exterior. Se autorizarán exclusivamente cuando las organizaciones anfitrionas financien los costos totales (pasajes, viáticos, inscripciones, entre otros gastos), afín de que no representen erogación presupuestaria alguna para el Estado. Deforma excepcional, se podrán aprobar viajes cuyo costo deba asumir el Estado debidamente justificados y con la presentación posterior del informe de beneficios cuantificables para el Estado, aprobado por la máxima autoridad institucional, conforme la normativa expedida para el efecto. De igual forma, sin excepción, la comisión de servicios podrá integrarse por máximo dos personas por institución, tomando en consideración que de requerir cualquier tipo de apoyo, debe ser

Registro Oficial N° 256 Miércoles 29 de julio de 2020 – 11
coordinado con las embajadas y consulados, dentro de su programación presupuestaria
Que mediante Decreto No. 135 de 01 de septiembre de 2017, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 76 de 11 de septiembre de 2017, se establecen: «Las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público», en cuyo artículo 15 se dispone: «Los viajes al exterior de los servidores públicos de la Función Ejecutiva cuyo objetivo sea la participación en eventos oficiales y en representación de la institución o del Estado, serán previamente calificados y autorizados por la Secretaría General de la Presidencia de la República. En el caso de las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva, será la máxima autoridad o su delegado, la que autorice los viajes al exterior de sus servidores públicos de conformidad con la dinámica del sector pero deberá informar sobre las autorizaciones a la Secretaria General de la Presidencia. La Secretaria General de la Presidencia en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, emitirán la normativa para regular y autorizar viajes internacionales del personal del servicio exterior»;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 27 de junio de 2019, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al señor Juan Fernando Velasco Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;
Que consta la Certificación Presupuestaria Nro. 13 de 16 de enero de 2020, correspondiente a: «Viáticos y Subsistencias en el exterior»; y la Certificación Presupuestaria Nro. 56 de 21 de enero de 2019, correspondiente a: Certificación para adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales en rutas que no cubre la empresa pública TAME E.P
Que mediante Informe Técnico No. MCYP-DATH-2020-0136 de 05 de enero de 2020, la Directora de Administración del Talento Humano, Soledad Sotomayor, señaló: «(…) ANÁLISIS TÉCNICO: La misión del Ministerio de Cultura y Patrimonio es ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura para fortalecer la identidad nacional y la interculturalidad; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguarda de la memoria social y el patrimonio cultural, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales; a partir de la descolonización del saber y del poder; y, de una nueva relación entre el ser humano y la naturaleza, contribuyendo a la materialización del Buen Vivir. //Emy Daniela Díaz Erazo – Asesora 3 del Despacho Ministerial, procede a realizar el ingreso de la solicitud de viaje al exterior en la página Sistema de Viajes al Exterior y en el Exterior (http://viajes.administracionpublica.gob.ec/frame.php), y adjunta la documentación habilitante, para ser revisada por la Unidad de Talento Humano previa aprobación de su jefe inmediato.//La Dirección de Administración del Talento Humano procedió con la verificación de la documentación anexada, por Emy Daniela Díaz Erazo, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 7 y 14 del Reglamento de Viajes al Exterior y en el Exterior; de los servidores públicos de las instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva (APCID) (…) RECOMENDACIÓN La Dirección de Administración del Talento Humano en observancia a la normativa legal vigente y lo dispuesto por la autoridad nominadora de este Ministerio, una vez revisada y analizada toda la documentación remitida Emy Daniela Díaz Erazo – Asesora 3 del Despacho Ministerial, emite informe técnico de validación de documentación para participar «13° Comité Intergubernamental para la

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protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales » a llevarse a cabo en Paris -Francia desde el 11 de febrero de 2020″;
Que mediante «Solicitud de Viaje al Exterior y en el Exterior Autorización No, 70802» de 5 de febrero de 2020, el Presidente del Gabinete Sectorial Social, Víctor Paúl Granda López, autorizó la Comisión de Servicios en el Exterior de la funcionaria Emy Daniela Díaz Erazo, Asesora 3 del Despacho Ministerial, a la ciudad de Paris — Francia, del 8 al 14 de febrero de 2020;
Que con Memorando No. MCYP-DATH-20-0180-M de 6 de febrero de 2020, la Directora de Administración de Talento Humano, Soledad Sotomayor, remite a la Coordinación General Jurídica, la documentación «Co« la finalidad de legalizar la Solicitud de Viaje al Exterior y en el Exterior de la Asesora – Emy Díaz Erazo, según Autorización Nro. 70802, emitida por el Dr. Víctor Paúl Granda López – Presidente del Gabinete Sectorial Social, y dando cumplimiento al Art. 17 del Reglamento para el Pago de Viáticos para Servidores Públicos al Exterior (…).
EN EJERCICIO de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,
ACUERDA:
Artículo 1.- Declarar en comisión de servicios con remuneración en el exterior del 8 al 14 de febrero de 2020, a la funcionaria Emy Daniela Díaz Erazo, Asesora 3 del Despacho Ministerial, quien asistirá acompañando a la Máxima Autoridad del Ministerio en las diferentes reuniones programadas en París aprovechando la «13° Comité Intergubernamental para la protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales» a llevarse a cabo en Paris – Francia desde el 11 de febrero de 2020.».
Artículo 2.- Ordenar que la funcionaria Emy Daniela Díaz Erazo, Asesora 3, del Despacho Ministerial, presente un informe de comisión con los resultados logrados al Despacho Ministerial, con copia a la Coordinación General Administrativa Financiera.
Artículo 3.- Los gastos de viaje y alojamiento (pasajes aéreos, transporte interno, alimentación y hospedaje) serán cubiertos por esta Cartera de Estado, a través de las Certificaciones Presupuestarias detalladas en los antecedentes.
Artículo 4.- Encargar la ejecución de este Acuerdo Ministerial a la Coordinación General Administrativa Financiera.
Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese.-
Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 6 de febrero de 2020.
Registro Oficial N° 256 Miércoles 29 de julio de 2020 – 13
ACUERDO MINISTERIAL Nro. DM-2020-0022
EL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO
CONSIDERANDO:
Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: «Se reconoce y garantizará a las personas: (…). 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma Ubre y voluntaria. (…)»;
Que el artículo 96 de la Constitución de la República, establece: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas «;
Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, establece: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…) «;
Que el artículo 226 de la Constitución de la República, establece: «IMS instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»‘;
Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;
Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Las organizaciones sociales.-Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva. Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroectuttoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y representalividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley»;
Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes «;
Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Legalización y registro de las organizaciones sociales.- Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación. El Estado deberá crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales; para tal efecto, las instituciones del sector público implementarán las medidas que fueren necesarias. Las organizaciones sociales regionales deberán registrarse de conformidad con la Constitución «;
14 – Miércoles 29 de julio de 2020 Registro Oficial N° 256
Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: «De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaría, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias «;
Que el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, establece: «Representación legal de las administraciones públicas. La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley»;
Que el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo, establece: «Art. 65.- Competencia. La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado «;
Que el artículo 567 del Código Civil, establece: «Las ordenanzas o estatutos de las corporaciones, que fueren formados por ellas mismas, serán sometidos a la aprobación del Presidente de la República, que se la concederá si no tuvieren nada contrarío al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres «;
Que el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017, establece: «Sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para aprobar los estatutos de las corporaciones o fundaciones previstas en el Código Civil, el representante de la organización que presente la solicitud de aprobación del estatuto y de reconocimiento de la personalidad jurídica a la cartera de Estado competente, (…);
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019, se designa a Juan Fernando Velasco Torres como Ministro de Cultura y Patrimonio;
Que los miembros fundadores de la organización social en formación denominada «Asociación Kichwakamak SISARIY», se reunieron en Asamblea General Constitutiva el 03 de agosto de 2019, con la finalidad de constituirla;
Que mediante oficio No. 25 S202O recibido el 04 de febrero de 2020 (trámite Nro. MCYP-CFI-20-0015-M), el señor Elvis Tuquerres Ichau, debidamente autorizado por la «Asociación Kichwakamak SISARIY», solicita a esta Cartera de Estado la aprobación del estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica de la organización social en formación antes citada;
Que mediante memorando Nro. MCYP-CGJ-20-0107-M de 06 de febrero de 2020, el Coordinador General Jurídico emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la expedición del Acuerdo Ministerial para el otorgamiento de la personalidad jurídica a favor de la «Asociación Kichwakamak SISARIY»;
Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia;
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.
ACUERDA:
Art. 1.- Aprobar el estatuto y otorgar la personalidad jurídica a la siguiente organización social:

Nombre: «Asociación Kichwakamak SISAR1 Y»;
Clasificación: Corporación de primer nivel
Domicilio: Calle Principal s/n (Vía Volcán Imbabura), Comunidad de Chirihuasi, parroquia La Esperanza cantón Ibarra provincia de Imbabura
Registro Oficial N° 256 Miércoles 29 de julio de 2020 – 15

Correo electrónico: [email protected]
Fundadores: Nombre Nacionalidad Nro. de documento de identidad

Anrango Campo Sisa Tari ni ecuatoriana 1002779336

Cachiguango Lema Imbaya Kay ecuatoriana 1001293446

Calapi Valencia José Miguel ecuatoriana 1001820883

Chuqutn Tuqucrres Luis Javier ecuatoriana 1003527916

Díaz Cajas Gonzalo ecuatoriana 1001908076

Flores Muñoz Nancy Jimena ecuatoriana 1005358393

Guarnan Tuqucrres José Emilio ecuatoriana 1002329165

Rosero Lema Carlos Sacha ecuatoriana 1001982196

Tuquerres Ichau Elvis Bolívar ecuatoriana 1003127071

Vercoutcre Quinche Paolina ecuatoriana 1710266063

Yamberla Moran María Venancia ecuatoriana 1002473203
Art. 2.- Ordenar a la organización social descrita en el artículo 1, que en el plazo máximo de treinta (30) días, remita mediante oficio dirigido a esta Cartera de Estado, la documentación exigida en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, que dé cuenta de la elección de su directiva.
Art. 3.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1, el cumplimiento irrestricto de su estatuto, del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; y, en general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cada período de elección de la directiva, deberá ser registrado en esta Cartera de Estado, para los fines legales que correspondan.
La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos públicos, de orden tributario, patronal, aduanero, y otros, determinados en las leyes específicas sobre la materia, a cargo de las entidades competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la consecución de su objeto social, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Para la -solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la organización social buscarán en primer lugar, el diálogo como medio de solución conforme a sus normas estatutarias. De persistir las discrepancias, podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos; o, a través del ejercicio de las acciones que el ordenamiento jurídico les faculte ante la justicia ordinaria, sin perjuicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.
Art. 4.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.
Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

16 – Miércoles 29 de julio de 2020 Registro Oficial N° 256
ACUERDO MINISTERIAL No. DM-2020-0024

Juan Fernando Velasco Torres
MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO
CONSIDERANDO:
Que el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…) «;
Que el artículo 226 de la Norma Suprema, dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (…)»;
Que el artículo 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público, indica: «Cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin perjuicio del derecho del titular «;
Que el artículo 270 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, prescribe: «La subrogación procederá de conformidad al artículo 126 de la LOSEP, considerando que la o el servidor subrogante tendrá derecho apercibir la diferencia que exista entre la remuneración mensual unificada de su puesto y la del puesto subrogado, incluyendo estos los puestos que dependan administrativamente de la misma institución. A efectos de la subrogación se deberá cumplir con los requisitos del puesto a subrogarse y en función de la misma se ejercerán las funciones correspondientes al puesto subrogado. El pago por subrogación correrá a partir del primer día y hasta cuando dure el tiempo de subrogación; y los aportes al IESS serán los que corresponda al puesto subrogado «;
Que el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, manifiesta: «¿a máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley»
Que el artículo 82 del Código en referencia, señala: «Las competencias de un órgano administrativo pueden ser ejercidas por el jerárquico inferior en caso de ausencia del jerárquico superior. La subrogación únicamente se aplicará en los casos previstos en la ley «;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 5, de 15 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial No. 22, de 14 de febrero de 2007, se declaró como política de Estado el desarrollo cultural del país y creó el Ministerio de Cultura, como organismo rector del ámbito cultural, el cual mediante Decreto Ejecutivo No. 1507, de 8 de mayo de 2013, pasó a denominarse como Ministerio de Cultura y Patrimonio;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 27 de junio de 2019, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al señor Juan Fernando Velasco Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Registro Oficial N° 256 Miércoles 29 de julio de 2020 – 17
Que mediante Acuerdo Nro. 0037 de 5 de febrero de 2020, fue aprobado el viaje oficial a Paris para participar en la 13° Reunión del Comité Intergubernamental para la protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales y demás agenda Bilateral que cumpliré en París, Francia.
Que mediante memorando Nro. MCYP-MCYP-20-0050-M de 7 de febrero de 2020 se solicita a la Coordinación General «elaborar el Acuerdo Ministerial pertinente para la subrogación de mis funciones a favor de la señora Ana María Armijos, Viceministra de esta Cartera de Estado, del 09 al 14 de febrero de 2020.// De igual manera, solicitar se realice la acción de personal para la subrogación de funciones del Vicedespacho a favor de José Daniel Flores, Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación desde el 09 de febrero al l marzo de 2020».
EN EJERCICIO de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,
ACUERDA:
Artículo 1.- Disponer la subrogación de funciones del cargo de Ministro de Cultura y Patrimonio a favor de la licenciada Ana María Armijos Burneo, Viceministra de Cultura y Patrimonio, del 9 de febrero de 2020 al 14 de febrero de 2020.
Artículo 2.- Disponer la subrogación de funciones del cargo de Viceministro de Cultura y Patrimonio a favor del economista José Daniel Flores Cevallos, Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación, desde el 9 de febrero al 1 de marzo de 2020.
Artículo 3.- La subrogación será ejercida conforme a los principios que rigen el servicio público, siendo la licenciada Ana María Armijos Burneo y el economista José Daniel Flores Cevallos, personalmente responsable por los actos realizados en ejercicio de las funciones subrogadas.
Artículo 4.- Comuníquese este Acuerdo al señor Contralor General del Estado y a la Secretaría General de la Presidencia de la República.
Artículo 5.- Notifíquese con este Acuerdo, a la licenciada Ana María Armijos Burneo, Viceministra de Cultura y Patrimonio y al economista José Daniel Flores Cevallos, Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación.
Artículo 6.- Encárguese a la Coordinación General Administrativa Financiera, la publicación del presente Acuerdo Ministerial en el Registro Oficial.
Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese.-
Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 7 de febrero de 2020.
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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1 de la Constitución de la República, determina que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada;
Que, el artículo 3 de la Constitución en su numeral 1 establece que son deberes primordiales del Estado: «Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes»;
Que, el artículo 3 de la Constitución en su numeral 8 establece que son deberes primordiales del Estado: «Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción»;
Que, el artículo 11 de la Constitución señala que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: numeral 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Y numeral 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio¬económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad;
Que, el artículo 14 de la Constitución señala que se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay;
Que, de conformidad al artículo 30 de la Constitución, las personas tienen derecho a vivir en un hábitat seguro y saludable, en concordancia con el inciso
Registro Oficial N° 256 Miércoles 29 de julio de 2020 – 19
primero del artículo 32 ibídem, que dispone: La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos entre ellos el agua y aquellos que sustentan el buen vivir;
Que, el artículo 83 de la Constitución determina que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, en su numeral 1. Acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente;
Que, el artículo 225 de la Constitución en su numeral 2 determina, que el sector público comprende las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado;
Que, el artículo 226 de la Constitución dispone que: Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;
Que, el artículo 264 numeral 2 de la Constitución, señala que son competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, el ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. Y en su inciso final manifiesta que, en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales;
Que, el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que, el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. Y tendrá las funciones principales: en su numeral 5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. Y en su numeral 6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional;
Que, el artículo 4, literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización determina, que dentro de sus respectivas
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circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados: La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias;
Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización determina que: La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes;
Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece que: «Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial»;
Que, el artículo 55 literal b, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señala que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;
Que, el artículo 57 literal a, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece las atribuciones del concejo municipal: El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;
Que, el artículo 60, letra q, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señala que es atribución del alcalde: Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de segundad, la formulación y ejecución de políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana;
Que, el artículo 140 Ibídem, determina «Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención,
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reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento territorial»;
Que, el artículo 417 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización define, que son bienes de uso público aquellos cuyo uso por los particulares es directo y general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán también ser materia de utilización exclusiva y temporal, mediante el pago de una regalía;
Que, el artículo 42, numeral 7 del Código Orgánico Administrativo, establece que, dicho cuerpo normativo se aplicará en los procedimientos administrativos especiales, para el ejercicio de la potestad sancionadora;
Que, el artículo 134 del Código Orgánico Administrativo señala que los procedimientos para el ejercicio de la potestad sancionadora y la ejecución coactiva son especiales y se regulan en el Libro Tercero de dicho Código;
Que, el artículo 248 del Código Orgánico Administrativo reconoce las garantías del procedimiento. El ejercicio de la potestad sancionadora requiere procedimiento legalmente previsto y se observará: 1. En los procedimientos sancionadores se dispondrá la debida separación entre la función instructora y la sancionadora, que corresponderá a servidores públicos distintos. 2. En ningún caso se impondrá una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento. 3. El presunto responsable por ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le pueda imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.4. Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no exista un acto administrativo firme que resuelva lo contrario;
Que, el artículo 249 del Código Orgánico Administrativo, establece: «Deber de colaboración con las funciones de inspección. Las personas deben colaborar con la administración pública. Deben facilitar al personal inspector, en el ejercicio de sus funciones, el acceso a las dependencias e instalaciones y el examen de documentos, libros y registros directamente relacionados con la actividad inspectora. Si se le niega la entrada o acceso a los lugares objeto de

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inspección, no se les facilita la documentación solicitada o no se acude a la oficina administrativa a requerimiento del órgano o servidor público competente, el inspector formulará por escrito la advertencia de que tal actitud constituye infracción administrativa sancionable.»
Que, artículo 24 del Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece lo siguiente: «De los Comités de Operaciones de Emergencia (COE).-son instancias interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones tendientes a la reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación en situaciones de emergencia y desastre. Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE), operarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implica la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico, como lo establece el artículo 390 de la Constitución de la República. Existirán Comités de Operaciones de Emergencia Nacionales, provinciales y cantonales, para los cuales la Secretaría Nacional Técnico de Gestión de Riesgos normará su conformación y funcionamiento»;
Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró al Coronavirus Covid 19 como una pandemia;
Que, mediante Suplemento del Registro Oficial N° 163 de fecha 17 de marzo de 2020, se publicó el Decreto 1017 mediante el cual el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, en el artículo 1, dispone: «Declárese el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador»;
Que, mediante Resolución Administrativa N° 054-2020-GADMC-A, el Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí, declaró en emergencia al cantón, en consecuencia, de la declaratoria del COVID-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud;
Que, el Comité de Operaciones Emergentes Nacional mediante Resolución de 07 de abril de 2020, en alcance a la resolución el COE – Nacional del lunes 06 de abril del 2020, resolvió: «Disponer a los Gobierno Autónomos Descentralizados Municipales, dentro del marco de sus competencias, emitan y aprueben una Resolución u Ordenanza Municipal que regule el uso de mascarillas. En la misma se normará el uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas a nivel comunitario a fin de reducir la trasmisión del virus, y, se
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restringirá: 1) el uso de mascarillas tipo respirador N-95 a nivel comunitario; y, 2) la libre circulación de las personas que hayan sido diagnosticadas por COVID -19, recordando la obligación de guardar el aislamiento, hasta cumplir con su periodo de recuperación…»;
Que, el 13 de abril de 2020, se expidió la Ordenanza para el Uso Obligatorio de Mascarilla para Circular en Espacios Públicos en el Cantón Alausí;
Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades constitucionales y legales expide la siguiente:
ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO INSTRUCTOR Y
SANCIONADOR PARA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA PARA EL USO
OBLIGATORIO DE MASCARILLA PARA CIRCULAR EN ESPACIOS
PÚBLICOS EN EL CANTÓN ALAUSÍ.
Art. 1.- Ámbito de aplicación.- el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza es el que se encuentra establecido dentro de los límites establecidos para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí.
Art. 2.- Objeto.- La presente Ordenanza tiene como finalidad establecer el procedimiento para aplicar la Ordenanza para el Uso Obligatorio de Mascarilla para Circular en Espacios Públicos en el Cantón Alausí.
Art. 3.- Potestad sancionadora.- La potestad sancionadora del presente procedimiento instructor recae en el Alcalde.
Art. 4.- Del inicio del proceso instructor.- Los procedimientos sancionadores empezarán mediante un auto motivado de inicio de instrucción emitido por el o la Comisaria Municipal, el cual se podrá iniciar de oficio o por denuncia de cualquier persona debidamente motivada.
En caso de infracciones administrativas flagrantes, el auto motivado se incorporará en una boleta, adhesivo o cualquier otro instrumento disponible que la Policía Municipal entregará al presunto infractor, quien tendrá la obligación de identificarse con la cédula de ciudadanía u otros documentos legales de identificación, en caso de incumplimiento o resistencia se solicitará la colaboración de la fuerza pública, quienes actuarán en el marco de sus competencias.
Art. 5.- Obligatoriedad de denuncia.- Tienen obligación de denunciar el incumplimiento de esta Ordenanza, los servidores y servidoras públicos del Gobierno Municipal del Cantón Alausí en el ejercicio o no de sus funciones, que
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conozcan de la comisión de una presunta infracción; así como cualquier ciudadano que tenga conocimiento de la infracción señalada.
Art. 6.- Contenido de la denuncia.- La denuncia presentada ante el funcionario instructor deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:
1. La indicación del lugar, fecha y hora en el que se cometió la infracción;
2. Los datos materia de denuncia deben ser expuestos de forma detallada y coherente, incluyendo la identificación de los autores de los hechos denunciados de conocerse. La denuncia debe acompañarse con documentación de prueba, que le dé sustento;
3. Nombres y apellidos completos, domicilio y, de ser el caso, número telefónico y correo electrónico del denunciante;
4. Manifestación de compromiso del denunciante para permanecer a disposición de la entidad, a fin de brindar las aclaraciones que hagan falta o proveer mayor información sobre las irregularidades motivo de la denuncia;
y.
5. Firma del denunciante.
Art. 7.- Contenido del auto de inicio.- El auto de inicio de procedimiento tendrá el siguiente contenido mínimo:
a) Identificación de la persona presuntamente responsable corroborado con la cédula de ciudadanía, pasaporte, licencia de conducir o cualquier otro medio disponible;
b) Los hechos sucintamente expuestos, que motivan el inicio del procedimiento y su posible calificación;
c) La sanción que prevé la presente Ordenanza, el día, fecha, hora, lugar en el que se cometió la infracción, correo electrónico del presunto infractor, y firma del funcionario instructor;
d) La concesión de diez días hábiles para contestar de manera fundamentada los hechos imputados, para que justifique haber adecuado su conducta a la norma jurídica infringida, o en su caso, su allanamiento a los hechos imputados.
Art. 8.- Notificación.- La notificación se realizará mediante una sola boleta entregada por la Policía Municipal en la dirección del supuesto infractor por parte del policía municipal debidamente identificado; a la boleta de notificación deberán adjuntarse todos los antecedentes con los que se inició el expediente instructivo.
Art. 9.- De la contestación.- Una vez iniciado el procedimiento sancionatorio mediante la notificación al presunto infractor, se le dará 10 días término para
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que conteste las imputaciones realizadas por escrito adjuntando todas las pruebas que el accionado consideren sea del caso.
En el caso de que la o el infractor no conteste el acto administrativo de inicio en el término de diez días, este se considerará como resolución administrativa, cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad de la infracción administrativa.
Con la contestación del presunto infractor o en rebeldía, una vez vencido el plazo, el expediente será remitido al Alcalde para que se emita la resolución respectiva en el término de 5 días la misma deberá estar debidamente motivada.
Una vez emitida se remitirá al comisario para su ejecución o su archivo de ser el caso.
Art. 10.- Resolución administrativa.- Vencido el término para la contestación, el Alcalde resolverá en el término de cinco días, sobre la comisión de la infracción y la sanción a ser aplicada de conformidad a la Ordenanza para el Uso Obligatorio de Mascarilla para Circular en Espacios Públicos en el Cantón Alausí.
Tratándose de sanciones pecuniarias, en la misma resolución dispondrá la emisión del correspondiente título de crédito.
En el caso de acogerse al trabajo comunitario, se deberá coordinar con la Unidad de Talento Humano de la Institución Municipal.
La resolución deberá ser notificada al infractor en el término de tres días hábiles desde su expedición.
En el presente caso la resolución administrativa pone fin a la vía administrativa.
Art. 11.- Potestad de ejecución.- El Alcalde aplicará las sanciones estipuladas en la Ordenanza para el Uso Obligatorio de Mascarilla para Circular en Espacios Públicos en el Cantón Alausí.
Art. 12.- Anotación y cancelación.- Las sanciones firmes en vía administrativa, sea cual fuere su clase y naturaleza, serán anotadas en un registro público a cargo de la Comisaría Municipal y en la herramienta tecnológica creada para el efecto por la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación del Gobierno Municipal, quien deberá remitir un listado a la Dirección Financiera del Gobierno Municipal del cantón Alausí para que se siga el trámite correspondiente.
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Art. 13.- Conclusión y archivo.- En las infracciones administrativas flagrantes, como las vinculadas con el régimen de movilidad restrictiva determinadas por el Estado de Excepción, para el uso obligatorio de las mascarillas para circular en el espacio público del cantón Alausí, el procedimiento administrativo sancionador se archivará si el infractor hubiere cumplido la sanción pertinente antes de la remisión del expediente al Alcalde.
El archivo solo procederá cuando de las pruebas aportadas en la contestación al acto administrativo sancionador, demostraren que el supuesto infractor no hubiere cometido la falta imputada y el mismo debe constar de manera explícita en la resolución administrativa.
En el caso de las sanciones que correspondan a trabajo comunitario solicitada por el infractor, la Unidad de Talento Humano emitirá el informe respectivo del cumplimiento de dicha sanción con la finalidad de dar por concluido el proceso.
DISPOSICIONES GENERALES.
PRIMERA.- La sanción notificada, constituirá fuente de título de la obligación, para el respectivo cobro a cargo de la Dirección Financiera cuya recaudación iniciará a partir del mes de agosto del año 2020.
SEGUNDA.- La Unidad de Talento Humano avocará conocimiento de las sanciones que correspondan a trabajo comunitario y coordinará su ejecución con las Direcciones Administrativa y de Desarrollo Cantonal a partir del mes de agosto del año 2020. El incumplimiento a la planificación de horas asignadas para trabajo comunitario, constituirá único fundamento para proceder a la aplicación de las multas establecidas en la Ordenanza para el Uso Obligatorio de Mascarilla para Circular en Espacios Públicos en el Cantón Alausí según corresponda.
TERCERA.- Las disposiciones de la presente Ordenanza se expiden sin perjuicio de las medidas de emergencia adoptadas por otros niveles de gobierno en relación con la pandemia del Coronavirus Covid-19.
DISPOSICIONES REFORMATORIAS.
PRIMERA.- Deróguese el contenido del artículo 6 de la Ordenanza para el Uso Obligatorio de Mascarilla para Circular en Espacios Públicos en el Cantón Alausí, expedida por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí.
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SEGUNDA.- A continuación de la Disposición General Quinta de la Ordenanza para el Uso Obligatorio de Mascarilla para Circular en Espacios Públicos en el Cantón Alausí agréguese el siguiente texto: «Con respecto a las multas impuestas a personas en las parroquias rurales, estos recursos se transferirán a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y serán destinados también a mitigar las consecuencias de la emergencia sanitaria dentro de su jurisdicción».
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción y será publicada en la página web institucional; sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y se mantendrá vigente hasta su expresa derogatoria.
SEGUNDA.- Notifíquese con el contenido de esta Ordenanza al COE Provincial, COE Cantonal, entidades de seguridad ciudadana cantonal, Presidentes de las Juntas Parroquiales y su Comisión Parroquial para Emergencias (COPAE), y Tenientes Políticos, con la finalidad de que se preste el apoyo necesario para su cumplimiento, cooperación y coordinación interinstitucional.
TERCERA.- Los gobiernos parroquiales rurales emitirán su correspondiente normativa con la finalidad de fortalecer el cumplimiento de la presente Ordenanza.

CERTIFICACIÓN: Abg. Cristian Fernando Ramos Cepeda, Secretario del Concejo Municipal del Cantón Alausí, certifico que la ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO INSTRUCTOR Y SANCIONADOR PARA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA PARA EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA PARA CIRCULAR EN ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CANTÓN ALAUSÍ, fue analizada, discutida y aprobada en primer debate en sesión extraordinaria de concejo el día martes 21 de abril de 2020, y en segundo debate en sesión extraordinaria de concejo el día miércoles 22 de abril de 2020.

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rv nf

Ab. Cristian Fernando Ramos Cepeda
SECRETARIO DE CONCEJO DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ. Alausí, jueves 23 de abril de 2020. De conformidad con lo que dispone los artículos 322 y 324, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sanciono y dispongo la promulgación de la ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO INSTRUCTOR Y SANCIONADOR PARA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA PARA EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA PARA CIRCULAR EN ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CANTÓN ALAUSÍ, en la Página Web Institucional y en el Registro Oficial.

SECRETARIA DE CONCEJO. Alausí, 23 de abril de 2020, sancionó, firmó y ordenó la promulgación de la presente Ordenanza el Ing. Aurio Rodrigo Rea Yánez Alcalde del cantón Alausí.

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ORDENANZA QUE REGULA LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y DE BIOSEGURIDAD, ASÍ COMO LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA ÁREAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO FRENTE A LA CRISIS SANITARIA PARA COMBATIR LA PANDEMIA DEL COVID-19 DENTRO DEL CANTÓN PUCARÁ.
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que son deberes primordiales del Estado «1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.»;
Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir;
Que, el artículo 31 de la Constitución de la República del Ecuador ordena que: «Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.»;
Que, de conformidad con el inciso primero del artículo 32 de la Carta Fundamental la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, manda que, la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
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desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
Que, el artículo 264 numeral 6 ibídem ordena que: los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: …2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón… 4…. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley…6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal. …»;
Que, la Carta Magna en el inciso segundo del Art. 314 señala que: «…El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación…»;
Que, el artículo 361 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector;
Que, el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, establece «…El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley…».
Que, el artículo 390 de la Carta Magna del estado ecuatoriano menciona «…Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad…»
Que, de conformidad con el artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud define a la emergencia sanitaria como «…Es toda situación de riesgo de afección de la
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salud originada por desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos climáticos, ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento básico que favorecen el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado con movilización de recursos humanos, financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la salud de las poblaciones más vulnerables. La emergencia sanitaria deberá ser declarada por el Presidente de la República conforme lo manda la Constitución Política. …»
Que, el numeral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública define las situaciones de emergencias como:»… aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva.»;
Que, el artículo 4 del COOTAD señala que, entre otros, son fines de los gobiernos autónomos descentralizados los siguientes: «(…) f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias; (…) h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de sus habitantes»;
Que, el artículo 60 ibídem ordena que: «Atribuciones del alcalde o alcaldesa.-Le corresponde al alcalde o alcaldesa: (…) o) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa deberá informar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos; p) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste hubiere correspondido adoptarlas, para su ratificación; (…)»;
Que, el artículo 147 del COOTAD señala que: «El Estado en todos los niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y una vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social y económica de las familias y las personas. (…)»;
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Que, el artículo 219 del cuerpo normativo antes indicado señala que: «Los recursos destinados a educación, salud, seguridad, protección ambiental y otros de carácter social serán considerados como gastos de inversión. (…)»;
Que, el COESCOP, en su Libro IV, sobre las Entidades Complementarias de Seguridad Ciudadana, en su artículo 218, dispone: «Las entidades complementarías de seguridad de la Función Ejecutiva y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados metropolitanos y municipales, son organismos con potestad pública en su respectivo ámbito de competencia, que desarrollan operaciones relacionadas con el control del espacio público; prevención, detección, disuasión e investigación de la infracción; apoyo, coordinación, socorro, rescate, atención pre hospitalaria y respuesta ante desastres y emergencias; con la finalidad de realizar una adecuada gestión de riesgos y promover una cultura de paz, colaborando al mantenimiento de la seguridad integral de la sociedad y del Estado. (…) Las entidades que regula este libro son de carácter operativo, civil, jerarquizado, disciplinado, técnico, especializado y uniformado. Estas entidades realizan una labor complementaria a la seguridad integral que brinda el Estado a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Su gestión debe articularse a las políticas del Plan Nacional de Seguridad Integral.»;
Que, el artículo 268 del COESCOP, con relación a los cuerpos de agentes de control municipales, señala: «Los Cuerpos de Agentes de Control Municipal o Metropolitano son el órgano de ejecución operativa cantonal en materia de prevención, disuasión, vigilancia y control del espacio público en el ámbito de su jurisdicción y competencia.»;
Que, el artículo 269 del COESCOP, con relación a las funciones de los agentes de control municipal, entre otras, establece las siguientes: «1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, resoluciones, reglamentos y demás normativa legal vigente dentro de su jurisdicción y competencia; (…) 2. Ejecutar las órdenes de la autoridad competente para controlar el uso del espacio público; (…) 4. Apoyar a la gestión de riesgos en coordinación con los organismos competentes; (…) 7. Apoyar a los organismos competentes en el proceso de acogida a personas en situación de vulnerabilidad extrema; (…) y, 9. Las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con este Libro y la ordenanza respectiva»;
Que, el artículo 29 de la Declaración de los Derechos Humanos establece que: «1. Toda persona tiene Deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad»; y, «2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los
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demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática (…)»;
Que, el artículo 2 del Reglamento para la Gestión de Desechos Generados en Establecimientos de Salud, publicado como Acuerdo Interministerial Nro. 323-2019 en el Registro Oficial Nro. 450 del 20 de marzo de 2019, señala que dicho «Reglamento es de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio para los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud (…) y «Aplicará además a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos como responsables del manejo de residuos y desechos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios generados en el área de su jurisdicción bajo las modalidades de gestión que la Ley prevé; así como a los gestores ambientales o prestadores de servicios para el manejo de residuos y desechos»;
Que, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece lo siguiente: «De los Comités de Operaciones de Emergencia (COE).- son instancias interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones tendientes a la reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación en situaciones de emergencia y desastre. Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE), operarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implica la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico, como lo establece el artículo 390 de la Constitución de la República. Existirán Comités de Operaciones de Emergencia Nacionales, provinciales y cantonales, para los cuales la Secretaría Nacional Técnico de Gestión de Riesgos normará su conformación y funcionamiento»;
Que, mediante Suplemento del Registro Oficial Nro. 160 de fecha 12 de marzo de 2020 se publicó el Acuerdo Nro. 00126-2020 mediante el cual se declara el estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus COViD-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020 el Presidente de la República declaró el Estado de Excepción por Calamidad Pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos de la salud, y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para

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garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID 19 en Ecuador;
Que, el alcalde del cantón Pucará con fecha 13 de marzo de 2020 emitió la Resolución de Declaratoria de Emergencia No. 0037-AL-GADMP-2020 en el cantón PUCARÁ;
En ejercicio de las atribuciones otorgadas en el artículo 57 letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
EXPIDE:
«ORDENANZA QUE REGULA LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y DE BIOSEGURIDAD, ASÍ COMO LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA ÁREAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO FRENTE A LA CRISIS SANITARIA PARA COMBATIR LA PANDEMIA DEL COVID-19 DENTRO DEL CANTÓN PUCARÁ»
TITULO I GENERALIDADES
CAPÍTULO I
DEL OBJETO, ÁMBITO, COMPETENCIA, DEFINICIONES Y VIGENCIA
Artículo 1.- Objeto.-La presente Ordenanza tiene por objeto establecer normas de carácter administrativas para hacer frente al estado de emergencia sanitaria generado por la pandemia COVID-19, misma que atraviesa el país y en específico el cantón Pucará.
Así mismo esta Ordenanza tiene como principio rector promover y establecer buenas prácticas de seguridad sanitaria, bioseguridad y además de sancionar su incumplimiento.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones legales dispuestas en la presente Ordenanza son de carácter obligatorio y de fiel cumplimiento, por lo tanto rigen para todos los habitantes en el cantón PUCARÁ, residentes o transeúntes, así como para todas las instituciones y establecimientos públicos y privados con domicilio dentro de la circunscripción cantonal, incluye áreas urbanas y rurales, para todos los efectos jurídicos y administrativos vinculados con el cumplimiento de las competencias establecidas para el GAD Municipal Del cantón Pucará.

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Articulo 3.- Sujetos.- La presente Ordenanza es norma de carácter obligatorio y de fiel cumplimiento tanto para las personas naturales y jurídicas, de cualquier edad, sea esta nacional o extranjera, domiciliada o no en el cantón Pucará.
Articulo 4.- De la competencia.- De acuerdo a lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización COOTAD, y demás normativas conexas aplicables para tal efecto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pucará tiene competencia para ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.
Articulo 5.- Definiciones.- Para efectos de aplicación de esta Ordenanza, se establece las siguientes definiciones:
a. Del Espacio Público.- Se entenderá por espacio público aquel por el cual transitan los vehículos y las personas y son de dominio del GAD municipal, estos espacios incluyen calles, plazas, parques, pasajes, portales, aceras, parterres, malecones, y todos los lugares públicos de tránsito vehicular y peatonal, así como también las carreteras y caminos urbanos, rurales que interconectan e intercomunican al centro cantonal con las parroquias y comunidades del cantón Pucará, por lo tanto la vía pública forma parte del espacio público.
b. La Mascarilla.- objeto diseñado para cubrir la boca y la nariz con el fin de proteger a la persona que respira, contra quien está en su proximidad del contagio del virus COVID-19.
Articulo 6.- Vigencia.- La presente Ordenanza tendrá vigencia hasta que la declaratoria de estado de excepción y/o declaratoria de estado de emergencia sanitaria a nivel nacional termine o sea levantando por el Presidente de la República o por el COE Nacional.
CAPÍTULO II
DE LA LIBRE CIRCULACIÓN Y DE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO
PÚBLICO POR LAS PERSONAS EN GENERAL Y DEL USO DE LA
MASCARILLA DE CARÁCTER OBLIGATORIO
Artículo 7.- La regulación establecida en esta norma, de ninguna forma establecerá, significará o será motivo para infringir o contravenir las restricciones de movilidad, de aislamiento, cuarentena, distanciamiento y toque de queda decretados a nivel nacional por las autoridades competentes.
Artículo 8.- las personas que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, sintomáticas o asintomáticas, o las mismas que se encuentren dentro del cerco epidemiológico, con sospecha de infección o contagio de COVID-19, y en

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aislamiento obligatorio, no podrán circular u ocupar espacio público, aun haciendo uso de mascarilla, con excepción de cuando están siendo trasladadas a un establecimiento de salud para su tratamiento o recuperación respetiva.
Dichas personas solo podrán circular por el espacio público con mascarilla y de ser necesario una vez se demuestre que han cumplido con el periodo de recuperación o concluida la etapa de aislamiento obligatorio.
Artículo 9.- La persona que ocupe el espacio público en el cantón Pucará está obligada a usar la mascarilla (de preferencia quirúrgica o la N95) mientras circule en los espacios públicos o permanezca en los mismos. De igual manera será responsable del uso de la mascarilla de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que tengan relación familiar o dependan de este o estén hecho cargo de él.
El no cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior de la presente Ordenanza será sancionado de acuerdo a lo establecido en la «Ordenanza que Regula el Uso de Mascarillas/Tapabocas y Guantes Según protocolo de Salud en Espacios Públicos y Libre Circulación de Todas las personas para Prevenir el Contagio de COVID-19 en el Cantón Pucará».
Artículo 10.- La mascarilla debe cubrir en todo momento nariz y boca, la misma es de uso personal, esto quiere decir que tiene que ser utilizada por una sola persona y no debe ser compartida con otros u otras personas, por lo tanto se restringe el uso comunitario de todo tipo de mascarilla.

CAPITULO III
DE LAS PERSONAS INFECTADAS O EN CERCO EPIDEMIOLÓGICO
Articulo 11.- La persona que estando diagnosticada con el virus COVID-19, sintomática o asintomática, o que se encuentren bajo sospecha de infección o contagio, dentro del cerco epidemiológico, o en aislamiento obligatorio, que circule u ocupe el espacio público, aun utilizando mascarilla, sin demostrar que ha concluido su tratamiento, o que ha concluido la etapa de aislamiento obligatorio, será sancionada con una multa equivalente a un salario básico unificado del trabajador en general, la reincidencia será considerada como agravante y será sancionada con el doble de la última multa anteriormente impuesta, sin perjuicio de la aplicación y de acuerdo a lo establecido en el primer inciso del artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal.
Se exceptuará lo antes estipulado, cuando se demuestre que dicha persona se encuentre trasladándose a un establecimiento de salud para proceder a su tratamiento o recuperación respectiva.
CAPITULO IV

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DE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y NEGOCIOS INFRACTORES
Articulo 12.- El o los propietarios, gerente o administrador de la o las instituciones privadas, negocio/s, local/es comercial/es, que permita el ingreso y/o permanencia física de clientes/usuarios sin el uso de la correspondiente mascarilla cubriendo su nariz y boca, será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo de las sanciones.
De la misma manera el propietario/os, gerente/es o administrador/es de la institución privada, negocio o local comercial que no instale o mantenga en funcionamiento alfombras de desinfección, será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo de las sanciones.
Corresponde a la autoridad sancionadora municipal (Comisario Municipal) encargarse del procedimiento administrativo sancionador, de acuerdo a lo prescrito en la normativa municipal vigente establecido en esta Ordenanza.
CAPITULO V
DE LA BIOSEGURIDAD SANITARIA, EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD O
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Artículo 13.- Filas para la adquisición de insumos, bienes y prestación de servicios.- Con la finalidad de transformar los patrones sociales para la provisión de toda clase de insumos o desarrollar actividades relacionadas con servicios públicos o privados se realizarán ordenadamente, haciendo filas, en donde entre cada persona existirá una distancia no menor a dos metros (2m) entre cada una, para lo cual la administración municipal establecerá la zonificación respectiva para cada institución pública o privada que preste servicios a la ciudadanía contará con su propio protocolo.
Para el caso de mercados, plataformas, camales, y cualquier otro tipo de espacio público en general que sirva para la comercialización de insumos alimenticios, prestación de servicios, entre otros, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pucará, a través de la Comisaria Municipal, la Unidad de Gestión de Riesgos, dispondrán la implementación de protocolos de seguridad y señalización adecuada para mantener la separación mínima entre las personas.
Para el caso de la parroquia rural, las mencionadas direcciones coordinarán la implementación de la medida antes referida, con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial; así mismo, se apoyará en estas entidades públicas para ejercer el control adecuado.

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Los dueños o arrendatarios de los establecimientos públicos o privados deberán aplicar los protocolos a fin de garantizar su cumplimiento y serán responsables de verificar que esta medida se cumpla a cabalidad.
Para el caso del transporte público y comercial, los usuarios deberán realizar filas con la separación reglamentada tanto para la espera del servicio de transporte así como para el ascenso a las unidades.
CAPÍTULO VI

PROPIETARIOS O ARRENDATARIOS DE COMERCIOS, INDUSTRIAS Y
ENTIDADES EN GENERAL
Artículo 14.- Uso de Equipo de Protección Personal (mascarillas, elementos de protección facial y guantes de protección).- Todas las personas encargadas de la entrega de productos de cualquier naturaleza incluidos a domicilio o quienes desarrollen todo tipo de actividades de comercio o industria, deben utilizar mascarillas o elementos de protección, así como de bioseguridad dentro de sus lugares de actividad y en el espacio público. Se prohíbe la entrega de productos o atención de servicios sin cumplir con esta disposición.
El uso de las mascarillas tipo N95 o equivalentes son obligatorias dentro de las casas de salud y atención médica, por parte del personal médico o los pacientes que por prescripción así lo requieran. Asimismo, en las instituciones públicas y privadas, en las industrias, establecimientos, cadenas y actividades comerciales de las áreas de alimentación, sector agrícola, ganadero y cuidado de animales, supermercados, bodegas y almacenamiento de víveres; además de los servidores públicos vinculados a la seguridad ciudadana, atención, organismos de respuesta y gestión de riesgos, dependiendo de su nivel de exposición estos últimos utilizarán mascarillas de alta protección.
El personal de despacho de productos o de prestación de servicios en mostrador, está obligado a lavarse las manos de manera constante o frecuentemente, así como proceder a su desinfección con gel antibacterial o alcohol antiséptico. Los guantes de protección se usarán en función de los protocolos dispuestos por las autoridades competentes.
Las instituciones públicas y privadas que presten servicios a la ciudadanía deberán de disponer de gel antibacterial o spray para la respectiva desinfección de las personas que requieren de atención o servicios, las instituciones públicas y privadas deberán realizar la respectiva toma de temperatura por medio de los dispositivos electrónicos de salud.
Artículo 15.- Métodos de Desinfección.-Todas las personas encargadas de la entrega y distribución de productos de cualquier naturaleza, en comercios o

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industrias, entidades públicas y privadas, deben contar con alcohol antiséptico o gel antibacterial.
Artículo 16.- De la capacitación e información sobre casos positivos.-
Todo lugar de comercio o industria, así como las instituciones públicas y privadas deberá capacitar al personal con información de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud Pública sobre el modo de propagación del COVID19, además se instruirá sobre el uso correcto de los equipos de protección, medidas de higiene ante la crisis sanitaria, el mecanismo para garantizar el distanciamiento social y otros que dispongan las autoridades nacionales o locales.
Los dueños, representantes legales o arrendatarios de los establecimientos públicos o privados con acceso público, en donde algún miembro de su personal sea detectado como positivo de COVID19, deberán dar aviso al Ministerio de Salud Pública y al GAD Municipal de PUCARÁ de manera inmediata, para proceder con el protocolo correspondiente.
Capítulo VIl

UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO, COMERCIAL Y PRIVADO
Artículo 17.- Uso de equipos de bioseguridad.- Los pasajeros o usuarios deberán usar mascarillas o elementos de protección facial y de ser necesario trajes de bioseguridad durante todo el trayecto. Se prohíbe el ingreso a las unidades de transporte a las personas que no cuenten con estos objetos de protección.
Los conductores de las unidades de transporte público y comercial; deberán usar el equipo de protección que consiste en (mascarilla, gafas o elementos de protección fácil, trajes de bioseguridad de acuerdo al protocolo presentado al COE cantonal en coordinación con el COE Provincial y Nacional.
Para el caso de los conductores del transporte público, es obligatorio dar información a sus usuarios sobre la prohibición del uso del medio de transporte sin mascarilla y de todas las medidas que rija mientras dure la crisis sanitaria.
La Agencia Nacional de Transito, así como la Comisión Nacional de Tránsito por medio de sus agentes, verificará que en el transporte público, comercial y privado, se cumpla estrictamente estas disposiciones y aplicará las medidas sancionatorias de ser el caso.
Esta disposición también aplica para los conductores de vehículos no motorizados.
Artículo 18.- Desinfección de unidades y equipamiento de transporte público, comercial y unidades privadas para comercio o industria.- Previo

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a la salida de las unidades de transporte público y al inicio de los recorridos del transporte comercial desde su punto base de operación deberán ser desinfectados. Este proceso será tanto al interior como al exterior de la unidad y será responsabilidad de cada propietario o representante legal según corresponda.
Para los vehículos que utilizan las instituciones públicas o privadas y que transporten varios usuarios o funcionarios, aplica igual medida, siendo responsable para el caso de los entes públicos la máxima autoridad o su delegado; y, para el caso de los privados su propietario o representante legal.
Se debe, así mismo, desinfectar las paradas de los buses del cantón y su equipamiento.
Los productos empleados para la desinfección serán los autorizados por la autoridad sanitaria nacional y se seguirán los protocolos establecidos para el efecto.
El control de la presente medida será responsabilidad del GAD municipal de Pucará, a cuyo efecto por medio de la Unidad respectiva elaborará los cronogramas de control que corresponda.
Artículo 19.- Del Control en las zonas de parqueos autorizados.- La Unidad de Transito del GAD Municipal verificará dentro del control de las zonas de parqueos para las paradas de buses, cooperativas privadas y demás, la obligatoriedad del uso de los equipos de bioseguridad para conductores, ayudantes y pasajeros de las operadoras de transporte interprovincial e intraprovincial, sin que puedan salir las unidades de cada zona de parqueo previa descontaminación y desinfección de las mismas.
Así mismo, llevarán un registro de los datos de contacto de los pasajeros y el resultado de la toma de temperatura corporal al conductor, ayudantes y pasajeros de la unidad.
Capítulo VIII
CONTROL DE EXPENDIO DE MASCARILLAS EN LA VÍA PÚBLICA
Artículo 20.- Prohibición de la venta de mascarillas y productos de bioseguridad en el espacio público.- La Guardia Municipal, con el apoyo de la Policía Nacional, Comisario municipal, Comisario Nacional de Policía y de ser necesario el Jefe Político del cantón, ; y, en el caso de la parroquia rural con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, realizarán el control para evitar la venta o distribución gratuita por parte de comerciantes autónomos de estos productos en el espacio público. La violación a la presente disposición

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dará lugar al decomiso de los productos y se pondrá a los infractores a órdenes de la autoridad competente.
Capítulo IX

PROTECCIÓN DEL PERSONAL INSTITUCIONAL Y CONTROL DE
ASISTENCIA DEL PERSONAL PÚBLICO Y PRIVADO
Artículo 21.- Protección de la salud de servidores públicos.- En caso de que uno o más servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, entidades adscritas presenten síntomas relacionados con el COVID19, la Jefatura de Talento Humano, la Unidad de Gestión de Riesgo y Seguridad de Salud Ocupacional, según los protocolos que corresponda, dispondrá el aislamiento e informará al Ministerio de Salud Pública para el procedimiento adecuado.
Se justificará posteriormente por medio del certificado médico respectivo su inasistencia a su lugar de trabajo, lo que no constituirá causal de perdida de la relación laboral, ya que el mismo constituye enfermedad laboral según normativa nacional e internacional.
Las pruebas para confirmar el contagio por COVID-19 o descartarlo, se realizarán en las entidades públicas de salud que disponga el cantón; o si fuere necesario por la gravedad del caso, por prescripción del personal de salud pública; para lo cual el GAD Municipal, o entidades adscritas facilitarán el proceso y serán responsables de asumir el costo.
Artículo 22.- De los controles de asistencia y lugares de alimentación.- En toda entidad pública o privada que utilice el biométrico para el registro de asistencia de sus empleados o funcionarios serán prohibidos y se deberá establecer un mecanismo alternativo para dicho control, sin que ello propicie el riesgo de contagio. Así mismo, para los lugares públicos y privados en donde se genere espacios para refrigerios, almuerzo o merienda, deberán disponer las medidas que correspondan para evitar la aglomeración de personas, disponer de los equipos necesarios establecidos en el capítulo IV.

Capítulo X
PREVENCIÓN Y RESTRICCIÓN DE LA MOVILIDAD
Artículo 23.- Medidas de restricción de la movilidad.- Las medidas de restricción de la movilidad dentro del cantón PUCARÁ durante el tiempo de la vigencia de la presente Ordenanza, serán aquellas emanadas del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal, Provincial y Nacional, así como las directrices o decretos ejecutivos establecidos por las autoridades competentes que desarrollen para tal efecto.

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La Unidad de Gestión de Riesgos y el COE cantonal, dentro de sus cuerpos legales, hará constar de forma obligatoria el refuerzo de los controles y la ejecución de operativos específicos en las vías de acceso al cantón PUCARÁ.
Capítulo XI
DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Artículo 24.- De los residuos comunes.- Serán considerados residuos comunes las mascarillas, guantes y otros insumos utilizados de manera preventiva por los ciudadanos para su protección personal durante la crisis sanitaria por el COVID19; y, deberán ser desechados en las fundas de color negro, conjuntamente con los desechos domiciliarios o comunes, respetando los horarios y frecuencias establecidos para la recolección de dichos desechos sólidos por la Unidad de Gestión Ambiental de la Institución Municipal.
Artículo 25.- De los residuos infecciosos.- Cuando una persona ha sido confirmada con COVID19 y las autoridades de salud hayan dispuesto su aislamiento domiciliario obligatorio, sus familiares deberán comunicar de este particular de manera inmediata a la Unidad de Gestión de Riesgos de la Institución Municipal y al respectivo centro de Salud del MSP, para que la institución correspondiente proceda a recolectar diferencialmente todos los residuos de esa familia, cumpliendo con los protocolos previstos para el manejo de desechos infecciosos.
TÍTULO II
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

Capítulo I
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS SUSTITUTIVAS
Artículo 26.- Infracciones leves.-Los ciudadanos que incumplan con las medidas dispuestas en el Título I del Capítulo III a capítulo VIII de la presente Ordenanza, serán sancionados con un monto equivalente al veinte y cinco por ciento (25%) de un salario básico unificado, fuera de lo establecido en la «Ordenanza que Regula el Uso de Mascarillas/Tapabocas y Guantes Según protocolo de Salud en Espacios Públicos y Libre Circulación de Todas las personas para Prevenir el Contagio de COVID-19 en el Cantón Pucará».
Artículo 27.- Infracciones graves.- Los propietarios o arrendatarios que incumplan las medidas dispuestas en el Título l del Capítulo I al capítulo Vil de la presente Ordenanza, serán sancionados con un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de un salario básico unificado.

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Además, si se llegase a constatar que los locales comerciales, industriales, centros de abasto, mercados, tiendas, supermercados o similares y entidades públicas o privadas, no cumplen las medidas previstas en el Capítulo V, previo informe del personal técnico que constate el incumplimiento en flagrancia que será designado para este efecto por parte del GAD Municipal de PUCARÁ, se procederá a la clausura inmediata del local por 24 horas como mínimo, o hasta que se subsane el o los incumplimientos encontrados,
La reincidencia de infracciones, constituirá infracción grave.
De ser necesario más personal técnico para el control y elaboración de informes de infracción en flagrancia, se podrá contar con servidores públicos de las empresas públicas o entidades adscritas por disposición de la máxima autoridad del ejecutivo cantonal.
Artículo 28.- Infracciones muy graves.- Los representantes de las operadoras de transporte público y comercial que incumplan con las medidas dispuestas en el Capítulo VI de la presente Ordenanza, serán sancionados con un monto equivalente al cien por ciento (100%) de un salario básico unificado. Para el caso de los propietarios y usuarios del transporte privado la infracción será considerada como leve.
Artículo 29.- Medidas sustitutivas.- Las medidas sancionatorias descritas en los artículos del presente capítulo podrán ser sustituidas realizando las medidas que se detallan a continuación, siempre y cuando exista un informe previo del Concejo Cantonal de Protección de Derechos que determinará las condiciones socio económicas del infractor.
Prestar servicio comunitario por 8, 24 o 40 horas para sustituir las infracciones leves, graves y muy graves respectivamente.
El trabajo comunitario se deberá realizar bajo la coordinación y mecanismos que implemente el Concejo Cantonal de protección de Derechos conjuntamente con el apoyo de la Comisaria municipal, Policía Nacional, Comisario Nacional de policía, y de ser necesario al Jefatura política del cantón.
Artículo 30.- Reincidencia.- En caso de reincidencia en el cometimiento de las infracciones descritas en la presente Ordenanza, también se estará a lo dispuesto en el primer inciso del artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal.
Para el caso que aplique la clausura de locales en reincidencia, por cada reincidencia se incrementará al tiempo mínimo de clausura por un lapso de 72 horas adicionales por cada vez o hasta que subsane la falta.

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Artículo 31.- Pago de multas.- Las multas impuestas serán canceladas en la cuenta que para el efecto se disponga en la resolución sancionatoria respectiva por parte del GAD municipal de PUCARÁ, dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la notificación con la resolución se encuentre ejecutoriada, vencido el plazo la recaudación procederá mediante acción coactiva.

TITULO III

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Artículo 32.- Del control.- Corresponde al Comisario Municipal además de los ya establecidos para el efecto, ejercer el control del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza, para lo cual coordinarán con las instituciones de los diferentes niveles de gobierno.
En lo referente al control en lo que corresponda a las Entidades adscritas, lo ejercerán según disponga su máxima autoridad administrativa.
Para todos los casos de control se seguirán los procedimientos internos que cada entidad dictamine para el efecto.
Artículo 33.- Procedimiento Administrativo Sancionados- Las infracciones establecidas en la presente ordenanza se considerarán como administrativas flagrantes, el comisario Municipal sustanciará el procedimiento con base a lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo, en el cual, el período de emisión del dictamen de instrucción que incluye el período de prueba, no podrá sobrepasar del término de 5 días contados a partir de la presentación de descargos y el término para emisión de la respectiva resolución, no podrá sobrepasar del término de 2 días contados a partir de la emisión del dictamen que emita el órgano de instrucción.
Podrá concluir el procedimiento con el reconocimiento de la infracción y la imposición de la sanción se la establecerá de acuerdo a las condiciones establecidas en el COA.
Para efectos de prescripción de la facultad sancionadora y la caducidad del procedimiento, las infracciones contenidas en esta ordenanza se considerarán faltas leves.
Artículo 34.- Acción Popular.- La autoridad municipal competente actuará de oficio a efectos de controlar el cumplimiento de esta ordenanza. Sin perjuicio de lo anterior, como mecanismo de participación y corresponsabilidad ciudadana, los ciudadanos podrán denunciar las violaciones a la presente ordenanza a través del comisario municipal y del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911

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Artículo 35.- Destino de las Multas.- Lo recaudado por concepto de multas que se impongan como resultado de aplicar las normas de esta ordenanza, será destinado a financiar acciones enfocadas en la seguridad y emergencia sanitaria, la asistencia social, educación, soberanía alimentaria y la prevención del contagio del COVID-19.
Será la Unidad de Gestión de Riesgo la encargada de ejecutar las políticas públicas dispuestas en el presente artículo, para lo cual serán transferidos la totalidad de los recursos correspondientes por concepto de multas. Para la consecución de sus objetivos podrá coordinar con las diferentes unidades municipales, gobiernos parroquiales e instituciones públicas y privadas.
TITULO IV
Capítulo I

DE LAS VEEDURÍAS Y OTROS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Artículo 36.- De los mecanismos de participación social.- De conformidad con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, los ciudadanos podrán ejercer el derecho a participar y controlar mediante los mecanismos de participación ciudadana establecidos con el objeto de vigilar el fiel cumplimiento de la presente Ordenanza.
De existir veedurías ciudadanas recibirán el apoyo del GAD Municipal de PUCARÁ a través de la Unidad de Gestión de Riesgos, Departamento de Comunicación Social, y de otras unidades o departamentos de ser necesario, según requieran los veedores.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- La entrega de las mascarillas a los grupos de atención prioritaria que se encuentre dentro de los quintiles de pobreza uno y dos, será gratuita por parte del GAD Municipal de PUCARÁ cuando sea posible y de preferencia se lo hará en conjunto con los kits de alimentos.
Asimismo, se garantizará a través del GAD Municipal, la entrega gratuita y con la frecuencia recomendada de mascarillas al personal que por sus funciones y exposición lo requiera.
El Concejo Cantonal de Protección de Derechos, conjuntamente con la Junta Cantonal de Protección de Derechos, será la encargada de dar cumplimiento de esta disposición, en lo referente a los beneficiarios de los grupos de atención prioritaria que se encuentren en los quintiles de pobreza uno y dos.

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SEGUNDA.- El GAD Municipal de PUCARÁ en coordinación con Empresas Públicas, Entidades Adscritas y más instituciones públicas y privadas relacionadas con la situación de emergencia, ejecutará procesos de desinfección, con los debidos resguardos para los funcionarios que realicen esta labor:
a. De manera periódica, organizada y coordinada en mercados, plazas, y todo espacio público donde se comercialice insumos alimenticios y se realice expendio de los mismos.
b. A cada vehículo de carga, tanto en el interior como el exterior, que llegue a cualquier centro de abasto del cantón PUCARÁ.
c. Según cronograma preestablecido que priorice los caminos, calles, avenidas y espacios comunales tanto de la parte urbana como rural.
Cuando se realice las acciones antes indicadas en el territorio rural se coordinará con el GAD Parroquial.
TERCERA.- Las instituciones públicas o privadas que cuenten con hornos crematorios en el cantón PUCARÁ deberán ceñirse a los protocolos dispuestos en el «Reglamento para la gestión de cadáveres, mortinatos, piezas anatómicas, osamentas humanas y regulación del funcionamiento de los establecimientos que prestan servicios funerarios» y según lo determinado en el «Protocolo para la manipulación y disposición final de cadáveres con antecedente y presunción de COVID19 Hospitalario V3.0» o la última vigente, en lo correspondiente al apartado Documentos Habilitantes. Para no generar cuello de botella en el caso de inhumación para casos COVID19 y sospechosos se requerirá los siguientes documentos habilitantes:
– Solicitud de inhumación entregada por la administración del cementerio.
– Formulario estadístico de defunción general del INEC.
– Copia de cédula del fallecido o partida de nacimiento.
Todo ente público o privado que proceda con la inhumación de cadáveres de fallecidos por COVID-19 o sospechosos de haber fallecido con COVID-19, deberá recibir el cadáver en las bolsas apropiadas para este fin, específicas para cadáveres con cierre frontal y anti fluidos, debidamente desinfectadas y precautelando los protocolos dados por el COE Nacional para el efecto.
Las funerarias y cementerios del cantón PUCARÁ deberá coordinar con el ARCSA, los protocolos a seguir en caso de inhumación de personas fallecidas por COVID19 o sospechosos.
Se prohíbe el uso de bóvedas o nichos para personas fallecidas a causa del COVID19 o sospechosos.

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Todos los demás cementerios púbicos y privados del cantón, deben prever el 3% de los espacios para el caso de inhumación comunitaria. Para todo caso de inhumación en tierra, el suelo deberá estar impermeabilizado.
CUARTA.- El GAD Municipal de Pucará impulsará campañas publicitarias de los mensajes que se requiera posicionar en la ciudadanía para educar e informar sobre las medidas para sobrellevar esta crisis sanitaria. De manera particular hará énfasis en el mecanismo adecuado de lavado con jabón o desinfectantes alimenticios para alimentos perecibles; y, para el caso de no perecibles según las normas que la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud Pública recomienden y demás protocolos de carácter sanitario se establezcan para el efecto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Para el caso del transporte público y comercial se seguirán las normas con respecto al porcentaje de ocupación de las unidades según las recomendaciones de los organismos internacionales de salud y las disposiciones del COE Nacional, Provincial y Cantonal de acuerdo a la etapa de la crisis sanitaria en la que se encuentre el cantón PUCARÁ.
SEGUNDA.- La presente Ordenanza es de carácter temporal y tendrá vigencia hasta que por resolución el Concejo Municipal de PUCARÁ, en análisis de las disposiciones nacionales sobre la emergencia sanitaria, disponga la terminación de la vigencia de la misma.
TERCERA.- Se ejecutará un proceso de socialización por diferentes medios durante cuatro (4) días previo a la aplicación de las sanciones establecidas en la presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
ÚNICA.- Deróguese toda norma, disposición o resolución de igual o menor rango, que se contraponga al presente cuerpo normativo mientras esta esté vigente.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su sanción.
Dado y firmado en el cantón Pucará, a los 30 días del mes de junio de 2020

48 – Miércoles 29 de julio de 2020 Registro Oficial N° 256
CERTIFICO: Que la presente «ORDENANZA QUE REGULA LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y DE BIOSEGURIDAD, ASÍ COMO LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA ÁREAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO FRENTE A LA CRISIS SANITARIA PARA COMBATIR LA PANDEMIA DEL COVID-19 DENTRO DEL CANTÓN PUCARÁ» fue conocida, discutida y aprobada en PRIMER Y SEGUNDO DEBATE por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pucará, en sus Sesiones Ordinarias de fecha 17 y 30 de junio de 2020 respectivamente.

Ab. Daisy Bustamante B.
SECRETARIA G. DE CONCEJO.
ALCALDÍA DE PUCARÁ, a los tres días del mes de julio del año dos mil veinte.- siendo las 11h20.- De conformidad al Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente, y una vez que se ha cumplido con las disposiciones legales, SANCIONÓ: «ORDENANZA QUE REGULA LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y DE BIOSEGURIDAD, ASÍ COMO LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA ÁREAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO FRENTE A LA CRISIS SANITARIA PARA COMBATIR LA PANDEMIA DEL COVID-19 DENTRO DEL CANTÓN PUCARÁ» – Ejecútese y publíquese.-

Proveyó y firmó el decreto que antecede el señor Luis Rodrigo Yánez Cedillo, Alcalde del Cantón Pucará, a los tres días del mes de julio del año dos mil veinte.- Lo certifico.

Ab. Daisy Bustamante B.
SECRETARIA G. DE CONCEJO.