Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 21 de agosto de 2019 (R. O22, 21–agosto -2019)

Año I – Nº 22

Quito, miércoles 21 de agosto de 2019

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

SECRETARÍA GENERAL DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA:

SGPR-2019-0244 Expídese el Instructivo para la asignación, responsabilidad, administración, informes y liquidación de fondos a rendir cuentas, tarjetas de consumo y tarjetas de crédito de la Presidencia de la República

SGPR-2019-0245 Modifíquese el Acuerdo No. SGPR-2019-0151 de 23 de mayo de 2019

MINISTERIO DE

AGRICULTURA Y GANADERÍA:

131…….. Establécese el precio mínimo de sustentación de la tonelada métrica de caña de azúcar en pie, para la zafra 2019-2020 en USD 31,70 con 13° (Pol

MINISTERIO DE EDUCACIÓN:

MINEDUC-MINEDUC-2019-00036-A Desígnese al señor José Guillermo Brito Albuja, Subsecretario de Fundamentos Educativos, como Delegado Permanente ante la Junta Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa

INSTRUMENTO INTERNACIONAL:

MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA:

-…………. Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay para la Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes del Patrimonio Cultural y Natural que Hayan Sido Materia de Robo, Hurto, Saqueo, Transporte, Tráfico y/o Comercialización Ilícitos

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DEL AMBIENTE:

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL:

Apruébese la actualización del registro ambiental para las fases de exploración inicial de las siguientes concesiones mineras:

054 Sharug 2, ubicada en la provincia de Azuay

Págs.

055 La Hueca, La Florida y Santa Cruz, ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe

056 Porvenir 1, Porvenir 2 y Porvenir 3, ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe

SECRETARÍA TÉCNICA DE

JUVENTUDES:

SETEJU-DST-2019-0000010 Refórmese la resolución de delegaciones de facultades y atribuciones para la gestión de la contratación pública, administrativa, financiera y jurídica

GOBIERNOS AUTÓNOMOS

DESCENTRALIZADOS

ORDENANZA MUNICIPAL:

-…………. Cantón Guachapala: Para la conservación, restauración y recuperación de las fuentes de agua, zonas de recarga hídrica, ecosistemas frágiles y otras áreas prioritarias para la protección de la biodiversidad, los servicios ambientales y el patrimonio natural

No. SGPR-2019-0244

José Iván Agusto Briones

SECRETARIO GENERAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Considerando:

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República determina «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley- Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, determina: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece: «La responsabilidad administrativa culposa de las autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores de las instituciones del Estado, se establecerá a base del análisis documentado del grado de inobservancia de las disposiciones legales relativas al asunto de que se trate, y sobre el incumplimiento de las atribuciones, funciones, deberes y obligaciones que les competen por razón de su cargo o de las estipulaciones contractuales, especialmente las previstas en el Título III de esta ley (…)»;

Que, el quinto inciso del artículo 163 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina «Se faculta a las entidades y organismos del sector público a gestionar anticipos a través de varios desembolsos, a gestionar proyectos a través de fondos a rendir cuentas, entre otros mecanismos; para lo cual el ente rector de las finanzas públicas emitirá la normativa correspondiente»;

Que, el artículo 123 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, manifiesta: «Las entidades como requisito previo para el cierre contable del ejercicio fiscal correspondiente, efectuarán los ajustes y regulaciones que permitan depurar los saldos de las cuentas que utilizan, entre otras: la de anticipos de fondos (incluidas las de fondos rotativos, cajas chicas fondos a rendir cuentas y fondos para fines específicos), las provisiones para incobrables, amortización de inversiones diferidas y prepagos, consumos de existencias, depreciaciones, acumulaciones de costos en proyectos y programas de inversión.»;

Que, el artículo 2 del Reglamento de registro y control de caución establece: «Sujetos obligados a rendir caución.-Para responder por el fiel cumplimiento de los deberes encomendados, tienen obligación de rendir caución quienes desempeñen funciones de recepción, inversión, control, administración y custodia de recursos públicos, entendiéndose por éstas, aquellas que se relacionen directamente con valores monetarios, títulos o especies que los representen, los cuales comprenden a: a) Dignatarios, autoridades, funcionarios, trabajadores y servidores públicos de las entidades del Estado.- b) Personeros, directivos, empleados, trabajadores y representantes de las personas jurídicas y entidades de derecho privado que manejan recursos públicos.- Le corresponde a la máxima autoridad de la entidad beneficiaría, de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, determinar en cada caso qué sujetos, independientemente de la denominación de sus cargos o puestos de trabajo, están relacionados en las actividades antes citadas y que, por tanto, deben estar caucionados»;

Que, el literal f) de la Norma de Control Interno No. 405-08 «Anticipos de Fondos», emitidas por la Contraloría

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General del Estado determina: «Fondos a rendir cuentas Constituyen una cantidad de dinero, destinados exclusivamente para satisfacer pagos en efectivo, originados por egresos que derivan del cumplimiento de una actividad específica, serán asignados al servidor autorizado para satisfacer gastos que no se pueden atender normalmente y están sujetos a liquidación dentro del mismo mes en que fueron entregados, previa presentación de la documentación debidamente legalizada que respalden los egresos realizados.- Los valores concedidos a las servidoras y servidores de las entidades y organismos del sector público, por anticipos de viáticos, subsistencias y alimentación, en el interior o en el exterior del país, se contabilizarán en la cuenta «Anticipo de viáticos y subsistencias». El correspondiente descargo se registrará con la liquidación definitiva, acompañando obligatoriamente los comprobantes de hospedaje (factura), los boletos o comprobantes emitidos por las empresas de transportación aérea o terrestre y el informe de comisión; debitando la cuenta del anticipo. Por ningún motivo dichos anticipos serán contabilizados directamente como gastos de gestión»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 395, de 24 de mayo de 2018, reformado mediante Decreto Ejecutivo Nro. 665 de 6 de febrero de 2019, se reorganizó la institucionalidad de la Presidencia de la República, así como se establecieron las atribuciones de la Secretaría General de la Presidencia, entre las cuales se encuentran las siguientes: «1. Ejercer la representación legal de la Presidencia de la República; (…)21. Expedir acuerdos, resoluciones y demás instrumentos necesarios para el adecuado cumplimiento de su gestión, funciones y atribuciones (…) «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 571, de 23 de noviembre de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, designó al Mgs. José Iván Agusto Briones como Secretario General de la Presidencia de la República del Ecuador;

Que, mediante Acuerdo Nro. 0086 de 9 de abril de 2012, el Ministerio de Finanzas, ahora Ministerio de Economía y Finanzas, emite las normas técnicas de los tipos de fondos regulados mediante Acuerdo Ministerial Nro. 447, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 259 de 24 de enero de 2008;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0189 de fecha 10 de octubre de 2016, el Ministerio de Finanzas, emite varias Directrices aplicables para las diferentes clases de fondos («de reposición, fondos a rendir cuentas y para gestión de liquidez de entidades públicas «) a ser utilizados en el Sector Público;

Que, mediante Acuerdo No. SEGIN-2016-002 de fecha 28 de marzo de 2016 suscrito por la Secretaría General de Gestión Interna de la Presidencia se expide el «INSTRUCTIVO PARA EL OTORGAMIENTO Y USO DE UNA TARJETA DE CRÉDITO CORPORATIVA PARA EL PAGO DE LOS GASTOS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTO AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS; Y, LA LIQUIDACIÓN DE DICHOS GASTOS.»;

Que, mediante Acuerdo No. SGPR-2019-0027 de 11 de febrero de 2019, se expide la Reforma al Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos de la Presidencia de la República, que en su artículo 10, numeral 1.1.1., establece como atribuciones y responsabilidades del Secretario General de la Presidencia, entre otras las siguientes: literal «a. Ejercer la representación legal de la Presidencia de la República; (…) u. «expedir acuerdos, resoluciones y demás instrumentos necesarios para el adecuado cumplimiento de su gestión, funciones y atribuciones»;

Que, sobre la base de los argumentos expuestos y la dinámica de la Presidencia de la República, con sus unidades de apoyo Secretarias, Subsecretarías y más dependencias, es indispensable solicitar de manera inmediata recursos económicos disponibles, originados por egresos que derivan del cumplimiento de una actividad específica y que servirán para el pago de la prestación de servicios directamente al proveedor, esto debido a que, por los procesos administrativos y financieros no se los puede realizar por la gestión normal de la institución, en este contexto es necesario solicitar la aprobación al Ministerio de Economía y Finanzas la creación de «FONDOS A RENDIR CUENTAS», por los montos requeridos por las diferente Unidades; y,

En ejercicio de las facultades y atribuciones, constitucionales, legales y reglamentarias:

Resuelve:

EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA LA ASIGNACIÓN, RESPONSABILIDAD, ADMINISTRACIÓN, INFORMES Y LIQUIDACIÓN DE FONDOS A RENDIR CUENTAS, TARJETAS DE CONSUMO Y TARJETAS DE CRÉDITO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1.- Objeto.- El presente instructivo tiene por objeto regular la asignación, administración, responsabilidad, informes y liquidación de Fondos a Rendir Cuentas y de las tarjetas de consumo y crédito originados por egresos que se derivan del cumplimiento de una actividad específica de la Presidencia de la República.

Artículo 2.- Asignación.- La asignación de un Fondo a Rendir Cuentas, Tarjeta de Consumo o Tarjeta de Crédito será realizada mediante documento físico previa la autorización de la autoridad competente.

Artículo 3.- Certificación Presupuestaria- Con la aprobación de la Autoridad competente, la Dirección Financiera sobre la base del pedido de la unidad administrativa correspondiente, emitirá la correspondiente Certificación Presupuestaria la misma que permitirá cubrir la rendición y liquidación del Fondo y/o cupo de tarjeta asignada.

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Artículo 4.- Monto autorizado- Es facultad de la Autoridad competente, aprobar, incrementar, disminuir o modificar el monto solicitado de manera escrita.

Artículo 5.- Responsabilidad- El Fondo a Rendir Cuentas y/o tarjeta será entregado/a al servidor que obligatoriamente tenga un contrato o nombramiento con relación de dependencia con la Presidencia de la República; obligándose a mantener confidencialidad de los documentos a los que tenga acceso y a no divulgarlos; así como toda la información obtenida en la ejecución del objeto del fondo y/o tarjeta asignada, así como toda clase de documentos producidos y relacionados con la ejecución de las actividades cumplidas.

Artículo 6.- Del Administrador de Fondos a Rendir Cuentas y/o Tarjeta asignada.- Es el servidor público con contrato ocasional o nombramiento con relación de dependencia con la Presidencia de la República designado para la administración y liquidación del Fondo a Rendir Cuentas y/o tarjeta. El servidor que funja en estas actividades deberá rendir la caución correspondiente y encontrarse incluido dentro de la Póliza de Fidelidad.

Artículo 7.-Arqueo de Fondos.- La Dirección Financiera podrá realizar de manera imprevista un Arqueo de Fondos, a los administradores de Fondos a Rendir Cuentas y/o Tarjeta asignada, para lo cual se elaborará un Informe con los resultados, para conocimiento del señor Coordinador General Administrativo y Financiero, y toma de acciones de ser necesario.

Artículo 8.- Pagos indebidos.- Los valores que fueren pagados indebidamente se registrarán en una cuenta por cobrar a nombre del Administrador del Fondo a Rendir Cuentas y/o Tarjeta asignada.

La recaudación se hará, en el primer lugar, solicitando la restitución del valor indebidamente pagado al administrador del Fondo o tarjeta asignada; en segundo lugar, de no precederse a la cancelación solicitada, se descontará de la remuneración del Administrador del Fondo o tarjeta; para tal efecto, en la solicitud de Fondo a Rendir Cuentas o Tarjeta de Consumo y/o Crédito, se remitirá el Formulario de Aceptación en el que el servidor (a) designado para la administración del Fondo o Tarjeta, acepta expresamente que se descuenten de su remuneración los valores por concepto de pagos indebidos; y, en tercer lugar, en caso de no poder aplicar la disposiciones anteriores, el/la Directora/a Financiero/a, notificará del hecho al/la Coordinador/a General Jurídico/a de la Institución, o quien haga sus veces, a fin de que se proceda con las instancias legales pertinentes amparadas en la ley, para efectuar el cobro.

En el caso de pagos indebidos, el/la Director/a Financiero/a de la Institución notificará por escrito del particular a los servidores responsables.

El servidor (a) responsable de la administración del Fondo y/o Tarjeta de consumo o crédito, podrá incluir

en su informe y solicitud de pago, el detalle del depósito realizado por algún pago indebido; sin perjuicio que se aplique el Régimen Disciplinario correspondiente.

CAPÍTULO II

DE LOS FONDOS A RENDIR CUENTAS

SECCIÓN I

FONDOS A RENDIR CUENTAS EN EL PAÍS

Artículo 9.- Objeto.- Los Fondos a Rendir Cuentas en el País tienen por objeto cumplir con pagos en efectivo al proveedor del bien o servicio; en el caso de los fondos que se destinen a los viajes que realiza el señor Presidente se incluirán los gastos logísticos e imprevistos que demande el viaje en el interior del país.

Artículo 10.- Destino.- El Fondo a Rendir Cuentas, se podrá utilizar para actividades específicas, es decir, únicamente para el objeto por el cual fue solicitado.

Artículo 11.- Solicitud.- El jefe jerárquico superior del área del servidor que será responsable del fondo, debe remitir la solicitud al ordenador de gasto o delegado de la máxima autoridad para que autorice la misma, con la definición clara del objeto del fondo, razones debidamente justificadas, el monto requerido, el nombre de la persona que administrará los recursos, entre otra información transcendental para el normal desarrollo en la ejecución del mismo.

Artículo 12.- Prohibiciones.- Se prohíbe a los responsables de la Administración de los Fondos a Rendir Cuentas lo siguiente:

a. Utilizar el fondo para el pago de bienes y servicios en beneficio personal.

b. Utilizar el fondo a rendir cuentas para el pago de: servicios básicos, viáticos, sueldos, horas extras, realizar préstamos, donaciones, pago de multas, compra de activos fijos.

c. Aceptar documentos que no guarden relación con las normas tributarias (SRI).

Artículo 13.- Informe y Liquidación.- El servidor designado para la Administración del Fondo a Rendir Cuentas tiene la obligación de una vez cumplido el objeto de la creación del fondo y en las fechas señaladas de ejecución, remitir el informe de los gastos realizados con los respectivos respaldos en originales como lo establece la Normativa Legal en un plazo de 5 días laborables.

El saldo en efectivo no utilizado deberá ser reintegrado por el administrador del fondo mediante deposito en la cuenta a nombre de la Presidencia de la República que la Dirección Financiera señale para el efecto, en el término de 48 horas cumplida la comisión de servicios y/o el objeto para el cual fue creado el fondo.

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La Liquidación del Fondo con los documentos de respaldo, deberá ser remitido al Señor Secretario General de la Presidencia o su Delegado para su visto bueno y se dé trámite pertinente al mismo. El Administrador podrá realizar liquidaciones parciales hasta completar el valor asignado cumpliendo el procedimiento establecido en este artículo.

La o el servidor/a responsable de la administración del Fondo a Rendir Cuentas, que NO haya liquidado hasta el 70% del fondo a su cargo, no se le asignará un nuevo fondo, sin perjuicio de la aplicación del Régimen Disciplinario. Ningún servidor podrá tener asignado más de DOS Fondos a Rendir Cuentas.

La Dirección Financiera sobre la base de la información presentada realizará el control previo establecido en las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado.

SECCIÓN II

FONDOS A RENDIR CUENTAS DESTINADOS A

LOS GASTOS DE RESIDENCIAS DE USO DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Artículo 14.- Objeto.- Los Fondos a Rendir Cuentas destinados a gastos de la residencia de uso presidencial, tienen por objeto cumplir con pagos en efectivo al proveedor del bien o servicio, imprevistos que no pudieren planificarse, originados por egresos que derivan del cumplimiento de una actividad específica.

Artículo 15.- Destino.- Se encuentran destinados para actividades específicas exclusivamente para cubrir los gastos en efectivo que se generen en las Residencias de uso de la Presidencia de la República y la alimentación en los traslados aéreos que sean requeridos por el señor Presidente de la República.

Artículo 16.- Solicitud.- El Coordinador General de Administración de Carondelet, debe remitir la solicitud al ordenador de gasto o delegado de la máxima autoridad para que autorice la misma, con la definición clara del objeto del fondo, razones debidamente justificadas, el monto requerido, el nombre de la persona que administrará los recursos, entre otra información transcendental para el normal desarrollo en la ejecución del mismo.

Artículo 17.- Prohibiciones.- Se prohíbe a los responsables de la Administración de los Fondos a Rendir Cuentas lo siguiente:

a. Utilizar el fondo para el pago de bienes y servicios en beneficio personal.

b. Utilizar el fondo a rendir cuentas para el pago de: servicios básicos, viáticos, sueldos, horas extras, realizar préstamos, donaciones, pago de multas, compra de activos fijos.

c. Aceptar documentos que no guarden relación con las normas tributarias (SRI).

Artículo 18.- Informe y Liquidación.- El servidor designado para la Administración del Fondo a Rendir Cuentas tiene la obligación, que una vez cumplido el objeto de la creación del fondo y en las fechas señaladas de ejecución, deberá remitir el informe de los gastos realizados con los respectivos respaldos en originales como lo establece la Normativa Legal en un plazo de 5 días laborables. En el informe se debe detallar los gastos relacionados a la agenda oficial del señor Presidente y sus actividades personales.

El saldo en efectivo no utilizado deberá ser reintegrado por el administrador del mediante deposito en la cuenta a nombre de la Presidencia de la República que la Dirección Financiera señale para el efecto en el término de 48 horas de cumplida la comisión de servicios y/o el objeto para el cual fue creado el fondo.

La Liquidación del Fondo con los documentos de respaldo, deberá ser validada por el Coordinador/a de Administración de Carondelet y ser remitida al Señor Secretario General de la Presidencia o su Delegado para su visto bueno y se dé trámite pertinente al mismo. El Administrador podrá realizar liquidaciones parciales hasta completar el valor asignado cumpliendo el procedimiento establecido en este artículo.

La o el servidor/a responsable de la administración del Fondo a Rendir Cuentas, que NO haya liquidado hasta el 70% del fondo a su cargo, no se le asignará un nuevo fondo, sin perjuicio de la aplicación del Régimen Disciplinario. Ningún servidor podrá tener asignado más de DOS Fondos a Rendir Cuentas.

La Dirección Financiera sobre la base de la información presentada realizará el control previo establecido en las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado y más normativa aplicable al caso.

SECCIÓN III

FONDOS A RENDIR CUENTAS EN EL EXTERIOR

Artículo 19.- Objeto.- Los Fondos a Rendir Cuentas en el Exterior tienen por objeto cubrir actividades específicas, tales como pago s en efectivo de manera directa al proveedor del bien o servicio y los gastos logísticos e imprevistos que demande el viaje en el exterior; para el caso particular de los viajes que realice el señor Presidente de la República, se considerarán los pagos de los imprevistos desarrollados en la agenda oficial y actividades personales del señor Presidente de la República, pudiendo ser estos previos, durante y al retorno del Viaje Oficial.

Artículo 20.- Solicitud.- El jefe jerárquico superior de la unidad requirente, debe remitir la solicitud al ordenador de gasto o delegado de la máxima autoridad para que autorice la misma, con la definición clara del objeto del fondo que incluya: la información detallada del viaje, el monto requerido, el nombre de la persona que administrará los recursos, entre otra información transcendental para el normal desarrollo en la ejecución del mismo.

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Artículo 21.- Nota Reversal.- El Fondo a Rendir Cuentas en el Exterior será instrumentado mediante la denominada «NOTA RE VERSAL», para lo cual se requiere de manera obligatoria el documento suscrito entre la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Los recursos económicos serán transferidos a la cuenta de la Embajada, Consulado o su similar del país en donde se desarrollará la visita oficial.

Artículo 22.- La Embajada, Consulado o su similar.- Es el Organismo, que recepta los recursos económicos transferidos por la Presidencia de la República, en el lugar de destino de la Visita o Gira Oficial del señor Presidente de la República, ésta tiene la obligación de entregar los recursos económicos de manera parcial o total de acuerdo a las necesidades y/o actividades planificadas por el servidor designado por la Presidencia para la Administración del Fondo a Rendir Cuentas en el Exterior.

La o el servidor/a responsable de la administración del Fondo a Rendir Cuentas en el Exterior, deberá suscribir una Acta Entrega – Recepción con la Embajada, Consulado o su similar, en donde conste el valor recibido por la comisión de servicios, el detalle de los valores entregados al responsable del Fondo y el valor no ejecutado (saldo) que deberá ser reintegrado a la cuenta de la Presidencia de la República.

No es necesario que se adjunte ningún documento a la firma del «ACTA»; esto debido a que el Fondo a Rendir Cuentas en el Exterior, fue creado en la Presidencia de la República y es la misma Institución la responsable de su liquidación y cierre con la documentación original de respaldo, como lo señala la Normativa Legal.

Artículo 23.- Destino.- El Fondo a Rendir Cuentas en el Exterior se utilizará a más del objeto por el cual fue solicitado, para cancelar los pagos de bienes y servicios como por ejemplo los siguientes: adquisición de suministros y materiales, insumos, útiles de oficina, útiles de aseo, fotocopias, mantenimientos menores que tengan el carácter de imprevistos, adquisición de pasajes aéreos, terrestres, marítimos, compra de tarjetas prepago de telefonía celular, pago por servicio de interprete o traductor, sobrepeso de los obsequios Presidenciales, maletas extras del Presidente de la República, pago de alquiler de oficinas, transporte y alquiler de vehículos, salas de eventos, sala de reuniones, sistema de audio, video y amplificación, servicio de alimentación de trabajo como desayunos, almuerzos, cenas, entre otros que no fueron contemplados en la planificación del viaje al exterior y donde tenga participación o sea para su utilización directamente o indirectamente el Señor Presidente de la República, entre los que se incluirán los gastos médicos y en medicinas inesperados que pudieren generarse y que se justifiquen debidamente, y otros de similar naturaleza.

De todos los pagos de bienes y servicios deben adjuntar la correspondiente documentación de soporte, informe de satisfacción de servicio recibido, listado de participantes, entre otros documentos que permitan evidenciar el cumplimiento del gasto generado.

Artículo 24.- Prohibiciones.- Se prohíbe a los Responsables de la Administración de los Fondos a Rendir Cuentas en el Exterior lo siguiente:

a. Utilizar el fondo para el pago de bienes y servicios en beneficio personal.

b. Utilizar el fondo para el pago de: servicios básicos, viáticos, sueldos, horas extras, realizar préstamos, donaciones, multas, compra de activos fijos.

Artículo 25.- Informe y Liquidación.- El servidor designado para la Administración del Fondo a Rendir Cuentas en el Exterior, tiene la obligación de una vez cumplido el objeto de la creación del fondo y finalizada la comisión de servicios al Exterior, deberá ser validada por el jefe jerárquico superior de la unidad requirente y remitir el informe de los gastos realizados con los respectivos respaldos en originales como lo establece la Normativa Legal en un término máximo de 5 días hábiles. En el informe se debe detallar los gastos relacionados a la agenda oficial del señor Presidente y sus actividades personales, así como otras que se deriven producto de la visita.

Para el caso del Fondo a Rendir Cuentas para el Exterior, en donde se aplica la «NOTA REVERSAL», el servidor responsable de la administración del fondo gestionará con la Embajada, Consulado o su similar en el Exterior y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, para que el saldo no ejecutado sea reintegrado de manera inmediata a la cuenta de la Presidencia de la República.

La Liquidación del Fondo con los documentos de respaldo, deberá ser remitido al señor Secretario General de la Presidencia o su Delegado para su visto bueno y se dé trámite correspondiente.

La o el servidor/a responsable del Fondo a Rendir Cuentas en el Exterior, que NO haya liquidado un fondo a su cargo, no se le asignará un nuevo fondo, sin perjuicio de que se aplique el Régimen Disciplinario.

La Dirección Financiera sobre la base de la información presentada realizará el control previo establecido en las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado.

CAPÍTULO III

DE LA ASIGNACIÓN, RESPONSABILIDAD,

ADMINISTRACIÓN, INFORMES Y LIQUIDACIÓN

DE LAS TARJETAS DE CONSUMO Y DE CRÉDITO

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SECCIÓN I

DE LAS TARJETAS DE CONSUMO

Artículo 26.- Definición y Objeto.- Son las tarjetas que otorgan los establecimientos comerciales a la Presidencia

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de la República, con un cupo asignado para cubrir los gastos habituales y exclusivos de las residencias de uso del Presidente de la República (como Palacio de Carondelet, Guayaquil, la Puntilla Samborondón, Base Naval Salinas).

La Coordinación General de Administración de Carondelet, será la responsable del control de los gastos que serán utilizados para la compra de insumos para la preparación de alimentos y menaje de hogar, sin sobrepasar el cupo otorgado.

Artículo 27.- Destino.- Se podrán emplear exclusivamente para actividades específicas; tales como gastos habituales que demanden las residencias oficiales de la Presidencia de la República.

Artículo 28.- Solicitud.- La Coordinación General de Administración de Carondelet, debe remitir la solicitud al ordenador de gasto o delegado de la máxima autoridad para que autorice la misma, con la definición clara del monto requerido, el nombre de la persona que administrará los recursos, razones debidamente justificadas, entre otra información transcendental para el normal desarrollo en la ejecución del mismo.

Artículo 29.- Prohibiciones.- Se prohíbe a los responsables de la Administración de las tarjetas de consumo lo siguiente:

a. Realizar compras y/o adquisición de bienes o servicios distintos a los determinados en el artículo 26 del presente instrumento, como también en bienes considerados como de larga duración y bienes menores.

b. Utilizar las tarjetas para el pago de bienes y servicios en beneficio personal.

c. Utilizar las tarjetas para el pago de: servicios básicos, viáticos, sueldos, horas extras, realizar préstamos, donaciones, multas, compra de activos fijos.

e. Realizar avances en efectivo en el interior o exterior del país.

f. Aceptar documentos para la liquidación que no guarden relación con las normas tributarias y/o de control.

g. Adquirir bienes de control y/o considerados activos.

Artículo 30.- Informe y Liquidación.- El servidor designado para la administración de la Tarjeta de Consumo, una vez entregada la tarjeta es responsable administrativa, civil y penalmente de su correcta utilización y custodia. Además, tiene la obligación de remitir el informe de los gastos realizados con los respectivos respaldos originales para la correspondiente validación del Coordinador/a de Administración de Carondelet, y este a su vez deberá solicitar el pago de acuerdo con los estados de cuenta de las Empresas emisoras de las tarjetas. Al proceso de pago se deberá:

a. Adjuntar un cuadro que contenga la información con las siguientes columnas: Fecha, Empresa o Persona Natural, Descripción del Gasto, Monto cancelado, Observaciones, esta última de ser necesario se aplicará al final de la firma del servidor responsable y la aprobación de la Coordinación General de Administración de Carondelet.

b. Todos los comprobantes de ventas, facturas y vouchers deben estar a nombre de la Presidencia de la República firmados por el responsable de la tarjeta de consumo.

c. La Dirección Financiera con el trámite, revisará el corte de la cuenta o el estado de cuenta de la tarjeta, y realizará el control previo establecido en las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado para proceder al pago de la misma de acuerdo a la normativa legal.

SECCIÓN II

DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO

Artículo 31.- Solicitud.- La Subsecretaría General del Despacho Presidencial o quien haga sus veces, solicitará al ordenador de gasto o delegado de la máxima autoridad para que autorice la asignación de una o varias tarjetas de crédito para uso exclusivo de los gastos inherentes a las funciones del señor Presidente de la República en los desplazamientos al interior del país como al exterior. En la misma se señalarán el o los nombres de los servidores responsables de la administración de las tarjetas, con los cupos asignados a cada una, entre otra información transcendental para el normal desarrollo en la ejecución del mismo.

Artículo 32.- Destino.- Se podrán emplear exclusivamente para actividades específicas, así como para los gastos que demanden el viaje nacional o internacional que realice el señor Presidente de la República, relacionados con hospedaje, alimentación, movilización y gastos imprevistos que no han sido considerados en la planificación del viaje realizado por la Subsecretaría de Gestión Logística y Protocolar, bajo la supervisión de la Subsecretaría General del Despacho Presidencial, como son los gastos médicos que pudieren generarse de imprevisto.

Artículo 33.- Prohibiciones.- Se prohíbe a los responsables de la Administración de las tarjetas de crédito lo siguiente:

a.- Realizar compras y/o adquisición de bienes o servicios distintos a los determinados en el artículo 32 del presente instrumento, como también en bienes considerados como de larga duración y bienes menores.

b. Transferir o prestar la tarjeta de crédito a terceras personas.

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c. Realizar avances en efectivo en el interior o exterior del país.

d. Aceptar documentos para la liquidación que no guarden relación con las normas tributarias y/o de control.

e. Realizar donación con la tarjeta de crédito.

f. Adquirir objetos considerados como personales, bienes de control y/o considerados activos.

g. Realizar, compras de bienes o contratación de servicios para uso personal.

Artículo 34.- Informe y Liquidación.- El servidor designado para la administración de la Tarjeta de Crédito, una vez entregada la tarjeta es responsable administrativa, civil y penalmente de su correcta utilización y custodia. Además, tiene la obligación de remitir el informe de los gastos realizados con los respectivos respaldos originales para la correspondiente validación de la Subsecretaría General del Despacho Presidencial, y este a su vez deberá solicitar el pago de acuerdo con los estados de cuenta de las Empresas emisoras de las tarjetas. Al proceso de pago se deberá:

a. Adjuntar un cuadro que contenga la información con las siguientes columnas: Fecha, Empresa o Persona Natural, Descripción del Gasto, Monto cancelado, Observaciones, esta última de ser necesario se aplicará al final de la firma del servidor responsable y la aprobación de la Subsecretaría General del Despacho.

b. Todos los comprobantes de ventas, facturas o vouchers deben estar a nombre de la Presidencia de la República firmados por el responsable de la tarjeta de crédito.

La Dirección Financiera con el trámite, revisará el corte de la cuenta o el estado de cuenta de la tarjeta, y realizará el control previo establecido en las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado para proceder al pago de la misma de acuerdo a la normativa legal.

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- Todos los gastos efectuados con cargo a la Tarjeta de Crédito con anterioridad a la emisión del presente instructivo y que no contravinieron el Acuerdo No. SEGIN-2016-002 se ratifican y convalidan.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Para las tarjetas de consumo y crédito que ya se encuentren autorizadas y estén siendo administradas por servidores públicos de la Presidencia de la República, se deberá remitir a la Dirección Financiera, el Formulario de Aceptación de descuentos en caso de pagos indebidos dentro del plazo de treinta (30) días de la suscripción del presente documento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- Deróguese el Acuerdo No. SEGUIN-2016-002, suscrito el 28 de

marzo de 2016 por la Secretaria General de Gestión Interna de la Presidencia de la República a esa fecha, así como, cualquier disposición o norma de igual o menor jerarquía que se opusiere a lo previsto en el presente Acuerdo.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Encárguese a la Coordinación General Jurídica, la notificación del presente Acuerdo a las autoridades competentes de la Presidencia de la República, para su aplicación y cumplimiento.

SEGUNDA.- La ejecución de la presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

CÚMPLASE Y COMUNÍQUESE.- Dado y firmado en el despacho de la Secretaría General de la Presidencia de la República, en la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, al 7 de agosto de 2019.

f.) José Iván Agusto Briones, Secretario General de la Presidencia de la República del Ecuador.

No. SGPR-2019-0245

José Iván Agusto Briones

SECRETARIO GENERAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Considerando:

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República determina «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley y tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el mismo texto constitucional, señala en su artículo 227, que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Registro Oficial N° 22 Miércoles 21 de agosto de 2019 – 9

Que, el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo, respecto del Acto Administrativo, prescribe: «Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo»;

Que, el artículo 54 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva determina que la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, cuyo efecto será el traslado de la competencia al órgano desconcentrado. La desconcentración se hará por Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial;

Que, el artículo 99 de la norma ibídem, respecto de la reforma de los actos normativos, dispone que: «Los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere conveniente. Se entenderá reformado tácitamente un acto normativo en la medida en que uno expedido con posterioridad contenga disposiciones contradictorias o diferentes al anterior- La derogación o reforma de una ley deja sin efecto al acto normativo que la regulaba. Así mismo, cuando se promulga una ley que establece normas incompatibles con un acto normativo anterior éste pierde eficacia en todo cuanto resulte en contradicción con el nuevo texto legal»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 867, de 30 de diciembre de 2015, se reorganizó el Banco del Estado que, a partir de la expedición del presente Decreto, se denominó Banco del Desarrollo del Ecuador B.P.;

Que, el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 867, de 30 de diciembre de 2015, reformado mediante Disposición Reformatoria Tercera del Decreto Ejecutivo No. 7, de 24 de mayo de 2017, señala que el Directorio del Banco del Desarrollo del Ecuador B.P., estará integrado por: «(…) g) El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 395, de 24 de mayo de 2018, se reorganizó la institucionalidad de la Presidencia de la República, así como se establecieron las atribuciones de la Secretaría General de la Presidencia, entre las cuales se encuentran las siguientes: «1. Ejercer la representación legal de la Presidencia de la República; (…)21. Expedir acuerdos, resoluciones y demás instrumentos necesarios para el adecuado cumplimiento de su gestión, funciones y atribuciones (…)»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 571, de 23 de noviembre de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, designó al Mgs. José Iván Agusto Briones como Secretario General de la Presidencia de la República del Ecuador;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 732, de 13 de mayo de 2019, el señor Presidente Constitucional de la República

del Ecuador, decretó lo siguiente: «Artículo 1.- Suprímase la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).-Artículo 2.- Créase la Secretaría Técnica de Planificación ‘Planifica Ecuador», como entidad de derecho público, con personalidad jurídica, dotada de autonomía administrativa y financiera, adscrita a la Presidencia de la República, a cargo de la planificación nacional de forma integral y de todos los componentes e instrumentos del Sistema, así como de ejercer la secretaría técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. (…) DISPOSICIONES GENERALES (…) QUINTA.- Suprímase el cargo de Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo. Para la implementación del presente Decreto la máxima autoridad de la Secretaría General de la Presidencia de la República encabezará el proceso de transferencia de las atribuciones, partidas presupuestarias, asignaciones, bienes muebles, inmuebles, activos y pasivos, así como, los derechos y obligaciones; en consecuencia, tendrá plena facultad para disponer las acciones necesarias para su ejecución y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo durante el proceso de transición. El Secretario General de la Presidencia podrá designar un delegado para ejercer las acciones administrativas que se requieran durante dicho proceso»;

Que, mediante Acuerdo No. SNPD-077-2018, de 26 de diciembre de 2018, el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, designó a los delegados permanentes, principales y alternos, que representen a dicha Cartera de Estado, en los diferentes directorios y cuerpos colegiados de juntas, empresas públicas y agencias de regulación y control, entre otros;

Que, mediante Acuerdo No. SGPR-2019-0151, de 23 de mayo de 2019, el Secretario General de la Presidencia de la República, reformó el delegado principal que representa a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en el Banco de Desarrollo del Ecuador; y,

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.

Acuerda:

Artículo 1.- Sustitúyase el literal d) del artículo 5 del Acuerdo No. SNPD-077-2018, de 26 de diciembre de 2018, reformado mediante Acuerdo No. SGPR-2019-0151, de 23 de mayo de 2019, por el siguiente:

«d) Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.: Subsecretario/a de Seguimiento y Evaluación.»

Artículo 2.- En virtud de la presente delegación, el delegado será la responsable de todas y cada una de las actuaciones que ejecute en razón de la presente delegación, para lo cual, deberá emitir un informe trimestral de los actos efectuados.

Disposición Derogatoria.- Deróguese cualquier disposición o norma de igual o menor jerarquía que se opusiere a lo previsto en el presente Acuerdo.

10 – Miércoles 21 de agosto de 2019 Registro Oficial N° 22

Disposición Final.- Encárguese a la Coordinación General Jurídica de la Presidencia de la República, la notificación del presente Acuerdo a las autoridades competentes, para su aplicación y cumplimiento.

La ejecución del presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Cúmplase y Comuníquese.- Dado y firmado en el despacho de la Secretaría General de la Presidencia de la República, en la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, a los 7 días del mes de agosto de 2019.

f.) José I van Agusto Briones, Secretario General de la Presidencia de la República del Ecuador.

No. 131

EL MINISTRO DE AGRICULTURA

Y GANADERÍA

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador señala que son atribuciones de las ministras y ministros de Estado: «1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «,.

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentrarán, descentralización, coordinación, participarán, transparencia y evaluación»,

Que, el artículo 281 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: «La soberanía alimentaria constituyente un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y cultura/mente apropiado de forma permanente, «.

Que, el numeral 2 del artículo 284 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que es responsabilidad del Estado: «Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional»

Que, el numeral 6 del artículo 304 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la política comercial tendrá como uno de sus objetivos: «Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado y otras que afecten el funcionamiento de los mercados «;

Que, el artículo 335 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas, y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos.»

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal;

Que, el artículo 336 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: «El Estado impulsará y velará por un comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, promoviendo la reducción de las distorsiones de la intermediación y promoción de su sustentabilidad»;

Que, en el Reglamento General de los Consejos Consultivos del MAG, contenido en el Título XXIV, Libro III del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3609, publicado en el registro Oficial Edición Especial No. 1 de 20 de marzo de 2003, determina el funcionamiento y competencia de los consejos consultivos, los mismos que se establecen como espacios de diálogo e instrumento de concertación y de acuerdos entre el sector público y privado, para identificar y alcanzar los [mes estratégicos de las diferentes cadenas agroproductivas;

Que, entre las funciones de los consejos consultivo de esta Cartera de Estado, referidos en los artículos 2 y 3 del mencionado reglamento, están las de «asesorar al Ministerio de Agricultura y Ganadería en la formulación de estrategias y políticas que fortalezcan la competitividad del sector agropecuario «; «analizar y generar alternativas para el desarrollo de las cadenas, en la producción y productividad, sanidad agropecuaria y calidad, investigación y transferencia de tecnología, comercialización, crédito, negociaciones comerciales internacionales y demás factores de la competitividad».

Registro Oficial N° 22 Miércoles 21 de agosto de 2019 – 11

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 115 de 21 de septiembre de 2018, se estableció el precio mínimo de sustentación de la tonelada métrica de caña de azúcar en pie, para la zafra 2018-2019, en USD $32,20 con 13° (Poi);

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 093 de 09 de julio de 2018, se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería; en el cual se establecen las atribuciones y responsabilidades del Ministro, entre otras, la siguiente: «h) Delegar competencias y atribuciones a los/las Viceministros/as, Subsecretarios/as, Coordinadores Generales, Directores Nacionales y Directores Distritales de la Institución, así como a las autoridades de las entidades adscritas «;

Que, conforme a lo informado por la Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria del MAG, según consta en el Acta de Reunión del Consejo Consultivo de la Caña de Azúcar No. 2019 de 28 de junio de 2019, no existió acuerdo por parte de los miembros del Consejo Consultivo para la determinación de precio mínimo de sustentación, por tanto es potestad del Ministerio de Agricultura y Ganadería la determinación del mismo.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 487 de 21 de agosto de 2018, expedido por el Presidente Constitucional de la República, Licenciado Lenín Moreno Garcés, se nombró a Xavier Lazo Guerrero, como Ministro de Agricultura y Ganadería; y,

Que, mediante informe No. SC-OETC-2019 de 10 de julio de 2019, aprobado por el Subsecretario de Comercialización, recomienda la suscripción del presente instrumento.

En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas:

Acuerda:

ARTÍCULO 1.- Establecer el precio Mínimo de Sustentación de la tonelada métrica de caña de azúcar en pie, para la zafra 2019-2020 en USO 31,70 con 13° (Pol) determinado en guarapo de primer molino.

ARTÍCULO 2.- Por concepto de impurezas los ingenios descontarán en el caso de cosecha manual máximo 2% y para cosecha mecanizada 4%, los cañicultores cubrirán hasta el 50% de dichos porcentajes.

ARTÍCULO 3.- Los ingenios pagarán el 20% del valor total de la caña en el plazo máximo de 15 días, contados después de la semana de corte de la misma; el 80% restante se pagará conforme acuerdo entre las partes, así como los valores a pagarse por concepto de premio por calidad y descuentos por grado inferior a 12 ° (Pol).

Lo normado en los Artículos 2 y 3 de este Acuerdo Ministerial, se aplicará salvo pacto expreso de las partes en contrario.

ARTÍCULO 4.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, encárguese a la Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Deróguese el Acuerdo Ministerial No. 115 de 21 de septiembre de 2018 y su reforma.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo Ministerial para la zafra 2019-2020, entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 29 de julio de 2019.

f.) Xavier Lazo Guerrero, Ministro de Agricultura y Ganadería.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.-Es fiel copia del original.- f.) Ilegible, Dirección de Gestión Documental y Archivo.- 01 de agosto de 2019.

Nro. MINEDUC-MINEDUC-2019-00036-A

Milton Luna Tamayo

MINISTRO DE EDUCACIÓN

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prevé: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;

Que, el artículo 346 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: «Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación «;

12 – Miércoles 21 de agosto de 2019 Registro Oficial N° 22

Que, el artículo 22 literal h) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural determina que: «la Autoridad Educativa Nacional tiene competencia para presidir los organismos colegiados y cumplir con las representaciones nacionales e internacionales que le sean delegadas y que le corresponden de acuerdo con la Ley»;

Que, el artículo 67 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural – LOEI, manda: «De conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la Constitución de la República, créase el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entidad de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y técnica, con la finalidad de promover la calidad de la educación (…) «;

Que, el artículo 71 de la LOEI dispone: «La máxima instancia de decisión del Instituto será la Junta Directiva, compuesta por tres miembros: un delegado del Presidente de la República, quien la presidirá, un delegado de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; y, un delegado de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo «;

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo establece: «Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión

(…)»;

Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo manda: «Son efectos de la delegación: 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda.»;

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 97 de 27 de julio de 2017, designó «como delegado del Presidente de la República ante la Junta Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa al titular del Ministerio de Educación o su delegado permanente»;

Que, mediante memorando No. MINEDUC-MINEDUC-2019-00128-M de 18 de junio de 2019, la suscrita Autoridad Educativa Nacional solicitó a la Coordinación General de Asesoría Jurídica proceder «con la expedición del correspondiente acto administrativo, a fin que surta eficacia» la designación al señor Subsecretario de Fundamentos Educativos, como delegado permanente ante la Junta Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa;

Que, corresponde a la Autoridad Educativa Nacional garantizar la eficacia y eficiencia de las acciones técnicas, administrativas en las diferentes instancias del Sistema Nacional de Educación; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; artículo 22 literales t) y u) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural; y, 47, 65, 67, 69, 70, 73 y 130 del Código Orgánico Administrativo.

Acuerda:

Artículo 1.- Designar al señor José Guillermo Brito Albuja, Subsecretario de Fundamentos Educativos, como delegado permanente ante la Junta Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

Artículo 2.- El delegado informará trimestralmente o a pedido del titular de esta Cartera de Estado, sobre los temas tratados en el órgano donde cumple su delegación, así como sobre los avances y resultados en el desarrollo de las actividades que cumple en el marco del presente instrumento.

Artículo 3.- El delegado estará sujeto a lo que establece el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, por lo que será directamente responsable de sus actuaciones u omisiones.

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- Encárguese a la Coordinación General de Secretaría General, el trámite de publicación del presente instrumento ante el Registro Oficial del Ecuador.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE – Dado en Quito, D.M., a los 19 día(s) del mes de Junio de dos mil diecinueve.

Documento firmado electrónicamente

Milton Luna Tamayo, Ministro de Educación.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN.- CERTIFICO.- Es fiel copia del documento que reposa en el Archivo del Despacho Ministerial.- Quito, 02 de agosto de 2019.-Firma: Ilegible, de responsabilidad.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y

MOVILIDAD HUMANA

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN,

RECUPERACIÓN Y RESTITUCIÓN DE BIENES

DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

QUE HAYAN SIDO MATERIA DE ROBO,

HURTO, SAQUEO, TRANSPORTE, TRÁFICO Y/O

COMERCIALIZACIÓN ILÍCITOS

El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, en adelante denominados «Estados Partes»,

Registro Oficial N° 22 Miércoles 21 de agosto de 2019 – 13

CONSIDERANDO:

Que los bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural son la expresión de la riqueza de los pueblos, y que su protección, conservación, recuperación, restitución y el combate al robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícitos son tareas prioritarias de los Estados Partes;

Que la colaboración entre los Estados Partes para devolver los bienes culturales y naturales que hayan sido robados, hurtados, saqueados, transportados, traficados o comercializados ilícitamente constituye una manera efectiva de proteger y reconocer el derecho de cada país como propietario original de tales bienes, así como una importante contribución a la protección y preservación de su patrimonio cultural y natural;

Que es necesario el establecimiento de normas comunes para la restitución y devolución de dichos bienes patrimoniales culturales y naturales;

Que el carácter único y distintivo de los bienes patrimoniales culturales y naturales de cada país debe ser protegido y preservado,

RECONOCIENDO que el patrimonio arqueológico, artístico, histórico, cultural y natural de cada país es único y no debe ser objeto de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico y/o comercialización ilícitos,

CONSCIENTES del grave perjuicio que representa para ambos Estados Partes el robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico y/o comercialización ilícitos de bienes pertenecientes a su patrimonio, tanto por la pérdida de estos bienes como por el daño que se infringe a sitios, zonas de monumentos y otros contenidos arqueológicos; a la flora, fauna y patrimonio paleontológico y otros lugares de interés histórico-cultural y natural;

ANIMADOS por el deseo mutuo de estimular la protección, estudio y apreciación de los bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural,

CIERTOS de que la colaboración entre ambos Estados Partes para la recuperación de los bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural que hayan sido materia de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico y/o comercialización ilícitos constituye un medio eficaz para proteger y reconocer el derecho del propietario originario de cada Estado Parte sobre sus respectivos bienes arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural,

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1

Objetivo

El presente Convenio tiene como objetivo establecer las bases y procedimientos sobre los cuales los Estados Partes cooperarán en materia de protección, conservación, recuperación y restitución de los bienes arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural que hayan sido objeto de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícita en sus territorios, así como también regula la reciprocidad entre los dos países en materia de asistencia judicial para la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de estos delitos.

Artículo 2

Aplicación

El presente Convenio es aplicable a todas y cada de las categorías de bienes del patrimonio cultural y natural reconocidos por las normas internas de cada Estado Parte.

Artículo 3

Autoridades Centrales

Para asegurar la debida cooperación entre los Estados Partes en lo concerniente al objetivo del presente Convenio, los Estados Partes designan como Autoridades Centrales:

Por la República del Ecuador, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

Por la República Oriental del Uruguay, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación.

En caso de sustitución de la institución designada por cada Estado Parte, bastará la notificación escrita al Estado Parte respectivo sin necesidad de cumplimiento de ningún otro requisito.

Artículo 4

Compromisos de las Partes

Los Estados Partes se comprometen conjuntamente a:

a) Combatir y a evitar, por todos los medios apropiados, el ingreso a su territorio de los bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales o pertenecientes al patrimonio natural que no hayan cumplido con las formalidades de importación o de exportación legalmente establecidas en cada país;

b) Colaborar en la adopción de medidas preventivas, correctivas y coercitivas para combatir las prácticas ilegales relacionadas con el robo, hurto, saqueo, así como el transporte, tráfico o comercialización ilícitos de los

14 – Miércoles 21 de agosto de 2019 Registro Oficial N° 22

bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los del patrimonio natural, de conformidad con la legislación interna de cada Estado Parte;

  1. Mejorar la protección de su patrimonio cultural y lograr la participación en estos esfuerzos de los encargados de investigar, enjuiciar y sentenciar a los responsables en casos de delitos contra el patrimonio cultural que faciliten la restitución de bienes del patrimonio cultural;
  2. Incorporar en sus acciones la penalización del tráfico ilícito de bienes patrimoniales culturales y naturales para combatir la oferta y demanda de estos, así como del crimen organizado;
  3. Asistirse mutuamente por medio del intercambio de los resultados de sus experiencias en las materias a que se refiere el presente convenio;
  4. Facilitar la asistencia administrativa y/o judicial recíproca en la prevención del robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícitos de bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y de los que conforman el patrimonio natural;
  5. Favorecer el intercambio de especialistas y realizar cursos que tengan por objeto la prevención y control del tráfico ilícito de bienes patrimoniales culturales y naturales;
  6. Establecer normas jurídicas, éticas y técnicas, así como promover el intercambio de conocimiento s, con el propósito de que arqueólogos, restauradores, curadores, anticuarios, biólogos, ecólogos y otros especialistas vinculados con el manejo de bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y de los que conforman el patrimonio natural cuenten con elementos necesarios para prevenir el robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícitos de los mismos;
  7. Promover el intercambio de conocimientos y experiencias exitosas sobre las innovaciones tecnológicas en materia de seguridad con el fin de fortalecer la protección de los bienes arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural;
  8. Estimular el descubrimiento, excavación, preservación y estudio de sitios y materiales arqueológicos por científicos y estudiosos calificados de ambos Estados Partes;
  9. Impedir las excavaciones no autorizadas de sitios arqueológicos, el robo o hurto de bienes patrimoniales arqueológicos, históricos o culturales o la extracción de los componentes del patrimonio natural;
  10. Facilitar la circulación y exhibición licita en ambos Estados Partes de bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y de los que conforman el patrimonio natural a fin de acrecentar el entendimiento y apreciación de su herencia artística, cultural y natural;
  11. Difundir entre sus respectivas autoridades aduaneras y policiales de puertos, aeropuertos y fronteras la

información relativa a los bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, naturales, culturales y otros específicos que hayan sido objeto de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícitos con el fin de facilitar su identificación y la aplicación de las medidas cautelares y coercitivas establecidas en sus respectivas legislaciones, así como para la correspondiente devolución de los bienes a la Parte Requirente.

  • Difundir entre coleccionistas y vendedores de antigüedades que la venta y adquisición de bienes culturales obtenidos ilícitamente podrían acarrearles responsabilidades penales.
  • Intercambiar experiencias y apoyar, mediante asistencia técnica, investigaciones sobre valoración integral del patrimonio genético, la bioprospección y la adopción de estrategias para el combate a la biopiratería;
  • Promover el intercambio de experiencias en materia de protección y valoración de conocimientos tradicionales en el marco de los convenios internacionales reconocidos por los Estados Partes;
  • Tomar todas las medidas necesarias, conforme a su legislación nacional, para impedir la adquisición y comercialización de bienes arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y de los que conforman el patrimonio natural procedentes de alguno de los Estados Partes por personas naturales y/o jurídicas situadas en su territorio respecto de aquellos bienes que se presuman que han sido obtenidos ilícitamente desde el territorio del otro Estado Parte;
  • Documentar y dar seguimiento y publicidad a los casos de robo, hurto, saqueo y delitos contra el patrimonio cultural y natural, así como identificar las redes que operan este ilícito y notificarlos con prontitud a las autoridades nacionales e internacionales a fin de proseguir con las acciones legales correspondientes para evitar su impunidad;
  • Favorecer el intercambio de experiencias en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural a través de medios electrónicos y alentar el establecimiento de vínculos de cooperación en materia de rescate, restauración, protección, conservación, catalogación, difusión y legislación de estos bienes patrimoniales culturales y naturales;
  • Apoyar, desde sus experiencias, la inclusión dentro de los programas de los diferentes niveles educativos de ambos Estados Partes el valor consustancial de los bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural, así como el peligro que el robo, hurto, las excavaciones clandestinas y las extracciones ilícitas representan para el patrimonio;
  • Procurar la defensa internacional en forma conjunta en casos en que existan bienes patrimoniales que se

Registro Oficial N° 22 Miércoles 21 de agosto de 2019 – 15

encuentren fuera del país de origen y que sean de propiedad de los Estados Partes suscriptores de este Convenio, para lo cual se realizarán las gestiones correspondientes en forma directa entre las instituciones designadas para el efecto;

v) Velar para que la restitución de bienes patrimoniales robados, hurtados, saqueados, transportados, traficados o comercializados ilícitamente se realice en el menor plazo posible y en las mejores condiciones, en aplicación de las disposiciones establecidas en este Convenio y otros instrumentos afines;

w) Velar por que los bienes patrimoniales a ser restituidos o devueltos sean protegidos conforme a las normas vigentes internas, estén accesibles al público y puestos a disposición para fines de investigación y de exposición en el territorio del otro Estado Parte; y

x) Facilitar cualquier otra colaboración que los Estados Partes acuerden.

Artículo 5

Intercambio de información

Para los fines del presente Convenio, los Estados Partes intercambiarán información actualizada y oportuna sobre los siguientes temas:

  1. Leyes, reglamentos y demás normas aplicables en cada Estado Parte en materia de protección, conservación, recuperación y restitución de los bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural, especialmente en la prevención del robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícitos de estos bienes, así como sobre políticas y medidas conexas adoptadas y elaboradas por las autoridades administrativas;
  2. Evaluación, registro y base de datos de los bienes del patrimonio arqueológico, artístico, histórico, cultural y los que conforman el patrimonio natural, cuya exportación está prohibida en la legislación interna de los Estados Partes;
  3. Emisión de licencias o permisos de exportación de bienes artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural, otorgados de conformidad con lo establecido por la legislación vigente de cada uno de los Estados Partes;
  4. Sistema de supervisión de la importación de bienes patrimoniales;
  5. Organizaciones de protección y conservación de bienes del patrimonio arqueológico, artístico, histórico, cultural y los que conforman el patrimonio natural en cada uno de los Estados Partes;
  6. Base de datos sobre bienes patrimoniales desaparecidos, robados, hurtados, saqueados, transportados, traficados o comercializados ilícitamente;

g) Evaluación, registro, recuperación y repatriación de bienes patrimoniales, que coadyuven a las investigaciones pertinentes para sancionar a los responsables del cometimiento de este tipo de delitos;

h) Documentación básica acerca de las características del enterramiento de piezas y de los descubrimientos arqueológicos;

i) Procedimientos básicos en cada Estado Parte para realizar la recuperación y devolución de bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural a sus países de origen;

j) Nuevos métodos de comisión del delito de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícitos de bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y de los que conforman el patrimonio natural;

k) Vigilancia del mercado nacional e internacional (incluidas las subastas por Internet);

l) Lugares de embarque y de destino, así como rutas, medios y métodos utilizados para la ocultación y el transporte a los que recurren los responsables del tráfico ilícito de bienes patrimoniales;

m) Identidad y modo de operar de los responsables del tráfico ilícito de bienes patrimoniales;

n) Organizaciones que presuntamente participan en excavaciones clandestinas, robo y exportación, importación y transferencia ilícitas de bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural;

o) Información científica y tecnológica de utilidad para el cumplimiento de la ley, a fin de reforzar la capacidad respectiva de prevenir, descubrir e investigar el robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícitos de estos bienes;

p) Intercambios académicos, cooperación en actividades de investigación, asistencia técnica y otras medidas pertinentes para la preservación y protección de bienes patrimoniales;

q) Eficacia de las medidas acordadas en el presente Convenio, incluidas las investigaciones emprendidas por sus respectivas autoridades en aplicación de leyes y disposiciones sobre la materia; y,

r) Otros sobre la materia.

Artículo 6

Devolución de bienes

Cuando alguno de los Estados Partes tenga conocimiento del ingreso a su territorio de bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural que provengan de otro Estado Parte y hayan sido materia de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícita, procederá a

16 – Miércoles 21 de agosto de 2019 Registro Oficial N° 22

su devolución respectiva. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 9 del presente Convenio relativo a la exención de impuestos.

Para el retomo y recuperación de los bienes patrimoniales que han sido robados, hurtados, saqueados, transportados, traficados o comercializados ilícitamente en cualquiera de los Estados Partes, se seguirá el siguiente procedimiento:

  1. Una vez que el Estado Parte tenga conocimiento, por cualquier medio, sobre la presunta existencia de bienes patrimoniales robados, hurtados, saqueados, transportados, traficados o comercializados ilícitamente en el otro Estado Parte, lo comunicará a las instituciones encargadas de la aplicación del presente convenio de colaboración para recabar información relacionada con el ilícito, comprometiéndose para el efecto a utilizar los medios idóneos para la custodia en depósito temporal y la conservación de dichos bienes del patrimonio cultural y natural hasta su restitución al Estado Parte reclamante.
  2. Verificada y validada la información, el Estado Parte donde se encuentran los bienes patrimoniales reclamados procederá en forma inmediata a restituirlos al Estado Parte reclamante, por cualquiera de las vías idóneas que garantice la entrega inmediata, tomando todas las medidas de protección pertinentes, sin perjuicio del inicio de acciones legales que correspondan contra los responsables del ilícito.
  3. Para el proceso de devolución de las piezas o bienes reclamados, el Estado Parte reclamante demostrará, a través de certificaciones, permisos, formularios de aduana u otras que ameriten, que los bienes objeto del reclamo salieron ilícitamente del país demandante.
  4. Las solicitudes de aseguramiento y restitución de los bienes del patrimonio natural y cultural se deberán formular por cualquiera de las vías adoptadas por el Estado Parte requirente. El Estado Parte requirente proporcionará, a su costa, la documentación y otros elementos necesarios para la reclamación de los bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, naturales culturales y de los que conforman el patrimonio natural de que se trate.
  5. En el caso de que no sea posible reunir y ofrecer esa documentación, la procedencia del reclamo estará determinada por los arreglos que los Estados Partes decidan por la vía diplomática.
  6. Si el Estado Parte requerido no pudiera de otra manera efectuar la recuperación y devolución de bienes patrimoniales reclamados y localizados en su territorio, cualquiera de las autoridades centrales del Estado Parte requirente podrá solicitar al Estado Parte requerido que inicie un procedimiento judicial tendiente a ese fin.
  7. Con miras a impedir la impunidad del hecho y para las investigaciones correspondientes, la documentación

sustento del reclamo es válida para ser presentada a órdenes de los tribunales competentes del Estado Parte donde se encuentren los bienes patrimoniales objeto de restitución.

Artículo 7

Gastos de recuperación y de restitución de bienes

Los gastos que se deriven de las medidas necesarias para la protección y preservación de los bienes patrimoniales robados, hurtados, saqueados, transportados, traficados o comercializados ilícitamente que sean objeto de restitución estarán a cargo del Estado Parte donde se encuentren los bienes patrimoniales, hasta su restitución al Estado Parte reclamante.

Los gastos inherentes a la devolución de los bienes del patrimonio natural y cultural serán sufragados por el Estado Parte requirente, y ninguna persona o institución podrá reclamar indemnización al Estado Parte que restituye el bien reclamado por daños o perjuicios que le hubieran sido ocasionados.

El Estado Parte requirente tampoco estará obligado a indemnización alguna a favor de quienes adquirieron o participaron en la salida de ese bien de su territorio.

Los Estados Partes, a través de sus Autoridades Centrales, prestarán todo el apoyo necesario para facilitar la restitución de los bienes a que hace referencia el presente Convenio.

El Estado Parte reclamante puede utilizar fondos públicos, privados y/o de cooperación internacional para facilitar la restitución de bienes del patrimonio cultural robados, hurtados, saqueados, transportados, traficados o comercializados ilícitamente.

Artículo 8

Información que las Partes deben presentar

Cada Estado Parte deberá informar al otra de los robos, hurtos, saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícita de bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural de los que tenga conocimiento y, en lo posible, de la metodología empleada cuando exista razón para creer que dichos bienes y material probablemente serán introducidos en el comercio internacional.

Con este propósito y con base a la investigación policial realizada para tal efecto, se deberá presentar al Estado Parte requerido información descriptiva suficiente que permita identificar los bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural, así como sobre quienes hayan realizado conductas delictivas conexas, con el fin de facilitar su identificación y poder establecer el modo operativo de los delincuentes.

Registro Oficial N° 22 Miércoles 21 de agosto de 2019 – 17

Los Estados Partes, a fin de brindar la información referida, procurarán establecer y utilizar un formato uniforme sobre los bienes a recuperarse y facilitarán la información.

Asimismo, los Estados Partes difundirán entre sus respectivas autoridades aduaneras y policiales de puertos, aeropuertos y fronteras, la información relativa a los bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural y otros específicos que hayan sido materia de robo, saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícita, con el fin de facilitar su identificación y la aplicación de las medidas cautelares y coercitivas establecidas en sus respectivas legislaciones, así como para la correspondiente devolución de los bienes al Estado Parte requirente.

Artículo 9

Exención de impuestos

De conformidad con lo dispuesto en su respectiva legislación interna, los Estados Partes convienen la exención de tributos al comercio exterior y otros gravámenes aduaneros, sean de carácter fiscal, monetario o de otra naturaleza, durante el proceso de recuperación y devolución de los bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y de los que conforman el patrimonio natural y/o específicos hacia el país de origen, en aplicación de lo dispuesto en el presente Convenio;

Artículo 10

Prescripción

La acción de restitución del Estado Parte reclamante prescribe en un plazo de 75 (setenta y cinco) años.

Artículo 11

Solución de controversias

Cualquier controversia que surja de la interpretación, implementación y/o ejecución del presente convenio, será resuelta de mutuo acuerdo, mediante consultas, utilizando la vía diplomática.

Artículo 12

Modificaciones

El presente Convenio podrá ser modificado por consentimiento mutuo de los Estados Partes, a petición de uno de ellos, formalizado por escrito. Las modificaciones entrarán en vigor treinta (30) días después, contados a partir de la última notificación por escrito.

Artículo 13

Seguimiento

Los Estados Partes establecerán un mecanismo de consulta a intervalos regulares para resolver los problemas de la aplicación del presente instrumento y elaborarán planes para una mayor y mejor cooperación bilateral.

Las autoridades centrales supervisarán periódicamente la aplicación del presente Convenio, e informarán de su cumplimiento a las respectivas Cancillerías por lo menos una vez al año. Podrán también realizar propuestas orientadas a favorecer, corregir y mejorar la colaboración bilateral.

Artículo 14

Disposiciones Finales

El presente Convenio no afecta las obligaciones de los Estados Partes contraídas en el marco de otros convenios internacionales, multilaterales o bilaterales de los que formen parte.

Los Estados Partes realizarán consultas exhaustivas, coordinarán posiciones entre ello s en asuntos multilaterales, y ampliarán aún más la cooperación existente en foros internacionales relacionados con la prevención del robo, la excavación clandestina y la comercialización lícita de bienes culturales.

El presente Convenio será plenamente difundido a los sectores involucrados, en particular a las autoridades aduaneras, policiales, administrativas y judiciales.

El presente Convenio entrará en vigor treinta (30) días después, contados a partir de la última notificación sobre el cumplimiento de los requisitos legales internos entre los dos Estados Partes y permanecerá en vigor por diez (10) años, prorrogables automáticamente por períodos de igual duración, a menos que uno de los Estados Partes notifique al otro, por la vía diplomática, su intención de darlo por terminado, con anticipación de por lo menos seis (6) meses.

La renuncia del presente Convenio no afectará las acciones de restitución de los bienes objeto del presente instrumento que hubieran sido iniciados durante su vigencia, salvo que los Estados Partes acuerden lo contrario.

Suscrito en la ciudad de Montevideo, a los 16 días del mes de octubre del año 2013 en dos (2) ejemplares, cada uno en los idiomas castellano, siendo los textos igualmente auténticos y válidos.

f) Ilegible.

Por el Gobierno de la República del Ecuador.

f) Ilegible.

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.- Certifico que es fiel copia del documento que se ncuentra en los archivos de la Dirección de Asesoría Jurídica en Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.-Quito, a 06 de agosto de 2019.- f.) Ilegible.

18 – Miércoles 21 de agosto de 2019 Registro Oficial N° 22

No. 054

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL

DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, y declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;

Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador señala como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;

Que, el artículo 172 del Código Orgánico del Ambiente establece que la regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales;

Que, el artículo 178 del Código Orgánico del Ambiente, el cual menciona en su segundo inciso menciona que «Los operadores de proyectos, obras o actividades de impacto ambiental bajo, para su regularización ambiental, requerirán de un plan de manejo ambiental específico para estas actividades, de conformidad con la normativa secundaria que se expida para el efecto.»;

Que, el artículo 181 del Código Orgánico del Ambiente menciona que «El plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios subplanes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda. Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria»;

Que, el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal establece la persona que emita o proporcione información

falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el presente artículo.;

Que, el artículo 14 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental;

Que, el artículo 6 del Acuerdo Ministerial No. 109 de 02 de octubre de 2018, mediante el cual se reforma el Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, determina que la Autoridad Ambiental Competente, a través del Sistema único de Información Ambiental, otorgará la autorización administrativa ambiental para obras, proyectos o actividades con bajo impacto ambiental, denominado Registro Ambiental. Los operadores de proyectos, obras o actividades, deberán cumplir con las obligaciones que se deriven del registro ambiental, además de lo dispuesto en la normativa aplicable;

Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 026, suscrito el 17 de marzo de 2016, determina: «Sustitúyase el contenido del artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 268 de 29 de agosto de 2014, por lo siguiente: «Delegar a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente la emisión, suscripción, nulidad o archivo de Certificados y Registros Ambientales a nivel nacional

(…)»;

Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. MERNNR-2018-0002-AM suscrito el 14 de enero de 2019, establece «(…) artículo 2 del Instructivo para las etapas de exploración y explotación de las concesiones mineras, negociación y suscripción de los contratos de explotación minera, realícese lo siguiente:

  • Elimínese el texto «Para efectos de aplicación del presente instructivo se entenderán: «;
  • Agréguese a continuación de la palabra «Definiciones» el siguiente texto:».- Las definiciones del presente instructivo son aplicables a todo el sector minero, independientemente del régimen al cual pertenezca la concesión. Así, se entenderá lo siguiente:»;
  • Incorpórese después del literal f), lo siguiente:

Registro Oficial N° 22 Miércoles 21 de agosto de 2019 – 19

«g) Sondeos de prueba o reconocimiento: Son pozos exploratorios perforados con variadas inclinaciones y dimensiones que pertenecen al periodo de exploración inicial realizados con equipo transportable a mano o aéreo en plataformas de longitud máxima de 10 metros por lado, con la instalación de un sistema de recirculación de agua de perforación y uso de aditivos de perforación amigables con el ambiente»;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 009 suscrito el 24 de enero de 2019, el Ministro de Ambiente reformó el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, en su artículo 8 establece «Agréguese después del artículo 11 los siguientes artículos innumerados: «Artículo (…) De la regularización de Sondeos de prueba o reconocimiento.-Cuando el titular de los derechos mineros desee realizar sondeos de prueba o reconocimiento deberá previamente obtener el permiso ambiental en concordancia al catálogo de actividades sujetándose a lo que la Autoridad Ambiental Nacional establezca, el cual deberá considerar la obligación de utilizar aditivos biodegradables, un Plan de Manejo Ambiental específico, recirculación del agua, y establecimiento de un máximo de 30 plataformas por concesión para el territorio nacional, y excepcionalmente un máximo de 20 plataformas para concesiones que intersequen en una parte o en su totalidad con bosques y vegetación protectores «;

Que, la Disposición Transitoria Primera del Acuerdo Ministerial Nro. 009 suscrito el 24 de enero de 2019, con el cual el Ministro de Ambiente reformó el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, y que en su segundo párrafo menciona: «Hasta que los cambios en el SUIA estén realizados, los trámites que no cuenten con la debida programación en la plataforma deberán ser ingresados al Ministerio de Ambiente en formato físico y una vez que la misma cuente con las actualizaciones incorporadas se deberá cargar dicha información en el Sistema»;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 020 suscrito el 12 de marzo de 2019, el Ministerio de Ambiente reformó el Acuerdo Ministerial No. 009 de 24 de enero de 2019, con el cual el Ministro de Ambiente reformó el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras; incorporando disposiciones realizadas con la ficha de Registro Ambiental y PMA, Extinción de la Autorización administrativa ambiental, número de concesiones contiguas, información para la comunidad del área y respecto de la participación de consultores ambientales para regularización y control ambiental de exploración inicial;

Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 020 suscrito el 12 de marzo de 2019, el Ministerio de Ambiente reformó el Acuerdo Ministerial No. 009 de 24 de enero de 2019, con el cual el Ministro de Ambiente reformó el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, y que establece «(…) Información a la comunidad del área.- las actividades que contemplen sondeos de prueba o reconocimiento deberán contener en el sub-plan de relaciones comunitarias del Plan de Manejo Ambiental, medidas de información previo al inicio de las actividades en el área donde se realizarán las actividades de exploración, de acuerdo al PMA específico del Anexo 1 «;

Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 020 suscrito el 12 de marzo de 2019, el Ministerio de Ambiente reformó el Acuerdo Ministerial No. 009 de 24 de enero de 2019, con el cual el Ministro de Ambiente reformó el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, y que establece «(…) En caso de solicitar la extinción de un Registro Ambiental, el titular deberá presentar a la Autoridad Ambiental correspondiente, junto a la solicitud de extinción, el informe de cumplimiento ambiental de sus obligaciones del período actual de evaluación hasta la fecha de la solicitud de la extinción. Las obligaciones de cumplimiento se extinguen con el acto administrativo otorgado por la Autoridad Ambiental»;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 134, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 de 18 de octubre de 2012, se expide la reforma al Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en Registro Oficial Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, mediante el cual se expide la reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003; Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de agosto de 2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 de 5 de abril de 2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales (…)»;

Que, mediante Resolución No. 225917 del 13 de diciembre de 2017, la Subsecretaría de Calidad Ambiental otorgó a GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A. el Registro Ambiental No. MAE-RA-2017-324477 para la fase de exploración inicial de la concesión minera SHARUG 2 (Código 10000462), ubicada en el cantón PUCARÁ, provincia de AZUAY.

Que, mediante oficio No. MAE-SUIA-RA-DNPCA-2017-203854 del 12 de octubre de 2017, la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental emitió el Certificado de Intersección para la concesión minera SHARUG 2 (Código 10000462), provincia de AZUAY concluyendo que el proyecto SI INTERSECTA con el Bosques Protectores UZCHURRUMI, LA CADENA, PEÑA DORADA, BRASIL pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores y Vegetación Protectora y Patrimonio Forestal del Estado; cuyas coordenadas en UTM son las siguientes:

Punto

x

y

1

660750.77

9636735.85

2

661650.76

9636735.85

3

661650.76

9637535.84

4

662750.75

9637535.84

5

662750.75

9637835.83

6

663350.74

9637835.83

7

663350.75

9638935.82

20 – Miércoles 21 de agosto de 2019 Registro Oficial N° 22

8

663450.74

9638935.82

9

663450.75

9639435.82

10

668650.70

9639435.81

11

668650.69

9634735.85

12

660750.76

9634735.87

13

660750.77

9636735.85

Coordenadas UTM (WGS84), Zona 17 Sur

Que, mediante Oficio No. MAE-SG-2019-6036-E de 10 de mayo de 2019, la empresa GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A., solicita a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, la actualización de su Registro Ambiental y Plan de manejo ambiental para la fase de exploración inicial de minerales metálicos con sondeos de prueba o reconocimiento bajo el régimen de mediana y gran minería de la Concesión Minera SHARUG 2 (Código 10000462), provincia de AZUAY, y adjunta la garantía bancaria de fiel cumplimiento de 100% del costo total del cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental, No. C0014503, emitida por el Banco de Guayaquil, por el valor USD 92000,00 (NOVENTA Y DOS MIL DÓLARES DE NORTE AMÉRICA), con vigencia desde 06 de mayo de 2019 hasta el 05 de mayo del 2020; así como también adjunta la factura No. 001-002-69285 de fecha 29 de mayo del 2019, emitida por el Ministerio del Ambiente, por el valor de USD 180 (CIENTO OCHENTA DÓLARES DE NORTE AMERICA) correspondiente al pago de tasa por Registro Ambiental;

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

Resuelve:

Art. 1. Aprobar la actualización del REGISTRO AMBIENTAL emitida con Resolución No. 225917, registrado con código SUIA No. MAE-RA-2017-324477 del 13 de diciembre de 2017, FASE DE EXPLORACIÓN INICIAL DE LA CONCESIÓN MINERA SHARUG 2 (Código 10000462), ubicada en la provincia de AZUAY favor de GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A., las mismas que SI INTERSECTA con el Bosques Protectores UZCHURRUMI, LA CADENA, PEÑA DORADA, BRASIL del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado.

Art. 2. La Ficha de Registro Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, así como los documentos habilitantes presentados o que se presentaren para reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán a constituir parte integrante de la autorización administrativa ambiental para la fase de exploración inicial con sondeos de prueba o reconocimiento de la concesión minera SHARUG 2 (Código 10000462) ubicada en la provincia de AZUAY, los mismos que deberán cumplirse estrictamente, caso contrario se procederá con las acciones legales correspondientes.

Notifíquese con la presente Resolución a la compañía GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A., concesionaria minera de la área minera SHARUG 2 (Código 10000462), y publíquese en el Registro Oficial por ser de interés general.

De la aplicación de esta Resolución se encarga a la Subsecretaría de Calidad Ambiental y a la Dirección Provincial de Azuay del Ministerio del Ambiente.

f.) Mgs. Carlos Alberto Velasco Enríquez, Subsecretario de Calidad Ambiental, Ministerio del Ambiente.

MINISTERIO DEL AMBIENTE No 054

ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO AMBIENTAL

EMITIDO CON RESOLUCIÓN No. No. 225917,

REGISTRADO CON CÓDIGO SUIA No. MAE-

RA-2017-324477 DEL 13 DE DICIEMBRE DE

2017, PARA LA FASE DE EXPLORACIÓN

INICIAL DE LA CONCESIÓN MINERA

SHARUG 2 (CÓDIGO 10000462), UBICADA

EN LA PROVINCIA DE AZUAY A FAVOR

DE GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Ambiental, de precautelar el interés público en lo referente a la Preservación del Ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere el presente Registro Ambiental de la actualización del Registro Ambiental No. MAE-RA-2017-324477 del 13 de diciembre de 2017, para la fase de exploración inicial de la CONCESIÓN MINERA SHARUG 2 (CÓDIGO 10000462), a favor de GREEN ROCKRESOURCES GRR S.A.; ubicada en la provincia de AZUAY, para que en sujeción al Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental aprobado ejecute el proyecto en los períodos establecidos.

En virtud de lo expuesto, la compañía GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A., se obliga a lo siguiente:

  1. Cumplir estrictamente lo señalado en la Ficha y Plan de Manejo Ambiental, entregado para la concesión SHARUG 2 (Código 10000462), a favor de GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A., ubicada en la provincia de AZUAY, cantón PUCARÁ.
  2. Cumplir estrictamente lo señalado en el Art. 8 del Acuerdo Ministerial 009 suscrito el 24 de enero de 2019, reforma al Reglamento de Ambiental Actividades Mineras.
  3. Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento ambiental de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente de manera semestral.

Registro Oficial N° 22 Miércoles 21 de agosto de 2019 – 21

  1. Dar cumplimiento estricto a las disposiciones establecidas en el capítulo VI y VII del Acuerdo Ministerial No. 061, Registro Oficial No. 316 del 04 de mayo de 2015, o el que lo reemplace. En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo del caso a esta Cartera de Estado.
  2. Utilizar en la ejecución del proyecto, procesos y actividades, tecnologías y métodos que atenúen, y en la medida de lo posible prevengan los impactos negativos al ambiente.
  3. Implementar medidas de prevención y mitigación con el fin de atenuar los posibles impactos negativos al ambiente.
  4. Utilizar en la ejecución del proyecto, procesos y actividades, tecnologías limpias y métodos que atenúen y prevengan los impactos negativos al ambiente.
  5. Implementar mecanismos y medidas pertinentes para la remediación, monitoreo, seguimiento y evaluación de daños y pasivos ambientales; la responsabilidad de la no remediación o tratamiento de dichos daños o pasivos ambientales, recaerá sobre quien o quienes generen el hecho y quienes no tomen las medidas correctivas o de mitigación inmediatas, así como sobre quien o quienes impida la aplicación de las medidas correctivas o de mitigación pertinentes.
  6. Proporcionar al personal técnico de la Autoridad Ambiental, todas las facilidades para llevar a efecto los procesos de monitoreo, control, seguimiento y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado, durante la ejecución del proyecto y materia del Registro Ambiental y la presente actualización.
  7. Ser enteramente responsable de las actividades que cumplan sus contratistas o subcontratistas.
  8. Mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental durante la vida útil del proyecto.
  9. Cancelar, sujeto al plazo de duración del proyecto, el pago por servicios administrativos de gestión y calidad ambiental por seguimiento y control al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado, conforme lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 083-B publicado en el Registro Oficial No. 387 de fecha 4 de noviembre 2015 o la normativa que lo remplace.
  10. Cumplir y observar las demás disposiciones legales o aplicables a esta actividad, así como de la adopción de todas las demás medidas que son necesarias para evitar, mitigar, remediar o restaurar eventuales impactos que se generen sobre el ambiente o que afecten a los derechos de la naturaleza.

14. Una vez que en el SUIA se programe el correspondiente módulo de Registro Ambiental para exploración inicial con sondeos de prueba y reconocimiento, el titular deberá subir la información de su Registro y PMA a la Plataforma.

En caso de no cumplir lo expuesto, el Ministerio de Ambiente iniciará las acciones legales pertinentes. El plazo de vigencia del presente Registro y Plan de manejo Ambiental, es desde la fecha de su emisión hasta el término de la ejecución del proyecto. Notifíquese con la presente Resolución al Representante Legal de GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A., y publíquese en el Registro Oficial por ser de interés general. De la aplicación de esta Resolución se encarga a la Subsecretaría de Calidad Ambiental y a la Dirección Provincial de Azuay del Ministerio del Ambiente. El presente Registro Ambiental se rige por las disposiciones de la normativa ambiental y administrativa aplicable. La presente resolución entrará en vigencia desde su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Quito, a 02 de agosto de 2019.

f.) Mgs. Carlos Alberto Velasco Enríquez, Subsecretario de Calidad Ambiental, Ministerio del Ambiente.

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL

DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Yo, Andrew Taunton con cédula de identidad 171227347-1 representante legal de GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A., declaro bajo juramento que toda la información ingresada corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: «Falsedad u ocultamiento de información ambiental- La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorias y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. «

Atentamente,

f.) Andrew Taunton, 171227347-1, Representante Legal, GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A.

22 – Miércoles 21 de agosto de 2019 Registro Oficial N° 22

No. 055

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL

DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, y declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;

Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador señala como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;

Que, el artículo 172 del Código Orgánico del Ambiente establece que la regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales;

Que, el artículo 178 del Código Orgánico del Ambiente, el cual menciona en su segundo inciso menciona que «Los operadores de proyectos, obras o actividades de impacto ambiental bajo, para su regularización ambiental, requerirán de un plan de manejo ambiental específico para estas actividades, de conformidad con la normativa secundaria que se expida para el efecto.»;

Que, el artículo 181 del Código Orgánico del Ambiente menciona que «El plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios subplanes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda. Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria»;

Que, el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal establece la persona que emita o proporcione información

falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el presente artículo.;

Que, el artículo 14 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental;

Que, el artículo 6 del Acuerdo Ministerial No. 109 de 02 de octubre de 2018, mediante el cual se reforma el Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, determina que la Autoridad Ambiental Competente, a través del Sistema único de Información Ambiental, otorgará la autorización administrativa ambiental para obras, proyectos o actividades con bajo impacto ambiental, denominado Registro Ambiental. Los operadores de proyectos, obras o actividades, deberán cumplir con las obligaciones que se deriven del registro ambiental, además de lo dispuesto en la normativa aplicable;

Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 026, suscrito el 17 de marzo de 2016, determina: «Sustitúyase el contenido del artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 268 de 29 de agosto de 2014, por lo siguiente: «Delegar a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente la emisión, suscripción, nulidad o archivo de Certificados y Registros Ambientales a nivel nacional

(…)»;

Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. MERNNR-2018-0002-AM suscrito el 14 de enero de 2019, establece «(…) artículo 2 del Instructivo para las etapas de exploración y explotación de las concesiones mineras, negociación y suscripción de los contratos de explotación minera, realícese lo siguiente:

  • Elimínese el texto «Para efectos de aplicación del presente instructivo se entenderán: «;
  • Agréguese a continuación de la palabra «Definiciones» el siguiente texto:».- Las definiciones del presente instructivo son aplicables a todo el sector minero, independientemente del régimen al cual pertenezca la concesión. Así, se entenderá lo siguiente:»;
  • Incorpórese después del literal f), lo siguiente:

Registro Oficial N° 22 Miércoles 21 de agosto de 2019 – 23

«g) Sondeos de prueba o reconocimiento: Son pozos exploratorios perforados con variadas inclinaciones y dimensiones que pertenecen al periodo de exploración inicial realizados con equipo transportable a mano o aéreo en plataformas de longitud máxima de 10 metros por lado, con la instalación de un sistema de recirculación de agua de perforación y uso de aditivos de perforación amigables con el ambiente»;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 009 suscrito el 24 de enero de 2019, el Ministro de Ambiente reformó el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, en su artículo 8 establece «Agréguese después del artículo 11 los siguientes artículos innumerados: «Artículo (…) De la regularización de Sondeos de prueba o reconocimiento.-Cuando el titular de los derechos mineros desee realizar sondeos de prueba o reconocimiento deberá previamente obtener el permiso ambiental en concordancia al catálogo de actividades sujetándose a lo que la Autoridad Ambiental Nacional establezca, el cual deberá considerar la obligación de utilizar aditivos biodegradables, un Plan de Manejo Ambiental específico, recirculación del agua, y establecimiento de un máximo de 30 plataformas por concesión para el territorio nacional, y excepcionalmente un máximo de 20 plataformas para concesiones que intersequen en una parte o en su totalidad con bosques y vegetación protectores «;

Que, la Disposición Transitoria Primera del Acuerdo Ministerial Nro. 009 suscrito el 24 de enero de 2019, con el cual el Ministro de Ambiente reformó el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, y que en su segundo párrafo menciona: «Hasta que los cambios en el SUIA estén realizados, los trámites que no cuenten con la debida programación en la plataforma deberán ser ingresados al Ministerio de Ambiente en formato físico y una vez que la misma cuente con las actualizaciones incorporadas se deberá cargar dicha información en el Sistema»;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 020 suscrito el 12 de marzo de 2019, el Ministerio de Ambiente reformó el Acuerdo Ministerial No. 009 de 24 de enero de 2019, con el cual el Ministro de Ambiente reformó el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras; incorporando disposiciones realizadas con la ficha de Registro Ambiental y PMA, Extinción de la Autorización administrativa ambiental, número de concesiones contiguas, información para la comunidad del área y respecto de la participación de consultores ambientales para regularización y control ambiental de exploración inicial;

Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 020 suscrito el 12 de marzo de 2019, el Ministerio de Ambiente reformó el Acuerdo Ministerial No. 009 de 24 de enero de 2019, con el cual el Ministro de Ambiente reformó el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, y que establece «(…) Información a la comunidad del área.- las actividades que contemplen sondeos de prueba o reconocimiento deberán contener en el sub-plan de relaciones comunitarias del Plan de Manejo Ambiental, medidas de información previo al inicio de las actividades en el área donde se realizarán las actividades de exploración, de acuerdo al PMA específico del Anexo 1 «;

Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 020 suscrito el 12 de marzo de 2019, el Ministerio de Amiente reformó el Acuerdo Ministerial No. 009 de 24 de enero de 2019, con el cual el Ministro de Ambiente reformó el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, y que establece «(…) En caso de solicitar la extinción de un Registro Ambiental, el titular deberá presentar a la Autoridad Ambiental correspondiente, junto a la solicitud de extinción, el informe de cumplimiento ambiental de sus obligaciones del período actual de evaluación hasta la fecha de la solicitud de la extinción. Las obligaciones de cumplimiento se extinguen con el acto administrativo otorgado por la Autoridad Ambiental»;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 134, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 de 18 de octubre de 2012, se expide la reforma al Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en Registro Oficial Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, mediante el cual se expide la reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003; Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de agosto de 2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 de 5 de abril de 2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales (…)»;

Que, mediante Resolución No. 225924 del 13 de diciembre de 2017, la Subsecretaría de Calidad Ambiental otorgó a CRUZ DEL SOL CSSA SA. El Registro Ambiental No. MAE-RA-2017-331695 para la fase de exploración inicial de las concesiones mineras LA HUECA (Código 50001006), LA FLORIDA (Código 50001007) y SANTA CRUZ (Código 50001008), ubicada en el cantón ZAMORA – CENTINELA DEL SUR, provincia de ZAMORA CHINCHIPE.

Que, mediante oficio No. MAE-SUIA-RA-DNPCA-2017-204022 del 05 de diciembre de 2017, la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental emitió el Certificado de Intersección para las concesiones mineras LA HUECA (Código 50001006), LA FLORIDA (Código 50001007) y SANTA CRUZ (Código 50001008), provincia de ZAMORA CHINCHIPE concluyendo que el proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores y Vegetación Protectora y Patrimonio Forestal del Estado; cuyas coordenadas en UTM son las siguientes:

Punto

x

y

1

740749.86

9565436.40

2

741649.85

9565436.39

3

741649.85

9566636.38

4

743549.84

9566636.38

5

743549.84

9567536.37

6

744549.83

9567536.37

24 – Miércoles 21 de agosto de 2019 Registro Oficial N° 22

7

744549.83

9568336.36

8

746449.81

9568336.35

9

746449.81

9568636.35

10

747049.81

9568636.35

11

747049.80

9567736.36

12

748649.79

9567736.35

13

748649.78

9565736.38

14

747949.79

9565736.38

15

747949.78

9562236.41

16

745849.80

9562236.42

17

745849.81

9563636.40

18

745649.81

9563636.40

19

745649.81

9564736.39

20

744349.82

9564736.39

21

744349.82

9563636.41

22

742549.84

9563636.41

23

742549.84

9564036.41

24

740749.86

9564036.41

25

740749.86

9565436.40

1

748649.78

9564336.39

2

748649.79

9568636.35

3

749249.78

9568636.34

4

749249.78

9569036.34

5

751649.76

9569036.34

6

751649.76

9568636.34

7

752749.75

9568636.34

8

752749.74

9564336.38

9

748649.78

9564336.39

1

747949.79

9564336.39

2

752249.74

9564336.38

3

752249.74

9564036.38

4

751849.75

9564036.38

5

751849.74

9560936.42

6

751049.75

9560936.42

7

751049.74

9559636.43

8

749049.76

9559636.44

9

749049.76

9558536.45

10

746049.79

9558536.45

11

746049.79

9559136.45

12

741249.84

9559136.46

13

741249.84

9559936.45

14

740249.85

9559936.45

15

740249.86

9560736.44

16

742149.84

9560736.44

17

742149.84

9561236.44

18

740049.86

9561236.44

19

740049.86

9563236.42

20

742449.84

9563236.41

21

742449.84

9562936.42

22

744449.82

9562936.41

23

744449.82

9563536.41

24

745049.81

9563536.41

25

745049.81

9562236.42

26

747949.78

9562236.41

27

747949.79

9564336.39

Coordenadas UTM (WGS84), Zona 17 Sur

Que, mediante Oficio No. MAE-SG-2019-6039-E de 10 de mayo de 2019, la empresa CRUZ DEL SOL CSSA SA, solicita a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, la actualización de su Registro Ambiental y Plan de manejo ambiental para la fase de exploración inicial de minerales metálicos con sondeos de prueba o reconocimiento bajo el régimen de mediana y gran minería de las Concesiones Mineras LA HUECA (Código 50001006), LA FLORIDA (Código 50001007) y SANTA CRUZ (Código 50001008), provincia de ZAMORA CHINCHIPE, y adjunta la garantía bancaria de fiel cumplimiento de 100% del costo total del cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental, No. C0014506, emitida por el Banco de Guayaquil, por el valor USD 92000,00 (NOVENTA Y DOS MIL DÓLARES DE NORTE AMÉRICA), con vigencia desde 06 de mayo de 2019 hasta el 05 de mayo del 2020; así como también adjunta la factura No. 001-002-69286 de fecha29 de mayo del 2019, emitida por el Ministerio del Ambiente, por el valor de USD 180 (CIENTO OCHENTA DÓLARES DE NORTE AMERICA) correspondiente al pago de tasa por Registro Ambiental;

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

Resuelve:

Art. 1. Aprobar la actualización del REGISTRO AMBIENTAL emitido con Resolución No. 225924, registrado con código SUIANo. MAE-RA-2017-225924 del 13 de diciembre de 2017; para la FASE DE EXPLORACIÓN INICIAL DE LAS CONCESIONES MINERAS LA HUECA (Código 50001006), LA FLORIDA (Código 50001007) y SANTA CRUZ (Código 50001008), ubicadas en la provincia de ZAMORA CHINCHIPE favor de CRUZ DEL SOL CSSA SA., las mismas que NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado.

Art. 2. La Ficha de Registro Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, así como los documentos habilitantes presentados o que se presentaren para reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán a constituir parte integrante de la autorización administrativa

Registro Oficial N° 22 Miércoles 21 de agosto de 2019 – 25

ambiental para la fase de exploración inicial con sondeos de prueba o reconocimiento de las concesiones mineras LA HUECA (Código 50001006), LA FLORIDA (Código 50001007) y SANTA CRUZ (Código 50001008), ubicadas en la provincia de ZAMORA CHLNCHIPE, los mismos que deberán cumplirse estrictamente, caso contrario se procederá con las acciones legales correspondientes.

Notifíquese con la presente Resolución a la compañía CRUZ DEL SOL CSSA SA., concesionaria minera de las áreas mineras LA HUECA (Código 50001006), LA FLORIDA (Código 50001007) y SANTA CRUZ (Código 50001008), y publíquese en el Registro Oficial por ser de interés general.

De la aplicación de esta Resolución se encarga a la Subsecretaría de Calidad Ambiental y a la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe del Ministerio del Ambiente.

f.) Mgs. Carlos Alberto Velasco Enríquez, Subsecretario de Calidad Ambiental, Ministerio del Ambiente.

MINISTERIO DEL AMBIENTE No 055

ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO

AMBIENTAL EMITIDO CON RESOLUCIÓN

No. 225924, REGISTRADO CON CÓDIGO

SUIANo. MAE-RA-2017-331695 DEL 13 DE

DICIEMBRE DE 2017, PARA LA FASE DE

EXPLORACIÓN INICIAL DE LAS CONCESIONES

MINERAS LA HUECA (CÓDIGO 50001006),

LA FLORIDA (CÓDIGO 50001007) y SANTA

CRUZ (CÓDIGO 50001008), UBICADA EN

LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

A FAVOR DE CRUZ DEL SOL CSSA SA

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Ambiental, de precautelar el interés público en lo referente a la Preservación del Ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere el presente Registro Ambiental de la actualización del Registro Ambiental No. MAE-RA-2017-331695 del 13 de diciembre de 2017, para la fase de exploración inicial de las CONCESIONES MINERAS LA HUECA (CÓDIGO 50001006), LA FLORIDA (CÓDIGO 50001007) y SANTA CRUZ (CÓDIGO 50001008), a favor de CRUZ DEL SOL CSSA SA.; ubicada en la provincia de ZAMORA CHINCHIPE, para que en sujeción al Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental aprobado ejecute el proyecto en los períodos establecidos.

En virtud de lo expuesto, la compañía CRUZ DEL SOL CSSA SA., se obliga a lo siguiente:

  1. Cumplir estrictamente lo señalado en la Ficha y Plan de Manejo Ambiental, entregado para las concesiones LA HUECA (CÓDIGO 50001006), LA FLORIDA (CÓDIGO 50001007) y SANTA CRUZ (CÓDIGO 50001008), a favor de CRUZ DEL SOL CSSA SA., ubicada en la provincia de ZAMORA CHINCHIPE, cantón ZAMORA – CENTINELA DEL CÓNDOR.
  2. Cumplir estrictamente lo señalado en el Art. 8 del Acuerdo Ministerial 009 suscrito el 24 de enero de 2019, reforma al Reglamento de Ambiental Actividades Mineras.
  3. Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento ambiental de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente de manera semestral.
  4. Dar cumplimiento estricto a las disposiciones establecidas en el capítulo VI y VII del Acuerdo Ministerial No. 061, Registro Oficial No. 316 del 04 de mayo de 2015, o el que lo reemplace. En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo del caso a esta Cartera de Estado.
  5. Utilizar en la ejecución del proyecto, procesos y actividades, tecnologías y métodos que atenúen, y en la medida de lo posible prevengan los impactos negativos al ambiente.
  6. Implementar medidas de prevención y mitigación con el fin de atenuar los posibles impactos negativos al ambiente.
  7. Utilizar en la ejecución del proyecto, procesos y actividades, tecnologías limpias y métodos que atenúen y prevengan los impactos negativos al ambiente.
  8. Implementar mecanismos y medidas pertinentes para la remediación, monitoreo, seguimiento y evaluación de daños y pasivos ambientales; la responsabilidad de la no remediación o tratamiento de dichos daños o pasivos ambientales, recaerá sobre quien o quienes generen el hecho y quienes no tomen las medidas correctivas o de mitigación inmediatas, así como sobre quien o quienes impida la aplicación de las medidas correctivas o de mitigación pertinentes.
  9. Proporcionar al personal técnico de la Autoridad Ambiental, todas las facilidades para llevar a efecto los procesos de monitoreo, control, seguimiento y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado, durante la ejecución del proyecto y materia del Registro Ambiental y la presente actualización.

26 – Miércoles 21 de agosto de 2019 Registro Oficial N° 22

  1. Ser enteramente responsable de las actividades que cumplan sus contratistas o subcontratistas.
  2. Mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental durante la vida útil del proyecto.
  3. Cancelar, sujeto al plazo de duración del proyecto, el pago por servicios administrativos de gestión y calidad ambiental por seguimiento y control al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado, conforme lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 083-B publicado en el Registro Oficial No. 387 de fecha 4 de noviembre 2015 o la normativa que lo remplace.
  4. Cumplir y observar las demás disposiciones legales o aplicables a esta actividad, así como de la adopción de todas las demás medidas que son necesarias para evitar, mitigar, remediar o restaurar eventuales impactos que se generen sobre el ambiente o que afecten a los derechos de la naturaleza.
  5. Una vez que en el SUIA se programe el correspondiente módulo de Registro Ambiental para exploración inicial con sondeos de prueba y reconocimiento, el titular deberá subir la información de su Registro y PMA a la Plataforma.

En caso de no cumplir lo expuesto, el Ministerio de Ambiente iniciará las acciones legales pertinentes. El plazo de vigencia del presente Registro y Plan de manejo Ambiental, es desde la fecha de su emisión hasta el término de la ejecución del proyecto. Notifíquese con la presente Resolución al Representante Legal de CRUZ DEL SOL CSSA SA., y publíquese en el Registro Oficial por ser de interés general. De la aplicación de esta Resolución se encarga a la Subsecretaría de Calidad Ambiental y a la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe del Ministerio del Ambiente. El presente Registro Ambiental se rige por las disposiciones de la normativa ambiental y administrativa aplicable. La presente resolución entrará en vigencia desde su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Quito, a 02 de agosto de 2019.

f.) Mgs. Carlos Alberto Velasco Enríquez, Subsecretario de Calidad Ambiental, Ministerio del Ambiente.

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL

DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Yo, Andrew Taunton con cédula de identidad 171227347-1 representante legal de CRUZ DEL SOL CSSA SA., declaro bajo juramento que toda la información ingresada corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar dato s falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala:

«Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorias y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. «

Atentamente,

f.) Andrew Taunton, 171227347-1, Representante Legal, Cruz del Sol CSSA SA.

No. 056

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL

DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, y declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;

Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador señala como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;

Que, el artículo 172 del Código Orgánico del Ambiente establece que la regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales;

Que, el artículo 178 del Código Orgánico del Ambiente, el cual menciona en su segundo inciso menciona que

Registro Oficial N° 22 Miércoles 21 de agosto de 2019 – 27

«Los operadores de proyectos, obras o actividades de impacto ambiental bajo, para su regularización ambiental, requerirán de un plan de manejo ambiental específico para estas actividades, de conformidad con la normativa secundaria que se expida para el efecto.»;

Que, el artículo 181 del Código Orgánico del Ambiente menciona que «El plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios subplanes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda. Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria»;

Que, el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal establece la persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el presente artículo.;

Que, el artículo 14 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental;

Que, el artículo 6 del Acuerdo Ministerial No. 109 de 02 de octubre de 2018, mediante el cual se reforma el Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, determina que la Autoridad Ambiental Competente, a través del Sistema único de Información Ambiental, otorgará la autorización administrativa ambiental para obras, proyectos o actividades con bajo impacto ambiental, denominado Registro Ambiental. Los operadores de proyectos, obras o actividades, deberán cumplir con las obligaciones que se deriven del registro ambiental, además de lo dispuesto en la normativa aplicable;

Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 026, suscrito el 17 de marzo de 2016, determina: «Sustitúyase

el contenido del artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 268 de 29 de agosto de 2014, por lo siguiente: «Delegar a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente la emisión, suscripción, nulidad o archivo de Certificados y Registros Ambientales a nivel nacional

(…)»;

Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. MERNNR-2018-0002-AM suscrito el 14 de enero de 2019, establece «(…) artículo 2 del Instructivo para las etapas de exploración y explotación de las concesiones mineras, negociación y suscripción de los contratos de explotación minera, realícese lo siguiente:

  • Elimínese el texto «Para efectos de aplicación del presente instructivo se entenderán: «;
  • Agréguese a continuación de la palabra «Definiciones» el siguiente texto:».- Las definiciones del presente instructivo son aplicables a todo el sector minero, independientemente del régimen al cual pertenezca la concesión. Así, se entenderá lo siguiente:»;
  • Incorpórese después del literal f), lo siguiente:

«g) Sondeos de prueba o reconocimiento: Son pozos exploratorios perforados con variadas inclinaciones y dimensiones que pertenecen al periodo de exploración inicial realizados con equipo transportable a mano o aéreo en plataformas de longitud máxima de 10 metros por lado, con la instalación de un sistema de recirculación de agua de perforación y uso de aditivos de perforación amigables con el ambiente»;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 009 suscrito el 24 de enero de 2019, el Ministro de Ambiente reformó el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, en su artículo 8 establece «Agréguese después del artículo 11 los siguientes artículos innumerados: «Artículo (…) De la regularización de Sondeos de prueba o reconocimiento.-Cuando el titular de los derechos mineros desee realizar sondeos de prueba o reconocimiento deberá previamente obtener el permiso ambiental en concordancia al catálogo de actividades sujetándose a lo que la Autoridad Ambiental Nacional establezca, el cual deberá considerar la obligación de utilizar aditivos biodegradables, un Plan de Manejo Ambiental específico, recirculación del agua, y establecimiento de un máximo de 30 plataformas por concesión para el territorio nacional, y excepcionalmente un máximo de 20 plataformas para concesiones que intersequen en una parte o en su totalidad con bosques y vegetación protectores «;

Que, la Disposición Transitoria Primera del Acuerdo Ministerial Nro. 009 suscrito el 24 de enero de 2019, con el cual el Ministro de Ambiente reformó el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, y que en su segundo párrafo menciona: «Hasta que los cambios en el SUIA estén realizados, los trámites que no cuenten con la debida

28 – Miércoles 21 de agosto de 2019 Registro Oficial N° 22

programación en la plataforma deberán ser ingresados al Ministerio de Ambiente en formato físico y una vez que la misma cuente con las actualizaciones incorporadas se deberá cargar dicha información en el Sistema»;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 020 suscrito el 12 de marzo de 2019, el Ministerio de Ambiente reformó el Acuerdo Ministerial No. 009 de 24 de enero de 2019, con el cual el Ministro de Ambiente reformó el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras; incorporando disposiciones realizadas con la fecha de Registro Ambiental y PMA, Extinción de la Autorización administrativa ambiental, número de concesiones contiguas, información para la comunidad del área y respecto de la participación de consultores ambientales para regularización y control ambiental de exploración inicial;

Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 020 suscrito el 12 de marzo de 2019, el Ministerio de Ambiente reformó el Acuerdo Ministerial No. 009 de 24 de enero de 2019, con el cual el Ministro de Ambiente reformó el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, y que establece «(…) Información a la comunidad del área.- las actividades que contemplen sondeos de prueba o reconocimiento deberán contener en el sub-plan de relaciones comunitarias del Plan de Manejo Ambiental, medidas de información previo al inicio de las actividades en el área donde se realizarán las actividades de exploración, de acuerdo al PMA específico del Anexo 1»;

Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 020 suscrito el 12 de marzo de 2019, el Ministerio de Ambiente reformó el Acuerdo Ministerial No. 009 de 24 de enero de 2019, con el cual el Ministro de Ambiente reformó el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, y que establece «(…) En caso de solicitar la extinción de un Registro Ambiental, el titular deberá presentar a la Autoridad Ambiental correspondiente, junto a la solicitud de extinción, el informe de cumplimiento ambiental de sus obligaciones del período actual de evaluación hasta la fecha de la solicitud de la extinción. Las obligaciones de cumplimiento se extinguen con el acto administrativo otorgado por la Autoridad Ambiental»;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 134, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 de 18 de octubre de 2012, se expide la reforma al Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en Registro Oficial Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, mediante el cual se expide la reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003; Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de agosto de 2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 de 5 de abril de 2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales (…)»;

Que, mediante Resolución No. 220653 del 25 de julio de 2017, la Subsecretaría de Calidad Ambiental otorgó

a GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A. el Registro Ambiental No. MAE-RA-2017-311144 para la fase de exploración inicial de las concesiones mineras PORVENIR 1 (Código 50000879), PORVENIR 2 (Código 50000876) y PORVENIR 3 (Código 50000877), ubicada en el cantón PALANDA, provincia de ZAMORA CHINCHIPE.

Que, mediante oficio No. MAE-SUIA-RA-DNPCA-2017-203365 del 18 de julio de 2017, la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental emitió el Certificado de Intersección para las concesiones mineras PORVENIR 1 (Código 50000879), PORVENIR 2 (Código 50000876) y PORVENIR 3 (Código 50000877), provincia de ZAMORA CHINCHIPE concluyendo que el proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores y Vegetación Protectora y Patrimonio Forestal del Estado; cuyas coordenadas en UTM son las siguientes:

Punto

x

y

1

720049.93

9496437.16

2

720049.93

9498837.13

3

721049.92

9498837.13

4

721049.93

9499637.12

5

721849.92

9499637.12

6

721849.92

9500937.10

7

722749.91

9500937.10

8

722749.91

9501637.10

9

723349.91

9501637.09

10

723349.91

9502237.09

11

723649.90

9502237.09

12

723649.90

9502437.09

13

724249.90

9502437.08

14

724249.90

9504037.07

15

728049.86

9504037.06

16

728049.86

9502037.08

17

729549.84

9502037.08

18

729549.83

9496437.14

19

723149.90

9496437.15

20

723149.89

9491037.21

21

715549.97

9491037.22

22

715549.98

9496437.17

23

720049.93

9496437.16

Coordenadas UTM (WGS84), Zona 17 Sur

Que, mediante Oficio No. MAE-SG-2019-6037-E de 10 de mayo de 2019, la empresa GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A., solicita a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, la actualización de su Registro Ambiental y Plan de manejo ambiental para la fase de exploración inicial de minerales metálicos con sondeos de prueba o reconocimiento bajo el régimen de mediana y gran minería de las Concesiones Mineras PORVENIR

Registro Oficial N° 22 Miércoles 21 de agosto de 2019 – 29

1 (Código 50000879), PORVENIR 2 (Código 50000876) y PORVENIR 3 (Código 50000877), provincia de ZAMORA CHINCHIPE, y adjunta la garantía bancaria de fiel cumplimiento de 100% del costo total del cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental, No. C0014504, emitida por el Banco de Guayaquil, por el valor USD 115130,00 (CIENTO QUINCE MIL CIENTO TREINTA DÓLARES DE NORTE AMÉRICA), con vigencia desde 06 de mayo de 2019 hasta el 05 de mayo del 2020; así como también adjunta la factura No. 001-002-69283 de fecha 29 de mayo del 2019, emitida por el Ministerio del Ambiente, por el valor de USD 180 (CIENTO OCHENTA DÓLARES DE NORTE AMÉRICA) correspondiente al pago de tasa por Registro Ambiental;

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

Resuelve:

Art. 1. Aprobar la actualización del REGISTRO AMBIENTAL emitida con Resolución No. 220653, registrado con código SUIA No. MAE-RA-2017-311144 del 25 de julio de 2017, FASE DE EXPLORACIÓN INICIAL DE LAS CONCESIONES MINERAS PORVENIR 1 (Código 50000879), PORVENIR 2 (Código 50000876) y PORVENIR 3 (Código 50000877), ubicadas en la provincia de ZAMORA CHINCHIPE favor de GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A., las mismas que NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado.

Art. 2. La Ficha de Registro Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, así como los documentos habilitantes presentados o que se presentaren para reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán a constituir parte integrante de la autorización administrativa ambiental para la fase de exploración inicial con sondeos de prueba o reconocimiento de las concesiones mineras PORVENIR 1 (Código 50000879), PORVENIR 2 (Código 50000876) y PORVENIR 3 (Código 50000877) ubicada en la provincia de ZAMORA CHINCHIPE, los mismos que deberán cumplirse estrictamente, caso contrario se procederá con las acciones legales correspondientes.

Notifíquese con la presente Resolución a la compañía GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A., concesionaria minera de las áreas mineras PORVENIR 1 (Código 50000879), PORVENIR 2 (Código 50000876) y PORVENIR 3 (Código 50000877), y publíquese en el Registro Oficial por ser de interés general.

De la aplicación de esta Resolución se encarga a la Subsecretaría de Calidad Ambiental y a la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe del Ministerio del Ambiente.

f.) Mgs. Carlos Alberto Velasco Enríquez, Subsecretario de Calidad Ambiental, Ministerio del Ambiente.

MINISTERIO DEL AMBIENTE No 056

ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO AMBIENTAL

EMITIDO CON RESOLUCIÓN No. 220653,

REGISTRADO CON CÓDIGO SUIA No. MAE-

RA-2017-3111144 DEL 25 DE JULIO DE 2017, PARA

LA FASE DE EXPLORACIÓN INICIAL DE LAS

CONCESIONES MINERAS PORVENIR 1 (CÓDIGO

50000879), PORVENIR 2 (CÓDIGO 50000876) y

PORVENIR 3 (CÓDIGO 50000877), UBICADA EN

LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE A

FAVOR DE GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Ambiental, de precautelar el interés público en lo referente a la Preservación del Ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere el presente Registro Ambiental de la actualización del Registro Ambiental No. MAE-RA-2017-311144 del 25 de julio de 2017, para la fase de exploración inicial de las CONCESIONES MINERAS PORVENIR 1 (CÓDIGO 50000879), PORVENIR 2 (CÓDIGO 50000876) y PORVENIR 3 (CÓDIGO 50000877), a favor de GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A.; ubicada en la provincia de ZAMORA CHINCHIPE, para que en sujeción al Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental aprobado ejecute el proyecto en los períodos establecidos.

En virtud de lo expuesto, la compañía GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A., se obliga a lo siguiente:

  1. Cumplir estrictamente lo señalado en la Ficha y Plan de Manejo Ambiental, entregado para las concesiones PORVENIR 1 (CÓDIGO 50000879), PORVENIR 2 (CÓDIGO 50000876) y PORVENIR 3 (CÓDIGO 50000877), a favor de GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A., ubicada en la provincia de ZAMORA CHINCHIPE, cantón PALANDA.
  2. Cumplir estrictamente lo señalado en el Art. 8 del Acuerdo Ministerial 009 suscrito el 24 de enero de 2019, reforma al Reglamento de Ambiental Actividades Mineras.
  3. Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento ambiental de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente de manera semestral.
  4. Dar cumplimiento estricto a las disposiciones establecidas en el capítulo VI y VII del Acuerdo

30 – Miércoles 21 de agosto de 2019 Registro Oficial N° 22

Ministerial No. 061, Registro Oficial No. 316 del 04 de mayo de 2015, o el que lo reemplace. En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo del caso a esta Cartera de Estado.

  1. Utilizar en la ejecución del proyecto, procesos y actividades, tecnologías y métodos que atenúen, y en la medida de lo posible prevengan los impactos negativos al ambiente.
  2. Implementar medidas de prevención y mitigación con el fin de atenuar los posibles impactos negativos al ambiente.
  3. Utilizar en la ejecución del proyecto, procesos y actividades, tecnologías limpias y métodos que atenúen y prevengan los impactos negativos al ambiente.
  4. Implementar mecanismos y medidas pertinentes para la remediación, monitoreo, seguimiento y evaluación de daños y pasivos ambientales; la responsabilidad de la no remediación o tratamiento de dichos daños o pasivos ambientales, recaerá sobre quien o quienes generen el hecho y quienes no tomen las medidas correctivas o de mitigación inmediatas, así como sobre quien o quienes impida la aplicación de las medidas correctivas o de mitigación pertinentes.
  5. Proporcionar al personal técnico de la Autoridad Ambiental, todas las facilidades para llevar a efecto los procesos de monitoreo, control, seguimiento y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado, durante la ejecución del proyecto y materia del Registro Ambiental y la presente actualización.
  6. Ser enteramente responsable de las actividades que cumplan sus contratistas o subcontratistas.
  7. Mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental durante la vida útil del proyecto.
  8. Cancelar, sujeto al plazo de duración del proyecto, el pago por servicios administrativos de gestión y calidad ambiental por seguimiento y control al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado, conforme lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 083-B publicado en el Registro Oficial No. 387 de fecha 4 de noviembre 2015 o la normativa que lo remplace.
  9. Cumplir y observar las demás disposiciones legales o aplicables a esta actividad, así como de la adopción de todas las demás medidas que son necesarias para evitar, mitigar, remediar o restaurar eventuales impactos que se generen sobre el ambiente o que afecten a los derechos de la naturaleza.

14. Una vez que en el SUIA se programe el correspondiente módulo de Registro Ambiental para exploración inicial con sondeos de prueba y reconocimiento, el titular deberá subir la información de su Registro y PMA a la Plataforma.

En caso de no cumplir lo expuesto, el Ministerio de Ambiente iniciará las acciones legales pertinentes. El plazo de vigencia del presente Registro y Plan de manejo Ambiental, es desde la fecha de su emisión hasta el término de la ejecución del proyecto. Notifíquese con la presente Resolución al Representante Legal de GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A., y publíquese en el Registro Oficial por ser de interés general. De la aplicación de esta Resolución se encarga a la Subsecretaría de Calidad Ambiental y a la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe del Ministerio del Ambiente. El presente Registro Ambiental se rige por las disposiciones de la normativa ambiental y administrativa aplicable. La presente resolución entrará en vigencia desde su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Quito, a 02 de agosto de 2019.

f.) Mgs. Carlos Alberto Velasco Enríquez, Subsecretario de Calidad Ambiental, Ministerio del Ambiente.

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL

DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Yo, Andrew Taunton con cédula de identidad 171227347-1 representante legal de GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A., declaro bajo juramento que toda la información ingresada corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: «Falsedad u ocultamiento de información ambiental- La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorias y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. «

Atentamente,

f) Andrew Taunton, 171227347-1, Representante Legal, GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A.

Registro Oficial N° 22 Miércoles 21 de agosto de 2019 – 31

No. SETEJU-DST-2019-0000010

SECRETARÍA TÉCNICA DE JUVENTUDES

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley; les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…) «;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. «;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (…) «;

Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece entre las atribuciones de los Ministros de Estado y de las Máximas Autoridades de las instituciones del Estado, el «Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de las instituciones «;

Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público señala los deberes y responsabilidades de los servidores públicos, respecto al cumplimiento de la Constitución de la República, leyes, reglamentos y demás disposiciones expedidas de acuerdo con la ley;

Que, el numeral 9 del artículo 6 de Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: «Delegación.- Es la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado. Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública. La Resolución que la máxima autoridad emita para el efecto podrá instrumentarse en decretos, acuerdos, resoluciones, oficios o memorandos y

determinará el contenido y alcance de la delegación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, de ser el caso (…). «;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, establece: «La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas «;

Que, el artículo 15, de la norma ibídem, establece: «El Estado responderá por los daños como consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u omisiones de sus servidores públicos o los sujetos de derecho privado que actúan en ejercicio de una potestad pública por delegación del Estado y sus dependientes, controlados o contratistas. El Estado hará efectiva la responsabilidad de la o el servidor público por actos u omisiones dolosos o culposos. No hay servidor público exento de responsabilidad»;

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, establece: «La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley»;

Que, el artículo 69, del citado Cuerpo de Leyes, en sus numerales 1, 3 y 4, establece: «Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1) Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes; 2) Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan; 4) Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos «;

Que, el numeral 3 del artículo 70 del Código Orgánico Administrativo, que trata sobre los requisitos que debe cumplir la delegación, establece: «Las competencias que son objeto de delegación o los actos que el delegado debe ejercer para el cumplimiento de las mismas»;

Que, el último inciso del artículo ibídem, establece: «La delegación de competencias y su revocación se publicarán por el órgano delegante, a través de los medios de difusión institucional»;

Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, establece que los efectos de la delegación son: 1) Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante; 2) La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda;

32 – Miércoles 21 de agosto de 2019 Registro Oficial N° 22

Que, el artículo 73, del Cuerpo de Leyes ibídem, establece que la delegación se extingue por las siguientes causas: 1) Revocación y 2) Cumplimiento del plazo o de la condición, además establece que en caso de existir cambio de titular del órgano delegante o delegado no extingue la delegación de la competencia, pero obliga, al titular que permanece en el cargo, a informar al nuevo titular dentro los tres días siguientes a la posesión de su cargo, bajo prevenciones de responsabilidad administrativa, las competencias que ha ejercido por delegación y las actuaciones realizadas en virtud de la misma. En los casos de ausencia temporal del titular del órgano competente, el ejercicio de funciones, por quien asuma la titularidad por suplencia, comprende las competencias que le hayan sido delegadas;

Que, en el Acuerdo No 039 de la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 87 de 14 de diciembre de 2009, se expidió las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, cuya norma 200-05, refiere la Delegación de autoridad;

Que, el artículo 9 y Disposición General Segunda del Decreto Ejecutivo No. 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 16, de 16 de junio de 2017, establece: «(…) Transfórmese la Dirección de Juventudes del Ministerio de Inclusión Económica y Social en la Secretaría Técnica de Juventudes, adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social, para la coordinación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas, estrategias y acciones encaminadas a garantizar los derechos de los jóvenes de manera intersectorial y articulada entre niveles de gobierno, generando eficiencia y eficacia en el marco de la Misión «Toda una Vida «;

Que, mediante el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 13, de 15 de agosto de 2017, publicado en el Registro Oficial No. 78, de 13 de septiembre de 2017, el Ministro de Inclusión Económica y Social, nombró al señor Elias Alberto Tenorio Martínez, como Secretario Técnico de Juventudes, adscrito a dicha Cartera de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 11, de 25 de mayo de 2017;

Que, el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 13, de 15 de agosto de 2017, publicado en el Registro Oficial No. 78, de 13 de septiembre de 2017, establece: «Delegar a la Secretaría Técnica de Juventudes realice ante las diferentes Instituciones del Estado, las gestiones que sean necesarias, a fin de ejecutar lo dispuesto en el artículo 9 y Disposición General Segunda del Decreto Ejecutivo No. 11 de 25 de mayo de 2017; mediante la cual transforma la Dirección Nacional de la Juventud del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en Secretaría Técnica de Juventudes, adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social, para la coordinación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas, estrategias y acciones encaminadas a garantizar los derechos de los jóvenes de manera intersectorial y articulada entre niveles de gobierno, generando eficiencia y eficacia en el marco de la Misión «Toda una Vida «;

Que, El artículo primero del Acuerdo Ministerial Nro. 007 de 25 de enero de 2018 suscrito por la Ministra de Inclusión Económica y Social, manifiesta: «Transferir a la Secretaría Técnica de Juventudes todas las atribuciones y responsabilidades definidas para la Dirección de la Juventud constantes en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos (…) «.

Que, mediante Resolución No. SETEJU-DST-2018-019, de 20 de agosto de 2018, se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría Técnica de Juventudes, el mismo que establece los procesos gobernantes, sustantivos y adjetivos, sus responsabilidades y portafolio de servicios y productos, orientados al cabal cumplimiento de su misión y objetivos institucionales;

Que, el artículo 17.2 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece: «De las Secretarías Nacionales. – (Sustituido por el Art. 3 del D.E. 62, R.O. 063, 21-VIII-2013). Organismos públicos con facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión y control sobre temas intersectoriales de la Administración Pública. Estarán representadas por un secretario nacional que tendrá rango de ministro de Estado. Art…-De las Secretarías Generales. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 62, R.O. 063, 21-VIII-2013). Organismos públicos con facultad de gestión en temas de administración y asesoría a la Presidencia de la República. Estarán representadas por un secretario general que tendrá rango de ministro de Estado. Art. … .-De las Secretarías. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 62, R.O. 063, 21-VIII-2013). Organismos públicos con facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión y control sobre temas específicos de un sector de la Administración Pública. Estarán representadas por un secretario que tendrá rango de ministro de Estado. «

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece: «LA DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES. – Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial»;

Que, el artículo 57 de la norma ibídem, establece: «La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya otorgado y se extinguirá en el caso de asuntos únicos, cuando se haya cumplido el acto cuya ejecución se delegó;

Que, el artículo 59 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece: «RESOLUCIONES POR DELEGACIÓN.-Cuando las resoluciones administrativas se adopten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictados por la autoridad delegante, siendo la responsabilidad del delegado que actúa». En uso de sus atribuciones que le confiere la ley;

Registro Oficial N° 22 Miércoles 21 de agosto de 2019 – 33

Que, el artículo 101 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece: «Principios generales. – (Sustituido por el Art. 1 del D.E. 3389, R.O. 733, 27-XII-2002).- 1. La Administración Pública Central sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de legalidad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho. Igualmente, deberá respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima. 2. La Administración Pública Central, en sus relaciones, se rige por el principio de cooperación y colaboración; y, en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los administrados. 3. Bajo la dirección de la Presidencia de la República, las entidades y órganos que integran la Administración Pública Central ejercen la junción administrativa para alcanzar los objetivos que establecen la Constitución, las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. 4. En sus relaciones con los administrados, la Administración Pública Central actúa de conformidad con los principios de transparencia y de participación. «

Que, el artículo 1 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría Técnica de Juventudes, establece: «La Secretaría Técnica de Juventudes, se alinea con su misión y define su estructura institucional sustentada en su base legal y direccionamiento estratégico institucional determinados en su matriz de competencias, planificación institucional y modelo de gestión».

Que, el referido Estatuto en su artículo 10, numeral 1.1.1.1, establece dentro de las atribuciones y responsabilidades del Secretario Técnico de Juventudes, la siguiente: Dirigir la articulación de las políticas para jóvenes con entidades públicas, privadas y sociales y fomentar la participación juvenil en las diferentes dimensiones de la vida;

Que, mediante Resolución No. SETEJU-DST-2019-0000004, de 28 de enero de 2019, publicada en el Registro Oficial No. 444, 12 de marzo 2019, el señor Elias Alberto Tenorio Martínez, Secretario Técnico de Juventudes, expidió el Instrumento de: «DELEGACIONES DE FACULTADES Y ATRIBUCIONES PARA LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PUBLICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE JUVENTUDES»;

Que, resulta indispensable reformar la Resolución Nro. SETEJU-DST-2019-000004, de 28 de enero de 2019, para el eficiente manejo de los procedimientos administrativos, especialmente referentes a la contratación de bienes, servicios y obras; de gestión del recurso humano que realiza la Secretaría Técnica de Juventudes, por lo que se requiere delegar ciertas atribuciones y facultades que aporten al dinamismo, faciliten la gestión y el trabajo diario de esta Cartera de Estado, para un óptimo cumplimiento de sus objetivos, funciones y competencias; y,

En ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo; y, el artículo 10, numeral 1.1.1.1. del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría Técnica de Juventudes.

Resuelve:

Expedir la REFORMA DE LA RESOLUCIÓN

DE DELEGACIONES DE FACULTADES Y

ATRIBUCIONES PARA LA GESTIÓN DE LA

CONTRATACIÓN PUBLICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA SECRETARÍA

TÉCNICA DE JUVENTUDES

Artículo 1.- Eliminar el literal 11), del punto 5 «Ámbito de Administración del Talento Humano», del artículo 8 sobre las Delegaciones al Director/a Administrativo/a Financiero/a;

Artículo 2.- Modificar el literal mm), del punto 5 «Ámbito de Administración del Talento Humano», del artículo 8 sobre las Delegaciones al Director/a Administrativo/a Financiero/a, por el siguiente:

Imponer las sanciones previstas dentro del régimen disciplinario del personal bajo la LOSEP y Código del Trabajo, y demás normativa aplicable, estableciendo si es o no un sumario administrativo.

Artículo 3.- Reenumerar los literales inmediatamente posteriores al kk) del punto 5 «Ámbito de Administración del Talento Humano», del artículo 8 sobre las Delegaciones al Director/a Administrativo/a Financiero/a, a fin de guardar armonía y orden en este articulado.

Artículo 4.- Modificar el literal h) del artículo 10 sobre las Delegaciones al Director/a de Gestión de Asesoría Jurídica, por el siguiente:

Gestionar la obtención de los casilleros judicial electrónico y constitucionales y sus respectivas renovaciones anuales;

Artículo 5.- Incorporar al artículo 10 sobre las Delegaciones al Director/a de Gestión de Asesoría Jurídica, lo siguiente, inmediatamente después del literal h), previo al literal i):

Conocer, avocar conocimiento, sustanciar y resolver las apelaciones, reclamos ordinarios y extraordinarios y cualquier otro recurso, que sea interpuesto en contra de pronunciamientos administrativos internos o externos de la Secretaría Técnica de Juventudes y deba ser conocido por la Máxima Autoridad de la Secretaría Técnica de Juventudes, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, el Código Orgánico Administrativo, Leyes, Reglamentos correspondientes, excepto aquellos que han sido delegados a otras Autoridades; y,

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Artículo 6.- Reenumerar los literales inmediatamente posteriores al h) del artículo 10 sobre las Delegaciones al Director/a de Gestión de Asesoría Jurídica, a fin de guardar armonía y orden en este articulado.

DISPOSICIÓN ÚNICA. – Todo aquello que no ha sido modificado, o, reformado y que consta en la Resolución No. SETEJU-DST-0000004-2019, de 28 de enero de 2019, suscrita por el señor Elias Alberto Tenorio Martínez, se mantiene inalterable y vigente, por lo tanto, será de aplicación obligatoria para los Servidores(as) de esta Cartera de Estado.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en Quito a, 30 de julio de 2019.

f.) Elias Tenorio Martínez, Secretario Técnico de Juventudes, Secretaría Técnica de Juventudes.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARÍA TÉCNICA DE JUVENTUDES

RAZÓN: Con fundamento en el Artículo 8 numeral 2 literal a) de la Resolución Nro. SETEJU-DST-2019-0000004 donde resuelve Expedir Delefaciones de Facultades y Atribuciones para la Gestión de Contratación Pública, Administrativa, Financiera y Jurídica de la Secretaría Técnica de Juventudes, publicada en el Registro Oficial No. 444 del 12 de marzo de 2019.

CERTIFICO.- Que el documento que en 03 (tres) fojas antecede, es fiel copia del original: «RESOLUCIÓN No. SETEJU-DST-2019-0000010», que reposa en la Dirección Administrativa Financiera – Unidad de Gestión Documental y Archivo de esta Cartera de Estado.- Quito, D.M. 07 de Agosto de 2019.

f.) Gabriela Anchaluisa L., Responsable Unidad de Gestión Documental y Archivo.

EL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTÓN GUACHAPALA

Considerando:

Que, el artículo 52 de la Constitución, expresa: «Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad.

Que, el Artículo 66, ídem, prescribe: «Se reconoce y garantizará a las personas: … 25) El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad.

Que, el artículo 71 de la «Carta Magna», especifica: «La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Que, el Artículo 83 ídem, señala: «Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: … 6) Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible».

Que, el artículo 227 de la Constitución, indica: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

Que, el artículo 264 ibídem, establece: «Los Gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: … 2) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón… 4) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley».

Que, el artículo 276 ídem, reza: «El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: … 4) Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural».

Que, el inciso dos del Artículo 314 de la Carta Magna, dice: «El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.

Que, el artículo 375 de la Constitución, dispone: «El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:… 6) Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos».

Que, el artículo 376 de la Carta Magna» ordena: «Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerd con la ley».

Registro Oficial N° 22 Miércoles 21 de agosto de 2019 – 35

Que, el artículo 405 ibídem, prescribe: «El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión.

Que, el artículo 411 de la Constitución, indica: «El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua».

Que, el artículo. 4 del «Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización» (COOTAD), menciona: «Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados: … d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de medio ambiente sostenible y sustentable.

Que, el artículo 137 del COOTAD indica: «Ejercicio de las competencias de prestación de servicios públicos.-Las competencias de prestación de servicios públicos de agua potable, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus respectivas normativas y dando cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales establecidas por las autoridades correspondientes.

Que, el artículo 12 de la «Ley Orgánica de Recursos Hídrico, Usos y Aprovechamiento del Agua» menciona: «PROTECCIÓN, recuperación y conservación de fuentes. El Estado, los sistemas comunitarios, juntas de agua potable y juntas de riego, los consumidores y usuarios, son corresponsables en la protección, recuperación y conservación de las fuentes de agua y del manejo de páramos así como la participación en el uso y administración de las fuentes de aguas que se hallen en sus tierras, sin perjuicio de las competencias generales de la Autoridad Única del Agua de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en esta Ley.

La Autoridad Única del Agua, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los usuarios, las comunas, pueblos, nacionalidades y los propietarios de predios donde se encuentren fuentes de agua, serán responsables de su manejo sustentable e integrado así como de la protección y conservación de dichas fuentes, de conformidad con las normas de la presente Ley y las normas técnicas que dicte la Autoridad Única del Agua, en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional y las prácticas ancestrales.

El Estado en sus diferentes niveles de gobierno destinará los fondos necesarios y la asistencia técnica para garantizar la protección y conservación de las fuentes de agua y sus áreas de influencia.

En caso de no existir usuarios conocidos de una fuente, su protección y conservación la asumirá la Autoridad Única del Agua en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados en cuya jurisdicción se encuentren, siempre que sea fuera de un área natural protegida.

El uso del predio en que se encuentra una fuente de agua queda afectado en la parte que sea necesaria para la conservación de la misma. A esos efectos, la Autoridad Única del Agua deberá proceder a la delimitación de las fuentes de agua y reglamentariamente se establecerá el alcance y límites de tal afectación.

Los propietarios de los predios en los que se encuentren fuentes de agua y los usuarios del agua estarán obligados a cumplir las regulaciones y disposiciones técnicas que en cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria establezca la Autoridad Única del Agua en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional para la conservación y protección del agua en la fuente».

Que, el artículo 13 ídem, expresa: «Formas de conservación y de protección de fuentes de agua. Constituyen formas de conservación y protección de fuentes de agua: las servidumbres de uso público, zonas de protección hídrica y las zonas de restricción.

Los terrenos que lindan con los cauces públicos están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre para uso público, que se regulará de conformidad con el Reglamento y la Ley.

Para la protección de las aguas que circulan por los cauces y de los ecosistemas asociados, se establece una zona de protección hídrica. Cualquier aprovechamiento que se pretenda desarrollar a una distancia del cauce, que se definirá reglamentariamente, deberá ser objeto de autorización por la Autoridad Única del Agua, sin perjuicio de otras autorizaciones que procedan.

Las mismas servidumbres de uso público y zonas de protección hídrica existirán en los embalses superficiales.

En los acuíferos se delimitarán zonas de restricción en las que se condicionarán las actividades que puedan realizarse en ellas en la forma y con los efectos establecidos en el Reglamento a esta Ley.

Que, el artículo 68 del «Reglamento de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, dispone» Delimitación de fuentes de agua.- La Secretaría del Agua, a través de las Autoridades de Demarcación Hidrográfica, llevará a cabo un programa sistemático de delimitación de fuentes de agua a cuyos

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efectos existirá la apropiada partida económica en los presupuestos anuales hasta que tal programa sea completado. El importe de las tarifas que se establezcan en aplicación de lo previsto en el artículo 137 de la Ley, se vinculará al financiamiento de este Programa.

El programa contendrá una previsión temporal de actuaciones que se coordinará con el contenido de los Planes de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca con ámbito de Demarcación Hidrográfica.

A efectos de la delimitación de las fuentes de Agua, la Secretaría del Agua determinará el procedimiento correspondiente.

Que, el artículo 69 del mentado Reglamento, prescribe: «Régimen jurídico de la zona delimitada como fuente de agua.- Los terrenos que se delimiten como fuente de agua se considerarán, si no lo fueran ya, de dominio hídrico público conforme a los criterios indicados en el Artículo 10, literal d) de la Ley.

Cuando la delimitación afecte a terrenos que en ese momento sean de propiedad privada, deberá llevarse a cabo la compensación adecuada a su titular. Todo ello si la ocupación del terreno por el privado ha sido legítima. En caso contrario, no habrá derecho a ningún tipo de compensación.

La Secretaría del Agua, en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional, emitirán los lineamientos para la elaboración de un programa de sostenibilidad de la fuente de agua: La ausencia de cumplimiento de un programa de sostenibilidad de la fuente de agua por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados será considerada como infracción administrativa.

Que, el artículo 33 de la «Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua», establece. «.- Ámbito y modalidades de la gestión de los recursos hídricos. La gestión pública de los recursos hídricos comprenderá la planificación, formulación de políticas nacionales, gestión integrada en cuencas hidrográficas, el otorgamiento, seguimiento y control de autorizaciones de uso y de autorizaciones de aprovechamiento productivo del agua, la determinación de los caudales ecológicos, la preservación y conservación de las fuentes y zonas de recarga hídrica, la regulación y control técnico de la gestión, la cooperación con las autoridades ambientales en la prevención y control de la contaminación del agua y en la disposición de vertidos, la observancia de los derechos de los usuarios, la organización, rectoría y regulación del régimen institucional del agua y el control, conocimiento y sanción de las infracciones.

Que, el inciso dos del Artículo. 137 ídem, indica: «Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias, establecerán componentes en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios vinculados con el agua para financiar la conservación del dominio hídrico público con prioridad en fuentes y zonas de recarga hídrica.

Que, el artículo 2 del Código del Ambiente establece que las normas contenidas en ese Código, así como las reglamentarias y demás disposiciones técnicas vinculadas a esta materia, son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades, organismos y dependencias que comprenden el sector público, personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, que se encuentren permanente o temporalmente en el territorio nacional.

Que, el artículo 7 del Código del Ambiente señala entre los deberes comunes del Estado y las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y colectivos, los siguientes: numeral 2. Proteger, conservar y restaurar el patrimonio natural nacional, los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; numeral 3. Crear y fortalecer las condiciones para la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático; numeral 4. Prevenir, evitar y reparar de forma integral los daños y pasivos ambientales y sociales; numeral 5. Informar, comunicar o denunciar ante la autoridad competente cualquier actividad contaminante que produzca o pueda producir impactos o daños ambientales.

Que, el artículo 20 del Código Orgánico del Ambiente establece que la Autoridad Ambiental Nacional emitirá las normas, lineamientos y directrices para el funcionamiento de los fondos públicos, privados o mixtos, en base al Plan Nacional de Desarrollo, la política ambiental nacional y demás prioridades definidas por dicha autoridad. Los fondos serán regulados de conformidad con la ley y se sujetarán a las actividades de control de las entidades competentes.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados podrán crear fondos ambientales que contribuyan a la gestión ambiental de sus competencias, bajo los lineamientos de la Autoridad Ambiental Nacional y las disposiciones del presente Código.

Que, el artículo 25 del Código Orgánico delAmbiente indica que en el marco del Sistema Nacional de Competencias y del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, los Gobiernos Autónomos Descentralizados en todos sus niveles, ejercerán las competencias en materia ambiental asignadas de conformidad con la Constitución y la ley. Para efectos de la acreditación estarán sujetos al control y seguimiento de la Autoridad Ambiental Nacional.

Que, en el artículo 27 del Código Orgánico del Ambiente se establece las Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales en materia ambiental. En el marco de sus competencias ambientales exclusivas y concurrentes corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales el ejercicio de las siguientes facultades, en concordancia con las políticas y normas emitidas por los Gobiernos Autónomos Provinciales y la Autoridad Ambiental Nacional.

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Que, el artículo 37 del Código Orgánico del Ambiente establece el Sistema Nacional de Áreas Protegidas estará integrado por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado. Su declaratoria, categorización, recategorización, regulación y administración deberán garantizar la conservación, manejo y uso sostenible de la biodiversidad, así como la conectividad funcional de los ecosistemas terrestres, insulares, marinos, marino-costeros y los derechos de la naturaleza.

Las áreas protegidas serán espacios prioritarios de conservación y desarrollo sostenible. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán incorporar las áreas protegidas a sus herramientas de ordenamiento territorial.

Que, el artículo 191 del «Código Orgánico del Ambiente», prescribe: «Del monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo. La Autoridad Ambiental Nacional o el Gobierno Autónomo Descentralizado competente, en coordinación con las demás autoridades competentes, según corresponda, realizarán el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, agua y suelo, de conformidad con las normas reglamentarias y técnicas que se expidan para el efecto.

Que, en el artículo 286 del Código Orgánico del Ambiente establece que la Autoridad Ambiental Nacional promoverá los incentivos ambientales dirigidos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que dentro de sus políticas locales e instrumentos de planificación realicen acciones de buenas prácticas ambientales de conformidad a lo establecido en este Código.

Las instituciones competentes en la materia promoverán y fomentarán la generación de la información, así como la investigación sobre la contaminación atmosférica, a los cuerpos hídricos y al suelo, con el fin de determinar sus causas, efectos y alternativas para su reducción».

Que, el artículo 42 del «Código Orgánico Administrativo», en relación al Artículo 1 de ese cuerpo legal, menciona: «Ámbito material. El presente Código se aplicará en: …7 Los procedimientos administrativos especiales para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Que, el artículo 248 ídem, prescribe: «Garantías del procedimiento. El ejercicio de la potestad sancionadora requiere procedimiento legalmente previsto y se observará: 1) En los procedimientos sancionadores se dispondrá la debida separación entre la función instructora y la sancionadora, que corresponderá a servidores públicos distintos; y,

En ejercicio de la competencia y facultad legislativa que le confieren: el inciso primero del artículo 240 e inciso final del 264 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo previsto en el artículo 7, literal e) del artículo 55, literal a) del artículo 57, artículo 186, artículo 322; y, artículo 492 del «Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización»

Expide:

LA «ORDENANZA PARA LA CONSERVACIÓN,

RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS

FUENTES DE AGUA, ZONAS DE RECARGA

HÍDRICA, ECOSISTEMAS FRÁGILES Y OTRAS

ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA PROTECCIÓN

DE LA BIODIVERSIDAD, LOS SERVICIOS

AMBIENTALES Y EL PATRIMONIO NATURAL

DEL CANTÓN GUACHAPALA».

TITULO I

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN, RECURSOS A

PROTEGER, DECLARATORIA DE ÁREAS DE

PROTECCIÓN MUNICIPAL Y ZONIFICACIÓN

ESPECÍFICA.

CAPITULO I

GENERALIDADES

ARTÍCULO 1.- FINALIDAD DE ESTA ORDENANZA.- Esta Ordenanza tiene como finalidad: proteger y conservar las fuentes hídricas, asegurar la calidad y cantidad de agua para uso humano, mantener en estado natural los bosques nublados, páramos, humedales y otros ecosistemas frágiles, y recuperar la funcionalidad ecológica en las zonas alteradas que se determinen prioritarias para la provisión de agua, conectividad eco sistémica y protección municipal de la biodiversidad.

Para el efecto y de conformidad a lo establecido en los Artículos 415 y 416 del «Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización», y el Artículo 10 del «Código Orgánico de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua», se consideran como bienes de dominio hídrico municipal de Guachapala a: los ríos, humedales, y caídas naturales; el agua subterránea; los acuíferos a los efectos de protección y disposición de los recursos hídricos; las fuentes de agua, los álveos; los lechos y subsuelos de los ríos, lagos, lagunas y embalses superficiales en cauces naturales; las riberas situadas en la jurisdicción territorial de Guachapala, sobre los cuales ejercen dominio; y, las obras o infraestructura hidráulica de titularidad pública y sus zonas de protección hidráulica.

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Esta Ordenanza se aplicará en toda la jurisdicción cantonal de Guachapala, sin perjuicio de que mediante convenio con los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los cantones contiguos, se lo haga en sus territorios, por ubicarse las fuentes en los mismos.

CAPITULO II

ÁREAS DE PROTECCIÓN MUNICIPAL Y OTROS

MECANISMOS DE CONSERVACIÓN

ARTÍCULO 3.- CONCEPTO DE ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL.- Para efectos de esta Ordenanza, se entienden por Áreas de Protección Municipal a espacios donde se ubican las fuentes hídricas y sus áreas de influencia, sean o no de propiedad del Gad Municipal de Guachapala, las que deben ser tuteladas con fines de preservación, conservación, restauración o

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recuperación ecosistémica, para el aseguramiento de la calidad y cantidad del agua destinada o a potencialmente destinarse para consumo humano, protección de la biodiversidad y prestación de servicios ambientales.

Las «ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL» declaradas a través de la aplicación de esta ordenanza, y sin perjuicio a las competencias de la Autoridad Única del Agua y de la Agencia de Regulación y Control del Agua, automáticamente conforman el subsistema autónomo descentralizado municipal de Guachapala, como parte del sistema nacional de áreas protegidas, previa coordinación con el Ministerio del Ambiente

ARTÍCULO 4.- REQUISITOS.- La información que se requiere para impulsar el trámite de la declaratoria de las «ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL», es la siguiente:

Descripción de la vertiente, ubicación geográfica y política, nombres, apellidos y domicilios de los propietarios o posesionarlos del predio en el que se ubica la vertiente, cantidad y calidad de agua, los nombres apellidos y domicilios de usuarios conocidos; y, trabajos efectuados. Esta información elaborará la JAPSA o las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAPs).

Levantamiento topográfico, incluyendo coordenadas UTM

Estado legal de la vertiente (Si ha sido adjudicada por parte de la Autoridad única del Agua). Esta Información la proporcionará la procuraduría sindica o las JAAPs.

Descripción de la tenencia de la tierra, emitido por la Jefatura de Avalúos y Catastros.

Delimitación de las áreas de interés, acompañada de referencias claramente identificables por accidentes naturales, límites definidos, coordenadas geográficas y un mapa del área con la cabida, unidades ambientales y descripción del uso del suelo, elaborado por el Departamento de Planificación, la UGAM y la JAPSA o las JAAPs.

Posibles amenazas a la integridad del área, elaborada por parte de la UGAM o las JAAPs.

Servicios ambientales que aporta y/o podría aportar el área y el número de directos beneficiarios.

ARTÍCULO 5.- PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA.- La declaratoria de las «ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL», se realizará por impulso del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala o las JAAPs; sin embargo, en forma particular existe la libre disposición para que, a petición de las personas interesadas, entre las que podrían considerarse: los vecinos o pobladores de un área de interés, los beneficiarios del agua apta para consumo humano, Ministerio del Ambiente, entidades públicas y privadas, y los propietarios de los inmuebles en los que se

ubiquen las fuentes y/o sus ÁREAS de influencia, se inicie el trámite para la correspondiente declaratoria de «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL».

ARTÍCULO 6.-FACULTAD DE PEDIR LA DECLARATORIA DE ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL.- La declaratoria de área de PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL, puede ser emitida por el GAD, a petición de parte y de oficio.

En caso de tratarse de una declaratoria motivada por iniciativa de particulares se deberá incluir en el expediente:

Solicitud dirigida al Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala, en la cual se manifieste el ánimo de que el bien inmueble sea declarado como «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL».

De ser posible, otra documentación que aporte con información relevante sobre el bien inmueble o el área en donde se encuentra el mismo (estudios biológicos previos, información técnica disponible).

Cuando se trate de iniciativa del propietario o posesionario, también se deberán adjuntar copias de los documentos personales del propietario y/o posesionario del predio o bien inmueble; títulos de propiedad y certificado historiado emitido por el Registro de la Propiedad, o cualquier otro documento público que acredite la posesión o derecho sobre el bien inmueble a ser declarado como ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL.

ARTÍCULO 7.- PREDIOS QUE PUEDEN SER DECLARADOS ÁREA DE PROTECCIÓN MUNICIPAL.- Generalmente, la declaratoria de «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL» se realizará sobre áreas, predios o bienes inmuebles públicos, comunitarios y privados, cuando sean:

Áreas que por su situación y cobertura, intervengan en el ciclo del agua, especialmente para la preservación de cuencas hidrográficas, recarga de acuíferos y abastecimiento presente y/o futuro de agua para consumo humano.

Excepcionalmente, podrán declararse «ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL» en casos considerados emergentes o especiales por su prioridad de conservación, como acción preliminar, y luego proceder a la Zonificación Específica, considerando los criterios indicados en el Artículo 15 de esta Ordenanza. Para tal propósito la UGAM presentará un informe al Alcalde, en el que singularizará las potenciales áreas a ser declaradas como «ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL».

ARTÍCULO 8.- INSPECCIÓN E INFORME PREVIO.- Receptada la solicitud para la declaratoria,

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el Alcalde pondrá el expediente en conocimiento de la Comisión de Riesgos y Medio Ambiente, así como de la Unidad de Gestión Ambiental y Minera (UGAM) para que previo inspección, elaboren y presenten el informe conjunto correspondiente.

El informe indicará: el nombre de los propietarios y/o posesiónanos del predio en el que se encuentra el área por protegerse; su estado actual, estado de la fuente y del destino del agua; la ubicación, características y calidad de la fuente; los actuales y potenciales usos del líquido, calidad de los suelos, calidad, cantidad y ubicación de la vegetación existente, la propuesta de afección; el presupuesto a emplearse, recomendaciones sobre el uso del área a protegerse; y, más datos pertinentes.

Al informe se acompañará:

  1. Un plano geoespacial, con las medidas y linderos de todo el predio, y del área a afectarse;
  2. Una copia de la escritura que justifique la propiedad del inmueble o parte del inmueble a afectarse;
  3. Dirección domiciliaria de él o de los propietarios y/o poseedores del inmueble;
  4. Una copia de la ficha catastral del inmueble;
  5. El avalúo del área a afectarse, determinado por el Señor Jefe de Avalúos, conforme se dispone en la «Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública», para efectos de expropiaciones.
  6. Una certificación sobre la existencia de una partida presupuestaria con los recursos suficientes para el pago de la expropiación, emitida por la Dirección Financiera, o de las respectivas JAAPs.

El Informe contará con una Zonificación Específica del predio o sector a ser declarado como «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL», así como las regulaciones al manejo que deberán ser implementadas por los propietarios y/o poseedores.

El Jefe de la UGAM y el Presidente de la Comisión de Riesgos podrán pedir el apoyo de cuanto departamento y funcionario municipal sea necesario, para realizar la inspección y elaborar el informe respectivo.

Este informe se presentará en el plazo de treinta días, contados desde la fecha de recepción de la petición en la UGAM y en la Presidencia de la Comisión.

Los informes con la documentación justificante, serán remitidos al Alcalde, para que disponga a la Procuraduría Sindica Municipal, la elaboración del proyecto del Acuerdo para la declaratoria de área o bien inmueble a considerarse como «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL».

En caso de que el informe sea desfavorable para la declaratoria de área de PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL, en la Resolución se indicarán las razones que motivaron tal decisión.

ARTÍCULO 9.- EMISIÓN DEL ACUERDO DE LA DECLARATORIA.- La Procuraduría Sindica Municipal, en el plazo improrrogable de 20 días, remitirá al Alcalde el proyecto del Acuerdo, el cual deberá ser puesto en consideración del Concejo Cantonal para que resuelva la declaratoria.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala, dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha de la emisión de la resolución de la declaratoria de «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL» publicará tal decisión a través de diversos medios, incluido la página web municipal; y, la comunicará a los propietarios, posesiónanos, beneficiarios, actores involucrados y ciudadanía en general, con la finalidad de iniciar la implementación de los procedimientos de Acuerdos Recíprocos por Agua (ARAs), compromisos de compensación, establecimiento de regulaciones y la aplicación de incentivos.

ARTÍCULO 10.- INSCRIPCIÓN DEL ACUERDO. –

Una vez declarado uno o más bienes inmuebles o predios en calidad de «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL», en el plazo de treinta días, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Guachapala, a través de la Alcaldía, dispondrá la inscripción de tal declaratoria sobre los inmuebles en:

Registro de la Propiedad del Cantón Guachapala;

Registro Forestal del Distrito Regional del Ministerio del Ambiente; y,

Registro especial que llevará la Unidad de Gestión Ambiental y Minera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guachapala, con fines estadísticos.

Se emitirá un certificado que respalde la declaratoria y el acceso a los incentivos previstos en esta Ordenanza y en otros cuerpos legales, atraves de la Jefatura de Avalúos y Catastros.

ARTÍCULO ll.-EFECTOS DE LA DECLARATORIA.- La declaratoria de «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL» sobre un sector o predio, limita el uso por parte del o los propietarios de los recursos naturales que existan, quienes deberán seguir los lineamientos técnicos e implementar las acciones dispuestas por la Unidad de Gestión Ambiental y Minera (UGAM), la Jefatura de Agua Potable y Saneamiento (JAPSA) y la Dirección de Planificación, procurando su conservación en estado natural o la recuperación ecológica de los ecosistemas naturales y su funcionalidad. Esta declaratoria pese a las limitaciones que establece sobre el uso del bien inmueble, permite que el propietario mantenga su dominio y desarrolle las actividades admitidas según la ordenación determinada

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en el «Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial» del Cantón Guachapala, y según la Zonificación Específica determinada en los Artículo 14 al 18 de esta Ordenanza.

ARTÍCULO 12.- DESTINO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES.- Cuando se declare como «ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL» a predios de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala o de las JAAPs, los mismos deberán utilizarse exclusivamente para los siguientes fines:

Conservación y preservación estricta.

Restauración de ecosistemas naturales, sustitución de especies introducidas por especies nativas, reforestación.

Conservación, preservación y restauración de los ecosistemas naturales en fuentes de agua y zonas de recarga hídrica, especialmente aquellas para consumo humano; y,

Investigación científica y capacitación.

ARTÍCULO 13.- ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN MUNICIPAL.- La administración y manejo de los predios de propiedad municipal, declarados como «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL», será ejercido en forma directa por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guachapala, a través de la UGAM, o de las JAAPs, o de ser conveniente, establecerá un manejo compartido, mediante convenios con instituciones del sector público o privado.

Las áreas de propiedad privada y comunal, declaradas en calidad de «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL» por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala, serán administradas por sus respectivos propietarios, quienes deberán aplicar las disposiciones técnicas que la ley, esta ordenanza y la UGAM determine para su manejo, según la Zonificación Específica establecida, sin perjuicio de aplicar otros mecanismos de protección hídrica, en coordinación con instituciones públicas y privadas.

CAPITULO III

ZONIFICACIÓN ESPECÍFICA

ARTÍCULO 14.- ZONIFICACIÓN DE ÁREAS DE PROTECCIÓN MUNICIPAL.- Para los fines de aplicación de la presente Ordenanza, la UGAM y la Dirección de Planificación realizarán una Zonificación Específica de las áreas a ser declaradas como «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL» como un instrumento de planificación complementario en concordancia con los lineamientos del «Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial», pero a una escala más detallada que permita monitorear el manejo adecuado del suelo y los recursos naturales, la conservación, preservación; y, recuperación ecosistémica, prevaleciendo el interés general sobre el particular.

La Zonificación Específica integrará también los criterios de uso y regulaciones de la Ley vigente.

ARTÍCULO 15.- MODO DE USO DE PREDIOS EN LAS ZONAS DE ÁREAS DE PROTECCIÓN MUNICIPAL.- La Zonificación Específica considerará los aspectos particulares de cada ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL», y obligará a los propietarios y usuarios, a cumplir con los planes y programas de conservación, preservación o recuperación ecosistémica.

La información generada por la Zonificación Específica, servirá de insumo para la actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Municipal en concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir.

ARTÍCULO 16.- CRITERIOS PARA LA DECLARATORIA DE ZONAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL.- La Zonificación que se realice en las «ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL» declaradas o por declarar, considerará los siguientes criterios:

Nivel de Uso y Categoría de Ordenación según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Aptitud y uso del suelo.

Cobertura vegetal.

Importancia hídrica.

Interés colectivo.

Importancia para la conservación de la biodiversidad, conectividad ecosistémica, y prestación de servicios ambientales.

Amenazas a la integridad ecológica, calidad y cantidad del agua.

ARTÍCULO 17.- ÁREAS DE LA ZONICACIÓN ESPECÍFICA.- La Zonificación Específica comprenderá como mínimo tres Áreas:

a) ÁREA INTANGIBLE.- Esta zona comprende áreas que aún mantienen su cobertura vegetal natural no alterada o poco alterada por los impactos humanos, o que por sus características topográficas, importancia hídrica y análisis de riesgos, no deben ser utilizadas para ninguna actividad productiva, extractiva o de construcción de infraestructura.

Objetivos: Preservar la producción hídrica y la calidad del agua, los ecosistemas naturales, la biodiversidad, la conectividad eco sistémica, la prestación de servicios ambientales y los recursos genéticos, evitando cualquier alteración por actividades humanas.

Mantener áreas donde puedan realizarse investigación y monitoreo medioambiental en espacios poco alterados o inalterados de los ecosistemas.

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Proteger obras de interés público y privado contra factores de inestabilidad geológica y erosión.

Las únicas actividades que se podrán realizar en esta zona, son las que constan en el «Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial» del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala, y en la Zonificación Específica acordada con los usuarios o propietarios, teniendo como finalidad:

Conservación y preservación estricta.

Reforestación con especies nativas y sustitución de especies exóticas.

Investigación científica y educación ambiental.

Prevención de incendios forestales.

Señalización, control y vigilancia.

Prohibiciones:

Construcción de viviendas, vías e infraestructura que afecten las condiciones naturales.

Prácticas de deportes extremos y turismo masivo.

Actividades agropecuarias, minería, deforestación y quemas.

De ser necesario, estas áreas podrán ser objeto de declaratoria de utilidad pública y expropiación, conforme a la ley

b) ÁREA DE AMORTIGUAMIENTO, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL ECOSISTEMA NATURAL.- Por lo general esta área incluye aquellos sitios que presentan alteraciones en su cobertura vegetal, suelo u otros recursos naturales; pero que, por su ubicación, importancia hídrica o conectividad con otras áreas, deben ser rehabilitados procurando su integridad ecológica, con la posibilidad de ser integradas a la Zona Intangible una vez recuperadas sus condiciones naturales.

Objetivos: Recuperar las condiciones naturales en áreas deforestadas, campos de pastoreo, bosques intervenidos, páramos alterados por introducción de especies exóticas o agricultura, espacios quemados, riberas de ríos y quebradas y otras que han sido afectadas por actividades humanas, mediante regeneración natural, reforestación con especies nativas, restauración del hábitat.

Proteger, recuperar, restaurar las áreas de ribera para impedir la contaminación del agua y la erosión, crear áreas de inundación natural y bosques de ribera de un ancho variable entre 20 y 50 metros, según el ancho del río, conforme lo establecido por el «Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial».

Mejorar la conectividad entre espacios naturales, procurando la formación de corredores biológicos.

Recuperar la capacidad de provisión de servicios ambientales, en especial la calidad y cantidad de agua, la biodiversidad, fertilidad del suelo y prevenir de la erosión.

Las únicas actividades que se podrán realizar en esta zona, conforme a la ordenación dispuesta por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala, en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y en la Zonificación Específica son las siguientes:

Conservación y preservación estricta.

Reforestación con especies nativas y sustitución de especies exóticas.

Enriquecimiento forestal con especies nativas.

Recuperación de las condiciones naturales del suelo.

Formación de bosques de ribera y áreas de inundación natural.

Cercados para regeneración natural.

Investigación científica y monitoreo.

Prevención de incendios forestales.

Señalización, control y vigilancia.

Aprovechamiento sostenible de productos forestales no maderables.

Turismo de bajo impacto, senderismo; y,

Educación Ambiental.

Prohibiciones:

Extender la frontera agrícola preestablecida

Realizar actividades de pastoreo en un nivel superior a la fuente, vertiente o humedal.

Deforestar o quemar vegetación nativa y exótica

Usar abonos químicos perjudiciales a la salud humana y al ecosistema contrarias a la vocación del uso del suelo

c) ÁREA DE USO SUSTENTABLE.- Esta área incluye sitios que según las características edáficas y topográficas presentan aptitud para desarrollar una amplia gama de actividades productivas, procurando en todo momento no agotar los recursos naturales, prevenir y evitar la contaminación de las fuentes de agua, la degradación del suelo, la pérdida de la biodiversidad y de esta forma garantizar su uso actual y futuro. En el ecosistema páramo, solamente por excepción se podrá establecer una zona de uso sostenible cuando se demuestre la necesidad

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de mantener algunas actividades productivas de subsistencia y de bajo impacto por parte de los propietarios de un predio.

Objetivos:

Aprovechar los recursos naturales para actividades productivas agropecuarias sustentables y turismo.

Crear e implementar nuevos modelos de manejo del territorio y producción agropecuaria intensiva, mejoramiento de pastos, sistemas agroforestales, acuerdos de compensación con los propietarios.

Desarrollar visitas, caminatas, encuentros campestres, campamento, y otras formas de aprovechar los espacios naturales con fines de recreación.

Impulsar la educación ambiental en espacios abiertos.

Entre otras, las actividades que se podrán realizar en esta zona, conforme a la ordenación dispuesta por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial» y en la Zonificación Específica acordada con los usuarios o propietarios, son las siguientes:

Conservación activa.

Reforestación y restauración del ecosistema.

Mejoramiento de pastos y cercas para ganado.

Plantaciones forestales.

Construcción de viviendas e infraestructura mínima.

Agricultura.

Fertilización del suelo con materia orgánica tratada.

Infraestructura para la producción agropecuaria.

Investigación científica y monitoreo.

Prevención de incendios forestales.

Señalización, control y vigilancia.

Turismo de bajo impacto, senderismo, pesca deportiva, camping.

Educación Ambiental.

Prohibiciones:

Uso de insecticidas, ectoparasiticidas, plaguicidas y fungicidas con etiquetas roja y amarilla elaboradas con compuestos organoclorados, orgnanofosforados, piretroides, especialmente aquellos identificados como Contaminantes Orgánicos Persistentes, (Aldrín, Clordano, DDT, Dieldrín, Endrín, HCB (Hexaclorobenceno), Heptacloro, Mirex y Toxafeno (incluidos en el Anexo III

del Convenio de Rotterdam), las dioxinas y furanos y los PCBs (Bifenilospoliclorinados) y otras sustancias químicas perjudiciales para la salud humana y del ecosistema prohibidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería según el Acuerdo Ministerial No. 0112.- publicado en el Registro Oficial No 64 del 12 de Noviembre de 1992; Acuerdo Ministerial No. 333 publicado en el Registro Oficial No 288 de fecha 30 de Septiembre de 1999; Acuerdo Ministerial No. 123, publicado en el Registro Oficial No. 326 del 15 de Mayo del 2001; Resolución No. 015, publicado en el Registro Oficial No 116 con fecha 3 de Octubre de 2005; Resolución No. 073, publicado en el R.O. 505 del 13 de Enero de 2009; Resolución No 068, publicada en el Registro Oficial Nro. 2 del 12 de agosto de 2009.

Empleo de estiércol de gallina o «gallinaza» sin procesamiento para la fertilización del suelo.

Descarga de afluentes contaminantes domésticos o pecuarios.

Uso de maquinaria para arado o cultivos extensivos en áreas de páramo.

ARTÍCULO 18.- PROCEDIMIENTO PARA LA ZONIFICACIÓN ESPECÍFICA:

a) La Unidad de Gestión Ambiental y Minera será la responsable de proponer la Zonificación Específica de una área propuesta o declarada como «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL», para lo cual puede gestionar un estudio técnico en coordinación con el Ministerio del Ambiente y otras instituciones responsables para este fin.

Se buscará incentivar a los propietarios o posesiónanos para establecer Acuerdos Recíprocos por Agua, y llegar a compromisos de manejo, modelos de gestión conjunta, entre otras estrategias que permitan ejecutar las medidas previstas para cada zona.

Los propietarios privados que propongan la declaratoria de un «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL» en su predio, pueden solicitar directamente a la UGAM el apoyo para la zonificación de sus propiedades.

  1. La zonificación podrá ser revisada y actualizada en caso de encontrarse transformaciones que así lo ameriten.
  2. Los costos que demande el proceso de Zonificación Específica, serán asumidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala.

TITULO II

DE LOS INCENTIVOS

CAPITULO I

EXONERACIÓN DE IMPUESTOS

ARTÍCULO 19.- EXONERACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES.- Los bienes inmuebles

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declarados como «ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL», y en donde se haya realizado y respetado la Zonificación Específica, serán exonerados del pago de los impuestos predial rústico, de conformidad a lo establecido en el literal f) del Artículo 520 del «Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización».

La UGAM, la JAPSA y el Departamento de Planificación en forma anual, revisarán el cumplimiento de las medidas de manejo establecidas en la Zonificación Específica y el cumplimiento de los acuerdos, de cuyo informe favorable dependerá la aplicación de la exoneración y demás incentivos.

ARTÍCULO 20.- REGISTRO ESPECIAL.- Con el fin de que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala disponga de un catastro de las «ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL» y de los bienes inmuebles exonerados del pago del impuesto predial rústico, la Dirección de Avalúos y Catastros elaborará un Registro Especial con fines estadísticos, en donde se realizará la inscripción correspondiente.

ARTÍCULO 21.- DATOS MÍNIMOS PARA EL REGISTRO.- En el registro mencionado en el Artículo anterior, se hará constar al menos los siguientes datos:

  1. Ubicación geográfica y política del «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL», incluyendo un croquis o mapa detallado.
  2. Datos del propietario o posesionario.
  3. Extensión del bien inmueble.
  4. Avalúo catastral municipal del predio o bien inmueble.
  5. Tipo y estado de la cobertura vegetal natural.

f) Copia del título de propiedad y registros de inscripción, de ser el caso.

ARTÍCULO 22.- PROCEDIMIENTO PARA LA EXONERACIÓN.- Por iniciativa de la persona interesada o de oficio, el Gobierno Municipal del Cantón Guachapala, a través del Alcalde o su delegado, dispondrá la exoneración del pago del impuesto predial rústico del inmueble declarado como «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL». Si es por iniciativa particular, el interesado deberá dirigir una comunicación al Alcalde, adjuntando la documentación que justifique su petición, relacionada con la exoneración correspondiente. De ser procedente la solicitud, el Alcalde dispondrá la exoneración del impuesto predial rural o rústico del bien inmueble declarado como «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL».

La exoneración del pago del impuesto predial rústico o rural, se considerará desde el año inmediato posterior, al año en que se declare al inmueble como «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL».

CAPITULO II

INAFECTABILIDAD

ARTÍCULO 23.- INMUEBLES NO AFECTABLES POR PROCESOS DE REFORMA AGRARIA.- Las tierras de propiedad privada declaradas como «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL» e inscritos en el Registro Forestal de la Regional del Ministerio del Ambiente, no podrán ser afectados por procesos que involucren reformas sobre la tenencia o distribución de la tierra y transformaciones agrarias impulsadas por el Estado Ecuatoriano, en consideración a lo establecido en el tercer inciso del Artículo 106 del «Código Orgánico del Ambiente».

ARTÍCULO 24.- FUNCIÓN AMBIENTAL.- Los predios o inmuebles que serán declarados inafectables, deberán cumplir con la función ambiental y social de la propiedad, entendiéndose como tal para la aplicación de esta ordenanza, una o varias de las siguientes condiciones:

  1. Conservación y/o restauración de recursos naturales;
  2. Contar con un reconocimiento oficial público de su calidad de «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL» por parte del Municipio, Área del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o Área de Bosque y Vegetación Protectora declaradas por el Ministerio del Ambiente;
  3. Prestación de servicios ambientales;
  4. Refugios de flora y fauna silvestre;
  5. Permanecer con cubierta vegetal en estado natural;
  6. Desarrollo de planes o programas de repoblación con especies nativas;
  7. Implementar actividades de investigación y/o educación ambiental;
  8. Otras actividades orientadas a la conservación del entorno ambiental.

ARTÍCULO 25.- DECLARACIÓN DE INAFECTABILIDAD.- Para la declaratoria de bienes inmuebles no afectables por procesos de Reforma Agraria, el Alcalde del Cantón Guachapala, en base al informe favorable emitido por la UGAM para la declaratoria de «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL», solicitará al Ministerio del Ambiente, a través de la dependencia administrativa correspondiente, se proceda a tal declaratoria conforme lo establece la Legislación Vigente.

ARTÍCULO 26.- CERTIFICACIÓN DE INAFECTABILIDAD.- Una vez realizada la declaratoria del bien o bienes inmuebles «no afectables» por procesos de Reforma Agraria, se extenderá un certificado al interesado, en caso de solicitarlo.

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CAPITULO III

RÉGIMEN FORESTAL

ARTÍCULO 27.- BIENES INMUEBLES.- Los bienes inmuebles declarados como «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL» e inscritos en el Registro Forestal se entenderán sujetos al régimen forestal y les será aplicable lo dispuesto en el Artículo 115 del «Código Orgánico del Ambiente»; esto es, que en el caso de que estos inmuebles sean invadidos, la Municipalidad a través de Comisaría Municipal dará atención prioritaria y preferencial a estas denuncias, incluyendo la intervención de la fuerza pública en caso de ser requerida. Para hacer efectivo este procedimiento, se coordinará con el Ministerio del Ambiente y otras autoridades competentes.

CAPITULO IV

PROGRAMAS DEL ESTADO

ARTÍCULO 28.- APOYO DEL GAD A LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS DECLARADO «ÁREAS DE PROTECCIÓN MUNICIPAL».- La UGAM podrá apoyar a los propietarios de los predios declarados como «ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL», para que conforme a lo establecido en el Artículo 114 del «Código Orgánico del Ambiente», lo inscriban en el Registro Forestal del Ministerio del Ambiente, y reciban sus beneficios.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guachapala y su UGAM facilitarán que los propietarios de las «ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL» accedan a otros programas e incentivos del Estado relacionados con el objeto de esta Ordenanza.

TITULO III

FINANCIAMIENTO Y UTILIZACIÓN

DE RECURSOS

CAPITULO I

FINANCIAMIENTO

ARTÍCULO 29.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO.- Para hacer posible la compra, expropiación, manejo, y vigilancia de predios, la recuperación de cobertura vegetal natural, implementación de incentivos y Acuerdos Recíprocos por Agua (Aras), compensación por servicios ambientales, conservación y restauración de los ecosistemas en las «ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL», el GAD municipal de Guachapala destinará anualmente el 20% de sus recaudaciones por concepto consumo de agua potable del cantón Guachapala. Adicionalmente, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala, destinará el 2% de la asignación no permanente del presupuesto anual para el cumplimiento de esta Ordenanza en sus respectivas competencias dentro de las «ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL».

Del mismo modo fomentara que los sistemas comunitarios de agua potable (JAAPs), en cumplimiento del inciso dos

del Artículo 42 y el numeral 4 del Artículo 44 de la «Ley Orgánica de Recursos hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua» para proteger las fuentes de abastecimiento del agua potable, asignen los recursos indispensables.

ARTÍCULO 30.- APORTE CIUDADANO.- Como aporte ciudadano, el GAD Municipal de Guachapala, recaudará a través de la planilla mensual de agua potable el valor correspondiente al Aporte Ciudadano para la PROTECCIÓN MUNICIPAL de Fuentes de Agua, desglosando el valor correspondiente a este aporte.

El Aporte Ciudadano para la PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL de Fuentes de Agua será recaudado de conformidad al Artículo 82 de la ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN GUACHAPALA.

ARTÍCULO 31.- RECURSOS ADICIONALES.- A más de los recursos obtenidos de conformidad al Artículo anterior, se mantendrán otras fuentes de financiamiento como:

  1. Recursos económicos que sean asignados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala, en su presupuesto a inversión social y de manera específica a PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL ambiental, de conformidad al Artículo 219 del COOTAD.
  2. Aportaciones complementarias que puedan ser gestionadas a nivel nacional e internacional a través de mecanismos financieros.
  3. De contribuciones, legados y donaciones;
  4. Otras fuentes (Ingresos por concepto de Infracciones y Sanciones de conformidad a esta ordenanza)
  5. Los establecidos y logrados según el Artículo 286 del «Código Orgánico del Ambiente»

ARTÍCULO 32.- FONDO AMBIENTAL.- se denominara así a la sumatoria de todos los recursos para la gestión de esta ordenanza, los mismos que se llevaran de manera transparente y segura.

CAPITULO II

UTILIZACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS

DEL FONDO AMBIENTAL

ARTÍCULO 33- DESTINO DE LOS RECURSOS.- Los recursos obtenidos a través de las fuentes de financiamiento señaladas en el Artículo anterior, sólo podrán ser utilizados, en las siguientes y exclusivas actividades:

a) Adquisición de propiedades prioritarias para la conservación de los recursos hídricos y PROTECCIÓN MUNICIPAL de la biodiversidad en las «ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL» declaradas por el Concejo Cantonal.

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  1. Procedimientos relacionados con la declaratoria de utilidad pública o interés social con fines de expropiación de los bienes inmuebles que se encuentren en «ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL». Un criterio fundamental que se deberá considerar para priorizar las áreas que se expropiarán, constituye la existencia de amenazas a la integridad de los recursos naturales y la importancia para la dotación de agua para consumo humano.
  2. Ejecución de obras de PROTECCIÓN MUNICIPAL de las fuentes de agua, reforestación, capacitación, compra de predios para conservación, educación ambiental, restauración y conservación de ecosistemas naturales, en colaboración con Sistemas Comunitarios de Agua, Juntas de Agua Potable, Entubada y de Riego que cuenten con una contraparte en recursos económicos y participación comunitaria.
  3. Acciones relacionadas con los procesos de zonificación específica (establecimiento, monitoreo y actualización), declaración de las «ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL» e inclusión de predios en el Programa Socio Bosque del Ministerio del Ambiente.
  4. Preservación estricta, conservación activa y recuperación ecosistémica, incluyendo la reforestación, regeneración de cobertura vegetal natural, reemplazo de plantaciones exóticas, remediación de pasivos ambientales, para garantizar la integridad del ecosistema y la prestación de servicios ambientales de conformidad a lo establecido en el Artículo 27 del Código Orgánico del Ambiente, en su numeral 3.
  5. Implementación y monitoreo de los Acuerdos Recíprocos por Agua y compensación por servicios ambientales y monitoreo de su cumplimiento.
  6. Control y vigilancia, que involucra contratación de guardabosques, señalización de las Áreas de PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL, y todos aquellos elementos que garanticen cumplir con estas actividades.
  7. Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental mediante la contratación de personal, equipamiento y otros recursos que puedan ser necesarios para el cumplimiento de esta Ordenanza.
  8. Investigación y monitoreo de ecosistemas.
  9. Educación ambiental relacionada a la PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL de la cantidad y calidad del agua de conformidad a la disposición constante en el numeral 13 del Artículo 27 del Código Orgánico del Ambiente.
  10. Apalancamiento de recursos económicos complementarios a través de fondos de contraparte a nivel nacional o internacional.

l) Publicación de información sobre los avances en los procesos de conservación de fuentes de agua y ecosistemas naturales, y rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

m) Otros que se deriven de las necesidades para la conservación de las fuentes de agua y ecosistemas naturales.

ARTÍCULO 34.- PROHIBICIÓN.- Se prohíbe a toda autoridad, funcionario, empleado o trabajador Municipal, sin excepción alguna, destinar los recursos señalados en esta ordenanza, a fines o actividades distintas de las singularizadas en el Artículo anterior.

ARTÍCULO 35 – GARANTÍA DE UTILIZACIÓN DEL FONDO AMBIENTAL.- Con la finalidad de garantizar a largo plazo la correcta utilización de los recursos y la generación continua de contrapartes para la protección de fuentes de agua y ecosistemas naturales, el GAD Municipal se convertirá en Constituyente del Fideicomiso Mercantil de Administración FONAPA, constituido con la finalidad de coadyuvar a la conservación, protección, preservación y recuperación del recurso hídrico y entorno ecológico presentes en la cuenca del río Paute, para lo cual suscribirá el Convenio de Adhesión pertinente.

ARTÍCULO 36 – FIDEICOMISO FONAPA.- El Fondo Ambiental, será fideicomisado a favor del Fideicomiso FONAPA con la finalidad de transferir en forma mensual y automática los recursos generados por medio de este instrumento para la protección de fuentes de agua y ecosistemas naturales, de manera que el Fideicomiso FONAPA garantice el uso exclusivo de los mismos de conformidad al Art. 33 de esta Ordenanza y gestione contrapartes y financiamiento complementario de fuentes externas al Municipio, a nivel nacional e internacional. El 90% de los recursos transferidos por el GAD al Fideicomiso FONAPA serán invertidos en el cantón Guachapala según un Plan Operativo Anual que será elaborado por la UGAM y la Dirección de Planificación respetando la normativa vigente y considerando las fechas para la elaboración y la aprobación del presupuesto del GAD Cantonal y remitido al Concejo Cantonal para su aprobación e implementación. El 10% de los recursos transferidos por el GAD al Fideicomiso FONAPA será la contraparte que aporta como constituyente, misma que será utilizada por el Fideicomiso FONAPA para cubrir los costos operativos de la Secretaría Técnica como apoyo técnico y de gestión financiera.

TITULO IV

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 37.- CONCEPTO DE INFRACCIÓN HÍDRICA.- Se considera como infracción a la presente Ordenanza toda acción u omisión que provoque daño al ambiente en las «ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL», es decir, la pérdida, perjuicio o menoscabo significativo de las condiciones preexistentes en el ecosistema, uno de sus componentes (agua, suelo, aire, flora, fauna, paisaje) o su funcionalidad, como resultado de

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actividades realizadas por el ser humano, que contaminen las fuentes de agua, las zonas de recarga hídrica, humedales, ríos; y quebradas así como el incumplimiento de lo dispuesto por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, por la Zonificación Específica, y por los Acuerdos Recíprocos por Agua.

ARTÍCULO 38.- PRINCIPIOS PROCEDIMENTALES.- La potestad sancionadora y los procedimientos administrativos sancionadores, se rigen por los principios de legalidad, proporcionalidad, tipicidad, responsabilidad, irretroactividad y prescripción.

ARTÍCULO 39.- AUTORIDAD DE INSTRUCCIÓN.- El o la comisaria municipal será el órgano de instrucción de los procedimientos sancionatorios por violación a esta ordenanza; mientras que la Dirección de Obras Públicas será el órgano sancionador.

ARTÍCULO 40.- INFRACCIONES LEVES.- Son infracciones leves las siguientes:

Incurrir en las prohibiciones para las zonas de uso sustentable.

Desviar el curso de las aguas en las áreas de protección hídrica municipal

Permitir que los animales accedan directamente a las fuentes y sus cauces

Al propietario o poseedor del inmueble dentro del cual se ubica la fuente humedal, que sabiendo de un daño al área de protección hídrica municipal, causada por terceros, no notificare o denunciare a la Comisaria, dentro de las 24 horas después de saberlo, presumiéndose que lo sabe, cuando su domicilio o lugar de trabajo, se ubica a menos de 500 metros lineales del lugar en el que se produjo el hecho.

ARTÍCULO 41.- INFRACCIONES GRAVES.- Son infracciones graves las siguientes:

Deforestar vegetación nativa o exótica con métodos mecánicos.

Destinar el área de recuperación a actividades agropecuarias.

Edificar en las zonas de recuperación.

Destruir cercas naturales o artificiales que demarcan las áreas de protección hídrica municipal.

Contaminar directa o indirectamente las aguas las áreas de protección hídrica municipal, presumiéndose la existencia de esta infracción, incluso cuando la misma se derive por negligencia en labores agropecuarias.

Realizar actividades no permitidas en esta zona.

ARTÍCULO 42.- INFRACCIONES MUY GRAVES.- Son infracciones muy graves las siguientes:

Incurrir en las prohibiciones para las áreas intangibles

Taponar las fuentes

Edificar en las zonas intangibles

ARTÍCULO 43.- ACCIÓN POPULAR.- Son de interés público y por lo tanto deberes de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y colectivo Informar, comunicar o denunciar ante la Comisaria Municipal cualquier actividad que produzca o pueda producir impactos o daños en las áreas de protección hídricas municipales.

ARTÍCULO 44.- PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD.- Causado un daño en un área de protección hídrica municipal, se presume que el mismo fue causado por el propietario o poseedor del inmueble dentro del cual se ubique el daño causado.

ARTÍCULO 45.- REINCIDENCIA.- En caso de reincidencia en el cometimiento de las infracciones, la multa a imponerse será duplicado a la primeramente impuesta.

Existirá reincidencia, cuando la misma infracción se cometa dentro de los dos subsiguientes años.

ARTÍCULO 46.- REMISIÓN DE COPIAS.- En el caso de detectarse que la acción u omisión constituya adicionalmente una infracción penal tipificada por el ordenamiento jurídico vigente, el Director de Obras Públicas, sin perjuicio de resolver y aplicar la sanción administrativa respectiva, debe remitir copia del expediente administrativo sancionador a la Fiscalía, con la denuncia correspondiente

ARTÍCULO 47.- SANCIONES POR INFRACCIONES LEVES.- Sin perjuicio a la obligación de restauración, la persona que cometa una infracción leve será sancionada con una multa que oscile desde uno hasta tres RBU.

ARTÍCULO 48.- SANCIONES POR INFRACCIONES GRAVES.- Sin perjuicio a la obligación de restauración, la persona que cometa una infracción grave será sancionada con una multa que oscile desde tres hasta cinco RBU.

ARTÍCULO 49.- SANCIONES POR INFRACCIONES MUY GRAVES.- Sin perjuicio a la obligación de restauración, la persona que cometa una infracción muy grave será sancionada con una multa que oscile desde cinco hasta diez RBU.

ARTÍCULO 50.- ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EN CASO DE INFRACCIONES FLAGRANTES.- De efectuarse inspecciones previas para determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la iniciación de un procedimiento administrativo sancionador; y, se encontraren bienes, animales o

Registro Oficial N° 22 Miércoles 21 de agosto de 2019 – 47

estructuras con los que conste se están causando daños a las áreas de protección hídrica municipal, los mismos, en cuanto sean transportables, sin causar su deterioro o destrucción, serán objeto de decomiso y retiro temporal, hasta que se emita la resolución correspondiente, dentro de la cual se revocará o confirmará el decomiso temporal, para volverlo definitivo.

Se sentará el acta respectiva de la inspección y del decomiso.

Los bienes decomisados temporalmente serán entregados a un depositario designado por la autoridad instructora.

En caso de ratificarse el decomiso, los bienes pasarán en forma definitiva a poder del GAD. Caso contrario se devolverán a sus propietarios.

ARTÍCULO 51.- DERROCAMIENTO Y RETIRO.- En caso de que se determine que la infracción se causó por la construcción de estructuras, en la resolución sancionadora se ordenará el derrocamiento y retiro de los bienes con los que se han causado los daños a las áreas de protección hídrica municipal, a costa del infractor.

ARTÍCULO 52.- INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.- la imposición de una sanción administrativa, conlleva la indemnización por daños y perjuicios.

En este caso, en la resolución se designará a un perito para que una vez posesionado y dentro del término fijado por la autoridad sancionadora, una vez que la resolución haya causado estado, liquide el valor de las indemnizaciones.

ARTÍCULO 53.- REPARACIÓN DE DAÑOS POR PARTE DEL GAD.- En caso de desacato en la reparación dentro del tiempo establecido por la autoridad sancionadora, la Municipalidad hará las reparaciones y cobrará al infractor con el 20% de recargo.

Por los valores antes referidos y en general por el valor de las indemnizaciones, se emitirá el título respectivo, el que podrá ser cobrado incluso por la vía coactiva.

ARTÍCULO 54.- ATENUANANTES Y AGRAVAN­TES.- Al aplicar las sanciones administrativas, se considerará la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, debiéndose observar los siguientes criterios:

  1. La trascendencia social (incluye el aspecto ambiental) y el perjuicio o daño causado por la infracción.
  2. El grado de intencionalidad.
  3. La reiteración o reincidencia en la comisión de las infracciones.
  4. La cuantía del eventual beneficio obtenido por el infractor.

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño ambiental, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.

ARTÍCULO 55.- INICIO DEL JUZGAMIENTO.- Cuando el Comisario Municipal, por cualquier medio, tenga conocimiento de que se ha cometido una infracción establecida en este cuerpo normativo, iniciará las acciones de juzgamiento dando cumplimiento al debido proceso.

En el mismo acto, se dispondrá la obtención de informes, documentos y las diligencias necesarias que sean pertinentes, a fin de esclarecer el hecho materia de la posible infracción y los posibles responsables.

Con el acto de inicio del expediente, se notificará al presunto responsable o infractor, concediéndole el término de diez días para que conteste los cargos o hechos imputados en su contra.

ARTÍCULO 56.- MEDIDAS PROVISIONALES.- Para garantizar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse, Comisaria Municipal, podrá adoptar medidas provisionales, de conformidad a lo previsto en el «Código Orgánico Administrativo».

ARTÍCULO 57.- SUSPENSIÓN DE INCENTIVOS.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala, cuando determine técnicamente, que por parte del propietario o poseedor de un bien inmueble declarado «ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL», se ha inobservado o incumplido la correspondiente Zonificación Específica establecida; a través de la Comisaría Municipal, procederá a notificar por escrito al mencionado propietario o poseedor para que la cumpla en el tiempo determinado por la UGAM. De incumplir la orden de Comisaría, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal procederá a suspender los incentivos que esta Ordenanza determina, y adicionalmente impondrá las sanciones previstas en el Artículo anterior. De continuar con las infracciones a lo previsto en la Zonificación Específica del bien o bienes inmuebles, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal a través de su máxima autoridad podrá declararlos de utilidad pública con fines de expropiación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- PLAZO DE REGULARIZACIÓN DE ACTIVIDADES.- Se fija un período de ciento ochenta días (180), contados desde la aprobación de la presente Ordenanza para que los propietarios o poseedores de predios localizados en las «Áreas de PROTECCIÓN HÍDRICA MUNICIPAL» del cantón Guachapala, notifiquen y regulen sus actividades, conforme lo dispuesto en la presente Ordenanza y los lineamientos del «Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial» y la Zonificació Específica.

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SEGUNDA.- ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO.- Con la finalidad agilitar los procedimientos que esta ordenanza manifiesta, la UGAM, la JAPSA y la Comisión de Riesgos y Medio Ambiente del GAD de Guachapala elaborara el respectivo Reglamento en un plazo de 90 días contados a partir de su aprobación.

TERCERA.- CAMPAÑA EDUCATIVA.- Con el propósito de que la población en general esté debidamente informada, y comprenda los fines que persigue esta Ordenanza, se realizará una campaña de difusión educativa, atraves del técnico Relacionador Público Cultura y Turismo en coordinación con la UGAM.

CUARTA.- INFORMACIÓN PREVIA PARA LA DECLARATORIA DE «ÁREAS DE PROTECIÓN «.- La Unidad de Gestión Ambiental y Minería, en coordinación con el Departamento de Planificación, Obras Públicas, Avalúos y Catastros, JAPSA y Jurídico, en el plazo de 365 días generarán la información técnica necesaria conforme al Artículo 5 de la presente Ordenanza, y notificarán a los propietarios y posesiónanos de los predios en los que se ubiquen las fuente y humedales, con la finalidad de iniciar el proceso de Zonificación Especial y el establecimiento de Acuerdos Recíprocos por Agua, programas de compensación, y demás incentivos previstos en esta Ordenanza.

QUINTA.- ASUNCIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO SUSTITUTO DE LA UGAM.- Las atribuciones y competencias que esta Ordenanza otorga a la Unidad de Gestión Ambiental y Minera, serán asumidas por la instancia que corresponda en caso de que existiera una reestructuración del Estatuto Orgánico Organizacional por Procesos de la institución.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Se deroga toda norma emitida por el Concejo Municipal que contradiga o se oponga a la presente Ordenanza.

VIGENCIA

Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, en la Página Web Institucional; y, Gaceta Oficial.

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal del «Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala», el jueves nueve de mayo del año dos mil diecinueve.

f.) Sr. Paulo César Cantos Cañizares, Alcalde GAD -Guachapala.

f.) Ab. Adriana Avila Pérez, Secretaria de Concejo (E).

RAZÓN: Ab. Adriana Avila Pérez, Secretaria de Concejo (E) del «Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del Cantón Guachapala». CERTIFICO: Que la «ORDENANZA PARA LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA, ÁREAS DE INFLUENCIA Y OTRAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA PROTECCIÓN MUNICIPAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN GUACHAPALA». Fue conocida, discutida y aprobada por el Concejo Cantonal en Primer debate en Sesión Ordinaria de fecha miércoles 10 de mayo de 2017; y, en segundo debate en Sesión Extraordinaria de fecha jueves 09 de mayo de 2019.

f.) Ab. Adriana Avila Pérez, Secretaria de Concejo (E).

SECRETARÍA DEL CONCEJO GAD-GUACHAPALA.- En Guachapala, a los 9 días mes de mayo de 2019, a las 16H00.- VISTOS.- De conformidad con el inciso cuarto del artículo 322 del «Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remito tres ejemplares de la presente «ORDENANZA PARA LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA, ÁREAS DE INFLUENCIA

Y OTRAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA PROTECCIÓN MUNICIPAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN GUACHAPALA» , al Señor Paulo César Cantos Cañizares – Alcalde del «Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala», para su sanción y promulgación.

f.) Ab. Adriana Avila Pérez, Secretaria de Concejo (E).

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUACHAPALA.- VISTOS.- A los 13 días del mes de mayo de 2019, de conformidad con la disposición contenida en el inciso cuarto del artículo 322; y, en el artículo 324 del «Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización», habiendo observado el trámite legal y por cuanto esta Ordenanza se ha emitido de acuerdo con la Constitución y las Leyes de la República, SANCIONO favorablemente la presente Ordenanza y autorizo su publicación en el Registro Oficial, Página Web Institucional; y, en la Gaceta Oficial.

f.) Señor Paulo César Cantos Cañizares, Alcalde GAD -Guachapala.

SECRETARÍA DEL CONCEJO GAD-GUACHAPALA.- En Guachapala a los 13 días del mes de mayo de 2019, a las 16H00 proveyó y firmo la «ORDENANZA PARA LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA, ÁREAS DE INFLUENCIA Y OTRAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA PROTECCIÓN MUNICIPAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN GUACHAPALA», el Señor Paulo César Cantos Cañizares – Alcalde del «Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala».

f.) Ab. Adriana Avila Pérez, Secretaria de Concejo (E).