Administración del Señor
Ec. Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Miércoles 27 de Julio de
2016 – R. O. No. 806
SUMARIO
Secretaría Nacional de Comunicación:
Ejecutivo:
Resolución
2016-SUBSECOM-0011 Apruébese la disolución y liquidación de
la ?Fundación Radialista para el Desarrollo Social?
Ministerio del Interior:
Acuerdos
6993-A Sepárese de manera definitiva y con efecto inmediato
de la Policía Nacional del Ecuador, a siete servidores policiales
6994-A Sepárese de manera definitiva y con efecto inmediato
de la Policía Nacional del Ecuador, a diez servidores policiales
6996 Suspéndese a nivel nacional por 72 horas las
actividades en los establecimientos considerados en las categorías UNO y DOS
del artículo 9 del Acuerdo Ministerial 6987
7001 Deléguense atribuciones a/la Gobernador/a de la
Provincia de Tungurahua
7003 Deléguense atribuciones al Gobernadora de la Provincia
de Orellana
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación:
2016-098 Refórmese el ?Reglamento sobre el registro,
modificación o anulación de títulos nacionales de instituciones de educación
superior?
2016-099 Refórmese el Acuerdo No. 2016-032, de 12 de febrero
de 2016
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo:
SNPD-029-2016 Expídese la Norma técnica para optimizar la
aplicación de las disposiciones para el control de la eficiencia de las
inversiones públicas
Ministerio del Ambiente:
Resoluciones
050 Apruébese el Estudio de Impacto Ambiental Expost,
Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de los siguientes
proyectos:
Campamento Base Coca de la Empresa Adrialpetro, ubicado en
el cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana
Resoluciones
052 ?EBC Huaticocha?, ubicado en la provincia de Orellana
Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público:
INMOBILIAR-SDTGB-2016-0023 Transfiérese un inmueble de
propiedad de INMOBILIAR a favor de la Empresa Pública Nacional de Hábitat y
Vivienda EP, ubicado en el cantón y provincia de Loja
INMOBILIAR-SDTGB-2016-0035 Transfiérese un inmueble de
propiedad del MIES, a favor de INMOBILIAR, ubicado en el cantón El Empalme,
provincia del Guayas
INMOBILIAR-SDTGB-2016-0036 Transfiérese un inmueble de
propiedad del MIES, a favor de INMOBILIAR, ubicado en el cantón Loreto,
provincia de Orellana
INMOBILIAR-SDTGB-2015-0037 Déjese sin efecto la
Resolución-INMOBILIARSDTGB-2015-0094, de 28 de agosto de 2015
INMOBILIAR-SDTGB-2016-0038 Déjese sin efecto la
Resolución-INMOBILIARSDTGB-2015-0143, de 14 de octubre de 2015
Superintendencia de Bancos:
Transparencia y Control Social
SB-DTL-2016-619 Califíquese como perito valuador de bienes a
las siguientes personas:
Ingeniera agrónoma Mariana del Consuelo Cueva Zurita
SB-DTL-2016-634 Diseñadora de Interiores María José
Fernández Egas
CONTENIDO
Tammy Lorena Vallejo Silva
SUBSECRETARIA
NACIONAL DE COMUNICACIÓN
Considerando:
Que, conforme al artículo 226 de la Constitución de la
República del Ecuador, las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;
Que, de acuerdo al artículo 96 de la Constitución de la
República del Ecuador, se reconocen todas las formas de organización de la
sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de
autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el
control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades
públicas y de las privadas que presten servicios públicos.- Las organizaciones
podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y
sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la
alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas;
Que, el artículo 141 de la Constitución de la República del
Ecuador determina que el Presidente de la República ejerce la Función
Ejecutiva, la misma que está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de
la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones
necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de
rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas
nacionales y planes que se creen para ejecutarlas;
Que, el Código Civil del Ecuador concede a las personas
naturales y jurídicas el derecho de constituir corporaciones y fundaciones, así
como reconoce la facultad de la autoridad que otorgó personería jurídica para
disolverlas a pesar de la voluntad de sus miembros;
Que, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana publicada en
el Registro Oficial Suplemento No. 175 de 20 de abril de 2010, establece lo
siguiente:
?Art. 36.- Legalización y registro de las organizaciones
sociales.- Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad
jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que
correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus
estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a
los principios de libre asociación y autodeterminación.?
Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 3 de 30 de mayo
de 2013, dispone crear la Secretaria Nacional de Comunicación como entidad de
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotada de
economía presupuestaria, financiera, económica y administrativa?
Que, mediante DECRETO EJECUTIVO No. 339 publicado en el
Registro Oficial No. 77 de 30 de noviembre de 1998, el Presidente de la
República delegó a los señores Ministros de Estado, para que de acuerdo con la
materia de que se trate, aprueben los estatutos y las reformas de los mismos,
de las fundaciones o corporaciones, y les otorguen la personalidad jurídica,
según lo previsto en el Art. 584 del Código Civil;
Que, el artículo 23 del Reglamento Sistema Unificado
Información de Organizaciones Sociales dispone que ?Las organizaciones sujetas
a este Reglamento, podrán ser disueltas y liquidadas por voluntad de sus
socios, mediante resolución en Asamblea General, convocada expresamente para el
efecto y con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Para el
procedimiento de disolución y liquidación, la Asamblea General, en el mismo
acto, deberá nombrar un liquidador, quien deberá presentar su informe en un
plazo de 90 días, observando siempre las disposiciones que para el efecto
determinen el estatuto y el Código Civil. Los resultados de la disolución y
liquidación se pondrán en conocimiento de la Cartera de Estado correspondiente,
a fin de que se proceda a elaborar el Acuerdo Ministerial de disolución y
liquidación?.
Que, mediante comunicación ingresada en la Secretaría
Nacional de Comunicación el 01 de marzo de 2016 el señor José Ignacio López
Vigil, en calidad de Representante Legal de la ?FUNDACIÓN RADIALISTA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL? solicita proceder con el correspondiente acto administrativo
de Disolución y Liquidación Voluntaria de la mencionada organización al amparo
de lo dispuesto en la Codificación y Reformas al Reglamento para el
Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones
Sociales y Ciudadanas publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 570 de 21
de agosto de 2015;
Que, mediante informe jurídico contenido en el Memorando
Nro. SNC-DPJ-2016-0010-M de 07 de junio de 2016, la Dirección de Asesoría
Jurídica de la Secretaría Nacional de Comunicación concluye lo siguiente: ?Conforme
al artículo 23 del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de
Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, y habiendo cumplido
con los requisitos establecidos, es procedente aprobar la Disolución y
Liquidación Voluntaria de la ?FUNDACIÓN RADIALISTA PARA EL DESARROLLO SOCIAL?;
y,
En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 17-2
del ERJAFE y demás normas jurídicas aplicables,
Resuelve:
Art. 1.- Acoger el informe jurídico contenido en el
Memorando Nro. SNC-DPJ-2016-0010-M de 07 de junio de 2016 suscrito por el
encargado de Organizaciones Sociales de la Dirección de
Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional de Comunicación.
Art. 2.- Aprobar la Disolución y Liquidación de la
?FUNDACIÓN RADIALISTA PARA EL DESARROLLO SOCIAL? por haber cumplido con lo
ordenado en el artículo 23 del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema
Unificado de Información de las Organizaciones Sociales.
Art. 3.- La veracidad de los documentos ingresados es de
exclusiva responsabilidad de los peticionarios; de comprobarse su falsedad u
oposición legalmente fundamentada, esta Secretaría Nacional de Comunicación se
reserva el derecho de dejar sin efecto el presente Acuerdo, y de ser el caso,
llevar a conocimiento del Ministerio Público.
Art. 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución
en el Registro Oficial y notificar a la ?FUNDACIÓN RADIALISTA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL? en su domicilio en la ciudad de Quito.
Art. 5.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de
su publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado en Quito, D.M. a 29 de junio de 2016.
f.) Tammy Lorena Vallejo Silva, Subsecretaria Nacional de
Comunicación.
SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN.- Copia certificada.- Es
fiel copia del original, lo certifico.- f.) Ilegible, Dirección de Gestión
Documental y Archivo.- 5 de julio de 2016.
Diego Xavier Fuentes Acosta
MINISTRO DEL INTERIOR (S)
Considerando:
Que, de conformidad con el numeral 8 del artículo 3 de la
Constitución de la República del Ecuador, es deber primordial del Estado
garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad
integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción;
Que, el numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la
República del Ecuador prescribe que los derechos y garantías establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de
directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor
público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte;
Que, el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la
República del Ecuador, establece que se reconoce y garantiza a las personas el
derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con
eficiencia, eficacia y buen trato;4 ? Miércoles 27 de julio de 2016
Que, el artículo 158 de la Constitución de la República del
Ecuador determina que la Policía Nacional es una institución de protección de
derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, estableciendo además que le
corresponde la protección interna y el mantenimiento del orden público;
Que, el artículo 163 de la Constitución de la República del
Ecuador, determina que la Policía Nacional es una institución estatal de
carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y
altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana, el
orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de
las personas dentro del territorio nacional;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del
Ecuador, establece que la Administración Pública constituye un servicio a la
colectividad que se rige, entre otros, por los principios de eficacia,
eficiencia, transparencia y evaluación;
Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Policía
Nacional, prescribe que ésta es una Institución profesional y técnica,
dependiente del Ministerio del Interior, y que tiene por misión fundamental
garantizar el orden interno y la seguridad individual y social;
Que, el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Policía
Nacional, establece que la Inspectoría General es un órgano de supervisión,
control y seguimiento de las actividades administrativas y financieras y
técnico-científicas de la Policía Nacional correspondiéndole además el control
de la disciplina y moral profesional en todos los niveles, analizando los recursos
humanos y materiales de las unidades policiales en relación a sus labores
específicas, a fin de emitir informes periódicos al Comandante General, con las
recomendaciones pertinentes y de ser necesario coordinando su acción con los
diferentes órganos de la institución;
Que, los artículos 8 y 34 de la Convención de las Naciones
Unidas Contra la Corrupción ratificada por la República del Ecuador y publicada
en el Registro Oficial Suplemento No. 166 de 15 de diciembre de 2005, estipulan
respectivamente que, en particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus
propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta
para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas; y,
con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por
terceros, cada estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de
su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los
actos de corrupción pudiendo considerar en tal contexto a la corrupción, como
un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar
sin efecto un contrato, revocar una concesión u otro instrumento semejante o
adoptar cualquier otra medida correctiva;
Que, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, señala entre otros
aspectos, que dichos servidores cumplirán en todo momento los deberes que les
impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas
contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad
exigido por su profesión; así como, respetarán
y protegerán la dignidad humana; mantendrán y defenderán los
derechos humanos de todas las personas; y, no cometerán ningún acto de
corrupción;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 632 de 17 de enero de
2011, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, dispuso la
reorganización de la Policía Nacional, estableciendo que la representación
legal, judicial y extrajudicial, sea asumida por el Ministerio del Interior;
Que, conforme establece el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos del Ministerio del Interior, esta Cartera de
Estado, tiene como misión ejercer la rectoría, ejecutar y evaluar la política
pública para garantizar la seguridad interna;
Que, el Acuerdo Ministerial No. 4426 de 12 de junio de 2014,
en su artículo 3 dispone a la Inspectoría General la facultad de elaborar
informes técnicos en forma permanente, respecto de servidoras y servidores
policiales cuyo accionar o procedimientos constituyan clara transgresión a las
disposiciones constitucionales, instrumentos de Derechos Humanos, normativa
penal y demás normativa interna policial, mismo que deben ser puestos en
conocimiento del Ministerio del Interior, previa resolución del Consejo de
Generales de la Policial Nacional del Ecuador;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 5233-A de 04 de enero
de 2015, se establecieron las obligaciones generales y requisitos de
permanencia para los servidores y servidoras policiales de la Policía Nacional,
de conformidad con el artículo 163 de la Constitución de la República del
Ecuador;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 6987-A de 30 de marzo
de 2016, el señor Dr. José Ricardo Serrano Delgado, Ministro del Interior,
dispuso al señor Abogado Diego Xavier Fuentes Acosta, Viceministro de Seguridad
Interna, la subrogación de las funciones y atribuciones del cargo de Ministro
del Interior, a partir de las 15H00 del 31 de marzo hasta el 05 de abril de
2016, en virtud de la licencia de vacaciones del Titular;
Que, mediante Informe No. 06-2016-SSCCP-IGPN, de 16 de
febrero de 2016, la Inspectoría General de la Policía Nacional en cumplimiento
del Acuerdo Ministerial No. 4426 de 12 de junio de 2014 y Acuerdo Ministerial
No. 5233-A de 04 de enero de 2015, determinó el detalle de los servidores
policiales analizados a esa fecha, considerados no idóneos para continuar en
servicio activo, dentro del proceso de depuración interna policial;
Que, en conocimiento del Informe No. 06-2016-SSCCP-IGPN, de
16 de febrero de 2016, el Consejo Ampliado de Generales de la Policía Nacional,
emitió la Resolución No. 2016-170-CsG-PN, de 17 de febrero de 2016, en la que solicitó
al Comandante General de la Policía Nacional, se remita al Ministerio del
Interior el referido informe que contiene la nómina de los servidores
policiales que se han alejado de la misión constitucional, a fin que disponga
el trámite correspondiente;
Que, mediante oficio No. 2016-393-CsG-PN de 19 de febrero de
2016, el Comandante General de la Policía Nacional, General Inspector Diego
Alejandro Mejía Valencia, trasladó al Ministerio del Interior, la Resolución
No. 2016-170-CsG-PN, adoptada el 17 de febrero de 2016, por el Consejo Ampliado
de Generales de la Policía Nacional;
Que, la disciplina policial es la estricta observancia de la
Constitución de la República del Ecuador y la Ley, orientada al cumplimiento de
la misión constitucional de la Policía Nacional, de protección de la seguridad
ciudadana y orden público, en el marco de la nueva Doctrina Policial, cuyo
objeto es afianzar los derechos, libertades y garantías de la ciudadanía, con
responsabilidad social y ética;
Que, por su naturaleza, las funciones que realizan las
servidoras y servidores policiales, están obligados a garantizar a las
ciudadanas y ciudadanos los derechos consagrados en la Constitución de la
República del Ecuador y otros instrumentos de Derechos Humanos, a efecto de erradicar
la corrupción, la desconfianza social y la comisión de delitos o conductas
antijurídicas que impliquen el uso indebido de bienes y equipos destinados al
servicio policial, afectando significativamente la convivencia social pacífica
y el patrimonio público;
Que, la determinación de no idoneidad de las servidoras y
servidores policiales constituye un proceso técnico de autodepuración de la
Policía Nacional del Ecuador, sustentado en el incumplimiento de la misión
establecida en la Constitución de la República del Ecuador sobre la base del
estudio de las hojas de vida profesional en forma individual de dichas
servidoras o servidores, cuyo exclusivo objeto es precautelar los derechos y
garantías constitucionales de la ciudadanía, el interés colectivo y la
seguridad ciudadana;
Que, los conceptos y sistemas que conforman las dimensiones
de la seguridad implican el manejo del principio de precaución y remiten a
procesos de toma de decisiones admitiendo la posibilidad de riesgos y las
consecuencias potenciales de inacción;
Que, la necesidad de acciones emergentes y prioritarias por
parte de este Ministerio, se fundamenta en la exigencia legítima e
impostergable de la ciudadanía al Estado, respecto de la garantía y plena
vigencia del derecho a la seguridad integral, consagradas en la Constitución de
la República, instrumentos internacionales y normativa segundaria;
En ejercicio de las atribuciones señaladas en el numeral 1
del artículo 154 de la Constitución de la República y lo dispuesto en el
Decreto Ejecutivo No. 632 de 17 de enero de 2011,
Acuerda:
Artículo 1.- Conocer la Resolución No. 2016-170-CsG-PN de 17
de febrero de 2016, del Consejo Ampliado de Generales de la Policía Nacional
mediante la cual se hace referencia al Informe No. 06-2016-SSCCP-IGPN, de 16 de
febrero de 2016, con sus respectivos anexos, emitidos por la Inspectoría
General de la Policía Nacional.
Artículo 2.- Separar de manera definitiva y con efecto
inmediato de la Policía Nacional del Ecuador, según Anexo 1 del presente Acuerdo
Ministerial, a siete servidores policiales calificados no idóneos para el
servicio, por haberse alejado de su misión constitucional, al incumplir en su
accionar lo establecido en los artículos 158 y 163 de la Constitución de la
República del Ecuador, sobre la base de la Resolución No. 2016-170-CsG-PN de 17
de febrero de 2016, del Consejo Ampliado de Generales de la Policía Nacional.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- El presente Acuerdo Ministerial, entrará en
vigencia a partir de la publicación en la Orden General de la Policía Nacional,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial; y, de su ejecución y
notificación encárguese el Viceministro de Seguridad Interna, el Comandante
General de la Policía Nacional; y, el Director General de Personal de la
Policía Nacional.
SEGUNDA.- El Director General de Personal de la Policía
Nacional, registrará la separación definitiva por no idoneidad de los
servidores policiales que constan en el Artículo 1 del presente Acuerdo
Ministerial, en la hoja de vida profesional y sistemas informáticos
correspondientes en forma inmediata.
NOTIFÍQUESE Y PUBLIQUESE
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 31 de marzo
del 2016.
f.) Diego Xavier Fuentes Acosta, Ministro del Interior (S).
MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente
documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Dirección
de Secretaría General de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.-
Quito a, 10 de junio de 2016.- f.) Ilegible.- Secretaría General.
ANEXO No. 1
ORD.
GRADO
APELLIDOS Y NOMBRES
CÉDULA
1
CBOP.
ESPARZA IBADANGO EDWIN ROMAN
1002427217
2
CBOP.
PAILLACHO MEJIA VICTOR ANIBAL
0401343330
3
POLI.
COELLO GREFA
CARLOS LUIS
0930254370
4
POLI.
BRAVO INAGAN
DAVID MICHAEL
0804165801
5
POLI.
BONE RODRÍGUEZ DIEGO RAFAEL
0802917559
6
POLI.
LECHON DE LA CRUZ JUAN DAVID
1003233937
7
POLI.
JACOME VALLEJO SANTIAGO VINICIO
1003697941
MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente
documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Dirección
de Secretaría General de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.-
Quito a, 10 de junio de 2016.- f.) Ilegible.- Secretaría General.
Diego Xavier Fuentes Acosta
MINISTRO DEL INTERIOR (S)
Considerando:
Que, de conformidad con el numeral 8 del artículo 3 de la
Constitución de la República del Ecuador, es deber primordial del Estado
garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad
integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción;
Que, el numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la
República del Ecuador prescribe que los derechos y garantías establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de
directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor
público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte;
Que, el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la
República del Ecuador, establece que se reconoce y garantiza a las personas el
derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con
eficiencia, eficacia y buen trato;
Que, el artículo 158 de la Constitución de la República del
Ecuador determina que la Policía Nacional es una institución de protección de
derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, estableciendo además que le
corresponde la protección interna y el mantenimiento del orden público;
Que, el artículo 163 de la Constitución de la República del
Ecuador, determina que la Policía Nacional es una institución estatal de
carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y
altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana, el
orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de
las personas dentro del territorio nacional;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del
Ecuador, establece que la Administración Pública constituye un servicio a la
colectividad que se rige, entre otros, por los principios de eficacia,
eficiencia, transparencia y evaluación;
Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Policía
Nacional, prescribe que ésta es una Institución profesional y técnica,
dependiente del Ministerio del Interior, y que tiene por misión fundamental
garantizar el orden interno y la seguridad individual y social;
Que, el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Policía
Nacional, establece que la Inspectoría General es un órgano de supervisión,
control y seguimiento de las actividades administrativas y financieras y
técnico-científicas de la Policía Nacional, correspondiéndole además el control
de la disciplina y moral profesional en todos los niveles, analizando los
recursos humanos y materiales de las unidades policiales en relación a sus labores
específicas, a fin de emitir informes periódicos al Comandante General, con las
recomendaciones pertinentes de ser necesario coordinando su acción con los
diferentes órganos de la Institución;
Que, los artículos 8 y 34 de la Convención de las Naciones
Unidas Contra la Corrupción ratificada por la República del Ecuador y publicada
en el Registro Oficial Suplemento No. 166 de 15 de diciembre de 2005, estipulan
respectivamente que, en particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus
propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta
para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas; y,
con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por
terceros, cada estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de
su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los
actos de corrupción pudiendo considerar en tal contexto a la corrupción, como
un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar
sin efecto un contrato, revocar una concesión u otro instrumento semejante o
adoptar cualquier otra medida correctiva;
Que, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, señala entre otros
aspectos, que dichos servidores cumplirán en todo momento los deberes que les
impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas
contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad
exigido por su profesión; así como, respetarán y protegerán la dignidad humana;
mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas; y, no
cometerán ningún acto de corrupción;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 632 de 17 de enero de
2011, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, dispuso la
reorganización de la Policía Nacional, estableciendo que la representación
legal, judicial y extrajudicial, sea asumida por el Ministerio del Interior;
Que, conforme establece el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos del Ministerio del Interior, esta Cartera de
Estado, tiene como misión ejercer la rectoría, ejecutar y evaluar la política
pública para garantizar la seguridad interna;
Que, el Acuerdo Ministerial No. 4426 de 12 de junio de 2014,
en
su artículo 3 dispone a la Inspectoría General la facultad
de elaborar informes técnicos en forma permanente, respecto de servidoras y
servidores policiales cuyo accionar o procedimientos constituyan clara
transgresión a las disposiciones constitucionales, instrumentos de Derechos
Humanos, normativa penal y demás normativa interna policial, mismo que deben
ser puestos en conocimiento del Ministerio del Interior, previa resolución del
Consejo de Generales de la Policial Nacional del Ecuador;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 5233-A de 04 de enero
de 2015, se establecieron las obligaciones generales y requisitos de
permanencia para los servidores y servidoras policiales de la Policía Nacional,
de conformidad con el artículo 163 de la Constitución de la República del
Ecuador;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 6987-A de 30 de marzo
de 2016, el señor Dr. José Ricardo Serrano Delgado, Ministro del Interior, dispuso
al señor Abogado Diego Xavier Fuentes Acosta, Viceministro de Seguridad
Interna, la subrogación de las funciones y atribuciones del cargo de Ministro
del Interior, a partir de las 15H00 del 31 de marzo hasta el 05 de abril de
2016, en virtud de la licencia de vacaciones del Titular;
Que, mediante Informe No. 004-2016-SSCCP-IGPN, de 03 de
febrero de 2016, la Inspectoría General de la Policía Nacional en cumplimiento
del Acuerdo Ministerial No. 4426 de 12 de junio de 2014 y Acuerdo Ministerial
No. 5233-A de 04 de enero de 2015, determinó el detalle de los servidores
policiales analizados a esa fecha, considerados no idóneos para continuar en
servicio activo, dentro del proceso de depuración interna policial;
Que, en conocimiento del Informe No. 004-2016-SSCCP-IGPN, de
03 de febrero de 2016, el Consejo Ampliado de Generales de la Policía Nacional,
emitió la Resolución No. 2016-168-CsG-PN, adoptada el 17 de febrero de 2016, en
la que solicitó al Comandante General de la Policía Nacional, se remita al Ministerio
del Interior el referido informe que contiene la nómina de los servidores
policiales que se han alejado de la misión constitucional, a fin que disponga
el trámite correspondiente;
Que, mediante oficio No. 2016-391-CsG-PN de 19 de febrero de
2016, el Comandante General de la Policía Nacional, General Inspector Diego
Alejandro Mejía Valencia, trasladó al Ministerio del Interior, la Resolución
No. 2015-168-CsG-PN, adoptada el 17 de febrero de 2016, por el Consejo Ampliado
de Generales de la Policía Nacional;
Que, la disciplina policial es la estricta observancia de la
Constitución de la República del Ecuador y la Ley, orientada al cumplimiento de
la misión constitucional de la Policía Nacional, de protección de la seguridad
ciudadana y orden público, en el marco de la nueva Doctrina Policial, cuyo
objeto es afianzar los derechos, libertades y garantías de la ciudadanía, con
responsabilidad social y ética;
Que, por su naturaleza, las funciones que realizan las
servidoras y servidores policiales, están obligados a garantizar a las
ciudadanas y ciudadanos los derechos consagrados en la Constitución de la
República del Ecuador y otros instrumentos de Derechos Humanos, a efecto de
erradicar la corrupción, la desconfianza social y la comisión de delitos o
conductas antijurídicas que impliquen el uso indebido de bienes y equipos
destinados al servicio policial, afectando significativamente la convivencia
social pacífica y el patrimonio público;
Que, la determinación de no idoneidad de las servidoras y
servidores policiales constituye un proceso técnico de autodepuración de la
Policía Nacional del Ecuador, sustentado en el incumplimiento de la misión
establecida en la Constitución de la República del Ecuador sobre la base del
estudio de las hojas de vida profesional en forma individual de dichas
servidoras o servidores, cuyo exclusivo objeto es precautelar los derechos y
garantías constitucionales de la ciudadanía, el interés colectivo y la
seguridad ciudadana;
Que, los conceptos y sistemas que conforman las dimensiones
de la seguridad implican el implican el manejo del principio de precaución y
remiten a procesos de toma de decisiones admitiendo la posibilidad de riesgos y
las consecuencias potenciales de inacción;
Que la necesidad de acciones emergentes y prioritarias por
parte de este Ministerio, se fundamenta en la exigencia legítima e
impostergable de la ciudadanía al Estado, respecto de la garantía y plena
vigencia del derecho a la seguridad integral, consagradas en la Constitución de
la República, instrumentos internacionales y normativa secundaria;
En ejercicio de las atribuciones señaladas en el numeral 1
del artículo 154 de la Constitución de la República y lo dispuesto en el
Decreto Ejecutivo No. 632 de 17 de enero de 2011,
Acuerda:
Artículo 1.- Conocer la Resolución No. 2016-168-CsG-PN de 17
de febrero de 2016 del Consejo Ampliado de Generales de la Policía Nacional
mediante la cual se hace referencia al Informe No. 004-2016-SSCCP-IGPN, de 03
de febrero de 2016, con sus respectivos anexos, emitidos por la Inspectoría
General de la Policía Nacional.
Artículo 2.- Separar de manera definitiva y con efecto
inmediato de la Policía Nacional del Ecuador, según Anexo 1 del presente
Acuerdo Ministerial, a diez servidores policiales calificados no idóneos para
el servicio, por haberse alejado de su misión constitucional, al incumplir en
su accionar lo establecido en los artículos 158 y 163 de la Constitución de la
República del Ecuador, sobre la base de la Resolución No. 2016-168-CsG-PN de 17
de febrero de 2016, del Consejo Ampliado de Generales de la Policía Nacional.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- El presente Acuerdo Ministerial, entrará en
vigencia a partir de la publicación en la Orden General de la Policía Nacional,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial; y, de su ejecución y
notificación encárguese el Viceministro de Seguridad Interna, el Comandante
General de la Policía Nacional; y, el Director General de Personal de la
Policía Nacional.
SEGUNDA.- El Director General de Personal de la Policía
Nacional, registrará la separación definitiva por no idoneidad de los
servidores policiales que constan en el Artículo 1 del presente Acuerdo
Ministerial, en la hoja de vida profesional y sistemas informáticos
correspondientes en forma inmediata.
NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 31 de marzo
del 2016.
f.) Diego Xavier Fuentes Acosta, Ministerio del Interior
(S).
MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente
documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Dirección
de Secretaría General de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.-
Quito a, 10 de junio de 2016.- f.) Ilegible.- Secretaría General.
Anexo No. 1
ORD.
GRADO
APELLIDOS Y NOMBRES
CÉDULA
1
SGOS.
MENDOZA BURGOS GABRIEL GONZALO
0913001806
2
SGOS.
ARMIJOS MIRANDA OLGER NEPTALI
1712975646
3
CBOP.
REINSANCHO BUNGACHO EDWIN FABIAN
1719412973
4
CBOP.
SEGURA DIAZ FELIX EDILBERTO
1803696705
5
CBOS.
GUAMBI QUIANCHA EDWIN JAVIER