Administración
del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del
Ecuador

Miercoles 23 de
Marzo de 2016 – R. O. No. 718

TERCER SUPLEMENTO

SUMARIO

Presidencia de la República:

Ejecutivo:

Decretos

946 Nómbrese al señor CRNL. EMT. AVC. Jaime
Ernesto Gudiño Fierro, Agregado de Defensa en la Embajada del Ecuador en la
República del Perú

950 Expídese el Reglamento a la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos

952 Transfiérese a título gratuito a
BANECUADOR B.P., los activos y pasivos de los que sea titular y las cuentas
patrimoniales del Banco Nacional de Fomento

953 Asciéndese al grado de General Superior a
General Inspector Diego Alejandro Mejía Valencia

954 Dese de baja de las filas de la
institución policial por solicitud voluntaria al Coronel de Policía de E.M.
Luis Patricio Ramírez González

955 Dese de baja de las filas de la
institución policial por solicitud voluntaria al Coronel de Policía de E.M. Enrique
Fernando Suárez Salazar

Consejo Nacional de Competencias:

Resoluciones

0001-CNC-2016 Regúlense las facultades y
atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados municipales,
metropolitanos, provinciales y parroquiales rurales, respecto al desarrollo de
actividades turísticas

0002-CNC-2016 Incorpórense a la ?Mancomunidad
para la Gestión Descentralizada de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad
Vial de la Región Norte?, por adhesión, a varios gobiernos autónomos
descentralizados municipales pertenecientes al modelo de gestión A

Gobiernos Autónomos Descentralizados:
Ordenanzas Municipales:

Ordenanzas


Cantón Las Naves: Que expide la
Primera reforma a la Ordenanza que regula la estructura tarifaria y el cobro de
tasas por la prestación de los servicios de agua potable


Cantón Palora: Que expide la
Tercera reforma a la Ordenanza sustitutiva general normativa para la
determinación, gestión, recuadación e información de las contribuciones
especiales de mejoras, por obras ejecutadas

CONTENIDO


No. 946

Rafael
Correa Delgado

PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL

DE LA
REPÚBLICA

Considerando:

Que el
artículo 41 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas dispone: ?Los
Agregados Militares a las embajadas, adjuntos y ayudantes, así como delegados militares
ante organismos internacionales, serán nombrados por el Ejecutivo, a solicitud
del señor Ministro de Defensa Nacional, previo pedido de los Comandantes Generales
de Fuerza, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas?;

Que el
Consejo de Oficiales Generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en sesión
efectuada los días 1 y 9 de julio de 2015, resolvió seleccionar al señor CRNL.
EMT. AVC. JAIME ERNESTO GUDIÑO FIERRO, para que desempeñe las funciones de
Agregado de Defensa, de conformidad con lo que estipula el artículo 38 de la
Ley Orgánica de la Defensa Nacional, que establece como una de las atribuciones
del Consejo de Generales o Almirantes de Fuerza, letra d) ?Seleccionar y calificar
a los oficiales para el desempeño de las funciones de agregados militares, adjuntos
y representantes ante organismos internacionales, de conformidad con el
reglamento.?;

Que
con oficio N° FA-EI-3h-D-2016-0296-o de 04 de febrero de 2016, el señor
Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, remite al Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas, el trámite mediante el cual solicita se nombre al señor
CRNL. EMT. AVC. JAIME ERNESTO GUDIÑO FIERRO, para que desempeñe las funciones
de Agregado de Defensa en la Embajada del Ecuador en la República del Perú, con
sede en la ciudad de Lima;

Que
con oficio N° 16-G-1-a1-48 de 11 de febrero de 2016, el Jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, remite al señor Ministro de Defensa Nacional,
el expediente del nombramiento del señor CRNL. EMT. AVC. JAIME ERNESTO GUDIÑO
FIERRO, para que desempeñe las funciones de Agregado de Defensa en la Embajada
del Ecuador en la República del Perú, con sede en la ciudad de Lima, del 01 de abril de 2016 hasta el 31 de marzo de 2018.
Reemplaza al señor CRNL-EMC. AVC. GABRIEL MARCELO GARCIA URBINA, cuyo período
de gestión concluye el 28 de febrero de 2016; y,

En
ejercicio de las atribuciones conferidas en la Constitución de la República del
Ecuador; en concordancia con el artículo 41 de la Ley de Personal de las
Fuerzas Armadas y a solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional, previo pedido
de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, a través del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas;

Decreta:

Art. 1.
Nombrar al señor CRNL. EMT AVC. JAIME ERNESTO GUDIÑO FIERRO, como Agregado de
Defensa en la Embajada del Ecuador en la República del Perú, con sede en la
ciudad de Lima, del 01 de abril de 2016 hasta el 31 de marzo de 2018, en
reemplazo del señor CRNL-EMC AVC. GABRIEL MARCELO GARCIA URBINA, cuyo período
de gestión concluye el 28 de febrero de 2016.

Art.
2. El mencionado señor oficial percibirá las asignaciones económicas
determinadas en el Reglamento pertinente, con cargo al presupuesto del
Ministerio de Defensa Nacional, sección Fuerza Aérea Ecuatoriana.

Art.
3. Encárguese de la ejecución del presente Decreto Ejecutivo al señor Ministro
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y al señor Ministro de Defensa Nacional.

Dado,
en el Palacio Nacional, en Quito, a 3 de marzo de 2016.

f.)
Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

Quito
17 de Marzo del 2016, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

Documento
firmado electrónicamente.

Alexis
Mera Giler.

SECRETARIO
GENERAL JURÍDICO.

Secretaría
General Jurídica.

No. 950

Rafael
Correa Delgado

PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL

DE LA
REPÚBLICA

Considerando:

Que el
numeral segundo del artículo 18 de la Constitución de la República establece
que es derecho de todas las personas el acceso a la información generada en
instituciones públicas, o privadas que manejen fondos públicos o realicen funciones
públicas además del derecho de acceso universal a las tecnologías de
información y comunicación;

Que el
numeral 19 del artículo 66 de la Carta Fundamental garantiza el derecho a la
identidad personal y colectiva y a la protección de datos de carácter personal,
el cual incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter,
así como su correspondiente protección;

Que el
artículo 265 ibídem dispone que el sistema público de registro de la propiedad
será administrado de manera concurrente entre la Función Ejecutiva y las municipalidades;

Que en
el Registro Oficial Suplemento número 162, del 31 de marzo del 2010, consta
publicada la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, la misma
que tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular,
sistematizar e interconectar la información, así como la eficiencia y eficacia
de su manejo, su publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías;

Que
para lograr el fin antes indicado, y la plena operatividad del Sistema Nacional
de Registro de Datos Públicos, es necesario expedir las regulaciones necesarias
para la aplicación de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos
Públicos; y,

En uso
de la atribución que le confiere el numeral 13 del artículo 147 de la
Constitución de la República,

Decreta:

REGLAMENTO
A LA LEY ORGÁNICA DEL

SISTEMA
NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS

PÚBLICOS

TÍTULO
I

DEL
OBJETO, ÁMBITO, SISTEMA NACIONAL

DE
REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS Y DE LA

DIRECCIÓN
NACIONAL DE REGISTRO DE

DATOS
PÚBLICOS

CAPÍTULO
I

DEL
OBJETO y ÁMBITO

Art.
1.- Objeto y Ámbito.- El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar y
aplicar las disposiciones previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro
de Datos Públicos, que crea y establece las normas de funcionamiento y
operación del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, y es de
cumplimiento obligatorio para las instituciones públicas y privadas que actualmente
o en el futuro administren registros o bases de datos públicos sobre las
personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio y los usuarios de los
registros o bases de datos públicos del país y los que consten en los consulados
del Ecuador en el extranjero.

Además,
tiene por objeto emitir las disposiciones para regular y controlar el correcto
funcionamiento de los Registros Mercantiles y Registro de Datos Crediticios; y,
reglamentar, auditar y vigilar, de manera concurrente con los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales, la actividad registral de los Registros
de la Propiedad y de los Registros de la Propiedad con facultades y funciones mercantiles.

CAPÍTULO
II

DEL
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE

DATOS
PÚBLICOS

Art.
2.- El Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.- Está conformado por las
instituciones públicas y privadas determinadas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Registro de Datos Públicos, y las que en el futuro determine, mediante
resolución, el Director Nacional de Registro de Datos Públicos, en ejercicio de
sus competencias.

Art.
3.- Garantía de resguardo de la información.- El Sistema Nacional de Registro
de Datos Públicos velará porque los datos públicos contenidos en los entes registrales
estén debidamente protegidos, a cuyo efecto, el Director Nacional de Registro
de Datos Públicos, en cualquier momento, podrá adoptar las medidas necesarias para
el correcto funcionamiento del Sistema, así como para resguardar los archivos,
registros, bases de datos, equipos e instalaciones.

Art.
4.- De la incorporación de los entes registrales al Sistema.- El Director
Nacional de Registro de Datos Públicos, previa resolución motivada, podrá
disponer que se incorporen al Sistema, aquellos registros públicos no previstos
expresamente en la Ley.

La
resolución de incorporación podrá expedirse una vez que se verifique lo
siguiente:

Que se
trate de base de datos que contengan un registro relativo a las personas
naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio, o la celebración de actos y
contratos sobre los mismos, o al cumplimiento de sus obligaciones para con el
Estado o sus instituciones; y,

Que se
trate de registros administrados por instituciones del sector público o privado
que brinden servicios a la ciudadanía.

En su
resolución, el Director indicará si los datos que constan en los registros que
se incorporan al Sistema son accesibles o confidenciales y les dará la
protección que corresponda según dicha clasificación. Este estatus podrá ser modificado,
previa resolución motivada, en cualquier tiempo, de acuerdo a las
circunstancias del momento, pero siempre dentro del marco jurídico vigente.

Art.
5.- Responsables de las bases de datos.- El responsable de la información
correspondiente a los entes registrales es la máxima autoridad de cada una de
las instituciones. Los entes del Sistema deberán comunicar a la Dirección
Nacional de Registro de Datos Públicos el nombre del funcionario que gestione
la base de datos. En ningún caso el ente registral podrá estar sin un delegado institucional,
que será el responsable de la administración de las bases de datos públicos y
su correcto funcionamiento.

Para
tal efecto, los entes del sistema deberán remitir dicha información en los
términos que emita la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos mediante
resolución; y, su incumplimiento acarreará las sanciones determinadas en la Ley
y el presente Reglamento.

Art.
6.- Obligaciones de los entes registrales.- Los entes del sistema, además de
las atribuciones y funciones previstas en sus propias leyes, tienen las
siguientes:

Acatar
y observar las resoluciones y disposiciones que expida la Dirección Nacional de
Registro de Datos Públicos para la interconexión e interoperabilidad de las bases
de datos, sistemas, aplicaciones o componentes tecnológicos, para el correcto
funcionamiento de la plataforma del Sistema;

Almacenar,
conservar, custodiar, usar, velar por la seguridad e integridad de la
información que se mantiene en sus registros; y,

Proporcionar
información veraz y actualizada mediante la interoperabilidad de los datos o
registros que se generen en su actividad, debiendo cumplir las resoluciones que
para el efecto dicte la Dirección Nacional.

CAPÍTULO
III

DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE

DATOS
PÚBLICOS

Art.
7.- Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.- Es la entidad que
preside el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, responsable de la gestión,
administración y cumplimiento de sus objetivos.

Para
el cumplimiento de sus fines, goza de autonomía administrativa, técnica,
operativa y financiera. Para el ejercicio de la administración desconcentrada,
la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos podrá establecer las
oficinas que fueren necesarias a nivel nacional, a cargo de directores con atribuciones expresamente delegadas por el
Director Nacional de Registro de Datos Públicos.

Art.
8.- Órganos técnicos y administrativos.- El Director Nacional de Registro de
Datos Públicos aprobará el Estatuto Orgánico Funcional, que contendrá la
estructura orgánica de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, la misma
que estará integrada por las unidades administrativas que fueren necesarias
para el cumplimiento de sus fines.

En la
estructura orgánica de la entidad se incluirán los mecanismos de
desconcentración de funciones necesarios para el adecuado cumplimento de sus
competencias a nivel nacional.

Art.
9.- Regulación y control.- Sin perjuicio de las competencias que ejercen los
entes de control, definidos en la Constitución de la República, la Dirección
Nacional de Registro de Datos Públicos es el órgano de regulación, control,
auditoría y vigilancia de todos los integrantes del Sistema Nacional de
Registro de Datos Públicos en torno a la interoperabilidad de datos.

La
regulación, control, auditoría y vigilancia comprenden todas las acciones
necesarias para garantizar la disponibilidad del servicio. Las decisiones
administrativas internas de cada ente registral corresponden exclusivamente a
sus autoridades, pero la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
arbitrará las medidas que sean del caso cuando perjudiquen la disponibilidad de
los servicios.

Art.
10.- Funciones del Director Nacional de Registro de Datos Públicos.- Son
funciones del Director Nacional de Registro de Datos Públicos, a más de las
señaladas en la Ley y este Reglamento, las siguientes:

Conocer
y resolver las peticiones, reclamos y recursos que se propongan, en el ámbito
de su competencia y de conformidad con la Ley;

Preparar
estudios y propuestas sobre reformas legales y reglamentarias que requiera el
Sistema para su correcto funcionamiento, y ponerlos en consideración de los órganos
encargados de aprobarlas;

Aprobar
y expedir normas internas, reglamentos y manuales que sean necesarios para el
buen funcionamiento de la Dirección, así como las normas de aplicación general
y particular para el funcionamiento del Sistema Nacional de Registros de Datos
Públicos;

Emitir
las resoluciones técnicas, operativas y administrativas necesarias para el
adecuado funcionamiento del Sistema;

Aprobar
la proforma del presupuesto de los Registros Mercantiles y del Registro de
Datos Crediticios;

Determinar
los servicios de referencias crediticias, análisis de historial crediticio,
servicios auxiliares y complementarios
relacionados con el análisis, recopilación de información crediticia y de
obligaciones de los titulares;

Fijar
los aranceles que se cobrarán por los servicios que brinde el Registro de Datos
Crediticios y los Registros Mercantiles;

Ordenar
la publicación de la lista de registros públicos de datos para conocimiento de
los usuarios;

Impulsar,
promover, proteger y difundir el ejercicio de los derechos ciudadanos,
especialmente en lo referente al acceso a la información y a la protección de
datos públicos de carácter personal;

Sancionar
a los infractores de la normativa registral según su competencia; y,

Determinar
mediante resolución las condiciones técnicas necesarias para la ejecución de la
interoperabilidad.

TÍTULO
II

DE LA
PROTECCIÓN Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN
Y DE LA FICHA DE REGISTRO

ÚNICO
DEL CIUDADANO

CAPÍTULO
I

PROTECCIÓN
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Art.
11.- Principios para el tratamiento de datos personales.- Todo tratamiento de
datos públicos que se haga por parte de la Dirección Nacional de Registro de
Datos Públicos, de las instituciones que componen el Sistema Nacional de
Registro de Datos Públicos, y en general, por las personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, que mantuvieren o administren por disposición legal
información registral de carácter público, deberá observar los siguientes
principios:

Principio
de veracidad o calidad de los datos personales.- La información contenida en
los registros o bases de datos públicos o privados debe ser veraz, completa,
exacta, actualizada, comprobable y comprensible.

Principio
de finalidad.- El tratamiento de datos personales debe responder a una finalidad
legítima, de acuerdo a la Constitución de la República y la Ley.

Principio
de utilidad.- El acopio, procesamiento y divulgación de los datos personales
deben cumplir una función determinada que sirva a la finalidad que persiga el
registro del dato.

Principio
de incorporación.- Cuando de la inclusión de datos personales en determinadas
bases se deriven situaciones ventajosas para el titular, la entidad administradora de datos estará en la
obligación de incorporarlos, si el titular reúne los requisitos que el orden
jurídico exige para tales efectos, de tal forma que queda prohibida negar la
incorporación injustificada a la base de datos.

Principio
de rectificabilidad.- Los datos públicos registrados son susceptibles de rectificación
o supresión en los casos y con los requisitos previstos por la Ley y el
presente Reglamento.

Principio
de responsabilidad.- La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de
los datos registrales, es responsabilidad del declarante, cuando éste provea la
información; sin perjuicio de los mecanismos de verificación que implemente la
Institución ante quien se efectúe la declaración

Art.
12.- Rectificación, actualización, eliminación y anulación de datos.- Sin
perjuicio de las demás acciones previstas en el ordenamiento jurídico, toda rectificación,
actualización o eliminación de los datos que consten en los registros públicos
únicamente podrá ser solicitada por el titular de los mismos, quien deberá
presentar los documentos que justifiquen la modificación exigida. La solicitud
deberá presentarse directamente a la entidad de la que provenga el dato cuyo
cambio se exige.

La
entidad a la que se solicite la rectificación, actualización o eliminación, sea
ésta pública o privada, deberá atender la solicitud en un plazo máximo de 15
días. La negativa deberá estar debidamente fundamentada con los argumentos de hecho
y de derecho que corresponda.

La
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos no podrá, por sí misma,
rectificar, actualizar, eliminar o anular ningún dato; únicamente lo hará
cuando el registro público correspondiente lo haya hecho previamente y luego de
las verificaciones que correspondan.

No
obstante lo antes mencionado, las actualizaciones de los datos podrán
realizarse de manera directa por parte de los registros públicos, cuando éstos
actúen en uso de sus atribuciones legales, y siempre que puedan demostrar, con documentos
oficiales o declaraciones de los titulares de los datos, la actualización
realizada.

Mientras
esté en curso una petición de rectificación, actualización o eliminación, la
entidad responsable del tratamiento de los datos públicos deberá hacer constar dicho
particular en los documentos que emita en relación con la información sujeta a rectificación.

Art.
13.- De la seguridad de la información.- La Dirección Nacional de Registro de
Datos Públicos, de conformidad con la ley, expedirá las normas técnicas que
contengan los estándares, mecanismos y herramientas para precautelar la
seguridad, custodia y conservación de la información accesible y confidencial.

La
integridad y protección de los registros de datos públicos es responsabilidad
de las instituciones del sector público y privado, a través de sus
representantes legales y las personas naturales que directamente los
administren.

Art.
14.- Interoperabilidad.- La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
realizará las acciones necesarias para que todas las bases de datos de los registros
públicos que integran el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos,
interoperen entre sí, con las respectivas seguridades tecnológicas, con la que
brindará los servicios tanto a la ciudadanía como a las instituciones.

Art.
15.- De la administración de la información de las fuentes propias y externas.-
La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos estandarizará y
administrará la información de las fuentes propias y externas, para lo cual
todos los integrantes del sistema están obligados a proporcionar información
digitalizada de sus archivos, actualizada y de forma simultánea para proyectos
y servicios de información.

CAPÍTULO
II

FICHA
DE REGISTRO ÚNICO

DEL
CIUDADANO

Art.
16.- Ficha de Registro Único del Ciudadano.- La Dirección Nacional de Registro
de Datos Públicos, usando la información determinada como accesible, recibida
de los entes registrales que forman parte del Sistema, gestionará la Ficha de
Registro Único del Ciudadano, en la que constarán compilados los datos
accesibles que consten en los distintos entes registrales.

La
Ficha estará disponible para todos los usuarios a través del portal informático
creado para el efecto, que deberá contar con altos niveles de seguridad para la
protección de la información, o por medios físicos.

Art.
17.- Del acceso y uso de la Ficha Única de Registro Público del ciudadano.- La
Ficha de Registro Único del Ciudadano será administrada exclusivamente por la Dirección
Nacional de Registro de Datos Públicos, que será la encargada de la información
que en ella se recabe y de su seguridad.

La
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos concederá a las embajadas y
consulados ecuatorianos en el exterior, accesos para el uso de la Ficha de
Registro Único del Ciudadano, a fin de que los migrantes puedan acceder a sus
datos personales.

Así
mismo, podrán concederse accesos de uso de la Ficha de Registro Único del
Ciudadano a instituciones públicas, ya sea para uso interno de la institución,
para la prestación de los servicios que brinda a la ciudadanía o para que a su
vez puedan entregar los certificados físicos de la Ficha de Registro Único del
Ciudadano a quienes lo solicitaren, previa autorización de la Dirección
Nacional de Registro de Datos Públicos.

De
igual manera, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos podrá
conceder accesos de uso de la Ficha de Registro Único del Ciudadano a
instituciones privadas, siempre que cumplan con los requisitos que se
determinen reglamentariamente y cancelen los valores por el acceso a dicha
información.

En
ambos casos, únicamente se otorgarán accesos a los datos que tengan relación
con las funciones propias de la entidad pública o privada que solicita el
acceso.

En
ningún caso, los accesos de uso facultarán a los usuarios para rectificar,
actualizar, eliminar o anular datos, ni para cederlos, venderlos o publicarlos,
y únicamente se los podrá divulgar a terceros, cuando se trate de datos cuya publicación
no esté prohibida por la Ley.

TÍTULO
III

DE LOS
ENTES REGISTRALES

CAPÍTULO
I

REGISTROS
DE LA PROPIEDAD

Art.
18.- Registros de la Propiedad.- Las ofi cinas del Registro de la Propiedad son
dependencias públicas desconcentradas, con autonomía registral y administrativa
que en virtud de lo dispuesto en el artículo 265 de la Constitución de la República,
se administran de manera concurrente entre el Ejecutivo, a través de la Dirección
Nacional de Registro de Datos Públicos y las municipalidades

Art.
19.- Administración concurrente.- Las municipalidades dentro de la
administración concurrente de los Registros de la Propiedad, serán las
encargadas de su organización administrativa, mientras que será competencia de
la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos la producción de normas y
directrices respecto a su funcionamiento a nivel nacional, en áreas tales como
la fijación de estándares generales para la implementación de sistemas
informáticos en los registros, la determinación de procedimientos informáticos
para los trámites registrales, la cooperación de los registros con
instituciones del Estado que requieran información por mandato judicial o de
Ley y el uso de herramientas informáticas públicas para la simplificación de
trámites ciudadanos y de los procesos administrativos.

Art.
20.- De los concursos de mérito y oposición.- El concurso de mérito y oposición
para la designación de los Registradores de la Propiedad a nivel nacional, será
llevado a cabo por la municipalidad respectiva con la intervención de una
veeduría ciudadana, en base a la reglamentación que sobre dicho concurso expida
la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.

CAPÍTULO
II

REGISTROS
MERCANTILES

Art.
21.- Registros Mercantiles.- Las ofi cinas del Registro Mercantil que funcionen
separados de los Registros de la Propiedad son dependencias públicas, desconcentradas,
con autonomía registral, creadas mediante resolución del Director Nacional de
Registro de Datos Públicos, considerando el volumen de la actividad mercantil, las
necesidades propias de la prestación de un servicio eficiente a la ciudadanía y
la disponibilidad del fondo de compensación.

Art.
22.- De la eliminación, supresión y/o unificación de Registros Mercantiles.- La
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, considerando los respectivos
estudios técnicos, financieros y jurídicos de las coordinaciones o direcciones
correspondientes de esta institución, podrá crear, unificar o suprimir
Registros Mercantiles. La creación o unificación de Registros Mercantiles se la
hará en función de las jurisdicciones cantonales que sean contiguas.

Art.
23.- De la destitución.- Serán destituidos los Registradores Mercantiles cuando
luego del debido proceso, se constate fehacientemente, sin perjuicio de otras causales
de destitución que determine la ley que regula el servicio público, que como
resultado de su acción u omisión se impida o dificulte la conformación,
integración, funcionamiento, desarrollo u organización del Sistema Nacional de
Registro de Datos Públicos, de acuerdo a los requerimientos determinados en la
Ley.

El
procedimiento para la destitución de los Registradores Mercantiles será el que
regula la Ley Orgánica de Servicio Público para el sumario administrativo, en
todo lo que no se oponga al presente Reglamento.

La
resolución que tome el Director Nacional de Registro de Datos Públicos deberá ser
motivada, conteniendo una mención concreta de las acciones u omisiones en que hubiere
incurrido el Registrador, así como las afectaciones sufridas en la
conformación, integración, funcionamiento, desarrollo u organización del
SINARDAP, según sea el caso.

CAPÍTULO
III

DISPOSICIONES
COMUNES DE LOS REGISTROS

DE LA
PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE LA

PROPIEDAD
CON FACULTADES Y FUNCIONES MERCANTILES

Art.
24.- De la reelección de registradores.- Las Registradoras o Registradores que
quisieran ser reelegidos por una sola vez, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, deberán
participar en el concurso de méritos y oposición, y lograr las calificaciones
necesarias para su reelección.

Art.
25.- Actos de los registros que integran el Sistema.- Los actos emanados por
los registros e instituciones que integran el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos
se rigen por sus leyes respectivas. En ningún caso, la Dirección Nacional de
Registro de Datos Públicos actuará como ente de revisión de tales actos ni
podrá resolver impugnaciones en relación con los mismos, sin perjuicio de lo
establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos
Públicos.

Art.
26.- Transferencia de registros.- Al término de sus funciones, la persona a
cargo del Registro de la Propiedad, Mercantil o de la Propiedad con funciones y
facultades mercantiles, entregará al Registrador nombrado las bases de datos,
el archivo documental, los sistemas informáticos y demás información necesaria
para el correcto funcionamiento de los precitados Registros, en los términos que
determine el Director Nacional de Registro de Datos Públicos.

La
devolución de las cauciones que se hayan rendido se producirá en cuanto se
suscriba la respectiva acta de entrega recepción del Registro, de conformidad
con la Ley, o cuando hayan transcurrido 90 días desde la fecha de la transferencia
sin que medie reclamos en relación con la información entregada.

Art.
27.- Representación legal.- La representación de las ofi cinas del Registro
Mercantil, de la Propiedad y de la Propiedad con funciones y facultades
mercantiles, en los términos y límites previstos en la Ley, será ejercida por
las personas designadas como sus titulares.

Art.
28.- De los requisitos para ser Registrador de la Propiedad, Mercantil o de la
Propiedad con funciones y facultades mercantiles.- Los Registradores de la
Propiedad y Mercantiles, deben cumplir los requisitos previstos en la normativa
legal vigente y demás disposiciones que la Dirección Nacional de Registro de
Datos Públicos dicte para el efecto.

No
podrán ser Registradores quienes se encuentren inmersos en las prohibiciones e
inhabilidades para este cargo previstos en la Ley.

Art.
29.- Del encargo de los Registros.- En caso de ausencia temporal del titular de
un Registro de la Propiedad o Mercantil, por un tiempo máximo de sesenta días,
será reemplazado por la persona que decida la autoridad nominadora, quien
deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 19 de la Ley del
Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos.

Cuando
la ausencia del Registrador fuere definitiva o se extendiere por más de sesenta
días calendario, la respectiva autoridad nominadora dará inicio inmediato al
proceso para la designación del titular, debiendo encargar la dependencia registral
hasta tal designación.

Los
Registradores de la Propiedad, de la Propiedad con funciones y facultades
Mercantiles y Registradores Mercantiles encargados, continuarán en el ejercicio
de sus encargos hasta ser legalmente reemplazados.

Art.
30.- De las cauciones.- El titular de cada Registro Mercantil, para responder
por el fiel cumplimiento de los deberes
de la institución a su cargo, deberá presentar una caución que consistirá en
una póliza de seguro de fidelidad tipo blanket o abierta, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de Cauciones emitido por la Contraloría General
del Estado, que deberá cubrir a todo el personal que preste sus servicios en el
registro bajo cualquier modalidad contractual.

Art.
31.- De los aranceles.- El valor de los aranceles por concepto de actividades
mercantiles que se realicen en los Registros Mercantiles serán los que la
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos determine mediante resolución.

Para
el caso de las actividades que se realicen en el Registro de la Propiedad, será
el Municipio de cada cantón, en base al respectivo estudio financiero, el que
establezca anualmente la tabla de aranceles por los servicios que preste.

Los
registros se autofinanciarán con los aranceles que cobren por sus servicios.

Art.
32.- Informe y transferencia de remanentes.- Los valores por concepto de
remanentes de la actividad registral mercantil, efectuada por los Registros
Mercantiles del país, deberán remitirse de forma cuatrimensual, en la forma que
determine la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, que verificará
que las respectivas transferencias guarden relación con la contabilidad y el Informe
de Remanente.

De
estimarlo necesario, el Director Nacional de Registro de Datos Públicos podrá
requerir mediante oficio, se le remita copia certificada de los respectivos
sustentos contables y más detalles complementarios que hayan servido de insumo
para la elaboración del Informe de Remanentes. De producirse, el requerimiento
deberá ser atendido en un plazo no mayor a quince días.

Art.
33.- Sanciones por incumplimiento.- Sin perjuicio de las medidas que puedan ser
tomadas por la Contraloría General del Estado, ante las irregularidades que
pudieren presentarse en los Informes de Remanentes y/o en las transferencias de
dichos remanentes, el incumplimiento de lo dispuesto en esta norma será
considerado como un hecho que dificulta el funcionamiento del Sistema Nacional
de Registro de Datos Públicos, por lo cual la Dirección Nacional de Registro de
Datos Públicos aplicará las medidas y/o sanciones que estén en el ámbito de su competencia,
de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Registro de Datos Públicos y de este Reglamento.

CAPÍTULO
IV

RÉGIMEN
DISCIPLINARIO

Art.
34.- Potestad sancionadora.- El Director Nacional de Registro de Datos Públicos
tiene la facultad de sancionar a los titulares de los Registros Mercantiles y
Registro de Datos Crediticios por el incumplimientos o violación de las
prescripciones legales y reglamentarias que regulan el Sistema Nacional de
Registro de Datos Públicos.

Art.
35.- Sanciones por los Gobiernos Locales.- En el evento en que existan indicios
suficientes de incumplimientos a la Ley, este Reglamento y las normas emitidas
por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos respecto a la actividad
de las oficinas registrales, cometidos por los titulares de los Registros de la
Propiedad, la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Registro de Datos
Públicos, de oficio o a petición de parte, luego de llevado a cabo el
procedimiento de verificación correspondiente, deberá emitir un informe que
determine el tipo de incumplimiento cometido, que será puesto en conocimiento
del Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, en cuya
jurisdicción se encuentre la ofi cina registral, junto con el expediente administrativo,
a fin de que éste, como autoridad nominadora de los registradores de la
propiedad, inicien las acciones que correspondan.

TÍTULO
IV

DEL
REGISTRO DE DATOS CREDITICIOS

CAPÍTULO
I

DEL
FUNCIONAMIENTO EN GENERAL DEL

REGISTRO
DE DATOS CREDITICIOS

Art.
36.- Registro de Datos Crediticios.- El Registro de Datos Crediticios tiene la finalidad
de prestar el servicio de referencias crediticias, basado en el análisis de
historial de cumplimiento de obligaciones de carácter crediticio de las
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas y de la información que
mantenga la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos en su sistema.

Gozará
de autonomía registral y administrativa, y, por ende, podrá realizar actos,
celebrar contratos y ejercer derechos, requeridos para el cumplimiento de su finalidad.

Art.
37.- Atribuciones del Registro de Datos Crediticios.- A más de las establecidas
en la Ley, serán atribuciones del Registro de Datos Crediticios:

Regular
la transferencia de la información crediticia de las personas naturales y
jurídicas;

Prestar
el servicio de referencias crediticias, basado en el análisis del historial de
cumplimiento de obligaciones de carácter crediticio de las personas naturales y
jurídicas;

Prestar
servicios de análisis de riesgo, en base a las necesidades específicas de cada
usuario;

Recopilar
y mantener la información proveniente de las fuentes de información de acuerdo
a las políticas y formas que establezca para cada sector;

Identificar
el comportamiento crediticio y determinar niveles de endeudamiento de personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, para lo cual podrá utilizar información
demográfica y demás datos que mantenga la Dirección Nacional de Registro de
Datos Públicos;

Poner
a disposición de los titulares de la información y a quien éste autorice, junto
con su reporte de información crediticia, un resumen de sus derechos y de los
procedimientos para acceder, actualizar, rectificar o eliminar, cuando fuera
del caso, la información contenida en dicho documento; y,

Suscribir
convenios de cooperación interinstitucional con personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, que le permitan cumplir con los objetivos institucionales inherentes
a su gestión.

Art.
38.- Registrador de Datos Crediticios.- El Registrador de Datos Crediticios es
su máxima autoridad, y será designado por el Director Nacional de Registro de Datos
Públicos. Sus atribuciones son las siguientes:

Ejercer
la representación legal, judicial y extrajudicial del Registro de Datos
Crediticios;

Representar
al Registro de Datos Crediticios como integrante del Sistema Nacional de
Registro de Datos Públicos, presidido por la Dirección Nacional de Registro de
Datos Públicos;

Elaborar
y presentar la proforma del presupuesto del Registro de Datos Crediticios a la
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos;

Supervisar
el desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Registro de Datos
Crediticios, así como los métodos y procedimientos que garanticen la seguridad,
reserva y accesibilidad a la información;

Elaborar
la tabla de aranceles del servicio de referencias crediticias y ponerlo a
consideración de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos;

Nombrar,
contratar y remover al personal directivo, técnico y administrativo del
Registro de Datos Crediticios, con sujeción a lo previsto en las leyes pertinentes;

Informar
a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos sobre la gestión
realizada por el Registro de Datos Crediticios;

Coordinar
con la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos la información que
desde el Registro de Datos Crediticios se genere hacia la opinión pública sobre
su gestión; y,

Las
demás establecidas por leyes, reglamentos, convenios y acuerdos ministeriales.

Art.
39.- Referencia crediticia.- Entiéndase por referencia crediticia al reporte de
información crediticia que se genere por petición del titular o por terceros debidamente
autorizados.

Dicho
reporte contendrá el historial crediticio y de cumplimiento de obligaciones financieras, comerciales, contractuales
y seguridad social.

Art.
40.- Prestación del Servicio de Referencias Crediticias.- El Registro de Datos Crediticios
únicamente prestará el Servicio de Referencia Crediticia, previa autorización
expresa del titular de la información crediticia.

El
servicio de Referencia Crediticia podrá incluir entre otras cosas el análisis y
proyección de comportamiento, herramientas y modelos de recopilación de
información que faciliten la evaluación crediticia.

El
Registro de Datos Crediticios, podrá convenir con sus clientes la prestación de
servicio de referencias crediticias, mediante el uso de equipos, medios
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología así como de sistemas automatizados
de procesamiento de datos, siempre que estos cumplan con los estándares de
seguridad que se determinen para el manejo de la información, lo que permitirá
la entrega del servicio al usuario por diferentes canales que le permitan
consultas individuales o masivas, personales o institucionales.

Art.
41.- Modelo de riesgo crediticio.- El modelo de Riesgo Crediticio es la
metodología que permite establecer la probabilidad de pago del titular de la
información.

El
Registro de Datos Crediticios propondrá el modelo de riesgo a las
Superintendencias para su respectiva autorización; y, se basará en metodologías
de análisis de riesgo crediticio, considerando parámetros, variables y ponderaciones
de la información del Sistema. El modelo y la metodología que se apliquen para
el cálculo, serán puestos en conocimiento de la ciudadanía de conformidad con
las resoluciones que emita la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.

Art.
42.- Modelo de autorización.- La Dirección Nacional de Registro de Datos
Públicos propondrá ante la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera el modelo y uso de la autorización que se utilizará para el Servicio
de Referencia Crediticia.

Los
usuarios del Servicio de Referencias Crediticias, serán los responsables de
obtener y archivar la Autorización del Titular de la Información Crediticia,
para la prestación de este servicio.

El
Registro de Datos Crediticios podrá realizar inspecciones sobre la existencia y
uso de las autorizaciones, para verificar el cumplimiento de las disposiciones
emanadas por la Autoridad competente.

La
inobservancia de esta disposición por parte de los usuarios del Servicio de
Referencias Crediticias conllevará las sanc