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n AdministraciĆ³n del SeƱor Ec. Rafael Correa Delgado
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n Presidente Constitucional de la RepĆŗblica del Ecuador
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n MiĆ©rcoles 20 de Marzo de 2013 – R. O. No. 414
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n EDICIĆN ESPECIAL
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n SUMARIO
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n Judicial y Justicia IndĆgena
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n Corte Nacional de Justicia Sala de lo Civil, Mercantil y Familia:
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n Recursos de casaciĆ³n en los juicios seguidos por las siguientes personas naturales y/o jurĆdicas:
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n 268-2011 Ulpiano Shuguli LĆ³pez en contra de MarĆa Shuguli
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n 269-2011 Ćngel Recalde NĆŗƱez en contra de la I. Municipalidad del CantĆ³n La Troncal
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n 270-2011 Diners Club del Ecuador S.A. en contra de Mundicomercio CĆa. Ltda.
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n 271-2011 Inmobiliaria Gueferber S.A. en contra de Leonor RoldĆ³s MuƱoz de Bruzzone
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n 272-2011 Carlos EfraĆn Vargas ArgĆ¼ello en contra de MarĆa ConcepciĆ³n Vargas y otros
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n 277-2011 Banco del Pichincha C.A. en contra de Eduardo Arteaga BarberƔn y otros
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n 278-2011 Miguel Apolo Apolo en contra Zoila Graciela Bustamante
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n 279-2011 Blanca Griselda Segarra Tigre en contra de Paciente VƔsquez y otro
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n 286-2011 Lorgia Judith LeĆ³n BajaƱa en contra del Director Provincial del Registro Civil, IdentificaciĆ³n y CedulaciĆ³n de El Oro y otros
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n 287-2011 Pablo Vinicio RoldƔn RoldƔn en contra de la Empresa Aseguradora del Sur C.A.
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n 298-2011 Roberto RodrĆguez CucalĆ³n en contra de la Comuna Campesina San Felipe de Molleturo
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n 299-2011 Banco del Pichincha C.A. en contra de Livinton Javier Andrade RamĆrez y otra
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n 300-2011 Doctor Fernando Rivadeneira FernƔndez Salvador en contra de la Superintendencia de Bancos
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n 301-2011 Ćngel Herrera Paredes en contra de JosĆ© Salinas BuitrĆ³n y otros
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n CONTENIDO
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n Juicio NĀŗ 318-2009 Mas.
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n Actor: Ulpiano Shuguli.
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n Demandada: MarĆa Shuguli.
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n Juez Ponente: Dr. Manuel SƔnchez Zuraty.
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n CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
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n SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIA
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n Quito, 27 de abril del 2011; 09h30.
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n VISTOS (No. 318-2009 Mas): Conocemos la presente causa como Jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en mĆ©rito a lo dispuesto en la segunda disposiciĆ³n transitoria del CĆ³digo OrgĆ”nico de la FunciĆ³n Judicial publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 544 de 9 de marzo del 2009; en el numeral 4, literales a) y b), del apartado IV, DECISIĆN, de la Sentencia interpretativa 001-08-SI-CC, dictada por la Corte Constitucional el 28 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre del mismo aƱo, debidamente posesionados el dĆa 17 de diciembre del 2008, ante el Consejo Nacional de la Judicatura; y, en concordancia con el Art. 5 de la ResoluciĆ³n Sustitutiva tomada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesiĆ³n de 22 de diciembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de Enero del 2009; y, los artĆculos 184 de la ConstituciĆ³n de la RepĆŗblica del Ecuador y 1 de la Ley de CasaciĆ³n.- En lo principal, el actor Ulpiano Shuguli LĆ³pez, en el juicio ordinario por reivindicaciĆ³n propuesto contra MarĆa Hortensia Shuguli y otros, deduce recurso de casaciĆ³n contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato, Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el 4 de diciembre del 2008, las 11h27 (fojas 108 a 109 vuelta del cuaderno de segunda instancia), que acepta el recurso de apelaciĆ³n, revoca el fallo venido en grado y rechaza la demanda.-. El recurso se encuentra en estado de resoluciĆ³n, para hacerlo, se considera: PRIMERO. Esta Sala es competente para conocer y resolver la presente causa en virtud de la DisposiciĆ³n Transitoria Octava de la ConstituciĆ³n de la RepĆŗblica del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, las normas seƱaladas en la parte expositiva del presente fallo y la distribuciĆ³n en razĆ³n de la materia, hecha mediante ResoluciĆ³n del Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesiĆ³n realizada el dĆa 22 de diciembre de 2008, publicada en Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009.- El recurso de casaciĆ³n ha sido calificado y admitido a trĆ”mite en esta Sala, mediante auto de 21 de julio del 2009, las 16h00.- SEGUNDO. En virtud del principio dispositivo contemplado en el Art. 168, numeral 6 de la ConstituciĆ³n de la RepĆŗblica del Ecuador, desarrollado en el Art. 19 del CĆ³digo OrgĆ”nico de la FunciĆ³n Judicial, son los recurrentes quienes fijan los lĆmites del anĆ”lisis y decisiĆ³n del Tribunal de CasaciĆ³n.-
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n TERCERO.- El peticionario considera infringidas las siguientes normas de derecho: ArtĆculo 76 numerales 1, 4 y 7 literal l, de la ConstituciĆ³n de la RepĆŗblica del Ecuador. ArtĆculos 113, 114, 115 del CĆ³digo de Procedimiento Civil.- La causal en la que funda el recurso es la tercera del artĆculo 3 de la Ley de CasaciĆ³n.- CUARTO.- Por principio de supremacĆa constitucional, establecido en los artĆculos 424 y 425 de la ConstituciĆ³n de la RepĆŗblica del Ecuador, corresponde considerar de manera precedente la impugnaciĆ³n constitucional, pero como se la presenta al tenor de la causal tercera del Art. 3 de la Ley de CasaciĆ³n, se la estudiarĆ” en el marco de esta causal.- La causal tercera se refiere a la aplicaciĆ³n indebida, falta de aplicaciĆ³n o errĆ³nea interpretaciĆ³n de los preceptos jurĆdicos aplicables a la valoraciĆ³n de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicaciĆ³n o a la no aplicaciĆ³n de normas de derecho en la sentencia o auto. Esta causal permite casar el fallo cuando el mismo incurre en inaplicar, aplicar indebidamente o interpretar en forma errĆ³nea las normas relativas a la valoraciĆ³n de la prueba, cuando ello ha conducido a una equivocada aplicaciĆ³n o a la no aplicaciĆ³n de normas de derecho en el fallo impugnado; el recurrente en su fundamentaciĆ³n deberĆ” demostrar el error de derecho en que ha incurrido el Tribunal de instancia, ya que nuestro sistema no admite la alegaciĆ³n del error de hecho en la valoraciĆ³n de la prueba, como causal de casaciĆ³n, ya que pertenece al llamado sistema de casaciĆ³n puro. En el caso de la causal tercera, la configuraciĆ³n de la llamada ?proposiciĆ³n jurĆdica completa?, en el supuesto de la violaciĆ³n indirecta, requiere que se seƱale: a) la norma relativa a la valoraciĆ³n de la prueba que ha sido inaplicada, indebidamente aplicada o errĆ³neamente interpretada; y, b) la norma de derecho sustantivo que, como consecuencia del vicio en la aplicaciĆ³n de la norma de valoraciĆ³n de la prueba, ha sido equivocadamente aplicada o inaplicada. Para integrar la proposiciĆ³n jurĆdica completa conforme lo requiere esta causal, se deben: a) citar las normas relativas a la valoraciĆ³n de la prueba que el tribunal de instancia ha infringido (aplicado indebidamente, omitido aplicar o interpretado errĆ³neamente), en aquellos casos en los cuales nuestro sistema de derecho positivo establece el sistema de prueba tasada; y, de ser del caso, citar los principios violados de la sana crĆtica en los casos en los cuales se aplica la misma; y, b) citar las normas sustantivas infringidas (aplicaciĆ³n indebida o falta de aplicaciĆ³n) como consecuencia del yerro en las normas y principios reguladores de la prueba, requisito indispensable para la integraciĆ³n de la proposiciĆ³n jurĆdica completa y para la procedencia del cargo al amparo de la causal tercera, porque no basta que en la sentencia haya vicio de derecho en la valoraciĆ³n probatoria sino que es indispensable este otro requisito copulativo o concurrente.- 4.1.- El recurrente, luego de transcribir el literal b) del considerando cuarto de la sentencia impugnada, y el considerando tercero del mismo, dice que los juzgadores fueron a las inspecciones a prevaricar, a obrar parcializadamente; que en el mismo considerando cuarto, los jueces se contradicen al referirse al informe del perito Ing. Lauro LĆ³pez, porque aceptan que los linderos que constan en la demanda son los mismos de la escritura rectificatoria de 4 de enero de 1996, aceptan que las dimensiones y superficie del bien inmueble, materia de la diligencias de inspecciĆ³n no son exactamente iguales a los que se indican en la demanda; que esto significa que el inmueble estĆ” singularizado, caso contrario, como podĆa el perito establecer que no existe exactitud, que nunca puede establecerse con milĆmetros, o centĆmetros, considerando que la superficie alcanza a 15.379,60 metros cuadrados. Que si el actor, conforme al Art. 113 del CĆ³digo de Procedimiento Civil estuvo en la obligaciĆ³n de probar los hechos que propuse afirmativamente y que negaron los demandados, obra de autos los siguientes hechos probatorios: a) Informe pericial del Ing. Lauto LĆ³pez, que en su numeral 2, indica con precisiĆ³n ?linderos y dimensiones del inmueble motivo de la inspecciĆ³n?, y los especifica en los cuatro puntos cardinales, hasta con centĆmetros, quien a su vez presentĆ³ el levantamiento planimĆ©trico, que es comprensible; que son la simbologĆa se puede apreciar que si existen linderos naturales, ademĆ”s si establece una diferencia que es insignificante en relaciĆ³n a la magnitud del bien inmueble a reivindicarse; que ademĆ”s el perito expresa: ?e. La seƱora MarĆa Hortensia Shuguli se encuentra en posesiĆ³n del bien inmueble especificado en la demanda?, ?f) El bien inmueble materia del juicio tiene los linderos y dimensiones especificados en el numeral dos de este informe?; que si el seƱor perito pudo establecer que existen linderos y extensiones, los juzgadores no han podido individualizarlo, ni pudieron ?seƱalar los linderos ni la superficie aproximada?; que el perito hace relaciĆ³n a la casa que construyĆ³ el actor, afirma que se encuentran ocupadas unas habitaciones por la seƱora MarĆa Horensia Shuguli, y que una de las habitaciones se halla reservada para la parte actora; b) Que obra en el proceso el informe pericial presentado por la seƱorita Arq. Silvia Lorena VillacrĆ©s Medina, y su aclaratoria, en que se precisa los linderos, extensiones y superficie, con el plano de ubicaciĆ³n, las planimetrĆas general, y del lote de terreno, debidamente singularizado, plano de la vivienda, agregando fotografĆas; c) Que no se ha considerado las escrituras pĆŗblicas adjuntas al proceso, que el actor es legĆtimo propietario del inmueble, ubicado en la parroquia de Cotocollao, sector Uyachul, del cantĆ³n Quito, Provincia de Pichincha, adquirido mediante contrato de compraventa a MarĆa Hortencia Shuguli, celebrado en la Notaria a cargo del Dr. Gonzalo RomĆ”n, en septiembre 15 de 1993, y mediante escritura de rectificaciĆ³n y ratificaciĆ³n realizada ante el Notario VigĆ©simo segundo a cargo del Dr. FabiĆ”n Solano, en enero 4 de 1996, e inscritas en el Registro de la Propiedad de este mismo cantĆ³n en octubre 2 de 1996, que tiene los linderos y extensiones puntualizados en su demanda y verificados en las inspecciones judiciales, que los juzgadores no han visto nada; d) Que en la escritura aclaratoria se hace constar expresamente: ?? tales derechos y acciones corresponden a quince mil trescientos setenta y nueve metros cuadrados con cincuenta decĆmetros cuadrados, superficie de terreno que para el caso de que el Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito autorice la desmembraciĆ³n, serĆ”n delimitados dentro de los siguientes linderos y dimensiones, segĆŗn el plano que se adjunta a la presente escritura como documento habilitante, y que se encuentra delimitado asĆ: ??, se especifican los linderos objetivamente, singuralizaciĆ³n del bien inmueble que es indiscutible, dice.- Luego de citar a Cabanellas sobre la sana crĆtica, explica que hemos de entender que el concepto, si bien facilita la valoraciĆ³n de la prueba, evita tambiĆ©n la arbitrariedad de que el juzgador puede hace uso; que la sana crĆtica presupone la existencia de un juzgador con mentalidad sana, con moral recta, que no se preste al juego de intereses; que en este caso no han aplicado los principios que rigen la sana crĆtica, condujeron a una falta de aplicaciĆ³n de varias normas de derecho; que al no haberse tomado en cuenta la prueba detallada, las sentencia le causa enorme daƱo, ya que su efecto, es contrario a la ley y a la justicia, rechazĆ”ndose la demanda y privĆ”ndole del inmueble que en derecho le pertenece; que el omitir las pruebas especificadas, no es una correcta apreciaciĆ³n de la prueba, ni aplicaciĆ³n de las reglas de la sana crĆtica por lo que se ha violado el Art. 115 del CĆ³digo de Procedimiento Civil, ya que la prueba no ha sido apreciada en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crĆtica.- 4.2.- La forma como motiva el fallo el Tribunal ad quem es la siguiente: ?TERCERO. Al referirse a la reivindicaciĆ³n el Art. 933 del CĆ³digo Civil, define a la acciĆ³n de dominio, como la que tiene el dueƱo de una cosa singular, de la cual no estĆ” en posesiĆ³n, para que el poseedor de ella sea condenado a restituĆrsela. De ello se deduce que son tres los requisitos indispensables para el ejercicio de la acciĆ³n reivindicatoria: que el actor sea dueƱo de la cosa o cuota que se reclama; que el bien se encuentre en posesiĆ³n actual del demandado y que el bien que se reivindica estĆ© debidamente singularizado e individualizado. CUARTO. Con el objeto de probar el dominio el accionante presenta el certificado conferido por el Registrador de la Propiedad, que obra a fs. 2 del proceso, del que aparece que es propietario de los derechos y acciones equivalentes al 23.05%, fincados en el lote de terreno ubicado dentro del predio Uyachul, jurisdicciĆ³n de la parroquia Cotocollao, cantĆ³n Quito, segĆŗn escritura pĆŗblica celebrada el 15 de septiembre de 1993, inscrita el 2 de octubre de 1996. Sin embargo de fs. 57 a 63 aparece copia certificada de la referida escritura segĆŗn la cual se da en venta a favor de Ulpiano Shuguli un lote de terreno de la superficie de 15.379,6 m2 ?desmembrando el lote de mayor extensiĆ³n, conforme con la autorizaciĆ³n que se agrega?. Empero en esta escritura no se agrega ninguna autorizaciĆ³n de desmembraciĆ³n. Por otra parte, consta a fs. 64 a 67 la escritura rectificatoria y ratificatoria, celebrada el 4 de enero de 1996, la misma que no se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad, segĆŗn la cual el vendedor vende el equivalente al 23.05% de la totalidad de los derechos y acciones que le corresponden en el inmueble de su propiedad, tomando en cuenta que ?tales derechos y acciones corresponden a quince mil trescientos setenta y nueve con cincuenta metros cuadrados, superficie de terreno que para el caso de que el Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito autorice la desmembraciĆ³n??. Por lo demĆ”s, en el informe de regulaciĆ³n metropolitana expedido por el Municipio de Quito consta que el Ć”rea mĆnima autorizada para cada lote y en consecuencia para la desmembraciĆ³n es de 50.000m2, cabida superior a la superficie materia de la venta. QUINTO. Dentro de la prueba practicada en segunda instancia aparece de fs. 73 a 75, la inspecciĆ³n practicada al lote materia de la litis, diligencia en la cual la Sala manifiesta: ?b) Se trata de un terreno en forma irregular que no tiene divisiones, cerramientos ni cercas naturales que permitan individualizarlo?? ?Debido a las condiciones y a la falta de determinaciĆ³n del inmueble que se inspecciona la Sala no puede seƱalar los linderos ni la superficie aproximada?. Dentro del informe pericial formulado por el Ing. Lauro LĆ³pez que consta de fs. 79 a 83 del proceso se manifiesta lo siguiente: ?d) En el inmueble de la seƱora MarĆa Hortensia Shuguli (cuya superficie, de acuerdo a las escrituras, tiene mĆ”s de cinco Ha.), no existe un terreno cuya superficie sea exactamente de quince mil trescientos setenta y nueve con cincuenta metros cuadrados y que se encuentre perfectamente delimitado?? ?f) En el terreno que reclaman los actores no tiene ningĆŗn tipo de cerramiento?? ?g) En el terreno que reclaman los actores no existe ningĆŗn tipo de sembrĆo en el momento de la inspecciĆ³n, sin embargo, existen indicios de haber estado sembrado maĆz y chochos?? ?m) El terreno reclamado por los actores tiene ciertos linderos en las escrituras de 15 de septiembre de 1993 y otros linderos en la demanda (que coinciden estos Ćŗltimos) con la escritura rectificatoria de 4 de enero de 1996?? ?c) Las dimensiones y superficies del bien inmueble, materia de la diligencia de inspecciĆ³n, no son exactamente iguales a los que se indican en la demanda?. QUINTO. En cuanto se refiere igualmente a la singularizaciĆ³n del bien, cuya reivindicaciĆ³n se demanda, el accionante manifiesta que el inmueble se encuentra ubicado en la parroquia Uyachul correspondiente al cantĆ³n Quito. No obstante del certificado del Registrador de la Propiedad aparece que el inmueble se encuentra en el predio Uyachul correspondiente a la parroquia Cotocollao, por lo que no pertenece al sector rural, sino que esta dentro de una de las parroquias urbanas de Quito, identificaciĆ³n que es ratificada por el perito. SEXTO. Respecto a la identidad del bien que se pretende reivindicar la Corte Suprema de Justicia en uno de sus fallos manifiesta: ?a) Prueba sobre la identidad de la cosa cuya reivindicaciĆ³n se demanda. Al respecto, los tratadistas Arturo Alessandri y Manuel Somarriva en el tomo II, pĆ”g. 881, de su libro Los Bienes y Derechos Reales nos enseƱan: ?. (Fallo dictado por la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia el 20 de noviembre del 2003, publicado en la Gaceta Judicial, serie 18, NĀ° 2, pĆ”g. 455). En la especie, se demanda la reivindicaciĆ³n de una cabida determinada en base a un certificado del Registrador de la Propiedad, en que no se alude al dominio de un cuerpo cierto y determinado sino de una cuota de derechos y acciones seƱalada. Por otro lado la falta de linderos y ubicaciĆ³n precisa del bien determina la falta de coincidencia entre la identidad del bien materia de la demanda y la singularizaciĆ³n del mismo en la diligencia de inspecciĆ³n judicial?.- 4.3.- De la transcripciĆ³n anterior, se desprende que el Tribunal ad quem ha aplicado correctamente la hipĆ³tesis normativa del Art. 933 del CĆ³digo Civil, que define a la reivindicaciĆ³n o acciĆ³n de dominio, con sus tres requisitos: a) Que el actor sea dueƱo de la cosa o cuota que reclama; b) Que el bien se encuentre en posesiĆ³n actual del demandado; y, c) Que el bien que se reivindica estĆ© debidamente singularizado e individualizado. Para aplicar esta norma, ha fijado los hechos en base a la valoraciĆ³n de la prueba que puntualmente describe en el fallo, con lo que concuerda esta Sala de CasaciĆ³n, ademĆ”s de que no es objeto de la causal tercera del Art. 3 de la Ley de CasaciĆ³n, valorar nuevamente la prueba, sino encontrar vicios en la valoraciĆ³n de la misma.- Las normas que el recurrente acusa como no aplicadas son los ArtĆculos 113, 114, 115 del CĆ³digo de Procedimiento Civil, de las cuales, solamente el Art. 115 contiene un precepto de valoraciĆ³n probatoria cuando indica que la prueba deberĆ” ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crĆtica, respecto de lo cual, es obligaciĆ³n del recurrente demostrar que los juzgadores han inobservado las reglas de la lĆ³gica o los conocimientos cientĆficos generalmente aceptados, que junto con la experiencia del juez, son los elementos de la sana crĆtica doctrinariamente aceptados, que ha dado como resultado una sentencia absurda o abusiva; pero, en el recurso en estudio lo que encontramos es la aspiraciĆ³n del recurrente de que la Sala de CasaciĆ³n revise la valoraciĆ³n probatoria que han hecho los juzgadores de instancia de inspecciĆ³n judicial e informes periciales, y la documental de las escrituras e inscripciones en el Registro de la Propiedad, lo cual no es posible de hacerse al amparo de la causal tercera del Art. 3 de la Ley de CasaciĆ³n.- Por otra parte, cuando se acusa por la causal tercera es necesario presentar la proposiciĆ³n jurĆdica completa, para lo cual el recurrente debe determinar el vicio de valoraciĆ³n probatoria que ha dado lugar a la violaciĆ³n indirecta de una norma de derecho material ya sea por equivocada aplicaciĆ³n o no aplicaciĆ³n de esta Ćŗltima, lo cual ha sido omitido en el recurso presentado, que no menciona norma alguna de derecho sustantivo que hubiere sido violentada con los vicios antes mencionados, lo cual vuelve improcedente al recurso e impide que esta Sala haga el control de la legalidad a la que se aspira.- 4.4.- La impugnaciĆ³n por inconstitucionalidad se limita a transcribir el Art. 76, numerales 1, 4 y 7 literal l, de la ConstituciĆ³n de la RepĆŗblica del Ecuador, sin ninguna fundamentaciĆ³n sobre su contenido y pertinencia respecto del caso concreto que se juzga, salvo en la parte final del libelo en que vuelve a referirse a la falta de aplicaciĆ³n de la sana crĆtica, que ya fue analizado en el considerando previo. En todo caso, la Sala encuentra que el fallo tiene estructura lĆ³gica, con partes expositiva, considerativa y resolutiva, dividido en siete considerandos y resoluciĆ³n, que enuncia las normas o principios jurĆdicos en que se funda y explica la pertinencia de su aplicaciĆ³n a los antecedentes de hecho, por lo que es un fallo motivado.- Motivos por los cuales no se aceptan los cargos.- Por la motivaciĆ³n que antecede, la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIĆN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, no casa la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato, Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el 4 de diciembre del 2008, las 11h27.- Sin costas.- LĆ©ase y notifĆquese.
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n Fdo.) Dres. Galo MartĆnez Pinto, Carlos RamĆrez Romero y Manuel SĆ”nchez Zuraty, Jueces Nacionales.
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n RAZON: Siento por tal que las cinco copias certificadas que anteceden son iguales a sus originales, tomadas del juicio No. 318-2009 Mas, resoluciĆ³n No. 268-2011 Mas, que sigue Ulpiano Shuguli contra MarĆa Shuguli. Quito, 24 de agosto del 2011. Certifico.
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n f.) Dr. Carlos RodrĆguez GarcĆa, Secretario Relator.
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n Juicio Nro.: 03-2006-Ex.2da.k.r.
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n Actor: Ćngel Recalde NuƱez.
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n Demandada: I. Municipalidad del CantĆ³n La Troncal.
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n Juez Ponente: Dr. Manuel SƔnchez Zuraty.
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n CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
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n SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIA
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n Quito, a 27 de de abril de 2011; las 10h00.
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n VISTOS: Conocemos la presente causa como Jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en mĆ©rito a lo dispuesto en la segunda disposiciĆ³n transitoria del CĆ³digo OrgĆ”nico de la FunciĆ³n Judicial publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 544 de 9 de marzo del 2009; en el numeral 4, literales a) y b), del apartado IV, DECISIĆN, de la Sentencia interpretativa 001-08-SI-CC, dictada por la Corte Constitucional el 28 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre del mismo aƱo, debidamente posesionados el dĆa 17 de diciembre del 2008, ante el Consejo Nacional de la Judicatura; y, en concordancia con el Art. 5 de la ResoluciĆ³n Sustitutiva tomada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesiĆ³n de 22 de diciembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de Enero del 2009; y, los artĆculos 184 de la ConstituciĆ³n de la RepĆŗblica del Ecuador y 1 de la Ley de CasaciĆ³n.- En lo principal, los demandados Jaime Oswaldo Serrano y Dr. Paulo CĆ©sar PeƱafiel Quito, Alcalde y Procurador SĆndico, respectivamente, del Gobierno Municipal AutĆ³nomo del CantĆ³n La Troncal, en el juicio ordinario por cobro de dinero propuesto por Ćngel Recalde NĆŗƱez, deducen recurso de casaciĆ³n contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato, Materias Residuales de la Corte Superior de Justicia de Azogues el 21 de abril de 2005, las 15h00 (fojas 15 y 16 del cuaderno de segunda instancia), que confirma el fallo impugnado que acepta la demanda.- El recurso se encuentra en estado de resoluciĆ³n, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver la presente causa en virtud de la DisposiciĆ³n Transitoria Octava de la ConstituciĆ³n de la RepĆŗblica del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, las normas seƱaladas en la parte expositiva del presente fallo y la distribuciĆ³n en razĆ³n de la materia, hecha mediante ResoluciĆ³n del Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesiĆ³n realizada el dĆa 22 de diciembre de 2008, publicada en Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009.– El recurso de casaciĆ³n ha sido calificado y admitido a trĆ”mite mediante auto de 20 de junio de 2006, las 09h20. SEGUNDO.- En virtud del principio dispositivo contemplado en el Art. 168, numeral 6 de la ConstituciĆ³n de la RepĆŗblica del Ecuador, desarrollado en el Art. 19 del CĆ³digo OrgĆ”nico de la FunciĆ³n Judicial, son los recurrentes quienes ofijan los lĆmites del anĆ”lisis y decisiĆ³n del Tribunal de CasaciĆ³n. TERCERO.- Los peticionarios consideran infringidas las siguientes normas de derecho: Art. 119 del CĆ³digo de Procedimiento Civil. Art. 201 del CĆ³digo de Comercio.- Las causales en la que fundan el recurso son la primera y tercera del artĆculo 3 de la Ley de CasaciĆ³n. CUARTO.- La causal tercera se refiere a la aplicaciĆ³n indebida, falta de aplicaciĆ³n o errĆ³nea interpretaciĆ³n de los preceptos jurĆdicos aplicables a la valoraciĆ³n de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicaciĆ³n o a la no aplicaciĆ³n de normas de derecho en la sentencia o auto. Esta causal permite casar el fallo cuando el mismo incurre en inaplicar, aplicar indebidamente o interpretar en forma errĆ³nea las normas relativas a la valoraciĆ³n de la prueba, cuando ello ha conducido a una equivocada aplicaciĆ³n o a la no aplicaciĆ³n de normas de derecho en el fallo impugnado; el recurrente en su fundamentaciĆ³n deberĆ” demostrar el error de derecho en que ha incurrido el Tribunal de instancia, ya que nuestro sistema no admite la alegaciĆ³n del error de hecho en la valoraciĆ³n de la prueba, como causal de casaciĆ³n, ya que pertenece al llamado sistema de casaciĆ³n puro. En el caso de la causal tercera, la configuraciĆ³n de la llamada ?proposiciĆ³n jurĆdica completa?, en el supuesto de la violaciĆ³n indirecta, requiere que se seƱale: a) la norma relativa a la valoraciĆ³n de la prueba que ha sido inaplicada, indebidamente aplicada o errĆ³neamente interpretada; y, b) la norma de derecho sustantivo que, como consecuencia del vicio en la aplicaciĆ³n de la norma de valoraciĆ³n de la prueba, ha sido equivocadamente aplicada o inaplicada. Para integrar la proposiciĆ³n jurĆdica completa conforme lo requiere esta causal, se deben: a) citar las normas relativas a la valoraciĆ³n de la prueba que el tribunal de instancia ha infringido (aplicado indebidamente, omitido aplicar o interpretado errĆ³neamente), en aquellos casos en los cuales nuestro sistema de derecho positivo establece el sistema de prueba tasada; y, de ser del caso, citar los principios violados de la sana crĆtica en los casos en los cuales se aplica la misma; y, b) citar las normas sustantivas infringidas (aplicaciĆ³n indebida o falta de aplicaciĆ³n) como consecuencia del yerro en las normas y principios reguladores de la prueba, requisito indispensable para la integraciĆ³n de la proposiciĆ³n jurĆdica completa y para la procedencia del cargo al amparo de la causal tercera, porque no basta que en la sentencia haya vicio de derecho en la valoraciĆ³n Ćŗnicamente probatoria, sino que es indispensable este otro requisito copulativo o concurrente. 4.1.- Los recurrentes dicen que el fallo impugnado adolece de aplicaciĆ³n indebida del Art. 119 del CĆ³digo de Procedimiento Civil; se desetima el cargo. QUINTO.- La causal primera se refiere a la aplicaciĆ³n indebida, falta de aplicaciĆ³n o errĆ³nea interpretaciĆ³n de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva. En el recurso de casaciĆ³n por la causal primera del artĆculo 3 de la Ley de CasaciĆ³n no cabe consideraciĆ³n en cuanto a los hechos ni hay lugar a ninguna clase de anĆ”lisis probatorio, pues se parte de la base de la correcta estimaciĆ³n de ambos por el Tribunal de instancia. Cuando el juzgador dicta sentencia y llega a la convicciĆ³n de la verdad de determinados hechos, alegados ya sea por la parte actora, ya sea por la parte demandada, en la demanda y en la contestaciĆ³n; luego de reducir los hechos a los tipos jurĆdicos conducentes, busca una norma o normas de derecho sustantivo que le sean aplicables. A esta operaciĆ³n se llama en la doctrina subsunciĆ³n del hecho en la norma. Una norma sustancial o material, estructuralmente, tiene dos partes: la primera un supuesto, y la segunda una consecuencia. Muchas veces una norma no contiene esas dos partes sino que se complementa con una o mĆ”s normas, con las cuales forma una proposiciĆ³n completa. La subsunciĆ³n no es sino el encadenamiento lĆ³gico de una situaciĆ³n fĆ”ctica especĆfica, concreta en la previsiĆ³n abstracta, genĆ©rica o hipotĆ©tico contenido en la norma. El vicio de juzgamiento o in iudicando contemplado en la causal primera, se da en tres casos: 1) Cuando el juzgador deja de aplicar al caso controvertido normas sustanciales que ha debido aplicar, y que de haberlo hecho, habrĆan determinado que la decisiĆ³n en la sentencia sea distinta a la escogida. 2) Cuando el juzgador entiende rectamente la norma pero la aplica a un supuesto fĆ”ctico diferente del hipotĆ©tico contemplado en ella. Incurre de esta manera en un error consistente en la equivocada relaciĆ³n del precepto con el caso controvertido. 3) Cuando el juzgador incurre en un yerro de hermenĆ©utica al interpretar la norma, atribuyĆ©ndole un sentido y alcance que no tiene. 5.1.- Los recurrentes acusan la errĆ³nea interpretaciĆ³n del Art. 201 del CĆ³digo de Comercio. SEXTO.- Para fundamentar los vicios por las causales primera y tercera del Art. 3 de la Ley de CasaciĆ³n, los peticionarios expresan que de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal, en relaciĆ³n con la prueba aportada por los recurrentes no se hace menciĆ³n en ninguna parte de la sentencia. Que existe errĆ³nea interpretaciĆ³n de la norma jurĆdica incluyendo los preceptos jurisprudenciales determinados en la parte dispositiva de la sentencia, por el hecho de que los juzgadores manifiestan que la disposiciĆ³n del Art. 201 del CĆ³digo de Comercio inobjetablemente sirve de prueba del vendedor respecto de la entrega de la mercaderĆa, citando ademĆ”s precedentes jurisprudenciales en el que se manifiesta: ?La factura comercial sirve de medio de prueba del contrato que origina su emisiĆ³n y por lo tanto de las obligaciones de las partes y de su cumplimiento cuando se produzca? Este documento constituye, pues, una prueba esencial de la celebraciĆ³n del negocio jurĆdico cuyo cumplimiento se reclama? (Corte Suprema de Justicia. Primera Sala Especializada de lo Civil y Mercantil. Gaceta Judicial Serie XVII, No. 12). Que manifiestan que existe errĆ³nea interpretaciĆ³n de la norma de Derecho, porque el Art. 201 del CĆ³digo de Comercio no hace referencia a lo manifestado por el Tribunal ad quem, es decir, que las facturas comerciales sirvan como prueba a favor de la parte vendedora, tanto es asĆ, que el Art. 201, textualmente reza: ?El comprador tiene derecho a exigir del vendedor que le entreguen la factura de las mercaderĆas vendidas, y que ponga al pie de ella el recibido del precio total o de la parte que se le hubiere entregado.- NO reclamĆ”ndose contra el contenido de la factura, dentro de los ocho dĆas siguientes a la entrega de ella, se tendrĆ” por irrevocablemente aceptada?.- Que cono se puede observar, el precepto legal no hace menciĆ³n a ningĆŗn medio probatorio; de la misma manera el precepto jurisprudencial expresado en la sentencia de segunda instancia, si bien es cierto que hace menciĆ³n a las facturas comerciales que sirven como medios de prueba del contrato o negocio jurĆdico que origina su emisiĆ³n, sin embargo, no prueba los ingresos, ni muchos menos los egresos de las facturas y materiales a las instalaciones de Bodega de la CorporaciĆ³n Municipal, cosas totalmente diferentes. Por otro lado -dicen- si el juzgador talvez se quiso referir a que la entidad Municipal en aplicaciĆ³n del Art. 201, inciso segundo del CĆ³digo de Comercio, no reclamĆ³ contra el contenido de la factura, dentro de los ocho dĆas siguientes a la entrega de ella se entenderĆ” irrevocablemente aceptada, sin embargo debemos manifestar de que existe precedentes jurisprudenciales como el de la Gaceta Judicial serie XV, No. 12, pp. 3603-3604, que manifiesta: ?TERCERO. Los fallos de las instancias inferiores declaran con lugar la demanda en base al argumento de que las facturas no ha sido redargĆ¼idas de falsas ni objetadas en su legitimidad ni se ha reclamado contra el contenido de la factura, dentro de los ocho dĆas siguientes a la entrega de ella, por lo que, se tiene como irrevocablemente aceptadas, segĆŗn lo prescrito en el Art. 201, inciso segundo, del CĆ³digo de Comercio. Empero, no es suficiente que exista una factura y en ella la lista de una remesa de mercaderĆa sino que la factura tiene que ser aceptada o reconocida aunque sea tĆ”citamente por el comprador (Art. 164 nĆŗmero 3 del CĆ³digo de Comercio); que, en el presente caso, analizadas las facturas de base de la acciĆ³n? no se observa que la mercaderĆa haya sido entregada a L.T., ni que una persona diputada por Ć©l haya recibido la mercaderĆa??, precedente jurisprudencial que nos sirve de fundamento y que corrobora con la prueba aportada por esta entidad Municipal, esto es, la falta de ingresos y egresos tanto de los comprobantes o facturas, cuanto de los materiales supuestamente entregados por la CompaƱĆa ProelĆ©ctrica a las instalaciones de bodega de la CorporaciĆ³n Municipal, tal como se desprende de los documentos de prueba constantes en el proceso. SĆPTIMO.- Como fĆ”cilmente se puede observar, los recurrentes presentan una sola fundamentaciĆ³n para las causales primera y tercera del Art. 3 de la Ley de CasaciĆ³n, grave error que vuelve improcedente el recurso, porque las causales de casaciĆ³n son autĆ³nomas e independientes entre sĆ, y por lo tanto necesitan fundamentaciĆ³n propia que respete la naturaleza y objetivos de cada una de ellas. La causal primera tiene por objeto la demostraciĆ³n de vicios de violaciĆ³n directa de la norma material o sustantiva, para lo que es menester respetar la fijaciĆ³n de los hechos y la valoraciĆ³n de la prueba que ha hecho el juzgador; mientras que la causal tercera tiene por objeto la demostraciĆ³n de vicios de violaciĆ³n indirecta de la norma material, a travĆ©s de vicios concurrentes de valoraciĆ³n probatoria, para lo que debe presentarse la proposiciĆ³n jurĆdica completa, esto es, tanto los vicios de valoraciĆ³n probatoria, como los de violaciĆ³n indirecta de la norma material. Por estos motivos no se puede hacer una misma fundamentaciĆ³n global para las dos causales, como si fuese posible combinarlas. Sin embargo de este defecto que impide la casaciĆ³n, la Sala observa que el juez a quo y el tribunal ad quem, fijan el hecho de que la municipalidad demandada si recibiĆ³ los materiales que constan en las facturas, y lo hacen en base a la valoraciĆ³n de la prueba que consta de autos, por lo que la alegaciĆ³n principal de los recurrentes, que algunos de los materiales contratados no constan en los ingresos y egresos municipales, no tiene sustento y no pasa de ser argumento de parte interesada.
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n Motivos por los cuales no se aceptan los cargos.- Por la motivaciĆ³n que antecede, la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIĆN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, no casa la sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato, Materias Residuales de la Corte Superior de Justicia de Azogues el 21 de abril de 2005, las 15h00.- Sin costas.- LĆ©ase y notifĆquese.
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n Fdo.) Dres. Galo MartĆnez Pinto, Carlos RamĆrez Romero, Manuel SĆ”nchez Zuraty, Jueces Nacionales y Carlos RodrĆguez GarcĆa, Secretario Relator que Certifica.?.
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n CERTIFICO:
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n Que las cinco copias que anteceden son tomadas de su original, constante en el juicio No. 03-2006-k.r (ResoluciĆ³n No. 269-2011), que por cobro de dinero sigue: ANGEL RECALDE NUĆEZ contra I. MUNICIPALIDAD DEL CANTON LA TRONCAL.- Quito, 24 de agosto de 2011.
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n f.) Dr. Carlos RodrĆguez GarcĆa, Secretario Relator, Sala de lo Civil Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia.
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n Juicio No. 48-2006 SDP ex 2ĀŖ Sala.
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n Actor: Diners Club del Ecuador S. A.
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n Demandado: Mundicomercio CĆa. Ltda.
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n Juez Ponente: Dr. Manuel SƔnchez Zuraty.
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n Juicio No. 48-2006 ex Segunda Sala
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n CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
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n SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIA
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n Quito, 27 de abril de 2011.- Las 10h10?.
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n VISTOS: Conocemos la presente causa como Jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en mĆ©rito a lo dispuesto en la segunda disposiciĆ³n transitoria del CĆ³digo OrgĆ”nico de la FunciĆ³n Judicial publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 544 de 9 de marzo del 2009; en el numeral 4, literales a) y b), del apartado IV, DECISIĆN, de la Sentencia interpretativa 001-08-SI-CC, dictada por la Corte Constitucional el 28 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre del mismo aƱo, debidamente posesionados el dĆa 17 de diciembre del 2008, ante el Consejo Nacional de la Judicatura; y, en concordancia con el Art. 5 de la ResoluciĆ³n Sustitutiva tomada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesiĆ³n de 22 de diciembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de Enero del 2009; y, los artĆculos 184 de la ConstituciĆ³n de la RepĆŗblica del Ecuador y 1 de la Ley de CasaciĆ³n.- En lo principal, el demandado Pablo Augusto Rivera Hermida, en calidad de representante legal de MUNDICOMERCIO CIA. LTDA., en el juicio verbal sumario por dinero propuesto por DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A., deduce recurso de casaciĆ³n contra la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato, Materias Residuales de la Corte Superior de Justicia de Cuenca el 30 de abril de 2004, las 17h00 (fojas 5 y vuelta del cuaderno de segunda instancia), que confirma el fallo recurrido, que aceptĆ³ la demanda.- El recurso se encuentra en estado de resoluciĆ³n, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver la presente causa en virtud de la DisposiciĆ³n Transitoria Octava de la ConstituciĆ³n de la RepĆŗblica del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, las normas seƱaladas en la parte expositiva del presente fallo y la distribuciĆ³n en razĆ³n de la materia, hecha mediante ResoluciĆ³n del Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesiĆ³n realizada el dĆa 22 de diciembre de 2008, publicada en Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009.- El recurso de casaciĆ³n ha sido calificado y admitido a trĆ”mite mediante auto de 4 de julio de 2006, las 09h00. SEGUNDO.- En virtud del principio dispositivo contemplado en el Art. 168, numeral 6 de la ConstituciĆ³n de la RepĆŗblica del Ecuador, desarrollado en el Art. 19 del CĆ³digo OrgĆ”nico de la FunciĆ³n Judicial, son los recurrentes quienes fijan los lĆmites del anĆ”lisis y decisiĆ³n del Tribunal de CasaciĆ³n. TERCERO.- El peticionario considera infringidas las siguientes normas de derecho: ArtĆculos 120, 273, 277 y 278 del CĆ³digo de Procedimiento Civil. ArtĆculos 51 letra p; 52 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.- Las causales en las que funda el recurso son la primera y tercera del artĆculo 3 de la Ley de CasaciĆ³n. CUARTO.- La causal tercera se refiere a la aplicaciĆ³n indebida, falta de aplicaciĆ³n o errĆ³nea interpretaciĆ³n de los preceptos jurĆdicos aplicables a la valoraciĆ³n de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicaciĆ³n o a la no aplicaciĆ³n de normas de derecho en la sentencia o auto. Esta causal permite casar el fallo cuando el mismo incurre en inaplicar, aplicar indebidamente o interpretar en forma errĆ³nea las normas relativas a la valoraciĆ³n de la prueba, cuando ello ha conducido a una equivocada aplicaciĆ³n o a la no aplicaciĆ³n de normas de derecho en el fallo impugnado; el recurrente en su fundamentaciĆ³n deberĆ” demostrar el error de derecho en que ha incurrido el Tribunal de instancia, ya que nuestro sistema no admite la alegaciĆ³n del error de hecho en la valoraciĆ³n de la prueba, como causal de casaciĆ³n, ya que pertenece al llamado sistema de casaciĆ³n puro. En el caso de la causal tercera, la configuraciĆ³n de la llamada ?proposiciĆ³n jurĆdica completa?, en el supuesto de la violaciĆ³n indirecta, requiere que se seƱale: a) la norma relativa a la valoraciĆ³n de la prueba que ha sido inaplicada, indebidamente aplicada o errĆ³neamente interpretada; y, b) la norma de derecho sustantivo que, como consecuencia del vicio en la aplicaciĆ³n de la norma de valoraciĆ³n de la prueba, ha sido equivocadamente aplicada o inaplicada. Para integrar la proposiciĆ³n jurĆdica completa conforme lo requiere esta causal, se deben: a) citar las normas relativas a la valoraciĆ³n de la prueba que el tribunal de instancia ha infringido (aplicado indebidamente, omitido aplicar o interpretado errĆ³neamente), en aquellos casos en los cuales nuestro sistema de derecho positivo establece el sistema de prueba tasada; y, de ser del caso, citar los principios violados de la sana crĆtica en los casos en los cuales se aplica la misma; y, b) citar las normas sustantivas infringidas (aplicaciĆ³n indebida o falta de aplicaciĆ³n) como consecuencia del yerro en las normas y principios reguladores de la prueba, requisito indispensable para la integraciĆ³n de la proposiciĆ³n jurĆdica completa y para la procedencia del cargo al amparo de la causal tercera, porque no basta que en la sentencia haya vicio de derecho en la valoraciĆ³n probatoria sino que es indispensable este otro requisito copulativo o concurrente.- 4.1.- A mĆ”s de mencionar de manera somera la causal tercera del Art. 3 de la Ley de CasaciĆ³n, el peticionario no presenta fundamentaciĆ³n alguna que se refiera a ella, motivo por el cual no se acepta el cargo. QUINTO.- La causal primera se refiere a la aplicaciĆ³n indebida, falta de aplicaciĆ³n o errĆ³nea interpretaciĆ³n de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva. En el recurso de casaciĆ³n por la causal primera del artĆculo 3 de la Ley de CasaciĆ³n no cabe consideraciĆ³n en cuanto a los hechos ni hay lugar a ninguna clase de anĆ”lisis probatorio, pues se parte de la base de la correcta estimaciĆ³n de ambos por el Tribunal de instancia. Cuando el juzgador dicta sentencia y llega a la convicciĆ³n de la verdad de determinados hechos, alegados ya sea por la parte actora, ya sea por la parte demandada, en la demanda y en la contestaciĆ³n; luego de reducir los hechos a los tipos jurĆdicos conducentes, busca una norma o normas de derecho sustantivo que le sean aplicables. A esta operaciĆ³n se llama en la doctrina subsunciĆ³n del hecho en la norma. Una norma sustancial o material, estructuralmente, tiene dos partes: la primera un supuesto, y la segunda una consecuencia. Muchas veces una norma no contiene esas dos partes sino que se complementa con una o mĆ”s normas, con las cuales forma una proposiciĆ³n completa. La subsunciĆ³n no es sino el encadenamiento lĆ³gico de una situaciĆ³n fĆ”ctica especĆfica, concreta en la previsiĆ³n abstracta, genĆ©rica o hipotĆ©tico contenido en la norma. El vicio de juzgamiento o in iudicando contemplado en la causal primera, se da en tres casos: 1) Cuando el juzgador deja de aplicar al caso controvertido normas sustanciales que ha debido aplicar, y que de haberlo hecho, habrĆan determinado que la decisiĆ³n en la sentencia sea distinta a la escogida. 2) Cuando el juzgador entiende rectamente la norma pero la aplica a un supuesto fĆ”ctico diferente del hipotĆ©tico contemplado en ella. Incurre de esta manera en un error consistente en la equivocada relaciĆ³n del precepto con el caso controvertido. 3) Cuando el juzgador incurre en un yerro de hermenĆ©utica al interpretar la norma, atribuyĆ©ndole un sentido y alcance que no tiene.- 5.1.- El recurrente indica que en le libelo de demanda se dice: ?SEGUNDO: DEMANDA. Por lo expuesto y fundamentado en el Art. 843 y demĆ”s pertinentes del CĆ³digo de Procedimiento Civil, DEMANDO en la vĆa verbal sumaria a MUNDICOMERCIO CĆa. Ltda. Representada Legalmente por el seƱor Pablo Rivera Hermida, en calidad de deudor de la suma de??; que a su vez, la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia dice: ?ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPĆBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY acepta la demanda y dispone que los demandados MUNDICOMERCIO CĆa. Ltda. Representada por el seƱor Pablo Rivera Hermida, y este por sus propias obligaciones paguen a??.- Que si la parte actora demandĆ³ Ćŗnicamente a la CompaƱĆa MUNDICOMERCIO CĆa. Ltda., no existe razĆ³n legal alguna para que se involucre a Pablo Augusto Rivera Hermida, como persona natural al pago de la obligaciĆ³n demandada, puesto que este ha sido demandado en calidad de representante de la CompaƱĆa MUNDICOMERCIO CĆa. Ltda, y no por sus propios derechos ni como persona natural; que en consecuencia el fallo dictado en Segunda instancia al confirmarlo estĆ” violando lo dispuesto en los artĆculos 273, 277 y 278 del CĆ³digo de Procedimiento Civil, pues los estĆ” aplicando indebidamente al incluir en la resoluciĆ³n a Pablo Rivera Hermida como obligado, cuando Ć©ste no ha sido demandado como persona natural y por sus propios derechos, por tanto sin ser parte en el presente juicio; que de allĆ que las normas de procedimiento antes referidas que ordena a los juzgadores decidir en la sentencia solamente los asuntos principales del juicio y a decidir Ćŗnicamente los puntos sobre los que se trabĆ³ la litis, y a decidir con claridad los puntos que fueron de la controversia fundĆ”ndose en la ley, no se cumple en la sentencia impugnada, se los viola por la aplicaciĆ³n indebida, provocando influencia directa en la resoluciĆ³n, asĆ como provocando la violaciĆ³n del Art. 120 del CĆ³digo de Procedimiento Civil, al no haberse fundamentado el fallo en las constancias procesal y muy en especial en la pretensiĆ³n expuesta por la parte actora al haber demandado Ćŗnicamente a la CompaƱĆa que representa Pablo Rivera Hermida. Que los artĆculos 51 letra ?p? y 52 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, han sido aplicados indebidamente por cuanto el primero faculta actuar a los Bancos como emisores de Tarjetas de CrĆ©dito, hecho no discutido en este juicio, y el Art. 52 permite a los Bancos otorgar sobregiros ocasionales en cuenta corriente a sus clientes, que nada de esto se ha tratado en este juicio, por lo que no es materia de litis, aplicando en consecuencia en forma indebida las citadas disposiciones, para involucrar en forma improcedente a Pablo Rivera Hermida como deudor de una obligaciĆ³n que no la tiene y que tampoco ha sido demandado, por lo cual pide que se revoque el fallo impugnado.- 5.2.- En la fundamentaciĆ³n de la causal primera, lo que aduce el recurrente es que el fallo del Tribunal ad quem es extra petita, porque se ha resuelto algo que no fue demandado, lo cual no corresponde a la causal primera, sino a la causal cuarta del Art. 3 de la Ley de CasaciĆ³n, que no ha sido invocada, motivo suficiente para no aceptar el cargo.- Por otra parte, los artĆculos respecto de los cuales se acusa ?aplicaciĆ³n indebida?, ni siquiera han sido mencionados por el Tribunal ad quem y estos son 120, 273, 277 y 278 del CĆ³digo de Procedimiento Civil. ArtĆculos 51 letra p; 52 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; por obvia razĆ³n, no puede existir el vicio de ?aplicaciĆ³n indebida? cuando la norma no ha sido aplicada. Sin embargo, como el fallo de segunda instancia se remite al de primera instancia, en tanto y en cuanto dice que ?confirma en su integridad el fallo recurrido?, se constata en los artĆculos 51 y 52 de la Ley General del Sistema Financiero han sido aplicados por el juzgador a quo, de manera pertinente y debida porque se refieren a la facultad de los bancos para emitir tarjetas de crĆ©dito y de otorgar sobregiros ocasionales, porque son temas relacionados con el problema que se discute que es el pago por consumo de tarjeta de crĆ©dito. Por todo lo cual no se aceptan los cargos.- Por la motivaciĆ³n que antecede, la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIĆN Y LAS LEYES DE LA REPĆBLICA, no casa la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato, Materias Residuales de la Corte Superior de Justicia de Cuenca el 30 de abril de 2004, las 17h00.- Sin costas.- LĆ©ase y notifĆquese.
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n Fdo.) Dres. Galo MartĆnez Pinto, Carlos RamĆrez Romero, Manuel SĆ”nchez Zuraty, Jueces Nacionales y Carlos RodrĆguez GarcĆa, Secretario Relator, que certifica.
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n CERTIFICO:
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n Que las tres (3) copias que anteceden, son tomadas de sus originales, constantes en el Juicio No. 48-2006 SDP ex 2ĀŖ Sala (ResoluciĆ³n No. 270-2011) que, sigue DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. contra MUNDICOMERCIO CIA. LTDA..- Quito, 24 de agosto de 2011.
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n f.) Dr. Carlos RodrĆguez GarcĆa, Secretario Relator.
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n Juicio Nro: 54-2004-Ex.2ra.k.r.
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n Actora: Inmobiliaria GĆŗeferber S.A.
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n Demandada: Leonor RoldĆ³s MuƱoz de Bruzzone.
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n Juez Ponente: Dr. Galo MartĆnez Pinto.
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n CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
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n SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIA
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n Quito, a 27 de abril de 2011; las 10h30.
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n VISTOS: Conocemos la presente causa como Jueces de la Sala Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en mĆ©rito a lo dispuesto en la segunda disposiciĆ³n transitoria del CĆ³digo OrgĆ”nico de la FunciĆ³n Judicial publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 544 de 9 de marzo de 2009; en el numeral 4 literales a) y b) del apartado IV, DECISIĆN, de la sentencia interpretativa 001-08-SI-CC pronunciada por la Corte Constitucional el 28 de noviembre de 2008, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre del mismo aƱo, debidamente posesionados el 17 de diciembre Ćŗltimo ante el Consejo de la Judicatura; y, en concordancia con el artĆculo 5 de la resoluciĆ³n sustitutiva adoptada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia el 22 de diciembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009; y los artĆculos 184.1 de la ConstituciĆ³n de la RepĆŗblica del Ecuador y 1 de la Ley de CasaciĆ³n. En lo principal, en el juicio verbal sumario que por terminaciĆ³n de contrato de arrendamiento sigue la parte actora, esto es Inmobiliaria Gueferber S.A. contra la demandada Leonor RoldĆ³s MuƱoz de Bruzzone, y en el que se revocĆ³, el fallo del inferior subido en grado, Ć©sta deduce recurso de casaciĆ³n respecto de la sentencia de mayorĆa pronunciada el 12 de diciembre de 2002, a las 10h25 por la Primera Sala de la entonces Corte Superior de Justicia de Guayaquil, que revocĆ³, como ya estĆ” dicho, la sentencia que le fue en grado dentro del juicio ya expresado seguido contra la parte recurrente. Aceptado a trĆ”mite el recurso extraordinario de casaciĆ³n y, encontrĆ”ndose la causa en estado de resoluciĆ³n, para hacerlo, la Sala efectĆŗa las consideraciones previas siguientes: PRIMERA.- Declarar su competencia para conocer el recurso extraordinario de casaciĆ³n en virtud de lo dispuesto en los artĆculos 184.1 de la ConstituciĆ³n de la RepĆŗblica del Ecuador y 1 de la Ley de CasaciĆ³n y por cuanto esta Sala calificĆ³ el recurso de la relaciĆ³n por cumplir los requisitos de procedencia, oportunidad, legitimaciĆ³n y formalidades exigidas por el artĆculo 6 de la ley de la materia, admitiĆ©ndolo a trĆ”mite. SEGUNDA.- La parte recurrente, fundamenta su recurso extraordinario aduciendo la trasgresiĆ³n de las normas jurĆdicas contenidas en los artĆculos siguientes: inaplicaciĆ³n del artĆculo innumerado agregado mediante Ley No. 54 (a la de la materia), publicada en el R.O. No. 319 de 21 de noviembre de 1989 y que figurĆ³ a continuaciĆ³n del artĆculo 17 de la expresada ley; y, ademĆ”s, falta de aplicaciĆ³n de los artĆculos 12 y 1 de la Ley para la TransformaciĆ³n EconĆ³mica del Ecuador, y, la causal que se invoca es la primera del artĆculo 3 de la Ley de CasaciĆ³n, por vicios de falta de aplicaciĆ³n de las normas de derecho aludidas en la sentencia, particulares que analizaremos pormenorizadamente mĆ”s adelante. De este modo, queda circunscrito los parĆ”metros dentro de los cuales se constriƱe el recurso planteado y que serĆ” motivo de examen de este Tribunal de CasaciĆ³n, conforme al principio dispositivo consignado en los artĆculos 168.6 de la ConstituciĆ³n de la RepĆŗblica del Ecuador, actualmente en vigencia y 19 del CĆ³digo OrgĆ”nico de la FunciĆ³n Judicial. TERCERA.- Con respecto a la causal invocada para atacar el fallo en cuestiĆ³n, esto es la primera, por supuesta inaplicaciĆ³n de las normas de derecho aludidas, debemos expresar que esta causal imputa vicios ?in iudicando? y puede darse por aplicaciĆ³n indebida, falta de aplicaciĆ³n o errĆ³nea interpretaciĆ³n de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva. AquĆ, tampoco se permite revalorar la prueba ni fijar nuevamente hechos ya establecidos, que se dan por aceptados pues, la esencia de esta causal apunta a demostrar, jurĆdicamente, la vulneraciĆ³n propiamente dicha de normas de derecho. Es que cuando el juzgador dicta sentencia y llega a la convicciĆ³n de la veracidad de determinados hechos, alegados ora por el actor ora por el demandado (demanda y contestaciĆ³n); luego de reducir los hechos a los tipos jurĆdicos conducentes, busca una norma o normas de derecho sustantivo que le sean aplicables (subsunciĆ³n del hecho en la norma y que es una operaciĆ³n de abstracciĆ³n mental propia del intelecto humano). Una norma material, estructuralmente hablando, tiene dos partes por asĆ decirlo: un supuesto y una consecuencia. En ocasiones, la norma carece de estas dos partes pero se complementa con una o mĆ”s normas con las que forma una proposiciĆ³n jurĆdica completa. La subsunciĆ³n no es sino la operaciĆ³n o encadenamiento lĆ³gico mental, propio de la lĆ³gica formal, de una situaciĆ³n fĆ”ctica, especĆfica, concreta en la previsiĆ³n abstracta, genĆ©rica o hipotĆ©tica contenida en la norma en cuestiĆ³n. El vicio de juzgamiento o ?in iudicando? contemplado en esta causal se da en tres casos: 1. Cuando el juzgador deja de aplicar la norma sustantiva al caso controvertido y que, de haberlo hecho, habrĆa determinado que la decisiĆ³n en la sentencia sea distinta; 2. Cuando el Juez entiende rectamente la norma pero la aplica a un supuesto fĆ”ctico diferente del hipotĆ©tico contemplado en ella, incurriendo asĆ en un error en la equivocada relaciĆ³n del precepto con el caso controvertido; y, 3. Cuando el juzgador incurre en un yerro de hermenĆ©utica, de exĆ©gesis jurĆdica al interpretar la norma, atribuyĆ©ndole un sentido y alcance que no tiene. 3.1. En la especie, la parte recurrente aduce vulneraciĆ³n de normas jurĆdicas de derecho infringidas en la expediciĆ³n del fallo de mayorĆa, especĆficamente inaplicaciĆ³n del artĆculo sin numeraciĆ³n agregado a continuaciĆ³n del 17 de la Ley de Inquilinato por virtud de la ley No. 54 y que se publicĆ³ en el RO No. 319 de 21 de noviembre de 1989 y que por efecto de esa inaplicaciĆ³n tampoco se observĆ³ los artĆculos 12 y 1 de las Ley para la TransformaciĆ³n EconĆ³mica del Ecuador y que a la fecha de la relaciĆ³n contractual, aduce la parte recurrente, estuvo en vigencia aunque posteriormente fue derogada. 3.2 La Sala considera que en la expediciĆ³n de la sentencia de mayorĆa (cuya discrepancia no se refiere al derecho en sĆ mismo de la reclamaciĆ³n de la parte actora al exigir el pago de las pensiones locativas de arrendamiento en mora sino a involucrar en la condena a uno sĆ³lo de los demandados); no se ha violentado norma de derecho alguna, como se aduce por la parte recurrente en su memorial del recurso, puesto que la prohibiciĆ³n contenida en la ley de la materia para pactar contratos de arrendamiento en moneda extranjera tiene su excepciĆ³n en la regla 18 del artĆculo 7 del CĆ³digo Civil al seƱalar para el caso de inobservancia penas para el caso de infracciĆ³n, aunque la hipĆ³tesis jurĆdica allĆ contenida no se dio, pues la arrendataria jamĆ”s pagĆ³ el canon de arrendamiento de la vivienda adeudado, y cuyos actos, por lo demĆ”s, fueron probados bajo el imperio de una nueva ley conforme a lo previsto en la regla siguiente del mismo artĆculo relativo a la interpretaciĆ³n de la ley. En consecuencia, por las motivaciones precedentes, esta Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIĆN Y LAS LEYES DE LA REPĆBLICA, no casa la sentencia de mayorĆa pronunciada por la Primera Sala de la entonces Corte Superior de Justicia de Guayaquil el 12 de diciembre de 2002, a las 10h25. Sin costas ni multas. LĆ©ase, notifĆquese y devuĆ©lvase.
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n Fdo.) Dres. Galo MartĆnez Pinto, Carlos RamĆrez Romero, Manuel SĆ”nchez Zuraty, Jueces Nacionales y Carlos RodrĆguez GarcĆa, Secretario Relator que Certifica.?.
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n CERTIFICO:
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n Que las tres copias que anteceden son tomadas de su original, constante en el juicio No. 54-2004-Ex.2da.k.r (ResoluciĆ³n No. 271-2011), que por terminaciĆ³n de contrato de arrendamiento sigue: INMOBILIARIA GUEFERBER S.A. contra LEONOR ROLDOS MUĆOZ.- Quito, 24 de agosto de 2011.
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n f.) Dr. Carlos RodrĆguez GarcĆa, Secretario Relator, Sala de lo Civil Mercantil y Familia de la C