Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 07 de noviembre de 2018 (R. O.362, 07 -noviembre -2018)

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO:

Apruébense los estatutos y otórguese personería jurídica de las siguiente asociaciones:

DM-2018-069 Corporación Cultural Folclórica Ambato «CO. C. FO. AM», con domicilio en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua

DM-2018-070 Profesores de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador (Aprofa-UCE), con domicilio en el cantón Quito, provincia de Pichincha

DM-2018-070 A Confiérese el reconocimiento a la trayectoria en el fomento y promoción de las artes musicales, al Grandmaster Luthier Olivo Chiliquinga

DM-2018-071 Corporación «Conferencistas Internacionales del Ecuador» con domicilio en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí

DM-2018-072 Cultural «Colores para la Paz Ecuador» con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL:

249. Refórmese el Reglamento para regular y estandarizar el proceso de admisión, asignación de becas y descuentos para los estudiantes de las unidades educativas de Fuerzas Armadas
250. Refórmese el Acuerdo Ministerial N° 235 de 20 de septiembre de 2018

MINISTERIO DEL INTERIOR:

0390 Expídese el Reglamento de Higiene y Seguridad

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA:

000248.. Extiéndese hasta el 30 de septiembre de 2018, la declaratoria de situación de emergencia del sector de movilidad humana en las provincias fronterizas de El Carchi y El Oro, y en la provincia de Pichincha, referente al flujo migratorio inusual de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela

Págs.

000255.. Dispónese el cierre de la Embajada de la República del Ecuador en la República de Angola

000259.. Dispónese el cierre de la Embajada de la República del Ecuador en la República de Argelia

000263 Dispónese el cierre de la Embajada de la República del Ecuador en la República de Belarús

000266.. Permítese el ingreso de los ciudadanos sujetos al Régimen Especial que acompañen el Emir de Qatar, durante la visita oficial que realizará al Ecuador

000270 Extiéndese hasta el 31 de octubre de 2018, la declaratoria de situación de emergencia del sector de movilidad humana en las provincias fronterizas de El Carchi y El Oro y en la provincia de Pichincha, referente al flujo migratorio inusual de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA

E INNOVACIÓN:

SENESCYT – 2018 – 061 Desígnese a la magíster Carolina Gabriela Zambrano Barragán, Subsecretaría General, para que subrogue al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESCYT, 2018 – 062 Otórguese personería jurídica de derecho privado y sin fines de lucro a la Fundación para la Gestión del Conocimiento -GESCO, domiciliada en la provincia de Pichincha, cantón Quito

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL:

029…….. Dispónese la desclasificación de la información y documentación relacionada a la rendición de cuentas y gastos especiales en el periodo del 1 de junio al 31 de agosto del 2012

047…….. Dispónese la desclasificación de la información y documentación relacionada a la Resolución N° UAFE-DG- VR-2017-0015 de 18 de mayo de 2017 y otras

052…….. Dispónese la desclasificación de la información y documentación relacionada con el Ing. Galo Lara Yépez que reposa en la Secretaría de Inteligencia

Págs.

MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES Y MOVILIDAD

HUMANA:

SUBSECRETARÍA DE COOPERACIÓN

INTERNACIONAL:

000154.. Dense por terminadas las actividades en el Ecuador de la Organización No Gubernamental Extranjera «Health Standards Organization (HSO)»

No. DM-2018-069

Raúl Pérez Torres

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el artículo 1 de la Constitución de la República establece que: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada «;

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, consagra el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

Que el artículo 96 de la Carta Magna manifiesta que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas «;

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las Ministras y Ministros de Estado además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y sus resoluciones administrativas que requieren su gestión (…) «;

Registro Oficial N° 362 Miércoles 7 de noviembre de 2018 – 3

Que el artículo 227 ibídem establece que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;

Que precitada norma constitucional en el artículo 377, determina que el Sistema Nacional de Cultura, tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las manifestaciones culturales, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales;

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Cultura señala que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, será la entidad a cargo del Sistema Integral de Información Cultural;

Que el articulo 23 ibídem establece que el Sistema Nacional de Cultura: «Comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades, organizaciones, colectivos e individuos que participan en actividades culturales, creativas, artísticas y patrimoniales para fortalecer la identidad nacional, la formación, protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales y, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales «;

Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, respecto a las organizaciones sociales, establece que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión «;

Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, por su parte, dispone que: «El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes»;

Que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 32, prescribe que: «El Estado, en todos sus niveles de gobierno y funciones, promoverá y desarrollará políticas, programas y proyectos que se realicen con el apoyo de las organizaciones sociales, incluidos aquellos dirigidos a incentivar la producción y a favorecer la redistribución de los medios de producción; asimismo, propenderá a que las compras que realiza el sector público prioricen como proveedores a las organizaciones sociales, de acuerdo con los criterios de equidad, solidaridad y eficiencia»;

Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala que: «Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación»;

Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, faculta a los Ministros de Estado para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 109 del 27 de octubre del 2017, se expidió el «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», con el cual quedaron derogados los decretos Nro. 16 de 04 de junio del 2013 y Nro. 739 de 03 de agosto del 2015; en el mismo se establecen los requisitos y el procedimiento para la aprobación de estatutos y el otorgamiento de la personalidad jurídica a las corporaciones y fundaciones previstas en el Código Civil;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador Licenciado Lenin Moreno Garcés, designó al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que mediante memorando Nro. MCYP-Z3-2018-0022-M de 11 de abril del 2018, el señor José Masaquiza Chango, Activista Cultural de esta Cartera de Estado en la ciudad de Ambato, dio a conocer la solicitud de aprobación del estatuto y otorgamiento de personalidad jurídica presentada por la organización social en formación Corporación Cultural Folclórica Ambato «CO. C. FO. AM», con oficio s/n de fecha 03 abril del mismo año, una vez que ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales;

Que la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ha emitido el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0515-M de fecha 07 de mayo del 2018, para proceder con la APROBACIÓN DEL ESTATUTO Y EL OTORGAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA, a favor de la Corporación Cultural Folclórica Ambato «CO. C. FO. AM’; con domicilio ubicado en cantón Ambato, Provincia de Tungurahua;

Que dentro del informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0515-M, se concluye que: (…) la organización social en formación denominada Corporación Cultural Folclórica Ambato «CO. C. FO. AM», ha cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento antes mencionado, por lo que se emite el presente informe motivado»;

Que el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0515-M recomienda que: «Con los antecedentes expuestos y por las consideraciones jurídicas enunciadas, se recomienda

4 – Miércoles 7 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 362

señor Ministro la aprobación del estatuto y el otorgamiento de la personalidad jurídica a la organización social en formación, Corporación Cultural Folclórica Ambato «CO. C. FO. AM», por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en la normativa vigente «;

Que en concordancia a lo enunciado, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en su artículo 11, literal k), contempla como parte de las atribuciones del Presidente de la República la delegación a los Ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones y el otorgamiento de personalidad jurídica, según lo previsto en los artículos 565 y 567 de la Codificación del Código Civil;

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

Acuerda:

Artículo 1.- Aprobar el ESTATUTO Y OTORGAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA a la Corporación Cultural Folclórica Ambato «CO. C. FO. AM», con domicilio ubicado en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, República del Ecuador.

Artículo 2.- Registrar, de conformidad con el Acta Constitutiva, como miembros fundadores, a las siguientes personas:

APELLIDOS Y NOMBRES

NACIONALIDAD

NÚMERO DE

DOCUMENTO

DE

IDENTIDAD

1

TOAZA

CASTILLO

JERSON

NOBOT

ECUATORIANA

1802543809

2

SULQUI

MORALES

JULIO CÉSAR

ECUATORIANA

1801833201

3

CALI MOYA FREDDY EDISON

ECUATORIANA

1803103090

4

NATA LUIS FERNANDO

ECUATORIANA

1801021377

5

GAVILANES SALAZAR LEONCIO

GIOVANNY

ECUATORIANA

1802897098

6

TIPAN CHIN SANDRA MÓNICA

ECUATORIANA

1802847663

7

FRANCO ANDACHI

MARÍA CRISTINA

ECUATORIANA

1803694783

8

NUELA SAILEMA WALTER

ECUATORIANA

1802120475

Artículo 3.- Ordenar a la Corporación Cultural Folclórica Ambato «CO. C. FO. AM’ que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», remita a esta Cartera de Estado, en el plazo máximo de treinta (30) días posteriores a esta fecha de otorgamiento de la personalidad jurídica, la elección de la directiva con la documentación establecida en el Capítulo IV del antes citado reglamento, para su registro. Cada período de elección de la directiva deberá ser registrada en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, para los fines legales que correspondan.

Artículo 4.- En general la organización social se ajustara al «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», disposiciones legales aplicables y las directrices que emita en este ámbito el Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Artículo 5.- Autorizar a la Corporación Cultural Folclórica Ambato «CO. C. FO. AM’ para que realice las actividades estipuladas en los fines y objetivos constantes en su Estatuto; debiendo cumplir además con las disposiciones contenidas en «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales».

DISPOSICIÓN GENERAL.- Para la solución de los conflictos y controversias internas, los asociados en primer lugar buscarán como medios de solución el diálogo conforme a sus normas estatutarias; de persistir las discrepancias podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos o a través del ejercicio de las acciones que la Ley les faculta ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.

Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de la publicación de un extracto del mismo en el Registro Oficial. Notifíquese su contenido a la organización social Corporación Cultural Folclórica Ambato «CO. C. FO. AM’.

Del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, encárguese la Coordinación General Jurídica.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 08 días del mes mayo del 2018.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.–

Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

Registro Oficial N° 362 Miércoles 7 de noviembre de 2018 –

No. DM-2018-070

Raúl Pérez Torres MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el artículo 1 de la Constitución de la República establece que: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada «;

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, consagra el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

Que el artículo 96 de la Carta Magna manifiesta que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas»;

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las Ministras y Ministros de Estado además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y sus resoluciones administrativas que requieren su gestión (…) «;

Que el artículo 227 ibídem establece que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;

Que precitada norma constitucional en el artículo 377, determina que el Sistema Nacional de Cultura, tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las manifestaciones culturales, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales;

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Cultura señala que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, será la entidad a cargo del Sistema Integral de Información Cultural;

Que el articulo 23 ibídem establece que el Sistema Nacional de Cultura: «Comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades, organizaciones, colectivos e individuos que participan en actividades culturales, creativas, artísticas y patrimoniales para fortalecer la identidad nacional, la formación, protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción,

difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales y, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales «;

Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, respecto a las organizaciones sociales, establece que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión «;

Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, por su parte, dispone que: «El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes «;

Que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 32, prescribe que: «El Estado, en todos sus niveles de gobierno y funciones, promoverá y desarrollará políticas, programas y proyectos que se realicen con el apoyo de las organizaciones sociales, incluidos aquellos dirigidos a incentivar la producción y a favorecer la redistribución de los medios de producción; asimismo, propenderá a que las compras que realiza el sector público prioricen como proveedores a las organizaciones sociales, de acuerdo con los criterios de equidad, solidaridad y eficiencia «;

Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala que: «Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación»;

Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, faculta a los Ministros de Estado para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 109 del 27 de octubre del 2017, se expidió el «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», con el cual quedaron derogados los decretos Nro. 16 de 04 de junio del 2013 y Nro. 739 de 03 de agosto del 2015; en el mismo se establecen los requisitos y el procedimiento para la aprobación de estatutos y el otorgamiento de la personalidad jurídica a las corporaciones y fundaciones previstas en el Código Civil;

6 – Miércoles 7 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 362

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador Licenciado Lenin Moreno Garcés, designó al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que mediante oficio No.- 67 GRG 2018 de fecha 10 de abril del 2018, ingresado en esta Cartera de Estado con trámite Nro. MCYP-DGA-18-1567-EXT de 17 de abril del mismo año, el señor Franklin Patricio Guanoluisa Cedillo, presidente provisional solicitó la aprobación del estatuto y otorgamiento de personalidad jurídica a la organización social en formación Asociación de Profesores de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador (Aprofa-UCE), una vez que ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales;

Que la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ha emitido el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0517-M de fecha 08 de mayo del 2018, para proceder con la APROBACIÓN DEL ESTATUTO Y EL OTORGAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA, a favor de la Asociación de Profesores de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador (Aprofa-UCE); con domicilio ubicado en cantón Quito, Provincia de Pichincha;

Que dentro del informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0517-M, se concluye que: (…) la organización social en formación denominada Asociación de Profesores de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador (Aprofa-UCE), ha cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento antes mencionado, por lo que se emite el presente informe motivado «;

Que el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0517-M recomienda que: «Con los antecedentes expuestos y por las consideraciones jurídicas enunciadas, se recomienda señor Ministro la aprobación del estatuto y el otorgamiento de la personalidad jurídica a la organización social en formación, Asociación de Profesores de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador (Aprofa-UCE), por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en la normativa vigente «;

Que en concordancia a lo enunciado, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en su artículo 11, literal k), contempla como parte de las atribuciones del Presidente de la República la delegación a los Ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones y el otorgamiento de personalidad jurídica, según lo previsto en los artículos 565 y 567 de la Codificación del Código Civil;

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

Acuerda:

Artículo 1.- Aprobar el ESTATUTO Y OTORGAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA a la Asociación

de Profesores de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador (Aprofa-UCE), con domicilio ubicado en el cantón Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador.

Artículo 2.- Registrar, de conformidad con el Acta Constitutiva, como miembros fundadores, a las siguientes personas:

APELLIDOS Y NOMBRES

NACIONALIDAD

NÚMERO DE

DOCUMENTO

DE

IDENTIDAD

1

ARELLANO

JARA JUAN

ONOFRE

CHILENA

1715343750

2

CALLE BARRETO ROBERTO JACINTO

ECUATORIANA

1710522341

3

CUEVA

VELÁSQUEZ

LUIS HERNÁN

ECUATORIANA

1704430758

4

CUVI NARANJO RODRIGO ENRIQUE

ECUATORIANA

1705281846

5

GUANOLUISA

CEDILLO

FRANKLIN

PATRICIO

ECUATORIANA

1707217889

6

PÉREZ CONSUELO DEL ROCÍO

ECUATORIANA

1710563220

7

PÉREZ ESCALANTE

MYRIAN GUADALUPE

ECUATORIANA

1710294891

8

PLAZA

RODRÍGUEZ

GARY GASPAR

ECUATORIANA

0801381294

9

PUEBLA

CÁRDENAS

OMAR DAVID

ECUATORIANA

1713807020

10

SANTACRUZ VEGA

LENNYN ARMANDO

COLOMBIANA

1714399100

Artículo 3.- Ordenar a la Asociación de Profesores de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador (Aprofa-UCE) que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», remita a esta Cartera de Estado, en el plazo máximo de treinta (30) días posteriores a esta fecha de otorgamiento de la personalidad jurídica, la elección de la directiva con la documentación establecida en el Capítulo IV del antes citado reglamento, para su registro. Cada período de elección de la directiva deberá ser registrada en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, para los fines legales que correspondan.

Artículo 4.- En general la organización social se ajustara al «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidd

Registro Oficial N° 362 Miércoles 7 de noviembre de 2018 – 7

Jurídica a las Organizaciones Sociales», disposiciones legales aplicables y las directrices que emita en este ámbito el Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Artículo 5.- Autorizar a la Asociación de Profesores de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador (Aprofa-UCE) para que realice las actividades estipuladas en los fines y objetivos constantes en su Estatuto; debiendo cumplir además con las disposiciones contenidas en «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales».

DISPOSICIÓN GENERAL.- Para la solución de los conflictos y controversias internas, los asociados en primer lugar buscarán como medios de solución el diálogo conforme a sus normas estatutarias; de persistir las discrepancias podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos o a través del ejercicio de las acciones que la Ley les faculta ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.

Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de la publicación de un extracto del mismo en el Registro Oficial. Notifíquese su contenido a la organización social Asociación de Profesores de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador (Aprofa-UCE).

Del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, encárguese la Coordinación General Jurídica.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 09 días del mes mayo del 2018.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

No. DM-2018-070-A

Raúl Pérez Torres

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el artículo 22 de la Constitución de la República, establece que «las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría»;

Que el artículo 151 de la Carta Magna preceptúa que «las ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción por la Presidenta o Presidente de la República, y lo representarán en los asuntos propios del ministerio a su cargo (…) «;

Que el artículo 154 numeral 1 de la Norma Suprema, establece que: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que el artículo 226 de la Norma Ibídem prescribe: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. «;

Que el artículo 377 de la precitada Norma dispone que «el sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales»;

Que el artículo 380 de la Constitución de la República, establece las responsabilidades del Estado respecto a la cultura, como parte del régimen del buen vivir;

Que el artículo 26 literal 1 de la Ley Orgánica de Cultura, expedida el veintisiete de diciembre de 2016, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 913, de 30 de diciembre de 2016, señala «Establecer estrategias que promuevan el desarrollo del sector cultural a través de medidas tales como incentivos y estímulos para que las personas, instituciones y empresas inviertan, apoyen, desarrollen y financien procesos, servicios y actividades artísticos culturales»;

Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, señala que «Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado (…)”;

Que el Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo No. 05, de 15 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial No. 22, de 14 de febrero de 2007, declaró como política de Estado el desarrollo cultural del país y creó el Ministerio de Cultura, como organismo rector del ámbito cultural, hoy denominado Ministerio de Cultura y Patrimonio, conforme consta en el Decreto Ejecutivo No. 1507 de 8 de mayo de 2013;

8 – Miércoles 7 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 362

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que el Informe de Pertinencia reconociendo la trayectoria del Grandmaster Luthier Olivo Chiliquinga, de 18 de abril de 2018, elaborado por el señor Carlos Arboleda, revisado por la señora Gabriela Montalvo Armas, y aprobado por el señor Gabriel Cisneros Abedrabbo, Especialista, Directora de Píticas Públicas y Subsecretario de Emprendimientos, Arte e Innovación, respectivamente, consta: 3. Análisis Técnico: Con 60 años e trayectoria en la construcción de instrumento de cuerda, Olivo Chiliquinga es reconocida a nivel mundial por su excelencia y sonido en calidad de construcción. Hijo y nieto reconocidos luthiers, Olivo Chiliquinga se dedica a la fabricación de toda clase de instrumento de cuerda, con especialización en guitarras clásicas y requintos. Entre los grandes artistas que han utilizado sus instrumentos se encuentra Frank Sinatra, Leo Brouwer, Horacio Valdivieso, Manuel Velásquez, Ramón Zayas. 4.- Conclusiones y recomendaciones: (…) el Grandmaster Luthier Olivo Chiliquinga, a través de su trayectoria se ha constituido como una figura relevante en la construcción de instrumentos de cuerda de alta calidad del Ecuador, cuyo impacto transciende niveles locales y nacionales «;

Que mediante memorando Nro. MCYP-SEAI-2018-0401-M de 02 de mayo de 2018, el señor Gabriel Cisneros Abedrabbo, Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación, solicitó a la señora Andrea Nina Pereda, Ministra de Cultura y Patrimonio Subrogante, lo siguiente: «delegue a quien corresponda la elaboración de un Acuerdo ministerial que reconozca la trayectoria del Grandmaster Luthier Olivo Chiliquinga, y la importancia de la misma en el fomento y promoción de las artes musicales ecuatorianas dentro y fuera del Ecuador, por medio de la elaboración de instrumentos de cuerda de alta calidad^,

Que mediante el sistema de gestión documental Quipux, la señora Ministra de Cultura y Patrimonio, subrogante señaló: ‘Autorizado, Jurídico, proceder»;

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

Acuerda:

Artículo 1.- Conferir el presente Reconocimiento a la Trayectoria en el Fomento y promoción de las artes musicales, al Grandmaster Luthier Olivo Chiliquinga, por su aporte a la cultura nacional durante sesenta años de construcción de instrumentos de cuerda de alta calidad, siendo un referente nacional e internacional de cultura contemporánea.

Artículo 2.- El reconocimiento conferido no constituye el otorgamiento de beneficios o gratificación económica alguna a favor del Grandmaster Luthier Olivo Chiliquinga.

Artículo 3.- Encárguese la ejecución del presente Acuerdo Ministerial a la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 09 de mayo de 2018.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

No. DM-2018- 071

Raúl Pérez Torres

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el artículo 1 de la Constitución de la República establece que: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada»;

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, consagra el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

Que el artículo 96 de la Carta Magna manifiesta que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas»;

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las Ministras y Ministros de Estado además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y sus resoluciones administrativas que requieren su gestión (…)”;

Registro Oficial N° 362 Miércoles 7 de noviembre de 2018 – 9

Que el artículo 227 ibídem establece que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;

Que la precitada norma constitucional en el artículo 377, determina que el Sistema Nacional de Cultura, tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las manifestaciones culturales, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales;

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Cultura señala que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, será la entidad a cargo del Sistema Integral de Información Cultural;

Que el articulo 23 ibídem establece que el Sistema Nacional de Cultura: «Comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades, organizaciones, colectivos e individuos que participan en actividades culturales, creativas, artísticas y patrimoniales para fortalecer la identidad nacional, la formación, protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales y, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales «;

Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, respecto a las organizaciones sociales, establece que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión «;

Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, por su parte, dispone que: «El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes»;

Que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 32, prescribe que: «El Estado, en todos sus niveles de gobierno y funciones, promoverá y desarrollará políticas, programas y proyectos que se realicen con el apoyo de las organizaciones sociales, incluidos aquellos dirigidos a incentivar la producción y a favorecer la redistribución de los medios de producción; asimismo, propenderá a que las compras que realiza el sector público prioricen como proveedores a las organizaciones sociales, de acuerdo con los criterios de equidad, solidaridad y eficiencia»;

Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala que: «Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación»;

Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, faculta a los Ministros de Estado para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre del 2017 se expidió el «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», con el cual quedaron derogados los decretos Nro. 16 de 04 de junio del 2013 y Nro. 739 de 03 de agosto del 2015;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador Licenciado Lenín Moreno Garcés, designó al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que mediante memorando Nro. MCYP-Z4-2018-0133-M de fecha 10 de abril de 2018, el señor Ángel Fabián Abad Villavicencio, Coordinador Zonal 4 de esta Cartera de Estado, envía al despacho ministerial la solicitud ingresada por el señor Agustín Ramírez Mosquera para la aprobación del estatuto y el otorgamiento de personalidad jurídica a la organización social en formación Corporación «CONFERENCISTAS INTERNACIONALES DEL ECUADOR».

Que la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ha emitido el informe motivado Nro. MC YP-CGJ-18-0516-M de fecha 08 de mayo del 2018, para proceder con la aprobación del estatuto y el otorgamiento de la personalidad jurídica, a favor de la Corporación «CONFERENCISTAS INTERNACIONALES DEL ECUADOR»; con domicilio ubicado en la urbanización las Orquídeas Mz Z villa 29, en el cantón Porto viejo, provincia de Manabí, República del Ecuador;

Que dentro del informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0516-M se concluye que «(…) la organización social en formación denominada Corporación «CONFERENCISTAS INTERNACIONALES DEL ECUADOR», ha cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento antes mencionados, por lo que se emite el presente informe motivado «;

Que el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0516-M recomienda que: «Con los antecedentes expuestos y por las consideraciones jurídicas enunciadas, se recomienda señor Ministro la aprobación del estatuto y el otorgamiento de la personalidad jurídica a la organización social en formación, denominada Corporación «CONFERENCISTAS INTERNACIONALES DEL ECUADOR» por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en la normativa vigente «;

10 – Miércoles 7 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 362

Que en concordancia a lo enunciado, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en su artículo 11, literal k), contempla como parte de las atribuciones del Presidente de la República la delegación a los Ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones y el otorgamiento de personalidad jurídica, según lo previsto en los artículos 565 y 567 de la Codificación del Código Civil;

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

Acuerda:

Artículo 1.- Aprobar el ESTATUTO Y OTORGAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA a la organización social denominada Corporación «CONFERENCISTAS INTERNACIONALES DEL ECUADOR» con domicilio ubicado en la urbanización las Orquídeas Mz Z villa 29, en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, República del Ecuador;

Artículo 2.- Registrar, de conformidad con el Acta Constitutiva, como miembros fundadores, a las siguientes personas:

Nro.

NOMBRE DEL MIEMBRO

NACIONA­LIDAD

No. CÉDULA/ PASAPORTE

1

Agustín Ramírez Mosquera

Ecuatoriana

0916201759

2

Isaac Agustín Ramírez Aguilar

Ecuatoriana

1315368850

3

César Xavier Cruzatty Flores

Ecuatoriana

1313532937

4

Águeda Anabel Aguilar Contreras

Ecuatoriana

0915515662

5

Rouget Edison Hermida Mendoza

Ecuatoriana

1309109054

Artículo 3.- Ordenar a la Corporación «CONFE­RENCISTAS INTERNACIONALES DEL ECUADOR» que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», remita a esta Cartera de Estado, en el plazo máximo de treinta (30) días posteriores a esta fecha de otorgamiento de la personalidad jurídica, la elección de la directiva con la documentación establecida en el Capítulo IV del antes citado reglamento, para su registro. Cada período de elección de la directiva deberá ser registrada en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, para los fines legales que correspondan.

Artículo 4.- En general la organización social se ajustará al «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», disposiciones legales aplicables y las directrices que emita en este ámbito el Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Artículo 5.- Autorizar a la Corporación «CONFE­RENCISTAS INTERNACIONALES DEL ECUADOR» para que realice las actividades estipuladas en los fines

y objetivos constantes en su Estatuto; debiendo cumplir además con las disposiciones contenidas en «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales».

DISPOSICIÓN GENERAL.- Para la solución de los conflictos y controversias internas, los asociados en primer lugar buscarán como medios de solución el diálogo conforme a sus normas estatutarias; de persistir las discrepancias podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos o a través del ejercicio de las acciones que la Ley les faculta ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.

Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de la publicación de un extracto del mismo en el Registro Oficial. Notifíquese su contenido a la organización social Corporación «CONFERENCISTAS INTERNACIONALES DEL ECUADOR».

Del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, encárguese la Coordinación General Jurídica.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 09 días del mes de mayo del 2018.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.No. DM-2018-072

Raúl Pérez Torres MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el artículo 1 de la Constitución de la República establece que: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada»;

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, consagra el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

Que el artículo 96 de la Carta Magna manifiesta que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles

Registro Oficial N° 362 Miércoles 7 de noviembre de 2018 – 11

de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia Interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas»;

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las Ministras y Ministros de Estado además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y sus resoluciones administrativas que requieren su gestión (…) «;

Que el artículo 227 ibídem establece que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;

Que la precitada norma constitucional en el artículo 377, determina que el Sistema Nacional de Cultura, tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las manifestaciones culturales, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales;

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Cultura señala que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, será la entidad a cargo del Sistema Integral de Información Cultural;

Que el articulo 23 ibídem establece que el Sistema Nacional de Cultura: «Comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, Instrumentos, procesos, Instituciones, entidades, organizaciones, colectivos e Individuos que participan en actividades culturales, creativas, artísticas y patrimoniales para fortalecer la Identidad nacional, la formación, protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, Incentivar la Ubre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales y, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales «;

Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, respecto a las organizaciones sociales, establece que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos Individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que Incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión «;

Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, por su parte, dispone que: «El Estado garantiza

el derecho a la Ubre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes «;

Que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 32, prescribe que: «El Estado, en todos sus niveles de gobierno y funciones, promoverá y desarrollará políticas, programas y proyectos que se realicen con el apoyo de las organizaciones sociales, Incluidos aquellos dirigidos a Incentivar la producción y a favorecer la redistribución de los medios de producción; asimismo, propenderá a que las compras que realiza el sector público prioricen como proveedores a las organizaciones sociales, de acuerdo con los criterios de equidad, solidaridad y eficiencia «;

Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala que: «Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica deberán tramitarla en las diferentes Instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de Ubre asociación y autodeterminación»;

Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, faculta a los Ministros de Estado para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre del 2017 se expidió el «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», con el cual quedaron derogados los decretos Nro. 16 de 04 de junio del 2013 y Nro. 739 de 03 de agosto del 2015;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador Licenciado Lenín Moreno Garcés, designó al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que mediante oficio s/n de fecha 12 de abril de 2018, ingresado en esta Cartera de Estado con trámite Nro. MCYP-DGA-2018-1546-EXT de fecha 16 de abril del mismo año, el señor Edgar Joselito Erazo Aguilar, solicitó la aprobación del estatuto y el otorgamiento de personalidad jurídica a la organización social en formación ASOCIACIÓN CULTURAL «COLORES PARA LA PAZ ECUADOR», una vez que ha dado cumplimiento a todas las observaciones realizadas por esta dependencia.

Que la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ha emitido informe motivado Nro. MC YP-CGJ-18-0529-M de fecha 10 de mayo del 2018, para proceder con la aprobación del estatuto y el otorgamiento de la personalidad jurídica, a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL «COLORES PARA LA PAZ ECUADOR»; con domicilio ubicado en el kilómetro 12,5 de la vía a Daule, en la Urbanización Colina del Sol, Manzana 2015, Villa 10, parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador;

12 – Miércoles 7 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 362

Que dentro del informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0529-M se concluye que «(…) la organización social en formación denominada ASOCIACIÓN CULTURAL «COLORES PARA LA PAZ ECUADOR», ha cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento antes mencionados, por lo que se emite el presente informe motivado «;

Que el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0529-M recomienda que: «Con los antecedentes expuestos y por las consideraciones jurídicas enunciadas, se recomienda señor Ministro la aprobación del estatuto y el otorgamiento de la personalidad jurídica a la organización social en formación, denominada ASOCIACIÓN CULTURAL «COLORES PARA LA PAZ ECUADOR» por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en la normativa vigente «;

Que en concordancia a lo enunciado, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en su artículo 11, literal k), contempla como parte de las atribuciones del Presidente de la República la delegación a los Ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones y el otorgamiento de personalidad jurídica, según lo previsto en los artículos 565 y 567 de la Codificación del Código Civil;

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

Acuerda:

Artículo 1.- Aprobar el ESTATUTO Y OTORGAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA a la organización social denominada ASOCIACIÓN CULTURAL «COLORES PARA LA PAZ ECUADOR» con domicilio ubicado en el kilómetro 12,5 de la vía a Daule, en la Urbanización Colina del Sol, Manzana 2015, Villa 10, parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador;

Artículo 2.- Registrar, de conformidad con el Acta Constitutiva, como miembros fundadores, a las siguientes personas:

Nro.

NOMBRE DEL MIEMBRO

NACIONA­LIDAD

No. CÉDULA/ PASAPORTE

1

Atiencia Andrade Martha Marianela

Ecuatoriana

0921343117

2

Erazo Aguilar Edgar Joselito

Ecuatoriana

0911304178

3

Aguilar Goyes Lia Didima

Ecuatoriana

0900090093

4

Chuquizala Erazo Tamia Elizabeth

Ecuatoriana

0604556845

5

García Campos Jorge Luis

Ecuatoriana

0915215511

6

Herrera Ferrin Silvia Valeria

Ecuatoriana

0950120634

7

Juna Moría Juan Andrés

Ecuatoriana

0925838468

8

Lozano Castro Petita Marlene

Ecuatoriana

0903934909

9

Moría Lozano Marlene Martha Solange

Ecuatoriana

0907518005

10

Macías Martínez Ansubino Feliciano

Ecuatoriana

0906327648

Artículo 3.- Ordenar a la ASOCIACIÓN CULTURAL «COLORES PARA LA PAZ ECUADOR» que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», remita a esta Cartera de Estado, en el plazo máximo de treinta (30) días posteriores a esta fecha de otorgamiento de la personalidad jurídica, la elección de la directiva con la documentación establecida en el Capítulo IV del antes citado reglamento, para su registro. Cada período de elección de la directiva deberá ser registrada en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, para los fines legales que correspondan.

Artículo 4.- En general la organización social se ajustará al «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», disposiciones legales aplicables y las directrices que emita en este ámbito el Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Artículo 5.- Autorizar a la ASOCIACIÓN CULTURAL «COLORES PARA LA PAZ ECUADOR» para que realice las actividades estipuladas en los fines y objetivos constantes en su Estatuto; debiendo cumplir además con las disposiciones contenidas en «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales».

DISPOSICIÓN GENERAL.- Para la solución de los conflictos y controversias internas, los asociados en primer lugar buscarán como medios de solución el diálogo conforme a sus normas estatutarias; de persistir las discrepancias podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos o a través del ejercicio de las acciones que la Ley les faculta ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.

Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de la publicación de un extracto del mismo en el Registro Oficial. Notifíquese su contenido a la organización social ASOCIACIÓN CULTURAL «COLORES PARA LA PAZ ECUADOR».

Del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, encárguese la Coordinación General Jurídica.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 11 días del mes de mayo del 2018.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

Registro Oficial N° 362 Miércoles 7 de noviembre de 2018 – 13

N° 249

GRAD. (sp) Oswaldo Jarrín Román MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

Considerando:

Que, el artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece como uno de los deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales en particular la educación;

Que, el artículo 26 ibídem señala: «La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo » en concordancia con lo señalado en el artículo 28 de la citada normativa, mismo que establece que: «La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna «;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 28 prescribe que la educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos y que se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso a esta sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente;

Que, el artículo 47, numeral 7 Ibídem, establece: «Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo «;

Que, el inciso número 2 del artículo 160 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones,

(…)”;

Que, el artículo 154 Ibídem, dispone que las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: «1. Ejercer la rectoría de la políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…) «;

Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, establece entre las atribuciones y obligaciones del

Ministro de Defensa Nacional, establece: «(…) g) Expedir las normas, acuerdos, reglamentos internos de gestión de aplicación general en las tres Ramas de las Fuerzas Armadas, así como los reglamentos internos de gestión de cada Fuerza (…) «;

Que, el artículo 54 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) determina que en cuanto a su financiamiento los establecimientos que se hallan dirigidos o regentados por las Fuerzas Armadas o Policía Nacional se acogerán al mismo régimen financiero de las instituciones educativas fiscomisionales;

Que, el artículo 7 ibídem; literal k) dispone que los estudiantes tienen derecho a «Recibir becas, permisos especiales, auspicios y apoyos para sus representaciones nacionales o internacionales, quienes se destaquen en méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza académica intelectual, deportiva y ciudadana»;

Que, la Ley Orgánica de Discapacidades, en el artículo 38.- «Becas.- Aquellas personas con discapacidad en cuya localidad no exista un establecimiento educativo público con servicios adecuados para atender a sus necesidades educativas especiales podrán recibir del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, becas y créditos educativos, a fin de que asistan a una institución educativa particular o fiscomisional que sí ofrezca los servicios adecuados, de conformidad con la normativa específica que se expida para el efecto (…) «;

Que, el Código de la Niñez y Adolescencia señala que el interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento;

Que, el artículo 118 del Reglamento General a la LOEI, determina que: «Cobro de pensiones y matrículas. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional debe definir rangos para el cobro de pensiones y matrículas, en los que se deben ubicar las instituciones educativas particulares y fiscomisionales del Sistema Educativo Nacional, en función del cumplimiento de los estándares de calidad educativa y otros indicadores que consten en la normativa de aplicación obligatoria expedida para el efecto»;

Que, el artículo 127 ibídem, indica: Los deberes y atribuciones de las Juntas Distritales Reguladoras de Pensiones y Matrículas de la Educación Particular y Fiscomisional. Son deberes y atribuciones de las Juntas Distritales: numeral 4. «Aprobar, mediante resolución motivada, y previo estudio respectivo, a qué rango corresponde cada establecimiento particular o fiscomisional; y (…) «;

Que, el artículo 134 del Reglamento a la LOEI, en lo referente a BECAS establece: «Los establecimientos educativos particulares y fiscomisionales concederán becas a estudiantes de escasos recursos en una proporción de por lo menos el cinco por ciento (5 %) del monto total que perciben anualmente por concepto de matrícula y

14 – Miércoles 7 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 362

pensiones. Para el efecto, se considerarán becados a los estudiantes que cancelen entre el cero por ciento y el cincuenta por ciento (0%- 50%) de los valores de matrícula y pensiones.»;

Que, la Ley de reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, en su Disposición Final, Primera, de los ex­combatientes, establece: «(…) 1. El Estado asignará cupos anuales para becas de estudio completas a los excombatientes y a sus hijas e hijos menores de edad y mayores de edad con discapacidad total o parcial permanente que en su calidad de estudiantes, (…) «;

Que, en las DISPOSICIONES FINALES de la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, Registro Oficial 399 de 09 de marzo del 2011, dispone : «SEGUNDA.- Todas aquellas personas beneficiarías por la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico de 199, publicado en el Registro Oficial N» 666 de marzo 31 de 1995 y sus Reformas, con excepción de las establecidas en el Artículo 7 de dicha Ley; y quienes hayan recibido la condecoración «Cruz de Guerra «, serán acreedoras a todos los beneficios que la presente Ley contempla para los héroes y heroínas nacionales. (…) «.

Que, la Ley del Deporte en su artículo 106: de las becas.-«El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE), desarrollará un programa especial para el otorgamiento de becas para las y los deportistas de nivel formativo y alto rendimiento, preseleccionados por el Ministerio Sectorial», en concordancia con lo descrito en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI); literal k);

Que, con los Acuerdos Ministeriales N°. MINEDUC- ME-2015-00103-A, MINEDUC-ME-2015-00104-A, MINEDUC-ME-2015-00105-A, MINEDUC-ME-2015-00106-A, MINEDUC-ME2015-00107-A, de 05 de mayo de 2015; y MINEDUC-ME-2015-00108-A del 8 de mayo de 2015, en concordancia con lo señalado en el artículo 54 de la LOEI se incorporó al régimen fiscomisional a las siguientes instituciones educativas: Colegio Militar COMIL 3 «HÉROES DEL 41», Unidad Educativa «Comandante Rafael Andrade Lalama», Unidad Educativa «FAE Nro.3 TAURA», Colegio Militar COMIL 4 «Abdón Calderón», Unidad Educativa Liceo Naval «Comandante César Endara Peñaherrera», y Colegio Militar COMIL 1 «Eloy Alfaro» respectivamente;

Que, con Acuerdos Ministeriales Nro. MINEDUC-ME-2016-00025-A, de fecha 02 de marzo de 2016; acuerda: «(…) artículo 1.- DISPONER el cambio de nominación de las siguientes Instituciones Educativas Fiscomisionales regentadas por las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa Nacional: 1.- Unidad Educativa Fiscomisional Colegio Militar COMIL No. 3 «HÉROES DEL 41», por: Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar No. 3 «HÉROES DEL 41»; 2.- Unidad Educativa Fiscomisional «COMANDANTE RAFAEL ANDRADE LALAMA», por: Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Liceo Naval Guayaquil «COMANDANTE RAFAEL ANDRADE LALAMA»; 3.- Unidad Educativa Fiscomisional «FAE No.

3 TAURA», por: Unidad Educativa de Fuerzas Armadas «FAE No. 3 TAURA»; 4.- Unidad Educativa Fiscomisional Colegio Militar COMIL No. 4 «ABDON CALDERÓN», por: Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar No. 4 «ABDON CALDERÓN»; 5.- Unidad Educativa Fiscomisional Liceo Naval «COMANDANTE CESAR ENDARA PEÑAHERRERA» por: Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Liceo Naval Quito «COMANDANTE CESAR ENDARA PEÑAHERRERA»; y, 6- Unidad Educativa Fiscomisional Colegio Militar COMIL No. 1 «ELOY ALFARO» por: Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar No. 1 «ELOY ALFARO»

Art. 2.- CONFIRMAR Y RATIFICAR que las instituciones educativas regentadas por las Fuerzas Armadas son instituciones educativas públicas, que se acogen al régimen fiscomisional únicamente en el aspecto financiero, en observancia con lo determinado en el segundo inciso del Art. 54 de la LOEI; para su administración el Ministerio de Defensa Nacional, como entidad regente, establecerá la estructura financiera que sea necesaria en coordinación con el Ministerio de Finanzas. «;

Que, el Ministerio de Educación con Acuerdo N° MINEDUC-2017- 00006-A de 26 de enero de 2017, expidió el Reglamento que establece los parámetros generales para cobro de matrículas y pensiones por parte de los establecimientos educativos particulares y los cobros por servicios educativos por parte de los establecimientos fiscomisionales del país con el fin de transparentar la estructura y componentes del costo de la educación;

Que, el Ministerio de Educación mediante Memorán-dum N° MINEDUC-SASRE-2018- 00157-M del 05 de abril de 2018, dispone: «(…) algunos de los documentos podrán ser solicitados por las Instituciones Educativas como requisitos previos a la aplicación de becas estudiantiles, descuentos o como requisitos de las Instituciones Educativas que cobran pensiones diferenciadas (…) «;

Que, mediante Acuerdo Ministerial N° 128 de 12 de abril de 2017, el Ministro de Defensa Nacional expidió el Instructivo para Regular y Estandarizar el Proceso de Admisión de Estudiantes a las Unidades Educativas de las Fuerzas Armadas;

Que, mediante Acuerdo Ministerial N° 127 de 19 de junio de 2018, publicado en la Orden General Ministerial N° 080 de la misma fecha, el señor Ministro de Defensa Nacional expidió el Reglamento para Regular y Estandarizar el Proceso de Admisión, Asignación de Becas y Descuentos para los Estudiantes de las Unidades Educativas de Fuerzas Armadas;

Que, el artículo 6 del Reglamento para Regular y Estandarizar el Proceso de Admisión, Asignación de Becas y Descuentos para los Estudiantes de las Unidades Educativas de Fuerzas Armadas establece las Unidades Educativas de las Fuerzas Armadas en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento a la Ley de Educación Intercultural, la Ley Orgánica de Discapacidades, la Ley de Héroes y Heroínas Nacionales y Excombatientes y el Instructivo de aplicación de las becasen instituciones

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particulares y fiscomisionales de noviembre de 2017, emitido por la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de Educación del MINEDUC , concederá varios tipos de becas en una proporción de por lo menos de un 5 % del valor total anual correspondiente por concepto de matrículas y pensiones;

Que, el señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante oficio N° 2018-CCFFAA-JCC-3374 de 07 de septiembre de 2018, solicita agregar un literal al Acuerdo Ministerial N° 127 de 19 de junio de 2018, el artículo 6 mencionando lo siguiente: «6.7. Para los fallecidos en actos de servicio.- Sobre el otorgamiento de becas de estudio para hijos de personal militar fallecidos en actos de servicio, el cual tendrá vigencia hasta culminar el tercer año de bachillerato y cubrirá el costo de la matrícula y las pensiones respectivas en las Unidades Educativas de FF.AA. Para acogerse a este tipo de beca deberá contar con un informe oficial emitido por el Ministerio de Defensa que certifique que el fallecimiento del personal militar fue en actos de servicio «; y;

Que, mediante memorando N° MDN-SUD-2018-0457-ME 14 de septiembre de 2018, el señor Subsecretario de Desarrollo de Apoyo al Desarrollo Sector Defensa, en base a la petición a la formulada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, solicita se proceda con la reforma del Acuerdo Ministerial Acuerdo Ministerial N° 127 de 19 de junio de 2018.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en la Constitución de la República del Ecuador y, de conformidad con lo dispuesto en las letras a) y g) del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.

Acuerda:

Art. 1.- Reformar el artículo 6 del Reglamento para Regular y Estandarizar el Proceso de Admisión, Asignación de Becas y Descuentos para los Estudiantes de las Unidades Educativas de Fuerzas Armadas:

En el artículo 6, al final del número 6.6 incorpórese lo siguiente:

«6.7. Para los fallecidos en actos de servicio y/o cumplimiento del deber.- Sobre el otorgamiento de becas de estudio para hijos de personal militar fallecidos en actos de servicio, el cual tendrá vigencia hasta culminar el tercer año de bachillerato y cubrirá el costo de la matrícula y las pensiones respectivas en las Unidades Educativas de FF.AA. Para acogerse a este tipo de beca deberá contar con un informe oficial y la certificación emitida por los Comandantes Generales de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, que el fallecimiento del personal militar fue en actos de servicio».

Art. 2.- El presente Acuerdo Ministerial, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el registro Oficial y en la Orden General Ministerial; de su ejecución encárguese a los Rectores de las Unidades Educativas de Fuerzas Armadas.

Publíquese y Comuníquese.

Dado en el Ministerio de Defensa Nacional, Quito D.M., a 28 de septiembre de 2018.

f.) GRAD. (sp) Oswaldo Jarrín Román, Ministro de Defensa Nacional.

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CERTIFICO: Que el documento que en 05 (cinco) fojas útiles antecede, contiene copias certificadas del «ACUERDO MINISTERIAL Nro. 249 de 28 de septiembre de 2018», publicado en la Orden General Ministerial N° 140, de la misma fecha, cuyo original reposa en la Di­rección de la Secretaría General de esta Cartera de Estado.

Quito, D.M. 01 de octubre de 2018.

f.) Ing. Andrea Isabel Cevallos Atiencia, Directora de Secretaría General, Subrogante.

OBSERVACIÓN: La Dirección de Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional no se responsabiliza por la autenticidad validez o licitud de la documentación presentada para la certificación por parte de la Unidad Administrativa que la custodie así como tampoco por el uso fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

N° 250

GRAD. (sp) Oswaldo Jarrín Román MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

Considerando:

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. […]”;

Que, el artículo 226 ibídem, determina: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.»;

Que, el artículo 227 ibídem, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

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Que, el artículo 229 ibídem, determina: «Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público […]»;

Que, el artículo 233 ibídem, establece: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados a las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita, y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción; estarán impedidos para ser candidatos a cargos de elección popular, para contratar con el Estado, para desempeñar empleos o cargos públicos y perderán sus derechos de participación establecidos en la presente Constitución. «;

Que, el artículo 288 ibídem, determina: «Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas»;

Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, señala: «Las atribuciones y obligaciones del Ministro de Defensa Nacional, son: […] b) Ejercer la representación legal del Ministerio de Defensa Nacional y de las Ramas de las Fuerzas Armadas […] m) Delegar su representación legal al Subsecretario General, al Jefe del Comando Conjunto, Comandantes de Fuerza, subsecretarios y otras autoridades, de conformidad con el Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, para firmar convenios, contratos y desarrollar actos administrativos […]”;

Que, la Disposición General Segunda, ibídem, manifiesta: «La Orden General, es el documento oficial del Ministerio de Defensa Nacional, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de las Comandancias Generales de Fuerza, en la que se publican los decretos, acuerdos, resoluciones y más aspectos relacionados con el desenvolvimiento institucional. «;

Que, el Código Orgánico Administrativo, en el artículo 7, preceptúa lo siguiente: «Principio de desconcentración.

La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva defunciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas. «;

Que, el artículo 15, ibídem, determina lo siguiente: «Principio de responsabilidad. El Estado responderá por los daños como consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u omisiones de sus servidores públicos o los sujetos de derecho privado que actúan en ejercicio de una potestad pública por delegación del Estado y sus dependientes, controlados o contratistas. El Estado hará efectiva la responsabilidad de la o el servidor público por actos u omisiones dolosos o culposos. No hay servidor público exento de responsabilidad. «;

Que, el artículo 47 ibídem, preceptúa lo siguiente: «Representación legal de las administraciones públicas. La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley. «;

Que, el artículo 68 ibídem, establece: «Transferencia de la competencia. La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los términos previstos en la ley. «;

Que, el artículo 69 ibídem, contempla: «Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes. 2. Otros órganos o entidades de otras administraciones. 3. Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan. 4. Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos. 5. Sujetos de derecho privado, conforme con la ley de la materia. La delegación de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia.»;

Que, el artículo 70 ibídem, establece: «Contenido de la delegación. La delegación contendrá: 1. La especificación del delegado. 2. La especificación del órgano delegante y la atribución para delegar dicha competencia. 3. Las competencias que son objeto de delegación o los actos que el delegado debe ejercer para el cumplimiento de las mismas. 4. El plazo o condición, cuando sean necesarios. 5. El acto del que conste la delegación expresará además lugar, fecha y número. 6. Las decisiones que pueden adoptarse por delegación. La delegación de competencias y su revocación se publicarán por el órgano delegante, a través de los medios de difusión institucional. «;

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Que, el artículo 71 ibídem, señala: «Efectos de la delegación. Son efectos de la delegación: 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda. «;

Que, el artículo 72 ibídem, determina: «Prohibición de delegación. No pueden ser objeto de delegación: 1. Las competencias reservadas por el ordenamiento jurídico a una entidad u órgano administrativo específico. 2. Las competencias que, a su vez se ejerzan por delegación, salvo autorización expresa del órgano titular de la competencia. 3. La adopción de disposiciones de carácter general. 4. La resolución de reclamos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de dicho reclamo. En ningún caso, el objeto de la delegación de gestión puede referirse a prestaciones en los contratos públicos, cuando se la instrumenta con respecto a una contraprestación dineral. «;

Que, el artículo 73 ibídem, preceptúa: «Extinción de la delegación. La delegación se extingue por: 1. Revocación. 2. El cumplimiento del plazo o de la condición. El cambio de titular del órgano delegante o delegado no extingue la delegación de la competencia, pero obliga, al titular que permanece en el cargo, a informar al nuevo titular dentro los tres días siguientes a la posesión de su cargo, bajo prevenciones de responsabilidad administrativa, las competencias que ha ejercido por delegación y las actuaciones realizadas en virtud de la misma. En los casos de ausencia temporal del titular del órgano competente, el ejercicio de funciones, por quien asuma la titularidad por suplencia, comprende las competencias que le hayan sido delegadas. «;

Que, el artículo 78 ibídem, al referirse a la avocación, dispo­ne: «Alcance. Los órganos superiores pueden avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda, ordinariamente o por delegación, a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente o necesario. La avocación se notificará a los interesados en el procedimiento, con anterioridad a la expedición del acto administrativo. «;

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, en el artículo 4 establece: «Servidoras y servidores públicos.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.»;

Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en el artículo 7 letra a) número 2, señala lo siguiente: «El Directorio de las empresas estará integrado por: a) Para el caso de empresas creadas por la Función Ejecutiva: […] 2. La o el titular del Ministerio del ramo correspondiente, o su delegada o delegado permanente […]»;

Que, el artículo 8 ibídem, preceptúa: «En las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva, las funciones de Presidenta o Presidente del Directorio las ejercerá el Ministro del ramo correspondiente o su delegada o delegado permanente […]»;

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el artículo 6 número 9a, señala: «Delegación.-Es la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado. Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública. La resolución que la máxima autoridad emita para el efecto podrá instrumentarse en decretos, acuerdos, resoluciones, oficios o memorandos y determinará el contenido y alcance de la delegación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, de ser el caso. Las máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable. En el ámbito de responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia»;

Que, el artículo 61, ibídem, dispone: «Delegación.- Si la máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la suscripción de los contratos a funcionarios o empleados de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a funcionarios o empleados de otras entidades del Estado, deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesario publicarla en el Registro Oficial, debiendo darse a conocer en el Portal COMPRAS PUBLICAS. Esta delegación no excluye las responsabilidades del delegante. Para la suscripción de un contrato adjudicado no se requerirá de autorización previa alguna. «;

Que, la Ley de Personal de Fuerzas Armadas, en el artículo 25 número 2, preceptúa: «El grado militar y la clasificación por su formación se otorgarán: […] 2. A los Oficiales Superiores: Coroneles y Capitanes de Navío, Tenientes Coroneles, Capitanes de Fragata, Mayores y Capitanes de Corbeta y a los Oficiales Subalternos mediante Acuerdo Ministerial. […]»‘,

Que, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en el artículo 38, establece: «De las zonas de seguridad: Zonas de seguridad de fronteras y áreas reservadas de seguridad. -Por zona de seguridad se entiende el espacio territorial ecuatoriano cuya importancia estratégica, características y elementos que la conforman, requieren de una regulación especial con la finalidad de garantizar la protección de esta zona ante eventuales graves afectaciones o amenazas a la seguridad objeto de esta ley. Son sujetos de regulación especial los bienes, espacios geográficos, servicios y actividades que se encuentren en esta zona. El Plan Nacional de Seguridad Integral considerará las acciones de prevención y protección para la seguridad de las fronteras del país. Son zonas de seguridad, las de frontera y las áreas reservadas de seguridad que establezca el Presidente o Presidenta de la República, por recomendación del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, previo informe elaborado por el Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces. «;

Que, el artículo 40 ibídem, dispone: «De la prohibición a extranjeros.- Se prohíbe a las personas naturales o

18 – Miércoles 7 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 362

jurídicas extranjeras y a las personas jurídicas nacionales conformadas por uno o más personas naturales o jurídicas extranjeras, la posesión, adquisición y concesiones de tierras en las zonas de seguridad de frontera y en las áreas reservadas de seguridad, con excepción de los espacios poblados y urbanos ubicados en dichas zonas. Se exceptúan también las adquisiciones de tierras y concesiones realizadas por: 1. Matrimonios y uniones de hecho legalmente reconocidos, de ecuatorianas y ecuatorianos con extranjeros, cuya sociedad conyugal y de hecho tengan por lo menos 5 años de duración; y, 2. Personas jurídicas nacionales cuyos socios extranjeros se encuentren domiciliados en el país por el lapso de por lo menos 5 años, continuos e ininterrumpidos. El reglamento a esta ley definirá los términos de su aplicación»;

Que, la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales en la Disposición Final Primera establece: «Todas aquellas personas beneficiadas por la Ley Especial de Gratuidad y Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico de 1995, publicado en el Registro Oficial N» 666 de 31 de marzo de 1995 y sus reformas; y, quienes estén registrados en las órdenes generales del Ministerio de Defensa Nacional como combatientes en el conflicto de 1981 (…) «;

Que, el Reglamento General a la ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, en la Disposición General Primera señala: «Para el cumplimiento de la Disposición Final Primera de la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, el Ministerio de Defensa Nacional entregará una certificación a todas las personas beneficiarías y remitirá al CPCCS, periódicamente, la nómina a las autoridades e instituciones públicas responsables de la ejecución de los beneficios»;

Que, el Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en el artículo 47, establece: «Excepción a la prohibición.- Para que opere la excepción prevista en el Artículo 40 de la Ley, el Ministerio de Coordinación de Seguridad deberá expedir la correspondiente autorización, en base al informe del Ministerio de Defensa Nacional.»;

Que, el artículo 15 del Decreto Ejecutivo N° 64 de 6 de julio de 2017, dispone lo siguiente: «En el Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, expedido mediante Decreto Ejecutivo N» 486 de 24 de septiembre de 2010, publicado en el Registro Oficial 290 de 30 de septiembre de 2010, Sustitúyase las denominaciones: «Ministerio Coordinador de Seguridad» y «Ministro Coordinador de Seguridad», por la denominación: «Ministerio de Defensa Nacional»;

Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el artículo 4, señala: «Delegación.- En aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en este Reglamento General, aún cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. La Resolución que la máxima autoridad emita para el efecto, determinará el contenido y alcance de la delegación. Las

máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable. En el ámbito de responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia»;

Que, el Reglamento Sustitutivo para Contrataciones de Bienes Estratégicos y Prestaciones de Servicios Conexos Necesarios para la Defensa Nacional, en el artículo 16 dispone: «Del Comité de Contrataciones.- Es el organismo responsable de llevar adelante la etapa precontractual hasta la adjudicación de bienes estratégicos y de los servicios conexos para la defensa nacional y estará integrado de la siguiente manera: 1. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado quien tendrá cargo de Subsecretario, presidirá el Comité; y, tendrá voto dirimente. […]”;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en el artículo 17, dispone: «De los Ministros.- Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial. El funcionario a quien el Ministro hubiere delegado sus funciones responderá directamente de los actos realizados en ejercicio de tal delegación»;

Que, el artículo 155 ibídem, manifiesta: «Terminación convencional. 1. La Administración Pública está facultada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, a celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin […]»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 382 de 27 de abril de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República, designó como Ministro de Defensa Nacional al señor GRAD. (sp) Raúl Oswaldo Jarrín Román;

Registro Oficial N° 362 Miércoles 7 de noviembre de 2018 – 19

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 462 de 1 de agosto de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República dispone que los directorios de las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva, estarán integrados por la o el titular del Ministerio de ramo correspondiente, o su delegada o delegado permanente, quien lo presidirá; y,

Que, mediante Acuerdo Ministerial N° 235 de 20 de septiembre de 2018, publicado en Orden General Ministerial N° 134 de la misma fecha, el señor Ministro de Defensa Nacional, delegó el ejercicio de sus atribuciones a favor de las distintas autoridades civiles y militares del Ministerio de Defensa Nacional, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Naval, Aérea y Terrestre; y, entidades dependientes y adscritas.

En ejercicio de las atribuciones previstas en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, el Código Orgánico Administrativo, la Ley Orgánica del Servicio Público, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Ley de Personal de Fuerzas Armadas, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, el Reglamento Sustitutivo para la Contratación de Bienes Estratégicos y Prestación de Servicios Conexos Necesarios para la Defensa, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado;

Acuerda:

Art. 1.- Reformar el Acuerdo Ministerial N° 235 de 20 de septiembre de 2018, publicado en Orden General Ministerial N° 134 de la misma fecha.

1.1 En el artículo 1 a continuación del número 5 incorpórese el siguiente numeral:

«6. Autorizar el gasto correspondiente a la caja chica del Despacho Ministerial y del Viceministerio. La administración del Fondo de Caja Chica se realizará de conformidad con el Reglamento destinado para el efecto «

1.2 En el artículo 2 número 4 a continuación de la frase «(…) del Sector Público. «, añádase el siguiente texto:

«y privadas de conformidad a lo establecido con la normativa legal vigente»

1.3 En el artículo 2 a continuación del número 5, incorpórese el siguiente numeral:

«6. Autorizar el uso de medios de transporte de Fuerzas Armadas a la Administración Pública Central, Institucional y que dependan de la Función Ejecutiva, incluida la Banca Pública, Empresas Públicas y las máximas autoridades de las Funciones Legislativa, Judicial, de Transparencia y Control Social y Electoral, de conformidad a la normativa legal vigente «.

1.4 En el artículo 8 número 1 Sustitúyase la palabra «gasto » por la siguiente:

«pago»

1.5 Elimínese el artículo 9.

1.6 Sustitúyase en el «ANEXO 1» del artículo 17 relacionado a «ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (ARRENDADOR O ARRENDATARIO)» «TODO MONTO» la siguiente frase: «MIDENA: DIRECTOR/A DE CATASTROS», por la siguiente:

«MIDENA: SUBSECRETARIO/A DE GABINETE MINISTERIAL»

Art. 2.- El presente Acuerdo Ministerial, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el registro Oficial y en la Orden General Ministerial.

Publíquese y Comuníquese.

Dado en el Ministerio de Defensa Nacional, Quito D.M., a 03 de octubre de 2018.

f.) GRAD. (sp) Oswaldo Jarrín Román, Ministro de Defensa Nacional.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CERTIFICO: Que el documento que en 09 (nueve) fojas útiles antecede, contiene copias certificadas del «ACUERDO MINISTERIAL Nro. 250 de 03 de octubre de 2018», publicado en la Orden General Ministerial No. 143, de la misma fecha, cuyo original reposa en la Dirección de la Secretaría General de esta Cartera de Estado.

Quito, D.M. 03 de octubre de 2018.

f.) Ing. María Bélen Yánez Miranda, Directora de Secretaría General.

OBSERVACIÓN: La Dirección de Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional no se responsabiliza por la autenticidad validez o licitud de la documentación presentada para la certificación por parte de la Unidad Administrativa que la custodie así como tampoco por el uso fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

N° 0390

Dr. Mauro Toscanini MINISTRO DEL INTERIOR

Considerando:

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, en su parte pertinente señala: «El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa […]»;

20 – Miércoles 7 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 362

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que a los ministros de Estado les corresponde: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. «;

Que, el numeral 5 del artículo 326 de la norma ibídem, establece: «Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar»;

Que, el literal k) del artículo 11 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 584, establece: «Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo […]»;

Que, el artículo 16 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 584, señala: «Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el tamaño de la Institución, de manera individual o colectiva, deberán instalar y aplicar sistemas de respuesta a emergencias derivadas de incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor»;

Que, el artículo 18 de la norma ibídem, en su parte pertinente señala: «Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar. Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control de la salud en materia de prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo «;

Que, el literal 1) del artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), determina que son derechos de las y los servidores públicos i: «l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar […]»;

Que, el artículo 11 de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, establece: «Las entidades públicas e Instituciones privadas, con la participación activa de las y los empleadores, empleados y trabajadores, desarrollarán de prevención integral al uso y consumo de drogas, a ser ejecutados obligatoriamente en los lugares de trabajo, por personal calificado, a fin de fomentar un ambiente saludable y de bienestar laboral. La Autoridad Nacional del Trabajo regulará y controlará el cumplimiento de estos programas «;

Que, el artículo 229 del Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público señala: «Las instituciones que se encuentran comprendidas en el ámbito de la LOSEP deberán implementar un plan de salud ocupacional integral que tendrá carácter esencialmente preventivo y

de conformación multidisciplinaria; este servicio estará integrado por los siguientes elementos: a) Medicina preventiva y del trabajo b) Higiene ocupacional c) Seguridad ocupacional d) Bienestar social […]»;

Que, el artículo 231 del Reglamento a la LOSEP, respecto a la higiene ocupacional, establece: «El plan de salud ocupacional comprenderá un programa de higiene ocupacional tendiente a identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de las y los servidores y obreras u obreros»

Que, el artículo 232 de la norma ibídem establece: «Las instituciones que se encuentran en el ámbito de la LOSEP, deberán elaborar y ejecutar en forma obligatoria el Plan Integral de Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos, que comprenderá las causas y control de riesgos en el trabajo, el desarrollo de programas de inducción y entrenamiento para prevención de accidentes, elaboración y estadísticas de accidentes de trabajo, análisis de causas de accidentes de trabajo e inspección y comprobación de buen funcionamiento de equipos, que será registrado en el Ministerio del Trabajo «;

Que, el artículo 410 del Código del Trabajo, en su parte pertinente indica: «Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida […]»;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), establece que: «Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Número 2393 IESS, publicado en el Registro Oficial Nro. 565, de 17 de noviembre de 1986, se expidió el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, reformado el 21 de febrero de 2003, mismo que en su numeral 12 del artículo 11 señala: «Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la Institución. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Institución, dejando constancia de dicha entrega «;

Que, el artículo 14 de la norma ibídem, establece: «En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente […]»;

Que, el artículo 15 del referido Reglamento, establece: «En las Instituciones peranentes que cuenten con cien o más

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trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de la Institución o entidad […]»;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-20 17-0082, de 11 de mayo de 2017, publicado en el Registro Oficial Nro. 16, de 16 de junio de 2017, en su artículo 9, se establece: «En todas las Instituciones e instituciones públicas y privadas, que cuenten con más de 10 trabajadores, se deberá implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales, en base a los parámetros y formatos establecidos por la Autoridad Laboral, mismo que deberá contener acciones para fomentar una cultura de no discriminación y de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. El programa deberá ser implementado y reportado cada año al Ministerio Rector del Trabajo, por medio del sistema que se determine para el efecto «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 382 de 27 de abril 2018, el señor Presidente de la República del Ecuador nombró Ministro del Interior al señor Mauro Toscanini;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-0135, de 24 de agosto del 2017, El Ministerio del Trabajo, en el artículo 10, indica: «Obligaciones en materia de seguridad, salud del trabajo y gestión de riesgos. El empleador deberá efectuar el registro, aprobación notificación y/o reporte de obligaciones laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo «;

Que, el artículo 1.3.2.1.3. del Acuerdo Ministerial Nro… 0340, de 12 de septiembre de 2017, publicado en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 112, de 13 de octubre de 2017, mediante el cual se emitió el Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Interior, respecto a la Gestión de Administración del Talento Humano, específicamente a las Atribuciones y Responsabilidades de la Unidad de Gestión de Bienestar Social, Higiene y Seguridad, en el numeral 4, determina que será la encargada de emitir: «Reglamentos, manuales, instructivos y procedimientos en materia de Higiene y Seguridad, Gestión de Riesgos e Investigación de Accidentes «;

En ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, y artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:

Expedir el Reglamento de Higiene y Seguridad del Ministerio del Interior, de conformidad con las siguientes disposiciones:

Artículo 1. Objeto.- Implementar y fomentar una cultura organizacional en materia de Higiene y Seguridad, que permita a los servidores públicos y trabajadores disminuir los riesgos laborales y proveer un entorno saludable.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad

laboral, dependencias, servidores públicos y trabajadores del MINISTERIO DEL INTERIOR, de conformidad con lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código de Trabajo.

Artículo 3. Políticas de higiene y seguridad en el trabajo.- Se establecen como políticas del Ministerio del Interior, las siguientes:

1. Planificar recursos económicos, técnicos y humanos necesarios para la implementación de programas, campañas y charlas informativas referentes a higiene y seguridad; y,
2. Ejecutar programas educativos y campañas de seguridad y salud con el propósito de contribuir a la creación de una cultura de prevención, en las y los servidores y trabajadores de esta Cartera de Estado.

GLOSARIO DE DEFINICIONES:

Para efectos de tener el conocimiento sobre la terminología empleada en este reglamento, se define los siguientes conceptos:

Actividades complementarias: Aquellas determinadas por el Mandato Constituyente 8 (Suplemento del Registro Oficial 330, 6-V-2008).

Lugar de Trabajo: Todo sitio o área donde los servidores y trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir por razón del mismo

Empleador: Toda persona física o jurídica que emplea a uno o varios servidores y trabajadores, delegado por el Ministerio del Interior.

Trabajador: Persona que presta sus servicios retribuidos subordinados a otra persona o una Institución.

Servidores o servidoras: Todas las personas que en cualquier forma o cualquier título trabajan, prestan servicios o ejercen un cargo, función o dignidad dentro del sector público.

Salud: Es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos y factores que afectan negativamente el estado físico o mental de la persona y están directamente relacionados con los componentes del ambiente del trabajo.

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores

Quedan específicamente incluidos en esta definición:

1. Las características generales de las edificaciones, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo;

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2. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia;
3. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores; y
4. La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos y psicosociales.

Peligro: Amenaza de accidente o de daño para la salud.

Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso cause enfermedad o lesión.

Medidas de Prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de parte de los empleadores.

Equipos de Protección Personal: Los equipos específicos destinados a ser utilizados adecuadamente por los obreros y obreras para que los protejan de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud.

Comité de Higiene y Seguridad: Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores. Con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la institución en materia de prevención de riesgos.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud : Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social institucional, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad de las instituciones en el mercado.

Servicio Médico del Ministerio del Interior: Se llamará bajo esta denominación al Servicio Médico Institucional, que se define como el conjunto de dependencias del Ministerio del Interior que tiene funciones esencialmente preventivas y que está encargado de asesorar al empleador, a los trabajadores, servidores y a sus representantes a cerca de:

1. Los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y mental óptima en relación con el trabajo;

II. La adaptación del trabajo a las capacidades de los servidores y trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental.

Incidente Laboral: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de trabajo: es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.

Enfermedad Profesional: Enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral.

Mapa de Riesgos: Compendio de información organizada y sistematizada geográficamente a nivel nacional, Subregional y/o local sobre las amenazas, incidentes o actividades que son valoradas como riesgos para la operación segura de una organización.

Salud Ocupacional: Ciencia y técnica que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.

Condiciones de Salud: El conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil socio demográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

Artículo 4.- Obligaciones del Ministerio del interior.-

La Dirección de Administración de Talento Humano, a través de la Unidad de Gestión de Bienestar Social, Seguridad y Salud Ocupacional, como responsabilidad social e institucional, adoptará las siguientes medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales:

1. Es obligación del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional o responsable, investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva tecnología.
2. El Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional o responsable, deberá elaborar y entregar el reporte de notificación de todo accidente con baja, es decir, que causare la pérdida de más de una jornada laboral. Dicho reporte, deberá ser reportado a través de la página web

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del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social/ Riesgos del Trabajo, en el término de diez (10) días, contados desde la fecha del siniestro, posteriormente se enviará el informe ampliatorio. En caso de ser un accidente que involucre a un tercero, bajo la modalidad de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos Especializados o Instituciones Contratistas, los representantes de dichas Instituciones, deberán proceder con la notificación de acuerdo con lo indicado anteriormente, en un plazo máximo de diez días después de ocurrido el accidente, el empleador, el afiliado o un familiar deberán notificar al IESS, a través del formulario de aviso de accidente de trabajo en línea en el área de Avisos de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de manera online. La notificación será en un plazo máximo de diez días después de la evaluación médica inicial de una probable enfermedad profesional, el empleador, el afiliado o un familiar notificarán al IESS, a través del formulario de aviso de enfermedad profesional de manera online en el área de Avisos de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la página del IESS.

3. Proponer la política institucional a las máximas autoridades de la Institución o a sus delegados, para la revisión, aprobación y socialización a las y los servidores y trabajadores;
4. Identificar, medir y evaluar los riesgos en forma inicial y periódicamente con la finalidad de realizar acciones preventivas y correctivas;
5. Realizar acciones para minimizar los riesgos identificados en la fuente, medios de trasmisión el servidor y trabajador;
6. Emitir informes técnicos de necesidades para la adquisición de equipos de protección personal adecuados en función de su cargo a desempeñar;
7. Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, al cual tendrán acceso las autoridades correspondientes, servidores y trabajadores;
8. Dar aviso inmediato al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)-Riesgos del Trabajo, de los accidentes laborales y enfermedades profesionales suscitadas;
9. Realizar el procedimiento respectivo establecido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-Riesgos del Trabajo; cuando una o un servidor o trabajador, como consecuencia del trabajo, sufra una incapacidad o enfermedad profesional;
10. Dar seguimiento a los casos especiales cuando se identifique que los puestos de trabajo generen daño a la salud física y mental de las o los servidores y trabajadores;
11. Informar a las y los servidores y trabajadores sobre los riesgos laborales a los que podrían estar expuestos, a fin de prevenirlos;

12. Dar entrenamiento a las o los servidores y trabajadores del Ministerio del Interior para perfeccionar el desarrollo de una actividad en gestión de riesgos, por la cual se desarrolla un plan de entrenamiento a trabajadores especiales para que desarrollen en si la importancia de la gestión de riesgos y ser con eso el efecto multiplicador entre sus compañeros.
13. Fortalecer las capacitaciones en materia de prevención de riesgos laborales, a las y los servidores tomadores de decisión de la institución;
14. Realizar los informes técnicos correspondientes para la aprobación de las jornadas especiales, acorde a la normativa expedida por el Ministerio del Trabajo;
15. Conformar Organismos Paritarios, conforme lo establecido en el Decreto Ejecutivo 2393 articulo 14;
16. Mantener actualizado el Reglamento de Higiene y Seguridad;
17. Proveer a las y los servidores y trabajadores, un ejemplar del Reglamento de Higiene y Seguridad de la institución, dejando constancia de dicha entrega;
18. Realizar inspecciones técnicas para verificar el uso correcto de los equipos de protección personal, el estado de las instalaciones, herramientas y materiales para un trabajo seguro; y,
19. Elaborar el informe técnico mediante el cual se evidencia la necesidad de la conformación del Servicio Médico Institucional.

Artículo 5.- Derechos de los Servidores y Trabajadores del Ministerio del Interior.- Las y los servidores y trabajadores tienen derecho a:

1. Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar.
2. Estar informados de manera oportuna sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan, y las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos.
3. Solicitar a la autoridad competente, la realización de una inspección al centro de trabajo, cuando consideren que existen condiciones inseguras en sus lugares de trabajo.
4. Solicitar el análisis técnico para el cambio de puesto de trabajo por razones de salud, rehabilitación, reinserción y/o readaptación laboral.

Artículo 6.- Obligaciones de los Servidores y Trabajadores del Ministerio del Interior:

Los servidores y trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales:

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1. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud que se apliquen en el lugar de trabajo.
2. Usar adecuadamente los equipos de protección personal, herramientas y materiales de trabajo.
3. Informar a sus jefes inmediatos, sobre cualquier situación que considere un peligro para la vida o la salud de las/los servidores(as) y trabajadores(as).
4. Participar en el proceso de investigación de accidentes laborales y enfermedades profesionales, cuando la autoridad responsable lo requiera o cuando a su parecer los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas de origen.
5. Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los demás servidores y trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus labores.
6. Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que tengan, originadas a consecuencia de las actividades que realizan o de las condiciones y ambiente del trabajo.
7. Participar en los organismos paritarios, programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice la autoridad competente.
8. Informar a la unidad competente sobre posibles riesgos que puedan ocasionar incidentes y/o accidentes laborales.

Artículo 7.- Prohibiciones del Empleador – Servidores y Trabajadores

Prohibiciones del empleador:

1. Obligar a los servidores y trabajadores a laborar en un ambiente insalubre por efecto de polvo, gases o sustancias tóxicas;
2. Permitir el ingreso de armas de fuego o corto punzantes en los centros de trabajo, a excepción del personal encargado de la seguridad de autoridades y la Guardia Ministerial.
3. Permitir que efectúen los trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.
4. Incumplir la Ley, Reglamentos y demás normativa legal vigente emitida por el Ministerio de Trabajo e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-Riesgos del Trabajo.

Prohibiciones de los servidores y trabajadores:

1.- Ningún trabajador y servidor desempeñará sus labores sin el uso de la ropa de trabajo y/o equipo de protección personal.

2.- Negarse a proporcionar información en la recopilación de datos para el informe de accidentes.

Artículo 8.- Responsabilidades del Representante Legal del Ministerio del Interior y Mandos Medios:

Responsabilidad del Representante Legal:

1. Velar por el cumplimiento del marco legal referente a Higiene y Seguridad.
2. Proveer de recursos financieros y humanos para la ejecución del plan integral de Higiene y Seguridad del Ministerio del Interior
3. Controlar la correcta ejecución de la planificación en materia de Higiene y Seguridad.

Artículo 9.- Obligaciones y Responsabilidades de los Técnicos, Responsables o Asesores de los servicios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

Obligaciones del Responsable de la Gestión de Bienestar Social, Seguridad y Salud Ocupacional

1. Asesorar técnicamente al personal directivo del Ministerio del Interior, en la aplicación de los principios de la Higiene y Seguridad y el cumplimiento de las políticas, programas y reglamentos.
2. Informar continuamente sobre la gestión a las autoridades competentes en materia de Higiene y Seguridad.
3. Velar por el correcto cumplimiento del Plan Integral de Higiene y Seguridad.
4. Diseñar estrategias para poner en práctica las normas y procedimientos de Higiene y Seguridad en el ámbito de aplicación del presente reglamento.

Responsabilidades del Responsable de la Gestión de Bienestar Social, Seguridad y Salud Ocupacional

1. Recopilará y procesará la información para la elaboración y difusión de los registros estadísticos en materia de Higiene y Seguridad.
2. Participar en la investigación de incidentes y accidentes laborales y preparar los informes correspondientes.
3. Visitar e inspeccionar periódicamente las instalaciones, edificios, sitios de trabajo pertenecientes al Ministerio del Interior, evaluando acciones inseguras, posibles causas de accidentes y anomalías diversas en relación con la Higiene y Seguridad.
4. Supervisar los trabajos eventualmente peligrosos, dictando las medidas de Higiene y Seguridad específicas y necesarias, para prevenir accidentes y dar las instrucciones al personal para el uso y funcionamiento adecuado del equipo de protección personal (EPP).
5. Colaborar en la constante actualización de los Planes de Emergencia y de Contingencia, y su correcta ejecución.

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6. Colaborar activamente con el Comité y Subcomités de Seguridad e Higiene en sus actividades y responsabilidades.

Artículo 10.- Obligaciones de los Prestadores de actividades complementarias (limpieza y transporte)

1. Se exigirá el cumplimiento laboral, afiliación al IESS y la presentación del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad debidamente aprobado ante el Ministerio del Trabajo.
2. El Ministerio del lnterior exigirá para estos trabajadores, el mismo nivel de prevención y protección que para sus servidores y trabajadores.

Artículo 11.- Responsabilidades y obligaciones en espacios compartidos entre Instituciones.- El Ministerio del Interior al ser una institución estratégica de la Administración Pública Central, cuenta con centros de trabajo que son de único uso de sus funcionarios y no comparte espacios con otras instituciones y/o empresas.

Artículo 12.-Incentivos laborales.-El Ministro del Interior incentivará y motivará a los servidores y trabajadores a que cumplan con las normas de Higiene y Seguridad establecidas por el Ministerio del Interior a través de mecanismos acordados previamente, en lo siguiente:

• Menciones (diplomas, certificados).
• Capacitación (cursos, talleres).

CAPITULO II

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 13.- Organismos Paritarios, funciones y conformación (Comité, Subcomités y/o Delegados).- El Ministerio del Interior por disponer de varios centros de trabajo a nivel nacional, conformará subcomités de Higiene y Seguridad a más del Comité Central, en cada uno de los centros que superen el número de quince o más trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o coordinador; en caso de no reunir el número de trabajadores para conformar el subcomité, los trabajadores elegirán un delegado que los representara para el apoyo y vigilancia de los programas preventivos de Seguridad y Salud.

Conformación del Comité Paritario:

En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores, el Ministerio del Interior organizará un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma

forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el período para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario.

Funciones de los miembros del Comité Paritario:

1. Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos laborales.
2. Analizar y proponer cambios sobre el Reglamento de Higiene y Seguridad del Ministerio Interior, a tramitarse en el Ministerio del Trabajo. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la Institución.
3. Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias.
4. Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la Institución.
5. Realizar sesiones mensuales para el Comité y cada dos meses para los Subcomités.
6. Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los servidores y trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia.
7. Analizar las condiciones de trabajo en la institución y solicitar a sus directivos la adopción de medidas de Salud y Seguridad.
8. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y de la Normativa Legal en materia de Seguridad y Salud.

Artículo 14.- Normas de gestión de riesgos laborales propios del Ministerio del Interior

La Unidad de Gestión de Bienestar Social, Higiene y Seguridad del Ministerio del Interior, realizará continuamente las siguientes acciones correspondientes a la gestión de riesgos:

1. Identificación:

Se identificará los riesgos laborares existentes en cada puesto de trabajo mediante la observación durante las inspecciones técnicas.

2. Medición:

Una vez realizada la priorización de los riesgos, se procederá a la medición de los factores de riesgos intolerables e importantes, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales.

3. Evaluación:

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no

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hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que la máxima autoridad o su delegado/a estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas correctivas.

4. Control (Fuente, medio, receptor)

Sobre el control de riesgo se analizará el funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento de las medidas de protección, para determinar y ajustar sus deficiencias mediante la fuente, medio y receptor.

5. Planificación

Una vez llevada a cabo la evaluación de riesgos y en función de los resultados obtenidos, se procederá a realizar un plan de intervención correctivo.

6. Ejecución

Siguiendo el ciclo de Deming, (planificar-hacer-verificar-actuar) se ejecutarán las medidas de prevención planificadas de acuerdo al cronograma de actividades, tomando en cuenta los riesgos considerados críticos, con evaluaciones mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.

7. Seguimiento y mejora continúa

De la ejecución planificada, evaluaciones y de los resultados obtenidos por medio del ciclo de Deming, se realizará un seguimiento de las acciones correctivas implementadas sobre los riesgos identificados.

Artículo 15.- Vigilancia de la Salud Ocupacional

1. Exámenes médicos y de aptitud.- El Ministerio del Interior, será responsable de que los servidores y trabajadores se sometan a los exámenes médicos de pre empleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores, tales exámenes serán practicados, preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores y/ servidores, en la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo.

1.1 Exámenes para admisión de personal o de ingreso.-

Estos exámenes se realizarán con el fin de determinar las condiciones de salud de la/el servidor(a) y trabajador(a) al momento de su ingreso a la Institución, para prevenir la incompatibilidad entre él y los riesgos a que estará sometido en el cargo que desempeñe.

1.2 Exámenes periódicos.- Se realizarán al personal con una periodicidad que dependerá de la evaluación de riesgos, para establecer los efectos causados por las fuentes de riesgo a los que han sido expuestos, estos exámenes se solicitarán a los dispensarios del IESS, bajo las condiciones establecidas por la entidad.

1.3 Exámenes médicos de retiro.- Tendrán por objetivo verificar las condiciones de salud del servidor en el momento de su desvinculación.

1.4 Instrumental, equipos, mobiliario e insumos médicos.- El Ministerio del Interior cuenta con un dispensario médico, debidamente implementado, en cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo II, Art. 10 del Acuerdo Ministerial 1404, sobre el servicio médico de Institución y de la instalación y funcionamiento (equipos médicos, muebles materiales y medicamentos básicos).

1.5 Promoción y educación.- La promoción y educación para la salud se implementará tres áreas de intervención prioritarias: problemas de salud, estilos de vida y reproducción humana.

1.6 Prestación de primeros auxilios.- Las/los servidores(as) y las/los trabajadores(as) tendrán acceso y se le garantizará el derecho a la atención de primeros auxilios en casos de emergencia derivados de accidentes laborales o de enfermedad común repentina.

Además en caso de suscitarse un accidente de trabajo o enfermedad común repentina, se contará con el contingente de los miembros de las brigadas de primeros auxilios, las cuales serán organizadas e instruidas para efectos del plan de emergencia prestarán, dentro de sus limitaciones, atención inmediata al servidor o trabajador que se accidentare, previo a su transferencia a unidades médicas o instancias especializadas.

a) Detalles de los servicios:

Los detalles de los servicios se encontraran en el plan de emergencia y contingencia de la Institución aprobada por la autoridad competente.

b) Rutas de evacuación de emergencia:

Las vías de evacuación y salidas de emergencia están descritas en los planos de evacuación, teniendo en cuenta los medios de escape, escaleras de evacuación, señalización, zonas de seguridad o encuentro, y demás elementos necesarios para una evacuación.

Los procedimientos y mapas de evacuación, reposarán en el plan de emergencia y contingencia.

Artículo 16.- Programas de prevención:

a) Uso y consumo de drogas en espacios laborales.

EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE USO y CONSUMO DE DROGAS en espacios laborales, tienen como objetivo promover, prevenir y reducir el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en las/los servidores(as) y trabajadores(as) de la Institución, a través de acciones estratégicas para el abordaje y atención integral en los espacios laborales, adoptando hábitos de vida saludable y fortaleciendo la gestión conjunta de servidores y trabajadores, acorde a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo.

b) Prevención del Riesgo Psicosocial.

DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES.- En todas las instituciones públicas

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y privadas, que cuenten con más de 10 trabajadores, se deberá implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales, en base a los parámetros y formatos establecidos por la Autoridad Laboral, mismo que deberá contener acciones correctivas ante los riesgos psicosociales identificados con la metodología aplicada, y fomentar una cultura de no discriminación y de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

El programa será implementado y reportado cada año al Ministerio del Trabajo, por medio del sistema que se determine para el efecto, de conformidad con la Resolución No. MDT-2017-0082 sobre «LA ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL».

CAPITULO III

REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES PROFESIONALES E INCIDENTES.

Artículo 17.- REGISTRO y ESTADÍSTICA

Registro de Accidentes – Incidentes

Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión corporal, perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, como consecuencia del trabajo que ejecuta.

También se considera accidente de trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa.

1. El servidor o trabajador que sufriere un accidente de trabajo bajo una de las siguientes circunstancias:

1. En el lugar de trabajo, o fuera de él con ocasión o Como consecuencia del mismo, incluyendo el que se produjere durante la movilización desde o hasta el domicilio de la servidora o servidor público y/o desde o hasta el lugar de labores;
2. El que ocurriere con motivo del cumplimiento de actividades institucionales, dentro o fuera del lugar de trabajo o como consecuencia de actividades encomendadas por autoridad competente;

e) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción de otra servidora o servidor durante la ejecución de las actividades y que tuviere relación con la prestación de servicios; y,

d) El que sobreviniere durante las interrupciones de las labores legalmente establecidas, si la o el servidor se hallare a orden y disposición de un superior.

Inmediatamente el/la jefe inmediato(a) del servidor(a) o trabajador(a) accidentado será el

encargado de comunicar a la Dirección de Gestión de Talento Humano, quien a su vez informará a la Unidad de Gestión de Bienestar Social, Seguridad y Salud Ocupacional para reportar el accidente de trabajo al Instituto de Seguridad Social – Riesgos del Trabajo de IESS.

2. El servidor o trabajador que sufriere un incidente de trabajo, mismo que no desencadena lesiones, daños a la propiedad o al ambiente; comunicará a la Dirección de Gestión de Talento Humano, quien a su vez informará a la Unidad de Gestión de Bienestar Social, Seguridad y Salud Ocupacional para tomar las medidas correctivas.

El responsable de la Unidad de Gestión de Bienestar Social, Seguridad y Salud Ocupacional, llevará el registro de los accidentes de trabajo e incidentes laborales ocurridos, así como las estadísticas de accidentabilidad respectiva.

Registro de Investigación de Enfermedades Ocupacionales Enfermedades Profesionales son afecciones crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a factores de riesgo, que producen o no incapacidad laboral.

1. Verificar que el diagnóstico de enfermedad ocupacional sea realizado por el médico a base de los criterios científicos de correlación clínico, epidemiológico, ambiental, laboratorio y legal.
2. Controlar que las enfermedades ocupacionales sean reportadas por el Servicio Médico institucional, a su vez dicho reporte, deberá ser reportado a través de la página web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social/ Riesgos del Trabajo, en el término de diez (10), usando el formulario titulado AVISO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, adjuntando todos los documentos originales de soporte médico.

Artículo 18.- INVESTIGACIÓN:

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

Establecer el derecho a las prestaciones del Seguro General de Riesgos del Trabajo (médicos asistenciales, económicos y preventivos);

1. En el caso de Institución que contraste el déficit de gestión existente en la prevención de riesgos laborales, que ocasionaron el accidente; o las medidas de seguridad aplicadas durante el trabajo o en el caso de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos;
2. Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la ocurrencia y repetición de los accidentes de rabajo;

28 – Miércoles 7 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 362

3. Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas provean ambientes saludables y seguros a los trabajadores afiliados a IESS; a la aplicación de procedimientos de trabajo seguros en el caso de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos y,
4. Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado sin relación de dependencia o autónomo en relación al accidente de trabajo.
5. Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de acuerdo con el procedimiento de notificación, investigación y reporte de accidentes e incidentes de la Institución.

CAPÍTULO IV:

INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN, CERTI­FICACIÓN DE COMPETENCIAS Y ENTRENAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

Artículo 19.- Información.- La información en prevención de riesgos, deberá centrarse principalmente en: Que los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, los empleadores comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores y sus representantes sobre las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos.

a. Las lecciones aprendidas generadas a partir de la ocurrencia de accidentes y/o incidentes ocurridos en la operación.

b. Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis de simulacros.

c. Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar el proceso de inducción específica al puesto de trabajo.

d. Toda Institución de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos Especializados o Instituciones Contratistas, contratada por la Institución, deberá cumplir con el proceso de inducción general básico de la Institución Contratante, así como con su propio proceso de inducción al puesto de trabajo.

El Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o del Responsable y el Médico, son los responsables de establecer los canales de información sobre los aspectos relacionados con las Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y/o Control Ambiental.

Artículo 20.- CAPACITACIÓN

a. Se capacitará al trabajador en los factores de riesgos significativos presentes en su lugar de trabajo y relacionados con las actividades a desarrollarse, en especial las de alto riesgo.

b. Educación para la Salud.

c. Se capacitara a todo el personal en temas como:

1. Seguridad y Salud Ocupacional
2. Prevención de Violencia Psicológica
3. Primeros Auxilios
4. Socializar planes de emergencia

Artículo 21.- CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES.- Todos los trabajadores que ejecuten labores concernientes a las instalaciones eléctricas y personal de construcción, deben recibir información e instrucción específica en materia de prevención de riesgos laborales, deberán obtener una certificación de competencias laborales en prevención de riesgos laborales, ante los Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC) y para la Certificación de Personas, reconocidos y acreditados por la autoridad competente, mismos que deberán encontrarse acreditados ante la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Calificaciones y Capacitación Profesional (SETEC).

CAPITULO V INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES

Artículo 22.- INCUMPLIMIENTO

La responsabilidad por incumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento y demás disposiciones legales que rigen en materia de prevención de riesgos laborales en general, a las/los servidores(as) y a las/ los trabajadores(as), a las personas naturales o jurídicas que tengan relación con las obligaciones impuestas en esta materia, serán independientes de aquellas de índole penal o civil que consten en la Legislación Ecuatoriana, como lo menciona el Decreto Ejecutivo 2393.

Artículo 23.- SANCIONES

Las sanciones a los servidores y trabajadores se aplicarán conforme lo disponga el Reglamento Interno del Ministerio del Interior. Las faltas muy graves se sancionarán conforme lo determina el Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código del Trabajo.

1. Serán faltas leves, aquellas que contravienen al presente reglamento, pero que no ponen en peligro la seguridad física del servidor y trabajador, ni de otras personas.
2. Se considerará faltas graves, cuando por primera vez debido a ignorancia o inobservancia de los hechos, el servidor o trabajador pone en peligro su seguridad, de terceros y de los bienes del Ministerio del Interior.
3. Se considera faltas muy graves, la reincidencia a las faltas graves, violación al reglamento interno que con conocimiento del riesgo o mala intención, ponga en peligro su vida, la de terceros y/o de las instalaciones, equipos y bienes de la institución.

Registro Oficial N° 362 Miércoles 7 de noviembre de 2018 – 29

Se tomarán medidas disciplinarias contra los trabajadores que a sabiendas persisten en llevar a cabo prácticas inseguras o peligrosas para él, sus colaboradores y para la institución, dichos casos serán vistos, estudiados y calificados, las sanciones que podrá aplicar la institución de conformidad al Reglamento Interno del Ministerio del Interior, de acuerdo a la gravedad de la falta, serán:

1. Amonestación Verbal
2. Amonestación escrita
3. Multa de hasta el 10% de la remuneración diaria unificada y suspensión temporal sin goce de remuneración.
4. Solicitud de visto bueno de conformidad con lo previsto en el Código Trabajo y destitución en aplicación a la Ley y Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público.

DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL

En el caso de instituciones del Estado, serán sujetos de sanción las y los servidores públicos que incumplieren la aplicación del presente reglamento, de conformidad a lo establecido en el régimen disciplinario de la LOSEP, su Reglamento General y los reglamentos internos institucionales.

DE LAS SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN INTEGRAL AL USO y CONSUMO DE DROGAS

De conformidad con el Artículo 12 del Reglamento a la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, la omisión del empleador privado de desarrollar los programas de prevención al uso y consumo de drogas, será sancionada de acuerdo al Artículo 628 del Código de Trabajo

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Encárguese del cumplimiento del presente Reglamento a la Dirección de Administración de Talento Humano, a través de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.

SEGUNDA.- Las personas naturales o jurídicas que realicen trabajos de cualquier índole, en calidad de contratistas o subcontratistas de la institución, se sujetarán a las disposiciones del presente Reglamento.

TERCERA.- El Área de Seguridad y Salud se encargará de exigir el cumplimiento de la disposición anterior y de informar en caso de incumplimiento.

CUARTA.- El Ministerio del Interior a través de la Dirección de Administración de Talento Humano, incluirá anualmente en su programa, un plan de actividades dirigido exclusivamente a la capacitación en Seguridad Industrial ya sea mediante cursos, seminarios o charlas informativas, así como todo lo relacionado con Higiene, Salud y Medicina de Trabajo; se considerarán, también aquellos cursos o seminarios preparados por la Unidad de Capacitación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Deróguese toda la normativa de igual o menor jerarquía que se opongan a las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo Ministerial.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial; y, de su ejecución encárguese a la o el Coordinador General Administrativo Financiero a través de la Dirección de Talento Humano del Ministerio del Interior.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 de agosto de 2018.

f.) Dr. Mauro Toscanini, Ministro del Interior.

MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Unidad de Gestión Documental y Archivo de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.-Quito, a, 25 de septiembre de 2018.- f.) Ilegible, Secretaría General.

No. 000248

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

Considerando:

Que el artículo 9 de la Constitución de la República, determina: «Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución «;

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que les compete a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

30 – Miércoles 7 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 362

Que el artículo 392 de la Constitución de la República, dispone: «El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional»;

Que el artículo 7 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, señala: «El Ministro de Relaciones Exteriores expedirá las normas, acuerdos y resoluciones del Ministerio, el de las misiones diplomáticas y el de las oficinas consulares «;

Que el artículo 163 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, determina: «…el Presidente de la República determinará la entidad rectora de la movilidad humana que ejercerá las siguientes competencias: 1. Proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas en movilidad humana; 2. Diseñar las políticas públicas, planes y programas para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas en movilidad humana, en coordinación con las demás instituciones del Estado»;

Que mediante Decreto Ejecutivo 430, de 12 de junio de 2018, el Presidente Constitucional de la República nombró al Embajador José Valencia Amores, como Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana;

Que el Manual de Gestión de Riesgos para emergencias y desastres, expedido mediante Resolución No, 38, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 211, de 25 de noviembre de 2014, por la Secretaría de Gestión de Riesgos, sobre la situación de emergencia, prevé: «La declaratoria de una situación de emergencia tiene al menos dos efectos inmediatos: a) activa los procesos para la atención humanitaria, y b) permite contratar los bienes, obras y servicios para atender la emergencia por procedimientos especiales contemplados en el artículo 57 de la LOSNCP «, situación que puede ser declarada por la máxima autoridad de cada institución de acuerdo con el alcance del evento, el cual deberá ser lo suficientemente sustentada y precisa en términos de motivación y afectaciones;

Que mediante Resolución No. 000152, de 9 de agosto de 2018, suscrita por el Viceministro de Movilidad Humana, se declaró la situación de emergencia durante el mes de agosto de 2018, del sector de movilidad humana en las provincias fronterizas del Carchi y El Oro y en la provincia de Pichincha, referente al flujo migratorio inusual de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, con el objetivo de establecer un Plan de Contingencia y las acciones y mecanismos necesarios para la atención humanitaria;

Que las instituciones responsables de la ejecución y seguimiento de la declaratoria de situación de emergencia, en reunión mantenida el 27 de agosto de 2018 con el Viceministro de Movilidad Humana, solicitaron extender la situación de emergencia referente al flujo migratorio inusual de ciudadanos venezolanos;

Que en virtud del requerimiento señalado en el párrafo que antecede, y debido a que no han variado las condiciones por las cuales se declaró la situación de emergencia, es necesario extender el plazo contemplado en el Artículo Segundo de la Resolución No. 000152, de 09 de agosto de 2018; y,

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, el artículo 7 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior y demás normativa sobre la materia,

Acuerda:

Artículo Único.- EXTENDER hasta el 30 de septiembre de 2018, la declaratoria de situación de emergencia del sector de movilidad humana en las provincias fronterizas del Carchi y El Oro y en la provincia de Pichincha, referente al flujo migratorio inusual de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, emitida mediante Resolución No. 000152, de 9 de agosto de 2018. En todo lo demás, se estará a lo dispuesto en el precitado acto administrativo.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo Ministerial de extensión del plazo de vigencia de la situación de emergencia deberá ser publicado en el Portal de COMPRAS PÚBLICAS, conforme lo establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Una vez superada la situación de emergencia, se publicará en el Portal de COMPRAS PÚBLICAS, un informe que contenga el detalle de las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados obtenidos, bajo la estricta responsabilidad de cada institución.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Dado en Quito Distrito Metropolitano a, 28 de agosto de 2018.

f.) José Valencia, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA

RAZÓN. – Siento por tal que la un (01) foj a que antecede, es copia del Acuerdo Ministerial No. 000248 del 30 de agosto de 2018, conforme el siguiente detalle fojas: 1, es copia del original, documento que reposa en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO- LO CERTIFICO.

Quito, D.M. 3 de octubre de 2018.

f.) Ab. Pablo Gudberto Viteri Jácome, Director de Gestión Documental y Archivo, Encargado.

OBSERVACIÓN: Esta Dirección de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no se responsabiliza por el estado

Registro Oficial N° 362 Miércoles 7 de noviembre de 2018 – 31

y la veracidad de los documentos presentados para la certificación por parte de la Dirección que los custodia, y que puedan inducir a equivocación o error, así como tampoco por el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

No. 000255

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

Considerando:

Que el inciso segundo del artículo 141 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas»;

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…) «;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que el artículo 416 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: «Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores (…) «;

Que el artículo 2 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior (LOSE), prescribe que: «(…) Como órgano inmediato al jefe de Estado, corresponde al Ministro de Relaciones Exteriores colaborar directamente con el jefe del Estado en la formulación de la política internacional y ejecutarla. El Ministro es, además, el jefe directo del Servicio Exterior»;

Que el artículo 3 de la LOSE establece que integran el Servicio Exterior de la República: «1) El Ministerio de Relaciones Exteriores; 2) Las misiones diplomáticas; y, 3) Las oficinas consulares «;

Que el artículo 4 de la propia Ley Orgánica, dispone que: «El Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la dirección directa del Ministro, es el órgano central que orienta, dirige y coordina el trabajo de las misiones diplomáticas y de las oficinas consulares. Compete al Ministerio de Relaciones Exteriores especialmente: (…) 4) Las relaciones que mantiene el Ecuador con otros estados; 5) Las declaraciones (…) de establecimiento, continuidad, suspensión, ruptura o reanudación de relaciones diplomáticas, consulares, comerciales, postales, telegráficas y otras (…) «;

Que el artículo 7 de la LOSE, dispone: «El Ministro de Relaciones Exteriores expedirá las normas, acuerdos y resoluciones del Ministerio, el de las misiones diplomáticas y el de las oficinas consulares»;

Que el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, establece: «La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley»;

Que el artículo 10, número 1.1.1. del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 40, de 2 de mayo de 2017, establece entre las atribuciones y responsabilidades del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, las siguientes:»(…) e) Emitir lineamientos y dirigir la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana con sus respectivos procesos a nivel central y desconcentrado, así como las misiones diplomáticas, representaciones permanentes, oficinas comerciales y consulares;

Que con Memorando Nro. MREMH-VREIPCI-2018-0613-M, de 28 de junio de 2018, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional, instruyó a la Subsecretaría de África, Asia y Oceanía, coordinar las gestiones que fueren necesarias con las diferentes dependencias de esta Cancillería, con el propósito de proceder al cierre de las Embajadas del Ecuador en Nigeria y Angola;

Que a través de Memorando MREMH-SAAO-2018-1527-M, de 01 de agosto de 2018, la Subsecretaría de África, Asia y Oceanía emitió el criterio técnico para el «Cierre de Embajada del Ecuador en Angola » en el que señaló: «(…) Considerando la política de austeridad del Gobierno Nacional, así como la necesidad de reestructurar el Servicio Exterior Ecuatoriano, de acuerdo con las prioridades establecidas en la Agenda Política Exterior, el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, dispuso el cierre de la embajada en Angola «;

Que mediante Memorando Nro. MREMH-CGAJ-2018-0898-M, de 29 de agosto de 2018, la Coordinación General

32 – Miércoles 7 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 362

de Asesoría Jurídica, emitió el criterio jurídico señalando expresamente que procede disponer el cierre de la Embajada de Ecuador en la República de Angola en virtud del análisis de los presupuestos legales y fácticos para dicho efecto ; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el número 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 7 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior; con el primer inciso del artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

Acuerda:

Artículo primero.- Disponer el cierre de la Embajada de la República del Ecuador en la República de Angola, para lo cual se realizarán todas las gestiones diplomáticas, financieras y administrativas que fueren necesarias, de conformidad con las disposiciones sobre la materia.

Artículo segundo.- De la ejecución del presente Acuerdo, encárguese al Viceministerio de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional; Coordinación General Administrativa Financiera; y, Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.

Artículo tercero.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y Publíquese.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 31 de agosto de 2018.

f.) José Valencia, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

RAZÓN.- Siento por tal que las dos (02) fojas que anteceden, son copias del Acuerdo Ministerial No. 000255 del 31 de agosto de 2018, conforme el siguiente detalle fojas: 1-2, son copia del original, documento que reposa en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO- LO CERTIFICO.

Quito, D.M. 3 de octubre de 2018.

f.) Ab. Pablo Gudberto Viteri Jácome, Director de Gestión Documental y Archivo, Encargado.

OBSERVACIÓN: Esta Dirección de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no se responsabiliza por el estado y la veracidad de los documentos presentados para la certificación por parte de la Dirección que los custodia, y que puedan inducir a equivocación o error, así como tampoco por el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

No. 000259

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

Considerando:

Que el inciso segundo del artículo 141 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas»;

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…) «;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que el artículo 416 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: «Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores (…) «;

Que el artículo 2 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior (LOSE), prescribe que: «(…) Como órgano inmediato al jefe de Estado, corresponde al Ministro de Relaciones Exteriores colaborar directamente con el jefe del Estado en la formulación de la política internacional y ejecutarla. El Ministro es, además, el jefe directo del Servicio Exterior»;

Que el artículo 3 de la LOSE establece que integran el Servicio Exterior de la República: «1) El Ministerio de Relaciones Exteriores; 2) Las misiones diplomáticas; y, 3) Las oficinas consulares «;

Que el artículo 4 de la propia Ley Orgánica, dispone que: «El Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la dirección directa del Ministro, es el órgano central que orienta, dirige y coordina el trabajo de las misiones diplomáticas y de las oficinas consulares. Compete al Ministerio de Relaciones Exteriores especialmente: (…) 4) Las relaciones que mantiene el Ecuador con otros estados; 5) Las declaraciones (…) de establecimiento, continuidad, suspensión, ruptura o reanudación de relaciones diplomáticas, consulares, comerciales, postales, telegráficas y otras (…) «;

Registro Oficial N° 362 Miércoles 7 de noviembre de 2018 – 33

Que el artículo 7 de la LOSE, dispone: «El Ministro de Relaciones Exteriores expedirá las normas, acuerdos y resoluciones del Ministerio, el de las misiones diplomáticas y el de las oficinas consulares «;

Que el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, establece: «La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley»;

Que el artículo 10, número 1.1.1. del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 40, de 2 de mayo de 2017, establece entre las atribuciones y responsabilidades del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, las siguientes:»(…) e) Emitir lineamientos y dirigir la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana con sus respectivos procesos a nivel central y desconcentrado, así como las misiones diplomáticas, representaciones permanentes, oficinas comerciales y consulares;

Que a través de Memorando MREMH-SAAO-2018-1709-M, de 23 de agosto de 2018, la Subsecretaría de África, Asia y Oceanía emitió el criterio técnico en el que considera procedente el cierre de la Embajada del Ecuador en Argelia;

Que mediante Memorando Nro. MREMH-CGAJ-2018-0931-M, de 10 de septiembre de 2018, la Coordinación General de Asesoría Jurídica, emitió el criterio jurídico señalando expresamente que procede disponer el cierre de la Embajada de Ecuador en la República de Argelia en virtud del análisis de los presupuestos legales y fácticos para dicho efecto; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el número 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 7 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior; con el primer inciso del artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

Acuerda:

Artículo primero.- Disponer el cierre de la Embajada de la República del Ecuador en la República de Argelia, para lo cual se realizarán todas las gestiones diplomáticas, financieras y administrativas que fueren necesarias, de conformidad con las disposiciones sobre la materia.

Artículo segundo.- De la ejecución del presente Acuerdo, encárguese al Viceministerio de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional; Coordinación General Administrativa Financiera; y, Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.

Artículo tercero.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y Publíquese.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 12 de septiembre de 2018.

f.) José Valencia, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

RAZÓN.- Siento por tal que las dos (02) fojas que anteceden, son copias del Acuerdo Ministerial No. 000259 del 12 de septiembre de 2018, conforme el siguiente detalle fojas: 1-2, son copias del original, documento que reposa en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO.- LO CERTIFICO

Quito, D.M. 3 de octubre de 2018.

f.) Ab. Pablo Gudberto Viteri Jácome, Director de Gestión Documental y Archivo, Encargado.

OBSERVACIÓN: Esta Dirección de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no se responsabiliza por el estado y la veracidad de los documentos presentados para la certificación por parte de la Dirección que los custodia, y que puedan inducir a equivocación o error, así como tampoco por el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

No. 000263

EL MINISTRO DE RELACIONES

EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

Considerando:

Que el inciso segundo del artículo 141 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas «;

34 – Miércoles 7 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 362

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…) «;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que el artículo 416 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: «Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores (…) «;

Que el artículo 2 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior (LOSE), prescribe: «(…) Como órgano inmediato al jefe de Estado, corresponde al Ministro de Relaciones Exteriores colaborar directamente con el jefe del Estado en la formulación de la política internacional y ejecutarla. El Ministro es, además, el jefe directo del Servicio Exterior»;

Que el artículo 3 de la LOSE establece que integran el Servicio Exterior de la República: «1) El Ministerio de Relaciones Exteriores; 2) Las misiones diplomáticas; y, 3) Las oficinas consulares «;

Que el artículo 4 de la propia Ley Orgánica, dispone que: «El Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la dirección directa del Ministro, es el órgano central que orienta, dirige y coordina el trabajo de las misiones diplomáticas y de las oficinas consulares. Compete al Ministerio de Relaciones Exteriores especialmente: (…) 4) Las relaciones que mantiene el Ecuador con otros estados; 5) Las declaraciones (…) de establecimiento, continuidad, suspensión, ruptura o reanudación de relaciones diplomáticas, consulares, comerciales, postales, telegráficas y otras (…) «;

Que el artículo 7 de la LOSE, dispone: «El Ministro de Relaciones Exteriores expedirá las normas, acuerdos y resoluciones del Ministerio, el de las misiones diplomáticas y el de las oficinas consulares «;

Que el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, establece: «La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley»;

Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece: «Los Ministros de Estado son competente para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los caos expresamente señalados en leyes especiales (…)».

Que el artículo 10, número 1.1.1. del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 40, de 2 de mayo de 2017, establece entre las atribuciones y responsabilidades del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, las siguientes:»(…) e) Emitir lineamientos y dirigir la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana con sus respectivos procesos a nivel central y desconcentrado, así como las misiones diplomáticas, representaciones permanentes, oficinas comerciales y consulares;

Que Con Nota Verbal Nro. MREMH/ MREMH/2018/0023/N, de 23 de agosto de 2018, esta Cancillería informó a la Embajada de Belarús en Ecuador lo siguiente: «(…) el Gobierno ecuatoriano, considerando la necesidad de aplicar políticas de austeridad fiscal y en base a lo establecido por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, ha decidido proceder con el cierre de la sede de su Representación Diplomática en ese país (…) «.

Que a través de Memorando MREMH-SANE-2018-1982-M, de 11 de septiembre de 2018, la Subsecretaría de América del Norte y Europa solicitó la elaboración del Acuerdo Ministerial para el cierre de la Embajada de Ecuador en la República de Belarús, en los siguientes términos: «(…) el señor Presidente de la República dispuso el cierre de nuestra Misión Diplomática en Belarús, debido a la política de austeridad del Gobierno Nacional, así como la necesidad de reestructurar el Servicio Exterior Ecuatoriano, de acuerdo con las prioridades establecidas en la Agenda Política Exterior (….) Al respecto, me permito solicitar que se sirva disponer, con carácter URGENTE, la elaboración del correspondiente Acuerdo Ministerial de cierre de dicha Misión «;

Que mediante Memorando Nro. MREMH-CGAJ-2018-0947-M, de 14 de septiembre de 2018, la Coordinación General de Asesoría Jurídica, emitió el criterio jurídico señalando expresamente que procede disponer el cierre de la Embajada de Ecuador en la República de Belarús en virtud del análisis de los presupuestos legales y fácticos para dicho efecto; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el número 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 7 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior; con el primer inciso del artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Registro Oficial N° 362 Miércoles 7 de noviembre de 2018 – 35

Acuerda:

Artículo primero.- Disponer el cierre de la Embajada de la República del Ecuador en la República de Belarús, para lo cual se realizarán todas las gestiones diplomáticas, financieras y administrativas que fueren necesarias, de conformidad con las disposiciones sobre la materia.

Artículo segundo.- De la ejecución del presente Acuerdo, encárguese al Viceministerio de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional; Coordinación General Administrativa Financiera; y, Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.

Artículo tercero.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y Publíquese.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 19 de septiembre de 2018.

f.) José Valencia, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

RAZÓN.- Siento por tal que las dos (2) fojas que anteceden, son copias del Acuerdo Ministerial No. 000263 del 19 de septiembre de 2018, conforme el siguiente detalle fojas: 1-2, son copias del original, documento que reposa en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO- LO CERTIFICO.

Quito, D.M. 3 de octubre de 2018.

f.) Ab. Pablo Gudberto Viteri Jácome, Director de Gestión Documental y Archivo, Encargado.

OBSERVACIÓN: Esta Dirección de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no se responsabiliza por el estado y la veracidad de los documentos presentados para la certificación por parte de la Dirección que los custodia, y que puedan inducir a equivocación o error, así como tampoco por el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

No. 000266

EL VICEMINISTRO DE MOVILIDAD HUMANA

Considerando:

Que, el artículo 40 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. (…) «;

Que, respecto de las atribuciones asignadas a los Ministros de Estado, el numeral 1 del Artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.»;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. «;

Que, el artículo 67 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, establece que: «El Estado ecuatoriano a través de la autoridad de movilidad humana tiene la potestad para conceder o negar una visa a una persona extranjera. El Estado ecuatoriano tiene la potestad de cancelar o revocar la visa deforma motivada. (…) «;

Que, los numerales 1 y 2 del Artículo 3 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana señalan que se entenderá por condición migratoria: 1) «… el estatus de residente o visitante temporal que otorga el Estado ecuatoriano para que las personas extranjeras puedan transitar o residir en su territorio a través de un permiso de permanencia en el país «. 2) «Categoría migratoria: Constituye los diferentes tipos de permanencia temporal o permanente que el Estado otorga a los extranjeros en el Ecuador de conformidad al hecho que motiva su presencia en el país»;

Que, el artículo 1 del Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, señala que: «Le corresponde la rectoría de la movilidad humana al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, quien ejecutará el cumplimiento de los preceptos establecidos en la Constitución de la República sobre la materia y ejercerá las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, este Reglamento y demás normativa vigente. La Autoridad en materia de moilidad humana la

36 – Miércoles 7 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 362

ejercerá la persona que ostente el cargo de Viceministro de Movilidad Humana, bajo la política y lineamientos que establezca la máxima autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana»;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 000105, de 3 de septiembre de 2010, se establece el requerimiento de visas de ingreso al país para los ciudadanos de las siguientes nacionalidades: Afiganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán, China y Somalia;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 000088, de 30 de octubre de 2015, se establece el requerimiento de visa de ingreso al país para los ciudadanos de la República de Senegal;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 000098, de 25 de noviembre de 2015, se establece el requerimiento de visa de turismo y transeúntes para los ciudadanos de la República de Cuba, previo a su ingreso a territorio ecuatoriano, a partir del 1 de diciembre de 2015;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 000020, de 3 de marzo de 2017, se establece el requerimiento de visa de ingreso para las y los ciudadano de la República Popular Democrática de Corea;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 000139, de 24 de noviembre de 2017, se delegó al Viceministro de Movilidad Humana expedir la normativa secundaria que garantice el efectivo cumplimiento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 000148, de 19 de diciembre de 2017, se establece la «Normativa Secundaria para el otorgamiento de visas diplomáticas a favor de personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares, de Organismos Internacionales y de Asistencia Técnica acreditados ante el Ecuador»;

Que, el artículo 5 de la «Normativa Secundaria para el otorgamiento de visas diplomáticas a favor de personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares, de Organismos Internacionales y de Asistencia Técnica acreditados ante el Ecuador», establece: «Categoría única de visa diplomática temporal de cortesía la categoría. La Dirección de Ceremonial y Protocolo del MREMH, otorgará, previa solicitud del representante de la Misión Diplomática, Organismo Internacional o de Asistencia Técnica acreditados y se le adjudicará la siguiente categoría: D-IV Visa Diplomática de Cortesía»‘.

Que, el artículo 5 de la Normativa ibídem establece: «el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a través de la Dirección de Ceremonial y Protocolo se reserva la facultad de otorgar la visa diplomática de cortesía para casos especiales debidamente calificados y será otorgada por un período de uno a seis (6) meses, renovables por una sola vez. Los beneficiarios de la citada visa no gozarán

inmunidades, privilegios o prerrogativas diplomáticas. Para tal efecto, el beneficiario deberá portar pasaporte diplomático u oficial».

Que, la Embajada del Ecuador en Qatar, mediante Nota Verbal, MREMH-EECUQATAR-2018-0295-N, de 11 de septiembre de 2018, informa que durante la visita oficial que realizará el Emir de Qatar al Ecuador, desde el 30 de septiembre al 2 de octubre de 2018, lo acompañará personal de apoyo de las nacionalidades que requieren visa para ingresar al Ecuador; por lo que se considera que es necesario determinar el tipo de visa que se otorgará a los ciudadanos comprendidos dentro de este Régimen Especial;

Que, es necesario establecer una excepción a lo establecido en el artículo 5 del Acuerdo Ministerial No. 00148, de 19 de diciembre de 2017, con el cual se expidió la «Normativa Secundaria para el otorgamiento de visas diplomáticas a favor de personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares, de Organismos Internacionales y de Asistencia Técnica acreditados ante el Ecuador», sobre el requerimiento de pasaporte diplomático y oficial para el otorgamiento de visas diplomáticas temporales de cortesía únicamente para los ciudadanos que compongan la delegación de apoyo del Emir de Qatar cuya nacionalidad pertenezcan a los países de Régimen Especial, tanto en los viajes de avanzada como durante la visita oficial que realizará al Ecuador en los próximos días;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se permitirá el ingreso de los ciudadanos sujetos al Régimen Especial que acompañen el Emir de Qatar durante la visita oficial que realizará al Ecuador, así como durante las visitas de avanzada de su comitiva, actividades que se desarrollarán en los meses de septiembre y octubre de 2018, para lo cual se otorgará la visa diplomática temporal de cortesía, en los pasaportes diplomáticos, oficiales u ordinarios por el lapso de treinta días.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Sin perjuicio de lo dispuesto, el Estado ecuatoriano se reserva el derecho de impedir la entrada, de negar o revocar una visa, conforme a lo dispuesto en el Artículo 67 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana y demás ordenamiento jurídico vigente.

DISPOSICIÓN FINAL.- De la ejecución del presente instrumento encárguese a la Dirección de Ceremonial y Protocolo de esta Cartera de Estado, la misma que determinará los documentos necesarios para el otorgamiento de este tipo de visa.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, de lo cual se encarga a la Dirección de Gestión Documental y Archivo.

Registro Oficial N° 362 Miércoles 7 de noviembre de 2018 – 37

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 20 de septiembre de 2018.

f.) Santiago Javier Chávez Pareja, Viceministro de Movilidad Humana.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA

RAZÓN.- Siento por tal que las dos (2) fojas que anteceden, son copias del Acuerdo Ministerial No. 000266 del 20 de septiembre de 2018, conforme el siguiente detalle fojas: 1-2, son copias del original, documento que reposa en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO- LO CERTIFICO.

Quito, D.M. 3 de octubre de 2018.

f.) Ab. Pablo Gudberto Viteri Jácome, Director de Gestión Documental y Archivo, Encargado.

OBSERVACIÓN: Esta Dirección de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no se responsabiliza por el estado y la veracidad de los documentos presentados para la certificación por parte de la Dirección que los custodia, y que puedan inducir a equivocación o error, así como tampoco por el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

No. 000270

EL MINISTRO DE RELACIONES

EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

SUBROGANTE

Considerando:

Que el artículo 9 de la Constitución de la República, determina: «Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución «;

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que les compete a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que el artículo 392 de la Constitución de la República, dispone: «El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de

la política migratoria a través del órgano competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional»;

Que los representantes de los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa del Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, Estados Unidos Mexicanos, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, reunidos en la ciudad de Quito, los días 3 y 4 de septiembre de 2018, suscribieron la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de los Ciudadanos Venezolanos en la Región, con el objeto de intercambiar información y buenas prácticas con miras a articular una coordinación regional con respecto a la crisis migratoria de ciudadanos venezolanos en la región, para lo cual generaron varios compromisos que se encuentran desarrollando;

Que el artículo 7 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, señala: «El Ministro de Relaciones Exteriores expedirá las normas, acuerdos y resoluciones del Ministerio, el de las misiones diplomáticas y el de las oficinas consulares «;

Que el artículo 163 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, determina: «…el Presidente de la República determinará la entidad rectora de la movilidad humana que ejercerá las siguientes competencias: 1. Proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas en movilidad humana; 2. Diseñar las políticas públicas, planes y programas para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas en movilidad humana, en coordinación con las demás instituciones del Estado»;

Que el Manual de Gestión de Riesgos para Emergencias y Desastres, expedido mediante Resolución No. 38, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 211, de 25 de noviembre de 2014, por la Secretaría de Gestión de Riesgos, sobre la situación de emergencia, prevé: «La declaratoria de una situación de emergencia tiene al menos dos efectos inmediatos: a) activa los procesos para la atención humanitaria, y b) permite contratar los bienes, obras y servicios para atender la emergencia por procedimientos especiales contemplados en el artículo 57 de la LOSNCP «, situación que puede ser declarada por la máxima autoridad de cada institución de acuerdo con el alcance del evento, el cual deberá ser lo suficientemente sustentada y precisa en términos de motivación y afectaciones;

Que mediante Resolución No. 000152, de 9 de agosto de 2018, suscrita por el Viceministro de Movilidad Humana, se declaró la situación de emergencia durante el mes de agosto de 2018, del sector de movilidad humana en las provincias fronterizas del Carchi y El Oro y en la provincia de Pichincha, referente al flujo migratorio inusual de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, con el objetivo de establecer un Plan de Contingencia y las acciones y mecanismos necesarios para la atención humanitaria;

38 – Miércoles 7 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 362

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 000248, de 28 de agosto de 2018, se extendió hasta el 30 de septiembre de 2018, la declaratoria de situación de emergencia del sector de movilidad humana en las provincias fronterizas del Carchi y El Oro y en la provincia de Pichincha, referente al flujo migratorio inusual de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, emitida mediante Resolución No. 000152, de 9 de agosto de 2018;

Que las instituciones responsables de la ejecución y seguimiento de la declaratoria de situación de emergencia, a través del Viceministro de Movilidad Humana, han solicitado en reunión de 26 de septiembre de 2018, extender la situación de emergencia referente al flujo migratorio inusual de ciudadanos venezolanos;

Que es necesario ampliar la situación de emergencia en virtud del requerimiento señalado en el párrafo que antecede, por un período similar al establecido en el Acuerdo No. 000248, de 28 de agosto de 2018, esto es un mes adicional para continuar con las acciones emprendidas, en atención a lo previsto en la Resolución No. 000152, de 9 de agosto de 2018; y,

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República, Ley Orgánica de Movilidad Humana, Reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana y demás normativa sobre la materia.

Acuerda:

Artículo Único.- EXTENDER hasta el 31 de octubre de 2018, la declaratoria de situación de emergencia del sector de movilidad humana en las provincias fronterizas del Carchi y El Oro y en la provincia de Pichincha, referente al flujo migratorio inusual de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, emitida mediante Resolución No. 000152, de 9 de agosto de 2018. En todo lo demás, se estará a lo dispuesto en el precitado acto administrativo.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo Ministerial de extensión del plazo de vigencia de la situación de emergencia, deberá ser publicado en el Portal de COMPRAS PÚBLICAS, conforme lo establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Una vez superada la situación de emergencia, se publicará en el Portal de COMPRAS PÚBLICAS, un informe que contenga el detalle de las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados obtenidos, bajo la estricta responsabilidad de cada institución.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Dado en Quito Distrito Metropolitano a, 28 de septiembre de 2018.

f.) Emb. Andrés Terán Parral, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Subrogante.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

RAZÓN- Siento por tal que las dos (2) fojas que anteceden, son copias del Acuerdo Ministerial No. 000270 del 28 de septiembre de 2018, conforme el siguiente detalle fojas: 1-2, son copias del original, documento que reposa en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO- LO CERTIFICO.

Quito, D.M. 3 de octubre de 2018.

f.) Ab. Pablo Gudberto Viteri Jácome, Director de Gestión Documental y Archivo, Encargado.

OBSERVACIÓN: Esta Dirección de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no se responsabiliza por el estado y la veracidad de los documentos presentados para la certificación por parte de la Dirección que los custodia, y que puedan inducir a equivocación o error, así como tampoco por el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

No. SENESCYT – 2018 – 061

Augusto Barrera Guarderas SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Considerando:

Que el primer numeral del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal (…). Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Registro Oficial N° 362 Miércoles 7 de noviembre de 2018 – 39

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación

(…)”;

Que el artículo 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 294, de 06 de octubre de 2010; dispone: «Cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin perjuicio del derecho del titular. «;

Que el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 298, de 12 de octubre de 2010, establece que: «La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. Estará dirigida por el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Educación Superior, designado por el Presidente de la República. (…) «;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 5, de 24 de mayo de 2017, suscrito por el Presidente Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, se suprimió la Secretaría Nacional de la Administración Pública y se transfirió a la Secretaria General de la Presidencia de la República, la atribución de expedir autorizaciones de vacaciones, licencia con y sin remuneración, permisos y demás autorizaciones para autoridades de la Función Ejecutiva comprendidas en el grado 8 de la escala del nivel jerárquico superior;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, designó al Dr. Augusto Barrera Guarderas como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 34 de 14 de junio de 2017, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 23 de 27 de junio de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, designa como responsable de la articulación del Consejo Sectorial de lo Social, al Dr. Augusto Barrera Guarderas;

Que el literal j) del numeral 11.1.1 del artículo 11 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la SENESCYT, establece entre las Atribuciones y Responsabilidades del Secretario/a de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la siguiente: «j) Expedir y suscribir los instrumentos jurídicos necesarios

en el cumplimiento de deberes y obligaciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación «;

Que mediante Acción de Personal No. 360-DTH-2018, de 16 de julio de 2018, el Dr. Augusto Barrera Guarderas, en calidad de Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, nombra a la magister Carolina Gabriela Zambrano Barragán como Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que mediante oficio No. SENESCYT-SENESCYT-2018-0656-CO, de 23 de julio de 2018, el Dr. Augusto Barrera Guarderas, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, solicitó al señor Eduardo Javier Jurado Béjar, en su calidad de Secretario General de la Presidencia de la República del Ecuador, licencia con cargo a vacaciones desde el 30 de julio hasta el 3 de agosto de 2018;

Que mediante Acuerdo Nro. 0344, 23 de julio de 2018, el señor Eduardo Javier Jurado Béjar, en su calidad de Secretario General de la Presidencia de la República del Ecuador, autorizó la licencia con cargo a vacaciones al Dr. Augusto Barrera Guarderas, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, desde el 30 de julio hasta el 3 de agosto de 2018;

Que con fecha 27 de julio de 2018, la Coordinación General de Asesoría Jurídica, emitió el informe jurídico de pertinencia para la emisión del acuerdo mediante el cual se subrogue las funciones del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a la magister Carolina Gabriela Zambrano Barragán, durante el periodo de licencia con cargo a vacaciones del titular de esta Secretaría de Estado; y,

Que es necesario designar a un/a servidor/a de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, para que subrogue al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, desde el 30 de julio hasta el 3 de agosto de 2018, periodo en el que se encontrará haciendo uso de licencia con cargo a vacaciones.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador.

Acuerda:

Artículo 1.- Designar a la magister Carolina Gabriela Zambrano Barragán, Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación para que subrogue al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, desde el 30 de julio hasta el 3 de agosto de 2018.

Artículo 2.- La magister Carolina Gabriela Zambrano Barragán, será responsable del cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades inherentes al funcionamiento de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

40 – Miércoles 7 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 362

Artículo 3.- Notifíquese con el contenido del presente Acuerdo a la magister Carolina Zambrano Barragán, Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, a la Coordinadora General Administrativa Financiera de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; y, al Secretario General de la Presidencia de la República del Ecuador.

Artículo 4- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete (27) días del mes de julio de 2018.

Notifíquese y publíquese.

f.) Augusto Barrera Guarderas, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.- 05 de septiembre de 2018.- f.) Ilegible, Fiel copia del original que reposa en el archivo de esta Coordinación.

No. SENESCYT, 2018-062

Carolina Gabriela Zambrano Barragán

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SUBROGANTE

Considerando:

Que la Constitución de la República en el artículo 66, numeral 13 consagra: «El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria «;

Que la Constitución de la República en su artículo 154, numeral uno, dispone que las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. «;

Que la Constitución de la República en su artículo 226, dispone que «las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que la Constitución de la República, respecto a la administración pública, en su artículo 227, dispone que «fa administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que la Constitución de la República en su artículo 350, establece que «e/ sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo «;

Que la Constitución de la República en su artículo 385, establece que «e/ sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir»;

Que la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 298, de 12 de octubre de 2010, en su artículo 182 dispone que: «La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. […]»;

Que la Ley Orgánica de Educación Superior, respecto a las funciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en su artículo 183 literales «b)» y «j)» dispone: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas en el ámbito de su competencia;» y, «Ejercer las demás atribuciones que le confiera la Función Ejecutiva y la presente Ley.»;

Que el artículo 7 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 899 de 09 de diciembre de 2016, dispone que «La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es parte de la Función Ejecutiva, tiene a su cargo la rectoría de la política pública nacional en las materias regladas por este Código, así como la coordinación entre el sector público, el sector privado, popular y solidario, las instituciones del Sistema de Educación Superior y los demás sistemas, organismos y entidades que integran la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación (…) «;

Que el Código Civil publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 46 de 24 de junio de 2005, en su artículo 565

Registro Oficial N° 362 Miércoles 7 de noviembre de 2018 – 41

establece que «No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en virtud de una ley, o que no hayan sido aprobadas por el Presidente de la República «;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 339 de 28 de noviembre de 1998, publicado en el Registro Oficial No. 77 de noviembre 30 de 1998, el Presidente de la República, delegó la facultad para que cada Ministro de Estado, de acuerdo a la materia que les compete, apruebe los estatutos y las reformas a los mismos, de las organizaciones que se constituyan al amparo de lo dispuesto en el Título XXX, Libro I del Código Civil;

Que el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, publicado en el Registro Oficial No. 536, de 18 de marzo de 2002, establece como parte de las atribuciones y deberes del Presidente de la República en su artículo 11 literal «k) «: «Delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica […]»;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 62 de 05 de agosto del 2013, publicado en el Registro Oficial 63 de 21 de agosto del 2013, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 131 de fecha 08 de octubre de 2013 se reforma el artículo 17.2 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en virtud de lo cual cambia la denominación de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de fecha 24 de mayo de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, designó a Adrián Augusto Barrera Guarderas como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que mediante Acuerdo No. SENESCYT-2018-061 de 27 de julio de 2018, se delega a la Mgs. Carolina Gabriela Zambrano Barragán, a fin de que subrogue en funciones al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, los días 30 de julio al 03 de agosto de 2018.

Que el «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales» expedido a través del Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de octubre de 2017 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017, en su artículo 3 define a las organizaciones sociales sin fines de lucro como: «[…]aquella cuyo fin no es la obtención de un beneficio económico sino principalmente lograr una finalidad social, altruista, humanitaria, artística, comunitaria, cultural, deportiva y/o ambiental, entre otras.[…]»;

Que el «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales» expedido a través del Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de octubre de 2017 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017, en su el artículo 7 establece que: «Para otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales

sin fines de lucro, que voluntariamente lo requieran, las instituciones competentes del Estado, de acuerdo a sus competencias específicas, observarán que los actos relacionados con la constitución, aprobación, reforma y codificación de estatutos, disolución, liquidación, registro y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las organizaciones sociales, se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y al presente Reglamento «;

Que mediante oficio s/n de 06 de junio de 2018, ingresado a través de trámite No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-7124-E, el señor Leónidas Salomón Chiliquinga Castillo en calidad de Presidente Provisional de la Fundación para la Gestión del Conocimiento -GESCO, solicitó a esta Cartera de Estado el reconocimiento de la personalidad jurídica y la aprobación del estatuto de la mencionada organización, al amparo de lo contenido en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales expedido a través del Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de octubre de 2017 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017;

Que mediante memorando No. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2018-0142-M de 15 de junio de 2018, la Dirección de Asesoría Jurídica, solicitó a la Subsecretaría General de Educación Superior y a la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, emitir un informe técnico que permita determinar si el ámbito de acción, los objetivos y fines de la Fundación para la Gestión del Conocimiento -GESCO se encuentran enmarcados en el ámbito de atribuciones de las mismas;

Que mediante Informe Técnico SFA-DFAG-ITJ-2018-028 de 20 de junio de 2018, remitido mediante memorando No. SENESCYT-SFA-DFAG-2018-0150-M de 27 de junio de 2018, la Subsecretaría de Formación Académica sostiene que: «El único objetivo se enmarca en el ámbito de la Subsecretaría General de Educación Superior»;

Que mediante Informe Técnico No. No. SDIC-2018-515-CT de 15 de junio de 2018, remitido mediante memorando No. SENESCYT-SGCT-2018-0368-MI de 10 de julio de 2018, la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación concluye que «(…) los fines y objetivos de la «Fundación para la Gestión del Conocimiento -GESCO «, se enmarcan en las políticas de esta Subsecretaría (…) «; y,

Que mediante memorando No. SENESCYT-CGAJ-2018-0470-MI de 03 de agosto de 2018, la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, emitió Informe Jurídico Favorable para la aprobación del estatuto y el otorgamiento de la personalidad jurídica a la Fundación para la Gestión del Conocimiento -GESCO.

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 7 del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales» expedido a través del Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de octubre de 2017 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017:

42 – Miércoles 7 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 362

Acuerda:

Artículo 1.- Otorgar la personalidad jurídica de derecho privado y sin fines de lucro a la Fundación para la Gestión del Conocimiento -GESCO, entidad que tendrá su domicilio en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito; y que se regirá por las disposiciones del Título XXX del Libro Primero del Código Civil ecuatoriano, el «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales» expedido a través del Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de octubre de 2017 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017, su Estatuto y los reglamentos internos que se pudieran dictar para el cumplimiento de sus fines y objetivos.

Artículo 2.- Aprobar el Estatuto de la Fundación para la Gestión del Conocimiento -GESCO sin modificación alguna.

Artículo 3.- Disponer que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales» expedido a través del Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de octubre de 2017 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017, dentro del plazo máximo de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del presente Acuerdo, se remita a la Dirección de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la nómina del órgano directivo conforme al periodo establecido en su Estatuto y la dirección donde la organización realizará sus actividades, para su respectivo registro.

Artículo 4.- Registrar en calidad de miembros fundadores de la Fundación para la Gestión del Conocimiento -GESCO, a las siguientes personas:

1. DANIEL RICARDO RUIZ

CALVACHI 1720217502

2. LEÓNIDAS SALOMÓN

CHILIQUINGA CASTILLO 1003145040

Artículo 5.- Disponer que la Dirección de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, registre en la base de datos a su cargo el presente Acuerdo con el que inicia la existencia legal de la Fundación para la Gestión del Conocimiento -GESCO.

Artículo 6.- Notifíquese el presente Acuerdo de aprobación del Estatuto y otorgamiento de personalidad jurídica a la Fundación para la Gestión del Conocimiento -GESCO.

Artículo 7.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a los tres (03) días del mes de Agosto de 2018.

Notifíquese y publíquese.

f.) Carolina Gabriela Zambrano Barragán, Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Subrogante.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.- 05 de septiembre de 2018.- f.) Ilegible, Fiel copia del original que reposa en el archivo de esta Coordinación.

No 029

Grad. (sp) Oswaldo Jarrín Román MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

Considerando:

Que, el artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece sobre la clasificación de la información de los organismos de seguridad: «De la clasificación de la información de los organismos de seguridad.- La Secretaría Nacional de Inteligencia y los organismos de seguridad podrán clasificar la información resultante de las investigaciones o actividades que realicen, mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad respectiva.

La información y documentación se clasificará como reservada, secreta y secretísima. El reglamento a la ley determinará los fundamentos para la clasificación, reclasificación y desclasificación y los niveles de acceso exclusivos a la información clasificada (…) «;

Que, el artículo 28 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública del Estado dispone: «De la calificación de documentos.- Los documentos producidos y procesados en la Secretaría Nacional de Inteligencia y en los organismos integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia, así como la información resultante de las investigaciones, se clasificarán previa resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad respectiva, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en los siguientes niveles: Reservado, Secreto y Secretísimo

(…)”;

Que, el artículo 33 del Reglamento antes referido señala: «De las normas para la desclasificación y reclasificación.-El Ministerio de Defensa Nacional, para la desclasificación o reclasificación de la información calificada como secretísima, secreta y reservada, seguirá las siguientes normas:

Registro Oficial N° 362 Miércoles 7 de noviembre de 2018 – 43

1. Antes de emitirse la resolución de desclasificación o reclasificación solicitará el pronunciamiento motivado de los organismos que hayan efectuado la calificación previa de la información; y,
2. Emitirá la resolución motivada que decida la desclasificación o reclasificación, en base al estudio correspondiente y previa evaluación del criterio del organismo que haya realizado la clasificación.

Una vez resuelta la desclasificación o reclasificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional o quien haga sus veces, el organismo a cuyo cargo estuvo la clasificación original, deberá proceder a la identificación de la información con la nueva calificación. «;

Que, el Presidente de la República del Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo N° 382 de 27 de abril de 2018, designa como Ministro de Defensa Nacional al GRAD (sp) Oswaldo Jarrín Román;

Que, mediante oficios N° 310-2018-FIGE-UIPeIF-JMM y 316-2018-FIGE-UIPeIF-JMM de 8 y 12 de junio de 2018 respectivamente, el señor Dr. Paúl Pérez Reina Fiscal General del Estado, Encargado, informa al señor Contralor General del Estado, dentro de la Instrucción Fiscal N° 170101813040755, ha dispuesto la práctica de varias diligencias entre ellas, se remita copias certificadas de la información que reposa en la Contraloría General del Estado que tiene relación la rendición de cuentas y gastos especiales relacionados con los cheques N° 000559 y 000560 girados de la cuenta corriente N°7272917 de 6 de junio de 2012;

Que, mediante oficio N° 21661-CG de 13 de jumo de 2018, el Dr. Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado, Encargado, solicita al Ministro de Defensa Nacional que se proceda a la desclasificación de la información correspondiente a la rendición de cuentas y gastos especiales relacionados con los cheques N° 000559 y 000560 girados de la cuenta corriente N° 7272917 de 6 de junio de 2012, cuyo titular es la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional;

Que, con oficio N° MDN-MDN-2018-0956-OF de 15 de junio de 2018, el señor Ministro de Defensa Nacional, informa al Dr. Jorge Costa Palacios Secretario de Inteligencia sobre el pedido formulado por el señor Dr. Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado, Encargado, tendiente a que se inicie el proceso de desclasificación de la documentación generada por la Secretaría de inteligencia respecto correspondiente a la rendición de cuentas y gastos especiales relacionados con los cheques N° 000559 y 000560 girados de la cuenta corriente N° 7272917 de 6 de junio de 2012; y,

Que, mediante oficio N° SIN-SIN-2018-0050-O de 17 de junio de 2018, el Dr. Jorge Costa Palacios Secretario de Inteligencia, informa al señor Ministro de Defensa Nacional: «La Secretaría de Inteligencia de derecho público, con independencia administrativa y financiera,

con personalidad jurídica, responsable del Sistema Nacional de Inteligencia según lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, resolvió de conformidad con el Art. 19 Ibídem y el Art. 28 de su Reglamento, clasificar como Secreta a toda la información y documentación generada como producto de las actividades de inteligencia y contrainteligencia; así como, la relacionada con los gastos especiales que efectúen esta Cartera de Estado.

Con lo expuesto y en atención al Art. 33 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que cita textualmente: De las normas para la desclasificación y reclasificación.- El Ministerio de Defensa Nacional, para la desclasificación o reclasificación de la información calificada como secretísima, secreta y reservada, seguirá las siguientes normas: a) Antes de emitirse la resolución de desclasificación o reclasificación solicitará el pronunciamiento motivado de los organismos que hayan efectuado la calificación previa de la información; y,(—) b) Emitirá la resolución motivada que decida la desclasificación o reclasificación, en base al estudio correspondiente y previa evaluación del criterio del organismo que haya realizado la clasificación. Una vez resuelta la desclasificación o reclasificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional o quien haga sus veces, el organismo a cuyo cargo estuvo la clasificación original, deberá proceder a la identificación de la información con la nueva calificación. «

En mi calidad de Secretario de Inteligencia me permito emitir pronunciamiento Favorable en cuanto a la desclasificación contenida dentro del requerimiento realizado por el señor Contralor del Estado mediante oficio Nº 21661CG de 12 de junio de 2018, en referencia la información solicitada por la Fiscal de Pichincha, Dra. Jimena Mena Martínez dentro de la instrucción fiscal N» 170101813040755.».

En ejercicio de las atribuciones legales y de conformidad con el artículo 33 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública del Estado,

Resuelve:

Art. 1.- Disponer la desclasificación de la información y documentación relacionada a la rendición de cuentas y gastos especiales en el periodo del 1 de junio al 31 de agosto del 2012, relacionados con los cheques N° 000559 y 000560 girados de la cuenta corriente N° 7272917 de 6 de junio de 2012, cuyo titular es la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional.

Art. 2.- Disponer que la Secretaría de Inteligencia identifique a la información y documentación desclasificada como ordinaria y proceda con la entrega a la Contraloría General del Estado y/o Fiscalía General del Estado.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en elRegistro Oficial.

44 – Miércoles 7 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 362

Comuníquese y publíquese.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 18 de junio de 2018.

f.) Grad. (sp) Oswaldo Jarrín Román, Ministro de Defensa Nacional.

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CERTIFICO: Que el documento que en 03 (tres) fojas útiles antecede, contiene copias certificadas de la «Resolución No. 029 de 18 de junio de 2018, publicada en la Orden General Ministerial No. 079 de 18 de junio de 2018», cuyo original reposa en la Dirección de Secretaría General de esta Cartera de Estado.

Quito, D.M. 02 de octubre de 2018.

f.) Ing. María Belén Yánez Miranda, Directora de Secretaría General.

OBSERVACIÓN: La Dirección de Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional no se responsabiliza por la autenticidad, validez o licitud de la documentación presentada para la certificación por parte de la Unidad Administrativa que la custodia, así como tampoco por el uso fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

No 047

GRAD. (sp) Oswaldo Jarrín Román MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

Considerando:

Que, el artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece sobre la clasificación de la información de los organismos de seguridad: «De la clasificación de la información de los organismos de seguridad.- La Secretaría Nacional de Inteligencia y los organismos de seguridad podrán clasificar la información resultante de las investigaciones o actividades que realicen, mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad respectiva.

La información y documentación se clasificará como reservada, secreta y secretísima. El reglamento a la ley determinará los fundamentos para la clasificación, reclasificación y desclasificación y los niveles de acceso exclusivos a la información clasificada (…) «;

Que, el artículo 28 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública del Estado dispone: «De la calificación de documentos.- Los documentos producidos y procesados en

la Secretaría Nacional de Inteligencia y en los organismos integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia, así como la información resultante de las investigaciones, se clasificarán previa resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad respectiva, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en los siguientes niveles: Reservado, Secreto y Secretísimo

(…)”;

Que, el artículo 33 del Reglamento antes referido señala: «De las normas para la desclasificación y reclasificación.-El Ministerio de Defensa Nacional, para la desclasificación o reclasificación de la información calificada como secretísima, secreta y reservada, seguirá las siguientes normas:

1. Antes de emitirse la resolución de desclasificación o re clasificación solicitará el pronunciamiento motivado de los organismos que hayan efectuado la calificación previa de la información; y,
2. Emitirá la resolución motivada que decida la desclasificación o reclasificación, en base al estudio correspondiente y previa evaluación del criterio del organismo que haya realizado la clasificación.

Una vez resuelta la desclasificación o reclasificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional o quien haga sus veces, el organismo a cuyo cargo estuvo la clasificación original, deberá proceder a la identificación de la información con la nueva calificación.»;

Que, el Presidente de la República del Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo N° 382 de 27 de abril de 2018, designa como Ministro de Defensa Nacional al GRAD (sp) Oswaldo Jarrín Román;

Que, mediante Informe motivado de desclasificación de documentos, de 5 de septiembre de 2018, suscrito por el Coordinador General de Asesoría Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero y Económico manifiesta: «(…) la Contraloría General del Estado se encuentra realizando el examen especial a las operaciones administrativas y financieras de la Unidad de Análisis Financiero y Económico por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2018. Esta entidad comunico los resultados provisionales de auditoría mediante Oficio N° 32294-DNA-3 de 9 de agosto de 2018; y, en la parte correspondiente al Contrato 001-SECRETO indicaron que: «Hasta la fecha de corte del examen el contrato 001-SECRETO no se encuentra liquidado y no ha sido desclasificado como secreto por la Directora General de la UAFE, conforme a lo establecido en la normativa citada por lo que el equipo de auditoría, se encuentra limitado de realizar el análisis de las fases pre contractual, contractual y de ejecución del referido contrato, al no poder recabar la documentación suficiente y pertinente que demuestre la propiedad y veracidad de la transacción realizada. «;

Que, mediante Informe motivado de desclasificación de documentos, de 5 de septiembre de 2018, suscrito por el

Registro Oficial N° 362 Miércoles 7 de noviembre de 2018 – 45

Coordinador General de Asesoría Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero y Económico señala: «Por lo expuesto y con fundamento en la normativa jurídica citada, la Unidad de Análisis Financiero considera que, no existe impedimento para que tanto la Resolución N» UAFE-DG-VR-2017-0015 de 18 de mayo de 2017 como toda la documentación que forma parte del expediente de contratación del Servicio de Asesoría y Patrocinio Jurídico Internacional HOGAN LOVELLS US LLP., incluido el proceso precontractual, contractual y de ejecución sean desclasificados como secretos ya que no contienen información cuya revelación no autorizada podría ocasionar daño a las instituciones públicas y a los funcionarios que laboran en ellas en los términos prescritos en el artículo 28 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado; sino que se trata de información que forma parte de un proceso de contratación de servicios profesionales ejecutando al amparo del principio de aplicación territorial de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública contenido en el artículo 3 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública «; y,

Que, con oficio N° UAFE-DG-2018-0147 de 5 de septiembre de 2018, el Director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, Subrogante solicita al amparo de lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado la desclasificación de los siguientes documentos:

«Resolución N° UAFE-DG-VR-2017-0015 de 18 de mayo de 2017, suscrita por el Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico

(UAFE).

Toda la documentación relacionada con las fases precontractual, contractual y de ejecución que forma parte del expediente del proceso contratación del SERVICIO DE ASESORÍA Y PATROCINIO JURÍDICO INTERNACIONAL con la firma jurídica HOGAL LOVELLS US LLP.

Contrato Secreto N» 0001 cuyo objeto es el Servicio de Asesoría y Patrocinio Jurídico Internacional respecto de aquellos asuntos que trasciendan fronteras nacionales que pudieran ser relevantes para la Unidad de Análisis Financiero y Económico, sus funcionarios, ex funcionarios, servidores, ex servidores que en el ámbito de sus funciones hayan prestado y presten sus servicios en la UAFE y que dichas actuaciones generen o hayan generado alguna acción legal en el ámbito internacional».

En ejercicio de las atribuciones legales y de conformidad con el artículo 33 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública del Estado,

Resuelve:

Art. 1.- Disponer la desclasificación de la información y documentación relacionada a:

1. Resolución N° UAFE-DG-VR-2017-0015 de 18 de mayo de 2017, suscrita por el Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
2. Toda la documentación relacionada con las fases precontractual, contractual y de ejecución que forma parte del expediente del proceso contratación del SERVICIO DE ASESORÍA Y PATROCINIO JURÍDICO INTERNACIONAL con la firma jurídica HOGAL LOVELLS US LLP.
3. Contrato Secreto N» 0001 cuyo objeto es el Servicio de Asesoría y Patrocinio Jurídico Internacional respecto de aquellos asuntos que trasciendan fronteras nacionales que pudieran ser relevantes para la Unidad de Análisis Financiero y Económico, sus funcionarios, ex funcionarios, servidores, ex servidores que en el ámbito de sus funciones hayan prestado y presten sus servicios en la UAFE y que dichas actuaciones generen o hayan generado alguna acción legal en el ámbito internacional».

Art. 2.- Disponer que la Unidad de Análisis Financiero y Económico identifique la información y documentación desclasificada como ordinaria y proceda con la entrega a la Contraloría General del Estado.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 14 de septiembre de 2018.

f.) GRAD. (sp) Oswaldo Jarrín Román, Ministro de Defensa Nacional.

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CERTIFICO: Que el documento que en 03 (tres) fojas útiles antecede, contiene copias certificadas de la Resolución No. 047 14 de septiembre de 2018, publicado en la Orden General Ministerial No. 131 de la misma fecha, cuyo original reposa en la Dirección de Secretaría General de esta Cartera de Estado.

Quito, D.M. 01 de octubre de 2018.

f.) Ing. Andrea Isabel Cevallos Atiencia, Directora de Secretaría General, Subrogante.

OBSERVACIÓN: La Dirección de Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional, no se responsabiliza por la autenticidad, validez o licitud de la documentación presentada para la certificación por parte de la Unidad Administrativa que la custodia, así como tampoco por el uso fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

46 – Miércoles 7 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 362

No. 052

GRAD. (sp) Oswaldo Jarrín Román MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

Considerando:

Que, el artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece sobre la clasificación de la información de los organismos de seguridad: «De la clasificación de la información de los organismos de seguridad.- La Secretaría Nacional de Inteligencia y los organismos de seguridad podrán clasificar la información resultante de las investigaciones o actividades que realicen, mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad respectiva.

La información y documentación se clasificará como reservada, secreta y secretísima. El reglamento a la ley determinará los fundamentos para la clasificación, re clasificación y desclasificación y los niveles de acceso exclusivos a la información clasificada (…) «;

Que, el artículo 28 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública del Estado dispone: «De la calificación de documentos.- Los documentos producidos y procesados en la Secretaría Nacional de Inteligencia y en los organismos integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia, así como la información resultante de las investigaciones, se clasificarán previa resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad respectiva, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en los siguientes niveles: Reservado, Secreto y Secretísimo (…) «;

Que, el artículo 33 del Reglamento antes referido señala: «De las normas para la desclasificación y re clasificación. – El Ministerio de Defensa Nacional, para la desclasificación o reclasificación de la información calificada como secretísima, secreta y reservada, seguirá las siguientes normas:

1. Antes de emitirse la resolución de desclasificación o reclasificación solicitará el pronunciamiento motivado de los organismos que hayan efectuado la calificación previa de la información; y,
2. Emitirá la resolución motivada que decida la desclasificación o reclasificación, en base al estudio correspondiente y previa evaluación del criterio del organismo que haya realizado la clasificación.

Una vez resuelta la desclasificación o reclasificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional o quien haga sus veces, el organismo a cuyo cargo estuvo la clasificación original, deberá proceder a la identificación de la información con la nueva calificación. «;

Que, el Presidente de la República del Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo N° 382 de 27 de abril de 2018, designa como Ministro de Defensa Nacional al GRAD. (sp) Oswaldo Jarrín Román; y,

Que, mediante oficio N° SIN-D-AT-S-0463-2018-OF de 26 de septiembre de 2018, el señor Subsecretario General Administrador Temporal de la Secretaría de Inteligencia informa y solicita al señor Ministro de Defensa Nacional: «Razón por la cual el Ing. Tito Galo Lara Yépez, conjuntamente con su abogado Silvio Enríquez Tóala, solicitaron a esta Cartera de Estado, las desclasificación de la información y documentación generada en procesos de investigación y seguimiento al ciudadano Ing. Tito Galo Lara Yépez, en función del anuncio del señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador realizado el lunes 04 de junio del presente año, ya que dentro de las operaciones Quinsaloma e Independencia no se pudo encontrar información relacionada con el ciudadano en mención dentro de los archivos que reposan en la Secretaría de Inteligencia. «,

(…) En mi calidad de Administrador Temporal de la Secretaría de Inteligencia nombrado por el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo N» 526 de 21 de septiembre de 2018, me permito emitir un Pronunciamiento Favorable en cuanto a la desclasificación de la información relacionada con el Ing. Galo Lara Yépez; y, al mismo tiempo solicitar a Usted, se autorice mediante Resolución la desclasificación en mención, a fin de dar cumplimiento a la disposición del señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador y al requerimiento realizado por el Ing. Tito Galo Lara Yépez, a través de su abogado Silvio Enríquez Tóala «.

En ejercicio de las atribuciones legales y de conformidad con el artículo 33 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública del Estado,

Resuelve:

Art. 1.- Disponer la desclasificación de la información y documentación relacionada con el Ing. Galo Lara Yépez que reposa en la Secretaría de Inteligencia.

Art. 2.- Disponer que la Secretaría de Inteligencia identifique la información y documentación desclasificada como ordinaria y proceda con la entrega al Ing. Tito Galo Lara Yépez.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 28 de septiembre de 2018.

f.) GRAD. (sp) Oswaldo Jarrín Román, Ministro de Defensa Nacional.

Registro Oficial N° 362 Miércoles 7 de noviembre de 2018 – 47

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CERTIFICO: Que el documento que en 02 (dos) fojas útiles antecede, contiene copias certificadas de la Resolución No. 052 de 28 de septiembre de 2018, publicada en la Orden General Ministerial No. 140 de 28 de septiembre de 2018, cuyo original reposa en la Dirección de Secretaría General de esta Cartera de Estado.

Quito, D.M. 02 de octubre de 2018.

f.) Ing. María Belén Yánez Miranda, Directora de Secretaría General.

OBSERVACIÓN: La Dirección de Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional no se responsabiliza por la autenticidad, validez o licitud de la documentación presentada para la certificación por parte de la Unidad Administrativa que la custodia, así como tampoco por el uso fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

No. 000154

LA SUBSECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Considerando:

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1202, de 13 de octubre del 2016, publicado en el Registro Oficial No. 876, de 8 de noviembre del 2016, se suprimió la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional y se dispuso que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ejerza la rectoría, planificación, regulación, control y gestión de la Cooperación Internacional, teniendo la atribución de suscribir, registrar y realizar el seguimiento a los convenios, programas y proyectos de cooperación internacional no reembolsable ejecutados por el sector público;

Que el Acuerdo Ministerial No. 000040, de 2 de mayo de 2017, expidió el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mediante el cual se creó la Subsecretaría de Cooperación Internacional y la Dirección de Gestión de la Cooperación Internacional No Gubernamental;

Que el numeral 1.2.1.5. literal i) del referido Estatuto establece como atribución de la Subsecretaría de Cooperación Internacional: «Verificar y articular con los actores de la cooperación los contenidos de los acuerdos,

Convenios Básicos de Funcionamiento con Organismos no Gubernamentales Extranjeros; y demás instrumentos de cooperación internacional a ser suscritos»;

Que entre las atribuciones de la Dirección de Gestión de Cooperación Internacional No Gubernamental, establecidas en el referido Estatuto, el literal d) señala: «Elaborar informes técnicos de cierre de actividades en el país de Organizaciones no Gubernamentales extranjeras»;

Que conforme se desprende de los literales e) y f) del artículo primero del Acuerdo Ministerial No. 000059, de 7 de julio de 2017, la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana delegó al Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional, la atribución de: «Autorizar los contenidos de los convenios, acuerdos, proyectos y demás documentos de cooperación internacional no reembolsable y suscribirlos «;

Que la Disposición General Tercera ibídem señala: » Se autoriza expresamente a los funcionarios delegados, para que bajo su control y responsabilidad, por excepción, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o necesidad institucional, debidamente motivados, puedan delegar, dentro del ámbito de su competencia, las facultades delegadas, siempre y cuando se mantengan dentro del alcance previsto en este instrumento «;

Que mediante Resolución No. 000162, de 16 de octubre de 2017, artículo único, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional delegó a la Subsecretaría de Cooperación Internacional, la atribución de: «autorizar los contenidos de los convenios, acuerdos, proyectos y demás documentos de cooperación internacional no reembolsable y suscribirlos «;

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 193, de 23 de octubre de 2017, el Presidente de la República expidió el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, cuyo artículo 30 reza: «Terminación de Convenio.- Si la ONG Extranjera no cumpliere con las disposiciones de esta sección, así como con lo establecido en el Convenio Básico de Funcionamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana previo estudio del caso y resolución motivada, dará por terminadas las actividades de la ONG Extranjera en el Ecuador»;

Que el 2 de abril de 2013, el Gobierno de la República del Ecuador, a través de la Ex Secretaría Técnica de Cooperación Internacional y la Organización No Gubernamental extranjera «Accreditation Canadá International», suscribieron un Convenio Básico de Funcionamiento con vigencia de cuatro años;

Que con oficio s/n, recibido el 12 de abril de 2017, la Dirección de Gestión de Cooperación Internacional No Gubernamental fue notificada con el cambio de denominación de «Accreditation Canadá International» a «Health Standards Organization (HSO)».

Que con memorando No. MREMH-SCI-2018-0656-M, de 9 de julio de 2018, la Subsecretaría de Cooperación

48 – Miércoles 7 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 362

Internacional emitió informe técnico indicando que «»Health Standards Organization (HSO)» incumplió varias obligaciones establecidas en el Convenio Básico de Funcionamiento y disposiciones de la normativa tributaria ecuatoriana, por lo que recomienda continuar con el trámite legal y administrativo para el cese definitivo de actividades de la citada ONG.

Que con memorando No. MREMH-DAJPDN-2018-0523-M, de 2 de agosto de 2018, la Dirección de Asesoría Jurídica y Patrocinio en Derecho Nacional emitió Dictamen Jurídico favorable para proceder con la terminación del convenio suscrito entre la Organización No Gubernamental extranjera «Health Standards Organization (HSO)» y el Gobierno de la República del Ecuador;

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N°. 1202, de 13 de octubre de 2016, en el artículo 30 del Decreto Ejecutivo No. 193, de 23 de octubre de 2017, y en el artículo único de la Resolución No. 000162, de 16 de octubre de 2017,

Resuelve:

Artículo 1.- Dar por terminadas las actividades en el Ecuador de la Organización No Gubernamental extranjera «Health Standards Organization (HSO)», autorizadas a través del Convenio Básico de Funcionamiento suscrito el 2 de abril de 2013.

Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Gestión de Cooperación Internacional No Gubernamental notifique con el contenido de la presente resolución a la Organización No Gubernamental extranjera «Health Standards Organization (HSO)».

Artículo 3.- Informar sobre la finalización de actividades en el Ecuador de la Organización No Gubernamental extranjera «Health Standards Organization (HSO)» a las siguientes entidades:

1. Secretaría Nacional de Gestión de la Política;
2. Secretaría Nacional de Inteligencia;
3. Superintendencia de Bancos y Seguros;
4. Servicio de Rentas Internas;
5. Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador;

f) Servicio Nacional de Contratación Pública;

g) Unidad de Análisis Financiero y Económico;

h) Ministerio del Trabajo;

i) Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y,

j) Ministerio de Salud Pública.

Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Gestión Documental y Archivo de este Ministerio realice las gestiones pertinentes para la publicación en el Registro Oficial de este instrumento.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la ciudad de Quito, a 14 de agosto de 2018.

f.) Manuel Mauricio Montalvo, Subsecretario de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA

RAZÓN.- Siento portal que las dos (02) fojas que anteceden, son copias de la Resolución Administrativa No. 000154 del 14 de agosto de 2018, conforme el siguiente detalle fojas: 1-2, son copias del original, documento que reposa en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO- LO CERTIFICO.

Quito, D.M. 10 de octubre de 2018.

f.) Emb. Francisco Augusto Riofrío Maldonado, Director de Gestión Documental y Archivo, Encargado.

OBSERVACIÓN: Esta Dirección de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no se responsabiliza por el estado y la veracidad de los documentos presentados para la certificación por parte de la Dirección que los custodia, y que puedan inducir a equivocación o error, así como tampoco por el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

El REGISTRO OFICIAL no se responsabiliza por los errores ortográficos, gramaticales, de fondo y/o de forma que contengan los documentos publicados, dichos documentos remitidos por las diferentes instituciones para su promulgación, son transcritos fielmente a sus originales, los mismos que se encuentran archivados y son nuestro respaldo.