Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 23 de Abril de
2014 – R. O. No. 231

SEGUNDO SUPLEMENTO

SUMARIO

Presidencia de la República:

Ejecutivo:

Decretos

286 Transfiérese al Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca, la competencia de regulación de plantaciones forestales y
su manejo sustentable con fines comerciales

287 Suprímense los directorios de las autoridades portuarias
de Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas

292 Ratifícase el Convenio sobre Indemnización por Daños
Causados a Terceros por Aeronaves, suscrito en la ciudad de Montreal el 2 de
mayo de 2009

Secretaría Nacional de Comunicación:

Acuerdo

025 Acógese el informe jurídico contenido en el memorando
Nro. SNC-DAL-2014-0004-M de 28 de marzo de 2014

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanzas
Municipales:

Ordenzanzas

010-2013 Cantón La Troncal: Sustitutiva que regula el cobro
de la tasa por servicio de agua potable y alcantarillado sanitario

012-2013 Cantón La Troncal: Que regula la determinación,
administración y recaudación del impuesto a los predios rústicos para el bienio
2014-2015


Cantón Puerto Quito: Que regula la formación de
los catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y
recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 2014
-2015


Cantón Zapotillo: Que reforma a la Ordenanza que
crea la nueva parroquia rural Cazaderos


Cantón Calvas: Que expide la primera reforma a
la Ordenanza que regula la instalación y control de la publicidad exterior

CONTENIDO


No. 286

Rafael Correa
Delgado

PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA

Considerando:

Que el
Artículo 14 de la Constitución de la República dispone que se reconoce el
derecho de la población a vivir en un ambiente sano y eco lógicamente
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, y
se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de
los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del
país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios
naturales degradados;

Que el
Artículo 227 de la Constitución dispone que la administración pública se rige
por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación;

Que mediante
Decreto Ejecutivo No. 931, publicado en el Registro Oficial No. 292 de 11 de
marzo de 2008, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
asumió las competencias en materia de regulación, promoción, fomento,
comercialización y aprovechamiento de plantaciones forestales y su manejo
sustentable con fines comerciales, establecidas en la Ley Forestal y de
Conservación de Aéreas Naturales y Vida Silvestre;

Que mediante
Decreto Ejecutivo No. 969, publicado en el Registro
Oficial No. 309 de abril 4 de 2008
, se creó la Unidad de Promoción y Desarrollo
Forestal del Ecuador PROFORESTAL, como una entidad adscrita al Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, para la implementación y ejecución
del Plan Nacional de Forestación y Reforestación;

Que mediante
Decreto Ejecutivo No. 1248 de fecha 19 de julio de 2012, publicado en el Registro
Oficial 759 de 2 de agosto de 2012
, se transfirieron las competencias de
gestión, promoción, fomento, planificación, comercialización y de promoción
forestal productiva que estaban a cargo de la Unidad de Promoción y Desarrollo
Forestal del Ecuador PROFORESTAL, al Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca;

Que según el
Artículo 5 de dicho Decreto, se restituyó al Ministerio del Ambiente la regulación
de plantaciones forestales;

Que mediante
Acuerdo Ministerial No. 003, publicado en el Registro
Oficial 269 de 9 de febrero de 2004
, el Ministerio del Ambiente expidió la
Norma de Semillas Forestales, cuyo objeto es establecer regulaciones respecto
de las actividades públicas y privadas
relacionadas con la producción, comercialización y control de calidad, así como
la promoción de mecanismos de acreditación de procedencia y calidad de semillas
forestales en el país;

Que es
necesario reorganizar la administración de los procedimientos técnicos y
administrativos de las plantaciones forestales que se establezcan con fines
comerciales, a efectos de garantizar su desarrollo sustentable, la prevención
del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados; y,

En ejercicio
de la facultad establecida en el número 6 del Artículo 147 de la Constitución
de la República, y la letra h) del Artículo 11 del Estatuto del Régimen
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva

Decreta:

Artículo 1.- Transferir
al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, la competencia de
regulación de plantaciones forestales y su manejo sustentable con fines
comerciales establecida en la Ley Forestal y de Conservación de Aéreas
Naturales y Vida Silvestre, que hasta el momento venía ejerciendo el Ministerio
del Ambiente.

Artículo 2.- Transferir
del Ministerio del Ambiente al Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca las competencias constantes en la Norma de Semillas
Forestales de especies comerciales, para establecer regulaciones respecto de
las actividades públicas y privadas relacionadas con la producción,
comercialización y control de calidad, así como la promoción de mecanismos de
acreditación de procedencia y calidad de semillas de especies forestales
comerciales en el país.

Por su parte,
el Ministerio del Ambiente mantendrá la competencia en la regulación respecto
de semillas forestales de especies nativas, así como la promoción de mecanismos
de acreditación de procedencia y calidad de las mismas.

Artículo 3.- Para
el ejercicio y ejecución de las atribuciones otorgadas, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca actuará a través de la
Subsecretaria de Producción Forestal, de dicha cartera de Estado.

Artículo 4.- El
Ministerio del Ambiente seguirá ejerciendo las demás competencias atribuidas en
la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre como la
administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, control y protección
de bosques y vegetación protectores, protección y regulación de bosques nativos
en cualquier estado, conservación y, control y fomento de plantaciones
forestales con fines de protección y recuperación de áreas degradadas.

Disposiciones
Transitorias

Primera.- Los
Ministerios de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y del Ambiente en un
plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la suscripción del presente
decreto, implementarán la plataforma informática enlazada del Registro de
Plantaciones forestales

Segunda.- Los
Ministerios de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y del Ambiente en un
plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la suscripción del presente
Decreto, ejecutarán las acciones pertinentes para la transferencia plena de las
competencias.

Tercera.- En
virtud de las competencias que se transfieren al Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca mediante el presente Decreto Ejecutivo, facúltese a este
Ministerio a determinar mediante Reglamento Orgánico la estructura, las
atribuciones y competencias de sus respectivas dependencias técnicas,
operativas y administrativas, en coordinación con el Ministerio del Ambiente
para optimizar y potenciar la transferencia de competencias

Cuarta.- Hasta
que se cumpla lo dispuesto en el presente Decreto Ejecutivo, el Ministerio del
Ambiente continuará ejerciendo las competencias transferidas al Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.

Disposición
Derogatoria.- Deróganse todas las normas de igualo menor jerarquía, que se opongan
a este Decreto Ejecutivo.

De la
ejecución de este Decreto, que entrará en vigencia a partir de la presente
fecha, encárguese a los Ministros de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca y del Ambiente.

Dado, en el
Palacio Nacional, en Quito a 31 de marzo de 2014.

f.) Rafael
Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

f.) Javier
Ponce Cevallos, Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.

f.) Lorena
Tapia Núñez, Ministra del Ambiente.

Quito 09 de
Abril del 2014, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

Documento
firmado electrónicamente.

Alexis Mera
Giler.

SECRETARIO
GENERAL JURÍDICO.

Secretaría
General Jurídica.

No. 287

Rafael Correa
Delgado

PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA

Considerando:

Que los
numerales 5 y 6 del artículo 147 de la Constitución de la República establecen
que entre las atribuciones y deberes del Presidente de la República está la de
dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los
decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control;
así como también crear, modificar o suprimir ministerios, entidades e
instancias de coordinación;

Que de
conformidad con lo prescrito en el numeral 1 del artículo 154 de la
Constitución de la República, a los ministros de Estado les corresponde ejercer
la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los
acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su gestión;

Que el Estado
Central tiene la competencia exclusiva sobre los puertos nacionales, según lo
prescribe el numeral 10 del artículo 261 de la Carta Magna;

Que el
artículo 17 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y prestación
de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, dispone que el
Presidente de la República tendrá facultad de emitir disposiciones normativas
de tipo administrativo dentro del Gobierno Central, para fusionar aquellas
entidades públicas que dupliquen funciones o actividades o que puedan
desempeñarse más eficientemente fusionadas, y reorganizar o suprimir entidades
públicas cuya naturaleza haya dejado de ser prioritaria e indispensable para el
desarrollo nacional, o que presten una atención eficiente y oportuna a las
demandas de la sociedad;

Que la
Disposición Transitoria Tercera-A de la norma ibidem faculta al Presidente de la
República para reorganizar los directorios de las entidades y empresas de
transporte terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y de las actividades
aeroportuarias y portuarias, a fin de convertirlas en entidades autónomas;

Que acorde a
lo establecido en el artículo 2 de la Ley General de Puertos, la planificación,
dirección, y coordinación de la política naviera y portuaria la ejerce el
Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, la Dirección de la Marina
Mercante y del Litoral y las demás entidades portuarias competencias que fueron
asumidas por el Ministerio rector de la política de Transporte y Obras Públicas
a través de la Subsecretaria de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial,
mediante Decreto Ejecutivo número 1111, del 27 de mayo del 2008, publicado en
el Registro Oficial número 358, del 12 de junio del 2008; y, Decreto Ejecutivo
número 1087, del 7 de marzo del 2012, publicado en el Registro Oficial número
668, de 23 de mayo del mismo año;

Que mediante
el citado Decreto Ejecutivo número 1111, del 27 de mayo de 2008, por una parte
se dispuso que la Dirección General de
la Marina Mercante y Puertos – DIGMER- pase a ser una dependencia
administrativa de la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial
del Ministerio de Trasporte y Obras Públicas; y, por otra, se creó la Dirección
Nacional de Espacios Acuáticos – DIRNEA-, como entidad dependiente de la Comandancia
General de la Marina;

Que mediante
el aludido Decreto Ejecutivo número 1087, del 07 de marzo del 2012, se suprimió
el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos y se transfirieron a la
Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial del Ministerio de
Trasporte y Obras Públicas, todas sus competencias, atribuciones y delegaciones
relacionadas con las facultades de rectoría, planificación, regulación y
control técnico de la rama sectorial de puertos y transporte acuático;

Que acorde a
lo prescrito en el artículo 1 de la Ley de Régimen Administrativo Portuario
Nacional, los puertos de la República se encuentran organizados como entidades
de derecho público, con personería jurídica, patrimonio y fondos propios,
sujetos a las disposiciones de la Ley General de Puertos;

Que conforme
lo indica el artículo 7 de la norma legal antes mencionada, las autoridades
portuarias están a cargo de un Directorio integrado, en su gran mayoría, por
miembros o representantes de organismos o autoridades que integran la Administración
Pública Central;

Que el segundo
inciso del artículo 7 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la
Función Ejecutiva establece que deberá expresarse en forma expresa el
Ministerio o el ente seccional autónomo al cual se adscribe cada entidad de la
Administración Pública Institucional, el mismo que ejercerá la tutela
administrativa, el control financiero y decisional, sin perjuicio de la
autonomía operativa de las entidades y otros controles pertinentes;

Que resulta
necesario adecuar las estructuras de gobierno y administración de las
autoridades portuarias a las normas constitucionales y legales vigentes, que
exigen de las entidades estatales alto estándares de eficiencia, eficacia y
calidad en sus gestiones administrativas;

En ejercicio
de las facultades que le confieren los numerales 5 y 6 del artículo 147 de la
Constitución de la República, el artículo 17 de la Ley de Modernización del
Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la
Iniciativa Privada y el literal f) del artículo 11 del Estatuto del Régimen
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Decreta:

Artículo 1.- Suprímase
los Directorios de las Autoridades Portuarias de Guayaquil, Manta, Puerto
Bolívar y Esmeraldas.

Artículo 2.- En
consecuencia de lo establecido en el artículo anterior, la Subsecretaría de
Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas asumirá las funciones que la ley otorga a los Directorios de las
Autoridades Portuarias de Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas, a excepción de las funciones
descritas en los literales a, c, y h del artículo 8 de la Ley de Régimen
Administrativo Portuario Nacional, que serán asumidas por el Gerente de cada
autoridad portuaria.

DISPOSICIÓN
FINAL.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia
a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial, encárguese el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Dado, en el
Palacio Nacional, Quito D.M., a 3 de abril de 2014.

f.) Rafael
Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

f.) Paola
Carvajal Ayala, Ministra de Trasportes y Obras Públicas.

Quito 09 de
Abril del 2014, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

Documento
firmado electrónicamente.

Alexis Mera
Giler.

SECRETARIO
GENERAL JURÍDICO.

Secretaría
General Jurídica.

Nº 292

Rafael Correa
Delgado

Presidente
Constitucional

de la
República

Considerando:

Que el
?Convenio sobre Indemnización por Daños Causados a Terceros por Acronaves? fue
suscrito en la ciudad de Montreal, el 2 de mayo de 2009;

Que el
objetivo del Convenio es establecer un régimen de responsabilidad civil cuando
se cause daños a terceros por una aeronave en vuelo en un vuelo internacional
dado por un hecho que no sea resultado de un acto de interferencia ilícita;

Que el
artículo 418 de la Constitución de la República establece que al Presidente de
la República le corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros
instrumentos internacionales;

Que en
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Secretario General
Jurídico de la Presidencia de la República, con Oficio No. T. 6638-SNJ- 13-84
de 28 de enero de 2013, remitió a la Corte Constitucional, el referido
Convenio, para que resuelva si requiere de aprobación legislativa;

Que en base a
lo expuesto, el Pleno de la Corte Constitucional en sesión ordinaria de 24 de julio de 2013,
resolvió que el instrumento internacional sometido a análisis no se encuentra
incurso en los casos que requieren aprobación legislativa, y por tanto no
necesita aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional;

Que el segundo
inciso del artículo 418 de la Constitución de la República dispone que un
Tratado sólo podrá ser ratificado, para su posterior canje o depósito, diez
días después de que la Asamblea haya sido notificada sobre el mismo;

Que en
cumpliendo con la precitada disposición, se ha notificado a la Asamblea
Nacional, en la interpuesta persona de la señora Gabriela Rivadeneira Burbano,
Presidenta del mencionado organismo, mediante oficio N° 6638-SNJ-12-718 de 16
de agosto de 2013 y recibido por la Asamblea Nacional el 19 del mismo mes y
año, y una vez que ha transcurrido el tiempo dispuesto; y,

En ejercicio
de la facultad conferida por el artículo 147, número 10, de la Constitución de
la República,

Decreta:

Artículo
Único.- Ratificase en todos sus artículos el «Convenio sobre Indemnización
por Daños Causados a Terceros por Aeronaves» suscrito en la ciudad de
Montreal, el 2 de mayo de 2009.

Disposición
Final.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en
el Registro Oficial y de su ejecución encárgase al Ministro de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana.

Dado en el
Palacio de Gobierno, en Quito, a 3 de abril de 2014.

f.) Rafael
Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

Quito 10 de
Abril del 2014, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

Documento
firmado electrónicamente.

Alexis Mera
Giler.

SECRETARIO
GENERAL JURÍDICO.

Secretaría
General Jurídica.

No. 025

Dr. Fernando
Alvarado Espinel

SECRETARIO
NACIONAL DE COMUNICACIÓN

Considerando:

Que conforme
al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

Que el
artículo 66 número 13 de la Carta Magna reconoce y garantiza a las persona el
derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

Que de acuerdo
al artículo 96 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconocen
todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía
popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las
decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de
gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten
servicios públicos.- Las organizaciones podrán articularse en diferentes
niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán
garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la
rendición de cuentas;

El artículo
141 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el Presidente
de la República ejerce la Función Ejecutiva, la misma que está integrada por la
Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los
demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su
competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y
evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para
ejecutarlas;

Que el artículo
3 del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de
las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, en adelante RFSUIOS, publicado en el
Registro Oficial Suplemento No. 19 de 20 de junio de 2013, define a las
organizaciones sociales como el conjunto de formas organizativas de la
sociedad, a través de las cuales las personas, comunas, comunidades, pueblos,
nacionalidades y colectivos, tienen derecho a convocarse para constituirse en
una agrupación humana organizada, coordinada y estable, con el propósito de
interactuar entre sí y emprender metas y objetivos lícitos para satisfacer
necesidades humanas, para el bien común de sus miembros y/o de la sociedad en
general, con responsabilidad social y en armonía con la naturaleza, cuya voluntad,
se expresa mediante acto constitutivo, colectivo y voluntario de sus miembros y
se regula por normas establecidas para el cumplimiento de sus propósitos;

Que el Código
Civil del Ecuador concede a las personas naturales y jurídicas el derecho de
constituir corporaciones y fundaciones, así como reconoce la facultad de la
autoridad que otorgó personería jurídica para disolverlas a pesar de la
voluntad de sus miembros;

Los artículos
564 y 565 del Código Civil definen a una persona jurídica una persona ficticia,
capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser
representada judicial y extrajudicialmente, señalando que estas pueden ser de
dos especies: corporaciones, y fundaciones de beneficencia pública, las mismas
que deben establecerse en virtud de una ley y previa aprobación del Presidente
de la República;

El artículo 3
del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de
las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, publicado en el Registro Oficial
Suplemento No. 19 de 20 de junio de 2013, define a las organizaciones sociales
como el conjunto de formas organizativas de la sociedad, a través de las cuales
las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos,
tienen derecho a convocarse para constituirse en una agrupación humana
organizada, coordinada y estable, con el propósito de interactuar entre sí y
emprender metas y objetivos lícitos para satisfacer necesidades humanas, para
el bien común de sus miembros y/o de la sociedad en general, con responsabilidad
social y en armonía con la naturaleza, cuya voluntad, se expresa mediante acto
constitutivo, colectivo y voluntario de sus miembros y se regula por normas
establecidas para el cumplimiento de sus propósitos;

Que la
Disposición Transitoria Quinta del Reglamento para el Funcionamiento del
Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas
que dispone:

?Dentro del
plazo de 60 días a partir de la publicación del presente Reglamento, las
instituciones competentes del Estado para otorgar personalidad jurídica a las
organizaciones sociales, aprobarán los requisitos específicos relacionados con
las áreas de su competencia y los publicarán en el SUIOS. En ningún caso se
solicitará documentos o requisitos no establecidos en el SUIOS.- Las
organizaciones sociales que no puedan realizar sus trámites vía electrónica,
podrán concurrir directamente ante las instituciones competentes del Estado?

Que la Ley
Orgánica de Participación Ciudadana publicada en el Registro Oficial Suplemento
No. 175 de 20 de abril de 2010, establece lo siguiente:

?Art. 31.-
Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la
libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que
promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las
organizaciones existentes.?

?Art. 36.-
Legalización y registro de las organizaciones sociales.- Las organizaciones
sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitar la en las
diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y
actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las
organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre
asociación y autodeterminación.?

Que el
artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 3 de 30 de mayo de 2013, dispone sustituir
el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 386, publicado en el Registro Oficial
83 de 23 de mayo de 2000 por el siguiente:

?Art 1.-
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN.- Créase la Secretaria Nacional de
Comunicación como entidad de derecho público, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, dotada de economía presupuestaria, financiera, económica y
administrativa?

Que mediante
DECRETO EJECUTIVO No. 339 publicado en el Registro Oficial No. 77 de 30 de
noviembre de 1998, el Presidente de la República delegó a los señores Ministros
de Estado, para que de acuerdo con la materia de que se trate, aprueben los
estatutos y las reformas de los mismos, de las fundaciones o corporaciones, y
les otorguen la personalidad jurídica, según lo previsto en el Art. 584 del
Código Civil;

Que el
artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 386 publicado en el Registro Oficial 83 de
23 de mayo del 2000, establece como funciones de la Secretaría Nacional de
Comunicación, entre otras, las siguientes:

?1. Velar que
la comunicación social aporte efectiva y eficientemente al desarrollo de la
gestión productiva, cultural, educativa, social y política del país;

2. Fomentar
procesos de intercambio de información, opiniones, criterios y puntos de vista
entre los diversos sectores de la sociedad, para estimular el diálogo necesario
y consolidar procesos de concertación nacional en procura de los objetivos
nacionales permanentes;

3. Bajo las
orientaciones e instrucciones del Presidente de la República establecer y
dirigir la política nacional de comunicación social e información pública del
Gobierno Nacional, encaminada a estimular la participación de todos los
sectores de la población en el proceso de desarrollo nacional;

(…)

5. Fomentar la
vigencia del derecho a la libertad de opinión, a la libre expresión del
pensamiento y el libre acceso a la información que sea trascendente a las
necesidades de todos los ecuatorianos, sin discrimen alguno;

6. Fomentar el
desarrollo, aplicación y promoción de los diversos métodos y procedimientos de
comunicación social e información, para atender a los requerimientos que el
desarrollo nacional determine, de modo que se facilite la participación
democrática de la ciudadanía en la discusión de los problemas nacionales y la
búsqueda de las soluciones apropiadas a su circunstancia social, política,
cultural, económica y científica;?

Que entre las
atribuciones y responsabilidades de la Secretaría Nacional de Comunicación
determinadas en el ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE
LA SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN – SECOM se encuentran:

Velar que la
comunicación social aporte efectiva y eficientemente al desarrollo de la
gestión productiva, cultural, educativa, social, política y de desarrollo del
país;

Fomentar el
desarrollo, aplicación y promoción de métodos y procedimientos de comunicación
social e información, para atender a los requerimientos del desarrollo
nacional, de modo que se facilite la participación democrática de la ciudadanía
en la discusión de los problemas nacionales y la búsqueda de soluciones
apropiadas a sus circunstancia social, política, cultural, económica y
científica;

Expedir
conforme el marco normativo, acuerdos, resoluciones, órdenes y disposiciones relacionadas
con la gestión de la Secretaría en su
ámbito de gestión;

Que mediante
comunicación ingresada en la Secretaría Nacional de Comunicación con fecha 24
de enero de 2014, el señor Ángel Eduardo Ramírez Llumitaxi, en calidad de
Presidente de la Directiva Provisional de la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
COMUNICACIÓN DEL ECUADOR ?ASOTCE? y su abogado patrocinador, solicitan
autorizar la constitución de la mencionada organización al amparo de lo
dispuesto en el REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA UNIFICADO
INFORMACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIUDADANAS publicado en el Registro
Oficial Suplemento No. 19 de 20 de junio de 2013;

Que mediante
informe jurídico contenido en el Memorando Nro. SNC-DAL-2014-0004-M de 28 de
marzo de 2014, la Dirección de Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional de
Comunicación concluye lo siguiente: ?Conforme al artículo 18 número 3 y
Disposición Transitoria Quinta del Reglamento para el Funcionamiento del
Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, y
habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 17 ibídem, es
procedente obrar el Estatuto y conceder personalidad jurídica a la ASOCIACION
DE TRABAJADORES DE LA COMUNICACIÓN DEL ECUADOR ?ASOTCE? como una corporación de
primer grado para el cumplimiento de los fines y de acuerdo a las normas
establecidas en el mismo?; y,

En uso de las
atribuciones que le confiere el artículo 17-2 del ERJAFE y demás normas
jurídicas aplicables,

Resuelve:

Art. 1.- Acoger
el informe jurídico contenido en el Memorando Nro. SNC-DAL-2014-0004-M de 28 de
marzo de 2014 suscrito por el Dirección de Asesoría Jurídica de la Secretaría
Nacional de Comunicación.

Art. 2.- Aprobar
el Estatuto y conceder personalidad jurídica a la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE
LA COMUNICACIÓN DEL ECUADOR ?ASOTCE? con domicilio en la ciudad de Quito
Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, como una corporación de primer
grado para el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Sistema
Unificado Información de Organizaciones Sociales, así como los fines y reglas
determinadas en su Estatuto y demás normativa vigente.

Art. 3.- Disponer
a la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA COMUNICACIÓN DEL ECUADOR ?ASOTCE?, dentro
de un plazo máximo de treinta días posteriores a la fecha de otorgamiento de la
personalidad jurídica, proceda a la elección de su directiva y comunique a esta
entidad, mediante oficio dirigido a la autoridad correspondiente.

Art. 4.- La
veracidad de los documentos ingresados es de exclusiva responsabilidad de los
peticionarios; de comprobarse su falsedad u oposición legalmente fundamentada,
esta Secretaría se reserva el derecho de dejar sin efecto el presente Acuerdo, y de ser el caso, llevar a
conocimiento del Ministerio Público.

Art. 5.- Disponer
la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial y notificar a la
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA COMUNICACIÓN DEL ECUADOR ?ASOTCE? en su
domicilio ubicado en la calle de las Brevas y Mariano Coronel No. 404, de la
parroquia el Inca, ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

Art. 6.- El
presente Acuerdo entrará en vigencia partir de su publicación en el Registro
Oficial.

Dado y firmado
en Quito, D.M. a los 31 de marzo del 2014.

f.) Dr.
Fernando Alvarado Espinel, Secretario Nacional de Comunicación.

SECRETARÍA
NACIONAL DE COMUNICACIÓN.- COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.- 4 de
abril del 2014.- f.) Ilegible, FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

No. 010-2013

EL I. CONCEJO
CANTONAL DEL CANTÓN LA

TRONCAL

Considerando:

Que, la
Constitución de la República del Ecuador en su Art. 14 reconoce el derecho de
la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que
garantice la sostenibilidad y el buen vivir.

Que, dentro de
las competencias exclusivas que la Constitución otorga a los Gobiernos
Municipales, está la de prestar los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos,
actividades de saneamiento ambiental y de todos aquellos que establezca la Ley.
Además de crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y
contribuciones especiales de mejoras.

Que, el Estado
garantizará que los servicios públicos y que su provisión responda a los
principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia,
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y
calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios
públicos sean equitativos.

Que, es
imperativo adaptar la normativa que regula el funcionamiento de la EMAPAT-EP, a
los cambios en la legislación nacional velando siempre por mantener la debida
correspondencia y armonía entre las normas que se expiden mediante ordenanzas
municipales y las normas constitucionales y legales vigentes.

Que, es
necesario normas para la correcta administración y utilización de los sistemas
de agua potable y alcantarillado sanitario en el Cantón La Troncal, a fin de
racionalizar el consumo y evitar el
desperdicio que atenta contra la provisión de este servicio a zonas
periféricas.

Que, en uso de
las atribuciones que le confiere la Constitución de la República en sus
Artículos 238, 240, 264 y artículos 5, 7, 55 literal d), y 322 del COOTAD,

Expide:

ORDENANZA
SUSTITUTIVA QUE REGULA EL COBRO DE LA TASA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CANTÓN LA TRONCAL

TÍTULO I

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Art. 1.-
Objeto de la tasa.- Constituye objeto de la tasa el servicio de operación,
distribución y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado
sanitario, compuesto por infraestructura, tuberías y conductos subterráneos
empleados para la ejecución del servicio.

Art. 2.-
Sujeto activo.- El sujeto activo de la tasa por el servicio de agua potable y
alcantarillado sanitario es la Empresa Pública Municipal de Agua potable y
Alcantarillado de La Troncal (EMAPAT-EP), en el ámbito de su jurisdicción.

Art. 3.- Del
sujeto pasivo.- Son sujetos pasivos los usuarios del servicio de agua potable y
alcantarillado sanitario, las personas naturales, jurídicas, sociedades de
hecho u otros.

Art. 4.-
Obligaciones de los usuarios.- La acometida del sistema de agua potable y
alcantarillado sanitario es obligatoria, para todas las propiedades urbanas y
rurales, en el área donde exista disponibilidad de los servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario.

Los
propietarios de construcciones existentes en la ciudad y de las que
posteriormente se construyan localizadas en la zona donde exista la posibilidad
de conexión al servicio de agua potable, deberán dotarles del servicio
adecuado.

En los lugares
que no se disponga de estos servicios, se deberá recurrir a soluciones
individuales de tratamiento.

TÍTULO II

DEL
OTORGAMIENTO DEL SERVICIO

CAPÍTULO I

DEL
PROCEDIMIENTO Y CONCESIÓN DEL

SERVICIO

Art. 5.- De la
solicitud.- La persona natural o jurídica que deseare obtener la conexión del
servicio de agua potable en una casa o inmueble de su propiedad, presentará la
solicitud dirigida al Gerente de la Empresa Pública Municipal de Agua potable y
Alcantarillado de La Troncal, en el formulario correspondiente, comunicando la necesidad del
servicio y detallando por lo menos, los siguientes datos:

La
identificación del peticionario propietario del inmueble,

La
identificación del predio donde se instalará el servicio de agua potable, con
identificación del lugar en el que se encuentra ubicado el predio a ser
servido,

La descripción
del uso que hará del servicio solicitado. ? Copia de la escritura pública o
documento que acredite ser el propietario del bien a ser servido.

Certificado de
no adeudar al Gobierno Municipal Autónomo del Cantón La Troncal.

Certificado de
no adeudar al EMAPAT-EP,

Copia de
Cédula de Ciudadanía del peticionario,

Copia actualizada
de certificado de votación,

La cantidad de
grifos, duchas o inodoros con los que cuenta o contará en la propiedad,
vivienda o predio a servir.

Art. 6.- De la
recepción de documentos.- Recibida la solicitud conjuntamente con la
documentación requerida en el artículo precedente, la Dirección Técnica
analizará y resolverá el otorgamiento o negación del servicio de agua potable
y/o alcantarillado sanitario.

Art. 7.- Del
trámite de la solicitud.- En un plazo perentorio no mayor de cinco días
laborables, la Dirección Técnica comunicará al interesado los resultados del
trámite de prestación del servicio de agua potable y/o alcantarillado
sanitario.

Art. 8.- Del
otorgamiento del servicio.- Si la solicitud fuere aceptada, el interesado
suscribirá un contrato con la EMAPAT-EP en los términos y condiciones
prescritas en la presente ordenanza.

Art. 9.-
Preferencia de acometida.- La EMAPAT-EP, a través de la Dirección Técnica
determinará donde se realizará la conexión del servicio requerido, procurando
que las instalaciones sean realizadas de la manera menos onerosa para el
usuario del servicio, salvo que el usuario indique donde desea la conexión.

Art. 10.- Del
catastro de agua potable.- Concedido el servicio de agua potable al interesado,
éste será incorporado por el Jefe de Facturación, al registro correspondiente
previo informe de la Dirección Técnica; en el mismo que se hará constar los
datos obligatorios de la solicitud de servicio.

CAPÍTULO II

DE LA
INSTALACIÓN DEL SERVICIO

Art. 11.- De
la instalación.- La EMAPAT-EP, a través de la Dirección Técnica, clasificará y efectuará las
instalaciones del servicio de agua potable a los interesados que hayan cumplido
con los requisitos previos, dicha instalación consistirá en los trabajos y
adecuaciones necesarias desde la tubería matriz hasta la línea de fábrica de la
propiedad a servirse o de ser el caso hasta el medidor del usuario el costo se
lo calculará de acuerdo a lo establecido en el Art. 31 de esta ordenanza. Es
obligación de los propietarios de los domicilios hacer los cambios,
prolongaciones o instalaciones de acuerdo con sus necesidades, trabajos que
deberán ser realizados previo visto bueno de la EMAPAT-EP.

Art. 12.-
Responsabilidad del usuario.- Toda conexión deberá ser instalada con su
respectivo medidor de consumo, cuyo mantenimiento, conservación, funcionamiento
estarán a cargo del propietario. En caso de pérdida o daño de cualquiera de los
accesorios de la acometida, el propietario del inmueble está obligado a pagar
el costo de las reparaciones que fueran necesarias, de todos los bienes que deban
reponerse, para el restablecimiento del servicio y su buen funcionamiento.

Art. 13.- Del
medidor de agua.- Todo medidor llevará un sello de seguridad, que por ningún
concepto podrá ser abierto o cambiado sino por el personal autorizado por la
EMAPAT-EP, cuando sea necesario o conveniente para el mejor servicio.

Si algún
usuario observare el mal funcionamiento de su medidor o medidores, o presumiere
alguna falsa indicación de consumo, solicitará por escrito a la Dirección
Técnica de la EMAPAT-EP, la revisión o el cambio del medidor.

El medidor
debe ser ubicado en un lugar visible y de fácil acceso al personal de la
EMAPAT-EP encargado de la lectura o reparación.

Art. 14.-
Instalación fuera del límite urbano.- En los casos que sea necesario prolongar
la tubería matriz para el servicio fuera del límite urbano, aceptado previo
estudio, de la EMAPAT-EP, vigilará que las dimensiones de la tubería a
extenderse se determinen con cálculos técnicos que garanticen un buen servicio
de suministro de agua potable.

Art. 15.-
Control previo en construcciones nuevas.- La EMAPAT-EP, vigilará que las
construcciones nuevas cuenten con las instalaciones necesarias, cuidando que
las edificaciones se ejecuten bajo las especificaciones técnicas y estudios
aprobados por el Gobierno Municipal Autónomo del Cantón la Troncal.

CAPÍTULO III

DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL SERVICIO DE

AGUA POTABLE

Art. 16.-
Administración.- La administración, operación y mantenimiento del sistema de
agua potable y alcantarillado sanitario, estará a cargo de la EMAPAT-EP, de
conformidad con las normas de la presente ordenanza.

Art. 17.-
Obligación por daños.- Cuando se produzca averías en las conexiones
domiciliarias desde la tubería al medidor o en este último, es obligación del propietario
comunicar a la EMAPAT-EP, para que realice la reparación o cambio respectivo.

Quien no
cumpla con lo dispuesto en el inciso anterior será responsable de todos los
daños y perjuicios civiles que ocasione a la EMAPAT-EP y a la población, sin
perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar.

Art. 18.-
Responsabilidad por el servicio.- La EMAPATEP, será encargada del suministro de
agua potable y dotación de alcantarillado sanitario, en la cabecera cantonal, y
en los sectores rurales de acuerdo a lo que establece el COOTAD, cuando se le
delegue esta competencia, siendo de su exclusiva responsabilidad la operación,
mantenimiento y ejecución de obras nuevas para brindar servicio de calidad
óptima, acorde con los requerimientos y necesidades de la ciudadanía.

Art. 19.- De
los materiales.- Los materiales, equipos y herramientas para instalación y
mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, son
única y exclusivamente responsabilidad de la EMAPATEP, a través de la Dirección
Técnica; siendo responsabilidad del guardalmacén el control y custodia de éstos
materiales.

CAPÍTULO IV

DE LA
RECAUDACIÓN

Art. 20.-
Responsabilidad.- Los propietarios de los bienes inmuebles o posesionarios
legítimos de éstos, son los responsables ante la EMAPAT-EP por el consumo de
agua potable que señale el medidor.

Art. 21.- De
la recaudación.- La recaudación por los servicios brindados se lo realizará de
forma mensual, de conformidad con las lecturas tomadas por la EMAPAT-EP; la
recaudación por el servicio y consumo de agua potable estará a cargo del
Departamento Financiero a través de Tesorería o Recaudación, conforme a los
catastros y emisión de planillas por parte de Medición y Facturación y de
acuerdo a la estructura tarifaria aprobada por el Directorio de EMAPAT-EP;
éstas tarifas serán acordes con el consumo y mantenimiento del servicio.

Art. 22.- De
los fondos recaudados.- El manejo de los fondos del servicio de agua potable
estará bajo el control de la Dirección Financiera, a través de su titular, su
recaudación estará a cargo de la Unidad correspondiente.

CLASIFICACIÓN
Y PLIEGO

TARIFARIO

Art. 23.- De
la clasificación.- Los abonados que cuenten con el o los servicios que brinda
EMAPAT-EP, serán clasificados dentro de las siguientes categorías:

Residencial.- En
estas categorías están todos aquellos abonados que utilicen los servicios en la
atención de las necesidades vitales. Este servicio corresponde al suministro de
agua dotado a inmuebles destinados únicamente a vivienda. Comercial.- Por el servicio comercial se
entiende el abastecimiento de agua potable a inmuebles o locales que estén
destinados a fines comerciales, tales como: restaurantes, bares, heladerías,
cafeterías, salones de bebidas alcohólicas, salas de espectáculos,
supermercados, comisariatos, oficinas, establecimientos educacionales
particulares, clínicas particulares, estaciones de servicio o distribuidoras de
combustible, pensiones, hostales, residencias, hoteles, cooperativas de
transporte terrestre, fluvial y aéreo, y demás inmuebles que se dediquen a
alguna actividad comercial.

Se excluyen de
esta categoría las pequeñas tiendas dentro de un inmueble destinado a vivienda,
siempre y cuando no cuente esta pequeña tienda con grifos o baños.

Industrial.- Esta
categoría se refiere al abastecimiento de agua a toda clase de edificios o
locales destinados a actividades industriales que utilicen o no el agua como
materia prima. En esta clasificación se incluyen a: fábricas de bloques,
ladrillos y más afines, derivados de caña de azúcar, fábricas de embutidos y
conservas, envasadoras de bebidas en general e industrias afines que guardan
relación o semejanza con lo expresado.

Institucional
o pública.- En esta categoría se incluyen las instituciones públicas en
general, establecimientos educacionales gratuitos, cuarteles y similares, así
como también las instituciones de asistencia social.

Art. 24.- De
la categorización.- La EMAPAT-EP, verificará y analizará las peticiones de los
usuarios del servicio de agua potable, y de acuerdo a criterios técnicos,
categorizará a los usuarios dentro de las cuatro categorías determinadas en
esta ordenanza.

Art. 25.-
Costo de metro cúbico base.- Con el propósito de encontrar una tarifa media de
sostenibilidad, el valor del metro cúbico base se establecerá tomando en cuenta
el valor total de Gastos Corrientes, Gastos de Producción y Gastos de Capital
(Adquisición de bienes muebles), más el cuarenta por ciento de la suma de los
Gastos Totales de Mantenimiento de Agua Potable y Mantenimiento de
Alcantarillado Sanitario, así como también el Volumen de Agua Producido al año.
Todos los datos en el párrafo anterior
corresponden al Presupuesto Ejecutado del año anterior. El metro cúbico base
(mcb) se determinará según las siguientes formulas:

costomedio

mcb=

consumomedio

costomedio =
pegco+pegpr+pegca (pegmxtp)

tu

vapa

consumomedio =

tu

Pegco=
Presupuesto Ejecutado de Gastos Corrientes.

pegpr=
Presupuesto Ejecutado de Gastos de Producción.

pegca= Presupuesto
Ejecutado de Gastos de Capital.

pegm= Presupuesto
Ejecutado de Gastos de Mantenimiento de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario.

tp= Tanto por
ciento determinado.

vapa= Volumen
de agua producido del año anterior.

tu= Total de
usuarios del año anterior

El valor del
porcentaje del Presupuesto Ejecutado de Gastos de Mantenimiento de Agua Potable
y Alcantarillado Sanitario (pegm), se determina en 40.00% como valor inicial,
el mismo que se revisará de ser necesario en cada actualización del valor de
metro cúbico base, de acuerdo a las necesidades de Mantenimiento de los
sistemas indicados.

Art. 26.- Los
abonados al servicio de agua potable que cuenten con el servicio de
alcantarillado sanitario cancelaran un porcentaje del valor causado por el
consumo de agua, según el cuadro que consta en el siguiente artículo.

Art. 27.- De
las tarifas por consumo.- Los usuarios según su clasificación pagarán las
tarifas de consumo de acuerdo al siguiente cuadro:


CATEGORIA

RANGOS DE
CONSUMO (m3)

VALOR POR
CONSUMO usd/m3

ALCANTARILLADO
SANITARIO

RESIDENCIAL

0

15

Básico
mensual

mcb x 1 x 15

30%

16

40

mcb x 1,10 x
c/m

41

60

mcb x 1,20 x
c/m

61

80

mcb x 1,30 x
c/m

Consumos
mayores a 80 metros cúbicos en esta categoría, se considerarán como categoría
Comercial.

CATEGORIA

RANGOS DE
CONSUMO (m3)

VALOR POR
CONSUMO usd/m3

ALCANTARILLADO
SANITARIO

COMERCIAL

0

20

Básico
mensual

mcb x 1.30 x
20

40%

21

50

mcb x 1.40 x