Jueves, 15 de Febrero de 2007 – R.O. No. 23 SUPLEMENTO
n
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
Dr. Vicente Napoleón Dávila García
DIRECTOR

FUNCION EJECUTIVA

ACUERDO:

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL:

0330 Apruébase el estatuto y concédese personería jurídica al Comité
Promejoras de la Ciudadela “Abdón Calderón”, con domicilio en el cantón Santo Domingo de los Colorados, provincia de Pichincha……………………………………………………….2

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RESOLUCIONES:

PRIMERA SALA

0011-2006-AA (Acumulado con el caso Nº 0012-2006-AA) Inadmítese la demanda de inconstitucionalidad propuesta por el doctor Jaime Chimbo Iturralde………………..4

0021-2006-AA Deséchase la demanda de inconstitucionalidad propuesta por el ciudadano Luis Santiago Benavides Moreno………………………………………………………………8

0248-06-RA Niégase el amparo constitucional interpuesto por la doctora Sandra Marielena Ampuero Joza……………………………………………………………………………..12

0254-06-RA Confírmase la resolución emitida por el Juez de instancia y concédese la acción de amparo propuesta por el señor Carlos Leonardo López Parra……………………15

0308-06-RA Revócase la resolución del Juez de instancia constitucional y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el ciudadano Jacinto Esteban Medina Fuentes…………………………………………………………………………………….17

0324-06-RA Revócase la resolución del Juez de instancia constitucional y niégase la acción de amparo propuesta por el señor Jaime Manuel Fernán Piedra Fernández y otros…22

0332-06-RA Confírmase la resolución dictada por la doctora Mónica Flor Pazmiño, Jueza Vigésimo Cuarto de lo Civil de Pichincha y niégase el amparo constitucional solicitado por el señor Manuel Dionisio Ashca Negrete y otros………………………24

0336-06-RA Niégase la acción de amparo propuesta por la señora María Isabel Cabrera Plaza, Directora Ejecutiva de FUNDEM………………………………………………………..27

0344-06-RA Confírmase la resolución pronunciada por el Juez Segundo de lo Civil de Pichincha e inadmítese la acción constitucional propuesta por el señor Roberto Carlos Alomoto Huilcapi………………………………………………………………….30

0355-06-RA Inadmítese la acción de amparo constitucional formulada por María Sol Gonzáles Rivadeneira y otros, por falta de legitimación activa………………………………….34

0367-06-RA Niégase la acción de amparo constitucional planteada por la señora Ana María Avilés, por improcedente…………………………………………………………………38

0374-06-RA Niégase el amparo constitucional propuesto por el economista Marco Zaldumbide Solís…………………………………………………………………………………………41

0376-06-RA Confírmase la resolución pronunciada por el Juez Quinto de lo Civil de Imbabura y recházase el amparo constitucional interpuesto por Gloria Emperatriz Flores Obando………………………………………………………………………………………45

0384-06-RA Revócase la resolución del Juez de instancia constitucional y niégase la acción de amparo solicitada por el ciuda-dano Joaquín Leonidas Plaza Sommers……………49

0387-06-RA Revócase la resolución emitida por el Juez de instancia e inadmítese la acción de amparo planteada por el señor Pablo Andrade Mosquera, por improcedente………52

0390-06-RA Confírmase la resolución pronunciada por el Juez Primero de lo Civil de Esmeraldas y recházase el amparo constitucional propuesto por el ingeniero Luis Alberto Marín Borbor………………………………………………………………………55

0392-06-RA Revócase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional interpuesta por la señora Verónica María Urquizo Villamar………….58

0393-06-RA Revócase la resolución del Juez de instancia constitucional y acéptase parcialmente la acción de amparo constitucional propuesta por el economista Geesner Marlon Orellana Nevarez, Gerente de la Empresa Municipal de Aseo y Servicios Públicos (EMASEP)……………………………………………………………61

0413-06-RA Confírmase la resolución emitida por el Juez Décimo Octavo de lo Penal de Pichincha y niégase el amparo constitucional propuesto por Mario Alejandro Cuvi Morocho…………………………………………………………………………………….66

0415-06-RA Revócase la resolución del Juez de instancia constitucional y niégase la acción de amparo solicitada por la ciudadana Jeannette M. Cevallos Abramowicz, Gerente General de la Compañía COATUR S. A……………………………………………..…69

0429-06-RA Confírmase la resolución pronunciada por el Juez Décimo de lo Civil de Tungurahua y deséchase la demanda de amparo constitucional presentada por el doctor Raúl Shonquen Gavilanes Silva, Alcalde del I. Municipio de Quero y otro…72

0442-06-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por el señor Humberto Cholango, Presidente de ECUARUNARI y otras.76

0455-06-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese parcialmente el amparo constitucional al señor Germán Leonardo Bedoya Bravo…………………..79

n n

No. 0330
n
n Dr. Nicolás Naranjo Borja
n SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
n
n Considerando:
n
n Que, de conformidad con lo prescrito en el numeral 19 del Art. 23 de la Constitución Política de la República, el Estado Ecuatoriano reconoce y garantiza a los ecuatorianos el derecho a la libre asociación con fines pacíficos;
n
n Que, según los Arts. 565 y 567 de la Codificación del Código Civil, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 46 de junio 24 del 2005, corresponde al Presidente de la República aprobar mediante la concesión de personería jurídica, a las organizaciones de derecho privado, que se constituyan de conformidad con las normas del Título XXX, Libro I del citado cuerpo legal;
n
n Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 339 de noviembre 28 de 1998, publicado en el Registro Oficial No. 77 de noviembre 30 del mismo año, el Presidente Constitucional de la República, delegó la facultad para que cada Ministro de Estado, de acuerdo al ámbito de su competencia, apruebe los estatutos y las reformas a los mismos, de las organizaciones pertinentes;
n
n Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1205 de marzo 8 del 2006, el señor Presidente Constitucional de la República, designó como Ministro de Bienestar Social al Dr. Rubén Alberto Barberán Torres, Secretario de Estado que, de conformidad con el Art. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, es competente para el despacho de los asuntos inherentes a esta Cartera de Estado;
n
n Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 0239 de julio 27 del 2006, Art. 1 literal e), el Ministro de Bienestar Social, delegó al Subsecretario de Fortalecimiento Institucional, la facultad de otorgar personería jurídica a las organizaciones de derecho privado, sin fines de lucro, sujetas a las disposiciones del Título XXX Libro I de la Codificación del Código Civil, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 46 de junio 24 del 2005;
n
n Que, la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Bienestar Social, mediante oficio No. 330-DTAL-PJ-GEC-2006 de julio 31 del 2006, ha emitido informe favorable, para la aprobación del estatuto y concesión de la personería jurídica a favor del comité pro-mejoras de la ciudadela “ABDON CALDERON”, con domicilio en el cantón Santo Domingo de los Colorados, provincia de Pichincha, por cumplidos los requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 3054 de agosto 30 del 2002, publicado en el Registro Oficial No. 660 de septiembre 11 del mismo año y del Título XXX, Libro I de la Codificación del Código Civil, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 46 de junio 24 del 2005; y,
n
n En ejercicio de las facultades legales,
n
n Acuerda:
n
n Art. 1.- Aprobar el estatuto y conceder personería jurídica del comité pro-mejoras de la ciudadela “ABDON CALDERON”, con domicilio en el cantón Santo Domingo de los Colorados, provincia de Pichincha, con las siguientes modificaciones.
n
n PRIMERA.- A continuación del artículo “6”, agréguese un artículo innumerado que diga: Art. “Por su naturaleza queda prohibido el comité de intervenir en asuntos relacionados con la compra y venta de bienes inmuebles, escrituración, traspasos o cualquier otra actividad relacionada con la solución habitacional de sus miembros, siendo causal de disolución su inobservancia, sin perjuicio de derecho de dominio establecido en el Código Civil”.
n
n Art. 2.- Registrar en calidad de socios fundadores a las siguientes personas:

n

Nombres Número de Nacionalidad
n Cédula
n
n Bazurto Zambrano Carmen Leonor 1711484053 Ecuatoriana
n Beltrán Vega Gladys María 1702601343 Ecuatoriana
n Cabezas Andrango Delia Ernestina 1703497394 Ecuatoriana
n Cuesta Vega Francisco 1100443173 Ecuatoriana
n Fares Lucio Edgar 0700952070 Ecuatoriana
n Garofalo Rojas Ibo Eriver 0200305456 Ecuatoriana
n Guajala Yaguana Santos Rafael 0700824378 Ecuatoriana
n Guanga González Luisa Martina 0600410112 Ecuatoriana
n Lema Capuz Luis Humberto 1700235920 Ecuatoriana
n Lema Rosa Mercedes 1704834082 Ecuatoriana
n López Acosta Mariana de Lourdes 1704017910 Ecuatoriana
n López Acosta Victoria Teresa de Jesús 1703948909 Ecuatoriana
n Morejón Abel Enrique 0200003796 Ecuatoriana
n Morocho Mendieta Segundo Tomás 0700032055 Ecuatoriana
n Ortiz Lozada Fani Yolanda 0501708762 Ecuatoriana
n Padilla Pazmiño Elvia Biviana 1701817163 Ecuatoriana
n Pérez Borja Martha Flor 1704794153 Ecuatoriana
n Pérez Guajala Carmen Amelia 171410155-5 Ecuatoriana
n Ponce Espinoza Almilcar Bolívar 1200690020 Ecuatoriana
n Quenorán Bastidas Cecilia Esperanza 1702620731 Colombiana
n Quiñónez Reyes José Zabulón 0900351024 Ecuatoriana
n Sánchez Cruz Angela del Consuelo 1709787103 Ecuatoriana
n Suín Torres Lucio Rogelio 1703390821 Ecuatoriana
n Unda Garzón Martha Eugenia 1702926542 Ecuatoriana
n Vásquez Sarmiento Rosa Elena 0100841089 Ecuatoriana

n

n Art. 3.- Disponer que el comité, ponga en conocimiento del Ministerio de Bienestar Social, la nómina de la directiva designada, una vez adquirida la personería jurídica y las que se sucedan, en el plazo de quince días posteriores a la fecha de elección, para el registro respectivo de la documentación presentada.
n
n Art. 4.- Reconocer a la asamblea general de socios como la máxima autoridad y único organismo competente para resolver los problemas internos del comité y al Presidente, como su representante legal.
n
n Art. 5.- La solución de los conflictos que se presentaren al interior del comité y de este con otras organizaciones o terceros, se someterá a las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 145 de septiembre 4 de 1997.
n
n Publíquese de conformidad con la ley.
n
n Dado en Quito, a 17 de agosto del 2006.
n
n f.) Dr. Nicolás Naranjo Borja, Subsecretario de Fortalecimiento Institucional.
n
n MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.- 1 de septiembre del 2006.- f.) Jefe de Archivo.
n
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n

Quito, 31 de enero de 2007
n
n No. 0011-2006-AA

n

n (ACUMULADO CON EL CASO No. 0012-2006-AA)
n
n Vocal ponente: Doctor Juan Montalvo Malo
n
n “LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
n
n En el caso signado con el N° 0011-2006-AA
n
n ANTECEDENTES:
n
n El doctor Jaime Chimbo Iturralde, en su calidad de Procurador Judicial y representante legitimado de los señores Técnicos Docentes de Educación de la provincia de Pichincha, Vicente Hernán Ávila Cabezas, Ana Lidilia Bailón Chancay, Ana Lucía Lucero Gualli, Lauro Patricio Villalba Sevilla y Lilian Margarita Avalos Cascante, con el informe de procedibilidad del Defensor del Pueblo y fundamentado en los artículos 276 numeral 2, 277 numeral 5, 12 numeral 2, 23 numeral y siguientes de la Constitución Política de la República; y, 62 de la Ley de Control Constitucional, demanda la inconstitucionalidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio No. 430-DNAJ-2006 de 20 de febrero de 2006 y Memorando No. 246-DNAJ-2006 de 9 de febrero del 2006, suscritos por la Subsecretaria de Educación y Director Nacional de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura.
n
nQue la Ministra de Educación y Cultura con los dirigentes de las Organizaciones Gremiales del Magisterio Nacional, como son la UNE, ARECISE, ANSEDE, ANDEJ, FENATED, FCME, APROMEC, AEMEC y ASPRAMEC, suscribieron un Acuerdo y Acta Compromiso en el Distrito Metropolitano de Quito, el 5 y 10 de mayo de 2005, mediante los cuales se estableció en los acápites TERCERO, CUARTO y QUINTO del numeral siete del Acuerdo; y, numeral seis, inciso segundo del Acta de Compromiso que: “7.- SUPRESIÓN DE PARTIDAS…La desvinculación del personal técnico docente y supervisores, solo se dará por solicitud voluntaria de los interesados; Para la desvinculación voluntaria, se aplicará la indemnización legal de 1.000 USD por cada año de servicio; Y, No se aplicará la supresión de partidas programadas por la SENRES, ratificando la estabilidad del personal que labora en el MEC y se buscará el mecanismo jurídico para el caso de retiros voluntarios de administrativos.” Que la cláusula Sexta del Acta Compromiso se manifiesta: “6. CON LO RELACIONADO CON LA SUPRESIÓN DE PARTIDAS. No se aplicará la supresión de partidas programadas por la SENRES, ratificando la estabilidad del personal que labora en el Ministerio de Educación y Cultura y se buscará el mecanismo jurídico para el caso de retiro voluntario del personal administrativo, para lo cual se aplicará la indemnización legal de mil dólares por cada año de servicio. La desvinculación del personal técnico docente y supervisores solo se dará por solicitud voluntaria de los interesados y su indemnización será de mil dólares americanos por cada año de servicio…”.
n
nQue fundamentado en los artículos 24 de la Ley del Control Constitucional y 65 del Estatuto Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, presentó una petición al Ministro de Educación y Cultura, solicitando se de cumplimiento con lo acordado y se proceda a su inmediata ejecución.
n
nQue en el año 1998 y siguientes, los Supervisores de Educación, mediante el procedimiento de renuncia voluntaria fueron objeto de indemnización conforme a las normas establecidas en la Ley de Modernización del Estado y que igual situación se dio con los Profesores Nocturnos, por lo que existen antecedentes de retiro voluntario con pago de indemnización relativo a este sector de la educación.
n
nQue la Subsecretaria de Educación, en representación del Ministro de Educación y Cultura, mediante Oficio No. 430-DNAJ-2006 de 20 de febrero de 2006, remite el Memorando No. 246-DNAJ-2006 y en lugar de atender el pedido realizado, por haber transcurrido en exceso el plazo establecido en el artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado, operó el silencio administrativo a su favor, entendiéndose que su solicitud ha sido aprobada y resuelta a favor de sus representados. Que sin tomar en cuenta el fundamento del pedido, en el oficio referido se señala “4. La supresión de puestos no constituye un derecho de los funcionarios públicos, porque es potestad del Estado suprimir o no suprimir los puestos de conformidad con los organismos determinados en el Art. 102 de la LOSCCA. Por otra parte, los supervisores, por constituir personal docente o técnico docentes sujetos a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, se encuentran fuera del ámbito establecido por el Art. 102 de la LOSCCA.” Y el numeral 6 del memorando manifiesta “6. Las pretensiones de los peticionarios por más justas que sean, constituyen únicamente meras expectativas que, de acuerdo con el Art. 7 numeral 6 del Código Civil Ecuatoriano; “las meras expectativas no constituyen derecho”.
n
nQue quienes conforman el Magisterio Nacional, por mandato expreso de lo dispuesto en el literal h) del artículo 5 e inciso final del artículo 102 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, no están bajo el régimen y ámbito de la LOSCCA y se encuentran excluidos de manera expresa y taxativa del ámbito de aplicación del cuerpo legal citado.
n
nQue mediante Acuerdo Ministerial No. 0105 de 7 de marzo de 2006, el Ministro de Educación y Cultura dispone “Que es interés de esta Cartera de Estado continuar con esta política de entregar incentivos o compensación para los educadores de todos los niveles y jornadas de trabajo que decidieren separarse voluntariamente del magisterio fiscal para acogerse al beneficio de la jubilación…” y que para continuar con este proceso, el Ministerio de Educación y Cultura cuenta con una asignación de 16 millones de dólares para el ejercicio económico del año 2006, que consta en el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional mediante Resolución No. R26-086 de 29 de noviembre de 2005; y Resuelve: “Art. 2. Créase la Comisión Interinstitucional integrada por el Subsecretario General Administrativo o su delegado, quien la presidirá, la Directora Nacional de Planeamiento o su delegado y el Presidente de la Unión de Educadores o su delegado. La Comisión contará con el apoyo técnico de funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura que estime conveniente. La Comisión Interinstitucional realizará el estudio, calificación e implementación del incentivo o compensación para los educadores de todos los niveles y jornadas de trabajo que decidieren separarse voluntariamente del magisterio fiscal…”
n
nQue las autoridades al no dar paso a los justos y legales pedidos realizados, han cometido actos ilegítimos, que les causa daño inminente y grave a sus representados.
n
nQue se ha violentado los artículos 17, 18, 19, 23 numerales 3, 4 (parte final), 5, 15, 17, 26 y 27; 24 numeral 13; 35 numerales 3, 4, 5 y 6 y, 124 inciso segundo dela Constitución Política.
n
nCita en la demanda los artículos 272, 17 y 24 de la Constitución Política de la República; y, 1561 del Código Civil Codificado.
n
nPor lo expuesto solicita que el Ministro de Educación y Cultura, adopte las medidas urgentes para hacer cesar los actos de autoridad pública que están contenidos en el Oficio No. 430-DNAJ-2006 de 20 de febrero de 2006 y Memorando No. 246-DNAJ-2006 de 9 de febrero de 2006, expedidos por la Subsecretaria de Educación y Director Nacional de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura y se disponga que se deje sin efecto o revoque los actos ilegítimos contenidos en los oficios referidos.
n
nLa Comisión de Recepción y Calificación del Tribunal Constitucional, en providencia de 4 de julio de 2006, las 17h00, y de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento de Trámite de Expedientes dispone la acumulación del caso No. 0012-2006-AA al caso No. 0011-2006-AA; y, admite a trámite las demandas planteadas.
n
nLa Primera Sala del Tribunal Constitucional, mediante providencia de 19 de julio de 2006, asume la competencia de la presente causa y corre traslado con la demanda a los señores Ministro de Educación y Cultura y Procurador General del Estado.
n
nEl Ministro de Educación y Cultura, en su contestación manifiesta que los actos administrativos a que hace referencia la demanda, gozan de legalidad, ya que fueron expedidos por autoridad pública competente y son legítimos al tenor de lo prescrito en el artículo 68 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y gozan de ejecutoriedad, por cuanto los mismos han causado estado, se encuentren firmes y en consecuencia han puesto fin a la vía administrativa.
n
nQue con la reforma mediante la cual se sustituye el inciso primero de la Disposición General Segunda, han sido derogadas las figuras jurídicas del retiro voluntario, renuncia, reasignación de funciones y cualquier otra modalidad de terminación de la relación laboral o de servicio, con excepción de la eliminación o supresión de partidas del personas de las instituciones, entidades y organismos determinados en el artículo 102 de la LOSCCA, por lo que el pedido que se dice haber formulado el 25 de enero de 2005, no tiene asidero legal, ni constitucional.
n
nQue en lo referente a la aseveración realizada de que por no atender el pedido en el plazo establecido en el artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado, ha operado el silencio administrativo y su petición ha sido aprobada y resuelta en beneficio de los mandantes, a través de su representante, lo que es incoherente con el artículo 28 de la Ley citada, en razón a que este artículo sufrió una reforma. Que el Tribunal Constitucional en Resolución No. 128-2000-TP, dentro del caso 1119 amparo constitucional, dice “Que, no cabe aplicar el silencio administrativo por actos que contempla el artículo 28 de la Ley de Modernización, pues, bastaría que un buen número de personas pidan sumas de dinero y si el Presidente no avanza a contestar dentro del plazo previsto, tendrían derecho a cobrar, mediante amparo, sin que se haya establecido la procedencia del requerimiento”. Que por lo señalado solicita se rechace la procedencia del silencio administrativo.
n
nQue como se indicó en el memorando No. 246-DNAJ-2006 de 9 de febrero de 2006 y oficio No. 430-DNAJ-2006 de 20 de los mismos mes y año, los compromisos suscritos el 5 y 11 de mayo de 2005 por la ex titular de la Cartera de Estado y los gremios del Magisterio Nacional, no son de cumplimiento obligatorio, ni vinculante, ya que esos compromisos están supeditados a la consecución de los recursos financieros ante el Ministerio de Economía y Finanzas y otros organismos internacionales, previo el análisis técnico de racionalización de recursos humanos, en las diferentes instancias administrativas en las que prestan sus servicios los recurrentes, por cuanto al tenor de lo que dispone el numeral 6 del artículo 7 del Código Civil, “Las meras expectativas, no constituyen derecho”.
n
nQue el doctor Jaime Chimbo Iturralde, representante de los mandantes, presentó anteriormente un recurso de amparo constitucional, ante el Juzgado Noveno de lo Civil de Pichincha, en calidad de Procurador Judicial de los ex profesores nocturnos de diferentes provincias del país, el que fue rechazado.
n
nCASO No. 0012-2006-AA
n
nEl doctor Jaime Chimbo Iturralde, en su calidad de Procurador Judicial y representante legitimado de los Supervisores de Educación y Técnicos Docentes de las diferentes provincias del país, con el informe de procedibilidad del Defensor del Pueblo y fundamentado en los artículos 276 numeral 2, 277 numeral 5 de la Constitución Política de la República; 12 numeral 2, 23 y siguientes; y, 62 de la Ley del Control Constitucional presenta la demanda de inconstitucionalidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio No. 430-DNAJ-2006 de 20 de febrero de 2006 y Memorando No. 246-DNAJ-2006 de 9 de febrero de 2006, suscritos por la Subsecretaria de Educación y Director Nacional de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura.
n
nEl texto de la demanda es idéntico al del caso No. 0011-2006-AA.
n
nCONSIDERANDO:
n
nPRIMERO.- Que, esta Sala es competente para conocer y resolver la demanda planteada, de conformidad con lo que disponen los artículos 276, número 2, de la Constitución, 12, número 2, y 62 de la Ley del Control Constitucional y 20 y siguientes del Reglamento de Trámite de Expedientes en el Tribunal Constitucional;
n
nSEGUNDO.- Que, el peticionario se encuentra legitimado para interponer esta acción constitucional, de conformidad con los artículos 277, número 5, de la Constitución y 23, letra e, de la Ley del Control Constitucional, al contar con el informe de procedencia del Defensor del Pueblo, que corre a fojas 59 a 61 del proceso;
n
nTERCERO.- Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;
n
nCUARTO.- Que, como lo ha señalado esta Magistratura en otras ocasiones, la Constitución es un todo orgánico y el sentido de sus normas debe ser determinado e interpretado de tal manera que exista entre ellas la debida correspondencia y armonía, debiendo excluirse, definitivamente, cualquier interpretación que conduzca a anular o privar de eficacia a algunos de sus preceptos. De este modo, la acción de inconstitucionalidad prevista en el número 2 del artículo 276 de la Constitución consagra el control concentrado, abstracto y a posteriori de constitucionalidad de actos administrativos, a través del cual el Tribunal Constitucional debe, exclusivamente, confrontar el contenido del acto administrativo impugnado con el texto de la Constitución, sin que, por medio de este proceso, se remplacen otros recursos o acciones previstos por el ordenamiento jurídico;
n
nQUINTO.- Que, de conformidad con lo señalado en el considerando precedente, las acciones de inconstitucionalidad tienen por objetivo el asegurar la regularidad constitucional del ordenamiento jurídico, razón por la cual no es competencia de esta Magistratura el análisis de legalidad de los actos impugnados, asunto que, en cambio, sí correspondía al Tribunal de Garantías Constitucionales (Art. 141, número 2, de la codificación constitucional de 1984). En definitiva, para que sea procedente la acción de inconstitucionalidad de acto administrativo, la demanda se debe sustentar en la violación de disposiciones constitucionales (no legales ni reglamentarias) que de modo directo provengan del acto administrativo impugnado;
n
nSEXTO.- Que, por una parte, la acción propuesta se basa en disposiciones contenidas en normas de rango legal y, por otra, en la demanda se acusa, de modo reiterado, que los actos impugnados resultan ilegítimos y violatorios de derechos constitucionales, ocasionando daño inminente y grave a los mandatarios del demandante, asunto que debe ventilarse en otra clase de acciones y no en una de inconstitucionalidad de actos administrativos como ocurre.
n
nPor todo lo expuesto, la Primera Sala del Tribunal Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones,
n
nRESUELVE
n
n1.- Inadmitir la demanda de inconstitucionalidad propuesta y dejar a salvo los derechos de los accionantes para proponer las acciones por la vías que estimen pertinentes.
n
n2- Disponer que la resolución se publique en el Registro Oficial. Notifíquese.
n
nf.) Dr. Juan Montalvo Malo, Presidente Primera Sala.
n
nf.) Dr. Tarquino Orellana Serrano, Vocal Primera Sala.
n
nf.) Dr. Enrique Tamariz Baquerizo, Vocal Primera Sala.
n
nRazón.- Siento por tal que la Resolución que antecede, fue discutida y aprobada por los señores doctores Juan Montalvo Malo, Tarquino Orellana Serrano y Enrique Tamariz Baquerizo, Vocales de la Primera Sala del Tribunal Constitucional, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil siete.- LO CERTIFICO.-
n
nf.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria Primera Sala.
n
nTRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 8 de febrero del 2007.- f.) Secretaria de la Sala.
n
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n

No. 0021-2006-AA
n
n Vocal ponente: Doctor Tarquino Orellana Serrano
n
n “LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
n
n En el caso signado con el N° 0021-2006-AA
n
n ANTECEDENTES:
n
n El señor Luis Santiago Benavides Moreno, con el informe de procedibilidad del Defensor del Pueblo, fundamentado en los artículos 276 numeral 2 y 277 numeral 5 de la Constitución Política de la República, 12 numeral 2 y 8 literal e) de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, demanda la inconstitucionalidad del acto administrativo de 9 de mayo de 2006, dictado y adoptado por Resolución del Tribunal de Disciplina de la Escuela Superior de Policía.
n
n Que la Resolución referida le fue notificada el 9 de mayo de 2006, poniéndole en conocimiento que ha sido sancionado con la destitución o baja como Cadete de la Escuela Superior de Policía Nacional.
n
n Que su baja de la institución se encuentra publicada en el artículo 4, Resolución No. 2006-49-CG-SO-B, en la Orden General No. 127 del Comando General de la Policía Nacional de 4 de julio de 2006.
n
n Que el 15 de marzo de 2006, mientras se encontraba rindiendo el examen de Inteligencia Policial, al mando del Teniente Uzcátegui, y debido al pedido realizado por un compañero de que le preste el corrector, el cual al sacarlo de su bolsillo, se cayó al suelo una ayuda memoria, lo que fue observado por el supervisor, a quien indicó lo sucedido y le manifestó que no se encontraba copiando, sin que crea en su versión.
n
n Que el Supervisor realizó un parte con fecha 15 de marzo de 2006, en el que dice que se encontraba en actitud sospechosa y un tanto nerviosa y que había encontrado en su uniforme una hoja pequeña, por lo que le retiró el examen y le pidió que saliera del aula de clases.
n
n Que de las versiones rendidas por varios compañeros Cadetes de la Escuela Superior de Policía, que se encontraban rindiendo el examen, se establece que nunca el Oficial Supervisor le encontró copiando y menos que en el interior de su uniforme encontrara algún documento o ayuda memoria, lo que no fue considerado por el Investigador de Asuntos Internos de la Escuela Superior de Policía.
n
n Que el Director de la Escuela Superior de Policía, atribuyéndose funciones que solamente le corresponde al Ministerio Público, en forma arbitraria, en contra de toda norma, sin respetar los procedimientos administrativos disciplinarios internos policiales, dispone que se le realice un examen grafológico.
n
n Que el artículo 74 del Reglamento Disciplinario para la Escuela Superior de Policía, establece que la facultad para sancionar una falta disciplinaria prescribirá después de haber transcurrido 45 días.
n
n Que el supuesto hecho por el cual fue dado de baja, se inició el 15 de marzo de 2006 y prescribía el 29 de abril de 2006. Que el Tribunal de Disciplina tuvo su desenlace el 9 de mayo de 2006, transcurriendo en demasía lo prescrito en el artículo 74 del Reglamento Disciplinario de la Escuela Superior de Policía.
n
n Que se ha violentado los artículos 24 numerales 5, 13 y 14; 23 numeral 8; 118; 3 numeral 2; y 16 de la Constitución Política de la República.; 19 inciso segundo, 50, 74 y 92 del Reglamento Disciplinario de la Escuela Superior de Policía y Ley Orgánica del Ministerio Público; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2 numeral 3, literales a), b) y c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XVIII Convención de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y, XXV Convención Americana de Derechos Humanos.
n
n Que no fue tomado en cuenta lo señalado en el artículo 92 del Reglamento Disciplinario de la Escuela de Policía, ni el daño que se le estaba causando.
n
n Por lo expuesto solicita se declare inconstitucional el acto administrativo dictado en sentencia por el Tribunal de Disciplina de la Escuela Superior de Policía el 9 de mayo de 2006 y se disponga su inmediato reingreso como Cadete a la Escuela Superior de Policía, al segundo año que se encontraba cursando.
n
n La Comisión de Recepción y Calificación del Tribunal Constitucional, en providencia de 4 de septiembre de 2006, las 15h00, admite a trámite la demanda planteada.
n
n La Primera Sala del Tribunal Constitucional, mediante providencia de 20 de septiembre de 2006, en virtud del sorteo correspondiente avoca conocimiento de la causa y corre traslado con la demanda a los señores Comandante General y Miembros del Tribunal de Disciplina de la Policía Nacional y Procurador General del Estado.
n
n El Comandante General de Policía Nacional, en su calidad de Presidente del Tribunal de Disciplina de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” y los Vocales del mismo, en su contestación alegan improcedencia de la acción, en razón a que las actuaciones de la Escuela Superior de Policía han estado ceñidas a lo que establecen la Constitución Política de la República, Leyes y Reglamentos Especiales. Que de las investigaciones realizadas, versiones, entrevistas y documentos, se ha determinado que el cadete del Segundo Curso “C” Luis Santiago Benavides Moreno, durante el desarrollo del examen de la materia de Inteligencia Policial, el 15 de marzo de 2006, ha tenido en su poder una hoja de papel pequeña (ayuda memoria), la misma que ha sacado durante el desarrollo del examen, lo que fue detectado por el encargado de receptar el examen y que contiene parte de las respuestas y que fue utilizado para el desarrollo del examen.
n
n Que en oficio No. 2006-178-AJ-DNE-PM de 10 de abril de 2006, la Asesora Jurídica de la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional manifiesta que “La falta cometida por el cadete Luis Santiago Benavides Moreno, es contraria a la disciplina, conforme lo establecen las disposiciones reglamentarias, por lo que dicho acto deberá ser sancionado como una Falta Atentatoria o de Tercera Clase, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Disciplina de la Escuela Superior en su Art. 81 literal h), numeral 07), “Los que obtuvieren o poseyeren documentos relacionados con un examen o evaluación académica en sus prendas de vestir o en su escritorio”. Que el señor Cadete antes referido tiene un Tribunal de Disciplina con anterioridad, en que fue sancionado con tres meses de Suspensión de Grado, por haber infringido la disposición reglamentaria del Art. 81 literal h) numeral 13). “Los que realizaren actos que atenten contra la moral y buenas costumbres dentro o fuera de la escuela Superior, las mismas que pongan en riesgo el prestigio de la Escuela Superior o de la Policía Nacional, analizada en base a la conducta habitual del presunto infractor y sin perjuicio a la acción penal que de esta conducta se pueda derivar.”
n
n Que por lo relatado y por disposición del Director Nacional de Educación de la Policía Nacional, constante en Memorando No. 06-2023-DNE-PN de 17 de abril de 2006, se instala la Audiencia del Tribunal de Disciplina, el que tiene su base legal en los artículos 87 y 88 del Reglamento Interno de Disciplina de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”.
n
n Que el Tribunal de Disciplina le impone al Cadete de Policía Luis Santiago Benavides Moreno, la sanción de destitución o baja, por haber adecuado su conducta en la infracción que tipifica y sanciona el artículo 81 literal h) numeral 7 del Reglamento Disciplinario de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”.
n
n Que la Escuela Superior de Policía, en ningún momento ha irrespetado los principios constitucionales consagrados en la Constitución Política del Estado y sus procedimientos se han basado en lo que establece el Capítulo III De las Faltas Atentatorias o de Tercera Clase del Reglamento de Disciplina de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo.
n
n Por lo expuesto solicitan se deseche la demanda de inconstitucionalidad propuesta por el ex Cadete de Policía Luis Santiago Benavides Moreno, por ilegal e improcedente.
n
n Radicada la competencia en esta Primera Sala del Tribunal Constitucional, se realizan las siguientes,
n
n CONSIDERACIONES:
n
n PRIMERA.- Que, esta Sala es competente para conocer y resolver la demanda planteada, de conformidad con lo que disponen los artículos 276, número 2, de la Constitución, 12, número 2, y 62 de la Ley del Control Constitucional y 20 y siguientes del Reglamento de Trámite de Expedientes en el Tribunal Constitucional;
n
n SEGUNDA.- Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que haya podido influir en la causa, razón por la cual, se declara la validez del proceso.
n
n TERCERA.- Que, el acto administrativo impugnado es la resolución del Tribunal de Disciplina de la Escuela Superior de Policía “General Alberto Enríquez Gallo”, dictada el 9 de mayo de 2006 a las 09H00; resolución mediante la cual, se impone al accionante, Cadete de Policía Luis Santiago Benavides Moreno la sanción de destitución o baja como cadete de la Escuela Superior de Policía. El acto impugnado fue publicado en la Orden General No. 127 del Comando General de la Policía Nacional para el día martes 4 de julio de 2006, mediante resolución No. 2006-49-CG-SO-B.
n
n CUARTA.- Que, un acto administrativo es inconstitucional cuando su contenido es contrario a lo establecido en la Constitución, pudiendo tal inconstitucionalidad ser de forma o de fondo. La inconstitucionalidad de forma significa que el acto impugnado se ha producido en contravención de las normas que regulan su producción, en tanto que, la inconstitucionalidad de fondo significa que el acto es contrario en su contenido a lo establecido en la Constitución.
n
n QUINTA.- Que, el acto impugnado atribuye al accionante el haber cometido la infracción disciplinaria establecida en el numeral 7 del literal h del artículo 81 del Reglamento Disciplinario de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, que tipifica como falta disciplinaria el obtener o poseer documentos relacionados con un examen o evaluación en sus prendas de vestir o en su escritorio. Para la comprobación de la infracción cometida se realizaron las investigaciones del caso y se tomaron las versiones de los asistentes al hecho y se realizó un examen grafotécnico de la ayuda memoria encontrada que llevaba el accionante, con lo cual, se fundamentó la sanción impuesta a éste.
n
n SEXTO.- Que, el accionante manifiesta que el acto impugnado como inconstitucional ha violentado varias normas del debido proceso establecidas en los numerales 5, 13 y 14 del artículo 24 de la Constitución.
n
n En relación a las infracciones a la Constitución alegadas por el accionante, del examen del expediente consta a fojas 70 a 70 vta. la versión rendida por el accionante, en la cual, éste reconoce que el Teniente Uzcátegui encontró en sus prendas una ayuda memoria justamente de la materia que en aquel momento se estaba tomando examen, versión en la que estuvo acompañado por el abogado Augusto Villa, por lo cual, el accionante si presentó su versión con la presencia de un abogado; a fojas 71 costa la versión del Teniente Uzcátegui, en la cual, este indica que durante la toma de examen de la materia Inteligencia Policial, encontró una ayuda memoria entre las ropas del accionante, asunto de lo cual informó a sus superiores; asimismo, a fojas 72 del expediente de la sala consta la versión rendida por el Cadete Jhonny Olmedo que corrobora la versión del Teniente Uzcategui; finalmente, de fojas 76 a 91 consta el examen grafotécnico que determina que la escritura del documento encontrado en las ropas del accionante de puño del accionante; con estos elementos de convicción, el competente Tribunal de Disciplina establece la comisión de la falta imputada, sin que por tanto, con base en las constancias procesales referida, se pueda sostener o fundamentar que se hayan violentado las garantías al debido proceso establecidas en los artículos 5, 13 y 14 de la Constitución. Encontrándose suficientemente motivada la resolución sancionatoria.
n
n SÉPTIMO.- Que, de las constancias de autos se concluye que el accionante fue juzgado por un tribunal competente en materia disciplinaria y que dicho tribunal estableció conforme derecho la falta cometida por el accionante, sin que se haya vulnerado ninguna de las garantías al debido proceso que asisten a los acusados.
n
n OCTAVO: Con respecto a la prescripción alegada que de evidenciarse demostraría que el Tribunal de Disciplina obró sin competencia, es preciso tener en cuenta que, el hecho ocurrió el día 15 de marzo, cuya investigación de conocimiento es reportada el día 27 de marzo de 2006, por lo que, la alegación en referencia carece de fundamento.
n
n Por todo lo expuesto, la Primera Sala del Tribunal Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones,
n
n RESUELVE
n
n 1.- Desechar la demanda de inconstitucionalidad propuesta por el ciudadano Luis Santiago Benavides Moreno.
n
n 2.- Publicar la presente resolución en el Registro Oficial. Notifíquese.
n
n f.) Dr. Juan Montalvo Malo, Presidente Primera Sala.
n
n f.) Dr. Tarquino Orellana Serrano, Vocal Primera Sala.
n
n f.) Dr. Enrique Tamariz Baquerizo, Vocal Primera Sala.
n
n Razón.- Siento por tal que la Resolución que antecede, fue discutida y aprobada por los señores doctores Juan Montalvo Malo, Tarquino Orellana Serrano y Enrique Tamariz Baquerizo, Vocales de la Primera Sala del Tribunal Constitucional, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil siete.- LO CERTIFICO.-
n
n f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria Primera Sala.
n
n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 8 de febrero del 2007.- f.) Secretaria de la Sala.
n
n << Ir a sumario >>
n
n Quito D. M., 31 de enero de 2007.-
n
n No. 0248-06-RA
n
n Vocal ponente: Doctor Tarquino Orellana Serrano
n
n LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
n
n En el caso signado con el No. 0248-06-RA
n
n ANTECEDENTES:
n
n La señora Sandra Marielena Ampuero Joza comparece ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo y deduce acción de amparo constitucional en contra del Rector de la Universidad Técnica de Manabí, en la cual solicita se deje sin efecto el contenido del oficio No. 1599-R-UTM de 31 de mayo de 2005, mediante el cual se le comunica que mediante Resolución adoptada por el H. Consejo Universitario el 31 de mayo de 2005, se resolvió proceder a la supresión de su puesto como docente de la Facultad de Ciencias Médicas. Manifiesta en lo principal lo siguiente:
n
n Que la accionante desde el mes de septiembre del año 2000 ingresó a laborar como Profesora Auxiliar Tiempo Parcial en la Facultad de Ciencias Médicas, mediante partida No. 17-009 hasta el 31 de mayo de 2005, día en el que recibió el oficio No. 1599 R-UTM, suscrito por el señor Ing. José Félix Véliz Briones, Rector de la Universidad Técnica de Manabí, en el cual le comunica que en base a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público y su respetivo Reglamento, el Rectorado debidamente autorizado por el H. Consejo Universitario, mediante Resolución de fecha 31 de mayo del 2005, ha dispuesto la supresión del puesto y que le cesaba en sus funciones que venía desempeñando.
n
n La Universidad Técnica de Manabí ha incurrido flagrantemente en lesionar el derecho al trabajo de la accionante consagrado en el artículo 35, el derecho a la estabilidad como funcionario público inciso segundo del artículo 124, a la seguridad jurídica artículo 23 numeral 26, el derecho a una calidad de vida que asegure el trabajo artículo 23 numeral 20 de la Constitución Política de la República.
n
n Que el acto administrativo impugnado fue dictado por Resolución del H. Consejo Universitario, autoridad máxima de la Universidad Técnica de Manabí, autoridad nominadora de los docentes según el artículo 12 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica de Manabí; además, el artículo 130 de la LOSCCA faculta a la autoridad nominadora de la Institución a aplicar la supresión de partidas por la causal c) Racionalización de los recursos humanos a causa de superoposición, duplicación o eliminación de tareas. El artículo 131 de la mencionada Ley determina que uno de los requisitos para la supresión de puestos es el informe previo, favorable de las Unidades Administrativas de Recursos Humanos; al respecto, teniendo en cuenta el estatus laboral especial de los docentes de las instituciones de educación superior, considerando que ellos no son servidores públicos en estricto sentido, no están sometidos al control ni regulación de la Unidad de Recursos Humanos. La autoridad que funciona como dicha unidad es el Vicerrector Académico de la Institución, que se encuentra facultado por el artículo 25 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica de Manabí.
n
n La Resolución impugnada fue producto de la máxima autoridad de la Institución, esto es el H. Consejo Universitario, organismo ante el cual se debió presentar la reclamación pertinente en caso de no encontrase de acuerdo con lo resuelto.
n

n En la audiencia pública tanto la accionante como la parte demandada hicieron entrega de su exposición por escrito. La accionante ratificó el contenido de la demanda, indicando que la supresión del puesto como profesora auxiliar a tiempo parcial tiene su origen en el resultado de una encuesta realizada a los estudiantes, según la cual ella junto a otros profesores son presuntamente responsables de supuestos actos de corrupción, los cuales hasta la fecha no han sido probados.
n
nLa parte demandada en la audiencia pública manifestó que la demanda no reúne los requisitos de ley, que el acto impugnado es totalmente legítimo, no se ha violado garantía constitucional alguna, el procedimiento seguido es el determinado en la Ley Orgánica de Servicio Civil y n

Carrera Administrativa y de Homologación y Unificación de las Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento.
n
n El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo determinó que en el presente caso se nota la ausencia del acto u omisión ilegítimos de autoridad pública violatorio de derechos de la persona, ya que la Universidad Técnica de Manabí ejercita su acción dentro de un marco legal establecido, en concordancia con lo determinado en la LOSCCA, desapareciendo así uno de los principales elementos que dan lugar a la acción de amparo: la ilegitimidad del acto. Lo que se impugna en este caso es la ilegalidad de un acto administrativo efectuado por el demandado, se indicó que este tipo de impugnaciones tiene reservado su procedimiento específico a través de la jurisdicción contenciosa administrativa ordinaria, vía que no puede ser sustituida. Posteriormente se inadmite la acción de amparo constitucional y se deja a salvo la opción que tiene la recurrente de ejercer sus derechos en la vía legal adecuada.
n
n Encontrándose el presente caso en estado de resolver, para hacerlo se realizan las siguientes
n
n CONSIDERACIONES:
n
n PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276 número 3 de la Constitución, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley del Control Constitucional.
n
n SEGUNDA.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez.
n
n TERCERA.- La acción de amparo constitucional, de acuerdo con lo establecido en el Art. 95 de la Constitución y Art. 46 de la Ley del Control Constitucional, tiene un propósito cautelar traducido en objetivos de protección destinados a cesar, evitar la comisión o remediar las consecuencias de un acto u omisión ilegítima que viole derechos constitucionales protegidos, por lo que es condición sustancial de esta acción analizar la conducta impugnada de la autoridad y, como consecuencia, establecer las medidas conducentes a la protección de los derechos constitucionales vulnerados, cuyo daño grave o inminencia de daño, imponga la tutela constitucional efectiva que la acción de amparo garantiza. En este sentido es de valor sustantivo y condición de procedencia del amparo la verificación de la ilegitimidad en la que haya incurrido la autoridad pública y la posibilidad efectiva de la tutela que la acción promueve para garantía de los derechos constitucionales violentados.
n
n CUARTA.- Considera la accionante que la Universidad Técnica de Manabí ha incurrido flagrantemente en lesionar su legítimo derecho al trabajo consagrado en el Art. 35 de la Constitución Política del Ecuador, su derecho a la estabilidad como funcionaria pública, ya que sólo por excepción los servidores públicos están sujetos a un régimen de libre nombramiento y remoción.
n
n QUINTA.- Cabe señalar que el Art. 65 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa establece la posibilidad de suprimir puestos por razones técnicas o económicas y funcionales en los organismos y dependencias de la función ejecutiva, y en las instituciones y entidades que no sean parte de dicha función. A su vez, el Art. 130 del Reglamento a la LOSCCA faculta a la autoridad nominadora para que proceda a la supresión o fusión de unidades, áreas o procesos cuando se ajusten a las causas que en esta norma se describen, ci