¿QUÉ HACER CON LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL?

Martes, 27 de junio de 2017

¿QUÉ HACER CON LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL?

 

Autor: Abg. Luis Fernando Ávila Linzán

?La crítica no arranca de las cadenas las flores ilusorias para que el hombre soporte las sombrías y desnudas cadenas, sino para que se desembarace de ellas y broten flores vivas.? (Marx)

 

Agenda De La Justicia: Silencio, Vergüenza Y Populismo

 

Vladímir Ilich Uliánov ?Lenin?, ideólogo comunista y quien sería el dirigente máximo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) luego de la Revolución Bolchevique en 1917, escribió una de sus obras más famosas titulada ?¿Qué Hacer?? (1902). En ella fijaba la estrategia para la construcción de un programa revolucionario y de la organización política de un partido de masas. En la primera parte de esta obra, constaban algunas reflexiones sobre dos cuestiones previas y relacionadas con la filosofía política en la base de la movilización comunista. Una era la crítica como motor de la política y otra la organización política en dirección a la construcción de un nuevo orden social y político.

 

La crítica no era un saco vacío, sino un arma enfilada hacia un nuevo tipo de sociedad. Lenin respondía así a lo que la socialdemocracia rusa llamaba ?libertad de crítica?. Para él, la crítica tenía un margen más amplio: cuestionar el revisionismo y dirigir la acción política hacia el núcleo mismo de la injusticia. Al mismo tiempo, toda organización no debía ser espontánea, sino dirigida por un plan socialmente emancipatorio y hacia unos fines políticos de ruptura político revolucionaria. Con ello, se oponía al ?tradeunionismo? (el origen anglo-germano del sindicalismo moderno). Aquello no aseguraba la permanencia de un proyecto de transformación ni de superación de una situación revolucionaria.

 

Todo esto extractado de la obra de Lenin, a mi criterio, resulta aplicable para todo proyecto revolucionario aún en el contexto de las democracias modernas. Me refiero a los procesos de las nuevas izquierdas en América Latina en la primera década del siglo XXI. Sucedía que a finales de los años noventa la Región experimentaba los estragos de la aplicación de las políticas de ajuste estructural y neoliberales recomendadas por los organismos multilaterales de crédito y por el Foro Económico Mundial de los países desarrollados (?Consenso de Washington?) y de sistemas políticos que funcionaban sobre los ideales del libre mercado, la reducción del Estado y el equilibrio institucional generado por la tesis de la gobernabilidad. Frente a esto, se organizó la resistencia desde los partidos tradicionales de izquierda, los movimientos sociales y organizaciones progresistas de sociedad civil, lo cual permitió la emergencia de procesos de nuevas izquierdas en América Latina, que ganaron el poder por la vía democrática en varios países: Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Poderosos liderazgos impulsaron nuevas políticas sociales, redistribución de la riqueza, producción soberana de los recursos económicos y amplia participación ciudadana con personajes carismáticos y de notoriedad mundial como Hugo Chávez, Luiz Ignacio Lula Da Silva, Evo Morales, Néstor Kirchner y José Mujica.

 

Reforma Constituyente en el Ecuador.

 

Esta corriente progresista en la Región estuvo acompañada de procesos de reforma constituyente que apuntaban a refundar nuestros sistemas políticos e implementar profundas políticas de transformación social. En Ecuador, el proceso constituyente de 2007 permitió en Montecristi plasmar el sueño de los ecuatorianos en la Constitución de 2008. Una amplia reforma de la justicia se materializó en el Código Orgánico de la Función Judicial en 2009, que se fundaba en tres grandes pilares: el acceso sustancial a la justicia, la independencia judicial y la integralidad de la política de justicia. A esto se le denominó ?transformación de la justicia?. Se buscaba que el sistema de justicia abandone su neutralidad tradicional y se convierta en un instrumento para un orden social y político más justo, que dirigiera todos los esfuerzos del sistema de justicia al servicio de los más débiles y así enfrentar a los poderosos.

 

Una de las herramientas más importantes para la transformación de la justicia se esperaba fuera el sistema de garantías que se había inaugurado institucionalmente en la consulta popular de 1996 durante el gobierno de Sixto Durán-Ballén. A pesar de que esta reforma, perfeccionada por la Constitución de 1998, creaba una jurisdicción especializada en un organismo corporativo, el Tribunal Constitucional, su labor estuvo subordinada al poder de turno y a los partidos políticos tradicionales, a los intereses de grupo de las empresas y la defensa del Estado.

 

La Constitución de 2008 le dio al organismo constitucional mayor autonomía y un origen meritocrático, ciudadano y participativo, y repotenció las garantías que, en lo principal, pasaron de ser mecanismos procesales cautelares a acciones de conocimiento y reparación integral.

 

Sin embargo, en la consulta popular de 2010, la de ?metida de la mano en la justicia?, se modificó la integración del Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana y de la Corte Constitucional, con lo cual se volvió al tradicional sistema liberal de que sean los poderes quienes envíen ternas para que elija otro organismo estatal. La diferencia, por supuesto, es que este organismo elector no sería al Parlamento (o como se estila en algunos países, una cámara especializada de aquel), sino el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que para ese entonces había sido ya cooptado por el régimen. La Corte Constitucional para el período de Transición se había autonombrado Corte Constitucional y lo que hizo el concurso público de la ?Corte definitiva? fue prácticamente confirmar a los jueces cercanos al gobierno. Esta Corte profundizó el espíritu de cuerpo para la defensa del Estado, la baja calidad de la justicia constitucional, la dependencia política y la elitización de la justicia respecto de los sectores populares y los problemas cotidianos de violación de derechos.

 

Junto con el giro conservador del régimen, la justicia inició su camino hacia la servidumbre política y el eficientismo institucional. En otras palabras se inició ?la destransformación de la justicia?.

 

Hoy nos encontramos en el contexto de la segunda vuelta en la elección de un nuevo presidente de la república. Durante la primera vuelta, los candidatos presentaron pobres propuestas respecto de la justicia. Respecto del sistema de garantías y control constitucional un total silencio. Pareciera que ambos candidatos finalistas están de acuerdo en que una Corte progresista e independiente y garantías procesalmente materializadas son un obstáculo político independientemente de las ideologías y las diferencias políticas. El régimen convirtió el garantismo en una mala palabra y transformó en populismo todo ideal progresista sobre el sistema de justicia. También, los candidatos de oposición se mueven sobre una idea vaga sobre la independencia judicial (devolverle el carácter de ?suprema? a la Corte Nacional, exigir requisitos de probidad a los candidatos en un concurso público y eliminar el error inexcusable, y bajarse a las autoridades judiciales y la Corte Constitucional por consulta popular), y el del régimen defiende lo indefendible: un sistema eficiente, independiente y moderno.

 

Al mismo tiempo, algunas propuestas profundamente vergonzosas fueron presentadas: aumento de penas para delitos graves, cortas las manos a los corruptos, armas a los campesinos y los ciudadanos para proteger a sus mujeres, aumentar el número de policías, etc?

 

En definitiva, al mismo tiempo que los regímenes progresistas de la Región olvidaron las lecciones de Lenin respecto de la crítica desde las izquierdas y la necesidad de tener una organización permanente de masas para defender un proceso revolucionario, en la destransformación de la justicia en Ecuador ocurre hoy silencio, vergüenza y populismo.

 

A mi criterio, debe existir una agenda de reforma de la justicia constitucional orgánica y procesal, que no pierda de vista el funcionamiento del sistema político ni la gobernanza de la transición política ni el carácter revolucionario que debe inspirar todo cambio.

 

 

 

 

 Reforma Orgánica de la Justicia Constitucional

 

La reforma de 1996 que creó el Tribunal Constitucional fue muy importante, aunque posiblemente ese cambio fue poco advertido por los ciudadanos. Hasta ese momento, funcionaba el Tribunal de Garantías Constitucionales de 1945 que poco a poco había adquirido más funciones por las reformas entre 1978 y 1995. Era una especie de tribuna popular que funcionaba bajo la tutela del Parlamento y que emitía dictámenes no vinculantes pero que tenían algún impacto en las instituciones, particularmente en casos de importancia política o mediática. Por ejemplo, allí se presentaron los casos de ?Los Hermanos Restrepo? y ?Consuelo Benavides?. Era una mezcla rara entre ombudsman y tribuna del consumidor, entre un servicio de mediación social y una oficina estatal de reclamos.

 

Institucionalmente y en la tradición acumulativa de nuestro país, este Tribunal era heredero de modelo español de la Constitución de 1935 implementado en la efímera Constitución de 1945 ?el modelo español tomó el modelo alemán de 1919 y luego lo modificó de acuerdo a kelseniano de 1918, alemán de 1947 e italiano de 1947 en 1978-, el Consejo de Estado de 1853. Al mismo tiempo, hasta 1998 el sistema de selección de las altas cortes era el liberal tradicional. A este modelo liberal los sectores progresistas y de izquierdas proponían el corporativo, el cual se implementó en varias instituciones estatales con relativo éxito. De acuerdo a esto, siguiendo el modelo italiano, la idea es que las altas cortes tuvieran una postulación por corporaciones. Así, las universidades, los gremios de abogados, los empresarios representados por las cámaras de comercio, y los poderes del Estado. En todo caso, no se impuso totalmente el modelo corporativo, pues en definitiva era el Congreso Nacional quien elegía de las ternas enviadas. No había concurso público ni algún mecanismo de participación de las personas y colectivos en este tipo de elección. Finalmente, a término de la década de los noventa se integró la primera Corte Suprema por concurso público por primera vez, lo cual luego se consideraría uno de los procesos político-institucionales más exitosos.

 

No obstante, uno de los ejes de la denominada ?revolución ciudadana? en 2006 fue superar el ?corporativismo? en las instituciones y promover el ejercicio de la función pública por méritos (meritocracia). Esta intención modernizadora, sin embargo, reemplazó este modelo por uno de representación del Poder Ejecutivo y de otros organismos del Estado. Así, se puede ver que todas las instituciones estatales que hasta ese momento tenían participación de colectivos de sociedad civil junto con el Estado (la política de los consejos), fueron sustituidos por representantes elegidos directamente por la Presidencia de la República. Todas las leyes de esta década tienen organismos integrados por los ministerios y secretarías, directa o indirectamente, nombradas por el Presidente de la República.

La Constitución de 2008 determinaba un sistema no corporativo, y al mismo tiempo permitía un origen por concurso público en dos momentos. Uno, en la elección de la comisión seleccionadora y dos en el concurso entre los candidatos con concurso público abierto. El carácter, más o menos, corporativo estaba representado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se entendía estaría conformado por personas por fuera de los partidos y movimientos políticos. No obstante, el Consejo de transición no pudo evitar tener miembros de los partidos y movimientos, en una primera instancia del gobierno y de sus aliados para la campaña de 2006 y el proceso político luego de 2008. El Consejo definitivo en 2010 materializaba la realidad política: la ruptura con los sectores de la izquierda tradicional y los movimientos sociales y la hegemonía del Movimiento Alanza País.

 

Fue en este tiempo que la consulta popular cambió la integración y forma de elección de la Corte Constitucional y el gobierno había controlado totalmente el Consejo. El resultado: una Corte Constitucional, un Consejo de la Judicatura y una Corte Nacional a la medida del régimen. ¿Pero cuál debe ser la propuesta hoy?, ¿volver al modelo tradicional liberal?, ¿volver al corporativo? Volvemos a la máxima de Lenin: ¿Qué hacer?

 

Hay que volver al espíritu constituyente de Montecristi. Aunque nos digan lo contrario, ese no es el pasado, es el proyecto político que elegimos en las urnas y por consulta popular los ecuatorianos en 2008. ¿Qué más democrático puede ser ese proyecto? Votamos en consulta popular el proceso constituyente, elegimos a los asambleístas constituyentes, participamos en el debate ampliamente en Montecristi, y finalmente elegimos la vigencia de la Constitución de 2008. No hay otro proceso más democrático que ese. Esa es la dirección política que debe recuperarse hoy. Debe restablecerse el carácter garantista del Estado y la política pública, la centralidad del ser humano y la instrumentalidad del sistema de justicia para la transformación social y política el Ecuador.

 

Aquello significa una profunda reforma al sistema político. Hay que fortalecer los partidos políticos y movimientos sociales, y una integración por fuera de ellos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en lo estructural. En lo más institucional, hay que intentar la elección meritocracia del organismo de selección de las altas cortes y concurso público abierto para la elección final de los jueces de estas cortes y el Consejo de la Judicatura.

 

 Simultáneamente, hay que fortalecer la carrera judicial y la escuela judicial, y realizar políticas de justicia desde un organismo colegiado en el Poder Judicial sin participación de otras instituciones de los otros poderes. En el marco de una reforma estructural, debe el país avanzar hacia el parlamentarismo que permita que las decisiones políticas más importantes las tomen organismos colegiados integrados por los representantes de los poderes del Estado, y no solo el Ejecutivo: presupuesto, economía, finanzas e impuestos, salarios y políticas de talento humano, políticas de seguridad; y, planificación.

 

¿Qué se debe mejorar de lo dispuesto en la Constitución de 2008?

 

Puede hacerse un modelo mixto. Que el 25% de los integrantes de las altas cortes puedan ser electos por corporaciones (y en igual porcentaje forme parte del organismo elector, pero con concurso público dentro de su sector. También, puede intentarse que un 15% pueda ser electo popularmente de candidatos postulados por el Consejo de la Judicatura y que sean de la carrera judicial (20 años y excelente evaluación, y no hayan sido militantes de partidos políticos ni hayan ejercido funciones públicas de confianza en ese mismo tiempo). Otro mecanismo que podría arbitrarse sería que los integrantes de las altas cortes que fueron seleccionados por concurso público abierto y postulados por las corporaciones sean refrendados por consulta popular.

Los postulantes deben acreditar no haber sido militantes ni haber ejercido funciones de confianza en ningún gobierno durante los últimos 20 años, una trayectoria de probidad y ejercicio profesional y académico totalmente limpios, y especialidad en sus conocimientos y experiencia. De acuerdo a esto, la estricta selección inicial es de suma importancia para depurar a los participantes. Hay que hacer un análisis material de las hojas de vida. No importan los títulos y su origen ni los cargos desempeñados ni los certificados de cursos o apoyos de instituciones, sino los resultados concretos que certifiquen su experiencia y conocimientos.

 

 Por ejemplo, publicaciones y análisis de la calidad objetiva de aquellas, reconocimientos anteriores, premios, becas, desempeño y notas en los establecimientos educativos, proyectos y políticas sociales en las que se participó, intervenciones orales en discursos y ponencias y defensa de tesis y argumentación jurídica ante el organismo de selección y con transmisión en vivo de estas intervenciones por la televisión abierta. Las pruebas de conocimientos, orales o escritas, no son una buena idea, pues deslegitiman a la autoridad y permiten la manipulación por parte de los actores políticos.

 

Habría que repensar un requisito de edad para las altas cortes. Esta propuesta no es muy popular, puesto que priman el espacio público una especie de discurso público en favor de los jóvenes, pero me parece que este tipo de cargos necesita gente con experiencia política, independencia y estabilidad económica, y conocimientos por el ejercicio de la profesión la academia o la burocracia. Ante la posibilidad de que se pueda manipular a jóvenes talentosos y probos porque están aún buscando estabilidad económica y con una nula experiencia en la administración de la cosa pública y la política, la gerontocracia es un mal menor y necesario. Hay que paralelamente democratizar el Poder Judicial. Sindicalizar a los servidores con el fin de que puedan organizarse frente a los demás poderes, pero con reglas que aseguren que lo integren los mejores y con fines de formación y defensa de la autonomía institucional puede ser importante. Esto lo propuso Zaffaroni en los años ochenta y aún es una aspiración que se ha hecho realidad con bastante éxito en Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica.

 

Por supuesto, esta agenda de reforma orgánica de la justicia requeriría un proceso constituyente, el cual necesita un amplio apoyo político y social. Las vías institucionales o no institucionales y las estrategias políticas para la materialización de esta agenda no están muy claras en este momento de incertidumbre política, pero es lo que se requiere para democratizar la democracia, asegurar la independencia judicial y apuntalar la transformación de la justicia. Una justicia ciudadana y popular lo requiere y un país pacífico, solidario, equitativo y justo lo necesita.

 

 

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