¿Qué acción le correspondería a una persona que ha sido defendida durante el proceso por un ciudadano que, presuntamente era abogado, pero que en realidad no ha tenido esa calidad, cuando la sentencia - Derecho Ecuador
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¿Qué acción le correspondería a una persona que ha sido defendida durante el proceso por un ciudadano que, presuntamente era abogado, pero que en realidad no ha tenido esa calidad, cuando la sentencia

RESPUESTA

El Art. 330 del COIP: “Ejercicio ilegal de la profesioÌn.- La persona que ejerza la profesioÌn sin tiÌtulo, en aquellas actividades en las que la Ley exija tiÌtulo profesional, seraÌ sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

Las o los profesionales que favorezcan la actuacioÌn de otra persona en el ejercicio ilegal de la profesioÌn, seraÌn sancionadas o sancionados con pena privativa de libertad de tres meses a un año e inhabilitacioÌn del ejercicio de la profesioÌn por seis meses.”

El fallo investido de firmeza de cosa juzgada, no se ve comprometido per se por los hechos materia de la consulta.

Debemos recordar que para el sentenciado siempre operaraÌ el recurso de revisioÌn conforme a las causales determinadas en la ley, e igualmente en lo que fuere pertinente en materia constitucional, la accioÌn extraordinaria de proteccioÌn.

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Dentro del marco jurídico ecuatoriano, tenemos que la acción de habeas corpus es el mecanismo jurídico por el cual una persona que se considere en ilegal, arbitraria e ilegítima manera detenida, pueda ejercer la acción respectiva, con la finalidad de recobrar su libertad.

El Dr. Mariño Bustamante analiza el Art. 162 COIP (secuestro extorsivo). Explica que la conjunción disyuntiva "u" ("...otra infracción u obtener dinero...") demuestra dogmáticamente que el delito tiene dos propósitos alternativos, no acumulativos.

Este tema es de vital relevancia para fortalecer la confianza pública en el sistema judicial, ya que permite distinguir entre la legítima discrepancia jurídica y aquellas actuaciones que ameritan una sanción disciplinaria, pues, busca equilibrar la independencia judicial con la responsabilidad de quienes imparten justicia en el país.

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