Protección del Derecho a la Vida y la Penalización del Aborto

Viernes, 30 de enero de 2015

Protección del Derecho a la Vida y la

Penalización del Aborto

 

Reflexiones desde la Perspectiva Mexicana

 

Autor: Dr. Eber Bentanzos*

Raúl Gonzales Shiaffini**

 

La finalidad de este artículo, no tiene como objetivo polemizar entre las corrientes que defienden el derecho a la vida, sin limitación alguna, y aquéllas que atendiendo a razonamientos sustentados, entre otros, en la libertad sexual y la libre disposición del cuerpo de la mujer, defienden la posibilidad de interrumpir el desarrollo de un embarazo. 

El análisis se aborda, en cambio, desde la perspectiva de los derechos fundamentales.

Se consideran, por tanto, las implicaciones de la protección del derecho a la vida y la penalización del aborto atendiendo al derecho a la vida, la integridad de la vida, la intimidad de la mujer y su honor. Se trata, debe decirse, de una visión general que no profundizará en sus muchos intríngulis.

 

Derecho a la vida: Garantía estatal

Legislación comparada

 

El punto de partida propuesto consiste en observar al derecho a la vida como esencial para el ejercicio de la dignidad humana en una colectividad, en la cual el hombre se encuentra inserto para realizar su individualidad. De ello surge, indispensablemente, una obligación del Estado para proteger este derecho, en virtud de que representa su propio sentido y así lo defiende su orden legal. En el caso mexicano, el artículo primero de la Carta Magna establece que: ?las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales...? En esta tesitura, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México es signataria, establece en su artículo cuarto que: ?Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.? Debe apuntarse que el artículo segundo, de la norma internacional citada, compromete a los estados signatarios a adoptar sus disposiciones en el derecho interno.

 

Derechos Humanos vs. Derechos Fundamentales

 

Es natural que los derechos humanos deban, al ejercerse, encontrar circunstancias que llamen a su mayor extensión o restricción. Ello no afecta su carácter universal y sólo representa escenarios de ponderación para un ejercicio y tutela efectiva. Así los derechos humanos tienen límites, de carácter normativo, cuando coexisten, en su ejercicio, con otros derechos fundamentales. Esto hace que sea necesario interpretarlos atendiendo el espíritu de la ley ?que no es otro que la justicia trascendente y la equidad del caso concreto que la realidad exige? y, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ?atendiendo a su contexto histórico y social?. Esta perspectiva permite establecer la adecuada modulación de los derechos que se encuentran en conflicto en una determinada circunstancia.

 

Despenalización del aborto en la legislación mexicana

 

Ahora bien, la problemática actual en México se centra, a grandes rasgos, en que la Asamblea de Gobierno del Distrito Federal, en uso de sus facultades legislativas despenalizó el aborto si este se realiza dentro de las primeras doce semanas siguientes a su gestación. Esta situación fue controvertida por el sistema recursal mexicano para tales efectos. Al respecto, la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevó a la refrendar la constitucionalidad de estas reformas. Ello implica que en el Distrito Federal el interrumpir un embarazo es legal en las circunstancias autorizadas por la ley.

 

La legislación penal en México, al ser un país federal, se diferencia en sus diferentes partes integrantes. Las normas aplicables dentro de un Estado están circunscritas a su espacio geográfico y pueden o no coincidir con el resto de la federación. En este sentido, la postura aplicable al aborto en el Distrito Federal no ha sido compartida por Congresos Locales de varias entidades federativas, quienes, para evitar la posición vigente en la capital mexicana, realizaron reformas a sus Constituciones Políticas, estableciendo como obligación de sus órdenes legales la protección de la vida ?desde el momento de la concepción o fecundación?.

 

Se observa que las reformas realizadas en las entidades federativas no sólo buscaron impedir la despenalización del aborto, sino también abrieron la posibilidad de que, atendiendo a la perspectiva del derecho penal, el bien jurídico ?vida? fuera ampliado para abarcar en él desde la fecundación o la concepción. Esta postura implica que la conducta que afecte a este bien, en cualquier modo, se adecue al tipo penal de homicidio o en el menor de los casos, se afecte de inconstitucionalidad ?de acuerdo con las normas constitucionales locales?, a las normas permisivas del aborto, tales como son el aborto terapéutico (cuando se encuentre en peligro la salud o la vida de la madre), el aborto psicológico o de honor (por causas de violación) y el aborto eugenésico (por daño congénito grave).

En este contexto se reflexiona si la protección del derecho a la vida, en las constituciones de las entidades federativas, implica el suprimir las causas de justificación en el aborto, por ser la vida un bien jurídico  superior.

 

Certeza jurídica para la mujer

 

Sin embargo, antes de aproximarse a esta cuestión, resulta importante considerar si la finalidad del legislador, al señalar las causas permisivas del aborto, fue proporcionar un mayor grado de certeza jurídica a la mujer, en los supuestos del aborto terapéutico, honor, eugenésico, etcétera, o sí, por el contrario, su finalidad consistió en limitar las hipótesis permisivas del aborto y, de esta manera, invadir la esfera del Poder Judicial, para aplicar al caso concreto las excluyentes de responsabilidad.

 

Al respecto, es importante recordar algunos criterios de interpretación aplicables al derecho fundamental ?vida?, tutelados en el delito de homicidio. En este tipo penal no cabe la menor duda de que: ?quien prive de la vida a otro?, tiene que ser castigado con una pena, así como tampoco existe alguna duda en los casos de que se prive de la vida a otro en defensa propia o esta ocurra en cumplimiento de un deber, en un estado de necesidad y en supuestos de la no exigibilidad de otra conducta, entre otros tipos penales relacionados. Cuando operan las causas que dan lugar a estas situaciones el sujeto no debe ser sancionado penalmente, por existir a su favor una excluyente de responsabilidad, no siendo necesario una regulación expresa de causas de justificación o de permisivas para el delito de homicidio.

 

Luego entonces, las excluyentes de responsabilidad son aplicables para todos los delitos y no se tiene porque excluir en estos supuestos al delito de aborto, ya que afirmar lo contrario llevaría a caer en la tentación de interpretar la ley por cuestiones de género, lo cual es un contrasentido en el Estado de Derecho.

 

Constitucionalidad del aborto

 

Atendiendo a lo comentado, bajo este principio las causas permisivas del aborto, las cuales se estipulan en la mayoría de los  Códigos Penales, no pueden ser de ninguna manera inconstitucionales. Es el caso del aborto terapéutico, el aborto psicológico o de honor y el aborto eugenésico. Sin embargo, suponiendo que el legislador, por razones políticas, decidiera suprimir estas causas de justificación, el Poder Judicial, en su carácter autónomo e independiente, tiene la función y la obligación constitucional de aplicar la ley general al caso concreto y garantizar la justicia y la legalidad, por lo que tendría que aplicar las excluyentes de responsabilidad, cuando estas se encuentren debidamente acreditadas. Entrando en la cuestión, ¿proteger el derecho a la vida, implica necesariamente la penalización del aborto? Para responder a esta interrogante es necesario partir del principio de que no existe alguna norma jurídica que obligue al legislador a proteger bienes jurídicos que provienen de derechos fundamentales, por medio del derecho penal.

 

Existe una teoría dominante en la comunidad internacional, misma que es aceptada en México, sobre la intervención mínima del derecho penal. Así como la evolución de la pena, que surgió con un matiz totalmente retributivo y que posteriormente adoptó la finalidad de la prevención general del bien jurídico ?considerando la amenaza de la pena para disuadir la comisión del delito y buscando la reinserción social del sujeto en forma específica?.

 

En los últimos años se ha extendido la idea de que la pena tiene un fin pragmático, justificándose cuando es útil para la sociedad. Esta postura ha sido aceptada por algunos congresos locales, llevando a la supresión de tipos penales que ya no responden a la concepción social protectora de los bienes que tutelan ?en este caso vinculado con el honor y el estado civil de las personas?, como es el caso de la difamación, la calumnia, el adulterio, para protegerlos con otros instrumentos jurídicos. Ello ha ocurrido, por ejemplo, cuando se tipificó como delito al daño en propiedad ajena culposo (es un caso común tratándose de accidentes de tránsito de vehículos). Esta conducta fue eliminada del Código Penal para ser sancionada como una infracción de la Ley de Justicia Cívica, reemplazándose por un programa de políticas públicas basado en la medición de los niveles de consumo de alcohol a los conductores de los vehículos, estableciéndose una sanción administrativa de arrestos inconmutables para quienes rebasen los límites de alcohol permitidos para conducir. Cabe comentar que la implementación de esta política pública ha llevado a reducir, de manera considerable, los daños en propiedad ajena por accidentes en el tránsito de vehículos, a pesar de su despenalización, ya que fue sustituido por políticas de prevención más eficaces ?en las circunstancias actuales de la sociedad mexicana?, que la amenaza de la pena.

 

Pronunciamiento de la CIDH

 

Es importante recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus diferentes Jurisprudencias, obliga a los Estados signatarios a cumplir con la protección de derechos fundamentales, siendo uno de ellos el reconocimiento y la protección del derecho a la vida. Para tal efecto se deberán adoptar todos los mecanismos de derecho interno necesarios para su efectividad, es decir para la protección real de los derechos humanos. Este planteamiento, lleva a considerar, en la perspectiva del derecho mexicano, si la punibilidad del aborto es una medida efectiva y únicamente dirigida a proteger el derecho a la vida o es una medida retributiva que no considera que el fin de la pena es de carácter pragmático y, por lo tanto, útil y social.

 

Debe considerarse que también existe la posición que considera que en la penalización del aborto se castiga únicamente a la mujer, y no al hombre, quien también participo en la fecundación, aún y cuando no tenga conocimiento del hecho de haber fertilizado al óvulo, con el razonamiento ?que busca excluir de responsabilidad? de que la fecundación ocurre dentro del cuerpo de la mujer. Resulta paradójico que este mismo razonamiento sea dejado de lado cuando se plantea la despenalización del aborto, ya que algunas voces se considera que es necesario, para que la mujer aborte, que el padre brinde su consentimiento. Esta postura es equivocada pues parecería que el padre sólo tiene derechos, pero carece de responsabilidad penal cuando se configura el ilícito de aborto.

 

Estos elementos llevan a pensar en la necesidad de analizar otros mecanismos que sean verdaderamente idóneos y eficaces para tutelar el derecho a la vida, reconociendo la universalidad de tal derecho y su importancia toral en la realización de la dignidad humana en su individualidad y colectividad. Corresponderá al Estado fomentar una política basada en la educación y la información sexual para evitar embarazos no deseados y un ejercicio responsable de la paternidad. Además, tratándose de personas que deseen interrumpir sus embarazos ?en los parámetros autorizados por la norma jurídica? procurarles todos los medios informativos que conduzcan a conocer lo que implica la paternidad y, en su caso, informar respecto de la figura jurídica de la adopción, la cual puede representar una alternativa ante embarazos no dese

 

*Primer Asesor del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**Catedrático de la Escuela Libre de Derecho de Puebla.

 

 

Artículo publicado en la R. Ensayos Penales Nº 11 de la Corte Nacional de Justicia

Change password



Loading..