Proporcionalidad y Legalidad de la Pena

Martes, 25 de abril de 2017

Proporcionalidad y Legalidad de la Pena

 

Autor: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar.[1]

 

Previo a este análisis es de suma importancia destacar, que la formulación del principio de proporcionalidad, se debe en gran medida al concepto de proporcionalidad de las penas, introducido para limitar el ius puniendi.

Mientras, que el principio de legalidad de la pena, dentro del sistema penal, responde a una doble dimensión, ya que por una parte se considera consecuencia del planteamiento jurídico político de la organización social, en su sentido más amplio, y además posee una perspectiva jurídico penal indudable.

Es por ello, que es necesario, que los analicemos de la siguiente manera:

1.- Origen del principio de Proporcionalidad de la Pena:

El origen del principio de proporcionalidad se remonta a la antigüedad, ya que en la obra de Platón, Las Leyes, se puede encontrar la exigencia de que la pena sea proporcional a la gravedad del delito.

Pero es hasta la época de la Ilustración, cuando se afirma este principio, muestra de ello es la obra de César Beccaria, ?De los delitos y de las penas?, en la cual hace referencia a la pena y establece que ésta debe ser ?necesaria e infalible?, ya que estas dos características completan la idea de proporcionalidad.[2]

Este principio de proporcionalidad, nos sirve de base, para generar una reflexión sobre la idea del castigo, dejando de lado las ideas de venganza, ya que esta es una de las razones por la cual, aun hoy, la institución de la pena pública, sigue manteniendo arraigado la idea de una pena retributiva, ya que se sigue explicando convincentemente, que el principio de retribución dentro de las funciones de la pena, es necesario, ante un mal como es el delito, configurándose como el alma de la pena, concepto que no es aplicable, dentro de una sociedad, que ha sufrido varios procesos globalizantes, y que se ha ido fortaleciendo, en el desarrollo, de su cultura.

1.2.- Concepciones del principio de Proporcionalidad de la Pena:

Según Hernán Fuentes Cubillos:

?se erige en un elemento definidor de lo que ha de ser la intervención penal, desde el momento en que trata de traducir el interés de la sociedad en imponer una medida de carácter penal, necesaria y suficiente, para la represión y prevención de los comportamientos delictivos, y por el otro, el interés del individuo en la eficacia de una garantía consistente en que no sufrirá un castigo que exceda el límite del mal causado, en otros términos, la minimización de la violencia en el ejercicio del ius puniendi.?[3]

Para Ivonne Yenissey Rojas, este principio tiene su razón de ser en los derechos fundamentales ?cuya dogmática lo considera como límite de límites, con lo cual pretende contribuir a preservar la ?proporcionalidad? de las leyes ligándolo con el principio de ?Estado de Derecho? y, por ende, con el valor justicia.?[4]

En esta misma línea, el profesor Silva Sánchez, nos señala que:

?La determinación de la pena se explica como un ámbito en el que no inciden sólo argumentos relativos al hecho delictivo realizado, vinculado a las reglas dogmáticas de imputación, sino también (y sobre todo) una argumentación asentada directamente en la teoría de los fines de la pena (esto es, en principios político criminales)?[5]

Es decir, el principio de proporcionalidad, nos permite examinar la problemática desde dónde surgen las directrices axiológicas supremas de nuestro ordenamiento jurídico, para exigir que entre el delito y la correspondiente pena, rija una determinada relación de proporcionalidad, y de ser así, determinar cómo es posible que se pueda fundamentar su presencia y operatividad dentro del sistema penal.

 

1.3.- Finalidades del principio de Proporcionalidad de la Pena:

Este principio de proporcionalidad caracteriza la idea de justicia en el marco de un Estado de Derecho, tanto así, que en nuestro ordenamiento jurídico, dentro del Art. 76 núm. 6 de nuestra Constitución, manifiesta la existencia de la ?[?] proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales [?],?[6], en donde esta proporcionalidad deberá medirse con base en la importancia social del hecho desprendiéndose de la exigencia de una prevención general, capaz de producir sus efectos en la colectividad.[7]

Teniendo en cuenta que el cumplimiento del principio de proporcionalidad, establecido por nuestros legisladores, debe ser aplicado por los jueces, en el ámbito de la Administración de Justicia, distinguiendo que la pena debe ser proporcional al delito, es decir, no debe ser exagerada.

Y que dicha proporcionalidad se medirá con base en la importancia social del hecho.

Es decir la necesidad de la proporcionalidad se desprende de la exigencia de una prevención general, capaz de producir sus efectos en la colectividad.

De este modo, el Derecho Penal debe ajustar la gravedad de las penas a la trascendencia que para la sociedad tienen los hechos, según el grado de afectación al bien jurídico.

Si partimos con esa idea de que el principio de proporcionalidad se vuelve relevante, que no existen derechos absolutos, sino que cada derecho se enfrenta a la posibilidad de ser limitado, estaríamos generando un concepto, a la par del establecido en el Art. 12 núm. 16 del Código Orgánico Integral Penal que menciona, ?las sanciones disciplinarias que se impongan a la persona privada de libertad, deberán ser proporcionales a las faltas cometidas [?].?[8]

Es decir lo que se busca con la proporcionalidad, es que el poder punitivo, debe ser aplicado solo cuando sea estrictamente necesario por haberse trasgredido bienes jurídicos protegidos, claro está haciéndolo de carácter proporcional a la actuación realizada.

Con esto podemos concluir que el establecimiento de penas, es necesario para garantizar una readaptación, resocialización, rehabilitación[9] siempre y cuando se lo aplique de manera proporcional al ilícito cometido, ya que la mayoría de los delincuentes necesitan diferentes tratamientos y políticas carcelarias, para lograr su reinserción en la sociedad[10], en donde surge un carácter instrumental del derecho penal y de la justicia criminal, en la que se debe analizar al delincuente previo a la comisión del acto, así como también determinar el criterio de la sociedad  que da pautas para la imposición de la sanción, poniendo límites al mundo en algunas ocasiones sin valorar preceptos o tipologías tanto criminológicas como victimológicas.

2. Origen Principio de legalidad de la pena:

Para Velásquez Velásquez, el principio de legalidad ?es producto de la filosofía de la ilustración; pero sin embargo, también, se ha llegado a sostener que sus orígenes se remontan a épocas anteriores, remitiéndose hasta el Código de Hammurabi (según algunos, año 1950 a. C., según otros año 1700 a. C.) En el cual se planteaba la necesidad de un derecho plasmado en grafías, accesible a todos, que protegiera y brindara seguridad jurídica a los ciudadanos.?[11]

En donde, este principio de legalidad en materia penal, incluye una garantía ejecutiva, que corresponde a la ejecución de las penas impuestas a los comisores de hechos delictivos, garantizando de esta manera, la vida en sociedad el individuo.

Mismo, que se encuentra limitado por la soberanía y libertad de otros, es decir, los límites de su libertad, están consagrados, hasta el momento en el que empieza la libertad de otro individuo, no pudiendo de esta manera transgredir de esa senda, ya que si lo hacemos, somos merecedores del poder sancionador del estado.

Ya, que los límites los traza el Derecho, mediante la expedición de leyes, que se han dictado para todos y que, consecuentemente, todo el que las aplica queda estrictamente vinculado a ellas, garantizando de esta manera que la convivencia humana no conduzca a infracciones jurídicas.

2.1.- Finalidades del Principio de legalidad de la pena:

 La vigencia del principio de legalidad en el contexto de la ejecución de penas, pone en juego los derechos fundamentales de las personas, en ese momento privadas jurídicamente de libertad, por medio de una ley, que ha si lo ha decidido.

En donde tenemos que tener en suma consideración, la determinación taxativa de la protección máxima para la libertad de la persona, la cual no puede ser penalmente limitada, sino en virtud de una expresa conducta prevista en la ley.

Por lo tanto, el principio de legalidad, es aquel principio en donde se fundamenta el castigo, ya que sólo puede ser en una ley, donde se prevea como delictiva una conducta reprochada. Es por ello, que en el Art 76, núm. 3 de la Constitución de la República del Ecuador, menciona que ?Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal [?].?[12]

Partiendo de este concepto, que delimita el poder punitivo del Estado en todo su alcance, podemos decir que esa intervención estatal concedida por ley al Estado esta deslegitimada, en virtud de la aplicación de la prisión como símbolo de sanción.[13]

            Tanto así que la persona, para ser responsable por una conducta, esta tiene que estar previamente tipificada, ser antijurídica y culpable[14], conducta que amerita una sanción penal, misma que no se le ?impondrán penas más severas que las determinadas en los tipos penales [?]?.[15]

            Entendemos, entonces que el principio de legalidad, es de suma importancia, ya que resultaría injustificada la pretensión del sistema penal de querer tutelar bienes jurídicos[16]si no existiera el principio de legalidad.

Es decir este principio de legalidad penal, es uno de los límites más tajantes al poder punitivo del Estado, ya que exige además que las leyes penales contengan en la descripción de los comportamientos prohibidos penalmente y sujetos a una sanción, solamente términos descriptivos y que dichos términos sean los más precisos posibles.

A fin de evitar la despenalización del sistema penal, en relación con la legitimidad de la potestad penal, ya que lo que impera, es el desarrollo de este principio de legalidad de la pena, determinando la respuesta penal[17], mediante la tipificación de tipos penales, que priven de libertad a los sujetos en casos de gravedad, así como también dejar de penalizar conductas que no ameriten una sanción penal, que prive de su libertad, sino que puedan ser resueltas por otras alternativas.

Pero también determinando, la existencia de un dimensión jurídico penal de la que procede el principio de legalidad[18].

En este sentido la función de la norma y la sanción penal, cumple los fines de las normas jurídico penales, incluso con sus funciones intimidatorias y motivadoras de la conducta de los ciudadanos, propias de teorías relativas intimidatorias, resultando necesario que la conducta prohibida y la pena establecida como castigo sean conocidos de forma previa para así poder servir de contramotivo frente a los impulsos delictivos.[19]

 



[1] Abogado, conferencista y escritor.

Correo:  scor1719@hotmail.com

[2] Cesare Beccaria, Jacinto Dragonetti, y Guillermo Cabanellas, Tratado de los delitos y de las penas (Buenos Aires: Heliasta, 1993).

[3] Hernán Fuentes Cubillos, «EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN DERECHO PENAL. ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE SU CONCRETIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA», REVISTA IUS ET PRAXIS - AÑO 14 - N° 2, 2014., p.19.

[4] Ivonne Yenissey Rojas, LA PROPORCIONALIDAD EN LAS PENAS, s. f., http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/11/doctrina42462.pdf.

[5] Silva Sanchez, Jesús María, 2007, ?La teoría de la determinación de la pena como sistema (dogmático): un primer esbozo.? En Indret, Revista para el Análisis del Derecho N°2, En: http://www.indret.com

p.15.

[6] REGISTRO OFICIAL No. 449, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008)., Art. 76 núm. 6. (La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales,

administrativas o de otra naturaleza.)

[7] Bernardo Feijoo Sánchez, RETRIBUCIÓN Y PREVENCIÓN GENERAL un estudio sobre la teoría de la pena y las funciones del Derecho Penal.

[8] REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO No. 180, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014)., Art 12, núm. 16.

[9] Bernardo Feijoo Sánchez, RETRIBUCIÓN Y PREVENCIÓN GENERAL un estudio sobre la teoría de la pena y las funciones del Derecho Penal.

[10] Ibid.

[11] VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando, Derecho Penal, Parte General. (Bogotá: Temis, 1995)., p.230.

[12] REGISTRO OFICIAL No. 449, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008)., Art. 76 núm. 3

[13] Guillermo J. Yacobucci, La deslegitimación de la potestad penal (Buenos Aires: Abaco de Rodolfo Depalma, s. f.).

[14] Claus Roxin, Derecho Penal Parte General, vol. 2 edición (Civitas, 1999).

[15] REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO No. 180, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014)., Art 53( No se impondrán penas más severas que las determinadas en los tipos penales de este Código. El tiempo de duración de la pena debe ser determinado. Quedan proscritas las penas indefinidas.)

[16] Guillermo J. Yacobucci, La deslegitimación de la potestad penal.

[17] Ibid.

[18] Cfr. ARROYO ZAPATERO, L. ?Principio de legalidad y reserva de ley en materia penal?. Revista Española de Derecho Constitucional nº 8 (1983), p. 14

[19] HASSEMER, W. Fundamentos de Derecho Penal. Traducción de MUÑOZ CONDE y ARROYO ZAPATERO. Bosch 1984, p. 312.

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