Autor: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar 

En palabras de, Caballero, la prescripción es entendida como que el «tiempo es uno de los componentes esenciales del ejercicio de la potestad sancionadora, y su transcurso hace  que  éste  sea  cada  vez  menos  razonable,  hasta  un  punto  en  el  que  ya  no  es proporcionado al fin que persigue«[1]

Por todo ello, el plazo de prescripción, objeto de determinación debe ser proporcional a la gravedad de la conducta que se persigue, en virtud de este principio, tomando en consideración que en el referido artículo se refiere exclusivamente a la prescripción una vez que el acto administrativo ha causado estado.

Siendo oportuno indicar que se entiende que causan estado las resoluciones de la Administración cuando no sean susceptibles de recursos ordinarios por la vía administrativa, de tal modo que pongan término a aquélla o hagan imposible su continuación, en donde lo relevante, en este aspecto, es la consecuencia que produzca la resolución y no tanto su puro contenido abstracto e hipostatizado.

Expresión que hace referencia al carácter permanente que revisten los efectos jurídicos de una decisión administrativa como consecuencia de haber quedado firme, o lo que es lo mismo, haber pasado en autoridad de cosa juzgada. Una decisión queda firme cuando no es posible interponer contra ella recurso alguno, ya sea por el hecho de haberse agotado la instancia o bien porque haya concluido el tiempo para hacerlo, en razón de que los actos administrativos como productores de efectos jurídicos directos, pueden ser controvertidos por el interesado mediante la interposición de recursos administrativos que la ley reconozca. Esto en razón, del derecho que toda persona tiene, a que la administración le otorgue los medios pertinentes para cuestionar y discutir la validez de un acto emitido por esta.

Es decir en otras palabras esto constituye como que: “La exigencia de que la resolución que sea recurrida cause estado de forma que no sea reclamable sino en la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, es un requisito según el cual el recurso contencioso-administrativo solo se admitirá en relación con las disposiciones y los actos de la Administración que no sean susceptibles de ulterior recurso ordinario en la vía administrativa[2]

Concepto que para Gordillo implica que de igual forma a los actos que agotan la vía administrativa: […] de cualquier órgano o ente administrativo puede hacer cosa juzgada administrativa, sea un ente autárquico, empresa del Estado, etc.”[3]

De esta conceptualización, podemos deducir que un acto que agota la vía administrativa es aquel al que no se le puede interponer recurso administrativo alguno porque se agotaron todos los medios de impugnación establecidos por la ley; sin embargo, queda expedita la posibilidad de interponer un recurso judicial, siempre que el acto ya no pueda ser recurrible en sede administrativa, ya que el administrado no tiene más opción que acudir a la vía contencioso administrativa, siendo oportuno precisar que existen dos formas de agotar la vía administrativa:

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Interponer los recursos procedentes

Basándonos en los recursos que las leyes admiten en sede administrativa.

 Que una ley diga expresamente que un determinado acto agota la vía administrativa:

Esto presupone dos requisitos que la ley dispone, como son: a) el de reserva de ley: Que implica que en caso de que el recurso administrativo en cuestión no ha sido establecido por una norma con rango de ley, sino por un reglamento, adquiere entonces el carácter de potestativo, y el particular puede optar entre interponerlo o bien acudir directamente a la vía contencioso administrativa”.; y,

Declaración expresa de que el acto agota la vía administrativa

Se da cuando la ley no dice expresamente que un acto agota la vía administrativa y tampoco regula un recurso que proceda interponer contra este, por lo que el administrado debe acudir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa.[4]

Lo cual nos permite entender que el acto administrativo definido en el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo como: “[…] la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo.”, siempre y cuando cumpla con los requisitos de validez como son: competencia, objeto, voluntad, procedimiento y motivación, ya previamente analizados en el comentario al artículo 99 del Código Orgánico Administrativo, será válido.

Respecto del cómputo del plazo de prescripción, el cual se interrumpe por el inicio del procedimiento de ejecución tiene una razón de ser, ya que el alcance y naturaleza del instituto de la prescripción, y, en concreto respecto de la extintiva, por cuanto supone para su titular la definitiva pérdida del derecho o la acción, supone la constatación de cualquiera de las causas legalmente establecidas que determinan la imposibilidad de consolidar ésta, de tal forma que se pierde el tiempo de prescripción transcurrido y que volverá a comenzar a correr una vez que cese la causa que motiva la interrupción.

Siendo, en definitiva, una de sus causas el inicio del proceso de ejecución, que constituye causa interruptiva de la prescripción, y en armonía con la naturaleza excepcional de la propia institución, igualmente se predica su aplicación restrictiva; siendo que la prescripción al ser una institución no fundada en principios de estricta justicia sino en los de abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho y en el de la seguridad jurídica, su aplicación no debe ser rigurosa sino cautelosa y restrictiva, debido a que su razón de ser tanto en la idea de sanción a las conductas de abandono en el ejercicio del propio derecho o de las propias facultades, como en consideraciones de necesidad y utilidad social; devienen de la cesación o abandono en el ejercicio de los derechos por parte de la administración.

La Hora

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[1] Caballero Sanchez, Rafael, Prescripción y caducidad en el ordenamiento administrativo,  en la obra Diccionario de Sanciones Administrativas (Madrid- España: Iustel, 1998).; pág. 642.

[2] Eduardo García de Enterria y Tomas Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, (Madrid- España: Civitas, 1997).; pág. 487.

[3] Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho administrativo, Tomo III (Buenos Aires- Argentina: Abeledo Perrot , 2004).; pág. 4

[4] Gamero, Casado Eduardo, Derecho Administrativo, Monografías, La Jurisdicción Contencioso Administrativo, El Acto Administrativo (El Salvador- República del Salvador: Concejo nacional de la Judicatura, Escuela de Capacitación Judicial San Salvador, 2001).; pág. 15.