PERSONALIDAD Y PERSONERÍA JURÍDICA

Jueves, 20 de agosto de 2015

PERSONALIDAD Y PERSONERÍA JURÍDICA

 

Autor: Dr. Vinicio Palacios

La ilegitimidad de personería resulta un tema muy importante al momento de comparecer a una contienda legal sometida a la resolución de un juez, pues la coyuntura normativa hace que los operadores de justicia analicen casos donde intervienen instituciones públicas. Es ahí cuando encontramos un conflicto al respecto de la personalidad o personería jurídica que éstas tengan, ya que al ser estos dos conceptos diferentes y con efectos jurídicos distintos, no existe unicidad de criterio al respecto. En tal virtud, presento el siguiente análisis:

a).- Según el artículo 564 del Código Civil ecuatoriano: ?Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.?, es decir que esta persona puede representarse tanto en la esfera judicial como fuera de ella. Siguiendo la línea del tratadista Ferrara, en su obra ?Teoría de las personas jurídicas?,  la mera voluntad de los individuos (como género humano) no puede concebir una persona jurídica, y que sólo una ley (personas jurídicas de derecho público) o un acto administrativo (personas jurídicas de derecho privado) reconoce y otorga existencia jurídica manifiesta a esta ficción jurídica. Por tanto, es requisito sine qua non para la existencia de una persona jurídica, la expedición de una ley o resolución administrativa.

b).- La persona jurídica se compone de personalidad jurídica y personería jurídica. Ahora bien, estos conceptos no son sinónimos. La sentencia No. 78-2000, de 11 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Judicial 13, de 11-mar-2003, al diferenciar los conceptos de personalidad y personería jurídica, expresa: ?Frecuente resulta la confusión que se crea entre los conceptos personalidad y personería, que es necesario distinguirlos como bien señalan los diccionarios y la doctrina, ya que existen entre ellos matices diversos. Así la primera implica que se le permite a la persona ser titular y desarrollar actividades jurídicas; que tiene aptitud para desenvolverse y ser sujeto de la relación jurídica, mas no le concede posibilidad de defenderse por sí, necesita la protección especial y superior; por personería en cambio se entiende la capacidad legal de comparecer en juicio, así como también el de representación legal y suficiente para litigar?, lo cual coincide con la referida disposición del Código Civil (art. 564) en cuanto a que una persona jurídica es capaz de ser representada en juicio, de esta forma, queda claro que la legitimación de personería es la capacidad suficiente para intervenir en toda contienda legal, y que por tanto, no puede existir proceso válido cuando una de las partes únicamente cuenta con personalidad jurídica, ya que la misma, solo permite a una persona ser titular de actividades jurídicas, es decir, la capacidad para actuar, desarrollar y ser sujeto de relaciones jurídicas, mas no la facultad de defenderse por sí en una contienda legal, o la capacidad legal o aptitud jurídica para comparecer en todo proceso, de ahí que si sea capaz de ser representada en un juicio.

c).- El Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva ? ERJAFE ? en su artículo 2 establece que los Ministerios de Estado y los órganos dependientes o adscritos a ellos, conforman la Administración Pública Central, quienes según el artículo 3 ibídem, tienen personalidad jurídica única para el cumplimiento de sus fines, y sus órganos dependientes o adscritos tendrán sólo las respectivas competencias asignadas; de igual forma, el artículo 9 ibídem señala:

?La Administración Pública Central se constituye por órganos jerárquicamente ordenados y en su actividad tiene personalidad jurídica única?; por tanto, las Carteras de Estado y sus órganos dependientes, carecen de personería jurídica y no pueden representarse judicialmente por carecer de esa capacidad legal, tal como se desarrolló en el literal que antecede. Los artículos 151 y 154 de la Constitución de la República del Ecuador ? CRE ? establecen que los Ministros de Estado representan al Presidente de la República en los asuntos propios del ministerio a su cargo, y serán responsables por los actos y contratos que realicen; por otro lado, el artículo 237 ibídem, confiere al Procurador General del Estado:

?1. La representación judicial del Estado. 2. El patrocinio del Estado y de sus instituciones?, norma desarrollada en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, en el artículo 3 donde se establece que: ?Corresponden privativamente al Procurador General del Estado, las siguientes funciones: a) Ejercer el patrocinio del Estado y de sus instituciones de conformidad con lo previsto en esta Ley;  b)  Representar al Estado y a los organismos y entidades del sector público que carezcan de PERSONERÍA JURÍDICA, en defensa del patrimonio  nacional y del interés público (...)? (Las mayúsculas no corresponden al texto original); por tanto, a quien le corresponde la defensa y el patrocinio de las instituciones que carecen de personería jurídica que no pueden representarse en juicio, le corresponde al señor Procurador General del Estado, por los derechos que representa judicialmente del Estado.

EMPRESAS PÚBLICAS.- Existe un caso particular en lo que respecta a las empresas públicas, ya que según el segundo inciso del artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador, las empresas públicas: ?funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, (?)?, es decir que conforme la normativa que antecede y en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas ? LOEP, dichas entidades gozan de autonomía y se constituyen como personas jurídicas de derecho público, pero que no tendrían capacidad jurídica para comparecer a toda contienda legal.

Por otro lado, los artículos 10 y 11.1 de la LOEP, conceden al Gerente General la representación judicial de la empresa pública, es decir que aplicando el principio de legalidad, no existiría ilegitimidad de personería en el caso de demandar a una empresa pública a través de su gerente general, ya que el mismo tiene la capacidad para comparecer a juicio y representar a la empresa, donde la Procuraduría General del Estado únicamente interviene como supervisor de dicho proceso que involucra a una entidad estatal en defensa del patrimonio nacional y del interés público, tal como lo prescribe el literal c) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado.

JURISPRUDENCIA.- La sentencia dictada por la Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Ex Corte Suprema de Justicia, el 9 de marzo de 2004, publicada en el Registro Oficial No. 406 de 25 de agosto de 2004, establece: ?puesto que una dependencia o Secretaría de Estado (?), no está en aptitud jurídica de ejercer derechos o contraer obligaciones; 6.- Por lo expresado, a quien debió demandarse para reclamar lo que consta en el libelo inicial fue al Estado, (?) 7.- La forma como ha sido planteada la acción, no permite inferir que sea el Estado el demandado, pues no se hace mención alguna, de que se lo demanda. En conclusión, existe ilegitimidad de personería pasiva, lo que conlleva la nulidad procesal desde la demanda?; de la jurisprudencia descrita, se confirma que en el caso de las instituciones que carecen de personería jurídica y que por tanto no pueden representarse judicialmente, debe intervenir necesariamente el Estado a través del señor Procurador General del Estado por los derechos que representa del mismo.

En síntesis, la personería jurídica le otorga a una institución pública la capacidad completa para comparecer a juicio, donde el Estado únicamente interviene para vigilar y precautelar los intereses estatales, pero cuando las instituciones públicas se constituyan solo con personalidad jurídica, necesitan ser representadas por la Procuraduría General del Estado y como parte procesal, de lo contrario estaríamos frente a un excepción dilatoria de ilegitimidad de personería; situación que debe ser analizada sesudamente al momento de plantear una acción judicial ante los órganos de justicia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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