Mujeres embarazadas en la Constitución y las Leyes

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Dr. Gonzalo Silva Hernández
I. Antecedentes
Desde el Código Penal de 1872, 1906 y 1938 —reformados y codificados hasta 1971—, se contiene el mismo enunciado del artículo 58 del citado código, esto es: «Ninguna sentencia en la que se imponga pena de reclusión se notificará a una mujer embarazada». En la Ley 106 (R.O. 365, 21-VII-1998), los asambleístas constituyentes de Salcedo, que elaboraron la Constitución de 1998, agregaron: «NINGUNA MUJER EMBARAZADA PODRÀ SER PRIVADA DE LA LIBERTAD, ni será notificada la sentencia que le imponga penas de prisión o reclusión, sino 90 días después del parto».
II. Desarrollo del tema
Acudo a la primera regla de Savigny sobre la interpretación gramatical: se aprecia que la citada reforma no es imperativa; por consiguiente, el juez o jueza debe dictar orden de prisión y someter a la infractora al arresto domiciliario, como regla del artículo 160, numeral 11, del CPP (R.O. 555-S, 24-III-2009). Las medidas cautelares de carácter personal son: «11.- El arresto domiciliario que puede ser con supervisión o vigilancia policial».
El artículo 171 del CPP faculta al juez o jueza de garantías penales a sustituir o derogar una medida cautelar dispuesta con anterioridad, o a dictarla no obstante haberla negado anteriormente. Para el efecto, se impone analizar los dos literales que enuncia esta disposición:
- a. Concurran hechos nuevos que lo justifiquen; y
- b. Se obtengan evidencias nuevas que acrediten hechos antes no justificados o desvanezcan los que motivaron la privación de la libertad.
En el párrafo segundo del citado artículo: «Siempre que no se trate de delitos contra la Administración Pública, de los que resulte la muerte de una o más personas, de delitos sexuales, de odio; los sancionados con pena de reclusión o cuando exista reincidencia…» (se mantiene la específica y no general), la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario en los casos en que la persona procesada tenga una discapacidad mayor al 50% certificada por el CONADIS (en el nuevo Código Orgánico Integral Penal [COIP] se rebaja al 30% y se agregan enfermedades catastróficas o de alta peligrosidad, art. 535 CPP), padezca de una enfermedad catastrófica, sea mayor de edad (nuevo Código, arts. 532-535, 65 años) o sea una mujer embarazada o parturienta, en este último caso hasta 90 días después del parto.
En el párrafo quinto dice: «Las mujeres embarazadas privadas de libertad que no puedan beneficiarse con la sustitución de la prisión preventiva cumplirán la medida cautelar en lugares especialmente asignados para el efecto».
El artículo 35 de la Constitución expresa el derecho de las personas y grupos de atención prioritaria:
«Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado…» Añade: «El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad (parturientas)», particular que —no obstante el indicativo procesal en brindar solución a este lacerante problema de la delincuencia en el que se encuentran inmersas las citadas personas— es utopía su aplicación por los carentes e inexistentes planes de transformación institucional del Ministerio de Justicia y el Poder Judicial para su ejecución (particular que en la actualidad considera en sus apuntes de planificación el Consejo de la Judicatura). Más aún cuando el artículo 43 de la Carta Fundamental reconoce a las mujeres embarazadas la obligación del Estado de garantizar en su período de embarazo cuanto de lactancia los derechos a:
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- No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral (delinquir no es un ámbito educativo, social y laboral; delincuente es quien desconoce los cánones morales, legales y humanos de los ciudadanos).
- Gratuidad de los servicios de salud materna.
- La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto.
- Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el período de lactancia.
La ausencia de planes para una eficaz aplicación de estas disposiciones constitucionales —que son declarativas y que se concretan con leyes y reglamentos en atención a que el Estado ecuatoriano, además de ser constitucional, es de derechos y justicia—...
Retomando el tema, el juez o jueza puede sustituir o derogar una medida cautelar de prisión preventiva a una mujer embarazada si lo ha hecho, revisarla, no obstante que puede ser apelada por el infractor o el fiscal cuando un juez acepta o rechaza, o sometida una vez dictada a la caducidad (arts. 343 n.° 3, 160 y 172 CPP). Esta potestad entregada a los jueces —que deviene como discrecional— la aplican a muy buen gusto, apoyándose en el artículo 77, numerales 1 y 11, de la Constitución:
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N.º 1: «La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena…»
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N.º 11: «La jueza o juez aplicarán de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares no privativas de libertad contempladas en la ley (159-160 CPP). Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona sentenciada».
El artículo 76 de la Constitución reconoce este derecho de protección:
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N.º 1: «En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas…»
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N.º 2: «Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada».
Lo mencionado constituye una garantía inherente a la personalidad humana. Así registra sobre la prisión preventiva el artículo 9, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: «La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo».
Sobre la presunción de inocencia: artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; 6 de la Convención Europea de los Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Autores como Devis Echandía, Luis Cueva Carrión y Jorge Zavala analizan el estado de inocencia como regla general y el principio in dubio pro reo, disposiciones que se enmarcan en los artículos 424, 425 y 426 de la Constitución.
Capítulo aparte merece considerar a las mujeres embarazadas en delitos flagrantes: será oportuna la sustanciación hasta sentencia por el juez de flagrancia; esto acontecerá con el nuevo COIP. Sin embargo, si constituyen parte del crimen organizado (autores, cómplices o encubridores —de estos últimos autores se olvida el legislador actual en el proyecto del COIP—), serán otros jueces especiales los que conozcan en la fase de indagación, etapa de instrucción hasta la audiencia preparatoria y auto, para luego sustanciar y resolver estas infracciones ante los judiciales especializados en la ciudad de Quito en la etapa del juicio, sea cual fuere la jurisdicción en la que se cometió la infracción. Por supuesto, desaparecerá la clasificación de una centuria: las infracciones se dividen en delitos y contravenciones (en lo militar: crímenes, delitos y contravenciones); en lo futuro serán infracciones y contravenciones. Los delitos: las penas hasta 6 meses (levísima); de 6 meses hasta 5 años (leves); de 5 años hasta 11 años (medias); de 11 a 19 años (graves); y de 19 a 28 años (gravísimas). Se exceptúan, entre otros, el sicariato (que se castigará con 28 años) y el femicidio (28 años). ¿A cuál acumulación se someterán todos los infractores? ¿A qué modificación o reducción de penas? Estos puntos también constituyen un derecho humano que deben ser expuestos con claridad para aplicar o negar en favor de los culpables de un delito. Si el nuevo código no explica estas interrogantes, la ley y la justicia no pueden ni deben actuar soterradamente, sino literalmente. Como dijo Aristóteles: «Los Estados democráticos que tienen leyes claras y definidas son pueblos grandes…». Esta calificación se obliga a alcanzar.
III. Conclusión
Se impone una reforma constitucional y procesal penal para eliminar la discrecionalidad entregada a los jueces y juezas que les permita sustituir la prisión preventiva no solo a las mujeres embarazadas con otras alternativas, asimismo que los jueces, en base a las pruebas que se presenten sin necesidad de audiencia, se pronuncien sobre la procedencia o no de la petición de sustitución o revisión de las medidas cautelares. ¿Por qué la pérdida de tanto tiempo y someterse al ultraje del tiempo y a la buena o mala voluntad de los sujetos procesales? Si de consultado lo hacen, a través de la facultad discrecional de «respeto» a la Constitución y tratados internacionales, y al sometimiento y sanciones en caso de incumplimiento al Código Orgánico de la Función Judicial —que les constriñe en sus artículos 4 y 6 en particular— a reverenciar el principio de supremacía constitucional, olvidando que los derechos y garantías constitucionales fundan la primera parte de la Carta Fundamental (la fase declarativa, siendo la otra la normativa), se ejecuta mediante la atención de los principios que el Código Orgánico de la Función Judicial transcribe en el capítulo segundo, «Principios Rectores y Disposiciones Fundamentales» (arts. 4 a 31), copia trasunta de las disposiciones declarativas y normativas de la Constitución.
Declarativas (primera parte) y normativas (segunda parte) cuando se refieren a la administración de justicia; en tal virtud, el anhelo legislativo actual se trastoca con la decisión constitucional que fue preparada por los asambleístas mayormente integrantes del Congreso Nacional anterior y muchos de ellos resentidos con el Gobierno luego de haber preparado un mamotreto jurídico-constitucional que ha permitido y permite esta actitud de los infractores y actuación de los jueces, al extremo que en gran parte se constituye en la «Carta Magna de los delincuentes» —como nos enseña el ilustre maestro de la Universidad de Berlín, Franz von Liszt—. Por consiguiente, se asiente el auge delictivo (sin desconocer la preocupación perenne del Ministerio del Interior y Policía Nacional). Mientras se mantenga la revictimización, la caducidad de la prisión preventiva y las garantías del «pasado judicial intocable», es imposible —y menos a corto plazo— una solución. En tal virtud, si bien las disposiciones sobre la prisión preventiva no son imperativas según los códigos analizados, constitucionalmente sí son viables, y esta irresuelta pretensión permite que a la ciudadanía la someta la delincuencia, incluyéndose a las personas embarazadas, lo cual constituye un peligro para la sociedad conservar.
Parte de la crisis del derecho penal se debe a toda esta clase de normas y leyes. Es hora de que la Legislatura, la Administración de Justicia, el Ministerio Fiscal, la Defensoría Pública y el Ministerio de Justicia en la Ejecución se preocupen de preparar reformas —no advenedizas o mediáticas para satisfacer egos personales—, reformas que perduren como política de Estado, y para el efecto se deberá exigir un trabajo eficiente, laborioso, consciente como certero de los asambleístas (cuál es su obligación), que sin duda el señor presidente sancionará, en atención a que la única afectada por el delito es la sociedad.
Dr. Gonzalo Silva Hernández
Abogado Penalista
Quito, 15 de julio del 2013






