Misión de los Magistrados en el COIP

Jueves, 13 de marzo de 2014

 

Misión de los Magistrados en el COIP

 

Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley;

la muerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida;

hay muchos planes de causación, pero ninguno escapa a la ley.

El Kybalion

Autor: Dr. José García Falconí

 

Deber objetivo de cuidado.- Precedentes Legales

La prensa nacional da a conocer, que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, va a reunirse en estos días, a fin de absolver la consulta planteada por la Federación Nacional de Médicos, sobre el Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal.

Sobre el tema, del deber objetivo de cuidado, trato con detalle en mi libro LA RESPONSABILIDAD MÉDICA EN MATERIA PENAL, CIVIL Y ADMINISTRATIVA, en dos tomos.

He conversado con algunos señores jueces de la Corte Nacional de Justicia, y les he manifestado que el Art. 66 No. 23 de la Constitución de la República, señala: ?Se reconoce y garantizará a las personas: (?) 23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo?.

La Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos, por parte de la Iniciativa Privada, en el Art. 28, trata sobre el derecho de petición, que se encuentra reformado por el Art. 12 del Decreto Ley 2000-1, publicado en el Suplemento de Registro Oficial No. 144 de 18 de agosto de 2000, el que es categórico en señalar, que todo reclamo, solicitud o pedido a una autoridad pública deberá ser resuelto en un término no mayor a quince días, contados a partir de la fecha de su presentación, salvo que una norma legal expresamente señale otro distinto.

El Art. 212 del Código Penal, que todavía está vigente en nuestro país, señala expresamente: ?Será reprimido con multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y prisión de uno a seis meses, la autoridad que, de cualquier manera, impidiere el libre ejercicio del derecho de petición?, tema que lo trato con detalle en el trabajo publicado sobre Los Nuevos Paradigmas en Materia Constitucional en el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano, en dos tomos.

El Art. 184  de la Constitución de la República señala, las funciones de la Corte Nacional de Justicia, recalcando que además de las cuatro mencionadas, hay otras determinadas en la ley.

El Art. 129 del Código Orgánico de la Función Judicial,  señala las facultades y deberes genéricos de las juezas y jueces, y entre ellas: ?3. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con estricta observancia de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la Función Judicial (?).

(?.) 8. Presentar, por la vía correspondiente, consultas sobre la inteligencia de las leyes así como ante proyectos de ley o reformas legales que tengan directa relación con la jurisdicción y competencia que ejercen?.

El Art. 180 de dicho Cuerpo de Leyes señala las funciones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, son entre otras: ?8. Ejercer las demás atribuciones que establece la Constitución, la ley y los reglamentos?.

 Para entender el deber objetivo de cuidado, es menester tener muy en cuenta las siguientes disposiciones legales, a más de las constitucionales señaladas en el anterior artículo que publiqué sobre esta materia, en esta misma Revista Judicial.

Normativa concerniente contenida en el COIP

a.- El Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal, señala:

Homicidio culposo por mala práctica profesional.- La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de cumplida la pena, será determinado por la Ley.

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá concurrir lo siguiente (las negrillas son mías):

1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo de cuidado.

2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión.

3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas.

4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho?.

 

b.- El Art. 27, señala: ?Culpa.- Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este código?.

No olvidemos, que este es un delito culposo.

c.- El Art. 28, señala: ?Omisión dolosa.- La omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que, deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material típico, cuando se encuentra en posición de garante.

Se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal o contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad personal del titular del bien jurídico y ha provocado o incrementado precedentemente un riesgo que resulte determinante en la afectación de un bien jurídico?.

d.- El Art. 29, señala: ?Antijuridicidad.- Para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica deberá amenazar o lesionar, sin justa causa, un bien jurídico protegido por este Código (el Art. 66 No. 5 CRE, se refiere sobre la antijuridicidad?).

e.- El Art. 43, se refiere a los cómplices, y específicamente el inciso segundo manifiesta: ?No cabe complicidad en las infracciones culposas?, recordando que el delito tipificado y sancionado en el Art. 146 del  Código Orgánico Integral Penal es culposo, es decir que solo existe autoría en ese tipo de ilícitos, no complicidad.

f.- El Art. 48.8, señala las circunstancias agravantes en las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, la integridad y la libertad personal.

g.- El Art. 60.6, señala entre otras las penas no privativas de libertad: ?Son penas no privativas de libertad: (?) 6. Inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u oficio?.

h.- El Art. 65, trata sobre la inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u oficio.

i.- El Art. 69.2, trata sobre las penas restrictivas de los derechos de propiedad.

j.- Los Arts. 214 al 218, señalan: la manipulación genética Art. 214; daño permanente a la salud Art. 215; contaminación de sustancias destinadas al consumo humano Art. 216; producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos o insumos caducados, Art. 217; desatención de servicio de salud, esto es la persona que en obligación de prestar un servicio de salud y con la capacidad de hacerlo se niegue a atender pacientes en estado de emergencia, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años; y si se produce la muerte de trece a dieciséis años; y en el caso de la persona jurídica con multa y clausura temporal, Art. 218.

k.- El Art. 276, trata sobre los efectos de la omisión de denuncia por parte de un profesional de la salud.

l.- El Art. 330, trata sobre el ejercicio ilegal de la profesión.

m.- El Art. 422.2, trata sobre el deber de denunciar.

n.- El Art. 424, inciso segundo, trata sobre la exoneración del deber de denunciar.

ñ.- El Art. 456, trata sobre la cadena custodia respecto a la prueba.

o.- El Art. 459,  trata sobre las actuaciones en los exámenes médicos o corporales, autopsias, pruebas biológicas, etc.

Los Arts. 461 al 465, señalan: actuaciones en caso de muerte (Art. 461, exhumación Art. 462; obtención de muestras Art. 463; ingesta de alcohol y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización Art. 464; exámenes médicos y corporales Art. 465.

p.- El Art. 11 No. 5, de la Constitución de la República, establece: ?El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (?) 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan a su efectiva vigencia?; lo que guarda relación con los Arts. 426 y 427 ibídem; y 4 y 5 del Código Orgánico de la Función Judicial.

q.- El Art. 18 del Código Civil, señala lo siguiente: ?Art. 18.- Las juezas y jueces no pueden suspender ni denegar la administración de justicia por oscuridad o falta de ley. En tales casos juzgarán atendiendo a las reglas siguientes:

1. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu.

Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento;

2. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal;

3. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso;

4. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto;

5. Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes;

6. En los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural; y,

7. A falta de ley, se aplicarán las que existan sobre casos análogos; y no habiéndolas, se ocurrirá a los principios del derecho universal?.

 

Interpretación judicial del COIP

Hay que señalar, que el intérprete del derecho por excelencia es la jueza o el juez. En derecho penal son los únicos, pues tienen una misión fundamental en esta materia, enfrentar los hechos probados y la ley, y esta es una actividad intelectual dinámica y de precisión, pues es necesario que una y otra vez acudan de los hechos al tipo, de él se devuelva a los hechos, observen particularidades, las cuales le dirán si vuelven o buscan al mismo tipo o busca a otro.

Como dicen los autores Henry Issa El Khoury Jacob y Alfredo Chirino Sánchez: ?(?) en esta actividad el juez pasa de la búsqueda del mero significado o valor filológico de los términos del tipo a su thelos. Es por eso que una vez detectado ese encuadramiento, que podríamos calificar de formal o de meramente legal, el operador del derecho penal debe buscar cuál es el thelos de la norma, el bien jurídico tutelado, labor que implica un segundo momento de utilización de procedimientos intelectuales, entre los cuáles necesitará instalar la magnitud de la lesión o del peligro y observar la norma integrada con el resto de normas del orden  normativo de su país.

En el curso de estas dos labores de interpretación, el juez puede caer en algunas trampas:

a)      Asepsia ideológica; y,

b)      Un aplicador no tiene sentimientos.

En cuanto al supuesto a), tenemos que todo ser humano maneja conscientemente o no una concepción del mundo, de la vida, de las cosas, de las personas. Entre más claros y explícitos tenga el juzgador estos conceptos, más clara será su detección del encuadramiento y la valoración del daño al bien. Al contrario, sin conocer quién es él y como piensa, el juzgador será presa de cualquier concepción en esa actividad. De esta manera en muchos fallos el observador  -y quizás menos aun el mismo operador-  sabrá porque existe tan deficiente adecuación o por qué se condenó en un caso de violación insignificante al bien jurídico o por qué no se cuestionó la no existencia del dolo, para no poner sino algunos ejemplos.

Igual ocurre en el supuesto b), si el juez no tiene claros y en orden sus sentimientos, sus preferencias, sus carencias, sus temores y sus deseos, el valor que le dé a los elementos interpretables que por desgracia presentan muchos tipos penales latinoamericanos, no va a ser consciente sino al contrario y en ese sentido nunca sabrá por qué le dio tal o cual valor a elementos normativos tales como honestidad, actos perversos, prematuros o excesivos, turbar levemente, deshonra, buena fama, buenas costumbres, etc?.

No olvidemos, que una de las garantías de los principios rectores del proceso penal, se encuentra en el Art. 4 del Código Orgánico Integral Penal (Art. 11 No. 9 inciso primero de la CRE), que establece el principio de dignidad humana y titularidad de derechos, lo cual le impide a la jueza o al juez extender las prohibiciones a conductas que no se adecúan claramente a los supuestos legales, o haciendo analogía de figuras similares en circunstancias parecidas de comisión, sin olvidar que está prohibida la utilización de la analogía en el Art. 3 No. 13 del Código Orgánico Integral Penal, cuyo análisis lo haré en un próximo artículo en esta misma Revista Judicial.

Para entender de mejor manera la labor de interpretación de las juezas y jueces, es menester referirme al neoconstitucionalismo, que está vigente en nuestro ordenamiento jurídico, a raíz de la Constitución de la República, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008.

Conclusión

El ideal de una justicia civilizada en los tiempos que corren en el mundo contemporáneo, es como dice la Corte Constitucional de Colombia, el de asegurarle al juez o jueza plena autonomía e independencia acompañada con un haz de herramientas idóneas, que le permitan ejercer su función para que la justicia sea expresión objetiva de acierto dentro de los cometidos de la Constitución de la República, tratados internacionales de derechos humanos, y la ley.

Debo señalar, que sobre la interpretación de la ley, sin dejar de asegurar claro está, el derecho constitucional fundamental a la defensa y a la contradicción, y sin olvidar ni desconocer los presupuestos constitucionales del debido proceso penal, como son fundamentalmente la presunción de inocencia, el de legalidad, y el derecho de ser oído y vencido en juicio, tiene que tener muy en cuenta los principios y reglas que establecen las disposiciones constitucionales y legales que he mencionado en el presente artículo.

Conforme señalan los autores citados, la jueza o el juez, deben ser lo más claro posible en su trabajo expositivo, no enredarse en fórmulas legales complicadas y arcaicas, sino más bien en un estilo expositivo que llame las cosas por su nombre, ubicando los problemas jurídicos en cuestión, y dándoles la solución que corresponda en derecho, pues el aprendizaje de las reglas de la argumentación jurídica ayudará a limar las asperezas de un discurso incoherente, y proveerán de claridad sobre los problemas de hechos, pruebas y derecho que son normalmente objeto de estudio por parte de la jueza o juez.

Terminan señalando, que la jueza o el juez deben tener en cuenta, que este es un esfuerzo constante por hacer sus sentencias cada vez más claras, y a la vez, un esfuerzo por estudiar cada vez más los problemas a él sometidos, para que la decisión que dé al caso responda a los objetivos del Estado de derecho, compromiso que asumen cuando juran aplicar la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, las leyes, y respetarlas, razón por la cual el Código Orgánico  de la Función Judicial, señala la necesidad de tener operadores de justicia que sepan interpretar el nuevo ordenamiento jurídico del país.

En un próximo artículo haré un análisis jurídico sobre la interpretación en materia penal, la misma que debe ajustarse a la Constitución de la República en manera integral y a los instrumentos internacionales de derechos humanos, como lo dispone el Art. 13 No. 1 del COIP.

Luego analizaré en otro artículo, la interpretación de los tipos penales y las penas respectivas; además de la prohibición de utilizar analogía para crear infracciones penales, conforme lo disponen los Nos. 2 y 3 del Art. 13 del Código Orgánico Integral Penal.

Artículo dedicado al querido y Respetado Maestro, Dr. Napoleón Arteaga Mena, Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, hoy iluminándonos en el Oriente Eterno, con la Universalidad de su pensamiento.

 

Dr. José García Falconí

Docente, Facultad de Jurisprudencia,

Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Central del Ecuador

Correo: josegarciafalconi@gmail.com

 

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