Ley controlará el gasto público: CORDES
El Gobierno envió a la Asamblea el proyecto de Ley para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que básicamente busca asegurar que los municipios, prefecturas y juntas parroquiales, cuyos ingresos dependen en gran medida de las transferencias que reciben desde el Presupuesto General del Estado (PGE), destinen la mayor parte de esos recursos a gastos de inversión, como ya establece la ley. Para quienes las finanzas públicas son un tema lejano, puede parecer un sinsentido que el Gobierno presente un proyecto de ley que obligue a los GAD a cumplir la ley. Tal vez describiendo el contexto en el que se enmarca este proyecto, se entienda su necesidad.
Disparidad financiera
Entre las distintas instancias que componen el sector público ecuatoriano (Gobierno Central, GAD, seguridad social y empresas públicas), el Gobierno Central es el “hermano pobre”, mientras que los GAD, en conjunto, tienen una situación financiera bastante más holgada. Entre 2013 (primer año con información fiscal comparable) y 2024 (último año completo con información disponible) el PGE, donde se registran los ingresos y gastos del Gobierno Central, tuvo un déficit anual promedio de $6.200 millones (que han sido cubiertos con nueva deuda o con atrasos), mientras que el resultado conjunto de los GAD fue un pequeño superávit anual de $82 millones.
Como se mencionó, una buena parte de los ingresos totales de los GAD (las dos terceras partes, en promedio, entre 2013 y 2024) corresponden a transferencias, básicamente aquellas que provienen del PGE. A su vez, la mayor parte de esas transferencias corresponden al denominado Modelo de Equidad Territorial, que establece que el 21% de los ingresos permanentes del PGE (principalmente los tributarios) y el 10% de los no permanentes (principalmente los petroleros) deben distribuirse entre los GAD, siguiendo una serie de criterios que incluyen la población y las necesidades de cada cantón, provincia o junta parroquial. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que es la ley que regula esas transferencias, establece que al menos el 70% de las mismas debe destinarse a gasto no permanente, es decir, inversión.
Inversión real vs. Gasto corriente
Si bien en los papeles los GAD cumplen con ese requisito, muchos de los gastos que se registran como inversión son en realidad gasto corriente. En algunos municipios, por ejemplo, el servicio de recolección de basura o gastos en publicidad y consultorías, o incluso una parte no menor del gasto en sueldos o en bienes y servicios de uso cotidiano se registran como gastos de inversión. El proyecto de ley busca corregir esas prácticas, para lo cual define explícitamente qué gastos pueden considerarse de inversión (principalmente los de generación, adquisición o mantenimiento de infraestructura pública, activos físicos y bienes de capital).
Aquellos gobiernos seccionales que no destinen al menos un 70% de su presupuesto a esos gastos sufrirán un recorte en las transferencias que reciben desde el PGE. El proyecto, sin embargo, establece un “régimen de gradualidad” para que los GAD alcancen esos porcentajes mínimos de gasto en inversión (hasta 2029 como período general y hasta 2030 para las juntas parroquiales más pequeñas).
El rol del Gobierno Central
¿Por qué el Gobierno Central no da el ejemplo y destina también el 70% de sus gastos a inversión? Porque, a diferencia de los GAD, el Gobierno Central está a cargo de los gastos en educación, salud, seguridad, justicia y relaciones exteriores, que implican un monto significativo de egresos corrientes (lo que no significa que se descuide la búsqueda de espacios para recortar el gasto ineficiente). El compromiso del Gobierno Central en el contexto del debate de esta ley debería ser reducir (o eliminar si es posible) los atrasos con los GAD. Estos, a su vez, deberían fortalecer su capacidad de generación de ingresos propios, a fin de depender menos de las transferencias desde el PGE.
Creemos que el proyecto de Ley para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados va en la dirección adecuada, no solo en la tarea de ordenar las finanzas públicas (que ha recaído principalmente en el Gobierno Central), sino también en la de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos “forzando” a los GAD a invertir, por ejemplo, en alcantarillado, un servicio elemental en el que muchos municipios, incluso medianos, muestran pobres indicadores.
Texto completo del Proyecto de ley : https://heyzine.com/flip-book/d0019f7635.html
