Abog. Jorge Sosa Meza
MASTER EN DERECHOS FUNDAMENTALES
El debido proceso y el nuevo código de Procedimiento Penal:
El artículo 24 de la Constitución Ecuatoriana norma la garantía del debido proceso legal en el Ecuador. Este artículo establece 17 principios para la observancia de la seguridad jurídica; entre ellos, el número tres establece el principio de proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones. Dentro de este principio hay un mandato expreso de que las normas determinen también sanciones alternativas a las penas de privación de libertad, de conformidad con la naturaleza de cada caso, la personalidad del individuo y la reinserción social del sentenciado.
El nuevo código de procedimiento penal ha recogido el mandato constitucional (reserva de ley), y en el Art. 171 del capítulo V del libro tercero están contempladas tres medidas alternativas a la prisión preventiva: entre éstas, el numeral 1 contempla el arresto domiciliario. Ahora bien, no obstante, si bien al juez se le confiere un poder general de discrecionalidad para que, dependiendo de cada caso, pueda determinar sanciones alternativas, el mandato constitucional obliga al legislador (reserva de ley) a dictar leyes que regulen y desarrollen un sistema sustitutivo de penas. Entonces, corresponde al legislador, a través de una reforma legal (código de ejecución de penas) o de una ley especial, establecer los supuestos, los sujetos, y el régimen de aplicación de las sanciones alternativas.
¿ Cuándo expedir un régimen legal general sustitutivo de penas ?
Nos queda por determinar cuándo el legislador puede expedir un régimen legal general sustitutivo de penas: el criterio de proporcionalidad nuevamente es piedra angular. La infracción es una hipótesis ideal, el acto típico está contemplado por la norma penal para el sujeto infractor en general, la pena (sanción) cede excepcionalmente ante determinados sujetos que fundamentalmente se presumen inintencionados o inconscientes del acto dañoso. Esta es la primera relación de proporcionalidad que existe entre el delito tipificado y la sanción correspondiente.
El criterio de proporcionalidad:
De la misma manera, debe existir una proporcionalidad entre la ejecución de la sanción con la sanción misma y con el sujeto a quien se aplica la sanción. La ejecución de una pena puede sustituirse cuando se trate de sujetos que, por situaciones especiales de vulnerabilidad puedan ser objeto de una desigualdad, y en consecuencia producir efectos negativos en su integridad física y psicológica; en la legislación penal comparada usualmente quienes son sujetos de un régimen alternativo de penas son los ancianos, mujeres embarazadas, niños, discapacitados y sujetos que presenten deficiencias mentales.
Por ejemplo, establezcamos que un sujeto de 75 años de edad se encuadra dentro del tipo penal del artículo 550 del Código Penal, que tipifica el robo. El sujeto ejecuta el acto a plena luz del día, amenazando a uno de sus hijos con un objeto contundente. En este caso, el sujeto se encuentra dentro de la hipótesis ideal de la norma penal, es decir se encuadra dentro del tipo penal; al encuadrarse dentro del tipo, se hace acreedor a una pena, que tiene por objeto sancionar el acto delictuoso. Ahora bien, si ejecutáramos la pena de la misma forma, pero aplicada a un sujeto de unos 30 años de edad, posiblemente estaríamos creando una desigualdad y una desproporción en la aplicación. La razón es sencilla: para un sujeto de 75 años, la capacidad de resistencia a un régimen de prisión es menor que la de un hombre de edad promedio: el efecto consecuente puede ser que la ejecución de esa sanción produzca un daño en el individuo de 75 años que no produciría en un individuo de 30. A nadie le es desconocido que las facultades físicas y mentales de un individuo son progresivamente decrecientes con la edad, lo cual genera una vulnerabilidad en la que el Estado interviene a través de la expedición de leyes para equiparar esa desigualdad permitiendo que la ejecución de la pena al individuo de 75 años sea sustituída por un régimen de arresto domiciliario.
La pena como medio de rehabilitación:
En general, del concepto negativo de la pena como una medida que la sociedad adopta para «vengarse» de aquel que altera el orden y seguridad ciudadanas, se ha pasado al concepto de pena como medida de rehabilitación y reinserción social del sujeto. En las nuevas tendencias en materia penal, a los sujetos infractores no se los denomina ya como delincuentes sino como desadaptados sociales. Esto explica porque, en aquellos casos de sujetos con vulnerabilidades específicas, la ejecución de la pena es sustituída por medidas alternativas como una forma de prevenir un efecto dañino en el sujeto infractor, que, desde luego, cercenaría la posibilidad de reinsertarlo en la sociedad civil nuevamente.
De la inmunidad o fuero:
No cabría aceptar un régimen sustitutivo de penas para altos directivos vinculados a funciones públicas o para cargos de elección popular; la ley crea especialmente para éstos un privilegio (inmunidad o fuero) durante el ejercicio de sus mandatos, porque se infiere que de la función misma que ostentan podrían verse abocados a mayor presión política o injerencia de otros poderes. Acabado el ejercicio del cargo, y acabada la única posible razón por la cual está justificada una desigualdad para éstos, es lógico que ese privilegio quede también concluido (la ley en algunos casos alarga ese fuero algunos años posteriores al término del cargo). Estos ciudadanos que ejercían un mandato popular o un alto cargo estatal, y que por ello se habían colocado en una situación desigual frente a los demás miembros de la sociedad (privilegio legal), vuelven al término de su mandato, a su posición originaria equiparada a la del ciudadano común, con el mismo goce de derechos y obligaciones. Si la ley autoriza un régimen de desigualdad para estos funcionarios, permitiendo que la ejecución de la pena sobre ellos sea sustituída por medidas alternativas (arresto domiciliario, obligación de presentarse ante un Juez o Tribunal, libertad controlada, etc.), estaría creándose una desigualdad innecesaria, pues en vez de equiparar un estado de vulnerabilidad, «leit motiv» para que el Estado actúe a favor de grupos desfavorecidos, estaría creando una descompensación entre ciudadanos y «ciudadanos» (ex-mandatarios, ex-directivos estatales) que rompería con el principio constitucional de proporcionalidad e igualdad ante la ley.