La ?ultragarantía? de la Doble Conforme

Jueves, 13 de marzo de 2014

 

LA ?ULTRA GARANTÍA? DE LA DOBLE CONFORME.

 

Autor: Dr. Giovani Criollo Mayorga

 

Hace varios años, en un artículo publicado en esta Revista Judicial, decía que se puede definir a este principio, el de la doble conforme, como ?el derecho del condenado a recurrir del fallo y de la pena: lo que se exige es la doble instancia ordinaria a favor del condenado?. En sintética expresión, se ha dicho que el doble conforme es un juicio al juicio?; y, que en Ecuador el principio de la doble conformidad está vigente por efecto de haber reconocido a los instrumentos internacionales de derechos humanos rango de normas constitucionales y por lo tanto son parte de nuestro ordenamiento jurídico. Entre estos instrumentos tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que regula garantías judiciales, tales como la de recurrir ante juez o tribunal superior (Artículo 8 inciso h apartado 2 dedicado a las garantías judiciales, contiene, respecto de las personas inculpadas criminalmente, el "derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior") y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 14 inciso 5to prevé el derecho de quien ha sido declarado culpable de delito "a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley").

Esta consideración aun la sigo manteniendo, aunque con el pasar del tiempo han aparecido varias sentencias de la CIDH que han permitido profundizar el tema de la garantía en cuestión, por manera que es necesario realizar algunas reflexiones adicionales, pues la doble conforme implica ??un plus de prudencia, amplificando el debido proceso y la defensa en juicio? lo que permite configurar a la doble conformidad como una ULTRA GARANTÍA[1], pues se trata de un mecanismo de defensa del condenado en contra de una condena dada por el estado.

 

La certeza y la  doble conforme.

 

A propósito de la certeza el Ilustre Maestro y reconocido jurista  José García Falconí[2] menciona que ?La existencia de la certeza del delito y de la culpabilidad del acusado, se obtiene por las pruebas de cargo y de descargo, sin perjuicio de los anticipos de prueba que se hubieren practicado en la instrucción fiscal; y, de conformidad con las reformas del 24 de marzo del 2009, los jueces de garantías penales en la audiencia no pueden disponer pruebas de oficio de tal modo que corresponde a las partes procesales, esto es a la Fiscalía y al acusado presentar las pruebas correspondientes de cargo o de descargo.- Así la certeza solamente surge de las presunciones elaboradas en base de los indicios que llegan al proceso mediante pruebas, de este modo la certeza es la firme convicción del juez de estar en posesión de esa verdad, si hay certeza positiva se debe dictar sentencia condenatoria, si hay certeza negativa se debe confirmar la inocencia del acusado pero siempre el juez de garantías penales debe tomar en cuenta al momento de dictar su resolución, el principio de presunción de inocencia, de este modo si de la prueba hay duda se impone confirmar la inocencia del acusado, pues el principio in dubio pro reo, beneficia al acusado, cuando al momento de dictar sentencia que potencialmente desvirtúe la presunción de inocencia ante elementos afirmativos e informativos que no permiten estructurar con certeza la responsabilidad penal.- En resumen la certeza es la íntima convicción, es la seguridad y firmeza en el conocimiento, y este elemento extremadamente necesario no puede ser equivocado en la sentencia condenatoria, aunque recordemos que el juez resuelve según su leal saber y entender y atendiendo a los principios de la sana crítica, las reglas de experiencia; y, en base a la prueba pertinente debidamente actuada.?

 

Es por ello que la doble conforme, si bien es cierto permite, en palabras de Ferrajoli, asegurar la legalidad y la responsabilidad contra la arbitrariedad,  implica también que el segundo pronunciamiento condenatorio, permite obtener mayor probabilidad de certeza en la decisión condenatoria, evitando de esta manera los errores jurisdiccionales:

 

?El sustento de esta idea radica en que una condena ?al tratarse de un ?...pronunciamiento que restringe los derechos a una persona sujeta a un procedimiento penal?? debe ser pasible de revisión mediante un proceso de verificación que implique, respecto de esa sentencia, un segundo pro­nunciamiento. La coincidencia del segundo pronuncia­miento con el primero, daría como resultado una mayor probabilidad de certeza a la decisión; si ello no ocurriera, la sentencia primera sería dejada sin efecto.?[3]

 

 

En igual sentido Maier[4] ha declarado que la doble conforme es?...una garantía procesal, que bien explicada, debe conducir necesariamente a la exigencia de que para ejecutar una pena contra una persona, se necesita una doble conformidad judicial, si el condenado la requiere. Esta condición procesal, impuesta a la aplicación de una pena estatal ?con otras palabras: al desarrollo del poder penal del Estado-, ha sido perfectamente descripta, por analogía con la prueba de exactitud de una operación matemática, como la exigencia del principio de ?la doble conforme?. El ?derecho al recurso? se transformaría, así, en la facultad del condenado de poner en marcha, con su voluntad, la instancia de revisión ?el procedimiento para verificar la doble conformidad- que, en caso de coincidir total o parcialmente con el tribunal de juicio, daría fundamento regular a la condena ?dos veces el mismo resultado = gran probabilidad de acierto en la solución- y, en caso contrario, privaría de efectos a la sentencia originaria...?.

 

 

CONTENIDO MATERIAL DE LA DOBLE CONFORME.

En una importantísima sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos[5], se ha establecido el contenido material de la doble conforme, señalándose por parte del alto tribunal que:

 

?92. Teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte interpreta que el derecho a recurrir del fallo no podría ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado, ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del Estado. Resulta contrario al propósito de ese derecho específico que no sea garantizado frente a quien es condenado mediante una sentencia que revoca una decisión absolutoria. Interpretar lo contrario, implicaría dejar al condenado desprovisto de un recurso contra la condena. Se trata de una garantía del individuo frente al Estado y no solamente una guía que orienta el diseño de los sistemas de impugnación en los ordenamientos jurídicos de los Estados Partes de la Convención.

?..

97. El Tribunal ha señalado que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. La doble conformidad judicial, expresada mediante el acceso a un recurso que otorgue la posibilidad de una revisión íntegra del fallo condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado. Asimismo, la Corte ha indicado que, lo importante es que el recurso garantice la posibilidad de un examen integral de la decisión recurrida.?

 

En resumen, la falta de un recurso que otorgue la posibilidad de una revisión íntegra del fallo condenatorio en beneficio del condenado mediante una sentencia que revoca una decisión absolutoria, rompe con este estándar mínimo y garantía del debido proceso en materia penal.

Dr. Giovani Criollo Mayorga

montechisto@gmail.com

 



[1] Raúl Vicente Zurita. La doble instancia, ?ultra garantía? contemplada en el art. 8 de la CADH. REGLAS MÍNIMAS. La Plata, 16 de septiembre de 2010.

 

[2] José García Falconí. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA CERTEZA. Versión electrónica disponible en http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2013/03/28/presuncion-de-inocencia-y-la-certeza

 

[3] Ana Clara Piechenstein. EL RECURSO: DE MECANISMO DE CONTROL A GARANTÍA. Lecciones y Ensayos, nro. 87, 2009.

 

[4] Julio Maier. DERECHO PROCESAL PENAL. I. FUNDAMENTOS. Editores del Puerto, Bue­nos Aires, 2004.

[5] Caso Mohamed Vs. Argentina. Sentencia de 23 de noviembre de 2012 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

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