La prueba en el sistema procesal penal ecuatoriano

Sábado, 24 de agosto de 2013

 

LA  PRUEBA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL

Supuestos necesarios del proceso penal

 

Autor: Dr. Manuel Posso Zumárraga

 

1.    EL DERECHO A JUICIO.

Señala que la condena  será  la consecuencia de  un juicio, caracterizado  por  las garantías   procesales previstas en la Constitución y  los instrumentos  internacionales  en materia de Derechos Humanos. Es decir, de un proceso  dentro del cual hayan sido probados los hechos  y declarada la responsabilidad  del  imputado

2. CELERIDAD  Y EFICIENCIA  DEL JUICIO ORAL

Es evidente  que el juicio oral  garantiza una mayor eficiencia y le da una mayor celeridad  al proceso penal en la medida que permite un desarrollo más ágil, esto, además la da fortaleza y equilibrio al proceso, a  fin de que termine en un tiempo razonable ,que  le brinde credibilidad a la administración de  justicia  frene a la sociedad , evitando que sectores inconformes acudan a mecanismos extra legales  o sin permitir intromisiones políticas  o hacerse justicia por su propia mano

3. EL DERECHO A UNA  JUSTICIA INDEPENDIENTE E IMPARCIAL

La independencia  es la posibilidad de adoptar decisiones sin estar  subordinada al arbitrio de otro, y la imparcialidad  la inexistencia de vinculaciones  con el conflicto o con los sujetos procesales, que puedan generar interés en un determinado sentido en la decisión o fallo

4. EL  DERECHO A SER JUZGADO POR JUEZ COMPETENTE

El juicio debe realizarse   conforme lo señala el literal k) del numeral 7 del artículo 75  de la Constitución Política del Ecuador, que consagra la garantía  de * ser juzgado por un juez o jueza independiente, imparcial y competente.*

*Nadie será juzgado por Tribunales de excepción o por Comisiones Especiales creadas para el efecto.*

5. EL DERECHO A  UNA TUTELA  JUDICIAL EFECTIVA.

Consiste en asignar  al juez un papel activo en orden a garantizar  ante cualquier otro principio o circunstancia, la vigencia de las garantías del debido proceso, función tutelar que se extiende a todos los  órganos de   la jurisdicción  penal en cualquier fase o etapa  del proceso- Todos los  jueces  son jueces de garantías.

6. EL PRINCIPIO ? NON  BIS IN  ÍDEM

Este principio consagrado en el nuevo sistema establece que ninguna persona puede ser juzgada más de  una vez  por  un mismo hecho, en  aplicación  del principio universal de la *cosa juzgada*cuyo efecto proviene  no solamente de la sentencia absolutoria sino también del sobreseimiento.

7. EL DERECHO  A UNA INSTANCIA PLURAL

Incluye la facultad de impugnar una decisión judicial, mediante  recursos, pero limitándola  a casos establecidos,  para evitar innecesarias dilaciones  en el  curso  del proceso.

8. LA PROHIBICIÓN  DEL IN DE PEJUS

Este principio quiere decir que al trasladarse  la competencia al juez  aquo que por el efecto  de la impugnación de  una sanción, este al  momento  de resolver no podrá empeorar la situación del encausado

9. EL PRINCIPIO DE  INOCENCIA.

En virtud  del cual toda persona tiene derecho a su estado de inocencia, mientras  no se establezca legalmente su culpabilidad, esto es mediante una sentencia ejecutoriada.

10. EL DERECHO DE  DEFENSA  DEL IMPUTADO

El derecho de defensa se concreta en  un conjunto de prerrogativas para hacer valer  con eficacia el derecho a la libertad  que se ejercen  tanto personalmente por el imputado ( defensa material )  como por  el abogado (la defensa técnica)

Este  derecho está  establecido en el literal a) del artículo 7  del artículo 75   de  la Constitución, que dice *Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, lo que  es concordante con el CPP, al atribuirle en el artículo 11 al derecho   de  defensa el carácter de inviolable, concordante con el numeral 7  del artículo 77  de la Constitución.

11. EL DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE

Una de las garantías consagradas en la Constitución, es la señalada en  el literal c) de los numerales  7 y 8 del artículo 77 de la Constitución *Nadie  podrá  ser  forzado a declarar sobre sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar  su responsabilidad penal y nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, excepto en los casos de  violencia familiar, sexual y de  género, supuesto que  se encuentra .supuesto que se encuentra  previsto en el artículo 8 numeral  2 de  la letra g) de la Convención Americana de los Derechos Humanos y a su vez recogida en nuestro CCP  en el artículo 81.*

12. EL DERECHO A CONTAR CON ASESORAMIENTO LEGAL COMPETENTE.

De conformidad  como lo señala  el artículo 12 del CCP- el imputado tiene derecho a designar un Defensor, si no lo hace, el juez debe designarlo de oficio para su defensa técnica, antes   de que se produzca su primer declaración.

13. EL DERECHO A CONTAR CON LOS MEDIOS  NECESARIOS PARA SU DEFENSA

El derecho de defensa del imputado a los elementos de prueba y la posibilidad de ofrecer otros elementos de descargo si fuere del caso, compatibles con lo anterior, el artículo 8 numeral 2, letra f) de la Convención

Americana de Derechos Humanos incluye entre las garantías mínimas  como uno de los derechos de defensa, el interrogar a los testigos y obtener la comparecencia de otras personas como testigos o peritos. por su parte el inciso segundo del artículo 11 del CPP señala: el imputado tiene derecho a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a  formular  todas  las peticiones y observaciones que creyere oportunas, lo que  a su vez es recogido por el artículo 26 de la             Ley Orgánica del Ministerio Público que establece que el Ministerio Publico garantizará la intervención de la defensa de los imputados o procesados en las indagaciones previas  y las investigaciones pre procesales  por  infracciones pesquisables de oficio, quienes deberán ser  citados y notificados para los efectos de intervenir en las diligencias probatorias y aportar pruebas de descargo.*cualquier situación que viole esta disposición carece de eficacia  jurídica*.

 14. PRODUCCIÓN Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA

En lo que  respecta a su valoración, la legislación actual pone fin al régimen  de la  prueba tasada, legal o regulada (art. 86.CPP) dando paso  a la libre valoración de la prueba en los artículos 77  y siguientes del CPP, indica que las pruebas deben ser producidas  en el juicio ante los Tribunales penales  correspondientes, salvo  el caso de las pruebas testimoniales urgentes que serán practicadas  por los jueces penales.

15. EL DERECHO A QUE SE EXCLUYA LA PRUEBA OBTENIDA ILEGALMENTE

Según el cual  debe ser excluido  para la valoración cualquier elemento de prueba que  se haya obtenido o  incorporado  al proceso  en violación a una garantía  constitucional , y en virtud  de la doctrina del* árbol venenoso* se excluirá no solamente esa prueba  sino, todas  aquellas  que se hayan obtenido con posterioridad.

16. EL DERECHO A  QUE LAS RESOLUCIONES  SEAN MOTIVADAS

Se encuentra establecido en el literal  i  del numeral 7 del artículo 75 constitucional que dice *Las resoluciones  de los poderes públicos, no habrá motivación sin en la Resolución no se enuncian las normas y principios jurídicos en que se fundamenta y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, es decir, que la Disposición Constitucional  dispone que la motivación  en toda clase  de juicios contenga tres elementos necesarios: 1.la determinación clara y precisa de los  antecedentes del hecho relevantes. 2. identificación  de las normas y principios jurídicos aplicables 3.explicaciòn de la pertinencia de la aplicación de dichas normas o principios a los antecedentes del hecho.

17. LA PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA.

Mediante Decreto Ejecutivo 3112, publicado en el R.O 671  de 26  de septiembre del 2012, se promulgó el Reglamento del programa de  protección y asistencia a víctimas, testigos y demás  participantes  en el proceso penal.

En nuestra legislación interna se protege   los intereses delas víctimas  del delito, a la cual le otorga la calidad de sujeto procesal (ofendido) aun cuando no presente acusación particular, además de la condición de parte.

El artículo 69 del CPP. le otorga, el derecho a ser informado  por el Ministerio Público del Estado de la investigación pre procesal, de la Instrucción Fiscal, así como del resultado final del proceso, a más de ello, a que se proteja su persona y su identidad y a exigir que la Policía, el Fiscal el Juez y el Tribunal adopten para ello los arbitrios necesarios sin menoscabo de los derechos del imputado, pudiendo además reclamar la indemnización civil  una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria o su abstención definitiva haya o no acusación particular..

18. EL DERECHO  A LA LIBERTAD PERSONAL

La legislación penal establece  dos limitaciones a la libertad:

 

LAS MEDIDAS CAUTELARES para la pena, en virtud del principio de reserva o de  la legalidad, una ley preexistente debe establecer los hechos a los que se aplica y su tiempo máximo de duración

 En cuanto a las medidas cautelares y principio  necesidad procesal, persiguen fines exclusivamente  relacionados  con la realidad procesal, como el de aseguración la inmediación del imputado  o acusado en el proceso (art.159CPP) o el cumplimiento de la pena art. 167 del CPP.

En lo que respecta a la PRISIÓN PREVENTIVA, debe adoptarse de manera excepcional, es  decir, cuando no haya otra alternativa o remedio adecuados, al  propósito procesal, sin el abuso que se está cometiendo en algunos casos con las medidas cautelares con prisión preventiva dirigidas a  judicializar  la protesta social y  para que varios casos de corrupción se queden en la impunidad jurídica como la Instrucción Fiscal con privación de libertad de 14  funcionarios  del IESS y del Biess, declarados por la Fiscalía   NOCENTES, ante la denuncia fraguada  de las autoridades del IESS para simular  que está combatiendo la corrupción interna,  en el caso de las supuestas inusualidades en el manejo de  claves de préstamos quirografarios .

             

Dr. Manuel Posso  Zumárraga

 

 

 

 

 

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