La perspectiva de género en el Ministerio Público

Jueves, 24 de noviembre de 2005

 

 

Dra. Mariana Yepez de Velasco
MINISTRA FISCAL GENERAL DEL ESTADO

 

LA EQUIDAD Y LA VISIÓN DE GÉNERO EN LA JUSTICIA , no solamente se mide por el incremento del número de mujeres en Cortes, Tribunales y Juzgados, existen otras acciones y espacios que permitirían un acceso igualitario a la justicia y un tratamiento que corresponda a esa realidad.
Con este criterio, las políticas de la Fiscalía General pretenden contrarrestar las condiciones de desequilibrio, discriminación, desigualdad y hasta de injusticia, creando en el Ministerio Público una cultura de equidad con transversalidad de género, para lo cual se han tomado en cuenta cuatro áreas:

Las usuarias del sistema penal y los grupos vulnerables;
Las Abogadas que ejercen su profesión ante los Tribunales y las Fiscalías;
Las Fiscales; y,
Las Mujeres Funcionarias y empleadas del Ministerio Público.

Las usuarias del sistema penal y los grupos vulnerables:

En esta área, se ha capacitado a los y las Fiscales en la aplicación de Instrumentos Internacionales fundamentalmente de derechos humanos de las mujeres y en violencia , a fin de que proporcionen una mejor atención a las denunciantes, acusadoras, imputadas, acusadas, y otras participantes del proceso penal.
Se han desarrollado módulos de capacitación para Agentes Fiscales en razón de un Convenio entre el Conamu, el Ministerio Fiscal y dos Ongs. El objetivo general fue fortalecer el debido proceso para las víctimas de violencia intrafamiliar, en casos de delitos, desde el Ministerio Público, preparando un grupo de formadores integrado por fiscales y profesionales de tales Organizaciones, para llevar a cabo un programa de capacitación al conjunto de agentes fiscales en derechos humanos, violencia de género, Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, a partir del rol del fiscal y la vigencia total del nuevo Código Procesal Penal.
Se realizaron 8 talleres programados , con un promedio de asistencia de 30 Agentes Fiscales en cada uno, de manera que se beneficiaron con el taller sobre Género, Derecho y Violencia alrededor de 227 fiscales. Otra capacitación en la misma materia se dio a 18 Ministros Fiscales Distritales.
Nos proponemos hacer un seguimiento y a socializar los módulos de capacitación.
Cuando nos referimos a los grupos vulnerables conviene relievar que el Ministerio Público celebró un Convenio con un Municipio para capacitar a las comunidades indígenas del respectivo Cantón, con el Código de Procedimiento Penal, en las garantías del debido proceso y en los derechos constitucionales a fin de facilitar el acceso a la justicia penal y el acercamiento a las y los Fiscales para el ejercicio de la defensa de la sociedad. Se considera la vulnerabilidad de las y los indígenas por el discrimen cultural, económico y social, y sobre todo en el campo de la justicia penal, por la dificultad de acceder a la defensa, a la propia justicia, remarcada con la diferencia cultural y de idioma. Hay multiculturalidad reconocida por la Constitución, y este es el primer aporte desde el Estado para su efectivización.
En este mismo tema, se han dictado disposiciones para que las y los Fiscales visiten periódicamente a los Centros de Rehabilitación Social del país en el cumplimiento de la norma constitucional que impone la obligación de supervigilar el sistema penitenciario. Especial énfasis se ha dado a los Centros de Rehabilitación femeninos a donde concurren las Fiscales y presentan informes sobre violación de los derechos fundamentales de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad, ante lo cual se han implementado correctivos.
Es una constante preocupación el ejercicio de la defensa, y para suplir el escaso número de defensores públicos, se ha firmado un Convenio con el Defensor del Pueblo y con el Presidente del Colegio de Abogados de Pichincha.
La protección de víctimas y testigos, es una atribución que la Constitución Política otorga al Ministerio Público, y que para el cumplimiento, la Ley Orgánica crea un Programa Especial bajo la dirección de la Fiscal General. Se ha elaborado el Reglamento correspondiente que nos permitirá la organización básica y distribución de responsabilidades; esperamos la aprobación por parte del Ejecutivo.
Como plan piloto del programa de protección de víctimas y testigos se ha creado en la Fiscalía de Pichincha un departamento médico legal que atenderá prioritariamente y de modo gratuito a mujeres y menores de edad víctimas de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar.

Las abogadas que ejercen la profesión ante Juzgados y Tribunales:

La Fiscalía General se ha preocupado que las abogadas organizadas se integren a las actividades de capacitación programadas; es así como en alianza con ellas, se han realizado conjuntamente seminarios y talleres sobre las funciones del Ministerio Público y del nuevo orden procesal penal.

Las Fiscales:

Las designaciones se realizan por concurso de merecimientos y oposición, lo que permite hacer una selección de profesionales hombres y mujeres que participan en iguales condiciones. Ha aumentado el número de mujeres fiscales, al momento representan el 32%. No se ha podido llegar a la paridad porque tampoco intervienen en los concursos en igualdad numérica con los hombres.
Se ha conformado en Quito una Unidad de Delitos Sexuales y de Violencia Intrafamiliar, para que trabaje en las investigaciones de esos delitos, en la recepción de denuncias, dirigiendo las investigaciones, así como en la formulación de acusaciones, recopilación de evidencias y presencia en el juicio. Esta Unidad se halla conformada por tres Fiscales Mujeres, porque están sensibilizadas y se pretende que atiendan en mejores condiciones a mujeres, en un ambiente de mayor consideración y comprensión. Coadyuva el trabajo una sicóloga y el Departamento Médico legal del Ministerio Público.
Los Fiscales y las Fiscales han recibido capacitación como ya se consignó, no solo en las materias inherentes a sus funciones, sino también en violencia, pero los resultados no han sido óptimos como se esperaba. Es difícil romper paradigmas culturales y comportamientos rutinarios que perjudican el acceso igualitario a la justicia de hombre sus mujeres. Estamos empezando; es preciso hacer un seguimiento y continuar con la capacitación.
Con el propósito de coordinar acciones, fortalecer la aplicación de la ley y evitar que los delitos queden en la impunidad, a través de un acuerdo ministerial, designé a poco de asumir mis funciones, Fiscales en todas las Comisarías de la Mujer. Su trabajo ha sido importante ya que promueven el ejercicio de la acción penal cuando los hechos constituyen delitos y los llevan a conocimiento de los Jueces.
La Fiscalía General, en el ámbito de su competencia, ha impulsado además una especial coordinación con la Policía Judicial en cuanto tiene que ver con las labores de la Unidad de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, habiendo solicitado la creación de una brigada especial de ese tipo de delitos.

Capacitación de los Agentes Fiscales

Por otro lado, he concentrado mi atención en la capacitación de los Agentes Fiscales de todo el país, en los temas relacionados con la incorporación del enfoque de género en la administración de justicia y particularmente con la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Debo resaltar que la capacitación parte de la premisa de que la administración de justicia en el Ecuador se ve afectada por una visión androcéntrica y el desconocimiento de normas que regulan el tema de género, así como por actuaciones que revelan el desconocimiento de los convenios internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres.
Las acciones señaladas se complementan con los avances logrados por la Fiscalía General, en la elaboración de protocolos para los informes periciales de los delitos sexuales y de violencia intrafamiliar que son de obligada aplicación, los cuales han sido analizados por el CONAMU, en base a un Convenio firmado con el objeto de introducir enfoque de género y evitar sesgos en la prueba material de esos delitos.
La defensa de los derechos humanos de las mujeres, a más de orientarse hacia la eliminación de cualquier forma de violencia en su contra, ha mantenido como metas principales las siguientes: garantizar la aplicación de la ley en los delitos contra las mujeres; incorporar los mandatos internacionales de defensa de sus derechos; y aplicar mecanismos eficaces para investigar la violación de los derechos humanos de las mujeres.

Las empleadas y funcionarias del Ministerio Público

Igualmente he procurado un ingreso notable de mujeres en el sector administrativo, tanto a nivel directivo como auxiliar. Representa el 36% del total de trabajadores, habiéndose logrado varios ascensos a Jefaturas y aún Direcciones Nacionales en la coyuntura del nuevo diseño orgánico funcional de la Institución por las atribuciones constitucionales y legales que le han sido otorgadas.
La capacitación se ha dirigido también a todo el personal femenino, el que ha sido sensibilizado para el desarrollo de la solidaridad con sus compañeras de trabajo.

Conclusiones

Pese a las limitaciones de diverso orden, he asumido el compromiso de incorporar enfoques de género en la Institución que represento, la obligación surgió en las conclusiones del "Segundo Evento de Magistradas de Latinoamérica por una Justicia de Género", realizado en Panamá los días 2, 3 y 4 de diciembre del 2001. La tarea no es fácil, pero estoy conciente que debo acatar las obligaciones del Estado y el Ministerio Público es parte de él, al haber aprobado los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, y la Constitución Política que es la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico.
El proceso tiene complejidades y el horizonte es distante, sin embargo avisoramos el más aceptable cumplimiento de las metas, de aquellas que reviertan y erradiquen los factores sociales, culturales, económicos y políticos que refuerzan las actuales condiciones de desigualdad, discrimen y trato inequitativo hacia la mujer. Estoy tratando de dar un aporte a la justicia penal desde la perspectiva del Ministerio Público, con la única intención de que las mujeres tengamos acceso a ella en condiciones de igualdad en un entorno sensibilizado y con conciencia de género.

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