LA MEDIACIÓN PENAL

Miércoles, 22 de febrero de 2017

LA MEDIACIÓN PENAL

 

 

Autor: Dr. Giovani Criollo Mayorga

 

 

El antecedente más próximo que tenemos en mediación penal es el denominado ?experimento Kitchener?[1], realizado en un pequeño pueblo de nombre homónimo ubicado en Ontario, Canadá, en 1974, en donde un oficial de probation solicitó al juez que dos jóvenes que habían cometido vandalismo y que habían causado daños a más de veinte vehículos,  no sean encarcelados sino que se les conceda la oportunidad de reparar los destrozos causados, logrando de esta manera la reparación del mal cometido, así como un acercamiento directa entra las víctimas y los agresores. El gran éxito de este experimento será replicado posteriormente en el estado de Indiana, Estados Unidos, en 1977, iniciándose de esta manera con los programas denominados VORP (victim-offender reconciliation program).

         En Europa, en la década de los ochentas Francia, Alemania, Holanda y Austria adoptarán legislaciones que prevén la mediación penal, estableciéndola, en algunos casos, sólo para adolescentes en conflicto con la ley, y en otros para también para adultos. Resultan particularmente interesantes los estudios sobre la reparación en materia criminal efectuadas por el autor Heinz Müller-Dietz[2], que permitirán la discusión de la tercera vía del Derecho penal.

En Latinoamérica tenemos la implementación de la conciliación penal en Colombia con el Decreto 50 de 1987 en que se dictó el Código de Procedimiento Penal, el cual regulaba la conciliación en el área penal sólo para los delitos de acción privada; posteriormente varias normas del Decreto 1861 de 1989 regulaban la conciliación en la fase de indagación preliminar para los delitos que admitían desistimiento de la acción penal; y , finalmente  con el Decreto 2700 de 1991, se consagró la conciliación durante la etapa preprocesal.  En Argentina, se dicta la Ley 24.316 del 13/5/94, que introduce la probation, como institución que evita la persecución y condena; y, en Brasil, en septiembre de 1995, se dictó la ley 9099 que introduce el principio de oportunidad.

En Ecuador, las reformas al derogado Código de Procedimiento Penal de fecha  24 de marzo del 2009, publicada en Suplemento del Registro Oficial No. 555, introduce modificaciones ?de trascendencia que posibiliten al sistema penal ofrecer una respuesta pronta, ágil y oportuna a la solución de los conflictos, así como la organización de procedimientos especiales y alternativos al proceso penal ordinario?. Para ello se establecen una serie de ?innovadores modelos de gestión?[3] denominados ?mecanismos alternativos de solución al conflicto penal?, tales como la conversión de acciones[4], los acuerdos reparatorios o de reparación[5], la suspensión condicional del procedimiento[6], el procedimiento abreviado[7], el procedimiento simplificado[8] y  el principio de oportunidad[9]  [10], en las que se configura un nuevo papel para la víctima, que adquiere una participación más activa y directa en la gestión del conflicto penal, dando preeminencia ya no al principio de verticalidad o autoridad, propio de sistema penal estatal, sino que se habilita el sistema con fundamento en el principio de horizontalidad estableciendo un vínculo directo entre los verdaderos titulares del conflicto penal.

La utilización de estos mecanismos alternativos fue posteriormente desarrollada por el Consejo Consultivo de la Función Judicial que dictó la Política número 001-2011 que regulaba la ?Aplicación de salidas alternativas al conflicto penal?, en donde se establecen la forma como han de proceder los operadores de justicia en la aplicación de los distintos mecanismos anotados.

 

 

Estas reformas insertaron la posibilidad de la negociación penal, unas veces realizada directamente entre el procesado y la víctima, como en el caso del acuerdo de reparación; y otras veces realizada entre el procesado y el Fiscal, como en el caso de la suspensión condicional del procedimiento o el procedimiento abreviado, pero ninguna de ellas refería específicamente a la mediación penal.

Será el Código Orgánico Integral Penal, de 2014, a través de su disposición reformatoria Décimo Cuarta, epígrafe 31, que modifica el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el que establece expresamente y por primera vez en nuestra legislación el sistema de mediación penal para los adolescentes en conflicto con la ley penal exclusivamente. La instrumentación de este mecanismo se realizó, finalmente, mediante las Resoluciones del Consejo de la Judicatura No. 041-2014, de 10 de marzo de 2014, mediante la cual se establece que el único centro de mediación autorizado para realizar mediación penal, en casos de menores en conflicto con la ley penal, es el Centro de Mediación de la unción Judicial; y, No. 138-2014, de 8 de agosto de 2014, mediante la cual se expide el Reglamento de mediación en asuntos relacionados con aquellos.

 



[1] Elena Highton, Gladys Álvarez y Carlos Gregorio. Resolución alternativa de conflictos y sistema penal. La mediación penal y los programas de víctima-victimario. (Buenos Aires, Argentina,1998) Editorial Ad-hoc; María del Mar Carrasco Andrino. La mediación del delincuente víctima: el nuevo concepto de justicia restauradora y la reparación. En La mediación delincuente-víctima en USA, Jueces para la Democracia, Núm. 34. (Buenos Aires, Argentina, 1999); Julián Carlos Ríos Martín. La mediación penal: acercamiento desde perspectivas críticas del sistema penal. En Alternativas a la judicialización de los conflictos: la mediación. Estudios de Derecho Judicial 111-2006, Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial. (Madrid, España, 2007).

 

[2] Heinz Müller-Dietz. Compensation as Criminal Penalty? Incluido en el volumen Victims and Criminal Justice editado por G. Kaiser, H. Kury y H.J. Albrecht. (Freiburg, Alemania,1991) Max Planck ? Institut, 195-218;

 

[3] Consejo Consultivo de la Función Judicial. Mayo de 2011. Quito, Ecuador. Pág. 3.

 

[4]  Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal. Artículo 11.

 

[5] Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal. Artículo 37.

 

[6] Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal. Segundo Artículo innumerado puesto a continuación del Artículo 37.

 

[7] Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal. Artículo 112.

 

[8] Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal. Artículo 370.

 

[9] Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal. Tercer Artículo innumerado puesto a continuación del Artículo 39.

 

[10] La posibilidad de que en los delitos de acción privada se pueda designar un ?amigable componedor?, es una norma de vieja data.

 

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