La
Interpretación en el COIP.

Autor: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar.[1]

Dentro
de este tema, es necesario puntualizar, que si bien es cierto, la
interpretación, es una actividad intelectual, que descubre el sentido de la
norma, para poderla aplicar, sin embargo en materia penal conforme menciona
Miguel Alberto Trejo Escobar, en su ensayo denominado ?Principales Teorías de la Interpretación de la Ley Penal?, cuando
se refiere a que:

?Las normas penales no consisten en un puro
recetario o en meras formulas, que simplemente se apliquen al caso concreto.
Por el contrario las normas penales, antes de poderlas aplicar a un caso
específico- al igual que las normas constitucionales, civiles, mercantiles,
familiares, laborales, etc. ? necesitan ser interpretadas fijando el alcance de
los textos en que se hallan formuladas?[2]

Es decir
de alguna manera la interpretación se entiende como el conocimiento del
verdadero sentido de la ley buscando que es lo que persigue, debido a que
constituye la posibilidad de ir más allá de lo que dice el texto punitivo.

Sin embargo
el principio de legalidad es la restricción de la interpretación, es por ello
sin lugar a dudas que debemos analizar los siguientes aspectos, contemplados en
el Art. 13 del Código Orgánico Integral Penal, que nos menciona: las normas de
este Código deberán interpretarse de conformidad con las siguientes reglas:

1. La
interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se ajuste a
la Constitución de la República de manera integral y a los instrumentos
internacionales de derechos humanos.-

Es decir,
debe quedar claro que esta interpretación en materia penal, implica que cuando
no es posible o no se colige una solución clara o suficiente frente a un
problema jurídico; ha de darse una respuesta, en el sentido que más se ajuste a
la Constitución; efectuando una interpretación desde la Constitución buscando
dar pleno cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 2, núm. 1 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que manifiesta:

?Además de los principios establecidos en la
Constitución, se tendrán en cuenta los siguientes principios generales para
resolver las causas que se sometan a su conocimiento:

1. Principio de aplicación más favorable a los
derechos.- Si hay varias normas o interpretaciones aplicables a un caso
concreto, se debe elegir la que más proteja los derechos de la persona.?

Determinando,
que la conclusión del intérprete, para el caso en análisis, deberá hacer uso de
una elección motivada, que se funda en razones suficientes frente a otras
interpretaciones que se puedan derivar del texto a ser interpretado, tomando en
consideración lo señalado en la Constitución y los Instrumentos Internacionales
de Derechos Humanos.

Debido a
que la interpretación según el Dr. Alfredo Pérez Guerrero, citado por Enrique
Echeverría, manifiesta que la interpretación de la ley es de evidente necesidad
del juez, ya que este tiene que buscar esclarecer el hecho, buscando la norma o
normas legales que puedan resolverlo.[3]

Es decir
la necesidad de la interpretación de las normas penales, parten del hecho de
que las palabras no son univocas, debido a que pueden tener varias
percepciones, sin embargo en materia penal, esto no es así debido al principio
de legalidad, dejando constancia que el juez ante su labor de juzgar tiene en
claro que toda ley por el hecho de aplicarse es interpretada por procesos
gramaticales y teleológicos con resultados declarativos, extensivos o
progresivos, por lo que es necesario explicar en qué consiste cada uno de
ellos.

a) Método Gramatical: También
denominado lógico o literal, en donde la norma se manifiesta a través de una
proposición normativa, que expresa el mensaje legal, suponiendo que el lenguaje
utilizado por parte del legislador, a la hora de redactar la norma ha sido el
más sencillo.[4]

b) Método
Histórico: En vista de que el derecho es una expresión de la historia de un
pueblo, en donde ninguna norma jurídica puede ser interpretada si no es
partiendo de un análisis de la evolución histórica.

c) Método
Teleológico: Este consiste en que el intérprete atiende al fin de la norma, que
según Jescheck, se esfuerza en poner en relieve los fines y valoraciones
rectoras de la ley, para conocer directamente el sentido inherente, en donde la
meta no es otra sino la aplicación de una secuencia metódica que considera la
literalidad de la ley, hasta llegar al fin, generando una argumentación propia.[5]

d) Método
Sistemático: Este busca el sentido de los términos legales a partir de su
ubicación dentro de la ley y su relación con otros preceptos.

Es decir
dentro de este primer subtema, queda en claro que la norma fija de manera
estricta el sentido objetivo del texto legal, y en el caso de la interpretación
de la norma penal debe efectuárselo en el sentido que más se ajuste a la
Constitución de la República de manera integral y a los Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos.

2. Los
tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, esto es,
respetando el sentido literal de la norma.

El Art.
76 núm.3 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: ? Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un
acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como
infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una
sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una
persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite
propio de cada procedimiento.?

Dentro
de la lectura de este artículo encontramos claramente definido el principio de
legalidad al señalar que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u
omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley, lo cual nos
da a entender que dicho principio, que se expresa bajo el aforismo ?nullum crimen, nulla poena sine lege?,
exige, por un lado, que para que una determinada conducta sea considerada como
delito debe calificarse previamente como tal en la ley y, por otro, que la
sanción que se imponga si se llega a cometer debe también estar prevista en una
disposición legal.

Sin
embargo, el principio de legalidad comporta cuatro dimensiones a saber: a)
aplicar de manera retroactiva la ley (lex praevia); b) aplicar otro derecho que
no sea el escrito (lex scripta); c) ampliar el derecho escrito a situaciones
análogas (lex stricta); y d) utilizar cláusulas legales indeterminadas (lex
certa).

No
obstante, el principio de legalidad implica, prima facie: 1) la prohibición de
tipos penales en blanco y abiertos; 2) la prohibición de leyes violatorias de
derechos fundamentales; 3) la prohibición de la analogía respecto a normas
penales.

Lo cual
nos conlleva a pensar que pasaría cuando en el curso del proceso judicial una
errónea o falsa aplicación o interpretación de la tipificación penal puede
haber afectado el derecho fundamental a la libertad personal de una persona,
pese a estar delimitado, que esta se interpretará en forma estricta, esto es
respetando el sentido literal de la norma.

Esto nos
lleva a deducir, que si bien es cierto la Constitución, es una norma suprema,
de conformidad con lo señalado en el Art. 424 de la misma, cuando se hace
referencia a lo siguiente:

?La Constitución es la norma suprema y prevalece
sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del
poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones
constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

La Constitución y los
tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan
derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre
cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.?

Determinando
de esta manera las bases constitucionales del derecho público y del derecho privado.
Pero quizá sea en el derecho penal donde la vinculación e influencia del
derecho constitucional se hacen más presentes, en la medida en que los valores
de libertad personal y seguridad que garantiza el derecho constitucional inciden
en el derecho penal en cuanto se refiere a sus fundamentos, debido a que esto
es consecuencia de que el poder punitivo del Estado recaiga directamente sobre la
persona, cuando ha cometido una infracción penal, por lo que se debe aplicar
interpretación penal en base a los siguientes principios rectores:

a) Principio
jerárquico: En el ámbito de interpretación jurídico penal, este consiste en que
las normas penales deben interpretarse de modo compatible con la letra y
espíritu de la constitución, determinando que el penalista ha de ajustar sus
razonamientos hermenéuticos a los significados que la constitución, establece
respetando los conceptos e instituciones del derecho penal.[6]

b) Principio
de vigencia: Consiste, que entre dos interpretaciones del mismo precepto, es
preferible aquella que da valor al contenido dispositivo de las palabras en la
ley.[7]

c) Principio
de unidad sistemática: Consiste en el reconocimiento de validez simultánea de
todos los preceptos que componen un determinado ordenamiento jurídico.[8]

d) Principio
dinámico: Consiste en expresar el cambio en el contexto sobre el sentido del
texto legal, dado que las normas penales están destinadas a regir la realidad.[9]

3. Queda
prohibida la utilización de la analogía para crear infracciones penales,
ampliar los límites de los presupuestos legales que permiten la aplicación de
una sanción o medida cautelar o para establecer excepciones o restricciones de
derechos.

Ya los
jurisconsultos romanos advirtieron que la ley no puede prever todos los casos
posibles tanto porque no los considerase importantes como porque se trate de
hechos nuevos que surgen después de la formulación de la norma.

Es por
ello que cuando nos referimos analogía en materia penal, es necesario seguir la
línea de Valentín Silva Melero, en su artículo denominado ?Algunos problemas modernos sobre la analogía en el Derecho Penal?,
cuando manifiesta lo siguiente:

?[?] las normas penales definidoras de figuras
delictivas, o aquellas que determinan las circunstancias o causas agravantes no
pueden aplicarse por analogía.

Esta prohibición aparece por primera vez en el
Tratado de Feuerbach, y difundida por el mundo se le dio un contenido político y
constitucional, pero aquel jurista le otorgó un fundamento propiamente técnico
al fundarla sobre la función intimadora o de coacción psicológica que una
penalidad prevista había de producir en el espíritu del delincuente. Y aunque
hoy se entiendan las cosas de distinta manera, no cabe duda que Feuerbach dotó
a la institución de un fundamento específicamente jurídico. El principio nullum
crimen sine lege se ha mantenido hasta hoy, posiblemente por razones políticas
y no sólo por la Escuela clásica del Derecho penal, sino también por la
positiva, a pesar de que según los postulados de esta última faltara aquel
principio un fundamento científico. [?]?[10]

Es por
ello, que en materia penal, el análisis del problema requiere algunas
consideraciones, ya que para constatar si una conducta constituye un delito, el
intérprete debe analizar primero su tipicidad. Una vez establecida, debe
determinar si la conducta es antijurídica; una vez constatada la tipicidad y la
antijuricidad, se debe determinar si es culpable.

Lo que
denota, que se trata de la aplicación de un método analítico de la conducta
punible de acuerdo con el cual el intérprete la examina conforme a los niveles
de la teoría del delito, sin embargo desde el punto de vista de la existencia
del delito, la punibilidad de una conducta es la consecuencia de que ella sea,
al mismo tiempo, típica, antijurídica y culpable, por lo que no se puede
utilizar analogía para crear infracciones penales o ampliar los límites de los
presupuestos legales que permiten la aplicación de una sanción, por dos
razones: en primer lugar, debido al carácter formal que tiene el principio de
legalidad en materia penal, que prohíbe la analogía ?in malam partem?; en segundo lugar, por el carácter fragmentario
del derecho penal, que impide que, bajo el pretexto de una mejor protección del
bien jurídico concernido por el tipo penal, se extiendan los límites de la
tipicidad.



[1] Abogado, conferencista y escritor.

[email protected]

[2] Miguel Alberto Trejo Escobar, «Principales Teorías de la
Interpretación de la Ley Penal», s. f.,
http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/entorno/56381.pdf.

[3]
Echeverria G. Enrique, Derecho Penal
Ecuatoriano, p.92.

[4] Pavón Vasconcelos, Francisco, Manual de
derecho penal Mexicano. Parte General, 10 ed., México, Porrúa,1991

[5] Jescheck, Hans-Heinrich, Derecho Penal, Parte
General.

[6] Álvarez Montero, José Lorenzo, Derecho
constitucional y garantías individuales, México, Universidad de Xalapa, 1994.

[7] Miguel Alberto Trejo Escobar, «Principales Teorías de la
Interpretación de la Ley Penal».

[8] Ibíd.

[9] Ibíd.

[10]
Valentín Silva Melero, «Algunos problemas modernos sobre la
analogía en el Derecho Penal», Universidad de Oviedo, accedido 11 de
mayo de 2016,
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/5180/1/2073097_423.pdf.