Legislación China e Inversión Extranjera

Autora: Ab. Carolina Fabara

La evolución del marco legal chino ha generado un entorno más previsible y protector para la inversión extranjera, y esto abre una ventana estratégica para que América Latina, y en particular Ecuador, articulen una diplomacia económica-jurídica más sofisticada hacia China.

1. Introducción

Durante las últimas décadas, China ha transformado de forma profunda su arquitectura normativa para adaptarse a las exigencias de una economía globalizada, pasando de un modelo fuertemente administrativista a un derecho económico más estructurado y coherente con estándares internacionales. Esta evolución ha reforzado la seguridad jurídica interna y ha enviado señales claras de apertura a la inversión extranjera, en especial tras la adopción de normas marco en materia de inversión y arbitraje. Para empresas y juristas latinoamericanos, comprender estos cambios ya no es una opción académica, sino una condición para participar de manera informada y competitiva en el nuevo mapa global de inversiones.

2. La Ley de Inversión Extranjera de 2019

La promulgación de la Ley de Inversión Extranjera de la República Popular China (2019) supuso un punto de inflexión, al reemplazar leyes dispersas sobre joint ventures y empresas totalmente extranjeras por un único marco unificado. Esta ley consagra el principio de trato nacional pre establecimiento más lista negativa, es decir, las empresas extranjeras reciben el mismo trato que las domésticas salvo en los sectores específicamente restringidos o prohibidos.

Entre sus elementos jurídicos clave destacan: la igualdad de condiciones en acceso a licencias y contratación pública, salvaguardas reforzadas contra la expropiación ilícita y la libre transferencia transfronteriza de capitales, beneficios y compensaciones, sin restricciones de moneda, monto o frecuencia. La ley también impone deberes de transparencia y responsabilidad a las autoridades administrativas, estableciendo consecuencias legales frente a actos discriminatorios o abusos de poder contra inversores extranjeros.

3. El sistema de lista negativa y la previsibilidad regulatoria

El “Negative List System” se ha consolidado como la herramienta central para delimitar el acceso de la inversión extranjera al mercado chino. Fuera de los sectores contenidos en la lista negativa, los inversores foráneos gozan de libertad de entrada y de un procedimiento de registro relativamente simplificado, lo que disminuye la discrecionalidad administrativa y mejora la previsibilidad.

En paralelo, China mantiene un Catálogo de Industrias Incentivadas para la Inversión Extranjera, que otorga beneficios fiscales y de localización sectorial (por ejemplo, en manufactura avanzada, energías renovables e infraestructura digital), favoreciendo un uso estratégico del derecho como política industrial. Para las empresas latinoamericanas, esta combinación de lista negativa y sectores incentivados permite diseñar estrategias de entrada ajustadas a nichos concretos, con base en un análisis jurídico-regulatorio previo.

4. Arbitraje, CIETAC y protección contractual

La consolidación de la Comisión de Arbitraje Económico y Comercial Internacional de China (CIETAC) como foro relevante para disputas comerciales e incluso de inversión refleja la creciente sofisticación del ecosistema jurídico chino. CIETAC ha adoptado reglas específicas de arbitraje de inversión internacional, orientadas a garantizar procesos eficientes, imparciales y compatibles con las mejores prácticas globales.

Además, China ha promovido tribunales especializados en comercio internacional en jurisdicciones como Shanghái y Shenzhen, integrados en zonas de libre comercio donde se experimenta con procedimientos más ágiles y orientados a las necesidades del comercio transfronterizo. Para empresas latinoamericanas, acordar cláusulas arbitrales ante CIETAC o ante centros híbridos puede ser una vía para equilibrar la familiaridad del inversor chino con la necesidad de un foro técnicamente robusto para la parte extranjera.

5. Lecciones del caso español

El caso de empresas españolas como Inditex, BBVA o Acciona ilustra cómo un conocimiento fino del marco regulatorio chino puede traducirse en una presencia sostenible en sectores tan diversos como el retail, los servicios financieros o la infraestructura. Estas compañías han aprovechado la clarificación de requisitos de participación extranjera, los incentivos en zonas de libre comercio y un uso sofisticado de contratos y arbitraje para gestionar riesgos regulatorios.

Su experiencia muestra que el éxito en China depende menos de una lógica puramente comercial y más de la capacidad para navegar un entorno mixto: una economía de mercado con fuerte conducción estatal, donde el cumplimiento normativo, la debida diligencia legal y las relaciones institucionales bien estructuradas son determinantes. Este modelo ofrece insumos valiosos para diseñar estrategias de empresas latinoamericanas que buscan internacionalizarse hacia el mercado chino.

6. China y América Latina: marco jurídico de la relación

En América Latina, varios países —entre ellos Chile, Perú y México— han suscrito tratados bilaterales de inversión y convenios para evitar la doble imposición con China, configurando un “colchón” jurídico sobre el cual se asienta la inversión. Estos instrumentos suelen incluir cláusulas de trato justo y equitativo, protección contra expropiación sin compensación adecuada y acceso a arbitraje internacional, lo que complementa las garantías ofrecidas por el propio derecho interno chino.

La expansión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) hacia América Latina ha reforzado la necesidad de coherencia normativa, dado el incremento de proyectos en infraestructura, energía y logística portuaria. De allí que la coordinación entre derecho chino, derecho interno latinoamericano y derecho internacional de las inversiones sea un eje central para la gobernanza de estos proyectos a largo plazo.

7. El caso de Ecuador en la relación con China

En el caso de Ecuador, los lazos económicos con China se han intensificado de forma notable en la última década, con avances significativos en el plano jurídico-institucional. Ambos países firmaron en 2013 un Acuerdo para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal, en vigor desde 2014–2015, que otorga certidumbre tributaria a empresas chinas y ecuatorianas que operan en la otra jurisdicción.

Posteriormente, Ecuador se adhirió formalmente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta mediante un Memorando de Entendimiento en 2018 y, más recientemente, concluyó un Tratado de Libre Comercio China–Ecuador, que entró en vigor el 1 de mayo de 2024, convirtiéndose en el primer TLC ecuatoriano con un país asiático. Este entramado normativo crea oportunidades para el sector agroexportador, la minería responsable, la energía renovable y la infraestructura, pero también exige una sofisticada gestión jurídica de contratos, garantías soberanas y mecanismos de solución de controversias.

8. Oportunidades para empresas ecuatorianas y latinoamericanas

Para empresas ecuatorianas y de la región andina, la apertura del mercado chino bajo la Ley de Inversión Extranjera y la lista negativa plantea varias líneas de acción:

• Identificar sectores “incentivados” (como agroindustria de alto valor, servicios ambientales, energías limpias y logística) donde existan ventajas comparativas latinoamericanas.
• Diseñar estructuras corporativas y contractuales que aprovechen el TLC, el acuerdo de doble tributación y los regímenes de zonas de libre comercio chinas, minimizando fricciones fiscales y aduaneras.
• Incorporar en los contratos cláusulas claras sobre ley aplicable, jurisdicción o arbitraje (incluido CIETAC u otros foros internacionales), distribución de riesgos regulatorios y régimen de propiedad intelectual.

El rol de los juristas especializados es aquí central: asesorar en debida diligencia legal, negociación de joint ventures, cumplimiento normativo (compliance) y prevención de controversias, articulando el derecho ecuatoriano y latinoamericano con el derecho chino e internacional.

9. Desafíos normativos para América Latina y Ecuador

No obstante, las oportunidades, persisten desafíos relevantes. Muchos países latinoamericanos, incluido Ecuador, se encuentran en procesos de reforma o redefinición de sus marcos de inversión extranjera, lo que puede generar incertidumbre si no se acompaña de reglas claras y estables. Asimismo, la asimetría de capacidad regulatoria y de poder de negociación frente a grandes empresas y bancos chinos obliga a robustecer las instituciones nacionales encargadas de revisar contratos, licitaciones y mecanismos de solución de controversias.

Desde una óptica de derecho comparado, resulta esencial avanzar en: la armonización de estándares ambientales y sociales aplicables a proyectos con componente chino, la adopción de normas claras sobre transparencia y lucha contra la corrupción en contratos de infraestructura y la capacitación de jueces, árbitros y funcionarios en derecho chino y arbitraje internacional. Para Ecuador, este proceso se vincula con la necesidad de conciliar su política de atracción de inversión con sus compromisos constitucionales en materia de derechos humanos, naturaleza y consulta previa.

10. El derecho como puente sino–latinoamericano

La cooperación sino–latinoamericana ya supera el intercambio de mercancías y se proyecta cada vez más como un espacio de cooperación jurídica aplicada. Universidades, centros de arbitraje y think tanks de China, Ecuador y otros países latinoamericanos comienzan a estructurar programas de formación conjunta en derecho chino, derecho internacional de las inversiones y solución de controversias, anticipando la demanda de profesionales capaces de operar con solvencia en ambos sistemas.

Comprender cómo y por qué ha evolucionado el marco legal chino permite a América Latina, y especialmente a países como Ecuador, pasar de una relación meramente reactiva a una diplomacia económica-jurídica proactiva, basada en el diseño consciente de normas, contratos y políticas públicas. Si el siglo XXI se consolida como el de la cooperación asiático–latinoamericana, el derecho será el lenguaje técnico que hará posible un entendimiento mutuo equilibrado, donde la atracción de inversión se articule con la protección de intereses nacionales y regionales.

Ab. Carolina Fabara

Abogada Internacional e Investigadora Post Doctoral en

Sun Yat Sen University