«LOS ACREEDORES DE (O EN) LA SUCESION»

INDICE

Resumen Ejecutivo y Presentación
I.- CONCEPTO DE ACREEDOR
II.- CLASIFICACIÓN Y JERARQUÍA DE LOS CRÉDITOS
III.- LEGALIZACION DE CRÉDITOS
IV.- RECONOCIMIENTO DE CREDITOS
CONCLUSIÓN GENERAL
BIBLIOGRAFIA BASICA

RESUMEN EJECUTIVO

El proceso sucesorio es un juicio universal, pues con él se pretende liquidar todo el patrimonio del causante, pagándose con aquél, primero, a los acreedores, según los grados de preferencias de que gocen; luego se cubrirán los gananciales y los legados, si los hubiere y lo restante, si quedare, se distribuirá entre los herederos. En otras palabras, el fin del proceso sucesorio es el determinar quiénes son herederos, cuál es el total del patrimonio, cuánto vale, quienes constituyen el pasivo, para finalmente concluir con la indivisión patrimonial venida con la muerte de su titular.

Ha dicho la Sala Segunda de la Corte :»Todo proceso sucesorio busca la liquidación del patrimonio del causante, pues antes de entrar a decidir qué parte les corresponde a los causahabientes, deben cancelarse las obligaciones que afectan a ese patrimonio..»

Por ello, siendo el proceso sucesorio la vía para que los acreedores cobren sus créditos- salvo los acreedores separatistas- es de vital importancia tener claro el tema de acreedores y créditos y demás cuestiones con los que se relaciona.

Presentación

El tema de los acreedores de (o en) la Sucesión, hace indispensable estudiar con precisión el concepto de acreedor y tipos; jerarquía, legalización y reconocimiento de créditos, por lo que es el interés del presente encuadrar doctrinaria y legalmente este personaje tan importante en un proceso sucesorio, pues dependerá de la satisfacción prioritaria de sus créditos que haya patrimonio sucesorio para distribuir entre los herederos y, en su caso, los legatarios. En todo caso, hay que tener presente que si los bienes fueran de los considerados gananciales por el art. 41 del CF , igualmente la parte de gananciales que le corresponda al cónyuge supérstite, lo será sobre su valor neto, o sea una vez pagados los créditos que pesen sobre esos bienes.

I.- CONCEPTO DE ACREEDOR

Acreedor es toda aquella persona, física o jurídica, que teniendo a su favor un crédito, real o personal, recibe o espera recibir como contrapartida el pago y satisfacción del mismo. Procesalmente, es quien tiene legitimación dentro de un proceso sucesorio para reclamar ese crédito (928 in fine, CPC)

Se ha dicho que los acreedores » son los sujetos privilegiados del derecho hereditario dados los fines específicos que persigue esta rama del ordenamiento jurídico»

II.- CLASIFICACIÓN Y JERARQUÍA DE LOS CRÉDITOS .

Según el CC , arts 989,991, 993, los créditos se clasifican y jerarquizan de la siguiente forma:

Créditos con privilegio sobre determinados bienes.
Créditos de la masa y los que se equiparan a éstos.
Créditos comunes o quirografarios.

Según el CCo, art.886, para efectos de reconocimiento y pago los créditos se clasifican de la siguiente manera:

Créditos con privilegio sobre determinado bien.
Créditos de los trabajadores.
Créditos del arrendador y el arrendatario.
Créditos de la masa.
Créditos comunes o quirografarios.

La anterior clasificación se debe «completar» a tenor de lo dispuesto por el art. 794 CPC, que dice: «En lo relativo a los contratos de trabajo, créditos de los trabajadores y créditos alimentarios, se estará a lo que disponen el Código de Trabajo y el de Familia».

El CT y CF disponen, respectivamente:

«ARTICULO 33.- Las indemnizaciones previstas en los artículos 28, 29 y 31 procederán también cuando el patrono liquide o cese en sus negocios, voluntariamente o no. En caso de insolvencia, concurso, quiebra, embargo, sucesión u otras similares, gozarán los créditos que por estos conceptos correspondan a los trabajadores de un privilegio especialísimo sobre todos los demás acreedores de la masa, excepto los alimentarios; y el curador, depositario, albacea o interventor estarán obligados a pagarlos dentro de los treinta días siguientes al reconocimiento formal que ellos o los Tribunales de Trabajo hagan de dichos créditos, o en el momento que haya fondos si al vencerse este plazo no los hubiere del todo»

«ARTICULO 171.- La deuda alimentaria tendrá prioridad sobre cualquier otra, sin excepción».

Por otra parte, son créditos con privilegio sobre determinado bien, arts. 993 CC y 901, CCo :

1. El fisco y los municipios por los impuestos que corresponden al año precedente a la declaración del (sucesorio), sobre el valor de las cosas sujetas a dichos impuestos.
2. El acreedor hipotecario.
3. El acreedor pignoraticio.
4. Los acreedores que teniendo el derecho de retención hayan usado de este derecho sobre el valor de cosa o cosas determinadas.
5. El arrendador de finca rústica o urbana, por el monto de lo que por causa del arriendo se le adeude hasta la terminación de éste, sobre el valor de los frutos de la cosa arrendada, existentes en la finca o en la masa y sobre el de todos los objetos con que el arrendatario la haya provisto.

Los Créditos de la Masa, según los arts.989 CC y 894 CCO, son:

1.- Las que provienen de gastos tanto judiciales como de actos u operaciones extrajudiciales hechos en interés común de los acreedores para la comprobación y liquidación del activo y pasivo de la sucesión, para la administración, conservación y realización de los bienes del deudor y para la distribución del precio que produzcan. Gastos judiciales son los de tramitación del expediente como papel sellado, timbres, honorarios de abogado, de la diligencia de depósito, costas personales, publicación de edictos y todos aquéllos que sean indispensables para darle trámite legal al sucesorio.

2.-Todos los que resulten de actos o contratos legalmente ejecutados o celebrados por el albacea.

3. Los que procedan de contratos celebrados por el causante con anterioridad a su muerte y no hubieran sido cumplidos por él, en los casos que los acreedores de la sucesión opten por llevar a cabo el negocio.

4.- La devolución que, en el caso de rescindir algún acto o contrato del causante, ha de hacerse de lo que éste hubiera recibido en virtud de dicho acto o contrato; y la indemnización debida al poseedor de buena fe de las cosas que la sucesión reinvindique.

5.- Las devoluciones que la sucesión debe hacer de las cantidades que haya recibido por cuenta del precio de los valores y demás bienes ajenos que hubiere enajenado el causante o la misma sucesión.

6.- Las deudas provenientes de impuestos fiscales hasta su extinción y los impuestos municipales corrientes.

7.- Los que por ley tengan ese carácter.

A su vez, los créditos que se equiparan a los de la masa, para efectos de pago, arts. 991 CC, 895 CCo, son:

1.- Los que provengan de gastos hechos en el entierro del deudor o de los miembros de su familia que vivieren con él, cuando estos murieren sin dejar bienes con que satisfacer los gastos.
2.- Los provenientes de asistencia médica prestada y de medicinas o víveres suministrados en el mes anterior ala muerte del causante.

Existe una disposición especial en cuanto al pago de ciertos créditos que el CC dispone posponer y además no liquidar en la sucesión:

1.- Las multas debidas por el causante, salvo en cuanto importen indemnización.
2.-Las costas que se han causado al acreedor por su participación en la sucesión.
3.- Los créditos que procedan de un acto de liberalidad en recompensa de servicios que admitan una estimación en dinero.

La DOCTRINA , tratándose de los tipos de créditos y su jerarquía, los clasifica, en créditos con privilegio y créditos comunes, según la preferencia en el pago; a su vez los primeros los divide, según que el privilegio sea especial o general , siendo aquellos los que tienen un bien especialmente reservado en garantía del crédito, como los reales por ejemplo, y, los segundos, los que, sin tener una garantía tal, tendrán preferencia de ser pagados antes que los comunes o quirografarios. Por supuesto, hay que considerar los créditos «de la masa» y los que «se equiparan a la masa», pues éstos, sin tener ningún privilegio, deben ser soportados en su pago hasta por los mismos privilegiados reales, en cuanto les beneficie o por tratarse de obligaciones que resultan del trámite mismo del proceso sucesorio, como los honorarios del abogado director, del notario, de los peritos y el propio albacea; o bien de gastos de escrituras, inscripciones, timbres, gastos de funeral o medicinas, entre otros (v. art.992 CC, inciso 1).

Dentro de los créditos con privilegio especial, el CC y CCo., señalan los «acreedores con privilegio sobre determinado bien», como los hipotecarios y prendarios, entre otros.
En los de privilegio general se ubican los alimentarios y los de los trabajadores. Las deudas de la masa, con una preferencia en el pago, les siguen y, por último, los comunes o quirografarios. Del pago de estos créditos, sus privilegios, sus preferencias y características se tratará infra, en la Cuarta Parte

III.- LEGALIZACION DE CRÉDITOS

Al declararse abierto el proceso sucesorio, se emplaza a «todos aquellos que creen tener interés en el sucesorio» para que se presenten a hacer valer su derecho (art. 917 CPC). Es esta la oportunidad para que los acreedores se presenten al proceso legalizando su respectivo crédito, sin perjuicio de que lo puedan hacer en otro momento, según se desprende de los arts. 564, 565, 566 y 567 CC, en cuyo caso el juez, con audiencia a los otros interesados, resolverá aprobando o no el crédito extemporáneamente presentado, lo que no perjudicará reparticiones y pagos definitivos ya hechos . Al respecto señala el CPC, art.934, que «Los bienes de toda sucesión responderán, aún con perjuicio de tercero, hasta seis meses después de la publicación del primer edicto de emplazamiento, para el caso de que dentro de ese plazo se presentare algún reclamo contra la sucesión.»

Hay que tener presente también que, como sí sucede en los procesos concursales, la muerte del deudor no provoca el vencimiento de las obligaciones. De ahí lo dispuesto en el art. 567 CC.

Legalizar es reclamar, producir; formalmente es la solicitud del acreedor en el proceso para que se le pague su crédito, para lo que deberá presentar el título en que conste el crédito, demostrando la existencia, monto y causa de la obligación.

De acuerdo al art. 902 CPC, » A la sucesión le será aplicable lo dicho en los artículos 771 y 772″, también de ese Código.

Esos numerales dicen:

«ARICULO 771.-Todos los acreedores, salvo los hipotecarios, los prendarios, los arrendadores, los arrendatarios y los de crédito reconocido en sentencia, deberán legalizar sus créditos y reclamar oportunamente el privilegio que posean.
Los acreedores residentes en el extranjero, que no tengan apoderado en el país, gozarán de un plazo de dos meses para legalizar y reclamar el privilegio.
El acreedor que no legalizare su crédito, oportunamente, perderá el privilegio que pudiera corresponderle y se convertirá en un acreedor común; pero, mientras el concurso estuviere pendiente, podrá alegar su crédito para que sea tomado en cuenta en las reparticiones que estuvieren por hacerse, sin derecho alguno a las que se hubieren hecho con anterioridad.
No será oído el acreedor que se presentare a legalizar su crédito cuando ya estuviere repartido en su totalidad el haber del concurso»

«ARTICULO 772.- El escrito de legalización podrá comprender el reclamo de distintos acreedores, y deberá presentarse con una copia. En él se expresarán el nombre y los apellidos del acreedor o acreedores, su ocupación y su vecindario, el título o causa, la cantidad del reclamo y la preferencia, si la hubiere.
Asimismo, deberá contener una relación sucinta de los hechos en los que se funde el reclamo, y deberá ofrecerse la prueba correspondiente; si ésta consistiere en documentos, serán acompañados los originales junto con dos copias de ellos. Los originales los guardará el juez y al curador (albacea) se le entregará una copia, tanto de éstos como del escrito de legalización.
Siendo litigioso el crédito al tiempo de abrirse el concurso, bastará para su legalización hacer referencia al respectivo proceso.
En el caso del párrafo anterior, tratándose de acreedores colitigantes que no tengan intereses opuestos, deberán constituir un apoderado común. En virtud de la aceptación del poder quedará obligado el apoderado, mientras no sean reemplazado legalmente, a seguir el proceso concursal (sucesorio) hasta su conclusión; y todo lo hecho por él obligará a sus mandantes».

Ahora bien, no todos los créditos deben ser legalizados, dentro del mismo proceso sucesorio, pudiendo hacerse fuera de él, como en el caso de los llamados créditos separatistas que, como su nombre lo dice, pueden separarse para cobrar fuera del sucesorio, pues conforme el ordenamiento procesal «tienen ya establecido el trámite para ser cobrados». Es el caso único de los créditos hipotecarios y prendarios.

En cuanto a los demás créditos, con privilegio sobre determinado bien, generales, de la masa y comunes, sí deben legalizar sus créditos, previo a ser reconocidos y aprobados, como se expondrá más adelante.

IV.- RECONOCIMIENTO DE CREDITOS

Legalizado un crédito, o sea presentado para su cobro, corresponde a la Junta de Interesados pronunciarse, por votación personal de todos ellos por igual , excepto el del cónyuge que será doble, sobre la conformidad o no con dichos reclamos. En esta Junta participarán los herederos, legatarios y acreedores legalizantes y cada uno podrá hacer uso de su respectivo voto, a menos que los herederos paguen a los acreedores y los legatarios en el acto o se comprometan a hacerlo, con garantía suficiente, a criterio del juez, dentro del mes siguiente a la realización de la Junta. Igualmente, para efectos de la votación, no se considerarán acreedores a quienes «reclaman pagos por costas o dinero suplido para la tramitación del juicio sucesorio».

También puede pasar que, o se suprima esta Junta, si así lo piden los interesados, «una vez tomados los acuerdos del caso» o que no compareciere «ninguna de las partes», por lo que el juez, además de tener por aprobados el inventario y el avalúo, se «pronunciará también sobre los reclamos pendientes», siempre que estén comprobados en autos (art.926 ídem)

El artículo 927 del CPC, refiriéndose al reconocimiento de un crédito dispone que se tendrá por tal «con el voto de la mayoría, si no hubiera disposición legal que lo impida y si se tratare de deudas que efectivamente estén a cargo de la sucesión. El Tribunal podrá negar ese reconocimiento si tuviere motivo fundado para creer que se trata de una colusión en daño de la sucesión, o de la minoría de los interesados».

En cuanto a la «aprobación que hiciera el Tribunal de algún reclamo presentado podrá ser objetada por cualquier interesado, lo cual deberá hacer en la vía incidental y dentro del plazo de ocho días, a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución aprobatoria» (art. 926, penúltimo párrafo CPC)

En todo caso, el principio en el tema de reconocimiento de créditos es que el juez puede negarle el reconocimiento a un crédito aprobado por la Junta pero no puede aprobar uno rechazado por ella. En ese caso el acreedor deberá «plantear una acción ejecutiva u ordinaria, según el caso, en contra de la sucesión.»

Legalizados y reconocidos los créditos, se tendrá por definitivamente constato el pasivo de la Sucesión.

CONCLUSION GENERAL

El proceso sucesorio es un juicio universal, pues con él se pretende liquidar todo el patrimonio del causante, pagándose con aquél, primero, a los acreedores, según los grados de preferencias de que gocen; luego se cubrirán los gananciales y los legados, si los hubiere y lo restante, si quedare, se distribuirá entre los herederos. En otras palabras, el fin del proceso sucesorio es el determinar quiénes son herederos, cuál es el total del patrimonio, cuánto vale, quienes constituyen el pasivo, para finalmente concluir con la indivisión patrimonial venida con la muerte de su titular.

Ha dicho la Sala Segunda de la Corte :»Todo proceso sucesorio busca la liquidación del patrimonio del causante, pues antes de entrar a decidir qué parte les corresponde a los causahabientes, deben cancelarse las obligaciones que afectan a ese patrimonio..»

Por ello, siendo el proceso sucesorio la vía para que los acreedores cobren sus créditos- salvo los acreedores separatistas- es de vital importancia tener claro el tema de acreedores y créditos y demás cuestiones con los que se relaciona.

Se ha podido concluir que el sistema crediticio que regula la legislación nacional es, como tal sistema, el mismo sea tratándose de un Sucesorio (con sus especial derecho sustantivo) o de los Procesos Concursales, específicos para los acreedores que pretenden cobrar sus créditos de un deudor que ha cesado en pagos. En ambos casos, el sistema sostiene el enjambre normativo necesario para que los acreedores tengan los instrumentos básicos, dentro de la vía judicial, o extrajudicial como el caso de las sucesiones (conforme al nuevo Código Notarial) para que, aun muerto, su deudor, sus créditos sean protegidos y satisfechos.

BIBLIOGRAFIA BASICA

1. ALVARENGA VENUTOLO (Angioleta) «Acreedor Alimentario en el Juicio Sucesorio», Tesis de grado, Facultad de Derecho, 1987.

2. ARROYO ALVAREZ (Wilberth) «Indice de referencia a la Revista Judicial en materia de Sucesiones», Imprenta Judicial, 1988..

3. ARROYO ALVAREZ (Wilberth) «El 595 del Código Civil de Costa Rica: ¿una limitación a la libertad de testar?», en prensa ,2000.

4. BRENES CORDOBA (Alberto) «Tratado de los bienes», ed. Juriscentro, 1981.

5. CAMACHO (Eva) «Consideraciones y prácticas jurisprudenciales de los artículos 40 y 41 del Código de Familia», Poder Judicial, 1991.

6. CASTILLO GUTIERREZ ( María A.) y otras, «Inaplicabilidad de las Normas de Fondo y procesales relativas al Derecho Sucesorio en Leyes Especiales», Tesis de grado, Facultad de Derecho, 1998.

7. ODIO SANTOS (Ulises) «Lecciones de Juicios Universales», mimiografo, s.f.e.

8. SCHMIDT HOTT, (Claudia), «Nuevo Régimen Matrimonial», Editorial Jurídica Conosur, Santiago de Chile 1995.

9. VARGAS SOTO (Francisco Luis) «Manual de Derecho Sucesorio Costarricense», ediciones de 1981 y 1990.

10. VARGAS SOTO (Francisco Luis) «Contribuciones al Estudio del Derecho de Quiebra Costarricense», 1 ed.,1980.

LEGISLACION

1. CODIGO CIVIL. Ley # XXX del 19 de abril de 1885,vigente a partir de enero de 1888, según ley # 63 del 28 de setiembre de 1887.

2. CODIGO DE COMERCIO, Ley 3284 de 30 de abril de 1964.

3. CODIGO DE FAMILIA, Ley 5476 del 21 de diciembre de 1973

4. CÓDIGO PROCESAL CIVIL, del 16 de agosto de 1989, La Gaceta del 3 de noviembre de 1989,vigente a partir de abril de 1990.

5. CODIGO DE TRABAJO, Ley 2 del 26 de agosto de 1946.