Improcedencia del abandono por pedidos pendientes
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Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal
Autora: Ab. Gabriela Tamariz Cuzme
La evolución del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) ha redefinido el concepto de inactividad procesal, protegiendo el derecho de las partes frente a la negligencia judicial. Esto abre un debate esencial sobre el verdadero rol del juez como director del proceso y las estrategias de defensa en el litigio moderno.
Introducción
Históricamente, el derecho procesal ha contemplado el “abandono” (o caducidad de la instancia) como una sanción necesaria. Es el modo anormal de terminar un proceso cuando las partes, por desinterés o negligencia, paralizan su avance. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la inactividad no proviene de los litigantes, sino del propio órgano jurisdiccional? Durante mucho tiempo, la legislación ecuatoriana y regional mantuvo vacíos legales que permitían castigar al usuario del sistema judicial por demoras atribuibles exclusivamente al juez. Hoy, comprender la fina línea entre la falta de impulso procesal y el silencio de la judicatura es una condición indispensable para cualquier abogado o empresa que busque blindar sus litigios y evitar la extinción prematura de sus derechos.
La arquitectura del abandono: reglas, impulso y efectos
Para entender el panorama actual, es necesario desglosar cómo funciona la mecánica del abandono, la cual se sostiene sobre tres pilares fundamentales:
- El hito normativo (la regla del tiempo) En el marco del COGEP, el abandono exige dos elementos concurrentes: el transcurso del tiempo y la inactividad. En su versión original, la ley establecía un término de ochenta días de parálisis para declarar el abandono. Hoy, tras las reformas, la regla dicta un plazo de seis meses, ofreciendo un margen más amplio, pero requiriendo que la declaratoria sea formalmente dictada por el juez para que surta efecto legal.
- La “gestión útil” como herramienta de supervivencia No cualquier acto interrumpe el abandono. La importancia radica en el “impulso procesal”. Las legislaciones modernas —y la jurisprudencia de Cortes como la de Chile— definen la gestión útil como toda presentación que empuja el proceso hacia la sentencia. Por ejemplo, presentar un escrito pidiendo fecha para una audiencia es gestión útil; en contraste, enviar un escrito únicamente para cambiar un casillero judicial o señalar un nuevo domicilio no lo es, pues no activa el avance del litigio.
- El mecanismo de protección (los efectos) El abandono tradicionalmente extingue el proceso, mas no el derecho sustancial (como ocurre en México o Argentina). Sin embargo, el COGEP imponía una sanción letal: impedía interponer una nueva demanda, equiparando el abandono a una prescripción del derecho sustancial. Las reformas corrigieron este exceso, permitiendo hoy que, ante un primer abandono, la demanda pueda volver a presentarse tras una penalidad temporal de seis meses.
El caso práctico: cuando el juez falla
Imaginemos el siguiente escenario real en el litigio diario: la parte actora presenta una demanda y, al ver que no se cita al demandado, ingresa un escrito en enero pidiendo agilidad. Ante el silencio del juez, insiste en marzo y vuelve a insistir en agosto. De pronto, el juez reaparece, nota que entre marzo y agosto pasaron más de los días determinados por la ley, y declara el abandono del proceso por “inactividad”.
Bajo una lectura mecánica y errada de la ley, el juez justificaba su fallo en el calendario. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina procesal evidencian la injusticia de este acto: el impulso existió. La parte procesal cumplió con su deber de solicitar la prosecución (citación). Declarar el abandono aquí implica castigar al litigante por la falta de despacho del propio juzgador, contraviniendo el deber del juez consagrado en el Código Orgánico de la Función Judicial de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento.
Aterrizaje local: reformas al COGEP en Ecuador
La reforma al COGEP (junio de 2019) marcó un antes y un después en el sistema judicial ecuatoriano, solucionando el problema del “silencio judicial” al modificar los artículos 245 y 248.
Hoy, la ley ecuatoriana es clara: No se podrá declarar el abandono cuando se encuentre pendiente el despacho de escritos por parte del juzgador. Además, se prohíbe expresamente al juez declarar el abandono con efecto retroactivo. Este blindaje normativo devuelve el equilibrio al proceso, recordando que, aunque rige el principio dispositivo (las partes impulsan), el juez es el director insustituible del proceso.
Accionables para litigantes
Para abogados, empresas y partes procesales, este marco normativo exige estrategias más sofisticadas. Las líneas de acción recomendadas son:
- Auditoría de “gestión útil”: Asegurarse de que los escritos presentados para evitar el abandono contengan peticiones reales de avance procesal (solicitud de peritajes, fijación de audiencias, citaciones) y no meros trámites administrativos.
- Trazabilidad estratégica: Mantener un control riguroso de los tiempos desde la “notificación de la última providencia recaída en gestión útil”, para anticiparse a los seis meses de inactividad procesal.
- Impugnación fundamentada: En caso de que un juez intente declarar un abandono teniendo peticiones pendientes, fundamentar la defensa no solo en el tiempo, sino en la obligación legal del órgano jurisdiccional de ejercer su rol de director y despachar.
Desafíos normativos para el sistema judicial
A pesar de la claridad de la reforma, persiste un desafío técnico relevante para los jueces. La prohibición de declarar el abandono si hay un escrito pendiente obliga al juzgador a realizar un análisis cualitativo profundo. El juez debe evaluar si el escrito pendiente realmente busca “coadyuvar a la prosecución de la causa” o si es una simple táctica dilatoria de la parte para frenar el reloj del abandono. Si el escrito es “basura procesal” (sin gestión útil), el juez debe desecharlo y declarar el abandono; de lo contrario, el sistema colapsaría con procesos eternamente paralizados.
Conclusión: la justicia como responsabilidad compartida
La evolución del tratamiento del abandono procesal refleja un cambio de paradigma en la cultura jurídica. El proceso ya no es un terreno donde el juez observa pasivamente mientras las partes se desgastan. La normativa actual nos recuerda que la administración de justicia es una carga compartida: exige diligencia real a los litigantes, pero impone una obligación ineludible de respuesta oportuna al Estado.
Garantizar que ninguna parte pierda sus derechos por la negligencia de las autoridades jurisdiccionales no es solo una victoria procesal, sino un triunfo del principio de seguridad jurídica que todo sistema moderno debe aspirar a consolidar.
Ab. Gabriela Tamariz Cuzme Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Especialista en Derecho Procesal. Asesora de Despacho en la Corte Constitucional del Ecuador.
