EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA: DERECHO PENAL

Lunes, 18 de septiembre de 2017

EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA: DERECHO PENAL

 

??Tu deber es luchar por el derecho; pero el día en que encuentres

En conflicto  el derecho con la justicia, lucha por la justicia....?

 Eduardo Juan Couture

                      

Autor: Abg. Carlos Quinchuela Villacís

                                                        

Introducción

Para muchos profesionales del derecho el escuchar o el encontrar plasmadas las palabras ? exclusión de la prueba en materia penal ?  crea una gran interrogante, la cual muchas veces deriva de su significancia, de su naturaleza, de su institucionalidad, de la casuística, de su momento procesal oportuno para alegarla y hasta de su vigencia y tipicidad en la normativa penal vigente, sin embargo a criterio del autor mas allá de estas interrogantes la exclusión de la prueba en materia penal, por si sola se crea una gran expectativa jurisdiccional por cuanto dicha institución jurídica puede devenir en una garantía procesal la cual permite a todas aquellas personas que están sometidas al poder punitivo del estado ecuatoriano mediante de un juicio penal, tener la seguridad y la confianza de que los administradores de justicia embestidos de jurisdicción y competencia en materia penal no valoren y funde sus fallos en base a pruebas que no gozan de legitimidad y legalidad o se encuentran viciadas tanto por su obtención como por su elaboración.


 Por consiguiente para tener un vasto criterio sobre esta garantía o institución es menester en primer lugar definirla conceptualizadamente a fin de delimitarla y en tal sentido  para según  la Real Academia de la Lengua Española la palabra ? prueba? consiste en la razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo; y ?exclusión ? proviene del verbo excluir y este consiste en descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo.


 Estas definiciones gramaticales por si solas no permiten identificar a la institución jurídica de la exclusión de la prueba en tal sentido es necesario remitirse a conceptualizaciones jurídicas y es por esto que para el tratadista Guillermo Cabanellas de Torres en su diccionario jurídico define a la ? prueba?  como la demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho.  O así como también la razón, argumento, declaración, documento u otro medio para patentizar la verdad o la falsedad de algo; y, en cuanto a la ?exclusión ? establece que proviene del latín exclusio y exclusión es la acción y efecto de excluir (quitar a alguien o algo de un lugar, descartar, rechazar, negar posibilidades); bajo estos presupuestos se puede entender que la institución jurídica  de la exclusión de la prueba tiene por objeto fundamental el descarte de un medio probatorio en un juicio penal, sin embargo es necesario tener un visión pormenorizada de la prueba ?medio probatorio-  a fin de poder verificar la procedencia de la exclusión o descarte en dicho medio probatorio.


Cabe mencionar que se debe de hacer una distinción taxativa de  prueba y medio de prueba y tal es así que la doctrina se discute la diferencia entre prueba y medio de prueba, a tal punto que el profesor Jorge Zavala Baquerizo deja establecida la distinción entre un término y otro, manifestando que ??la prueba está dada por el hecho, por la circunstancia fáctica, en tanto que, el medio de prueba es la vía de la cual se vale el juez en un proceso penal para conocer la verdad de un hecho sobre el que debe dictar una resolución, es decir, es el modo como el hecho es llevado al proceso (?) , de ahí que el mismo autor cita a Francisco Carnelutti, quien precisa que ?las pruebas (de probare) son hechos presentes sobre los cuales se construye la probabilidad de la existencia o inexistencia de un hecho pasado; la certeza se resuelve, en rigor, en una máxima probabilidad. Un juicio sin pruebas no se puede pronunciar; un proceso no se puede hacer sin pruebas??[1] bajo este contexto y identificando que la prueba es el medio por el cual los administradores de justicia conocen la verdad de un hecho se llega a la conclusión que el derecho penal persigue inevitablemente la búsqueda de la verdad aun cuando esta verdad no conlleve a la declaratoria de responsabilidad penal del procesado que está sometido al examen judicial por medio de un juicio justo el cual garantiza el principio de legalidad y el respeto de las normas y los procedimientos propios para cada proceso.


Derecho a la  Prueba

Por otro lado el bloque de jurisprudencia internacional garantiza estos preceptos y tal es así que el Convenio Europeo de Derechos Humanos reconoce el derecho de todo acusado a disponer de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa (artículo 6.3.b), entre las que consideramos incluido el derecho a la prueba. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho de toda persona a ser oída ?con las debidas garantías por un tribunal? (artículo 14. 1); entre dichas garantías, obviamente, se encuentra la posibilidad de proponer y de practicar prueba en su defensa; y además nuestra normativa garantiza plenamente a la prueba y su practica en su Art. 76 numeral 4 de la Constitución de la Republica del Ecuador,  sin embargo ahora la problemática se delimita en el momento procesal de hacer efectiva esta garantía de la exclusión de la prueba ya para esto es menester sobre conocer cuando la prueba es susceptible a exclusión; ya la prueba por sí sola no puede ser excluida cuando la misma goza de la legalidad y legitimidad tal esa así que el tratadista Francisco Muñoz Conde establece que ??Ahora bien, esto no quiere decir que el proceso penal tenga que renunciar por principio y desde un inicio, a la búsqueda de la verdad , sino solamente tiene que atemperar esa meta a las limitaciones que se derivan no sólo de las propias leyes del conocimiento, sino de los derechos fundamentales reconocidos en la constitución y de las demás normas, formalidades e ?impurezas? del proceso penal..? y esta búsqueda de la verdad para que sea legítima debe guardar relación con la legalidad de la prueba puesto que aquí aparece el principio de los frutos del árbol envenenado el cual establece que las pruebas de un delito obtenidas de manera ilícita ? al margen de la Ley?las cuales impedirán posteriormente en el proceso judicial que puedan ser utilizadas en contra de cualquier persona, en el sentido de que cualquier prueba que directa o indirectamente y por cualquier nexo esté viciada, debe ser prueba nula.


Principio de los frutos del árbol envenenado


 Para entender de mejor manera la apreciación del principio de los frutos del árbol envenenado  debemos tomar en consideración lo que prevé el tratadista Francisco Muñoz Conde el cual establece que ??Ahora bien, esto no quiere decir que el proceso penal tenga que renunciar por principio y desde un inicio, a la búsqueda de la verdad , sino solamente tiene que atemperar esa meta a las limitaciones que se derivan no sólo de las propias leyes del conocimiento, sino de los derechos fundamentales reconocidos en la constitución y de las demás normas, formalidades e ?impurezas? del proceso penal..?[2], sin embargo esta afirmación nos permite identificar las impurezas del proceso penal, impurezas estas que nos dan la ilicitud o la ilegalidad con las cuales han sido recogidos los acervos o institutos probatorios que de continuar en un proceso penal serán debidamente evacuados si en el caso hipotético no son alegados y cuestionados al momento de su valoración es por eso que a las pruebas que no gozan de legalidad o legitimidad se las conocen como pruebas ilícitas y tal es así que  el tratadista Jauchen establece que las pruebas ilícitas ??son todas aquellas pruebas en cuya obtención o producción se ha vulnerado, de cualquier forma, algún derecho fundamental de las personas consagrado en la  Constitución.


 La violación puede ser de una norma expresa o implícita??[3]; pero he aquí surge una nueva problemática en cuanto a la ilicitud de la prueba por la violación de norma expresa o implícita y he aquí el deber de todo abogado penalista identificar el tipo de ilicitud puesto que al momento de solicitar  la exclusión de la prueba al no fundamentar, en legal y debida forma, recaería en una argumentación jurídica falaz ya que únicamente se estaría atacado a la forma de la prueba mas no a su fondo y a su ilicitud en cuanto a su recolección  o en cuanto a su elaboración y es por esto que claramente los juristas Raúl  Cadena Lozano y  Julián Herrera  Calderón establecen que ??la exclusión de la prueba en materia penal en este acto también los intervinientes, con acatamiento del principio de contradicción, pueden  manifestar  sus  observaciones  pertinentes  al  procedimiento  de  descubrimiento de los  elementos  materiales  probatorios,  así  como  también  deprecar  el  rechazo  o  la inadmisibilidad  de  los  medios  de  prueba,  cuando  se  advierte  que  el  medio  de  prueba que   se   pretende   hacer   valer   en   el   juicio   resulta   violatorio   de   los   derechos constitucionales  o  que  el  mismo  no  cumple  con  los  requisitos  que  condicionan  su validez??[4], y, es por esto que Juan Saavedra Ruiz en sus conferencias establece que ??La prueba penal requiere ciertas calidades exigentes para que la convicción formada a través de ella en torno a la búsqueda y al conocimiento de la verdad sirva de base fáctica a la sentencia, en vigor del respeto a la dignidad de quien está sometido a la justicia de los hombres??[5].


Exclusión de la Prueba en el COIP


Ahora bien una vez que se ha tratado el tema de la ilicitud y de la exclusión es menester identificar el momento procesal oportuno en el cual se puede alegar dicha exclusión y para esto debemos remitirnos a nuestro Código Orgánico Integral Penal, normativa penal vigente con al cual se sustancia todo en cuanto se refiere a infracciones penales y tal es que como premisa fundamental el sistema oral acusatorio con el cual nos encontramos  regidos tiene como base una investigación previa (fase administrativa) fase que por sí sola se contrapone al principio de publicidad el mismo que establece que todo acto procesal es público salvo los determinados por la Ley, y bajo este presupuesto esta fase administrativa tiene sus primeros hierros en cuanto a su aplicación puesto que el presunto sospechoso de un delito no tiene acceso a la información del expediente del cual se encuentra como investigando y únicamente tiene acceso al mismo cuando el titular de la acción penal publica procede a dar inicio a la etapa de instrucción fiscal, momento procesal en el cual el procesado ya es notificado con el inicio de instrucción mediante la audiencia de formulación de cargos respetiva.


Una vez iniciada esta etapa de instrucción fiscal los elementos recogidos a lo largo de la investigación pueden ser de cargo y de descargo los mismos que deben ser minuciosamente analizados por fiscalía a fin de verificar o no si se tiene elementos suficientes que conlleven a concluir que existen graves presunciones de responsabilidad  que puedan ser imputadas al procesado, o por otro lado el procesado en este mismo termino de instrucción del actuar de su defensa técnica pueda desvirtuar sus indicios de responsabilidad y por consiguiente eliminar la acusación en su contra sea esta con un dictamen abstenido o de ser el caso con el sobreseimiento respetivo.


 Pero qué pasa cuando no se han desvirtuado los indicios de personalidad y esos elementos recopilados a lo largo de la investigación por el curso mismo del proceso penal deben elevarse y convertirse en prueba, he aquí la importancia de la exclusión de la prueba puesto que a criterio del autor el primer momento y posiblemente único momento procesal en el cual se pueda hacer efectiva esta garantía será en la Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio ya que esta audiencia tiene como finalidad un control de legalidad  con la verificación de vicios formales (vicios de procedimiento, procedibilidad, prejudicialidad y competencia del jugador ) y una vez que este filtro ha sido pasado se procede a realizar la dictaminación por parte del titular de la acción penal pública pero en este sentido una vez que se ha hecho efectiva la acusación fiscalía como la defensa y de ser el caso el causador particular de existir, están obligados a anunciar su prueba la cual será practicada ante el tribunal correspondiente de ser el caso que el juez de garantías penales proceda a llamar a juicio; es por esto que el jurista Alberto Cruzado R. establece que ??El Sistema Penal Acusatorio tiene como fundamento el respeto por el debido proceso y la garantía de los derechos fundamentales de los procesados, en contraposición de la potestad del estado para sancionar las conductas punibles y el derecho de las victimas a obtener justicia y reparación; lo anterior teniendo en cuenta que la recolección de los elementos materiales probatorios con violación de las garantías fundamentales o recolección de pruebas prohibidas o con violación de los procedimientos previamente establecidos en la ley, podría generar la nulidad de los procedimientos. Las pruebas en el proceso judicial, tienen como finalidad, probar las afirmaciones versiones de la demanda, en el proceso penal la finalidad de la prueba es Descubrir la Verdad Verdadera o real sobre la existencia de un determinado hecho y la responsabilidad del procesado, es decir que la finalidad de la prueba está dirigida a determinar la materialidad de la conducta punible y la responsabilidad de la misma es decir identificar plenamente al responsable de dichos actos, la finalidad de la prueba es proporcionar al juez el conocimiento verdadero de unos hechos, es decir es fuente de la verdad?.?[6] .


Audiencia de evaluación y preparatoria de juicio


En tal sentido el memento procesal oportuno para alegar la exclusión de la prueba es la audiencia de evaluación y preparatorio de juicio ya que el juez de garantías penales tiene la obligación ineludible de evaluar y preparar el juicio para la siguiente instancia y tómese nota de siguiente instancia la etapa de juzgamiento la cual será conocida por un tribunal de garantías penales competente. Esta es la importancia de dicha audiencia de evaluación y preparatoria de juicio ya que el verdadero rol del juez de garantías penales no es verificar la responsabilidad del procesado o no es únicamente remitir los anticipos probatorios al tribunal competente sino que el deber de dicha autoridad es preparar el juicio verificar que se haya respetando el debido proceso que se haya sustanciado la causa con las normas preestablecidas en la normativa penal con arreglo y armonía a la Constitución y es en ese mentón donde el juez verifica las alegaciones de las partes y el anuncio de las pruebas y examina si la alegación de exclusión de prueba tiene fundamento jurídico ya que el deber del juzgador al evaluar la sustanciación del proceso puede claramente advertir si existe prueba ilícita, si existe vulneración a las normas del debido proceso o en su defecto puede advertir que la prueba con la cual las partes cuentan para la subsiguiente etapa no gozan de legitimidad y es ahí donde se ve reflejada la casta de nuestros administradores de justicia quienes al encontrase embestidos de jurisdicción y competencia tienen la obligación ética, moral y legal de decidir en base a su conocimiento  a su experiencia y a su sana critica si las pruebas anunciadas son aptas e idóneas para la etapa de juzgamiento y en la caso de no serlas deben inevitablemente excluirlas ya que de no hacerlo inducen de cierta manera a un error judicial y a una falta de debida aplicación del derecho ya que ellos al remitir al tribunal competente la causa mal evalúa y mal preparada no solo remiten un proceso remiten una serie de problemas e incurren en un sin número de hierros que muchas veces el tribunal debe subsanarlos en medida de lo posible y es por esto que un gran porcentaje de las causas que son sometidas al tribunal terminan en declaratoria de nulidad a costa del Juez de primer nivel a costa de Fiscalía y en ciertos casos a costa de la defensa técnica del procesado.


 Conclusión


En conclusión la exclusión de la prueba en materia penal es una garantía procesal que goza de institucionalidad, la cual permite y garantiza a todas la personas que sometidas al examen judicial  por intermedio del los administradores de justicia tengan la certeza que no serán juzgados en base a pruebas que no gozan de legalidad y legitimidad, y que los fallos que reciban no serán basados o infundados en pruebas ilícitas que son el halago inevitable o el producto de ? los frutos el árbol envenenado? mismos que no se constituirán jamás en prueba juicio por su ilicitud por falta de legalidad; ahora bien en cuanto al momento procesal oportuno para alegar la exclusión de la prueba el mismo corresponde ser alegado en la Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio, audiencia que tiene por finalidad evaluar la sustanciación de a causa en base a un control de legalidad y la verificación de la existencia de vicios formales, así como también como finalidad de esta audiencia tiene objeto preparar la causa mediante sus anticipos probatorios a fin que la misma continúe con su persecución en la subsiguiente etapa (etapa de juicio) pero la exclusión de prueba no basta solo con la solicitud o la alegación de las partes procesales, no basta con la alegación de la defensa técnica y no basta solo con la imputación objetiva del titular de la acción penal pública.


 Sino que esta institución depende mucho de la prolijidad y la debida diligencia con la que el Juez de Garantías Penales actué y  resuelva la alegación puesto en su cocimiento ya que este administrador de justicia tiene la obligación ética moral y legal de responder a su conciencia, a los intereses del derecho y la justicia en base a su conocimiento  a sus experiencia y a su sana critica ya que el declarar la ilicitud de una prueba, en muchos de los casos dejaría sin piso la acusación y en el actual sistema oral acusatorio con el cual se sustancian las causas penales como requisito sine qua non se  establece la necesidad de una acusación y sin esta acusación no existe juico alguno es por esto que el labor de los administradores de justicia es velar por el cumplimiento todas y cada una de las garantías efectivas del debido proceso y en especial aplicar la normativa penal  con arreglo a la Constitución y a los tratados internacionales sin que por esto signifique la aplicación de analogías o interpretación extensiva ya que su poder de los administradores de justicia es independiente y no puede ser cortada su libertad de decisión ni por inferencias de otros organismos ni por la falta de aplicación de la norma previamente establecida.

 

 



[1]. ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo III, Editorial Edino, Guayaquil, 2004, p. 13.

[2] MUÑOZ ONDE, F. Búsqueda de la verdad en el proceso penal, Editorial Hammurabi, Sevilla,  España, 2000, p 97.)

 

[3] JAUCHEN, E. Tratado de la Prueba en Materia Penal, op. cit., p 622

[4] CADENA LOZANO,  Raúl  y  HERRERA  CALDERÓN,  Julián.  Cláusula  de  Exclusión  y Argumentación  Jurídica  en  el  Sistema  Acusatorio.  Bogotá.  Ediciones  Jurídicas  Andrés Morales. 2008, pp. 83 y 84

[5] Disertación de Juan Saavedra Ruiz en el II Seminario Internacional. Sucre ? Bolivia, 25 y 26 de septiembre de 2003.)

[6] CRUZADO R. Alberto. ?La prueba en el proceso Judicial ? alcances.? Revista Hechos & Derechos No. 45. Junio de 2006. ?http://www.normaslegales.com/pdf/hechos/junio2006_pag06-07.pdf

 

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